Ilegítima AN chavista aplazó aprobación de ley de amnistía para la semana próxima

Caracas. – La ilegítima Asamblea Nacional (AN) chavista difirió este jueves la segunda discusión del Proyecto de Ley de Amnistía de Convivencia Democrática para la semana próxima,  luego de la aprobación de seis artículos.

«En aras de mantener el clima necesario de conciliación y de consenso, aprobamos que se difiera la discusión del resto de los artículos para evitar caer en debates innecesarios y que podamos aprobar la ley en la próxima sesión de la Asamblea Nacional», manifestó Jorge Arreaza, ilegítima parlamentario del narcorégimen, al anunciar la decisión.

La decisión fue adoptada por unanimidad y obedece a desacuerdos entre las partes por el artículo 7 que exigía a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

El considera diputado «alacrán» Luis Florido, de la fracción Libertad, indicó que había que modificar el artículo debido a que, a su juicio, la solicitud de presentación ante la Justicia implica ya un señalamiento como culpable a las personas que estén judicializadas.

Entre lo aprobado durante la sesión de este jueves, la futura ley concede «una amnistía general y plena de los delitos o faltas cometidos y acaecidos en el marco de los hechos y el ámbito temporal» establecidos en el texto, con el fin de «promover la paz social y la convivencia democrática».

El proyecto de amnistía se enmarca en un «nuevo momento político», anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el contexto de un proceso de excarcelaciones iniciado el 8 de enero.

Hay que recordar, que la semana pasada Jorge Rodríguez, quien preside al parlamento ilegal del narcorégimen, prometió la liberación de los rehenes políticos, a más tardar, para este viernes 13 de febrero, algo que se ve, por los momentos, imposible de cumplir dado el aplazamiento para aprobar la ley.

Borrego de la semana 219: Kiko Bautista niega las tortutas en el Helicoide

Hace poco, el «comunicador» Kiko Bautista hizo unas declaraciones que, a todas luces, buscan lavar la imagen de uno de los centros de reclusión más temidos de Venezuela.

En esas afirmaciones, Bautista niega categóricamente que en El Helicoide se practiquen torturas, y llegó a describir el recinto como el «Country Club de las cárceles», sugiriendo que las condiciones de los detenidos son privilegiadas o carentes de maltrato.

No obstante, esa narrativa de Bautista es una flagrante falta de respeto hacia los miles de venezolanos que han pasado por el centro de torturas chavista. De hecho, tras la liberación de muchos presos, gracias a la presión de la administración estadounidense, muchos han hablado al respecto, y hay mucha documentación que avala las violaciones de DD. HH. en el centro chavista.

Por tanto, esas declaraciones de Batista no solo son falsas, sino que resultan «nefastas» al intentar banalizar el sufrimiento de civiles, militares y políticos que han sido víctimas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Ese tipo de retórica solo sirve para intentar normalizar la represión y proteger a los responsables de los abusos en el sistema penitenciario del régimen.

Por ello, Kiko Batista es seleccionado como el Borrego de la Semana en ContraPoder News, aunque debería ser «el imbécil del siglo».

Argentina solicita formalmente a EE. UU. la extradición de Nicolás Maduro por violaciones de DD. HH.

El juez argentino Sebastián Ramos ha solicitado este miécoles la extradición del genocida dictador que sometía a Venezuela, Nicolás Maduro, encarcelado en Nueva York tras el ataque de EE. UU. en Caracas y alrededores el pasado 3 de enero, alegando violaciones de Derechos Humanos.

«Líbrese exhorto internacional a EE. UU., a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro, quien habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia EE. UU., de conformidad con el Tratado de Extradición suscrito entre la República Argentina y este último país», ha señalado en una resolución difundida en redes sociales.

La petición formal llega un mes después de que el fiscal Carlos Stornelli solicitara iniciar el trámite y a raíz de una denuncia presentada en 2023 por el Foro Argentina para la Defensa de la Democracia (FADD) por violación de Derechos Humanos.

