Caracas. – Momentos de angustia vivieron familiares de reclusos este pasado lunes,  en las afueras del centro penitenciario Rodeo I (Miranda), tras el intento de suicidio por parte de uno de los rehenes políticos allí recluido, así como por los traslados, sin previo aviso, de un número de internos hacia otro retén.

Según relataron los familiares que hacen vigilia en la citada cárcel, el rehén que intentó quitarse la vida fue identificado como José Daniel García Contreras, quien se cortó las venas de los brazos, pero afortunadamente recibió atención médica oportuna, lo cual impidió que se desangrara.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) fue una de las primeras en denunciar esta situación, por lo cual solicitó atención médica urgente y evaluaciones psiquiátricas para presos políticos en El Rodeo I, tras alertar sobre este intento de suicidio.

En este contexto, la ONG indicó que este hecho es “una alerta roja sobre la vulnerabilidad extrema y el deterioro de la salud mental” en estos centros. También mencionó que ignorar esta situación es “una omisión gravísima” que podría considerarse “trato cruel, inhumano y degradante”.

Los presos hicieron llegar la información a través de un portavoz con quien se comunican mediante gritos que van desde el lugar de reclusión hasta donde permanecen familiares en manifestación en las inmediaciones del penal. Sin embargo, fueron pocos los detalles que pudieron aportar.

El portavoz de los reclusos denunció, una vez más, que durante los últimos días han sido víctimas de tortura. Por ello hacen un llamado a las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela con el fin de que se acerquen al Rodeo I para constatar las condiciones en las que se encuentran.

Además, las familias presentes en el penal detectaron un movimiento inusual, para trasladar a los internos hacia otro centro de detención y torturas.

Las mujeres que permanecen en vigilia a las afueras del penal relataron que, tras notar movimiento de autobuses pasadas las 8:30 de la noche, intentaron detener su salida atravesándose en la vía. Sin embargo, algunos vehículos salieron aparentemente vacíos, lo que aumentó la incertidumbre.

Posteriormente, se filtró una lista con los nombres de los reclusos trasladados, en un intento por ayudar a sus familiares a conocer su paradero ante el hermetismo de las autoridades.

Caracas. – Familiares de rehenes políticos del narcorégimen chavista protestaron este jueves, ante el Ministerio para el Servicio Penitenciario en Caracas, con el objetivo de exigir el cese de las «torturas» a las que son sometidos sus parientes en las cárceles, principalmente por funcionarios de la DGCIM, según lo atestiguado por los manifestantes.

A través de denuncias difundidas en redes sociales, los familiares señalaron que en centros como El Rodeo I y el Fuerte Guaicapuro son obligados a ingresar encapuchados al momento de realizar las visitas a sus seres queridos, una práctica que, afirman, no solo incrementa el sufrimiento, sino que constituye una forma de tortura psicológica.

Andreina Baduel, miembro de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), denunció que la cartera de Estado ha sido «cómplice» de las torturas a través del grupo SESMA, una unidad de seguridad adscrita a la DGCIM que opera dentro del sistema penitenciario.

«Semanalmente vienen (al Ministerio para el Servicio Penitenciario) los familiares a denunciar que pare el trato cruel hacia los presos políticos y no les ha dado la gana de hacer las cosas distintas», señaló Baduel.

Mientras, Margaret Baduel, hermana del rehén político Josnar Adolfo Baduel, y también integrante de CLIPPVE, explicó que uno de los objetivos de la movilización, es exigir al ente ministerial una respuesta directa a la nula voluntad  política, para mejorar las condiciones de vida dentro de las prisiones.

La activista enfatizó que la falta de respuestas institucionales solo confirma que el sistema actual no busca la justicia, sino el quebrantamiento de la dignidad de quienes se encuentran tras las rejas por motivos políticos.

Igualmente, los familiares insistieron en que estas condiciones vulneran la dignidad tanto de los privados de libertad como de sus allegados, quienes deben someterse a procedimientos degradantes para poder verlos, muchas veces por lapsos muy limitados.

Caracas. – En una decisión que conmociona tanto a los expertos en leyes, como a los defensores de Derechos Humanos en el país, la Sala de Casación Penal del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del chavismo, dictaminó que el delito de incitación al odio no prescribe con el paso del tiempo.

