Texas aprueba incluir lecturas bíblicas obligatorias en los programas educativos para millones de estudiantes

Las autoridades del estado de Texas han aprobado incluir lecturas bíblicas obligatorias en los programas educativos para millones de estudiantes de la Escuela Primaria y Secundaria para completar la enseñanza de literatura, que también incluirá títulos clásicos.

Este plan afectará a más de 5 millones de estudiantes de la escuela pública en Texas, un estado cuya educación está cada vez más influenciada por valores religiosos, lo que ha levantado la polémica.

Ahora, serán varios los títulos que deberán leerse «en su totalidad» en cada curso, incluidos versículos de la Biblia. Aunque no es común que sean las autoridades las que dicten qué libros leer en cada colegio, Texas podría convertirse así en el primer estado en decidido el programa para cada una de estas escuelas.

La nueva lista de títulos obligatorios incluirá una adaptación ilustrada de la historia de David y Goliat para estudiantes de Primaria y pasajes bíblicos sobre Adán y Eva para estudiantes de mayor edad. También hará especial hincapié en la literatura clásica y textos históricos estadounidenses, como el Discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln.

Asimismo, la junta escolar también aprobó una revisión del currículo estatal de estudios sociales, centrándose más en la historia de Texas y EE. UU. y restando importancia a algunas enseñanzas sobre historia y culturas globales, lo que ha provocado divisiones entre los profesores.

Amnistía Internacional denuncia el «adoctrinamiento» de Rusia en las aulas: «Son fábricas de sumisión»

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este lunes el «adoctrinamiento estatal» al que son sometidos niños y niñas de todo el país a diario en las escuelas, al tiempo que ha advertido de que estos centros educativos se han convertido en «fábricas de sumisión» donde se somete a los menores a una fuerte vigilancia.

«Las autoridades rusas niegan a los niños y niñas el derecho a una educación de calidad utilizando clases y libros de texto cargados de propaganda para adoctrinarlos y justificar la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, al tiempo que reprimen la libertad de expresión, el pensamiento independiente y el acceso a la información», ha indicado la organización en un comunicado.

En su nuevo informe ‘Solo Fuentes Oficiales: Adoctrinamiento en el Sistema Educativo Ruso’, Amnistía ha documentado cómo se somete a los niños y niñas de toda Rusia y la Ucrania ocupada a «la ideología del Estado a través de un programa de estudios controlado por el poder central».

Asimismo, ha detallado cómo los docentes reciben instrucciones para vigilar las acciones de sus estudiantes en Internet, recopilar archivos con información sobre las opiniones que expresan e informar a las autoridades de las posibles opiniones disidentes o críticas sobre asuntos políticos y sociales.

«Los centros escolares rusos han dejado de ser templos del saber para convertirse en fábricas de sumisión. El Estado ruso es quien determina lo que niños y niñas deben aprender de Rusia, sus vecinos y el resto del mundo. Aunque utilizar las escuelas para hacer propaganda política no es exclusivo de Rusia, la intensidad y la dimensión de las iniciativas del Kremlin para colocar el adoctrinamiento en el centro del sistema educativo las convierten en sistémicas», ha manifestado Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central.

«Los libros de texto rusos presentan una visión única de la historia que justifica cualquier decisión tomada en Moscú para usar la fuerza contra sus vecinos. Describen la agresión en curso de Rusia contra Ucrania como una necesidad histórica y una cuestión de supervivencia nacional, mientras que cualquier opinión alternativa se tacha de ‘hostil’ o ‘destructiva'», ha lamentado.

Cabe señaalr que, desde 2023, el Ministerio de Educación ruso ha introducido un único conjunto obligatorio de libros de texto de Historia y otros materiales educativos que describen Rusia como una «fortaleza sitiada», niegan o reducen la identidad de Ucrania y su condición de Estado, y presentan todas las intervenciones militares soviéticas y rusas como necesarias o legítimas.

«Una educación concebida para privar a niños y niñas de la oportunidad de formarse sus propias opiniones y aprender a pensar de forma crítica e independiente en su etapa formativa es incompatible con las leyes y normas de derechos humanos. El enfoque de Rusia vulnera sus obligaciones en virtud de varios tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño», recoge el texto.

