Oriana Aranguren estudia Ciencias Fiscales, mención Aduanas y Comercio Exterior, y es cofundadora del capítulo Ladies of liberty Alliance (LOLA) Caracas, desde donde se promueve el liderazgo femenino en el movimiento libertario. También, es coordinadora local de EsLibertad Venezuela.
«… una comunidad que se organiza para limpiar un parque o crear una biblioteca local, más que generar un impacto social y un sentido de logro que ninguna acción gubernamental puede replicar, demuestra cuan fuerte es su sociedad«
Oriana Aranguren
¿Para qué votar si al final nada cambia? ¿Para qué involucrarse en los asuntos de la comunidad si las decisiones importantes se toman en despachos lejanos, por personas a las que nunca conoceremos? Estas preguntas, que resuenan cada vez con más fuerza en las conversaciones cotidianas y se reflejan en las crecientes tasas de abstención electoral de muchas democracias consolidadas, no son meros síntomas de cinismo, más bien son el eco de una queja profunda que adolece el sistema que tanto nos ha costado construir: la Democracia, una fatigada.
Tradicionalmente, entendemos la Democracia como el derecho a elegir a nuestros gobernantes, en un escenario de cultura de participación activa, donde los ciudadanos son los protagonistas de su destino colectivo, o al menos así lo venden. Sin embargo, este ensayo argumenta que la expansión desmedida del Estado y su intervención en casi todos los aspectos de la vida, lejos de fortalecer la Democracia, puede estar generando precisamente una fatiga cívica, es decir, que el ciudadano opte por no inmiscuirse en los asuntos públicos y, en casos extremos, hasta se olvide del sentido de comunidad con sus más cercanos.
La paradoja de nuestro tiempo es que, en el afán de crear un Estado que nos proteja y solucione todos nuestros problemas, de hecho, estamos debilitando la voluntad ciudadana para gobernarse a sí misma, demostrando, de esta manera, que no es que la Democracia esté condenada a fallar por sí misma, sino que el exceso de un tipo de régimen la asfixia lentamente: la hipertrofia del Estado.
El Estado omnipresente: cuando la solución se vuelve parte del problema
Para comprender esta dinámica, es crucial definir qué entendemos por “hipertrofia de Estado”. En principio, no se trata simplemente de una cuestión de tamaño presupuestario o de número de funcionarios públicos, sino de su alcance. Un Estado se vuelve excesivo, gigante, cuando trasciende sus funciones esenciales —que, si partimos de un pensamiento más minarquista, es: garantizar la seguridad, impartir justicia y proteger los derechos fundamentales— para convertirse en el gestor principal, y a menudo exclusivo, de la economía, la educación, la salud, el bienestar social e incluso de las decisiones más íntimas de la vida cotidiana, actuando bajo la premisa de ser una entidad omnisciente y benevolente, cuya intervención es necesaria para corregir cualquier imperfección de la sociedad —con la retorica de que es para el mismo bien de la sociedad, el “bien común”—.
Esta omnipresencia e hipertrofia se manifiesta en una abrumadora centralización de las decisiones, es decir, cuando el poder para regular, financiar y administrar se concentra en aparatos burocráticos centrales que reduce drásticamente el espacio para la iniciativa individual y la autoorganización comunitaria, dejando en manos de los políticos el destino de millones de personas. Sin embargo, si el Estado “lo resuelve todo” o, más precisamente, “lo regula todo” —como les gusta a los socialistas—, la pregunta lógica que emerge en la mente del ciudadano es: ¿Para qué debo involucrarme? Esto es: que cuando el Estado es grande, la necesidad de asumir responsabilidades a nivel local o personal disminuye, ya que existe una entidad superior encargada de ello —o que dice encargarse—, por lo que el resultado es una ciudadanía que aprende a esperar en lugar de actuar, a solicitar en lugar de crear, en suma, a no ser proactiva a la hora de solucionar sus mismos problemas —por más pequeños que sean en muchos casos—.
Podemos ilustrar este fenómeno con ejemplos claros y concretos: en la economía, una regulación excesiva, a menudo justificada por la protección del consumidor o la estabilidad del mercado, puede convertirse en una barrera insalvable para la pequeña empresa y el emprendimiento, pues la maraña de permisos, licencias e inspecciones no solo consume tiempo y recursos que podrían destinarse a la innovación, sino que disuade a muchos de siquiera intentarlo. De este modo, el ciudadano no percibe al Estado como un árbitro justo, sino como un guardián burocrático que sofoca la iniciativa y, con ello, la capacidad de la sociedad para generar riqueza y empleo de forma orgánica. ¿El resultado? La responsabilidad de la prosperidad se traslada íntegramente a las políticas gubernamentales.
Pero vayamos ahora a lo cotidiano, a la comunidad: donde vivo, por ejemplo, extremadamente muy pocos vecinos —menos del 2% de una población de 500 casas, donde hay, en promedio, 3 personas por cada una— se preocupan por arreglar el problema de alcantarillado, porque esperan que el Estado venga a solucionarlo, a pesar de que han pasado meses sin respuesta y de que, como estamos en época de lluvia, la calle de desborda casi todos los días. Y estoy segura que podemos encontrar muchos casos como estos en muchos lugares donde el Estado medie todas las interacciones humanas.
Esto ilustra como un Estado, que dice ser muchas veces “de Bienestar”, que pretende cubrir cada contingencia de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, puede, sin quererlo —o a veces queriendo, no subestimemos las ansias de poder de muchos políticos—, erosionar las redes de apoyo naturales, como es el caso de la caridad, la ayuda mutua y la filantropía, que históricamente fueron pilares de la cohesión comunitaria, y que se ven opacadas o sustituidas por programas estatales impersonales. Si nos detenemos un poco y observamos a las personas en nuestra cotidianidad, veremos cómo diariamente, por solo mencionar un ejemplo, la responsabilidad por el vecino en apuros se delega a una agencia gubernamental, transformando un acto de solidaridad voluntaria en una obligación fiscal anónima. Así, la comunidad deja de ser una red de apoyo mutuo para convertirse en una colección de individuos que dirigen sus demandas hacia el mismo proveedor central: el Estado.
La erosión de la responsabilidad y la iniciativa cívica
Como ya mencionamos, el modelo de Estado omnipresente tiene una consecuencia psicológica y social devastadora: la erosión sistemática de la responsabilidad individual y la iniciativa cívica, puesto que, a medida que el gobierno asume más y más funciones, los ciudadanos son sutilmente reeducados para delegar sus responsabilidades. De esta manera, los problemas que antes se consideraban del ámbito personal, familiar o comunitario —la educación de los hijos, el cuidado de los ancianos, la seguridad del barrio— pasan a ser percibidos como “problemas del Estado”. En resumen, el ciudadano deja de ser un agente activo, un protagonista de su propia vida y la de su comunidad, y pasa a ser un cliente pasivo, un receptor de servicios, un mero espectador de las políticas públicas.
Esta delegación genera una profunda desconexión entre el esfuerzo individual y el resultado colectivo, deja de haber sentido de pertenencia, lo cual lleva a que, cuando surja un problema social, como el deterioro de un espacio público, la respuesta instintiva ya no es “organicémonos para solucionarlo”, sino “exijamos al gobierno que actúe”. Como el ciudadano paga sus impuestos y emite su voto, cree que todo acaba allí, sin reparar en que el vínculo directo entre su contribución y la mejora tangible de su entorno se vuelve opaco y distante en un régimen de Estado centralizado, dominado por un grupo pequeño que, por lo general, se encuentra muy distante de los problemas de la mayoría.
En este punto, se hace necesario recordar que el proceso burocrático es lento, impersonal y, a menudo, frustrante, y, junto a la falta de retroalimentación positiva, aniquila la motivación para participar. Por ello, el libertario debe velar por fortalecer a la comunidades, construir las cosas de abajo hacia arriba, porque una comunidad que se organiza para limpiar un parque o crear una biblioteca local, más que generar un impacto social y un sentido de logro que ninguna acción gubernamental puede replicar, demuestra cuan fuerte es su sociedad, fundamentada en la libre interacción entre sus miembros, unos que cooperan y se coordinan para solucionar problemas comunes. Entendiendo esto, entonces, podemos comprender que, cuando se priva a las personas de estas oportunidades, por extensión se les priva también de los músculos de la ciudadanía.
La Democracia como espectáculo
No obstante, cuando la ciudadanía activa se retrae, puede que la Democracia no desaparezca del todo —ya dependerá de la concepción que tenga cada uno sobre el término—, pero sin duda alguna se transforma en algo muy distinto: un espectáculo, porque la participación se reduce a su mínima expresión, convirtiendo el voto en un acto cada vez más pasivo y ritualista. En lugar de ser la culminación de un proceso de deliberación e implicación continua sobre asuntos públicos, las elecciones se convierten en un acto esporádico de adhesión o de protesta, sin repercusión significativa alguna para un cambio.
En un escenario así, los ciudadanos no eligen a representantes para que ejecuten una voluntad común que ellos mismos han ayudado a formar, sino que escogen a la figura o al partido que promete ser el “gestor” más eficiente de la enorme maquinaria estatal. Es decir, se vota por quien administrará mejor nuestras vidas desde arriba, no por quien nos facilitará las herramientas para administrarlas nosotros mismos desde abajo, convirtiendo a la política en un producto de consumo, y a los ciudadanos en meros espectadores que aplauden o abuchean desde la grada.
Asimismo, otra de las consecuencias más peligrosas de este modelo es la intensificación de la polarización y el tribalismo, porque cuando el Estado concentra un poder tan inmenso sobre los recursos, la economía y la vida social, el control del gobierno se convierte en el premio máximo, en un juego de suma cero en el que ganar una elección ya no significa simplemente tener la oportunidad de implementar un programa político, sino obtener el poder de moldear la sociedad entera a imagen y semejanza de la propia ideología, sin contrapeso ciudadano alguno. En este contexto, la facción contraria —la “oposición”— ya no es vista como un adversario con ideas diferentes con quien se puede convivir en un marco de libertad, sino como una amenaza existencial que, si alcanza el poder, utilizará el aparato estatal para imponer su visión y sus valores sobre todos los demás.
