Reportaron sobrevuelo de aviones militares y detonaciones de armas en zona minera de Bolívar

Caracas. – Habitantes de la población Los Pijiguaos, municipio Cedeño del estado Bolívar, reportaron momentos de tensión durante la tarde de este pasado miércoles a causa del sobrevuelo de aviones militares y por detonaciones de armas de fuego, en lo que pareció ser un enfrentamiento armado.

El reporte de los lugareños fue a través de las redes sociales, en las cuales enviaron videos que captaron el sobrevuelo de aviones de combate en el área de la mina de bauxita de CVG BAUXILUM.

De hecho, indicaron que todo personal de la mina fue evacuado, justo cuando comenzaron a verse las aeronaves. También, el acceso a los muelles desde donde salen las gabarras con la materia prima para el aluminio fue impedido.

Se especuló sobre la posibilidad de que sea una acción militar en contra de las facciones del ELN que operan y controlan esa zona. Sin embargo, los pobladores del municipio aseguraron a varios medios que desconocían si se trataba de un operativo de autoridades venezolanas en contra de los grupos irregulares.

Aun así, la gente aclaró que la guerrilla ha hecho mucho daño, sobre todo al sur del municipio Cedeño, paralizando la industria de minería y otros sectores, con los secuestros y cobros de vacunas constantes, además de generar el desplazamiento forzado de las comunidades.

Los pobladores también informaron que una ambulancia recorrió el campamento de la empresa y mediante un megáfono les recomendó no salir de sus casas hasta que pasara la contingencia. Si bien, hasta el momento no hay un reporte oficial por parte de los organismos del narcorégimen interino, al respecto.

Rick Scott advierte que posible foto de Trump con Delcy será «una bofetada» para venezolanos

Caracas. – El senador republicano Rick Scott cuestionó este miércoles una eventual reunión en Nueva York entre el mandatario de EE. UU., Donald Trump, y la encargada del narcorégimen chavista, Delcy Rodríguez, afirmando que una imagen conjunta sería como “una bofetada” para los venezolanos.

Durante una entrevista, Scott sostuvo que Rodríguez no representa una interlocutora legítima para EE. UU. y la acusó de mantener vínculos con actividades delictivas. “No es amiga de EE. UU. No es amiga del pueblo venezolano”, afirmó el senador, quien también cuestionó la situación de los presos políticos y la ausencia de un cronograma electoral.

Sin guardar ningún tipo de reservas, calificó a Rodríguez como «la cabeza de los carteles de droga», mientras advertía que “siempre la llamaré por lo que es”. El senador advirtió sobre las consecuencias políticas que tendría una eventual fotografía entre ella y el presidente estadounidense, sugiriendo que tal imagen sería una falta de respeto para los venezolanos que padecen la crisis política del país.

“Creo que es una bofetada para el pueblo de Venezuela. Que ella todavía mantenga a familiares presos. Creo que es una bofetada para la gente que sigue lidiando con la opresión. Es una bofetada para la gente que Maduro, Chávez y ella han abusado durante años. Es una bofetada para la gente que tuvo que dejar Venezuela solo para alimentar a sus familias», denunció el senador.

En sus declaraciones, también cuestionó el papel que Rodríguez ha desempeñado dentro de la estructura política venezolana y expresó su rechazo a cualquier acercamiento que pueda interpretarse como un respaldo a su figura.

Asimismo, Scott insistió en que la representante del chavismo ha perseguido a opositores y mantenido nexos delictivos, mientras el posible encuentro con la administración norteamericana sigue sin confirmarse oficialmente.

EE. UU. saca a Venezuela de la lista de países que incumplen sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha sacado este miércoles a Venezuela de la lista de países que incumplen sus compromisos en materia de lucha contra el narcotráfico tras los «avances positivos» logrados por el Gobierno liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

«Dados los avances positivos logrados bajo la gestión de la presidenta interina Delcy Rodríguez, he determinado que Venezuela ya no debe ser señalada por haber incumplido de manera demostrable sus compromisos de control de drogas», ha indicado el magnate en un decreto presidencial difundido por el Departamento de Estado.

