El vocero de la Presidencia de Argentina, Manuel Adorni, ratificó este jueves las sanciones a las personas que participaron en las protestas contra el gobierno de Javier Milei el miércoles e incumplieron los protocolos de seguridad que estableció recientemente su administración, como realizar cortes de calles o acciones violentas.
«Lo dijimos en más de una oportunidad, lo aclaró la ministra [Patricia] Bullrich, lo aclaró la ministra de Capital Humano y lo he aclarado yo, en innumerables oportunidades desde que participo en esta conferencia, va a haber consecuencias, va a haber consecuencias», remarcó Adorni en conferencia de prensa.
En este sentido el vocero de Milei agregó que en este momento están en el «proceso de identificación de quiénes incumplieron la ley», y luego de esto, «se procederá sobre ellos a hacer recaer el peso de la ley, y en caso de que sean beneficiarios de planes sociales a quitárselos tal como se ha prometido».
Así, agregó que, en la jornada de ayer, el operativo de seguridad tuvo «un costo importante» y adelantó que esa cifra, «cuando se termine de cuantificar en las últimas horas, se le va a pasar la factura a cada una de las organizaciones que participaron» en las protestas antigubernamentales.
«Se deberán hacer cargo del costo que a todos los argentinos nos salió ayer efectivamente lograr que el país esté en paz y con las vías de circulación liberadas para que todos podamos transitar libremente», dijo el vocero.
Cane recordar que algunas organizaciones sociales y políticas marcharon el miércoles en Argentina para rechazar las políticas de ajuste impuestas por el gobierno ‘libertario’ de Milei, que han causado disgusto en algunos argentinos.
El presidente de Argentina, Javier Milei, descalificó las protestas que estallaron contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que anunció el miércoles por la noche, expresando que de alguna manera extrañan a quien tanto les ha hecho daño.
«Puede ser que haya gente que sufre el síndrome de Estocolmo, están abrazados al modelo que los empobrece, pero esa no es la mayoría de la Argentina», dijo el mandatario en una entrevista con Radio Rivadavia.
Además, aseguró que «también hay gente que mira con nostalgia, amor y cariño al comunismo», mientras advirtía que en los próximos días dará a conocer otras iniciativas que transformarán de manera radical a la sociedad del país sudamericano.
🇦🇷 | El Presidente Javier Milei (@JMilei) confirmó en Radio Rivadavia con @JonatanViale que mediante un segundo decreto se reglamentará que la desregulación empieza a regir desde hoy, y anticipó: "Les aviso que hay más medidas".pic.twitter.com/tv2CGbQ1dF
«Les aviso que hay más. Pronto se van a enterar. Vamos a llamar a extraordinarias y enviar un proyecto de ley para la modificación del Estado», afirmó en medio de la tensión social provocada por las medidas que anunció en cadena nacional.
«Hemos detectado, entre leyes y otras normativas que dificultan el funcionamiento de una sociedad libre, cerca de 380.000 regulaciones. Estamos trabajando en desmontar esa máquina de destruir en la que se convirtió el Estado argentino», señaló.
En este sentido, Milei reconoció que algunas de sus decisiones son «antipáticas», pero aseguró que las toma para evitar una hiperinflación, a pesar de que economistas de todas las tendencias han descartado que exista este riesgo.
El presidente de la Argentina, Javier Milei, le pidió este martes a los 23 gobernadores y al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, que respalden el paquete legislativo que enviará esta semana al Congreso.
Así lo informó el ministro del Interior, Guillermo Francos, en una conferencia de prensa junto a tres autoridades regionales, luego de una reunión sostenida en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.
En este sentido, Francos apuntó que Milei «le pidió el apoyo a los gobernadores para el tratamiento de estas normas, que permitan generar las transformaciones en la economía que pretende el Gobierno».
Cabe destacar que la solicitud de Milei llega en un contexto donde algunos se muestran en oposición a su gobierno, mientras que otros dudan.
Si bien, otros, como el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, piden dejar las diferencias de lado y enfocarse en solucionar los problemas del país, por lo que está dispuesto a apoyar al ejecutivo.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que no aplicará el protocolo ‘antiprotestas’ presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en momentos de zozobra social por el duro ajuste económico decretado por la Administración de Javier Milei.