En última instancia, la política deja de ser un debate sobre cómo administrar lo común para convertirse en una guerra cultural por el control total, y las personas comienzan a pelear por ver quien puede hacerse con dicho poder, sea de forma directa o indirecta —aprovechando los amigos que sí tienen capacidad de decisión o incidencia—, siendo una confrontación por el control del Estado que absorbe toda la energía cívica, dejando poco espacio para la cooperación y el consenso.
Tan solo vea las discusiones y/o debates de los políticos, o quienes pretenden serlo: el foco de todas ellas, en gran medida —si acaso no por completo— se centra casi exclusivamente en lo que el gobierno hace, deja de hacer o debería hacer; el progreso y el bienestar se miden en términos de gasto público, nuevas regulaciones o programas estatales, distorsionando por completo la noción de una sociedad próspera. Todo, menos fijar la vista en las ideas de libertad, en que la verdadera riqueza se crea a través de la innovación empresarial, la cooperación voluntaria, la fortaleza de las familias y la vitalidad de las comunidades locales.
Hacia una sociedad con alta y fortalecida participación cívica
En conclusión, la tesis es clara y preocupante: el crecimiento desmedido del alcance estatal, aunque a menudo bien intencionado, provoca una peligrosa fatiga democrática, fomenta la pasividad, erosiona la responsabilidad individual, desconecta al ciudadano de los resultados y convierte la política en una batalla campal por el control de un poder centralizado. Es necesario entender que la apatía y el cinismo no surgen de la nada, más bien son respuestas lógicas a un sistema que relega al ciudadano al papel de espectador de su propia vida y sus propios problemas
La solución, por tanto, no puede encontrarse en más intervención estatal o en programas diseñados desde arriba para “fomentar la participación”, porque hacerlo es como intentar apagar un fuego con gasolina, sino que debe pasar por una reconsideración fundamental del papel del Estado, donde se reduzca su alcance y se devuelva el poder y responsabilidad a los individuos, las familias y las comunidades locales. En suma, se trata de aplicar el principio de subsidiariedad, a saber: que los problemas se resuelvan al nivel más bajo y cercano al ciudadano posible. Esto no implica necesariamente la aniquilación del Estado, sino su reubicación en lo que algunos consideran su justo y limitado lugar: como garante de la libertad, no como administrador de la vida —aunque los anarcocapitalistas sostendrían que para todo ello habría que eliminar el Estado por completo; pero eso es otro debate que aquí no compete—.
La tarea es monumental, porque requiere un cambio de paradigma tanto en gobernantes como en gobernados. En nuestro caso, los comunes, los civiles, quienes no pertenecemos a la alta jerarquía de la estructura estatal, comprender este asunto nos obliga a hacernos una pregunta incómoda: ¿Hemos delegado en el Estado, probablemente muy grande, nuestras responsabilidades, al punto en el que ahora nos está privando del oxígeno necesario para ser ciudadanos libres y responsables? Es para reflexionar. Por otro lado, y probablemente tocando un punto más profundo, cabe preguntarse: ¿Es posible mantener una Democracia vibrante cuando el Estado absorbe cada vez más facetas de nuestra existencia, dejándonos sin nada propio que construir, defender y amar? La respuesta que demos a esta pregunta definirá la salud de nuestras democracias en el siglo XXI, una salud que, a mi juicio, es paupérrima, pero aún así deja espacio al debate.
Oriana Aranguren estudia Ciencias Fiscales, mención Aduanas y Comercio Exterior, y es cofundadora del capítulo Ladies of liberty Alliance (LOLA) Caracas, desde donde se promueve el liderazgo femenino en el movimiento libertario. También, es coordinadora local de EsLibertad Venezuela.
«el Estado es la institucionalización del das Man, es el “uno” que dicta que los individuos debemos pagar impuestos, cumplir con las regulaciones, servir al ejército, imponiendo metas colectivas que responden a una agenda externa a nuestras elecciones«
Oriana Aranguren
En su búsqueda incesante por el sentido, el ser humano ha medido, dividido y conceptualizado el tiempo. Así, ha logrado convertirlo en calendarios, horarios, cronómetros, o cualquier otra cosa que refiera a esa coordenada en lo que conocemos como “espacio-tiempo” de lo que se habla en el campo de la física, y que muchas veces lo reducimos en la cotidianidad a una herramienta de organización, o una métrica de productividad. No obstante, este tiempo solo nos contiene; es decir, es la realidad en la que nos encontramos sumergidos, no nos pertenece en sentido estricto, no lo controlamos.
Caso distinto es el tiempo de la experiencia vivida, la percepción que tenemos de la misma, marcada por la subjetividad de cada individuo, y que lleva a que, por ejemplo, aprehendamos de diversas formas la duración subjetiva de un beso con un ser querido, la eternidad de un momento de pánico, la fugacidad de una década feliz. En lo que respecta a este tiempo, que llamaremos: tiempo de la consciencia, no es un contenedor, sino que es parte esencial del contenido mismo de nuestra existencia, en constante devenir. Los segundos que transcurren en el reloj no son una simple marca, sino un fragmento irrecuperable de nuestra propia existencia, impregnada de percepciones, razones, sentidos, significados. En suma, podría decirse que es el sostén de la vida humana, en la medida en que es el fundamento sobre la cual se erigen nuestras elecciones, proyectos y anhelos.
Esta afirmación no es una mera pretensión filosófica abstracta sin ningún tipo de sustento; ya estudios sobre neurociencia muestran cómo la percepción del tiempo, pasado, presente, futuro, convergen en el aquí y ahora para que el individuo pueda elegir, establecerse metas y visualizar el camino a seguir para poder alcanzar lo que se propone. Todas las funciones del cerebro, en sinergia, hace que siempre vea hacia el futuro —prospectividad—, uno de apreciación subjetiva que se enmarca, a su vez, en las otras dos patas de la mesa de la temporalidad: pasado y presente[1].
Desde esta perspectiva, el principio libertario de la propiedad de uno mismo —self-ownership, en inglés—, es decir, la idea de que cada persona es el único y exclusivo dueño de su cuerpo y mente, encuentra su manifestación más tangible en la propiedad sobre nuestro propio tiempo. Esto es: ser dueño de uno mismo significa ser dueño de cada momento que compone nuestra vida; y ser dueño de mi vida no es otra cosa que ser dueño del tiempo con el que cuento para desarrollarme, en tanto individuo. Cada decisión sobre cómo asignar ese tiempo físico —segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, etc.—, el cual sobra significado para mí gracias al tiempo de la consciencia, que asigna valores, es un acto de soberanía —o debería serlo—. Negar esa condición, y permitir su violación, es atacar en gran medida la misma naturaleza humana y, por extensión, la libertad en su raíz, que es precisamente lo que hace el principal agresor contra la libertad humana: el Estado.
En el presente texto me propongo desarrollar la idea self-ownership hasta las últimas consecuencias, argumentando que el “tiempo personal”, marcado por ese (i) “tiempo físico” y (ii) la experiencia de ella —tiempo de la consciencia—, constituye una esfera de la soberanía individual que debería ser inviolable, pero que el Estado se ha encargado de socavarla sistemáticamente, creando una especie de estructura en el que se ejerce un control ilegítimo sobre el tiempo de los individuos, tratándolo como un recurso público susceptible de ser confiscado, administrado y redistribuido por la fuerza. En última instancia, el Estado en sí mismo constituye una “Cronarquía” —crono, de tiempo; arquía, de gobierno o poder—, es decir, un régimen en el que se ejerce coacción y somete al tiempo de las personas, porque se opera bajo la presunción de que el tiempo personal de los individuos es un recurso colectivo, una reserva a disposición del poder político[2]. Por ello, la cronarquía estatal, el Estado en sí mismo, es moralmente inaceptable y constituye la forma más íntima y totalitaria de opresión.
Veamos las implicaciones de esto:
El tiempo personal: una propiedad primigenia
En la tradición filosófica liberal, partiendo de John Locke, la propiedad se origina cuando el individuo mezcla su trabajo con un recurso natural no poseído, extendiendo se esa forma su propiedad sobre sí mismo a los objetos externos con los que se haga a través de su trabajo y esfuerzo. Así, un individuo es dueño de la tierra que cultiva o de los recursos que transforma. Sin embargo, aunque es un argumento poderoso, se detiene un paso antes del origen de todo, porque no repara en que ese acto de mezclar el trabajo con la naturaleza presupone un elemento anterior y más fundamental, a saber: el tiempo invertido en dicho trabajo.
Antes del trabajo, está el tiempo personal; antes de que exista propiedad sobre la tierra arada, la herramienta forjada o la casa construida para el refugio, está la necesidad de ser propietarios de las horas de vida dedicadas a la creación de todas las cosas. En principio, el trabajo no es más que la aplicación de la energía y la inteligencia de un individuo a lo largo de un segmento de tiempo; por lo tanto, el tiempo invertido en llevar a cabo alguna acción es el componente crucial que transfiera la propiedad. El tiempo personal es, ante todo, el capital primigenio de la existencia humana; en otras palabras, el tiempo personal no es solo la condición para crear propiedad, sino que es la forma más pura de capital humano.
Esto cobra mayor sentido cuando caemos en cuenta que el ser humano puede nacer sin tierras, sin bienes, pero nace con un capital: tiempo, uno personal, por lo cual constituye: tiempo personal, tiempo de vida[3]. Es el tiempo personal, el experienciar el mundo en un plano intertemporal, el medio existencial en el que toda otra propiedad se adquiere, se utiliza y se disfruta. Sin tiempo, la propiedad de las cosas es inútil. En este marco, hemos de recordar un refrán trillado, pero de gran profundidad, para efectos del mensaje transmitido hasta ahora: “nadie se lleva cosas materiales cuando muere”[4]; un palacio, una biblioteca o una fortuna son estériles para quien no tiene tiempo para habitarlos, leerlos o gastarlos. He aquí una verdad fundamental, irrefutable: el valor de todas las propiedades es contingente y derivado del valor primario del tiempo de vida del individuo que los posee.