Precisamente esta entidad ha confirmado en sus redes sociales que «hoy, la Justicia argentina pidió la extradición» del dirigente venezolano, un extremo que ha celebrado tras «el resultado de haber estado, desde el inicio, donde había que estar para que esto ocurra, del lado de la ley y contra la impunidad».

«Más allá de la resolución concreta, queda la satisfacción de habernos enfrentado a los poderosos defendiendo férreamente los derechos humanos. Hoy es un día importante para el FADD, para Argentina, para la justicia y, sobre todo, para las víctimas venezolanas que se animaron a denunciar», ha agregado.

En la misma nota, ha recordado que reclamó a las autoridades argentinas que solicitaran la extradición de Maduro cuando este «todavía concentraba todo el poder y mucho antes de que los hechos que hoy son de público conocimiento modificaran el escenario. «Lo hicimos cuando parecía imposible y cuando enfrentar al poder tenía costos reales», ha agregado el FADD.

La organización está presidida por el diputado bonaerense Waldo Wolff, del partido conservador PRO, que en su cuenta de X ha señalado que «independientemente del desenlace, hoy reafirmamos nuestro compromiso de que Maduro y su dictadura cumplan condena, tras las rejas, por perseguir, torturar y asesinar a su pueblo».

Cabe recordar que, en el pasado, ya el juez federal de Argentina había solicitado a INTERPOL el pedido de captura internacional del dictador Nicolas Maduro y Diosdado Cabello, para enjuiciarlo por sus violaciones a los DD. HH.

Amnistía denuncia campos de trabajo y ejecuciones en Corea del Norte por ver la televisión surcoreana

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este miércoles que las autoridades de Corea del Norte han castigado durante décadas el consumo de programas de televisión surcoreanos con humillaciones públicas, trabajos forzados e incluso ejecuciones, penas que se han impuesto con mayor frecuencia a quienes no han podido pagar sobornos para eludirlas.

Amnistía ha llevado a cabo 25 entrevistas con personas que han escapado de Corea del Norte entre 2012 y 2020, recabando testimonios sobre castigos extremos —como humillaciones públicas, años en campos de trabajo e incluso ejecuciones— impuestos por ver programas de televisión de Corea del Sur, una conducta extendida en la población, según varios testimonios, pero que viola leyes de cultura que prohíben los medios de comunicación extranjeros, según ha indicado la ONG.

«Las autoridades penalizan el acceso a la información violando el Derecho Internacional y después permiten que los funcionarios se aprovechen de quienes temen el castigo. Se trata de represión sumada a corrupción, que perjudica sobre todo a quienes no poseen riquezas o conexiones», ha denunciado la directora adjunta de Amnistía Internacional para la región, Sarah Brooks.

La introducción de la Ley contra el Pensamiento y la Cultura Reaccionarios de 2020, que, ha recordado AI, define los contenidos de Corea del Sur como «ideología podrida que paraliza el sentido revolucionario del pueblo», permite que persistan estos severos castigos. La nueva ley dispone entre cinco y 15 años de trabajo forzoso por ver o poseer series, películas o música de Corea del Sur, y prescribe duras condenas, incluida la pena de muerte, por la distribución de «grandes cantidades» de estos contenidos o por organizar proyecciones en grupo.

En este contexto, varios de los entrevistados por la organización han apuntado a la posibilidad de eludir las sanciones más graves si se podía pagar. «Se captura a la gente por el mismo acto, pero el castigo depende totalmente del dinero», ha explicado Choi Suvin, de 39 años, que salió de Corea del Norte en 2019. «La gente que no tiene dinero vende sus casas para reunir 5.000 ó 10.000 dólares (4.200 ó 8.500 euros) con los que pagar para salir de los campos de reeducación». Amnistía ha señalado que esas cifras pueden suponer los ingresos de varios años para la mayoría de las familias de Corea del Norte, por lo que sólo están al alcance de las más ricas.

