De FTN
Por Jorge Jraissati
Durante las últimas dos décadas, nosotros, los venezolanos, hemos sido testigos de la toma sistemática y traumática de nuestras instituciones democráticas.
Nuestro sistema judicial ya no es imparcial, apolítico y respetuoso del estado de derecho. Nuestras diferentes ramas de gobierno no son independientes unas de otras. Y, virtualmente, todos los principales líderes de oposición están en el exilio o inhabilitados de la vida pública.
Lo mismo pasó con nuestra prensa libre. Antes de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1998, los venezolanos teníamos una prensa relativamente saludable. Teníamos periódicos grandes. A los periodistas se les permitía expresarse. Los ciudadanos podían leer las noticias de distintas fuentes y escoger sus preferidas.
Sin embargo, con la revolución bolivariana, todo cambió. Chávez cerró periódicos, estaciones de televisión y radio, amenazó periodistas, y sobre todo, el estado venezolano implementó un clima en donde el gobierno y la prensa no era sólo adversarios sino enemigos mortales.
Esto ocurrió pues, de acuerdo a Chávez, controlar la prensa era una “prioridad fundamental” para la revolución, un “arma para la lucha ideológica.”
En otras palabras, Chávez y su movimiento político nunca identificó a la prensa como un contra poder saludable al poder gubernamental. Nuncia vio a la prensa como un puente entre el gobierno y la gente, ni como un mecanismo a través del cual la gente pudiera expresar sus opiniones.
El caso de El Nacional
El Nacional fue uno de estos periódicas en Venezuela que experimentó agresiones constantes por parte de Chávez en el pasado y por Maduro desde que llegó a la presidencia en el 2013.
Esto sucedió porque El Nacional, después de la llegada de Chávez al poder, se opuso claramente a las políticas y agendas de Chávez.
La oposición de El Nacional a Chávez fue de gran importancia en aquel momento, pues era el periódico más grande y con mayor influencia del país.
Las agresiones del gobierno contra El Nacional se intensificaron cuando el ex vicepresidente, Diosdado Cabello, introdujo una demanda de cinco millones de dólares por difamación contra el periódico.
Como era de esperarse, Diosdado Cabello ganó la demanda bajo el sistema de leyes venezolano. El Tribunal Supremo de Justicia sentenció que el periódico debía pagarle 30 millones de dólares a Cabello por “daños morales.”
Por esta razón, a Diosdado Cabello se le adjudicó la sede dl periódico en Caracas, u nedificio en Los Cortijos.
Además de esto, Diosdado Cabello dijo que El Nacional aún le debe dinero, por lo que quiere adueñarse de la página web del periódico, que es lo único que le queda.
For this reason, Diosdado Cabello was awarded the newspaper’s headquarters in Caracas, a building in Los Cortijos.
“Con el valor de El Nacional no me pagaste, creo que ahora voy tras la página, eso creo,” dijo Cabello en televisión nacional hablándole el jefe editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, quien vive exiliado en Madrid, “Me estás provocando a ir un paso más allá,” advirtió.
En respuesta a Cabello, Otero dijo que en Venezuela el régimen está cometiendo un “genocidio comunicacional.” “Los expedientes están amañados y divulgados en cortes que están a cargo de sicarios disfrazados de jueces vistiendo togas y birretes, comprometidos a dictar sentencias contra inocentes y absolver a los culpables, según las instrucciones que reciban de sus líderes de un régimen que liquidó el principio de separación de poderes en Venezuela,” dijo en una entrevista.
“En Venezuela no hay separación de poderes porque el liderazgo chavista controla el Poder Judicial y todos ellos,” agregó Otero.
Respecto a esto, el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa dijo:
“El régimen, que deseo le tiene al periódico. La intención de destruir El Nacional es verdaderamente grotesca. Se lo dieron al segundo hombre de la revolución, un personaje que está tremendamente desacreditado y aislado de Latinoamérica debido a sus posturas y nexos, que lo han hecho merecedor de sanciones.”
“Está claro que la sede del periódico se perdió por un sistema de justicia que no existe,” agregó.