Los intentos de Rusia de formar una población estudiantil «obediente e incondicional» se refuerzan a través de coacciones, vigilancia y el uso de perfiles, destaca. «Las autoridades rusas están adoptando medidas profilácticas que conllevan no sólo la difusión de propaganda, sino también la vigilancia clandestina y constante del alumnado dentro y fuera de las aulas, incluso en Internet», ha explicado Struthers, que ha añadido que en la práctica estas directrices «fomentan el control de las ideas políticas, religiosas y personales de los niños».

Es por ello que desde Amnistía han lamentado que se esté pidiendo a los colegios «identificar a los estudiantes y miembros del personal cuyas opiniones, actividades online y asociaciones expresen deslealtad o susceptibilidad a influencias destructivas». Entre estos grupos están la Fundación Anticorrupción del fallecido Alexei Navalni, el movimiento juvenil de protesta Vesna y el inexistente «movimiento internacional LGTBI», todos ellos penalizados sólo por «alzar la voz en favor de los Derechos Humanos», ha aseverado Amnistía.

«Las autoridades rusas han demostrado no tener límites en cuanto a lo que son capaces de hacer para imponer su narrativa ideológica profundamente politizada a la siguiente generación, y para asegurarse de que se identifica y sanciona a quienes no se atienen a esa narrativa. Esto constituye una violación del derecho de la infancia a la intimidad y a la libertad de expresión y de asociación», ha afirmado Struthers.

En este sentido, ha argumentado que «la mente de un niño o una niña no es propiedad del Estado». «Sin embargo, las autoridades rusas parecen tratar las aulas como terreno de siembra que debe inspeccionarse en busca de los primeros brotes de disidencia cívica para poder extirparlos antes de que crezcan», ha dicho.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades rusas que garanticen que el programa de estudios, los libros de texto y otros materiales educativos no coarten ni impidan la libertad de expresión y el libre intercambio de ideas. «Estudiantes y docentes deben tener acceso a una amplia diversidad de fuentes y poder debatir libremente sobre acontecimientos históricos y actuales sin miedo a represalias», ha declarado.

«Las autoridades deben anular todas las leyes y normas que castigan la expresión pacífica o excluyen las voces disidentes de la educación, poner fin de inmediato a las actividades ilícitas de vigilancia y uso de perfiles sobre el alumnado y el personal educador, destruir todos los datos recopilados ilegalmente, ofrecer recursos efectivos y reparación a las personas afectadas y obligar a rendir cuentas a quienes han cometido violaciones de derechos humanos», ha apuntado.

A finales de marzo, Pavel Talankin, director ruso ganador de un Óscar en la categoría de «mejor largometraje documental» por ‘Mr Nobody contra Putin’ fue incluido en la lista de agentes extranjeros de Rusia, que lo acusa de crear contenido para «organizaciones indeseables» y «difundir información falsa sobre decisiones y políticas adoptadas» en el territorio ruso.

La película, dirigida junto al estadounidense David, fue galardonada también por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA). El documental incluye material grabado por Talankin antes de abandonar Rusia en 2024 y que muestra cómo se imparten algunas clases en Rusia, con un alto componente de información propagandística relacionada con la guerra de Ucrania.

Debate sobre Libertad en la UCV analizará la intervención estatal en el matrimonio

Caracas, 2026 – El próximo 17 de abril de 2026, la Universidad Central de Venezuela (UCV) se convertirá en el escenario de un análisis profundo sobre los límites del control público en la esfera privada. Bajo el título «Matrimonio, Estado y Derecho», el evento busca cuestionar la necesidad de la validación burocrática en las instituciones sociales.

El encuentro, que tendrá lugar en el Auditorio Carlos Marx (FACES) —también conocido como Auditorio Azul— a las 13:00 horas, abordará la premisa de si el matrimonio es una creación puramente legislativa o una institución social preestatal que debería regirse exclusivamente por la voluntad de las partes.

La jornada contará con dos presentaciones principales diseñadas para confrontar el paradigma actual de la cultura jurídica y religiosa:

  • Roberto Hung, experto abogado, disertará sobre la «deslegalización» del matrimonio y la urgencia de transformar la estructura legal vigente para devolver autonomía a los individuos.
  • Roymer Rivas, teorico del Creativismo Filosófico, evaluará la relación entre el matrimonio, la Biblia y la historia, analizando si existe un sustento real para la exigencia estatal de legitimar vínculos ante Dios.