Así lo señaló el organismo a favor del narcorégimen, mediante la sentencia n.º 67 del 26 de febrero, medida que toma a pesar de la vigencia que tiene la recién aprobada ley de amnistía.

En esta ley, , el ente irregular estableció que la acción penal por este delito no se extingue, otorgándole un carácter de permanencia jurídica que usualmente se reserva para los crímenes más atroces de la humanidad.

La Sala fundamenta su decisión en el artículo 25 de la polémica Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Según el TSJ, debido a que dicha norma califica estos hechos como violaciones graves de derechos humanos, se les debe aplicar el principio de imprescriptibilidad.

Por su parte, la ONG Acceso a la Justicia posteó un mensaje en su cuenta en X en el que explica que la Sala estableció que el delito de “incitación al odio” tiene carácter imprescriptible debido a que los hechos previstos en esa norma constituyen violaciones graves de derechos humanos.“Este criterio resulta preocupante.

Las llamadas leyes contra el odio suelen utilizarse para criminalizar el disenso y sancionar opiniones críticas, especialmente cuando estas cuestionan al poder político o a quienes lo ejercen”, señaló la ONG.

Acceso a la Justicia argumentó que las verdaderas violaciones de derechos humanos son aquellas cometidas por el Estado, como lo son la persecución política, la represión o la censura, que es lo que promueve la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

Caracas. – Varias ONG confirmaron este pasado miércoles, que Jobani Romero, el joven detenido en agosto de 2024 tras las protestas postelectorales por intentar derribar una estatua de Chávez en Coro (Falcón), si había sido liberado hace meses, pero bajo medidas cautelares.

Tanto el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales, como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE), dieron a conocer la información sobre la excarcelación de Romero, cuya imagen se hizo viral en redes sociales por la temeraria acción que llevó a cabo.

La noticia de su liberación aclara semanas de especulaciones y reportes contradictorios que lo ubicaban erróneamente en el penal de Yare o como desaparecido. El periodista Víctor Ugas, quien compartió celda con él en el centro penitenciario de Tocorón, desmintió dichas versiones asegurando que Romero salió en libertad hace meses, exactamente en julio de 2025.

El Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales explicó, que el retraso en el reporte de su excarcelación se debió a que el joven decidió guardar silencio por temor a represalias.

Actualmente se encuentra bajo medidas cautelares de presentación, y esa es una de las razones de su encierro.

No obstante, la citada ONG exige su libertad plena mediante la aplicación de la Ley de Amnistía, calificándolo como un símbolo de la protesta ciudadana. El organismo anunció que próximamente compartirá detalles sobre su situación actual y su experiencia en detención.

Caracas. – Solo dos de las 10 mujeres que iniciaron la huelga de hambre en el comando policial Zona 7 de Boleíta (Caracas), permanecen en la protesta. Ocho de ellas tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales por descompensarse, y este jueves se llevó a cabo el más reciente de estos traslados.

En esta ocasión se trató de Yaxodara Losada, familiar de un rehén político quien fue trasladada a un centro de salud luego de presentar una descompensación, según informó la ONG Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales.

Entre las huelguistas afectadas este miércoles, según el registro diario de control que llevan las manifestantes, se encontraban Mileidy Mendoza, Narwin Gil, Mariana Escalona y Sachareth Torres. Se suman a los tres casos que se reportaron días antes, como el de Evelin Quiaro, madre del preso político Joel Bravo, quien fue retirada de la huelga el martes debido al serio deterioro de salud.

Ahora, este jueves se produjo el traslado de Losada, debido al grave cuadro físico y anímico que registró.

Fuentes de los familiares de los rehenes políticos que están en Zona 7, informan que solo permanecen en huelga Mileydi Mendoza y Narwin Gil, mientras que las otras ocho manifestantes han abandonado la protesta por complicaciones de salud derivadas de la medida extrema.

Las familias responsabilizan al narcorégimen chavista por la vida e integridad de quienes protestan, señalando que la incertidumbre y los anuncios no ejecutados han profundizado el sufrimiento de las madres que hoy arriesgan su salud en toldos improvisados.

Las manifestantes, que suman más de 40 días pernoctando a la intemperie, comenzaron a mostrar las consecuencias del ayuno prolongado y la alta tensión acumulada. Según los reportes de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, las afectadas han requerido atención médica de emergencia por presentar fuertes dolores abdominales y de cabeza, náuseas y mareos, así como debilidad general extrema.