De Derecha Diario

El sandinista Ortega detuvo a 55 religiosos desde 2018 y exilió del país a 44 de ellos. También se suman las cancelaciones de 381 organizaciones religiosas, de las cuales 288 son evangélicas.

La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, inspirada en el comunismo y comandada por ex guerrilleros sandinistas, lleva detenidos a 55 líderes religiosos en los últimos años, mientras se recrudece la persecución a opositores, denunciaron este miércoles tres organizaciones humanitarias.

De los 55 prisioneros por esparcir la palabra de Dios, en una dictadura que promueve el ateísmo, 44 de ellos han sido excarcelados y obligados a exiliarse del país. 22 de ellos a su vez han sido despojados de su nacionalidad, por lo que nunca podrán volver a Nicaragua.

“Desde el 2018, el Gobierno ha detenido a 55 religiosos, excarcelando y desterrando a 44 de ellos, mientras 11 misioneros evangélicos aún permanecen bajo detención arbitraria”, asegura el informe llamado ‘Ataques a la libertad religiosa en Nicaragua’, que fue presentado este miércoles en el marco del 55º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra.

Entre los curas «desnacionalizados» se encuentran Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, y Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua.

El 14 de enero pasado, la dictadura de Nicaragua acordó con la Santa Sede el “envío” al Vaticano de los obispos nicaragüenses Rolando Álvarez e Isidoro Mora, de 15 sacerdotes y dos seminaristas a los que tenía privados de libertad.

Álvarez y Mora se sumaron al obispo auxiliar de Managua, desnacionalizado y exiliado, Silvio Báez, a quien el papa Francisco ordenó dejar Nicaragua en 2019 por razones de seguridad, como los tres jerarcas de la Conferencia Episcopal impedidos de regresar a su país.

La excarcelación de los religiosos nicaragüenses ocurrió dos semanas después de que el Papa Francisco, tras el rezo del primer Ángelus del año, expresara su “preocupación” por la detención de sacerdotes católicos en Nicaragua, y pidiera que “se busque siempre el camino del diálogo” para superar los problemas.

Mientras tanto, Ortega también ha ordenado una masiva cancelación de permisos que se habían entregado a Iglesias para operar como tales. Desde 2018, 381 organizaciones religiosas han sido cerradas, de las cuales 288 son evangélicas, e incluye a la Iglesia Católica.

“Esta persecución, que también incluye saqueos a iglesias y profanaciones de templos violenta el derecho de la población de acudir a las iglesias y profesar su fe libremente”, indicaron.

De Alt Media

Ante la renovada embestida del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica, en un recrudecimiento de los derechos en Nicaragua, crecen los reclamos para una mayor acción internacional que evite una profundización de la crisis.

La ONG emitió un comunicado en el que destacaron que “En Nicaragua la separación entre poderes ha sido borrada, no existe la libertad de expresión, y la opinión y el disenso se encuentran absolutamente criminalizados”, en especial tras el arresto del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, por parte de agentes policiales.

“Hacemos un llamado a la comunidad democrática internacional, al Papa Francisco y, de manera solidaria, a todas las iglesias para que a través de su intervención se establezca una mesa de diálogo que conduzca a la liberación de los cientos de presos políticos, que culmine con los procedimientos ilegales y abusivos como las detenciones arbitrarias e injustamente prolongadas, y para que se ponga fin a toda violación de derechos humanos”, indicó la organización.

En lo que va de año las autoridades han encarcelado a sacerdotes y expulsado del país a otros incluyendo a monjas de las misioneras. El régimen también ha cerrado ocho radioemisoras católicas y sacado de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos.

Rolando Álvarez, crítico de Ortega, fue secuestrado el viernes. La Policía precisó que tomó la decisión de trasladar a Álvarez debido a que persistía en sus actividades “desestabilizadoras y provocadoras”.

Álvarez, de 55 años, estaba sitiado en la curia de Matagalpa por la policía desde el 4 de agosto en el marco de una pesquisa por “organizar grupos violentos” e incitar al “odio” para “desestabilizar al Estado de Nicaragua”.

El obispo había denunciado el cierre por parte de las autoridades de cinco emisoras católicas y había reclamado al gobierno de Daniel Ortega respeto a la “libertad” religiosa.

Ortega califica de “golpistas” y “terroristas” a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional para buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018.