Asimismo, ha aplaudido la «creciente cooperación» bilateral para combatir a los cárteles —incluyendo la operación militar conjunta que permitió neutralizar al líder del Tren de Aragua, Niño Guerrero— desde el cambio de Gobierno tras «la detención y destitución del exdictador ilegítimo y narcotraficante Nicolás Maduro».

«Espero ver progresos continuos y cuantificables por parte del Gobierno interino en el desmantelamiento de grupos narcoterroristas y en la interrupción del tráfico de drogas a través de Venezuela hacia EE. UU.», ha precisado en el decreto.

No obstante, Venezuela todavía permanece en la lista de principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas junto con otros países como Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá y Perú.

«La presencia de un país en la lista anterior no refleja necesariamente los esfuerzos actuales de su gobierno en la lucha contra las drogas ni su coordinación con EE. UU.», ha señalado el Departamento de Estado en un comunicado.

Dichos países pueden ser incluidos en la ‘lista negra’ de tránsito debido a «una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas o precursores químicos» pese a que los gobiernos de los países en cuestión hayan adoptado «medidas sólidas y rigurosas de control de narcóticos y aplicación de la ley».

Misión de ONU: pese a cambios políticos, aparato represivo chavista sigue intacto

Caracas. – La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela alertó este miércoles, que a pesar de los cambios políticos limitados que se están dando en el país, el aparato represivo del narcochavismo continúa intacto.

En su más reciente informe sobre la coyuntura del país en 2026, la misión determinó que «el aparato represivo del Estado venezolano permanece intacto y mantiene la capacidad de cometer violaciones de derechos humanos».

«A pesar de las limitadas mejoras observadas en la situación de los derechos humanos en Venezuela, las instituciones estatales responsables de la represión, las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad siguen intactas», señaló el informe.

La misión de expertos ve ciertos avances, pero no acompañados de mejoras institucionales que garanticen su continuidad.

“La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles”, resumió al presentarse el documento la nueva presidenta de la misión, la experta peruana Sofía Macher.

El texto afirma que, tras el ataque militar estadounidense del 3 de enero y el arresto del presidente Nicolás Maduro, la misión observó «una disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas».

Además, en los meses siguientes al arresto de Maduro, las autoridades liberaron a cientos de personas que estaban detenidas por motivos políticos y suavizaron ligeramente las normas sobre manifestaciones y la participación de la sociedad civil, afirman los investigadores.

Sin embargo, el grupo lamenta la ausencia de «reformas institucionales necesarias para garantizar una mejora significativa y sostenida de la situación de los derechos humanos».

«Numerosas leyes utilizadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes, y los amplios servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad del país conservan esencialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas», alertan.

El informe advierte, que tanto periodistas como otros actores de la sociedad civil, siguen enfrentando obstáculos en su labor cotidiana, y al menos 19 funcionarios que la misión identificó en informes previos como responsables de graves violaciones de derechos humanos continúan ocupando puestos clave en el régimen.

Saab mencionó a Vielma Mora, y admitió operaciones ilícitas con altos miembros del narcorégimen

Caracas. – Haber realizado operaciones ilícitas con José Gregorio Vielma Mora, tres empresarios colombianos, dos coacusados no identificados y también con varios altos funcionarios del narcorégimen chavista, admitió este martes el principal testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, durante su presentación ante un tribunal federal de Florida.

Como ya se sabe, el empresario colombiano de 54 años, se declaró culpable del cargo de conspiración para lavado de dinero en la corte federal del Distrito Sur de Florida. No obstante, ya se había presentado como «no culpable» el 24 de julio tras haber sido deportado el 16 de mayo desde Venezuela por el interinato chavista de Delcy Rodríguez.

En su declaratoria de este martes, Saab reconoció que en 2015, cuando Maduro estaba al frente de la Narcotiranía, organizó con “altos funcionarios del Gobierno” un “esquema ilegal” con “sobornos” y “pagos ilegales” del programa público venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), con transferencias de dinero al sur de Florida.

Fue cuando mencionó como presuntos cómplices al chavista José Gregorio Vielma Mora, quien entonces era gobernador ilegítimo de Táchira, y a los colombianos Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano.