De hecho, esta propiedad original sobre el tiempo posee características únicas que la hacen aún más fundamental que la propiedad sobre objetos, ya que cumple y supera el famoso “proviso” de Locke, que exige que, al apropiarse de algo, uno debe dejar “suficiente y de igual calidad” para los demás —con el fin de evitar el monopolio de bienes, asegurando que la apropiación no perjudique a otros—. A modo de ilustración: mi decisión de dedicar mi lunes a escribir un libro no disminuye en absoluto el lunes del que dispone mi vecino para construir una silla, o lo que sea que quiera hacer con su tiempo. En pocas palabras, el acervo de tiempo no es un bien común divisible que uno pueda acaparar en detrimento de otros, porque cada individuo llega al mundo con su propio e intransferible caudal de tiempo personal. En principio, puede que estemos hablando de la dotación más equitativamente distribuida en el origen de la existencia humana, aunque su duración medida por la física —(i)— sea incierta para todos, pero que cada uno experimenta de forma única —(ii)—.
Esta soberanía temporal no es una mera abstracción, más bien es la condición de posibilidad de la libertad misma, es decir, de esa condición en la que podemos actuar según nuestras preferencias, sin que medie la coacción. Los libertarios hoy hablan de “auto-propiedad”, pero no reparan en ese eslabón que sustenta y hace posible la manifestación práctica y continua de dicha auto-propiedad: el tiempo personal. Ser dueño de uno mismo significa, momento a momento, ser el único con el derecho a decidir qué hacer con el siguiente instante; no es un lujo, sino la definición operativa de una vida humana libre. Por ello, cada decisión sobre el uso de nuestro tiempo es una reafirmación de nuestra naturaleza, y ceder el control sobre ello no es como ceder el control sobre un objeto, sino cederlo sobre nuestra propia identidad y proyecto de vida. En este sentido, entonces, cualquier agresión contra el tiempo personal es una agresión directa contra el ser de cada individuo.
La cronarquía en acción: anatomía de la agresión temporal del estado
Lo anterior tiene implicaciones políticas bastante profundas, pues, si aceptamos que el tiempo es la propiedad más fundamental del individuo, la mayoría de las acciones del Estado deben ser reevaluadas, porque el Estado es el mayor “cronarca”, es decir, el principal agresor contra el tiempo personal de las personas. De diversas formas, obvias o sutiles, la mayoría de las agresiones estatales son consistentes con la expropiación forzosa de fragmentos de la vida de los individuos; cuando el Estado interviene, no solo está regulando la economía o proveyendo servicios, sino que impone por la fuerza una agenda sobre el tiempo de los individuos. De este modo, la cronarquía constituye un sistema de apropiación o confiscación temporal de las personas. Veamos al respecto algunos casos concretos:
1. El impuesto como esclavitud o trabajo forzado
La agresión cronárquica más evidente, directa y cuantificable es la tributación. Los impuestos no son simplemente una sustracción de dinero; son una sustracción del tiempo de vida que un individuo tuvo que invertir para generar ese dinero. Es crucial analizar los tributos en su esencia temporal; por ejemplo: si la carga fiscal promedio de una persona es del 20%, significa que el 20% de su tiempo laboral —2 de cada 10 horas, 1 de cada cinco días— no le pertenece. Durante ese tiempo, no está trabajando para sí mismo, para su familia o para los fines que él elija, sino que está siendo coaccionado a trabajar para los fines del poder político. Imagina ahora que el porcentaje aumenta, ¿Podemos hablar de esclavitud o de una forma normalizada de trabajo forzado?
Sea como fuere, esto tiene efectos que van más allá de la mera sustracción de recursos, ya que genera un profundo daño psicológico y una distorsión de los incentivos; en el fondo, el conocimiento de que una porción significativa del fruto de tu esfuerzo será confiscada reduce la motivación para trabajar más duro, para innovar, para asumir riesgos, etc., lo que representa una “pérdida de peso muerto”[5] que no aparece en los balances del aparato estatal, sino que es una pérdida de energía humana, de creatividad y de progreso que se disipa en la apatía o la evasión. En este marco, entonces, el “día de la liberación de impuestos” —que es el Día del año en que un ciudadano promedio teóricamente deja de trabajar para el Estado y empieza a trabajar para sí mismo— debería ser un día de luto nacional, un recordatorio anual del tiempo de vida que ha sido expropiado a todos los miembros de la población.
2. La burocracia como ladrón del tiempo personal
Más allá de los impuestos, la cronarquía opera a través de la asfixia regulatoria y burocrática, siendo una forma de agresión más sutil, pero igualmente devastadora. Cada formulario que debe ser llenado, cada licencia que debe ser solicitada, cada fila en una oficina estatal, cada inspección que debe ser atendida, representa un robo de tiempo personal. Y si se quiere abrir un negocio, el asunto es aún peor, en muchos casos, porque, en lugar de solo apelar a las acciones que directamente tienen que ver con la operatividad del negocio, el Estado hace recorrer todo un camino para obtener los permisos y licencias necesarios para operar, así como —arbitrarias— normativas laborales complejas que requieren de la contratación de asesores solo para entenderlas, haciendo que se pierda el tiempo y recursos monetarios en ello, en lugar de operar y servir al consumidor directamente, lo antes posible. En suma, es tiempo personal consumido en el proceso burocrático impuesto por el Estado.
Ahora, multipliquemos este conjunto de transacciones burocráticas por millones de ciudadanos y empresas, y podremos vislumbrar el océano de tiempo personal que el Estado drena de la sociedad cada año. Así, y por si fuera poco, la Cronarquía regulatoria solo crea una casta de parásitos del tiempo, a saber: burócratas cuyo trabajo consiste en consumir el tiempo personal de los demás. Por lo tanto, no solo hablamos del coste de hacer negocios, sino incluso de grandes barreras existenciales no naturales —entiéndase: que responden solo a la existencia impuesta por el Estado— que muchas veces protege a las grandes corporaciones establecidas y privilegiadas, que pueden permitirse departamentos enteros para navegar la burocracia, y aplasta el espíritu del pequeño empresario. En ambos casos, sin embargo, se dedica tiempo solo para saldar las normativas arbitrarias, un tiempo personal que se pudo haber dedicado a la innovación, la creación, el descanso o el cuidado de nuestros seres queridos.
3. El servicio militar obligatorio y el encarcelamiento
Ahora bien, la cronarquía alcanza su máxima expresión en el servicio militar obligatorio y el encarcelamiento por crímenes sin víctimas. En el caso del servicio militar obligatorio, el Estado se arroga el derecho de secuestrar a un individuo durante meses o años, expropiando la totalidad de su tiempo y controlando cada aspecto de su existencia, al punto en el que se le dice cuándo despertar, qué comer, qué vestir, qué pensar y, potencialmente, se le ordena matar o morir por causas que el individuo no ha elegido.
De manera similar, el encarcelamiento por “crímenes” que no agreden la propiedad ajena, o a un tercero —como el consumo de ciertas sustancias, la expresión de ideas impopulares o acuerdos voluntarios entre adultos— constituye una de las más graves agresiones temporales, dado que el Estado confisca violentamente años o décadas del futuro de una persona encerrándolo en la cárcel, haciendo perder su tiempo, su potencial y su proyecto de vida en una celda.
Pero la ilegitimidad e inmoralidad de éste tipo de confiscación de tiempo personal no solo reside en el tiempo robado en sí, sino también en el coste de oportunidad que representa, tendiente al infinito. En los años en el que el Estado somete el cuerpo y tiempo de los individuos, éste podría haber fundado una empresa, haber escrito una novela, haberse enamorado y formado una familia, o haber descubierto una cura para una enfermedad, o puede que simplemente no haya logrado nada de eso y se haya dedicado a sumergirse en el vicio, pero el punto es que el Estado elimina toda posibilidad de cambio para mejor, en beneficio de las personas que rodean al individuo, la sociedad, y el individuo mismo; ese futuro potencial es borrado del universo para siempre porque el Estado busca castigar al individuo por mero capricho[6].
Una deuda de tiempo personal del Estado: el contrato social como servidumbre hereditaria
Todo lo anterior encuentra su justificación más persistente y arraigada en la ficción del contrato social, en el que se fundamente una “educación” —adoctrinamiento, en realidad— que inculca que hemos consentido tácitamente ceder porciones de nuestra libertad y nuestro tiempo, a cambio de seguridad y servicios —muchas veces deficientes—. No obstante, un análisis riguroso revela este concepto no como un contrato, sino como un fraude, porque un contrato válido exige consentimiento explícito, voluntario e informado por parte de todos los firmantes, y en el caso del mal llamado “contrato social”, nadie ha firmado el pacto. Más bien, hemos nacido en él, como un siervo medieval nacía en una tierra que no le pertenecía, con obligaciones preexistentes hacia un señor que nunca eligió.
Pero, por si esto no es suficiente, lo que ha derivado de ese supuesto contrato es una deuda de tiempo personal perpetua e intergeneracional, ya que el Estado, con su insaciable apetito de gasto, recurre al endeudamiento público, consumiendo de este modo el tiempo de los ciudadanos, condenándolo a pagar dicha deuda a través de los impuestos o la inflación. En principio, lo que el Estado hace con el gasto y la deuda es hipotecar el tiempo personal de cada uno de los miembros de la sociedad que domina y dominará —presente y futuro—, porque éstos deberán invertir dicho tiempo en saldar una deuda que ellos no han tomado. Cada bono de deuda emitido por el Estado es una reclamación legal sobre la productividad futura de niños que hoy juegan en el parque y de individuos que aún no han nacido, condenándolos a un mundo donde ya se les ha impuesto una carga, una obligación de dedicar miles de horas de su vida a pagar los intereses de deudas en las que no incurrieron, para financiar proyectos que nunca aprobaron. En suma, es una forma de servidumbre hereditaria, una transferencia de cadenas temporales de una generación a la siguiente, pero normalizada como “política fiscal” en “beneficio de la sociedad”.
En este marco, el individuo no nace libre, la soberanía individual es una farsa desde el nacimiento, porque ya es un deudor temporal del aparato estatal por imposición de un gravamen que precede su elección personal. Así, la relación natural —el individuo nace libre y puede elegir asociarse a medida que desarrolla sus facultades de juicio en el tiempo— se invierte: en lugar de que el individuo sea el soberano que puede, si lo desea, contratar servicios de protección o arbitraje, el Estado se posiciona como el acreedor primordial que le permite al individuo quedarse con una porción de su propio tiempo solo después de haber cobrado su deuda impuesta. Por consiguiente, romper con la cronarquía exige repudiar la noción de deuda no consentida, reafirmando el principio de que ninguna persona tiene el derecho de vender y/o adjudicarse el tiempo de otro por medio de la fuerza.
