TSJ chavista declara que delito de «incitación al odio» no prescribe

Caracas. – En una decisión que conmociona tanto a los expertos en leyes, como a los defensores de Derechos Humanos en el país, la Sala de Casación Penal del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del chavismo, dictaminó que el delito de incitación al odio no prescribe con el paso del tiempo.

Así lo señaló el organismo a favor del narcorégimen, mediante la sentencia n.º 67 del 26 de febrero, medida que toma a pesar de la vigencia que tiene la recién aprobada ley de amnistía.

En esta ley, , el ente irregular estableció que la acción penal por este delito no se extingue, otorgándole un carácter de permanencia jurídica que usualmente se reserva para los crímenes más atroces de la humanidad.

La Sala fundamenta su decisión en el artículo 25 de la polémica Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Según el TSJ, debido a que dicha norma califica estos hechos como violaciones graves de derechos humanos, se les debe aplicar el principio de imprescriptibilidad.

Por su parte, la ONG Acceso a la Justicia posteó un mensaje en su cuenta en X en el que explica que la Sala estableció que el delito de “incitación al odio” tiene carácter imprescriptible debido a que los hechos previstos en esa norma constituyen violaciones graves de derechos humanos.“Este criterio resulta preocupante.

Las llamadas leyes contra el odio suelen utilizarse para criminalizar el disenso y sancionar opiniones críticas, especialmente cuando estas cuestionan al poder político o a quienes lo ejercen”, señaló la ONG.

Acceso a la Justicia argumentó que las verdaderas violaciones de derechos humanos son aquellas cometidas por el Estado, como lo son la persecución política, la represión o la censura, que es lo que promueve la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

Confirmaron que joven secuestrado por intentar derribar estatua de Chávez si estaba en libertad

Caracas. – Varias ONG confirmaron este pasado miércoles, que Jobani Romero, el joven detenido en agosto de 2024 tras las protestas postelectorales por intentar derribar una estatua de Chávez en Coro (Falcón), si había sido liberado hace meses, pero bajo medidas cautelares.

Tanto el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales, como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE), dieron a conocer la información sobre la excarcelación de Romero, cuya imagen se hizo viral en redes sociales por la temeraria acción que llevó a cabo.

La noticia de su liberación aclara semanas de especulaciones y reportes contradictorios que lo ubicaban erróneamente en el penal de Yare o como desaparecido. El periodista Víctor Ugas, quien compartió celda con él en el centro penitenciario de Tocorón, desmintió dichas versiones asegurando que Romero salió en libertad hace meses, exactamente en julio de 2025.

El Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales explicó, que el retraso en el reporte de su excarcelación se debió a que el joven decidió guardar silencio por temor a represalias.

Actualmente se encuentra bajo medidas cautelares de presentación, y esa es una de las razones de su encierro.

No obstante, la citada ONG exige su libertad plena mediante la aplicación de la Ley de Amnistía, calificándolo como un símbolo de la protesta ciudadana. El organismo anunció que próximamente compartirá detalles sobre su situación actual y su experiencia en detención.

Vicepresidente de Foro Penal advierte que ley de amnistía omite más de 14 años de violaciones de DD. HH.

Caracas. – El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, advirtió este pasado jueves que la recién aprobada ley de amnistía del chavismo, obvia a más de 14 años de violaciones de Derechos Humanos en la historia del país.

A través de su cuenta oficial en X, Himiob ofreció un primer análisis preliminar sobre la normativa, cuya publicación en Gaceta Oficial se espera para este mes de febrero de 2026. En su mensaje explicó que, en teoría, la Ley de Amnistía debería abarcar un período de casi 28 años, comprendido entre enero de 1999 y la fecha de su publicación oficial.

Sin embargo, señaló que más de 14 años de ese lapso quedarían completamente excluidos del beneficio.»De los casi 28 años que debería abarcar la Ley de Amnistía (desde enero de 1999 hasta su publicación en Gaceta Oficial, que asumimos será este mismo mes de febrero de 2026), más de 14 años quedan completamente por fuera», advierte el experto.

