Milei propone continuar con el legado de Carlos Menem, e hizo públicas sus intenciones de privatizar AySA. La privatización de los servicios de distribución de agua permitieron una mejora sustancial en las condiciones de vida de los hogares urbanos más pobres durante la década de 1990.
El Presidente electo Javier Milei apunta a una fuerte consolidación de las finanzas públicas a partir del 10 de diciembre, con el objetivo de arribar al déficit cero para diciembre de ese año. Con este objetivo por delante, la privatización de las empresas del Estado podría desempeñar un rol fundamental para reducir el déficit.
Milei anticipó que buscará privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) lo más pronto posible, y de acuerdo a la recepción de ofertas que puedan surgir desde el sector privado. Se trata de una empresa estatal lanzada en el año 2006 por la eliminación de contratos privados durante la presidencia de Néstor Kirchner.
De esta manera, la inversión pasó a dirigirse desde las oficinas del sector público en lugar de atender criterios de eficiencia asignativa. La actual presidenta de la institución, Malena Galmarini (que ocupará el cargo hasta el 10 de diciembre), cuestionó severamente a Javier Milei por su programa de privatización y aseguró vagamente que la gestión privada no invertía en regiones urbanas humildes, lo cual es falso.
Lo cierto es que nada de esto ocurrió. Durante la presidencia de Carlos Menem se llevó a cabo un amplio programa de privatización y desregulación de la distribución de agua, a través del cual una cantidad creciente de municipios a lo largo y ancho del país comenzaron a pasar de la administración pública hacia la gestión por empresas privadas.
La investigación de los economistas Sebastián Galiani, Paul Gertler y Ernesto Schargrodsky reveló que aquellos municipios que percibieron la privatización del suministro de agua fueron los que más eficientemente pudieron rebajar la tasa de mortalidad infantil asociada a la falta de cloacas y las malas condiciones de higiene.
La mortalidad infantil disminuyó un 8% en los municipios con la distribución de agua privatizada entre 1990 y 1999, y un 26% considerando a las regiones urbanas más pobres. A partir del año 1995, momento en el cual la privatización comienza a ganar cada vez más fuerza sobre el total de los municipios del país, la divergencia entre las jurisdicciones que preservaron la gestión estatal y aquellas que percibieron la privatización se profundizó en favor de estas últimas.
Los autores concluyen que existió una relación causal entre privatización y disminución más acelerada de la tasa de mortalidad infantil, a partir de la consideración de los distintos municipios como grupos de “control” y de “tratamiento”.
Si dos grupos de municipios seleccionados aleatoriamente y con condiciones iniciales similares, comparables entre sí, evolucionaron de forma distinta a partir de un determinado tratamiento (la privatización del suministro de agua), es posible inferir algún tipo de efecto causal en el proceso.
Los dichos de Galmarini no se ajustan a la realidad, miles de hogares urbanos se beneficiaron de la privatización y lograron mejorar sus condiciones básicas de vida, contrariamente a lo que sugirió en sus redes sociales.
