El dólar paralelo o ‘blue’, que opera en Argentina por fuera del mercado bancario regulado por el Estado, dio un nuevo salto este jueves y alcanzó los 608 pesos, convirtiéndose así en un nuevo récord histórico, a solo tres días de las elecciones primarias del próximo domingo.
El dólar ‘blue’ inició la rueda con un alza de 8 pesos y se vendió a 608, tras tocar los 610 pesos, en un clima de tensión cambiaria. De hecho, muchos agentes de cambio decidieron suspender las operaciones ante las variaciones abruptas de precio.
Si bien el valor fue fluctuando durante la jornada, —cerca del cierre bajó a 604 pesos— la brecha con el dólar oficial, cuya oferta está limitada por el ‘cepo’ a la divisa estadounidense, superó el 110 %, ya que se vende a 296 pesos.
Este escenario presiona al Gobierno, que quiere evitar una devaluación de la moneda nacional en el mercado legal, que sí puede regular, para no sufrir un nuevo impacto inflacionario.
Cabe destacar que el Gobierno de Alberto Fernández mantuvo e implementó nuevas limitaciones para la compra de dólares en Argentina, una práctica muy habitual entre ahorristas de clase media que intentan preservar parte de sus ingresos ante los elevados índices de inflación del país.
Las precampañas presidenciales en Argentina, que esta semana llegan a su recta final, estuvieron envueltas en múltiples escándalos, ya fuera por los enfrentamientos de los candidatos, por sus declaraciones desafortunadas o por eventos en los que incluso se roza el ridículo, según críticos.
El próximo domingo, 36 millones de ciudadanos están convocados a votar en las elecciones Primarias (PASO) que se realizarán para elegir a los candidatos presidenciales que competirán en los comicios generales del 22 de octubre.
En este contexto, una de las últimas controversias con miras a esas decisivas internas la protagonizó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien difundió un video en el que intenta de forma fallida bailar zamba —baile tradicional de Argentina— con un grupo de mujeres.
Ante esto, llovieron las críticas al candidato, pidiendo incluso jocosamente que se debería «proponer que nadie llegue a la presidencia si no puede apreciar el folclore argentino». «Menos baile ridículo y más obras en la Ciudad», «nadie esperaba el baile marciano de Larreta», dijeron otros.
Menos baile ridículo con Larreta y mas limpiar la ciudad 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
El pasaje de Capital que es un baño público al aire libre y apesta • Diario El Sol Mendoza https://t.co/GwDbv5WNv8
Ante esto, en un intento de reírse de sí mismo y desactivar así las críticas, Larreta respondió que «cuando arranque el curso de baile no diré nada, pero habrá señales».
No obstante, cabe destacar que no es la primera vez que el candidato se convierte en tendencia por malos motivos, ya que en diciembre pasado, cuando Argentina ganó el Mundial de Qatar, emitió un video supuestamente espontáneo en el que celebraba en la calle con grupos de hinchas, aunque era evidente que miraban a las cámaras y que los cantos y abrazos eran forzados.
Entre otras cosas, a esto se le suma que, la semana pasada, Patricia Bullrich —otra candidata— anunció que, si ganaba la presidencia, entraría con cámaras de televisión al Banco Central para «demostrar» que el actual Gobierno que encabeza Alberto Fernández dejaría sin reservas al país.
Esto generó una serie de memes y criticas que pueden resumirse como una evidencia de ignorancia para alguien que quiere gobernar Argentina, ya que la mayoría de las reservas monetarias están en bancos internacionales y en muchos casos se trata de títulos, por lo que no es propiamente dinero que pueda estar amontonado en una bóveda.
Así se debe imaginar Pato Bullrich el Banco Central. A mi me pasaba igual como a los 6 años. pic.twitter.com/m9kORp1NKS
Igualmente suman los desacuerdos entre el partido oficialistas, que mantuvo en desconcierto a varios hasta que acordaron que el candidato único sería el ministro de Economía, Sergio Massa, lo que también derivó en interminables memes.
Caracas. – Un fiscal federal de Argentina, Carlos Stornelli, confirmó que iniciará una investigación formal por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, bajo el Gobierno de Nicolás Maduro, en la cual imputará a varios militares del régimen.