Himiob detalló además, que de los otros 13 años que sí estarían incluidos en la ley, únicamente se contemplan meses y momentos muy puntuales. “A vuelo de pájaro (y esto amerita un análisis más detallado), de esos 13 años restantes (156 meses en total) sólo se consideran más o menos 20 meses”, indicó.

En este sentido, el vicepresidente de Foro Penal advirtió que este cálculo preliminar requiere una revisión exhaustiva del texto definitivo de la normativa, una vez sea publicado oficialmente.

Igualmente, Himiob alerta que la ley también excluye de manera expresa determinados delitos y hechos, lo que podría limitar aún más su alcance real.

“Cabe además hacer otras consideraciones sobre los delitos y hechos expresamente excluidos. Cuando disponga del texto definitivo presentaré un análisis más detallado”, agregó.

Prometió, que una vez tenga acceso al texto completo aprobado por la ilegítima AN chavista, hará una análisis más detallado al respecto: «Cuando disponga del texto definitivo presentaré un análisis más detallado», publicó.

Solo dos de 10 mujeres permanecen en huelga de hambre en Zona 7

Caracas. – Solo dos de las 10 mujeres que iniciaron la huelga de hambre en el comando policial Zona 7 de Boleíta (Caracas), permanecen en la protesta. Ocho de ellas tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales por descompensarse, y este jueves se llevó a cabo el más reciente de estos traslados.

En esta ocasión se trató de Yaxodara Losada, familiar de un rehén político quien fue trasladada a un centro de salud luego de presentar una descompensación, según informó la ONG Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales.

Entre las huelguistas afectadas este miércoles, según el registro diario de control que llevan las manifestantes, se encontraban Mileidy Mendoza, Narwin Gil, Mariana Escalona y Sachareth Torres. Se suman a los tres casos que se reportaron días antes, como el de Evelin Quiaro, madre del preso político Joel Bravo, quien fue retirada de la huelga el martes debido al serio deterioro de salud.

Ahora, este jueves se produjo el traslado de Losada, debido al grave cuadro físico y anímico que registró.

Fuentes de los familiares de los rehenes políticos que están en Zona 7, informan que solo permanecen en huelga Mileydi Mendoza y Narwin Gil, mientras que las otras ocho manifestantes han abandonado la protesta por complicaciones de salud derivadas de la medida extrema.

Las familias responsabilizan al narcorégimen chavista por la vida e integridad de quienes protestan, señalando que la incertidumbre y los anuncios no ejecutados han profundizado el sufrimiento de las madres que hoy arriesgan su salud en toldos improvisados.

Las manifestantes, que suman más de 40 días pernoctando a la intemperie, comenzaron a mostrar las consecuencias del ayuno prolongado y la alta tensión acumulada. Según los reportes de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, las afectadas han requerido atención médica de emergencia por presentar fuertes dolores abdominales y de cabeza, náuseas y mareos, así como debilidad general extrema.

Excarcelaron a Maykelis Borges, pareja de un militar disidente y madre de un bebé

Caracas. – La presa política y pareja de un militar disidente, Maykelis Borges Ortuño, fue excarcelada este jueves junto a su bebé de seis meses, pero deberá cumplir un arresto domiciliario impuesto por la justicia del narcorégimen chavista.

A través de su cuenta en X, el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, detalló que Borges abandonó el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), centro penitenciario para mujeres con sede en el estado Miranda, en compañía de su bebé de meses. «Sin embargo, continúa privada de libertad bajo régimen de arresto domiciliario», aclaró el abogado.

Borges, de 26 años de edad, es esposa de Cristian Hernández, militar acusado de presuntamente conspirar contra la Narcotiranía chavista. Según Foro Penal, fue detenida el 29 de enero de 2025 «únicamente por ser» la pareja del uniformado, lo que convierte su caso en un ejemplo de lo que la ONG denomina «criminalización por afecto».