Sin embargo, Saab admitió también haber realizado operaciones ilegales con ‘co-acusado 1’ y ‘co-acusado 3’, quienes son dos sospechosos que la Fiscalía no identificó de manera pública en la audiencia. Más aún, se sospecha que se trata de altos funcionarios del narcorégimen interino.

Pero, además, el detenido aseguró que “acordó lavar dinero y cometer fraude” con “altos miembros del Gobierno (narcorégimen chavista) de Venezuela”. Analistas y expertos consultados por algunos portales noticiosos, indican que esta última mención, sobre destacados integrantes de la cúpula narcochavista, podría abrir nuevas líneas investigativas.

Los expertos y testimonios sobre la audiencia coinciden en destacar, que a cambio de una reducción de pena, Saab accedió a «cooperar plenamente» con el DOJ con «la aportación de información y testimonio veraces y completos, y la entrega de documentos, registros y otras pruebas» en «cualquier juicio o proceso» judicial que pida el Gobierno estadounidense.

“Asimismo, el procesado acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad, y que no cometerá ningún otro delito”, establece el pacto.

Saab accedió a entregar USD$ 195 millones, propiedades y bienes derivados de los crímenes a la Fiscalía, que fijó un plazo de catorce días para que revele todos los activos relacionados con los delitos.

Bajo estos pactos, el testaferro de Maduro logró que el Gobierno estadounidense aceptara pedir una sentencia menor para su caso. Saab podría afrontar una pena máxima de 20 años en prisión y una multa de USD$ 500,000, según el acuerdo de 12 páginas.

FBI confirmó captura en Venezuela de alias «el Ingeniero» miembro del Tren de Aragua

Caracas. – La Oficina Federal de Investigación de EE. UU. (FBI, en inglés) anunció este martes, ante el Comité Judicial del Senado de EE. UU., la captura en Venezuela de Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “el Ingeniero”, uno de los diez fugitivos más buscados por la agencia federal, quien además está vinculado a la organización terrorista Tren de Aragua.

Según la información revelada por Kash Patel, director del organismo, la detención de Canelón ocurrió durante el fin de semana como resultado de una operación específicamente diseñada en su contra. El individuo es acusado de encabezar una estructura dedicada al fraude financiero internacional y al sabotaje de cajeros automáticos.

Tal como lo explicó Patel, Canelón Aguirre habría participado en ataques mediante la técnica conocida como “ATM jackpotting”, un método que utiliza programas maliciosos para manipular equipos bancarios y provocar la entrega ilegal de dinero en efectivo.

También, indicó que parte de los fondos obtenidos habría sido utilizada para financiar al Tren de Aragua, organización criminal transnacional de origen narcochavista. Canelón Aguirre fue incorporado en marzo de 2026 a la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, convirtiéndose en el primer ciberdelincuente incluido en ese listado. La agencia ofrecía una recompensa de hasta un millón de dólares por información que condujera a su captura.

Con la aprehensión de este sujeto, el director del FBI confirmó haber logrado la captura de los diez criminales más peligrosos, buscados por los federales. “Hemos capturado a los diez”, afirmó Patel durante su intervención, corrigiendo la cifra que había sido mencionada previamente sobre los resultados de la agencia.

Canelón Aguirre es un ciudadano venezolano que fue incorporado el 12 de marzo de 2026 a la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI. Su inclusión tuvo una particularidad: se convirtió en el primer ciberdelincuente incorporado a ese listado, de acuerdo con información difundida por autoridades estadounidenses.

La investigación del FBI sostiene que las operaciones ejecutadas por «el Ingeniero» se desarrollaban desde al menos enero de 2024, y que el dinero obtenido era posteriormente introducido en mecanismos de lavado para ocultar su origen.

El caso combinaba así delincuencia informática, fraude bancario, robo de instituciones financieras y lavado de dinero, además de las acusaciones relacionadas con el financiamiento de una organización criminal transnacional.

Turbina dañada en El Guri dejará al país sin 1.200 megavatios

Caracas. – Una avería en una de las unidades de mayor capacidad de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, en Guri, habría dejado fuera de servicio al menos 1.200 megavatios (MW) de generación en el complejo hidroeléctrico del Bajo Caroní, en el estado Bolívar.