La decisión de Stornelli se da un mes después, que la Clooney Foundation for Justice presentara una denuncia por hechos condenables ante la justicia argentina.
«Ante la demanda penal interpuesta en Argentina por familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, la justicia argentina tiene la obligación de investigar estos crímenes y, de hallarse pruebas suficientes y admisibles, debe acusar y condenar a los presuntos perpetradores. Los titánicos esfuerzos de las víctimas para obtener verdad, justicia y reparación, ante la impunidad imperante en Venezuela, con el valioso apoyo de organizaciones como la Clooney Foundation for Justice, no pueden caer en oídos sordos. La justicia federal de Argentina no puede darles la espalda a las víctimas; por el contrario, debe abrir la puerta a la jurisdicción universal y generar un precedente importante para que otros países de la región sigan el mismo curso de acción”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La averiguación se enfoca principalmente en quienes detentaron el mando en la Guardia Nacional Bolivariana, entre quienes figuran el mayor general Juan José Noguera Pietri, comandante de ese componente, y el General de División José Dionisio Goncálvez Mendoza, comandante de la Guardia del Pueblo.
También serán investigados los oficiales Arquímedes Herrera Russo, José Dionisio Goncálvez Mendoza, el teniente coronel Carlos Martínez Astudillo, general de división Ramón Adolfo Pimentel Avilán, el teniente Ephain Verdú Torrelles y el teniente coronel Frank Alonzo Ozuna Diaz.
En la reciente cumbre de Mercosur, donde Argentina le cederá la presidencia pro témpore a Brasil, el presidente Alberto Fernández utilizó su plataforma para referirse a la situación de Venezuela.
En su alocución, Fernández afirmó que las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos han sido las causantes de generar alrededor de 7 millones de venezolanos desplazados ya que, a su juicio, son las sanciones las principales causantes de la crisis económica y social que se vive en Venezuela.
Ante esto, la organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) emitió un comunicado en el cual «expresa su absoluto rechazo a las declaraciones del presidente de Argentina Alberto Fernández.»
En el escrito, el grupo de exiliados con sede en Miami catalogó estas declaraciones como una «manipulación de la verdad,» a lo que agregaron que sus compatriotas han sido forzados a abandonar el país por «la grave crisis política, económica y social que viven los venezolanos» generada por la tiranía dirigida por Nicolás Maduro, así como por «a persecución por razones políticas, las torturas y tratos crueles e inhumanos, los asesinatos extrajudiciales y el uso del sistema de justicia para neutralizar a todo aquel que se oponga a su ideología.»
Asimismo, Veppex aseguró que las afirmaciones de Fernández se tratan de un hecho «insólito» que busca «ocultar la cleptocracia y la corrupción que se vive en Venezuela.»
A continuación, el comunicado íntegro:
Comunicado de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) en relación a la declaración del presidente de Argentina Alberto Fernandez.
La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) expresa su absoluto rechazo a las declaraciones del presidente de Argentina Alberto Fernandez, donde afirma que la migración masiva de venezolanos hacia el extranjero es producto de las sanciones que se le han impuesto al régimen de Nicolas Maduro.
Las declaraciones del presidente de Argentina no solo son irresponsables, sino manipuladoras de la verdad. Es absolutamente falso que los venezolanos que ha tenido que irse al exilio sea producto de las sanciones y no de la grave crisis política, económica y social que viven los venezolanos, además de la persecución por razones políticas, las torturas y tratos crueles e inhumanos, los asesinatos extrajudiciales y el uso del sistema de justicia para neutralizar a todo aquel que se oponga a su ideología, criminalizando la política.
Es insólito como se pretende ocultar la cleptocracia y la corrupción que se vive en Venezuela responsabilizando la certera decisión que han tomado otros países para neutralizar el avance del imperio criminal que representa el régimen de Maduro,
El presidente Alberto Fernandez conjuntamente con el presidente de Brasil. Luis Inganacio Lula Da Silva, el Presidente de Colombia Gustavo Petro y el presidente de Mexico Andres Manuel Lopez Obrador han decidido defender criminales por el bien de una ideología que tanto daño ha causado a países en américa latina.