La alternativa libertaria: un mercado de tiempo personal
¿Cuál es la alternativa a la Cronarquía? Una sociedad basada en el respeto radical al tiempo personal, en donde la disposición del propio tiempo sea un derecho supremo, y toda interacción humana tenga el escenario para que los intercambios sean voluntarios. Y tal sociedad no es una utopía abstracta, sino una simple universalización del principio que ya aplicamos en nuestras interacciones más éticas y productivas en nuestra cotidianidad, cuando el Estado no está en medio de lo que realizamos.
El mercado, en su forma más pura, no es más que un vasto sistema de intercambio voluntario de tiempo, información y talento. Cada persona que se dedica a prestar algún servicio, elige invertir su tiempo en ello, en servir, y nosotros elegimos voluntariamente compensarlo —con cosas que también requirieron inversión de nuestro tiempo—; no hay coacción, sino cooperación; cada precio, cada salario, cada contrato en un mercado libre es un reflejo de cómo millones de individuos valoran y asignan voluntariamente su tiempo personal. Por tanto, eliminar la carga fiscal coercitiva, la asfixia regulatoria y las imposiciones burocráticas, solo liberarían billones de horas de tiempo personal, que podrían aprovecharse mejor para el desarrollo del individuo y la sociedad.
En este punto, hay quienes pudieran argumentar que en un sistema así los pobres serían “forzados” por la necesidad a vender su tiempo personal por poco, pero éstos no ven que es precisamente la cronarquía la que perpetúa la pobreza, en la medida en que roba capital a través de los impuestos, destruye oportunidades con la regulación y devalúa los ahorros con la inflación, reduciendo drásticamente la acumulación de capital que es necesaria para aumentar la productividad y, con ella, los salarios reales. En una sociedad libre, el capital se acumularía más rápidamente, haciendo que el trabajo —el tiempo personal aplicado— fuera cada vez más valioso. Además, los enormes recursos hoy consumidos por el Estado estarían disponibles para la ayuda mutua y la filantropía voluntaria, formas de asistencia mucho más dignas y eficaces que la caridad forzosa y burocrática del Estado de Bienestar. En suma, la liberación del tiempo personal es, a todas luces, la mayor y más eficaz política “antipobreza” que pueda existir.
Conclusión: la abolición de la cronarquía como imperativo moral
La batalla contra la cronarquía no es solamente política o económica, como ya mencionamos, sino que tiene implicaciones filosóficas. La existencia del Estado impone al individuo de forma tiránica a interrumpir su flujo vital, su proyecto creativo, para someterse a los ritmos artificiales y externos de la burocracia y el fisco. Para Martin Heidegger, de hecho, la existencia humana —Dasein— como un “ser-allí” —o siendo-allí— intrínsecamente temporal, que está constantemente proyectándose hacia un futuro de posibilidades, es auténtica —Eigentlichkeit— cuando la persona asume la propia finitud y elije las propias posibilidades, es decir, es dueño de su propio proyecto de vida; en contraste, la existencia humana inauténtica —Uneigentlichkeit— refiere a aquella que se deja caer en el “uno” o “la gente” —das Man—, permitiendo que otros sean quienes dicten sus posibilidades y decisiones, su tiempo personal.
En este marco, podemos decir que, en buena medida, vivimos en una sociedad de seres no auténticos, porque el Estado —el cronarca— impone sus directrices y dicta las posibilidades y decisiones del tiempo personal de los miembros que la conforman. Es decir, el Estado es la institucionalización del das Man, es el “uno” que dicta que los individuos debemos pagar impuestos, cumplir con las regulaciones, servir al ejército, imponiendo metas colectivas que responden a una agenda externa a nuestras elecciones. En esencia, el Estado ataca directamente el “ser-para-sí” —o siendo-para-sí—, porque lo limita de su capacidad de ser causa de sí misma, reduciéndolo a un “ser-en-sí” —o siendo-en-sí—, es decir, a un mero objeto, un recurso a plena disposición de los burócratas, un engranaje de la maquinaria estatal. La coacción al tiempo personal es, pues, un asalto a la posibilidad misma de una vida auténtica.
Por todo ello, podemos concluir que el Estado no debe robar el tiempo personal porque constituye la misma vida de las personas, una manifestación de su existencia; pero hacerlo también es un ataque a la propiedad primigenia, la fuente de la cual emana la legitimidad de toda otra propiedad; y, por último, desde un punto de vista más utilitario, no debe hacerlo porque destruye el florecimiento humano, coarta la creatividad y la cooperación que dan paso al buen vivir en comunidad, a la civilización.
[1] Al respecto, ver: Joaquín Fuster. 2014. Cerebro y libertad: los cimientos cerebrales de nuestra capacidad de elegir. Publicado por Editorial Planeta, S. A., capítulos 3, 4 y 5.
[2] Violencia, fuerza, coacción, que son los medios por los cuales un grupo somete la voluntad de otros a su voluntad. Al respecto, ver: Franz Oppenheimer. 2014. El Estado, su historia y evolución desde un punto de vista sociológico. Traducido por Juan Manuel Baquero Vázquez y publicado por Unión Editorial.
[3] Y si apelamos a la filosofía de Heidegger, es el tiempo el ser mismo del ser humano, en tanto humano, una realidad a la que se encuentra arrojado, ser-allí —o siendo-allí—, y que debe reconocer, aceptar y, en muchos casos, afrontar para dar sentido a su existencia. Al respecto, ver: Martin Heidegger. 1927. Ser y tiempo. Edición electrónica de la Escuela de Filosofía de la Universidad ARCIS. Traducción, prólogo y notas de Jorge Eduardo Rivera.
[4] Alguien podría decir que una persona puede ser enterrada con cosas materiales, pero el mensaje de fondo es que, aun si eso pasa, es la condición de estar vivo lo que permite asignar valores a las cosas, por lo que para un muerto sirven las propiedades lo mismo que sirve un paraguas para un pez en el desierto. Es completamente inútil.
[5] Este es un concepto económico, también conocido como “pérdida irrecuperable de eficiencia”, que refiere a una reducción del excedente económico total, indicando una pérdida de beneficios tanto para consumidores como para productores. Con ello, se transmite la idea de que los impuestos crean un escenario en el que la sociedad en su totalidad no logra, ni logrará, alcanzar el bienestar que podría alcanzar dadas las condiciones presentes sin impuestos, porque el poder político mutila esa capacidad al limitar a los miembros que la conforman.
[6] Algunos puede que recurran a la expresión de que la cárcel para personas que realizan “crímenes” sin víctimas es una especie de “pago a la sociedad”, pero, ¿Cómo podría constituir un pago a la sociedad una sentencia de 2, 5 o 10 años por poseer estupefacientes para el consumo personal? Al contrario, sustraer ese tiempo personal deriva en mutilar muchas posibilidades futuras para el individuo y la sociedad. Este tipo de actos es la cronarquía en su manifestación más brutal, porque se secuestra la única vida que esa persona tendrá, es el secuestro de la existencia misma en nombre de una moralidad impuesta por la fuerza.
Oriana Aranguren estudia Ciencias Fiscales, mención Aduanas y Comercio Exterior, y es cofundadora del capítulo Ladies of liberty Alliance (LOLA) Caracas, desde donde se promueve el liderazgo femenino en el movimiento libertario. También, es coordinadora local de EsLibertad Venezuela.
«Es importante resaltar que un Estado limitado no es un Estado débil, sino uno que reconoce sus propios límites. No monopoliza servicios, no compite con el ciudadano y no actúa como juez y parte en los procesos económicos y sociales.»
Oriana Aranguren
Durante décadas, la administración pública ha sido concebida como la gran maquinaria encargada de ejecutar las decisiones del Estado, regular la vida de los ciudadanos, gestionar servicios y, en muchos casos, intervenir en áreas que van desde la economía hasta la cultura. Su rol tradicional ha estado íntimamente ligado al modelo estatista: uno que asume que el Estado todo lo puede, todo lo sabe y todo lo debe regular. El resultado de esto ha sido predecible en muchos países: burocracia asfixiante, ineficiencia, un sistema clientelar donde la fidelidad política vale más que la competencia técnica, falta de transparencia y, muchas veces, corrupción.
Desde la mirada liberal, esta concepción es insostenible y, en consecuencia, surge una pregunta fundamental: ¿Debe desaparecer la administración pública en un Estado limitado? La respuesta es clara: en un modelo de Estado con límites bien definidos, la administración pública no se extingue, se reinventa. Su función no es expandirse, sino servir al ciudadano; no debe complicar procesos, sino simplificarlos; no debe intervenir en cada aspecto de la vida ciudadana, sino garantizar derechos fundamentales y asegurar que las reglas del juego sean claras, justas y accesibles para todos.
Sin duda, esta concepción plantea desafíos que parecen no haber sido resueltos cuando la administración pública se desprende de los modelos de Estados intervencionistas. Estos desafíos tienen implicaciones políticas, económicas, morales y tecnológicas, que han sido desglosadas a lo largo de este escrito en un intento por comprender el ideal de una administración pública verdaderamente eficiente.
El fundamento del Estado limitado
El liberalismo parte de una premisa central: la libertad individual es un valor supremo. El Estado existe para proteger esa libertad, no para socavarla. Por tanto, su rol debe limitarse a funciones esenciales e indelegables como la justicia, la seguridad y ciertas obras de infraestructura. Toda función fuera de este marco debe ser descentralizada o delegada a la sociedad civil y al mercado, que son más dinámicos, eficientes y responsables.
Varios autores han desarrollado este concepto. John Locke, en el Segundo tratado sobre el gobierno civil (1690), plantea que el Estado existe para proteger los derechos naturales del individuo: vida, libertad y propiedad. Cualquier expansión más allá de esa función debe ser cuestionada.
En la misma línea, Ludwig von Mises, en su obra Liberalismo (1927), afirma: “El Estado es el aparato de la coacción y de la compulsión. Para limitar el poder del Estado, debe restringirse su ámbito de acción.”
Es importante resaltar que un Estado limitado no es un Estado débil, sino uno que reconoce sus propios límites. No monopoliza servicios, no compite con el ciudadano y no actúa como juez y parte en los procesos económicos y sociales. En esencia, permite el desarrollo económico y social sin interferencias arbitrarias.
Entonces, ¿Cuál es el papel de la administración pública?