También, tanto la ONG como otras organizaciones de derechos humanos han condenado el ensañamiento contra Borges, quien fue detenida por ser pareja del militar exiliado Cristian Hernández, señalado por el chavismo de conspiración. Se trata de una «criminalización por afecto», señaló Foro Penal.

Para el momento de la detención de Borges tenía dos meses de embarazo. El pasado 11 de agosto le realizaron una cesárea. Un mes antes del nacimiento del niño, Hernández había denunciado en una entrevista en el programa «En la mira» de EVTV Miami, la falta de atención médica especializada como corresponde a una mujer embarazada.

La medida de casa por cárcel permitirá que el menor de seis meses permanezca en un entorno familiar, aunque su madre sigue sujeta a las disposiciones del tribunal que lleva la causa.

Ilegítima AN chavista aplazó aprobación de ley de amnistía para la semana próxima

Caracas. – La ilegítima Asamblea Nacional (AN) chavista difirió este jueves la segunda discusión del Proyecto de Ley de Amnistía de Convivencia Democrática para la semana próxima,  luego de la aprobación de seis artículos.

«En aras de mantener el clima necesario de conciliación y de consenso, aprobamos que se difiera la discusión del resto de los artículos para evitar caer en debates innecesarios y que podamos aprobar la ley en la próxima sesión de la Asamblea Nacional», manifestó Jorge Arreaza, ilegítima parlamentario del narcorégimen, al anunciar la decisión.

La decisión fue adoptada por unanimidad y obedece a desacuerdos entre las partes por el artículo 7 que exigía a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

El considera diputado «alacrán» Luis Florido, de la fracción Libertad, indicó que había que modificar el artículo debido a que, a su juicio, la solicitud de presentación ante la Justicia implica ya un señalamiento como culpable a las personas que estén judicializadas.

Entre lo aprobado durante la sesión de este jueves, la futura ley concede «una amnistía general y plena de los delitos o faltas cometidos y acaecidos en el marco de los hechos y el ámbito temporal» establecidos en el texto, con el fin de «promover la paz social y la convivencia democrática».

El proyecto de amnistía se enmarca en un «nuevo momento político», anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el contexto de un proceso de excarcelaciones iniciado el 8 de enero.

Hay que recordar, que la semana pasada Jorge Rodríguez, quien preside al parlamento ilegal del narcorégimen, prometió la liberación de los rehenes políticos, a más tardar, para este viernes 13 de febrero, algo que se ve, por los momentos, imposible de cumplir dado el aplazamiento para aprobar la ley.

Borrego de la semana 219: Kiko Bautista niega las tortutas en el Helicoide

Hace poco, el «comunicador» Kiko Bautista hizo unas declaraciones que, a todas luces, buscan lavar la imagen de uno de los centros de reclusión más temidos de Venezuela.

En esas afirmaciones, Bautista niega categóricamente que en El Helicoide se practiquen torturas, y llegó a describir el recinto como el «Country Club de las cárceles», sugiriendo que las condiciones de los detenidos son privilegiadas o carentes de maltrato.

No obstante, esa narrativa de Bautista es una flagrante falta de respeto hacia los miles de venezolanos que han pasado por el centro de torturas chavista. De hecho, tras la liberación de muchos presos, gracias a la presión de la administración estadounidense, muchos han hablado al respecto, y hay mucha documentación que avala las violaciones de DD. HH. en el centro chavista.

Por tanto, esas declaraciones de Batista no solo son falsas, sino que resultan «nefastas» al intentar banalizar el sufrimiento de civiles, militares y políticos que han sido víctimas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Ese tipo de retórica solo sirve para intentar normalizar la represión y proteger a los responsables de los abusos en el sistema penitenciario del régimen.

Por ello, Kiko Batista es seleccionado como el Borrego de la Semana en ContraPoder News, aunque debería ser «el imbécil del siglo».

Argentina solicita formalmente a EE. UU. la extradición de Nicolás Maduro por violaciones de DD. HH.

El juez argentino Sebastián Ramos ha solicitado este miécoles la extradición del genocida dictador que sometía a Venezuela, Nicolás Maduro, encarcelado en Nueva York tras el ataque de EE. UU. en Caracas y alrededores el pasado 3 de enero, alegando violaciones de Derechos Humanos.