Las estimaciones del economista Martín Rozada sugieren que el 43,4% de los argentinos viven en hogares que cayeron por debajo del umbral de la pobreza. Se produjo un salto descomunal de casi 8 puntos porcentuales desde diciembre de 2019.
La contracara del deterioro sistemático en los ingresos reales es el aumento de la tasa de pobreza. Un reciente informe del Departamento de Economía en la Universidad Torcuato Di Tella, elaborado por el economista Martín González Rozada, estimó que la tasa de pobreza habría alcanzado el 43,4% al término del trimestre móvil finalizado en mayo.
Se trata de un análisis que sigue celosamente la metodología empleada por el INDEC, a partir del análisis de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la canasta básica de referencia para definir la línea de la pobreza y el IPC oficial que también publica el organismo.
Sobre una muestra de 29,1 millones de personas capturadas por la información de la EPH, un total de 12,6 millones se encuentran en situación de pobreza, lo cual es evidencia del dramático efecto de la inflación sobre los ingresos.
El último dato oficial publicado por el INDEC señaló que el 39,2% de la población no es capaz de cubrir la canasta básica mensual, y desde entonces el indicador subió más de un 4%.
Argentina llega a una situación insólita. Hasta ahora, la acumulación persistente de desequilibrios macroeconómicos generalmente “escondían” el alza de la pobreza y postergaba irresponsablemente esa bomba de tiempo para el futuro. Pero en los últimos años se produjeron ambas cosas a la vez: los desequilibrios aumentan y se acumulan, pero la pobreza aumenta también en el presente (con explosivas perspectivas para el futuro).
En lo que va de la presidencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner la pobreza registró un brutal aumento de casi 8 puntos porcentuales, observándose un fuerte incremento desde abril del año pasado. De hecho, la tasa de pobreza estimada para mayo de 2023 ya es más alta de la que se registró en cualquier momento de la pandemia entre abril de 2020 y marzo de 2021.
De acuerdo a las series de pobreza comparable relevadas por el CEDLAS, la pobreza efectiva solamente en lo que va del año es la más alta registrada desde 2005, cuando alcanzaba al 44,5% de la población argentina en el segundo semestre respectivamente.
Asimismo, la pobreza alcanzó el 45,3% en el primer semestre de 2001 y el 45,6% en la segunda mitad de ese año, arrojando una muy alarmante similitud con lo que se vive actualmente en Argentina.
A diferencia de aquel entonces, la mayor parte de la incidencia en la pobreza actual se debe al deterioro en los ingresos y no a la desocupación abierta, pero la tendencia recesiva observada desde el tercer trimestre del año pasado amenaza con destruir una gran cantidad de puestos de trabajo en blanco y alentar la informalidad (como mecanismo de ajuste de facto en el mercado laboral).
El organismo que preside Matías Tombolini sigue persiguiendo a los comerciantes en un vano intento por contener al proceso inflacionario. Carrefour, Coto, Cencosud y Chango Más sufrieron sanciones por parte de la Secretaría de Comercio.
El Gobierno kirchnerista apuesta de lleno por medidas orwellianas para “controlar y monitorear” los precios, aunque sin cosechar ningún resultado satisfactorio hasta la fecha. La Secretaria de Comercio comandada por el economista Matías Tombolini desplegó un arsenal de sanciones y multas contra cadenas de supermercados, alegando que no cumplieron con las pautas previstas por el programa Precios Justos.
Los precios que fija el programa cada vez se retrasan más con respecto a la inflación (tanto en el mercado mayorista como en el minorista), y cómo se vuelven irrisorios las empresas no tienen forma de sostener el acuerdo en los plazos convenidos. Existía una promesa implícita por bajar gradualmente la inflación mensual hacía un rango objetivo del 3% mensual (expuesto públicamente), pero la meta no estuvo ni cerca de cumplirse.
De esta manera, 28 sucursales de la cadena Carrefour fueron monitoreadas por inspectores y 14 de ellas recibieron multas. También fueron sancionados 11 sucursales de Coto sobre un total de 37 relevadas, 20 supermercados de Cencosud sobre 31 monitoreados, y fueron sancionados 6 de las 7 sucursales relevadas de la cadena Chango Más.