La idea de un Estado limitado no implica la abolición del gobierno ni la eliminación de sus estructuras operativas. Implica, más bien, una redefinición radical de sus funciones y alcances. En este marco, la administración pública —entendida como el conjunto de instituciones y personas encargadas de ejecutar las decisiones del poder político— debe asumir un nuevo rostro, coherente con los principios de eficiencia, transparencia, legalidad y respeto irrestricto a la libertad individual.
Incluso en un Estado mínimo, siempre habrá necesidad de una estructura administrativa encargada de garantizar procesos que permitan el desarrollo pleno del individuo. Su única legitimidad debe residir en su capacidad de proteger derechos, asegurar el imperio de la ley y operar los servicios esenciales con objetividad, sobriedad y transparencia.
En primer lugar, debe fungir como garante del marco legal y de la igualdad ante la ley. Esto implica una actuación guiada por normas generales e impersonales, evitando favoritismos, arbitrariedades y privilegios indebidos.
Otro aspecto fundamental es su carácter técnico, no ideológico. La administración no debe estar al servicio del partido gobernante ni convertirse en un botín político. Para ello, es clave consolidar un servicio civil profesionalizado, donde los funcionarios sean seleccionados por mérito y no por lealtades personales.
No obstante, la politización administrativa responde a una distorsión más profunda: la concentración del poder en una sola instancia. En contextos como el venezolano, esto ha significado la absorción total de los poderes públicos por parte del Ejecutivo, anulando la autonomía del Legislativo y del Judicial. El Ejecutivo actúa como una máquina cerrada, donde él mismo produce, ejecuta y valida sus decisiones, sin frenos ni contrapesos reales.
Frente a esta situación, se impone la necesidad de crear y fortalecer un sistema de contrapesos institucionales que garantice la división efectiva de poderes, preserve la autonomía de las funciones públicas y proteja al ciudadano frente al abuso de autoridad.
Finalmente, la administración pública debe operar con un alto estándar de transparencia y eficiencia. La reducción del tamaño del Estado no es únicamente un imperativo económico, sino también moral: se trata de evitar que los recursos públicos sean capturados por intereses particulares o dilapidados en estructuras inútiles. Cada gasto, cada trámite, cada política debe estar sujeta a evaluación y rendición de cuentas, abierta al escrutinio público y facilitada por herramientas de auditoría social. Es en este punto donde entran en juego dos ejes fundamentales: la tecnología y la educación ciudadana.
El uso de la tecnología para el logro de los objetivos
Transformar la administración pública bajo los principios de un Estado limitado es, sin duda, un desafío de gran envergadura. Sin embargo, esta tarea coincide con un contexto histórico favorable: el desarrollo tecnológico ofrece herramientas sin precedentes para lograrlo. Nunca ha sido más viable construir una relación directa, transparente y accesible entre el ciudadano y la administración pública. Lo que antes requería trámites presenciales y burocracia ahora puede resolverse desde una conexión a internet. La tecnología, bien empleada, es una aliada estratégica para construir instituciones más abiertas y responsables.
Podemos identificar dos grandes vertientes en las que la tecnología puede contribuir decisivamente:
1. Tecnología para facilitar procesos administrativos
La transformación digital debe enfocarse en simplificar procedimientos, reducir tiempos de espera y garantizar el acceso a servicios sin intermediarios. En este sentido, la tecnología actúa como un puente entre el Estado y el ciudadano.
Un ejemplo exitoso es el caso de Estonia, con su plataforma e-Residency, que permite a ciudadanos y residentes registrar empresas, pagar impuestos, obtener documentos y realizar trámites completamente en línea. Este sistema se apoya en bases de datos interconectadas y una identidad digital segura, incluyendo la firma electrónica, lo que garantiza la validez legal de cada operación.
Aplicado a Venezuela, sería posible desarrollar una plataforma nacional de trámites —un verdadero «Gobierno en una App»— que permita desde la emisión de partidas de nacimiento hasta la solicitud de cédulas o el pago de impuestos municipales. Esto reduciría errores, eliminaría espacios para la corrupción y aumentaría notablemente la eficiencia institucional.
2. Tecnología para la transparencia y la auditoría social
La segunda vertiente tiene un valor moral y político clave: permitir que la ciudadanía vigile al Estado. Aquí, la tecnología empodera a la sociedad civil y refuerza los contrapesos institucionales desde abajo hacia arriba.
Una herramienta prometedora en este ámbito es la tecnología blockchain, o cadena de bloques. Esta tecnología permite almacenar información de forma descentralizada, segura e inalterable. Funciona como un libro contable digital, donde cada bloque de datos está vinculado al anterior y no puede ser modificado sin alterar toda la cadena, lo que impide manipulaciones sin dejar rastro.
En el ámbito público, el blockchain podría transformar la auditoría ciudadana. Contratos, licitaciones, presupuestos y decisiones administrativas podrían registrarse automáticamente en plataformas públicas, accesibles para cualquier ciudadano en tiempo real. Esto reduciría significativamente la opacidad y convertiría al ciudadano en un actor clave del control democrático.
Llamado final: ciudadanía educada, piedra angular del cambio
Para concluir, es fundamental subrayar que ninguna reforma administrativa, por profunda que sea, podrá consolidarse sin el respaldo de una ciudadanía consciente, formada y comprometida. La eficiencia institucional y la transparencia tecnológica requieren ciudadanos capaces de interpretar la información pública, exigir cuentas y participar activamente en los asuntos colectivos. Promover una cultura cívica basada en el conocimiento de los derechos, la comprensión del funcionamiento del Estado y el uso crítico de las herramientas digitales es una tarea urgente. Solo con una ciudadanía educada será posible construir un Estado verdaderamente limitado, pero también funcional, justo y legítimo.
Oriana Aranguren estudia Ciencias Fiscales, mención Aduanas y Comercio Exterior, y es cofundadora del capítulo Ladies of liberty Alliance (LOLA) Caracas, desde donde se promueve el liderazgo femenino en el movimiento libertario. También, es coordinadora local de EsLibertad Venezuela.
«Un mundo más libre para todos por igual requiere la plena participación de todas las mentes capaces, lo cual incluye a las mujeres, que no solo pueden ser sujetos de libertad, sino sus arquitectas y sus guardianas«
Oriana Aranguren
El pensamiento político liberal, que podemos decir que, a pesar de la diferencia en su espectro político, todos convergen en mayor o menor medida en hacer énfasis en la libertad individual, los derechos naturales, el gobierno limitado y el libre mercado, ha sido una de las fuerzas motrices más transformadoras de la modernidad. Desde sus inicios, ha desafiado el poder concentrado, arbitrario, y ha abogado por una sociedad donde cada persona tenga la autonomía para perseguir su propia felicidad y desarrollar su potencial.
Sin embargo, hasta el momento, sean por las razones que sean, la narrativa histórica de esta tradición intelectual a menudo ha relegado a un segundo plano, o incluso omitido, las cruciales contribuciones de las mujeres. En vista de ello, en este artículo me propongo reivindicar esa “raíz violeta” de la libertad, explorando el aporte, grande o pequeño, de mujeres intelectuales al pensamiento liberal y libertario, y extendiendo una invitación a las mujeres de hoy a sumergirse en la intelectualidad en búsqueda de un mundo más libre para todos.
Para empezar, es innegable que los cimientos del liberalismo fueron predominantemente establecidos por figuras masculinas como John Locke, Adam Smith, Montesquieu, Frédéric Bastiat, o más recientemente Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, que deriva en muchos otros pensadores más contemporáneos, como Robert Nozick, Murray Rothbard, Jesús Huerta de Soto, entre muchos otros, más o menos radicales, unos tendiendo más al anarquismo, otros al liberalismo clásico, otros al minarquismo. Sus ideas sobre el consentimiento de los gobernados, la separación de poderes, la mano invisible del mercado, la importancia de la libertad de expresión, el orden espontáneo —o extenso—, la acción humana, la empresarialidad innata en el ser humano, entre otros aportes, siguen siendo pilares del pensamiento liberal y libertario.
No obstante, sería un craso error asumir que el desarrollo y la profundización de estos principios fueron un monólogo masculino. Mujeres pensadoras, a menudo enfrentando barreras sociales y académicas significativas, no solo abrazaron estos ideales, sino que los expandieron, los criticaron constructivamente y los aplicaron a realidades que sus contemporáneos masculinos frecuentemente ignoraban, algunas especialmente en lo referente a la condición femenina. Podemos mencionar a algunas de ellas:
Mary Wollstonecraft, la escandalosa
Una de las primeras y más influyentes voces fue Mary Wollstonecraft, escritora y filósofa inglesa. En su obra seminal Vindicación de los derechos de la mujer (1792), Wollstonecraft aplicó de manera rigurosa los principios liberales de la razón y los derechos individuales a la situación de las mujeres, argumentando con vehemencia que la aparente inferioridad intelectual de las mujeres no era inherente, sino producto de una educación deficiente y de una sociedad que las confinaba al ámbito doméstico —era contingente—. Para Wollstonecraft, la libertad individual y la autonomía moral eran imposibles sin el acceso a la educación y la participación en la vida pública, lo que la llevó a demandar una igualdad en la educación y el reconocimiento de la capacidad racional de las mujeres, marcando un hito en la historia del pensamiento del feminismo liberal. Marcada por la época, sostenía que para que la libertad fuera verdaderamente universal, debía incluir a esa mitad de la humanidad, muchas veces relegada a las labores domésticas.
De hecho, Wollstonecraft se caracterizó por defender un orden social fundamentado en la razón —algo que se replicaría más tarde con Ayn Rand, de quien hablaremos un poco más adelante—. Si bien es cierto que muchas veces la pensadora es conocida por —aparentemente— una vida alborotada, eso no resta importancia a su lucha por la libertad, especialmente por la de las mujeres[1] y los mismos derechos de los hombres[2]. También, y a modo de dato curioso, destaca que, a pesar de ser mujer del siglo XVIII, fue capaz de establecerse como escritora profesional e independiente en Londres, algo inusual para la época, aunque murió temprano, a los 38 años de edad.