Cabe señalar que, en un entorno como el de Venezuela, donde el debate sobre las libertades individuales cobra especial relevancia, a pesar de las adversidades, esta iniciativa se presenta como un espacio necesario para cultivar el pensamiento crítico.

Asimismo, este evento responde a un proyecto de miembros de EsLibertad Venezuela que pretende llevar a cabo varios «Dialógos Críticos» sobre temas de Libertad, sociedad, filosofía, política y economía, en el plano estrictamente académico.

En esta oportunidad, el tema es sobre el Matrimonio, Dios y el Estado, y no solo se limita al análisis jurídico o teológico, sino que propone una reflexión objetiva sobre cómo la burocracia puede influir en los pactos privados de los ciudadanos.

La actividad busca dotar a los asistentes de herramientas intelectuales para comprender mejor el concepto de Libertad dentro del contexto venezolano actual, promoviendo el diálogo académico y la confrontación de ideas como pilares del desarrollo social.

Detalles del evento:

  • Fecha: 17 de abril de 2026.
  • Hora: 13:00 (Ven).
  • Lugar: Auditorio Carlos Marx, o Auditorio Azul, UCV – FACES, Caracas.
  • Costo: Entrada gratuita.
  • Registro: Los interesados pueden asegurar su cupo a través del siguiente enlace: https://goo.su/i81dg.

Es necesario señalar que este evento no solo es impulsado por EsLibertad Venezuela, sino por Tomos EBA-UCV, Humano Insurrecto, Cedice Libertad, Red Joven, Ladies Of Liberty Alliance (LOLA), y el la Escuela de Filosofía de la UCV, organizaciones dedicadas a la promoción de los valores de la libertad, Democracia, el debate abierto y el cultivo del pensamiento crítico, al considerarlos pilares para el desarrollo de las naciones libres.

Crisis académica en la Escuela de Filosofía de la UCV: el 20% del estudiantado en riesgo por mala gestión administrativa

Caracas, 2026 – Un reciente informe emitido por el Centro de Estudiantes de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela (UCV) ha encendido las alarmas sobre una situación de rezago sistémico que afecta a casi la quinta parte de su población estudiantil. Lo que comenzó como quejas aisladas por la inscripción de materias básicas se ha revelado como un «cuello de botella» administrativo que amenaza con retrasar las graduaciones por años.

Cifras alarmantes sobre el problema

Tras un sondeo realizado por el Secretario de Asuntos Académicos Anthony Parra Ledezma, se detectó que al menos 57 estudiantes —cifra que ya asciende a más de 60— presentan dificultades críticas para inscribir materias del núcleo básico. Cabe señalar que este grupo representa aproximadamente el 20% de la escuela.

En una entrevista realizada por ContraPoder News, Parra resalta que el problema radica en que el sistema de inscripciones prioriza a los alumnos que cursan el semestre correspondiente, dejando sin cupos a aquellos que, por motivos personales, laborales o de evaluación, necesitan repetir o recuperar una materia. Al no abrirse nuevas secciones, estos estudiantes quedan atrapados en un ciclo de espera que puede durar varios semestres.

El «Semestre de Emergencia»: un remedio peor que la enfermedad

En este marco, el Centro de Estudiantes denuncia que la actual dirección de la academia, encabezada por el Director Jorge Enrique Machado, intentó mitigar el problema mediante el denominado «semestre de emergencia», pero esta medida es una «improductiva resolución», dado lo siguiente:

  • Sacrificio académico: para abrir secciones básicas sin contratar nuevo personal, la Escuela reduce la oferta de materias para estudiantes avanzados, lo cual causa:
  • Desequilibrio: porque se intenta solucionar el atraso de un grupo a costa de retrasar a otro, generando un efecto dominó de desatención académica. En este marco, ocurre una:
  • Falta de regularidad: porque las materias obligatorias, como el estudio de Aristóteles, pueden tardar hasta dos años en volver a ofertarse, obligando a los estudiantes a permanecer en la universidad tiempos extraordinarios solo para cursar una asignatura.