Los incumplimientos se observan de manera generalizada en las principales marcas, precisamente por el deterioro paulatino de las pautas de Precios Justos y lo insostenible que resulta este proceso. Precios Justos sigue restringiendo a un total de 2.101 productos hasta el próximo 31 de julio.
En un principio el programa se perfilaba como exclusivamente voluntario, un acuerdo entre las empresas privadas y el Gobierno en el cual se ofrecían ciertas pautas publicitarias y de negociación de precios con proveedores para incentivar la adhesión a un sendero decreciente de aumentos mensuales. Pero con el tiempo el Gobierno pasó del voluntarismo a la extorsión, principalmente administrando a discreción qué empresas pueden acceder al mercado cambiario oficial.
Sin ofrecer metas creíbles y con cada vez más elementos extorsivos, lo único que consiguieron las medidas fue avanzar con situaciones de desabastecimiento sobre productos con “precios oficiales”.
La situación es especialmente crítica en paquetes de azúcar y en aceites, que están comenzando a escasear en todo el país. De hecho, en el segmento de la azúcar el desabastecimiento de supermercados es una realidad casi total, y la gente debe recurrir cada vez más a comercios pequeños y de cercanía (con precios mucho más caros) para poder abastecerse.
Se han llegado a observar precios que oscilan entre $650 y hasta $800 por un solo paquete convencional de azúcar. Las góndolas vacías se vuelven un fenómeno cada vez más común frente a la constante negación de la realidad que presenta el oficialismo.
Las expectativas inflacionarias en vista al mes de agosto son preocupantes, ya que en julio vencerán oficialmente los primeros acuerdos de Precios Justos, y en vista la pésimo funcionamiento del programa desde noviembre del año pasado resulta muy difícil esperar que se adhieran a una renovación (al menos de forma voluntaria). Se acumulan retrasos de precios de entre el 20% y el 40% para muchos productos dentro del programa.
El juez federal Sebastián Casanello decretó este lunes el sobreseimiento —fin de un proceso judicial, o pase de autoridad— de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por un caso de lavado de dinero.
Hace semanas el fiscal Guillermo Marijuán hizo esta solicitud a Casanello en la causa conocida como ‘La ruta del dinero K’, por la cual el empresario Lázaro Báez fue condenado a 10 años de prisión, acusado de haber lavado unos 65 millones de dólares a través de la financiera llamada ‘La Rosadita’.
«Báez y otras personas han lavado, pero no encuentro elemento de prueba para vincular a Cristina Fernández con eso», afirmó en su momento Marijuán.
En ese sentido actuó Casanello este jueves, el cual afirmó que «sin acusación no hay proceso penal posible».
Cabe decir que una vez que la Fiscalía pide un sobreseimiento, lo correspondiente es que el juzgado finalice el procedimiento penal por ausencia de imputación.
De hecho, tanto la Unidad de Información Financiera (UIF) como la agencia recaudadora AFIP, querellantes de la causa, coincidieron la semana pasada con el dictamen exculpatorio del fiscal.
Las estimaciones privadas sugieren que el déficit fiscal del Gobierno nacional superará el 5% del PBI para fin de año, mientras que solamente los intereses del Banco Central podrían superar el 7% del producto. El acuerdo con el FMI sigue en proceso de negociación, y las metas suspendidas.
La economía argentina opera sin ningún tipo de ancla. El acuerdo original con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se fue flexibilizando constantemente debido a los reiterados incumplimientos del Gobierno kirchnerista, hasta el punto en que todas las metas trimestrales para el déficit y la monetización del mismo fueron eliminadas hasta la negociación de un nuevo esquema.
Así, el Gobierno incumplió la primera meta fiscal del año 2023 y el déficit primario del Sector Público Nacional (SPN) escaló hasta el 2,26% del PBI en marzo. La meta propuesta para fin de año, en torno al 2,5% del PBI, tampoco podrá cumplirse. Las estimaciones privadas sugieren que más bien rondará entre el 3% y el 4% del producto en el acumulado de 12 meses hasta diciembre.