De acuerdo con un reporte del portal noticioso El Pitazo, el primero en revelar la novedad, debido al deterioro acumulado y la falta de mantenimiento, una de las máquinas de mayor potencia de la planta registró una parada abrupta el pasado 29 de agosto.

Se trata de una turbina con capacidad instalada de 770 MW que fue modernizada en 2004. Según El Pitazo, la unidad presentó una parada de emergencia tras el desprendimiento parcial del anillo de desgaste inferior fijo del rodete.

El incidente ocurre en un contexto de déficit de generación y apagones recurrentes en distintas regiones del país. El déficit producido por la falla no permite cubrir la demanda, la cual, para el 10 de agosto alcanzó los 15.625 MW, mientras la oferta no supera los 13.000 MW, según informes del Ministerio de Energía Eléctrica del narcorégimen chavista interino.

Las autoridades de la CORPOELEC habían sido advertidas meses atrás sobre el deterioro de la unidad 17 de la Casa de Máquinas 2 de Guri, una turbina con capacidad de 770 megavatios que fue modernizada en 2004 por la empresa Kvaerner Canadian GE, pero la alerta fue ignorada.

Además, no se sabe qué otros daños colaterales se registraron en la unidad producto del torque excesivo a los que fueron sometidos los componentes.

Según el ingeniero José Aguilar, especialistas en sistemas de generación eléctrica, experto consultado por El Pitazo sobre el tema «la unidad 17 estará fuera de servicio mucho tiempo. Rehabilitarla podría tardar al menos dos años porque se requiere construir un rodete nuevo para instalarlo, y todavía no sabemos qué otros daños colaterales se registraron en la unidad productos del torque excesivo a los que fueron sometidos los componentes”, explicó.

La indisponibilidad de la unidad 17 también tendría consecuencias sobre las centrales de Caruachi y Macagua, cuyas operaciones dependen del caudal turbinado en Guri. Aguilar estima que la reducción no se limitaría a los 770 MW de la unidad afectada, sino que implicaría cerca de 430 MW adicionales en esas plantas, para una pérdida total aproximada de 1.200 MW.

OFAC emite nueva licencia y autoriza ciertas operaciones con PDVSA

Caracas. – La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió este pasado lunes la Licencia General 52C, la cual autoriza a empresas de ese país realizar, a partir de ahora, determinadas transacciones con la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y sus filiales.

La nueva licencia sustituye en su totalidad a la Licencia General 52B, emitida el pasado 27 de agosto, y entró en vigor este 14 de septiembre de 2026. No obstante, cuenta con una serie de condiciones y restricciones en cuanto a los permisos que otorga.

Dentro de las directrices establecidas figura la obligación de someter cualquier diferendo legal a jurisdicciones extranjeras predeterminadas. Los contratos suscritos con PDVSA deben estipular tribunales específicos en EE. UU., Reino Unido, Francia o Singapur para dirimir disputas comerciales de manera formal.

Entre las actividades permitidas se encuentran el levantamiento, exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, comercialización, compra, entrega y transporte de petróleo venezolano y sus derivados.

Asimismo, autoriza el suministro a Venezuela de diluyentes, bienes, servicios y tecnologías necesarios para actividades de exploración, desarrollo o producción en los sectores de petróleo, gas y petroquímica, además de la entrada en nuevos contratos de inversión y la formación de nuevas empresas conjuntas u otras entidades vinculadas con estas actividades.

La Licencia General 52C también permite realizar las transacciones que sean «normalmente incidentales y necesarias» para las operaciones autorizadas, incluyendo procesos de debida diligencia comercial, legal, técnica, de seguridad y ambiental.

Asimismo, establece que las personas bloqueadas bajo el Reglamento de Sanciones de Venezuela (VSR) podrán ejecutar y firmar contratos autorizados por la licencia en su capacidad oficial como funcionarios, empleados o representantes autorizados de PDVSA o de sus entidades.