Denuncias de irregularidades y nepotismo

No conforme con esto, el informe es tajante al señalar que existen mecanismos para solucionar la falta de docentes que no están siendo utilizados por razones extra-académicas. Por ejemplo:

  1. Contrataciones selectivas: se denuncia que la única contratación reciente realizada por el Director Machado fue la de su asistente, René Morado, quien es miembro de su propio partido político y aún no está licenciado. Por si fuera poco, dicha contratación se habría hecho sin la aprobación del Departamento de Praxis y sin que el beneficiado imparta clases regulares.
  2. Bloqueo al Instituto de Filosofía: a pesar de contar con personal capacitado en el Instituto de Filosofía, el Director evita recurrir a ellos debido a «problemas personales» y conflictos de poder administrativo.
  3. Restricciones arbitrarias: el Consejo ha establecido condiciones que limitan el acceso de profesores solo a ciertos departamentos, cerrando las puertas a soluciones externas que ya aplican otras escuelas como Letras o Bibliotecología.

Un futuro insostenible

En este escenario, la Secretaría de Asuntos Académicos concluye que la gestión actual muestra una «falta de compromiso con lo público». De no corregirse la proyección de las decisiones políticas y administrativas, la carga académica será insostenible: estudiantes de quinto o sexto semestre seguirán arrastrando materias básicas, mientras la oferta para los niveles superiores continúa desapareciendo.

«El problema tiene dimensiones enormes y los inconvenientes seguirán aumentando… se están utilizando decisiones con intereses ajenos a la solución», reza el informe final.

El presidente de EE. UU. reclama unos USD$ 1000 millones a Harvard en daños y perjuicios

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha reclamado este lunes USD$ 1.000 millones a la Universidad de Harvard en daños y perjuicios alegando que ha estado alimentando con «tonterías» al ‘New York Times’, después de que este diario haya publicado que su Administración había decidido no solicitar una indemnización al prestigioso centro académico, al que acusa de antisemitismo.

«Ahora reclamamos USD$ 1.000 millones por daños y perjuicios, y no queremos tener nada más que ver con la Universidad de Harvard en el futuro», ha señalado en un extenso mensaje difundido en Truth Social, donde ha asegurado que Harvard «lleva mucho tiempo comportándose muy mal».

Trump ha declarado que la «fuertemente antisemita» Universidad «quería llevar a cabo un complicado concepto de formación laboral, pero fue rechazado por ser totalmente inadecuado (que) no era más que una forma de que se librara de un gran acuerdo económico de más de USD$ 500 millones, una cifra que debería ser mucho mayor por las graves y atroces ilegalidades que han cometido».

«Esto debería ser un asunto penal, no civil, y Harvard tendrá que asumir las consecuencias de sus actos ilícitos. En cualquier caso, este caso continuará hasta que se haga justicia», ha defendido, antes criticar el «pésimo trabajo» del presidente de Harvard, Alan Garber, para «rectificar una situación muy grave para su institución».

En otro mensaje posterior, el mandatario estadounidense ha exigido a los responsables del ‘New York Times’ de modificar una noticia que, ha asegurado, es «completamente errónea». «La cobertura que me ha dado el ‘New York Times’ es deliberadamente errónea. Pronto veremos cómo me va en mi demanda contra estos estafadores», ha agregado.

Trump anunció a finales de septiembre del pasado año un acuerdo con la Universidad de Harvard, que tendría que abonar, según él, poco más de USD$ 500 millones, en el marco de la batalla legal emprendida por el magnate ante el recorte de financiación dictado por la Casa Blanca contra este y otros centros universitarios por acoger en sus espacios protestas propalestinas.

Director de un liceo obliga a estudiantes a apoyar a Delcy Rodríguez mientras «regresa Maduro»

Caracas. – Se ha hecho viral una denuncia en redes sociales sobre la situación ocurrida en el liceo Luisa Franco de Villavicencio, ubicado en San Luis, estado Falcón, cuyo director, Vicente Rovero, fue captado en un video adoctrinando ideológicamente a los alumnos para que apoyen a Delcy Rodríguez mientras el genocida dictador Nicolás Maduro es retornado a Venezuela para, supuestamente, retomar su cargo.

En el video se aprecia como Rovero amenaza y presiona a los estudiantes para que expresaran apoyo político a la dirigente chavista Delcy Rodríguez, en el marco de una supuesta “transición” hasta el eventual retorno de Maduro.

Alumnos, padres y representantes del plantel decidieron difundir la grabación para exponer al docente y la práctica ilegal que está llevando a cabo.

De acuerdo con testimonios y material audiovisual que circula en redes sociales, los alumnos fueron obligados a participar en actos políticos dentro del recinto escolar, en abierta violación a su derecho a una educación libre, plural y sin imposiciones ideológicas. En las imágenes se observa a menores de edad formados y expuestos a mensajes políticos, mientras se les exige respaldo a figuras del régimen.