La controvertida Harriet Taylor Mill
Avanzando en el tiempo, encontramos figuras como Harriet Taylor Mill, filósofa inglesa, quien, aunque a menudo eclipsada por su esposo John Stuart Mill, fue una colaboradora intelectual crucial en obras tan importantes como “Sobre la libertad” y autora de “La emancipación de la mujer”, consolidándola como una defensora de los derechos de las mujeres. El mismo John Stuart Mill reconoció la gran influencia de su esposa en su pensamiento, en particular en sus ideas feministas. Taylor Mill defendió con pasión la igualdad absoluta ante la ley entre hombres y mujeres, en todos los ámbitos: político, legal, social y doméstico. Si bien es cierto que su pensamiento radicalizó, al punto en el que pareciera tender al socialismo, no elimina sus aportes en la consistencia de la concepción de la libertad que tenía su esposo sobre la individualidad y la libertad, argumentando que la negación de la libertad a las mujeres no solo era una injusticia para ellas, sino una pérdida para toda la sociedad, que se privaba así del talento y la contribución de la mitad de sus miembros. De alguna manera, su visión sobre la libertad y la igualdad se extendió a la crítica de las convenciones sociales que coartaban la libertad individual, abogando por una reestructuración profunda de las relaciones entre hombre y mujer.
Ayn Rand y el objetivismo
Llegado el siglo XX, la tradición liberal y, más específicamente, la libertaria, se vio enriquecida por pensadoras de la talla de Ayn Rand, quien, aunque controvertida, no se puede negar la gran influencia que ejerció en el movimiento libertario. Sin duda alguna, es la más conocida de todas, y no podía faltar en esta lista. A través de sus novelas[3] y ensayos[4], Rand desarrolló una filosofía objetivista que colocaba la razón individual, el egoísmo racional y el capitalismo laissez-faire en el centro de su sistema filosófico, conocido como: “objetivismo”.
Con su personalidad característica, Rand defendió la santidad del individuo frente al colectivismo y el estatismo, argumentando que el único sistema social moral es aquel que protege los derechos individuales, especialmente el derecho a la propiedad y a la búsqueda de la propia felicidad sin coerción, al punto en el que su defensa de la libertad individual y su crítica al poder estatal resuenan profundamente en el pensamiento libertario contemporáneo. Rand dejó plasmado en todas sus obras un contundente mensaje, a saber: que la mente individual es la herramienta fundamental de supervivencia y progreso, y que cualquier intento de subyugarla en nombre de un supuesto bien común era moralmente reprobable.
Rose Wilder Lane y su férrea defensa por la libertad individual y sus argumentos contra el racismo
Otra figura destacada, aunque quizás menos conocida popularmente, pero de gran influencia en círculos académicos libertarios, es Rose Wilder Lane. Hija de la famosa autora Laura Ingalls Wilder, Lane fue una periodista y escritora política que evolucionó hacia una defensa acérrima del individualismo y el antiestatismo. En obras como The Discovery of Freedom (1943), Lane argumentó que la historia de la humanidad es una lucha constante por la libertad individual contra la autoridad coercitiva, que busca someter la voluntad de muchos a los designios caprichosos de unos pocos. Enmarcada en su pensamiento, contemporánea con Ayn Rand, dio suma importancia de la energía individual, la creatividad y la cooperación voluntaria como motores del progreso social y económico, contrastándolos con la ineficiencia y la opresión inherentes al control gubernamental, sentándose así de este modo como una de las fundadoras del movimiento libertario estadounidense.
Cabe señalar que Rose Wilder Lane, aunque carecía de estudios formales, leyó con mucho entusiasmo y aprendió por sí misma varios idiomas, y más tarde empezaría una carrera como escritora (1908). Tiempo después, en los albores de la entrada de EE. UU. a la Primera Guerra Mundial, acepta una oferta de trabajo como asistente de redacción del personal del San Francisco Bulletin, donde rápidamente demostraría su capacidad para escribir y corregir lo que hacían otros autores, consiguiendo que su foto y firma circularan en el diario del mismo medio. Es en este periodo donde produce varias novelas, trabajos periodísticos y relatos sobre temas varios. Para 2918 consigue consolidarse como una escritora independiente, siendo nominados algunos de sus cuentos para los Premios O. Henry y volviéndose top Sellers otros tantos. Ya para finales de los años 20, Lane tenía la reputación de ser una de las escritoras mujeres mejor pagadas de EE. UU.
Sin embargo, sería en la década de los 40 hablaría más sobre su visión de la sociedad, destacando su columna semanal para The Pittsburgh Courier —el diario afroamericano más leído en el momento— (1942-1945). Desde ese momento, habló abiertamente sobre su perspectiva laissez-faire a todos sus lectores, resaltando su defensa a la libertad, sobre todo en contra del racismo[5]. En sus palabras, las categorías de razas eran ridículas, y demandaba a todos los estadounidenses a abandonar “la raza” y defender la libertad individual, aprovechando cada oportunidad que tuvo para arremeter contra las ideas del New Deal promovido por el presidente Franklin D. Roosevelt, por considerarlas colectivistas y un virus que envenenaba la mente de los jóvenes[6].
Deirdre McCloskey y su trilogía sobre las virtudes burguesas
Más recientemente, pensadoras como Deirdre McCloskey, historiadora económica y crítica social, han realizado contribuciones significativas al entendimiento liberal del progreso y la prosperidad. En su trilogía sobre la “Era Burguesa”, McCloskey ha argumentado que el gran enriquecimiento de los últimos siglos no se debió principalmente a factores materiales como el capital o las instituciones, sino a un cambio en las ideas y la ética, a saber: la creciente aceptación y valoración de las virtudes burguesas como la innovación, el comercio, la prudencia y la búsqueda del beneficio. En su obra, subraya la importancia de la libertad de ideas, la persuasión y el respeto por la dignidad individual como fundamentos de una sociedad próspera y dinámica. No conforme con esto, McCloskey también ha sido una defensora de la libertad de mercado desde una perspectiva ética, enfatizando cómo los intercambios voluntarios benefician a todas las partes y fomentan la cooperación.
Por mujeres más intelectuales
Todas estas mujeres, entre muchas otras —pensemos en Madame de Staël y su defensa de las libertades individuales frente al despotismo napoleónico; o en Suzanne La Follette y su temprano análisis libertario del feminismo en Concerning Women (1926) y su total rechazo al comunismo—, no solo adoptaron los principios liberales, sino que los desafiaron, los refinaron y los aplicaron de maneras novedosas y cruciales, demostrando, así, que la lucha por la libertad individual es inseparable de la lucha por la igualdad ante la ley, independientemente del sexo, raza o religión, y que una comprensión profunda de la libertad requiere examinar cómo las estructuras de poder, indepentientemende de sus ámbitos o campos, la limitan.
En este marco, habiendo nombrado los aportes de algunas pensadoras con más o menos relevancia, solo cabe decir que su legado es un llamado a la acción. En un mundo que todavía enfrenta numerosas amenazas a la libertad individual, desde el resurgimiento de autoritarismos hasta la expansión insidiosa del control estatal y la persistencia de desigualdades estructurales que son auspiciadas por la intervención estatal, la necesidad de pensamiento crítico y profundo es más urgente que nunca.
Cabe señalar que el pensamiento liberal y libertario ofrece un marco robusto para analizar estos desafíos y proponer soluciones que pongan al individuo en el centro, pero no todas las preguntas tienen respuestas; aún quedan espacios vacíos en donde los nuevos intelectuales, incluyendo las mujeres, pueden aportar un grano de arena para el avance teórico del mismo, para una mejor defensa de la libertad.
La invitación, entonces, se extiende con especial énfasis a las mujeres de hoy. La historia nos muestra que su participación en la arena intelectual no es un mero complemento, sino una fuerza esencial para el avance de la libertad. Dedicarse a la intelectualidad, al pensamiento profundo, a la investigación rigurosa y al debate valiente no es una tarea reservada a unos pocos, ni mucho menos a un solo género, sino que requiere curiosidad, disciplina, coraje para cuestionar lo establecido y, sobre todo, una pasión por la verdad y la libertad.
Al sumergirse en el estudio de la filosofía política, la economía, la historia y las ciencias sociales desde una perspectiva liberal y/o libertaria, las mujeres pueden no solo enriquecer estas tradiciones con sus propias experiencias y perspectivas, sino también desarrollar las herramientas para defender eficazmente sus propias libertades y las de los demás, pueden identificar y desafiar las formas sutiles y no tan sutiles en que la libertad es coartada, ya sea por la intervención gubernamental excesiva, por prejuicios sociales arraigados o por la intolerancia cultural.
Un mundo más libre para todos por igual requiere la plena participación de todas las mentes capaces, lo cual incluye a las mujeres, que no solo pueden ser sujetos de libertad, sino sus arquitectas y sus guardianas. Si bien el camino de la intelectualidad es arduo, sus frutos —la claridad de pensamiento, la capacidad de persuasión, la formulación de soluciones innovadoras y, en última instancia, la expansión de la libertad humana— son inconmensurables. Hoy, tenemos la oportunidad de seguir el ejemplo de Wollstonecraft, Taylor Mill, Rand, Lane, McCloskey y tantas otras. Más que la oportunidad, tenemos la responsabilidad de tomar el relevo y seguir arraigando esas raíces violetas del árbol del pensamiento liberal. La invitación está hecha: el mundo necesita nuestras ideas, nuestras voces, y nuestro inquebrantable compromiso con un futuro donde cada individuo, sin excepción, pueda florecer en libertad.
[1] Su trabajo más conocido es: “Vindicación de los derechos de la mujer”.
[2] Tan solo ver la carta: “Vindicación de los derechos del hombre”, enviada a Edmund Burke, en respuesta a sus reflexiones sobre la revolución francesa. Allí, Wollstonecraft ataca las premisas de Burke en defensa de la monarquía constitucional, la aristocracia y la iglesia, para hacer una defensa del republicanismo. Es, de hecho, en esta obra en la que se encuentran las ideas fundamentales para el texto que escribiría después en defensa de los derechos de la mujer: “Vindicación de los derechos de la mujer”.
[3] El manantial; La Rebelión de Atlas; Los que vivimos; Himno.
[4] Como los recogidos en la obra: “La virtud del egoísmo”.
[5] De hecho, sus columnas resaltaron las historias exitosas de los negros para así demostrar temas más amplios sobre emprendimiento, libertad y creatividad.
En el presente ensayo, el autor aborda al mercado como un sistema que no tiende al equilibrio en las tasas de ganancias, entre otras, yendo incluso en contra de algunas posturas de la Escuela Austriaca de Economía, para una defensa más óptima sobre las ideas de la libertad y la economía.