«Líbrese exhorto internacional a EE. UU., a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro, quien habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia EE. UU., de conformidad con el Tratado de Extradición suscrito entre la República Argentina y este último país», ha señalado en una resolución difundida en redes sociales.

La petición formal llega un mes después de que el fiscal Carlos Stornelli solicitara iniciar el trámite y a raíz de una denuncia presentada en 2023 por el Foro Argentina para la Defensa de la Democracia (FADD) por violación de Derechos Humanos.

Precisamente esta entidad ha confirmado en sus redes sociales que «hoy, la Justicia argentina pidió la extradición» del dirigente venezolano, un extremo que ha celebrado tras «el resultado de haber estado, desde el inicio, donde había que estar para que esto ocurra, del lado de la ley y contra la impunidad».

«Más allá de la resolución concreta, queda la satisfacción de habernos enfrentado a los poderosos defendiendo férreamente los derechos humanos. Hoy es un día importante para el FADD, para Argentina, para la justicia y, sobre todo, para las víctimas venezolanas que se animaron a denunciar», ha agregado.

En la misma nota, ha recordado que reclamó a las autoridades argentinas que solicitaran la extradición de Maduro cuando este «todavía concentraba todo el poder y mucho antes de que los hechos que hoy son de público conocimiento modificaran el escenario. «Lo hicimos cuando parecía imposible y cuando enfrentar al poder tenía costos reales», ha agregado el FADD.

La organización está presidida por el diputado bonaerense Waldo Wolff, del partido conservador PRO, que en su cuenta de X ha señalado que «independientemente del desenlace, hoy reafirmamos nuestro compromiso de que Maduro y su dictadura cumplan condena, tras las rejas, por perseguir, torturar y asesinar a su pueblo».

Cabe recordar que, en el pasado, ya el juez federal de Argentina había solicitado a INTERPOL el pedido de captura internacional del dictador Nicolas Maduro y Diosdado Cabello, para enjuiciarlo por sus violaciones a los DD. HH.

Amnistía denuncia campos de trabajo y ejecuciones en Corea del Norte por ver la televisión surcoreana

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este miércoles que las autoridades de Corea del Norte han castigado durante décadas el consumo de programas de televisión surcoreanos con humillaciones públicas, trabajos forzados e incluso ejecuciones, penas que se han impuesto con mayor frecuencia a quienes no han podido pagar sobornos para eludirlas.

Amnistía ha llevado a cabo 25 entrevistas con personas que han escapado de Corea del Norte entre 2012 y 2020, recabando testimonios sobre castigos extremos —como humillaciones públicas, años en campos de trabajo e incluso ejecuciones— impuestos por ver programas de televisión de Corea del Sur, una conducta extendida en la población, según varios testimonios, pero que viola leyes de cultura que prohíben los medios de comunicación extranjeros, según ha indicado la ONG.

«Las autoridades penalizan el acceso a la información violando el Derecho Internacional y después permiten que los funcionarios se aprovechen de quienes temen el castigo. Se trata de represión sumada a corrupción, que perjudica sobre todo a quienes no poseen riquezas o conexiones», ha denunciado la directora adjunta de Amnistía Internacional para la región, Sarah Brooks.

La introducción de la Ley contra el Pensamiento y la Cultura Reaccionarios de 2020, que, ha recordado AI, define los contenidos de Corea del Sur como «ideología podrida que paraliza el sentido revolucionario del pueblo», permite que persistan estos severos castigos. La nueva ley dispone entre cinco y 15 años de trabajo forzoso por ver o poseer series, películas o música de Corea del Sur, y prescribe duras condenas, incluida la pena de muerte, por la distribución de «grandes cantidades» de estos contenidos o por organizar proyecciones en grupo.