Organizaciones civiles y padres de familia han reaccionado con indignación, advirtiendo que este tipo de prácticas constituyen adoctrinamiento político y una forma de abuso de poder, especialmente grave por involucrar a niños y adolescentes.

“Las escuelas no son centros de propaganda. Con los niños no se metan”, es el reclamo que se multiplica en redes y comunidades educativas.

También, la comunidad educativa señaló que estos hechos generan preocupación e indignación entre los representantes, quienes exigen respeto al derecho de los jóvenes a una educación libre de presiones ideológicas.

Los denunciantes hicieron un llamado para que pare está situación y garanticen un ambiente académico imparcial y acorde a los principios establecidos en la ley.

Se suspenden las ayudas para investigación a la Universidad de California por «antisemitismo» y «sesgos» en el campus

La Administración del presidente estadounidense, Donad Trump, ha suspendido algunos fondos de investigación concedidos a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) debido a preocupaciones relacionadas con muestras de antisemitismo y parcialidad en el campus, según han informado las autoridades académicas de la institución.

«Recientemente, hemos recibido la notificación de que el Gobierno federal suspende ciertos fondos de investigación a UCLA. Esto no solo representa una pérdida para nuestro profesorado e investigadores, sino también para las personas de todo el país que dependen de los avances e innovaciones que se originan aquí», ha lamentado el rector de la universidad, Julio Frenk, en un anuncio en X.

Respecto a la acusación de «antisemitismo y sesgo» como razones para la suspensión de fondos, Frenk ha insistido en que comparte «el objetivo de erradicar el antisemitismo», comportamiento que «no tiene cabida en el campus ni en la sociedad», ha manifestado su «compromiso personal de combatir el fanatismo en todas sus formas».

En este marco, el rector ha advertido de que la suspensión podría poner en riesgo cientos de subsidios procedentes del Departamento de Energía, la Fundación Nacional de Ciencias y los Institutos Nacionales de Salud, entre otras instituciones.

No obstante, el responsable de la institución académica ha aseverado que la universidad «se ha estado preparando» para anuncios gubernamentales como este y ha revelado que cuentan con «planes de contingencia listos» y que están «haciendo todo lo posible» para responder a este «difícil momento».

«Lidero un equipo enfocado en la investigación que se reúne todos los días y estaremos en comunicación constante a medida que avancemos. Este es un momento difícil, pero conozco (nuestro) espíritu. Hemos enfrentado desafíos serios antes, y los superamos porque permanecemos unidos. Somos una sola UCLA», ha afirmado, sin ocultar su preocupación ante una retirada de fondos que afecta a áreas que considera deberían ser «prioridades nacionales».

Así, Frenk ha incidido en que la supresión del financiamiento a «investigaciones que salvan vidas» no es en absoluto la forma de «resolver las acusaciones de discriminación».

«Cada día, la investigación en UCLA salva vidas y sirve a nuestras comunidades. Y las subvenciones que recibimos conducen a descubrimientos médicos, avances económicos, una mejor seguridad nacional y mayor competitividad global», ha agregado.

Universidad de Columbia pagará unos USD$ 200 millones para restaurar los fondos cortados por Trump

La Universidad de Columbia ha accedido a pagar USD$ 200 millones para restaurar los fondos federales que le fueron recortados por la Administración Trump por su —supuesta— violación de las leyes contra la discriminación, en relación con las protestas propalestinas que Washington tildó de antisemitas.

Para la prestigiosa universidad se trata de «un importante paso adelante después de un prolongado periodo de escrutinio federal e incertidumbre institucional», mientras que para el presidente, Donald Trump, es un «acuerdo histórico» que incluye además el fin de algunas «ridículas políticas» de Columbia.

Cabe recordar que, el pasado mes de marzo, Trump canceló USD$ 400 millones en subvenciones al considerar que estaba permitiendo dentro de sus instalaciones manifestaciones antisemitas y la persecución de estudiantes y docentes judíos e israelíes.

Tras ello, Columbia accedió a las demandas que le fueron impuestas a cambio de negociar la vuelta de unos fondos de los que dependían cientos de proyectos de investigación, como prohibir el uso de mascarillas en las protestas, o contratar a más personal de seguridad y a un nuevo vicerrector encargado de supervisar el departamento de Estudios sobre Oriente Próximo.