Por Ilxon Rojas, coordinador local de EsLibertad Venezuela y teórico del Creativismo Filosófico.
La filosofía del derecho adoptada por los Estados-nación durante todo el siglo XX, ha mutado de manera considerable. Estás modificaciones, aunque graduales, pueden explicarse escindiendo la historia jurídico-política en dos mitades durante todo este siglo. De ese modo, es apropiado aducir que en la primera mitad del siglo XX, los Estados adecuaron sus sistemas normativos, mutatismutandis, a las tesis del positivismo jurídico puro, de tenor formalismo-logicista, o si se quiere, de una iusfilosofía irracionalista, en los términos expresados por la crítica de Losano (1985, pp. 55-85), que había desarrollado principalmente Kelsen y luego su séquito. En cambio, en la segunda mitad del siglo XX, en específico desde la época de transición de los años postguerra, los Estados-nación adoptaron, de modo fragmentario aunque decisivo, un modelo de sistema jurídico llamado postpositivismo jurídico, y en términos de derecho iusfundamental, el denominado neoconstitucionalismo. (Santiago, 2015).
Uno de los propósitos de la consolidación de estas nuevas doctrinas iusfilosóficas, era formular una nueva teoría que impidiera la reproducción de los males de las grandes guerras mundiales, pero aun mas, que sirviera como herramienta que nos protegiera de su aparición y establecimiento, que no fuera un teoría indiferente por su formalidad, tal como se autoconminaba la teoría kelseniana en su aspiración de objetividad, en su fallido intento de dotar de cientificidad al derecho, purificarlo de las ideologías, de la política, de la moral y de la metafísica. Todos esos elementos que le son extraños (Kelsen, 1990). Cuánta razón tiene la profesora Barreto (2024, p. 96) al afirmar que “Kelsen no pudo predecir que Carl Schmidt, utilizando el mismo espíritu tolerante a todo, torcería el paradigma positivista para hacer posible la aprobación de las leyes nazis.”
Pero con el postpositivismo, en tanto iusfilosofía superadora del frío y amoral positivismo jurídico puro, se aspiraba a la formulación de una teoría que trasciendiese los postulados de la lógica normativa, al incorporar una dimensión axiológica de valoración jurídica cosmopolita, para contrarrestar las posibles las tendencias belicosas que podrían llegar a tentar a los Estados occidentales, excepto sólo en dos escenarios: en el que un Estado viole gravemente los derechos fundamentales que da lugar al derecho de los pueblos de intervenir militarmente (Rawls, 1999. pp. 89-94), o como derecho de autodefensa (Ibid, 105-113).
Con esa idea en mente, se creó la doctrina de los nuevos de derechos, los derechos inalienables, inherentes e irrenunciables de todo ser humano, esto es, la doctrina de los derechos humanos, y por ese hito, los juristas entusiastas cacareaban durante las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX, que nuestra civilización se encontraba a las puertas de un tiempo de paz y armonía sin precedentes, un verdadero “Tiempo de los derechos” (Bobbio, 1991).
Sin embargo, la mera iusfilosofía de este tenor resulta ineficaz en términos materiales sin que con ella se complemente un aparato burocrático de aplicación compatible con sus plausibles objetivos. Razón por la que se fue creando, por un lado, un serie de nuevos criterios ya en el pleno campo de la teoría jurídica, y por otro, la edificación de un conglomerado de órganos judiciales estatales y transestatales preponderantes. La prioridad de garantizar la observancia de la nueva doctrina pasaba entonces por la aplicación de criterios como el control difuso de constitucionalidad, por una ingeniosa jurisprudencia constitucional y por la propia constitucionalización de las normas de derecho social, así como de nuevas categorías de hechos punibles graves como los llamados “crímenes de lesa humanidad”, pero la extensión y enriquecimiento normativo, jurisprudencial y teórico de estos nuevos criterios se extendió tanto y si volvió tan ambiguo que casi todos los derechos tradicionalmente más importantes de la historia jurídica occidental (con excepción del derecho de propiedad), pasaron a ser coptados por la nueva doctrina humanitaria. El núcleo de todos esos derechos encontraban amparo en la justificación ontológica de ser un derecho humano.
Desde luego, al unísono del forjamiento de tales criterios, los órganos judiciales estatales y transestatales que se fueron edificando, tomaron la forma de lo que hoy conocemos como cortes constitucionales y penales tanto nacionales e internacionales, nuevas jurisdicciones que partir de entonces se han encargado de funcionar como órganos de aplicación de tales criterios y de gestionar, juzgar y ejecutar las penas en caso de su vulneración, así como de promover su dimensión axiológica, su maximización procesal, tal como arguye Alexy (1993, p. 86).
Todo lo anterior confluye en la construcción de la forma de Estado actual denominada “Estado constitucional de derecho”. Pero con su surgimiento, es fácil notar, tal como intuye Santiago (2015), que se produjo una inversión en los papeles del aparato orgánico estatal, porque debido a que ya las sentencias no son una simple aplicación lógica de la fórmula legislativa que sobrevivía del positivismo incluso desde Beccaria (2005), donde el juez sólo debía aplicar la lógica al verificar si los hechos de adecuaban a las previsiones claras y distintas del legislador, sino que por la necesidades de la nueva iusfilosofía era necesario que el juez incursionara en un campo muy poco explorado antes por los operadores de la justicia: la interpretación y la argumentación, socavando paulatinamente el protagonismo de los parlamentos. Y de esto se trata tal inversión, en que el monopolio de la fuerza no depende tanto del músculo legislativo, tal como era desde el parlamentarismo del siglo XIX (Kelsen, 1992. p. 226), sino del poder judicial, un ángulo de poder aún más peligroso por ser el único órgano del poder público del Estado más alejado de la democracia, o para ser más claros, más alejado de la creencia popular en la mitología democrática moderna.
Pero la historia nos ilustra muy bien sobre los resultados de cada idea, cada fórmula, cada sistema. Si bien es un hecho que no ha habido guerras mundiales declaradas durante la segunda mitad del siglo XX (al menos no en el sentido “clásico” del término), cosa que haría pensar a los entusiastas de la doctrina de los derechos humanos y de la organización jurídico-política del vecindario internacional que el sistema ha sido un éxito, la realidad es que las guerras solo han mutado, pues la segunda mitad del siglo XX es muestra del notable incremento en la cantidad y diversidad de conflictos bélicos.
A diferencia de las guerras mundiales de la primera mitad del siglo XX, que fueron eventos de gran escala y duración, el periodo posterior a 1945 estuvo marcado por una proliferación de guerras civiles, conflictos de descolonización y enfrentamientos étnicos que, aunque localizados, resultaron en un número elevado de víctimas y una inestabilidad persistente. La Guerra Fría, en particular, ocasionó una serie de conflictos proxy en diversas regiones, donde las superpotencias apoyaron a diferentes facciones, multiplicando así la cantidad de guerras en el panorama global (Kalyvas, 2006).
Considerando esto, se puede concluir este breve ensayo afirmando que la nueva filosofía del derecho fue pensada para un tipo de guerra que ya prácticamente no existe, pues siguiendo las investigaciones actuales relativas del fenómeno bélico, como las efectuadas por Blanco (2012), se puede sostener que la guerra actual ha mutado hacia lo que él llama un “rizoma de guerras”, esto es, la interconexión de conflictos bélicos sin relieve jerárquico, debido a que están definidos por un entramado de luchas heterogéneas en involucra una pluralidad de actores políticos y metapolíticos a gran escala.
Todo ello, supera con creces las previsiones de nueva iusfilosofía. Por lo tanto, es menester una nueva formulación iusfilosófica que no cometa los errores pasados, errores que a nuestro juicio, consiste en no haber advertido la naturaleza coactiva, compulsiva y belicosa del Estado. El diagnóstico debe partir de la guerra sistemática como un mal radical de estatismo, para alcanzar el entendimiento de las dinámicas intrincadas de la guerra actual, para que ella no sobrevenga a la meta de armonía y paz global que queremos todos. Pero ¿Cuáles son las intuiciones axiológicas correctas para fundamentar esta nueva iusfilosofía? es un trabajo que queda por hacer.
Referencias ● Alexy, R. (1993). Teoría de los derechos fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales. ● Barreto, L. M. (2024). Justicia, meritocracia y el problema de la titularidad de los privilegios económicos en las sociedades contemporáneas de América. Signos Filosóficos, 26(51), 92-113. ● Beccaria, C. (2005). De los delitos y de las penas. Bogotá: TEMIS. ● Bobbio, N. (1991). El tiempo de los derechos. Editorial Sistema. Fundación Sistema. ● Blanco, E. (2012). Arqueología de la guerra: la guerra de los treinta años (gdlxxxa) en tanto que paradigma político en las obras de Hardt y Negri. Recuperado de https://edgareblancocarrero.blogspot.com/2012/11/arqueologia-de-la-guerra-la-guerra- de.html ● Kalyvas, S. N. (2006). The Logic of Violence in Civil War. Cambridge University Press. ● Kelsen, H. (1999). Teoría pura del Derecho. (3ª ed.). Editorial Eudeba. ● Kelsen, H. (1992). Compendio de teoría general del Estado. Colofón, S.A. ● Losano, M. G. (1985). La teoría pura del Derecho: del logicismo al irracionalismo. DOXA. Cuadernos De Filosofía Del Derecho, 2, 55–85. Recuperado de https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10991/1/Doxa2_03.pdf ● Rawls, J. (1999). The Law of Peoples; with, The Idea of Public Reason Revisited. Harvard University Press. ● Santiago, A. (2015). Filosofía del derecho constitucional. Perspectiva continental. Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho, 3, 1814-1888. Recuperado de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3876/7.pdf
La situación económica de Argentina fue analizada por el presidente Javier Milei en una entrevista televisiva, donde aseguró que no hay atraso cambiario y volvió a rechazar la devaluación del peso.
«No vamos a devaluar de ninguna manera», afirmó, pues, según el mandatario, el dólar «tiene un precio razonable para las condiciones que tiene Argentina», por lo que dijo que no es caro ni hay un «atraso cambiario».
En este sentido, describió: «Estaríamos sacando el 72% de la cantidad de dinero. ¿Cómo va a hacer subir el dólar, si yo le estoy sacando todos los pesos que están dando vueltas? El dólar se tiene que caer como un piano».