En este contexto, varios de los entrevistados por la organización han apuntado a la posibilidad de eludir las sanciones más graves si se podía pagar. «Se captura a la gente por el mismo acto, pero el castigo depende totalmente del dinero», ha explicado Choi Suvin, de 39 años, que salió de Corea del Norte en 2019. «La gente que no tiene dinero vende sus casas para reunir 5.000 ó 10.000 dólares (4.200 ó 8.500 euros) con los que pagar para salir de los campos de reeducación». Amnistía ha señalado que esas cifras pueden suponer los ingresos de varios años para la mayoría de las familias de Corea del Norte, por lo que sólo están al alcance de las más ricas.

La ONG ha criticado que «la aplicación arbitraria y discriminatoria de las leyes es sistemática». «Funcionarios que muy probablemente también consumen medios de comunicación surcoreanos detienen y enjuician a otras personas por una conducta idéntica», ha agregado, replicando las palabras de una persona entrevistada, que ha asegurado que «las personas trabajadoras lo ven abiertamente, los funcionarios del partido lo ven orgullosos, los agentes de seguridad lo ven en secreto, y la Policía lo ve de manera segura». «Todo el mundo sabe que todo el mundo lo ve, incluso quienes llevan a cabo las operaciones represivas», ha añadido.

Con todo, AI ha apuntado a un posible cambio en lo que ha calificado como el «sistema de sobornos», aludiendo a las palabras de Kim Gayoung, de 32 años, que salió de Corea del Norte en junio de 2020 y que ha explicado a la organización humanitaria que el líder norcoreano, Kim Jong Un, comenzó a ordenar campañas de «represión intensiva» a finales de la década de 2010, presionando a los funcionarios norcoreanos para demostrar resultados en la aplicación de la ley y reduciendo así la eficacia de los sobornos.

«Estos testimonios muestran cómo Corea del Norte está aplicando leyes distópicas que significan que ver un programa de televisión de Corea del Sur puede costar la vida, salvo que se pueda pagar», ha subrayado Brooks.

Balance de Foro Penal confirma 302 liberaciones y existencia de 711 rehenes políticos

Caracas. – El balance de la ONG Foro Penal confirma, hasta este pasado miércoles, que se han realizado 302 excarcelaciones de rehenes políticos a nivel nacional, mientras que aún permanecen tras las rejas 711 ciudadanos.

Según las cifras posteadas en su cuenta de la plataforma X, de los 711 secuestrados 65 son extranjeros, mientras que 530 son civiles y 181 son militares.

También, precisa que 710 son adultos y solo hay un adolescente entre las víctimas. La gran mayoría (617) son hombres, y el resto (94) son mujeres.

Foro Penal indica que 52 de los 711 rehenes políticos están desaparecidos, es decir, no se sabe dónde están recluidos ni en cuales condiciones los tienen.

Mientras, el presidente de la ONG, Alfredo Romero, cofirmó a través de sus redes sociales, que desde el pasado 8 de enero, cuando fueron anunciadas las liberaciones de rehenes, y hasta la fecha, se han llevado a cabo 302 excarcelaciones. “Desde el #8Ene hemos podido confirmar 302 excarcelaciones de presos políticos”, señaló Romero, precisando que la cifra corresponde hasta este 29 de enero, en medio de un proceso opaco y sin información oficial detallada por parte del régimen chavista.

Varias ONG han aclarado que los presos políticos fueron excarcelados, pero no cuentan con una liberación plena, ya que se les otorgaron medidas sustitutivas a la privativa de libertad, tal como denunció este miércoles la coordinadora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo.

Tineo indicó a varios medios y agencias internacionales, que los presos políticos que han abandonado las cárceles en las últimas semanas enfrentan la prohibición de salir del país, de declarar a los medios sobre sus casos y la obligatoriedad de presentarse periódicamente ante los tribunales, entre otros.

También, aunque Foro Penal confirma 302 liberaciones, la cifra contrasta con las ofrecidas por el narcorégimen chavista. Por ejemplo, Diosdado Cabello, segundo al mando de la tiranía, aseguró esta semana que 808 personas han sido excarceladas desde «antes de diciembre», sin precisar la fecha, además de negar la existencia de rehenes políticos en el país.