«No nos han solicitado que apliquemos el protocolo y no vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con la disposición que, entre otras cosas, creo que criminaliza en cierto sentido la protesta», comentó a radio La Red Carlos Bianco, ministro del Gobierno bonaerense que dirige Axel Kicillof.
Cabe destacar que esto ocurre en un escenario donde, la semana pasada, Bullrich advirtió que «si se toman las calles» podrán intervenir «de manera inmediata las fuerzas federales».
Esto, a su vez, responde a la convocatoria de los movimientos de izquierda para el próximo miércoles, 20 de diciembre, de una manifestación aparentemente pacífica contra el ajuste económico y el protocolo ‘antiprotestas’ del Gobierno de Javier Milei.
Por otro lado, Bianco negó la posibilidad de quitar planes sociales a los manifestantes. «La gente tiene que cobrar los programas que vinculan trabajos que se realizan en la provincia y tienen que pagar en cuanto cumplan con sus obligaciones. Esto es una cuestión persecutoria», señaló.
Esto constituye una respuesta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, qien comunicó el lunes que los programas de apoyo a familias sin empleo o de bajos ingresos, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Potenciar Trabajo o la Tarjeta Alimentar, les serán suspendidos a quienes bloqueen el tránsito.
También, Pettovello informó que las organizaciones sociales serán auditadas, y se buscará la eliminación de intermediarios en la administración de los programas
El portavoz del Gobierno de Argentina, Manuel Adorni, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo de Javier Milei venderá dos aviones de la flota de la empresa energética Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) que «eran usados casi en exclusividad por la política».
De hecho, informaciones adelantas por el diario ‘Clarín’ apuntan a que uno de estos aviones era el que solía utilizar la exvicepresidente Cristina Fernández de Kirchner para sus viajes al sur del país desde Buenos Aires.
Adorni lo ha confirmado durante una rueda de prensa tras una nueva reunión del gabinete en la Casa Rosada, la quinta consecutiva desde la asunción de Milei, y en la que también ha anunciado que se reducirán a la mitad la cifra de chóferes de dirigentes políticos.
Cabe señalar que, de acuerdo con Adorni, el Gobierno tiene el objetivo de recortar hasta 3.000 millones de dólares anuales de gasto político.
Además, se reducirá la flota de coches oficiales, algunos de los cuales serán destinados a las fuerzas de seguridad, y otros serán vendidos.
«Es un privilegio que tiene buena parte de la política que es irracional (…) Nos hemos encontrado con cosas que parecen menores, pero para nosotros son una gran foto», ha defendido el portavoz del Gobierno argentino.
La flamante ministra de Seguridad de Javier Milei anticipó que a partir de ahora empezará a regir un nuevo protocolo para enfrentar las protestas que se tornan violentas o buscan impedir los cortes de tránsito.
La titular del Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, comunicó este jueves las nuevas directrices del protocolo que implementará el gobierno para prevenir piquetes y cortes de calles que obstaculicen o perjudiquen el tránsito de los ciudadanos de bien.
La ministra de Milei detalló en una rueda de prensa que las cuatro Fuerzas de Seguridad federales, la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y las fuerzas del Servicio Penitenciario Federal, estarán autorizadas a intervenir en casos de cortes de ruta, piquetes o manifestaciones que afecten la circulación dentro del territorio argentino.
La ministra instó a las provincias a sumarse al protocolo junto con sus fuerzas locales. La medida principal es que los agentes intervendrán directamente cada vez que alguien impida el libre tránsito de otros ciudadanos, respaldados por las nuevas disposiciones y de acuerdo con los códigos procesales y la ley de flagrancia.
Bullrich advirtió que se utilizará la fuerza necesaria y proporcionada según la resistencia encontrada, reforzando el mensaje de que las protestas que generen caos en el tráfico serán enfrentadas con todo el peso de la ley.
En cuanto a la aplicación del protocolo, se organizará la intervención de los agentes según la zona de conflicto, ya sea con fuerzas federales o con las autoridades locales. Se establecerá vigilancia preventiva para evitar la formación de grupos y se incautarán materiales sospechosos en estaciones de trenes.
“En estaciones de trenes, aquellas personas que vayan con materiales serán incautados: palos, caras tapadas o formas para no ser reconocidos”, dijo Bullrich. Últimamente, varias manifestaciones se estuvieron movilizando en trenes, como la que lideró Raul Castells este martes.
“Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes, si hay un delito infraganti, de acuerdo a la ley de flagrancia”, informó la funcionaria. Además, adelantó que planean mandar una ley al Congreso que consolide las nuevas reglas y que no queden solamente enunciadas por decreto.
En casos de detenciones, el Ministerio de Seguridad buscará la intervención judicial, y se remitirán los datos de los responsables a las autoridades competentes, para evitar que los policías queden vinculados al destino de los detenidos.
“Los datos de los autores, partícipes, cómplices o instigadores será remitidos a las autoridades competentes. Se le dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental, algo que sucede es la quema de cubiertas que genera una situación dañina al ambiente y a la gente”, dijo Bullrich.
A su vez, en situaciones que impliquen la participación de niños y adolescentes, se intervendrá con los organismos pertinentes, sancionando a los tutores o acompañantes. “Los niños que deben estar en la escuela”, recalcó la funcionaria.
En cuanto a las sanciones, Bullrich aseguró que se enviará la factura de los costos operativos de la jornada de las Fuerzas de Seguridad a las organizaciones o individuos que se adjudiquen la manifestación.
Para esto, se creará un registro de todas las organizaciones que participan y convoquen a eventos donde haya cortes que impidan el tránsito o violencia o daño material. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizacionesque tengan personería o los individuos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones”, sentenció Bullrich.
“Sin orden no hay libertad, y sin libertad no hay progreso”, aseguró la ministra que volvió al cargo esta semana. “El propósito de este protocolo es cumplir la ley. Como dice el Presidente: ‘el que las hace las paga’”, agregó.
“Hemos vivido muchos años bajo un desorden total y absoluto, que ha hecho que la gente no haya podido llegar a sus trabajos, pierden horas de trabajo, presentismos, hay problemas con ambulancias que no llegan a tiempo; y es hora de terminar con esta metodología que lo que hace es generar desorden absoluto”, sentenció.
En resumen, el protocolo tiene como objetivo mantener el orden y garantizar la libertad de circulación, buscando poner fin a prácticas que generan caos en la sociedad. “De esta manera, se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré“, cerró la conferencia, en referencia a la ex ministra de Seguridad de Cristina Kirchner.
La firma dedicada a la banca de inversión respaldó abiertamente el programa económico de Javier Milei y Luis Caputo, y anticipó un cambio de expectativas para el desempeño del país en los próximos cuatro años. Los mercados apuestan por la recuperación de Argentina y el éxito del nuevo Gobierno.
Las perspectivas para la Argentina son cada vez más positivas, algo que se ve reflejado en la reacción de los mercados ante las medidas del ministro de Economía Luis Caputo. En esta oportunidad, la prestigiosa firma Goldman Sachs recomendó abiertamente comprar bonos emitidos por la Argentina bajo el Gobierno de Javier Milei.
La razón es que los bonos soberanos del país aún siguen abonando una tasa de interés de casi 18 puntos porcentuales por encima de la tasa de referencia internacional (la que ofrecen los bonos del Tesoro estadounidense), pero el cambio de expectativas con el nuevo Gobierno provocó un shock positivo con un horizonte a 4 años, y Goldman Sachs estima que Argentina está pagando un rendimiento que ahora se torna superior a su verdadero riesgo.
De esta forma, la firma incluyó a Argentina dentro de la lista de países recomendados para comprar bonos, junto con Ecuador, Pakistán, Egipto, Sri Lanka y Ghana. Todos estos países están llevando a cabo reformas estructurales pro-mercado, como la consolidación fiscal, la garantía para la estabilización de precios y la apertura comercial.
“Seguimos recomendando estar sobreponderados en créditos en dificultades y tenemos una recomendación comercial para posicionarnos en largo en Ecuador, Pakistán, Egipto, Sri Lanka, Ghana y Argentina. Hemos agregado a Argentina a la canasta, respaldado por las expectativas de nuestros economistas de una mejor trayectoria de políticas y nuestra opinión de que el crédito argentino aún ofrece una prima significativa, a pesar del reciente repunte”, explica la firma financiera.
El ajuste fiscal anunciado por Luis Caputo es uno de los más significativos de toda la historia argentina, y alcanzaría los 5 puntos del PBI aún antes de emprender el programa de privatizaciones que pretende desplegar el Gobierno. Nunca antes se había visto algo similar.
Las medidas adoptadas por el Gobierno tuvieron una fuerte dosis de pragmatismo que las vuelve más proclives para ser aprobadas por ambas cámaras en el Congreso, dando así una garantía contundente para la consolidación de las finanzas públicas.