La ONG ha criticado que «la aplicación arbitraria y discriminatoria de las leyes es sistemática». «Funcionarios que muy probablemente también consumen medios de comunicación surcoreanos detienen y enjuician a otras personas por una conducta idéntica», ha agregado, replicando las palabras de una persona entrevistada, que ha asegurado que «las personas trabajadoras lo ven abiertamente, los funcionarios del partido lo ven orgullosos, los agentes de seguridad lo ven en secreto, y la Policía lo ve de manera segura». «Todo el mundo sabe que todo el mundo lo ve, incluso quienes llevan a cabo las operaciones represivas», ha añadido.

Con todo, AI ha apuntado a un posible cambio en lo que ha calificado como el «sistema de sobornos», aludiendo a las palabras de Kim Gayoung, de 32 años, que salió de Corea del Norte en junio de 2020 y que ha explicado a la organización humanitaria que el líder norcoreano, Kim Jong Un, comenzó a ordenar campañas de «represión intensiva» a finales de la década de 2010, presionando a los funcionarios norcoreanos para demostrar resultados en la aplicación de la ley y reduciendo así la eficacia de los sobornos.

«Estos testimonios muestran cómo Corea del Norte está aplicando leyes distópicas que significan que ver un programa de televisión de Corea del Sur puede costar la vida, salvo que se pueda pagar», ha subrayado Brooks.

Balance de Foro Penal confirma 302 liberaciones y existencia de 711 rehenes políticos

Caracas. – El balance de la ONG Foro Penal confirma, hasta este pasado miércoles, que se han realizado 302 excarcelaciones de rehenes políticos a nivel nacional, mientras que aún permanecen tras las rejas 711 ciudadanos.

Según las cifras posteadas en su cuenta de la plataforma X, de los 711 secuestrados 65 son extranjeros, mientras que 530 son civiles y 181 son militares.

También, precisa que 710 son adultos y solo hay un adolescente entre las víctimas. La gran mayoría (617) son hombres, y el resto (94) son mujeres.

Foro Penal indica que 52 de los 711 rehenes políticos están desaparecidos, es decir, no se sabe dónde están recluidos ni en cuales condiciones los tienen.

Mientras, el presidente de la ONG, Alfredo Romero, cofirmó a través de sus redes sociales, que desde el pasado 8 de enero, cuando fueron anunciadas las liberaciones de rehenes, y hasta la fecha, se han llevado a cabo 302 excarcelaciones. “Desde el #8Ene hemos podido confirmar 302 excarcelaciones de presos políticos”, señaló Romero, precisando que la cifra corresponde hasta este 29 de enero, en medio de un proceso opaco y sin información oficial detallada por parte del régimen chavista.

Varias ONG han aclarado que los presos políticos fueron excarcelados, pero no cuentan con una liberación plena, ya que se les otorgaron medidas sustitutivas a la privativa de libertad, tal como denunció este miércoles la coordinadora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo.

Tineo indicó a varios medios y agencias internacionales, que los presos políticos que han abandonado las cárceles en las últimas semanas enfrentan la prohibición de salir del país, de declarar a los medios sobre sus casos y la obligatoriedad de presentarse periódicamente ante los tribunales, entre otros.

También, aunque Foro Penal confirma 302 liberaciones, la cifra contrasta con las ofrecidas por el narcorégimen chavista. Por ejemplo, Diosdado Cabello, segundo al mando de la tiranía, aseguró esta semana que 808 personas han sido excarceladas desde «antes de diciembre», sin precisar la fecha, además de negar la existencia de rehenes políticos en el país.

Exigen libertad para coronel encarcelado por el narcorégimen por respetar actas electorales del 28J

Caracas. – Una denuncia que ha cobrado fuerza en redes sociales, trata sobre el secuestro de un oficial del Ejército, el coronel Diego Bautista Espín Trini, ocurrido en Táchira, justamente por haber hecho lo correcto durante las elecciones presidenciales en julio de 2024, sin alterar los datos de las actas electorales y resguardándolas.

Espín Trini fue secuestrado por la DGCIM el 2 de agosto de 2024, luego de haber sido el responsable de coordinar 10 centros electorales en Táchira. Fue apresado en el liceo militar Jaúregui, ubicado en La Grita, del cual era director.