Asimismo, el déficit financiero (incluyendo el pago de intereses por la deuda pública) superó el 4,3% del PBI en marzo y alcanzó el valor más drástico de los últimos 7 meses. Pese al ajuste en materia de subsidios económicos (principalmente sobre las tarifas de energía y transporte), el gasto público no se moderó y la sequía impactó de lleno sobre los ingresos fiscales por retenciones.
Sin lugar a dudas el dato más dramático para la estabilidad fiscal es el pago de intereses por los pasivos remunerados del Banco Central. Esta partida ya supera fácilmente el 4,5% del PBI y para fin de año podría llegar a superar el 7% del PBI.
Entre los distintos niveles del déficit fiscal, el Gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa podría dejar un desequilibrio consolidado total de más de 12 puntos del PBI para fin de año, algo que no se veía desde el año 1975 con el estallido del famoso Rodrigazo.
Se deja una auténtica bomba de tiempo, una combinación de la peor situación fiscal de los últimos 50 años y al mismo tiempo un desequilibrio en pasivos remunerados muy similar al que había en el primer trimestre de 1989 (la antesala de la peor hiperinflación de la historia argentina).
Se debe tener en cuenta que el acuerdo con el FMI solamente limita el déficit primario del Gobierno nacional, pero no establece ningún tipo de restricción sobre el resultado financiero o el déficit que surge por la acción del BCRA. Ambos elementos tienen rienda libre para el Gobierno.
Lo mismo ocurre con la propia monetización para financiar al fisco. El FMI sólo estableció restricciones para la aprobación de “adelantos transitorios” y “transferencia de utilidades” al Tesoro, y no dice absolutamente nada sobre la emisión monetaria para la compra de títulos públicos (una manera indirecta de monetizar el déficit) o la emisión para comprar divisas (por los sucesivos lanzamientos del dólar soja) o el propio pago de intereses por la deuda remunerada.
El equipo económico sigue negociando una quinta revisión del acuerdo con el Fondo para disponer de otra flexibilización adicional. El Gobierno busca negociar un adelanto de los desembolsos correspondientes al segundo trimestre, pero no hay ninguna garantía de que el FMI vaya a dar el brazo a torcer (otra vez) en este aspecto en particular.
Es el autor de uno de los peores crímenes en Argentina, que introdujo un cambio en la legislación para que se hable de “grooming” en la justicia. Está detenido en Florencio Varela pero pide que lo cambien a una prisión femenina.
Se trata de Jonathan Luna, el homicida de Micaela Ortega, una niña de 12 años a la que engañó a través de un perfil falso de Facebook para que se vean. Luna se hizo pasar por una adolescente que quería conocerla, pero terminó asesinándola.
El hecho ocurrió el 23 de abril del 2016, y no fue hasta un poco más de un mes de la desaparición, el 28 de mayo, que Micaela fue encontrada con intentos de violación, estrangulada con una remera y golpeada en la cabeza en un descampado en las afueras de la ciudad de Bahía Blanca, en un lugar lleno de arbustos y pastizales localizado cerca de la ruta 3 y a pocos kilómetros de la localidad de General Daniel Cerri.
Luna era un viejo conocido de la Justicia y de heco, cometió el crimen de la menor mientras estaba prófugo, ya que se había escapado de la cárcel en 2014 durante una salida transitoria mientras se encontraba purgando una condena por robo calificado en la provincia de Río Negro.
Finalmente, el 19 de octubre de 2017 fue condenado a prisión perpetua gracias al trabajo del fiscal Rodolfo De Lucía, en un juicio histórico en el país, ya que se trató del primer caso donde se utilizó el tipo penal “grooming” (engañar a un niño a través de redes sociales para poder abusar de él), seguido de muerte.
A pesar de esta cumpliendo cadena perpetua, según confirma el portal LaBrujula24, Jonatha Luna se cambió el nombre a “Yoana Luna” y viene presentando sistemáticamente escritos formales, alegando que se auto-percibe mujer y que quiere ser trasladado a una cárcel de mujeres.