Y si el ajuste fiscal resulta creíble y sostenible a través del tiempo, no solo mejora el atractivo de los bonos que emite el Tesoro, sino también la promesa por una total independencia del Banco Central con respecto al poder político. La eliminación de la “dominancia fiscal” sobre la política monetaria resulta fundamental para poder eventualmente liquidar la institución.
“Los riesgos de implementación de reformas de políticas son mayores que en la mayoría de los lugares, y el listón para una estabilización macroeconómica exitosa es alto, pero creemos que los pasos iniciales de la nueva administración son constructivos y que es probable que el mercado los recompense en un horizonte táctico”, concluye Goldman Sachs.
El ministro Caputo podría lograr lo que a todas luces parecía impensado hace tan solo unos pocos meses: la reapertura del mercado de capitales internacional para el país. El ajuste fiscal del Tesoro hará que ya no sea necesario endeudarse para financiar los gastos corrientes o las obligaciones de capital (se apunta al déficit financiero cero y luego al superávit), pero la apertura de nuevas líneas de crédito podrían ayudar a recuperar las reservas del Banco Central.
Ante la convicción del Presidente Milei de recortar las transferencias discrecionales a las provincias, el gobernador Axel Kicillof analiza la posibilidad de emitir una cuasimoneda aprovechando un vacío legal de la Constitución Nacional.
El reducto kirchnerista que todavía resiste en la Provincia de Buenos Aires, de la mano de Axel Kicillof, manifestó una posición económica diametralmente opuesta al que tiene el nuevo Gobierno nacional. En este sentido, Kicillof anunció orgullosamente que buscará expandir nuevamente el gasto público y los impuestos durante los próximos cuatro años de gestión.
Sin embargo, ante la negativa del presidente Javier Milei por seguir otorgando recursos discrecionales sin límites a través de transferencias a dedo de la Presidencia, el Gobernador analiza seriamente la emisión de cuasimonedas, similares a los Patacones que circularon entre 2001 y 2002.
El kirchnerismo quiere aprovechar un vacío legal de la Constitución Nacional, a partir del cual se le permite al Banco de la Provincia de Buenos Aires emitir su propia moneda. En realidad, mucho antes de la creación del Banco Central e incluso antes de la creación de la caja de Conversión nacional en la década de 1880, el Banco Provincia se constituía como la principal entidad bancaria encargada de la emisión de papel moneda.
Desde entonces, y pese a los sucesivos cambios constitucionales transcurridos hasta la fecha, jamás se levantó esta cláusula especial con la Provincia de Buenos Aires, y el vacío legal podría ser aprovechado por el kirchnerismo de la misma forma en que ocurrió durante la crisis del 2001.
“Es algo que nos permite la Constitución Nacional y la Constitución Provincial como parte de los pactos preexistentes. En su momento, el Banco Provincia emitió moneda”, explicó el Ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco.
Enfocado en aumentar el gasto público, y ante la imposibilidad de recibir asistencia del Estado Nacional, aislado de los mercados internacionales y en una situación que una suba de impuestos lleva a menor recaudación, la única manera que Kicillof podrá pagar sueldos de empleados públicos y cumplir con obligaciones financieras será a través del pago con una nueva moneda propia, que podría llamarse “el bonaerense“, el cual se espera que tenga altos niveles de inflación.
El gobernador Kicillof esgrime como excusa a la falta de transferencias discrecionales para considerar la emisión de una cuasimoneda, pero realmente esto no está justificado. Paralelamente al recorte de las transferencias (por el 0,7% del PBI), el ministro Luis Caputo también anunció la reversión de la reforma sobre el impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría.
Los recursos del impuesto a las Ganancias son coparticipables, y la Provincia de Buenos Aires se verá fiscalmente beneficiada por la medida. La verdadera razón por la cual el Gobernador pretende lanzar cuasimonedas es lisa y llanamente el aumento del gasto público por encima de las posibilidades, un elemento troncal de la política económica del kirchnerismo.
Emitiendo una cuasimoneda que la gente no demanda (preferiría pesos o dólares en su defecto), el Gobernador sólo amenaza con devaluar todavía más la calidad de vida de los bonaerenses, en contra de sus propios intereses.