Los datos manejados por diversas cuentas en las redes, indican que fue enviado a la compañía 211 de la GNB en Santa Ana, también en Táchira. Su caso está en manos del tribunal tercero de control de esa entidad, y lo llevan las fiscalías 29 y 23 de esa región.

El oficial no solo respetó los resultados, sin alterar la suma de los votos. Las informaciones indican, que el narcorégimen lo acusa de haber permitido que se conocieran los resultados, que demostraban la monumental derrota recibida por Nicolás Maduro en los 10 centros de votación, frente a Edmundo González Urrutia.

«Pero el costo de la transparencia en una tiranía es el secuestro. El Coronel Diego Bautista Espín Trini pagó ese precio. Fue detenido por la DGCIM por entregar las actas que probaban la derrota del chavismo», señala en la red X una de las cuentas que exige su liberación.

El caso de Espín Trini ha sido retomado, ya que se están llevando a cabo liberaciones de rehenes políticos, por lo que sus familiares junto con varias ONG y activistas a favor de los Derechos Humanos, decidieron visibilizar su caso para pedir que sea excarcelado.

Denuncian rapto de tres funcionarios del CICPC que regresaron a Venezuela

Caracas. – Según lo denunció la abogada y activista por los Derechos Humanos, Tamara Suju, tres funcionarios del CICPC fueron secuestrados recientemente por el narcorégimen chavista, luego que regresaran a Venezuela.

Los efectivos policiales están identificados como Jesús Leonardo Gómez Brito, Héctor Manrique Martínez y David Figueredo Sandoval.

Según lo publicó la también directora del Instituto Casla en su cuenta de la red social X, los tres funcionarios del cuerpo detectivesco se encuentran desaparecidos.

Luego que fueran interceptados tras ingresar al territorio nacional, perdieron todo tipo de contacto con sus familiares.

Universidades del país protestaron este #23E por la liberación de todos los rehenes políticos

Caracas. – En el marco del 68° aniversario del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, universidades de todo el país se unieron este viernes, 23 de enero, para exigir la liberación inmediata de los rehenes políticos que mantienen bajo custodia la Narcotiranía chavista.

En Caracas, estudiantes y trabajadores de la UCV tomaron un tramo de la autopista Francisco Fajardo, a la altura del emblemático mural de Pedro León Zapata, para exigir la liberación inmediata de todos los rehenes.

La movilización estuvo encabezada por estudiantes de UCV, acompañados por sindicatos, defensores de derechos humanos y alumnos de otras instituciones, entre ellas la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).En el lugar, desplegaron una gran pancarta con el mensaje: “La universidad no calla. La libertad es el cimiento de la democracia”.

Mientras, en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) colgaron una pancarta gigante con el mensaje: “Ni Rotunda, ni Guasina, ni Helicoide. Libertad para todos los presos políticos”, aludiendo a centros de detención históricos y los actuales, usados por el régimen para reprimir a opositores y disidentes.

Otras casas de estudios como la USB (Caracas), la Universidad de Oriente (UDO) en varias sedes, la Universidad de Carabobo (UC), la UNELLEZ y la UCLA levantaron mensajes y pancartas que coincidieron en una misma exigencia: la libertad de todos los presos políticos sin condiciones y la defensa de la democracia en Venezuela.

Estudiantes de al menos 11 universidades del país desplegaron pancartas para exigir la libertad de los presos políticos, en acciones que buscan romper el cerco de censura y visibilizar la crisis de derechos humanos en Venezuela.

Narcorégimen liberó rehenes políticos este #8Ene

Caracas. – El narcorégimen chavista llevó a cabo este jueves, la liberación de un significativo número de rehenes políticos, en lo que se considera ha sido el giro más importante desde la captura por parte de Estados Unidos, de Nicolás Maduro, detenido ahora en una cárcel de Nueva York bajo cargos de terrorismo y narcotráfico. 

El anuncio fue realizado por el ilegítimo presidente del parlamento chavista, Jorge Rodríguez, quien dio a conocer las primeras excarcelaciones bajo la gestión interina de Delcy Rodríguez.