Además, en los reclamos expuestos por el defensor oficial, pide que le devuelvan el teléfono celular porque “la está pasando muy mal” y esto está afectando su psiquis como una persona trans.
Como si esto fuera poco, además de querer pasar el resto de sus días rodeado entre mujeres a pesar de ser un femicida (un tipo legal que existe en Argentina para identificar a los homicidas varones que asesinan a mujeres), en sus presentaciones legales también alega el crimen cometido no pudo haver sido un femicidio, si no un homicidio simple, ya que él es una mujer.
Si bien en otras circunstancias esto sería un pedido absurdo, gracias a la Ley 26.743 “Ley de Identidad de Género”, sancionada en 2012, el reo está en su derecho de hacer este pedido. Según el documento de la legislación, cualquier argentino “tiene derecho” a:
Modificar sus datos personales en el Registro. Puede cambiarse el nombre, la imagen y el sexo registrado.
Acceder a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas totales o parciales para adecuar su cuerpo a la identidad elegida.
Desarrollar su personalidad de acuerdo con la identidad elegida.
El candidato libertario prometió eliminar la brecha cambiaria y las retenciones. “El sector triplicaría sus ingresos”, manifestó ante los aplausos del auditorio compuesto por dirigentes y empresarios de la SRA.
En un año electoral donde Juntos por el Cambio, el kirchnerismo y los liberales se encuentran en un triple empate técnico para las presidenciales, hay un fuerte impulso para conseguir todos los apoyos posibles de las más principales organizaciones del campo.
En este contexto, el candidato libertario Javier Milei disertó ante la Sociedad Rural Argentina (SRA) este miércoles en un auditorio integrado por los máximos directivos de la institución, quienes aplaudieron de pie su agenda para el sector agro.
El candidato liberal tiene dos propuestas bien concretas para el campo: dejar de robarle a través de retenciones y dobles imposiciones tributarias y eliminar la brecha cambiaria que obliga a los exportadores a liquidar su producción con un dólar a veces 2 o 3 veces más bajo que el valor real.
“Con estas reformas el agro triplicaría sus ingresos”, advirtió el diputado y candidato presidencial, quien por otra parte le dedicó acusaciones explosivas tanto al kirchnerismo como al macrismo. “El Estado les robó un total de US$ 500.000 millones de dólares”, lanzó con dureza.
“En estos 20 años, al sector se le robó poco más de 170.000 millones de dólares con las retenciones”, afirmó el líder de La Libertad Avanza. “Pero si eso se ajusta con la brecha cambiaria, quiere decir que el Estado le robó US$ 500.000 millones”, explicó Milei en el predio de la Rural.
“Si se eliminara la brecha cambiaria y las retenciones”, expuso Milei, “el sector triplicaría sus ingresos. A partir de ahí les estarían sacando el pie de encima y podrían crecer y aportar muchísimo para la Argentina que hemos soñado”, detalló.
El renombrado economista también se refirió a su propuesta de eliminar el Banco Central y aseguró que a diferencia de Macri, él va a eliminar el cepo y va a eliminar las competencias del gobierno que permitirían volver a introducir un cepo, como ocurrió hacia el fin del mandato de Cambiemos. “Conmigo no habría más brecha, habría un solo precio para el dólar, el mercado estaría libre”, remató.
“Miren lo maravilloso que es el campo argentino, que le sacan la mitad de los ingresos, después les cobran retenciones y encima, después de todo eso, les cobran más de 20 impuestos, y aún así sobreviven”, destacó Milei.
“Es un milagro que sobrevivan. Por lo tanto, sin lugar a dudas, ustedes son el sector más eficiente del mundo y negar eso es negar el principal beneficio y ventaja que tienen”, concluyó Milei ante los productores y dirigentes de la Sociedad Rural Argentina.
Milei fue recibido por el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quien recientemente dijo en una entrevista radial que el sector todavía no decidió a qué candidato apoyar pero que a él personalmente le gustaban las propuestas del libertario más que las otras.
El evento de la SRA contó además con Horacio Rodríguez Larreta, Juan Schiaretti y Patricia Bullrich, los otros tres candidatos presidenciales confirmados hasta el momento. El kirchnerismo rechazó la invitación a exponer ante el sector.
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