Saab se declaró culpable: entregó USD$ 195 millones y acordó aportar pruebas

Caracas. – La entrega de USD$ 195 millones, así como cooperar con las investigaciones federales sobre los esquemas de corrupción y narcotráfico que se manejan dentro del narcorégimen chavista, fueron los principales acuerdos a los que llegó el empresario Alex Saab este martes, cuando se declaró culpable de blanqueo de capitales, entre otros delitos, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de EE. UU.

La admisión hecha por Saab en un giro que abre nuevas implicaciones para investigaciones sobre corrupción vinculadas al antiguo entorno de Nicolás Maduro. La admisión de culpabilidad evita el juicio con jurado previsto para noviembre y formaliza un acuerdo con la Fiscalía estadounidense.

El empresario colombiano, deportado a EE. UU. el pasado mayo, ha reconocido, asimismo, su culpabilidad por un cargo de transacciones financieras ilícitas ante la jueza de distrito Kathleen Williams. Ahora, se enfrenta a una condena de hasta 20 años de cárcel.

El delito de blanqueo de dinero conlleva una pena máxima de 20 años, pero la fiscalía acordó recomendar una sentencia en el extremo inferior del rango recomendado y solicitar reducciones adicionales si su cooperación, incluso contra cuatro coacusados no identificados, resulta valiosa.

El pasado 24 de julio, la defensa de Saab presentó una declaración de no culpabilidad y solicitó que el caso lo juzgara un jurado. El colombiano, quien ejerció ilegítimamente como supuesto ministro de Industrias en el país, compareció por primera vez ante los tribunales estadounidenses el pasado 18 de mayo, dos días después de que lo deportaran desde Venezuela a EE. UU.

Su deportación se produjo después de la operación estadounidense del pasado 3 de enero que llevó a la captura en Caracas de Maduro, quien permanece en Nueva York enfrentando cargos relacionados con narcotráfico.

Saab, quien recibirá su sentencia definitiva en enero próximo, admitió que cometió, junto con cómplices con identidades no reveladas, la conspiración para realizar actividades ilícitas, fraude, sobornos a funcionarios públicos y ocultar el origen de los fondos.

Ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero quedó libre en 2023 durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela y regresó al país, donde recibió el citado cargo de forma ilegal.

VEPPEX rechaza criminalización de venezolanos: exige diferenciar entre delincuentes y migrantes

Caracas. – La organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) rechazó este lunes la campaña de criminalización desatada hacia muchos migrantes connacionales, como ocurre en EE. UU., por ejemplo, exigiéndoles emplear medidas para poder diferenciar «entre delincuentes, migrantes y solicitantes de protección internacional».

En un comunicado difundido por redes sociales, la organización, fundada por el militar disidente José Antonio Colina, se expresó en contra de las medidas que implique criminalizar a los venezolanos por su nacionalidad y advirtió sobre los riesgos de las expulsiones colectivas y las deportaciones hacia terceros países, sin garantías de protección.

El mensaje, publicado bajo el título «Ser venezolano no es un delito», asegura que los ciudadanos de ese país bajo el dominio de la Narcotiranía chavista, no salieron del territorio con el propósito de convertirse en «una amenaza» para las naciones que los reciben.

Por lo contrario, aclara que fue una necesidad impulsada por el terror que desataron Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en contra de quienes los adversaban: «Huimos de la persecución, la represión y una crisis que todavía no ha terminado».

En este sentido, VEPPEX reconoció que los gobiernos tienen derecho a implementar medidas para combatir el delito y garantizar la seguridad, pero subrayó que esas acciones no deben convertirse en mecanismos de criminalización por nacionalidad.

“Los gobiernos tienen derecho a combatir el delito, pero no a criminalizar una nacionalidad, ejecutar expulsiones colectivas ni deportar personas hacia terceros países donde quedarían indocumentadas, desamparadas y sin garantías”, advirtió la organización en el comunicado.

Enfatizó que “combatir el crimen es legítimo”, pero calificó como “inaceptable” que las acciones contra la delincuencia terminen afectando de manera generalizada a la población venezolana. “Combatir el crimen es legítimo. Criminalizar al pueblo venezolano es inaceptable”, concluyó la organización en su mensaje.