“Para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, dijo Rodríguez.

Aunque el parlamentario chavista no precisó la cantidad de excarcelados, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmó la excarcelación de cinco españoles, aunque la congresista estadounidense María Elvira Salazar, también de Miami, replicó en X publicaciones sobre la liberación de opositores como Juan Pablo Guanipa, María Oropeza y Perkins Rocha, sin que exista aún ninguna confirmación oficial.

Entre los excarcelados figuran José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.

También se conoció que el capitán de la Guardia Nacional, Juan Carlos Caguaripano, otro de los rehenes del régimen por haber intentado un alzamiento militar, fue sacado de la prisión este jueves.

Otro de los liberados son Nicmer Evans, Josnar Baduel, Dignora Hernández, Enrique Márquez y el periodista Carlos Luis Rojas. También se cree que Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González, podría estar entre los beneficiados de esta jornada.

“Aunque recibo con esperanza la liberación de algunos presos políticos venezolanos, no debe quedar duda: la libertad no se negocia por partes. TODOS los presos políticos deben ser liberados de INMEDIATO. Venezuela será LIBRE, completa y sin concesiones”, escribió la congresista estadounidense de origen cubano, María Elvira Salazar, al igual que el representante republicano Carlos Giménez.

Un tribunal francés condena a 30 años a Roger Lumbala por complicidad en crímenes de lesa humanidad en RDC

Un tribunal de París ha condenado este lunes al antiguo líder congoleño Roger Lumbala a 30 años de cárcel por complicidad en crímenes de lesa humanidad cometidos entre 2002 y 2003 en el marco de la guerra civil en República Democrática del Congo (RDC).

Lumbala, quien estuvo al frente de la Agrupación Congoleña para la Democracia Nacional (RCD-N) —un grupo armado fundado en 1998— fue detenido en diciembre de 2020 e imputado un año después en territorio francés en virtud del principio de justicia universal.

El antiguo señor de la guerra, de 67 años, es el primer acusado condenado por un tribunal extranjero por crímenes cometidos en territorio de la RDC. El veredicto ha llegado tras ocho horas de deliberación, según ha recogido el diario ‘Le Monde’.

TRIAL International, una de las ONG involucradas en los procedimientos, ha asegurado que el fallo es «decisivo en la lucha mundial contra la impunidad por las atrocidades masivas cometidas durante la Segunda Guerra del Congo (1998-2003)».

«Este veredicto es histórico. Por primera vez, un tribunal nacional se ha atrevido a confrontar las atrocidades de la Segunda Guerra del Congo y demostrar que la justicia puede prevalecer incluso después de décadas de impunidad», ha señalado en un comunicado el representante de TRIAL, Daniele Perissi.

Por su parte, la directora jurídica de Fundación Clooney para la Justicia (CFJ) —también denunciante—, Yasmine Chubin, ha señalado que mujeres que «sobrevivieron a la violación y la esclavitud sexual» en el marco del conflicto «rompieron décadas de silencio y estigma para testificar».

«Sus voces fueron fundamentales para la búsqueda de justicia por los delitos de violencia sexual, que siguen siendo, en general, poco procesados en situaciones de conflicto», ha aseverado la representante de CFJ, que junto con las otras ONG representan a más de 20 supervivientes y familiares que han participado en el proceso.

Lumbala estaba acusado de ordenar la comisión de atrocidades durante una operación ejecutada en las provincias de Kivu Norte e Ituri, que comprendió un ataque indiscriminado contra la población civil a una escala sin precedentes.

La ofensiva, llamada ‘Limpiar la Pizarra’, tenía como objetivo final la aniquilación de las milicias rivales del Movimiento Congoleño de Liberación Democrática (RCD-ML) para hacerse con el control de los recursos de las zonas bajo su control, esclavizando a la población civil durante el proceso.

Muchos de los ataques estaban dirigidos expresamente contra comunidades étnicas, como la minoría nande y los pueblos indígenas bambuti. La llamada Segunda Guerra de Congo (1998-2003) fue un conflicto devastador que dejó más de un millón de muertos y millones de desplazados.