Y es que la manera de “inyectar” la eventual moneda del Banco Provincia podría ser mediante el pago de salarios públicos en esta denominación, y reconociéndola como un medio para cancelar impuestos como se hizo entre 2001 y 2002.
Todos los ministerios fueron instruidos con la orden de llevar a cabo un inventario para el cierre del mes, a partir del cual se recortarán gastos en autos, viáticos, viajes, edificios en desuso, choferes, celulares y salarios.
Esta vez el ajuste también lo paga la clase política. El presidente Javier Milei bajó la orden en todos los Ministerios y dependencias de la Administración Nacional para llevar a cabo un inventario general, discriminando los distintos gastos para poder comenzar el ajuste a la política de manera ordenada.
En otras palabras, el “inventario” sobre las unidades administrativas no es otra cosa que una suerte de radiografía del Estado. Permite detectar y organizar los gastos que deben ser recortados urgentemente, y permite tener una noción precisa sobre cuál será el impacto de estos recortes en el presupuesto general.
Sin estos inventarios, no es posible ejecutar un ajuste ordenado para los gastos de la política, y requiere de un cierto tiempo para confeccionarlos debidamente (podría variar entre 1 y 2 meses dependiendo de cada Ministerio y sus dependencias).
Todos los Ministerios tendrán que recortar gastos asociados a autos, viáticos, viajes, edificios en desuso, choferes, celulares y salarios públicos, para lo cual será necesario una mejora de la productividad burocrática. Con menos empleados y con una estructura más sencilla, el Estado tendrá que ser más eficiente y austero que antes.
Por solo poner un ejemplo, la administración de Alberto Fernández destinó hasta $4.900 millones de pesos en “mantenimiento y reparación de vehículos” de las principales unidades administrativas del Gobierno nacional, y este tipo de privilegios están a punto de terminar.
El Presupuesto 2023 también destinó una suma de hasta $7.000 millones de pesos en “uso y mantenimiento de celulares y teléfonos fijos”, y más de $38.000 millones de pesos en pasajes y viáticos. El proceso de modernización del Estado vendrá aparejado con la reducción de todos estos gastos superfluos que soporta la sociedad.
La clase política tendrá que dar un importante gesto de austeridad en medio de la crisis que deja el kirchnerismo, ya que su gestión demanda esfuerzos dolorosos para la sociedad, y el Gobierno de Milei buscará predicar con el ejemplo.
Por otra parte, los inventarios relevados para cada Ministerio también contemplan la posibilidad de privatizar edificios del Estado que no estén en uso o que resulten irrelevantes a todos los efectos prácticos. En este sentido, no solo se ahorrarían gastos sino que además podrían percibirse ingresos adicionales para ser usados en diversos propósitos.
Se estima que el Gobierno nacional ejecutó hasta $17.000 millones de pesos en “mantenimiento y reparación de edificios” durante la gestión kirchnerista en 2023, y muchos de estos recursos se despilfarraron en mantener inmuebles que no se usan para ningún propósito.
El titular de la Dirección General de Aduanas de Argentina, Guillermo Michel, anunció este jueves su renuncia, tras el nombramiento de Florencia Misrahi como nueva titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), organismo del que dependía.
«En virtud del nombramiento de Florencia Misrahi como nueva titular de la AFIP, le he puesto a disposición mi renuncia como director general de Aduanas», anunció Michel, que estaba a cargo de manera interina de ese organismo, en el marco de la responsabilidad institucional de mantenerlo en funcionamiento.
«Con firme compromiso por la responsabilidad institucional seguiré al frente de la Aduana hasta que se designe a mi reemplazo. Una vez que mi renuncia sea aceptada, no continuaré en el organismo, ya que dejé la planta permanente del mismo en el 2019», detalló.
Michel, uno de los hombres más próximos a Sergio Massa y con un destacado protagonismo en la anterior administración, agradeció a «los aduaneros y las aduaneras de todo el país por el compromiso» durante su gestión.
«Sé que seguirán trabajando para el bien de la Argentina», añadió. Algunos medios llegaron a comentar estos últimos días que Michel podría continuar al frente de la Aduana, algo que finalmente no ha ocurrido.
En virtud del nombramiento de Florencia Misrahi como nueva titular de la AFIP, le he puesto a disposición mi renuncia como director general de Aduanas.
Con firme compromiso por la responsabilidad institucional seguiré al frente de la Aduana hasta que se designe a mi reemplazo.… pic.twitter.com/7I45Ovi1xp
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