Estos 200 millones de dólares serán abonados el Gobierno Federal en concepto de multa durante los próximos tres años, además de otros USD$ 21 millones para resolver las investigaciones de la comisión de igualdad de oportunidades, que Trump fija como una indemnización a los «trabajadores judíos que fueron perseguidos».

Trump ha celebrado la decisión del centro y, lejos de dar por cerrado la campaña de presión sobre las universidades del país, ha advertido en Truth Social de que «se avecinan» otras muchas que «han perjudicado a tantos, han sido tan injustas y desiguales, y han gastado incorrectamente dinero federal.

El presidente estadounidense también ha celebrado que con este acuerdo la universidad haya dejado de lado «sus ridículas políticas» de diversidad y equidad y que a partir de ahora solo acepten estudiantes «basándose únicamente en el mérito».

Cabe señalar que varias universidades fueron centro de multitudinarias protestas contra la campaña militar lanzada por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, entre ellas Harvard, que no ha accedido a las presiones de Trump y denunció al Gobierno por amenazar con quitarle la financiación.

EE. UU. investiga la participación de Harvard en el programa de estudiantes de intercambio

La Administración de Donald Trump ha anunciado este miércoles la apertura de una investigación sobre la elegibilidad de la Universidad de Harvard como patrocinador del programa de estudiantes de intercambio, en medio de la campaña del Gobierno estadounidense contra las instituciones educativas bajo el argumento de inacción ante el antisemitismo en sus campus.

«Todos los patrocinadores que participan en este programa deben cumplir plenamente con las regulaciones para visitantes de intercambio, ser transparentes en la presentación de informes, y demostrar su compromiso con el fomento de los principios de intercambio cultural y entendimiento mutuo que fundamentaron el programa», ha dicho el secretario de Estado, Marco Rubio.

A través de un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense ha subrayado que, «para mantener su privilegio de patrocinar visitantes de intercambio, deben cumplir con todas las regulaciones, incluyendo la realización de sus programas de una manera que no socave los objetivos de política exterior ni comprometa los intereses de seguridad nacional».

«El pueblo estadounidense tiene derecho a esperar que sus universidades defiendan la seguridad nacional, cumplan con la ley y proporcionen entornos seguros para todos los estudiantes. La investigación garantizará que todos los programas del Departamento de Estado no sean contrarios a los intereses de nuestra nación», ha agregado Rubio.

En este contexto, Trump promulgó a principios de junio una proclamación con la que pretende impedir que la Universidad de Harvard admita a estudiantes extranjeros, si bien sus aspiraciones han sido bloqueadas por el poder judicial.

La decisión de Trump obligaba a Harvard a rechazar a los estudiantes extranjeros durante el curso académico 2025-2026, obligándolos a trasladarse a otra universidad «o perder su estatus legal». En este contexto, añadía, para recuperar el certificado antes del próximo año académico, Harvard «debe proporcionar toda la información requerida».

UCV mantiene pruebas internas para nuevos ingresos, pese a medidas del narcorégimen

Caracas. – La Universidad Central de Venezuela (UCV) informó este pasado jueves, que continuará aplicando el mecanismo de pruebas internas para la admisión de nuevos estudiantes, pese a las medidas que el narcorégimen pretende aplicar a través del ministerio de educación superior.

La decisión fue tomada por el Consejo Universitario de la UCV, el cual aprobó continuar con la segunda fase del Sistema de Ingreso por Mérito Académico y Diagnóstico Integral 2025 (Simadi 2025).

La casa de estudios reveló en un comunicado publicado en Instagram que la decisión está fundamentada en el artículo 109 de la Constitución, que garantiza la autonomía universitaria, y en el artículo 26 de la Ley de Universidades, que establece la facultad de las instituciones para organizar sus procesos de admisión conforme a criterios académicos.

En este marco, indicó que los aspirantes que participen en este proceso recibirán oportunamente información sobre su avance a través de los canales oficiales de la secretaría.

Según explicó la UCV, la prueba busca realizar un “diagnóstico de los conocimientos adquiridos”, evaluación que se complementa con «el promedio de notas obtenidas durante su formación en los primeros cuatro años de educación media».

El narcorégimen chavista pretende suprimir todas las pruebas internas de admisión en las universidades públicas del país, para asignar los cupos de nuevos ingresos a dedos, y con ello, incrementar aún más su fallido, pero terrible, control social.