En este contexto, Milei criticó a los economistas y a los sectores industriales que piden una devaluación.
«Lo que me están pidiendo es que destruya los salarios para que un par de sátrapas mantengan altos retornos del capital. Usted tiene que trabajar puertas adentro de su empresa para bajar los costos. Nosotros hacemos la tarea: bajamos 13 impuestos», analizó.
Además, el presidente destacó la caída de la inflación de precios, a la que definió como «un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero», lo que provoca que «el poder adquisitivo del peso caiga».
Además, resaltó que hay «superávit fiscal y financiero por primera vez en la historia», con lo que «el peso se está fortaleciendo».
Por ello, expresó que, con la «tasa de inflación a la baja», hay un «incentivo a tener pesos en la mano porque no se le derriten como un helado en el desierto del Sahara». «La economía argentina está hoy mostrando un proceso de expansión fortísimo», evaluó.
Respecto del futuro, aseguró que el país «va a tener un ‘boom’ exportador en gas, petróleo y litio» y que trabajan «para el uranio y con el cobre», a la vez que recordó la «productividad que tiene el sector agropecuario», por lo que de cara a futuro a la economía «le sobran los dólares hasta por las orejas».
Esto, a su juicio, derivará en una suba de los salarios. Así, reiteró que el salario promedio de la economía formal cuando asumió, el 10 de diciembre de 2023, era de 300 dólares y hoy lo elevó a 1.100 dólares.
Milei también habló durante la entrevista sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y afirmó que «al acuerdo solo le falta el moño». De llegar a buen término, Argentina recibiría «fondos frescos» que se van a utilizar para «cancelar deuda con el Banco Central».
«Al fortalecer el balance del Banco Central, su patrimonio mejora y el índice de precios de largo plazo es más bajo: usted está bajando la tasa de inflación», sostuvo.
Por último, destacó que el FMI no pone condiciones para lograr el acuerdo y resaltó que la política monetaria y fiscal es «soberana».
Por Luis Torrealba, Coordinador Nacional de EsLibertad Nicaragua.
Era la noche del 9 de noviembre de 1989 y habían pasado más de 30 años desde que Berlín se encontraba dividida por un infame Muro. Pero esa noche, los alemanes y en mundo entero estaban a punto de experimentar un cambio profundo. La tensión que había impregnado la ciudad, dividida entre la Republica Democrática Alemana al Este y la Alemania Federal al Oeste, estaba a punto de romperse. Aquella noche no se trataría solo de la caída de un muro físico, sino del colapso de un sistema que por muchos años, había asfixiado las aspiraciones de libertad de toda una generación de jóvenes.
Ya desde mediados de los años 80s, una fuerza latente había estado floreciendo entre los ciudadanos de la Alemania Oriental, especialmente entre los jóvenes. Había una necesidad natural de libertad, y los astros se empezaban a alinear para mostrar el momento de dar el salto. Sin embargo, el cambio no llegó solo desde las protestas, las reuniones secretas y las instituciones. La metamorfosis social y política en Alemania, fue impulsada por algo mucho más poderoso y sutil: la cultura pop. La música, el cine, la moda, los libros, todo lo que pudiese ser contrabandeado desde el otro lado del Muro se convertía en un símbolo de resistencia y de esperanza para aquellos que vivían sus sueños de libertad entre las sombras.
En particular, un cantante y actor estadounidense, David Hasselhoff, se había convertido en un símbolo inesperado de libertad para los jóvenes de la RDA. Su éxito en Alemania Occidental con la canción «Looking for Freedom» hacia simbiosis con las aspiraciones de muchos jóvenes al otro lado del Muro. El estribillo de la canción poco a poco se fue convertido en un himno de aquellos que, en silencio y con miedo, soñaban con el día en que pudieran cruzar al otro lado sin temor de ser apresados, sin ser vistos como enemigos del Estado o de ser asesinado en la búsqueda de una mejor vida.
Es innegable el papel que jugo la cultura pop de los 80s en la caída del sistema comunista alemán. Fue la chispa de inspiración que encendió en los los corazones de los jóvenes del Este el deseo de un cambio real y amalgamo todas las aspiraciones de libertad de esa generación. Esas películas, discos y programas de televisión que llegaban desde Occidente, considerados como material subversivo por el régimen comunista, mostraban una vida diferente, con más opciones, más oportunidades, menos restricciones, es decir, mostraban la plenitud de una vida en libertad.
A través de los símbolos de la cultura pop, los jóvenes del Este podían imaginar lo que significaba realmente ser libre, y lo hicieron propio asumiedo ese estilo de vida. Se organizaban en secreto, intercambiaban discos y revistas prohibidas, e incluso trataban de vestirse como los ídolos de Occidente, porque la moda de esa época también fue una forma de expresar los deseos de cambio, incluso si esto representaba un riesgo para la seguridad personal, porque la libertad en ese momento ya se había convertido en una necesidad irrenunciable.
Pero regresando al momento de la noche decisiva. Se cuenta que durante esas horas la confusión reinaba en Berlín. Un anuncio ambiguo sobre la apertura del Muro, hecho en una rara conferencia de prensa con medios internacionales por un burócrata gris del gobierno de la RDA, Günter Schabowski, fue el catalizador para que cientos de personas se agolparan inmediatamente en los puntos de control que dividían la ciudad. Al principio, los guardias no sabían qué hacer. La euforia se apoderó de la multitud, y, poco a poco, los primeros valientes comenzaron a cruzar. Los abrazos, las lágrimas y los gritos de celebración llenaron el aire. En esos momentos, los vientos de libertad que llenaron los pulmones de los jóvenes alemanes hicieron que el mundo y la historia cambiara para siempre.
Las horas que siguieron fueron un espectáculo único. Jóvenes y adultos cruzaban hacia el otro lado, no solo para ver un nuevo mundo, sino para experimentar algo que nunca habían tenido, el derecho a elegir sus propios destinos. La música, esa misma que había sido prohibida y censurada, fue ahora la banda sonora de la libertad. A lo largo del Muro, la gente comenzó a bailar y a cantar. Nadie sabe de dónde salió en primer martillo, quizás fue la magia que se oculta detrás de los momentos históricos, pero al poco tiempo eran cientos los que golpeaban el concreto con mandarrias y picos. La misma cultura pop que había sido reprimida ahora se convertía en el eco de una victoria que semanas antes nadie creía posible.
Esa noche, no fue solo un muro lo que se derrumbó, fue un sistema entero que por años había intentado construir su imperio sobre los sueños rotos de millones de personas. Los jóvenes que crecieron viendo hacia Occidente con ansias de libertad lograron algo tan grande para la historia de la humanidad, que hasta ahora ha sido irrepetible. A través de la música, de la moda y del arte, los jóvenes de Alemania Oriental encontraron una voz, y esa voz fue más fuerte que cualquier muro de cemento o alambre, fue más fuerte que la Stasi, que las balas y los tanques del Kremlin.
Hoy, cuando recordamos esa noche, nos damos cuenta que la cultura pop dejo de ser simplemente entretenimiento y se convirtió en una herramienta de resistencia, un refugio de esperanza y, al final, el motor de un cambio histórico. En medio de las lágrimas, los abrazos y los cantos, los ciudadanos de Berlín le enseñaron al mundo una lección eterna: cuando una generación está decidida a buscar la libertad, no hay muros ni barreras que pueda detenerlos. Esa generación hizo realidad su anhelada libertad una fría noche de noviembre, entre latas de Coca-Cola y jóvenes bailando encima de viejos Ladas al ritmo de «Looking for Freedom».
Por Omar Ramirez, coordinador local senior de EsLibertad Venezuela.
El 9 de noviembre de 1989 el mundo era inundado por titulares, reportajes e imágenes que alegraron y maravillaron a algunos, entristecieron y decepcionaron a otros aferrados a su dogma, e hicieron entrar en razón a varios; el vergonzoso muro que separaba a Berlín en dos había sido derribado; años de opresión tiránica, de separación de familias, y de una pretendida superioridad de ideas erróneas se caía frente a los ojos atónitos e incrédulos del mundo. Lo que muchos filósofos, economistas, políticos y pensadores habían advertido en papel, se materializaba frente a todos. El muro había caído, y con él, las ideas que lo levantaron.
El muro
Luego de la derrota de la Alemania Nazi y el posterior fin de la Segunda Guerra Mundial, los países ganadores se repartieron el control y la administración del territorio Alemán; el 23 de mayo de 1949 los países aliados Occidentales (Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña) crean la República Federal de Alemania, que seguiría un modelo federal de gobierno y una economía de mercado guiada por el ordo-liberalismo; por su parte, el 7 de Octubre del mismo año, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas creaba la República Democrática de Alemania sobre la Alemania Oriental, la que bajo control Soviético tendría un modo de gobierno autoritario y un sistema económico socialista.
La capital, Berlín, fué dividida en cuatro zonas cada una bajo el control de los países anteriormente mencionados, convirtiéndose Berlín oriental en la capital de la República Democrática de Alemania. Sin darse cuenta; al repartirse el control sobre Alemania, y luego con la creación del muro, dieron paso a el mayor experimento de comparación política y económica dónde personas con una misma nacionalidad, historia, cultura y valores, quedaban divididas en dos países diferentes, con modelos de organización política y económica distintos.
La noche del 13 de Agosto de 1961, por órdenes del gobierno de la URSS, se levantó un cerco de alambre el cuál se convertirá paulatinamente en un muro de hormigón por más de 160 kilómetros, para frenar la fuga de personas hacía el lado Capitalista, prohibir los “cruzadores de frontera” (personas que vivían en el lado Este y trabajaban en el lado occidental), y demostrar una vez más el control sobre los ciudadanos que ejercían las autoridades.
El muro estaba resguardado fuertemente por soldados con la orden de usar fuerza letal contra quién intentara saltar, (según el sitio web Alemán Chronik der Mauer murieron 140 personas intentando cruzar el muro, aunque un estudio del 2017 de la Universidad Libre de Berlín indica que fueron 262 personas); estudiantes de la universidad anteriormente señalada cavaron un túnel durante medio año que permitió la fuga de muchas personas; otras, escaparon saltando desde ventanas de casas que daban a la Alemania Occidental, resalta la historia de Peter Fechter, el primer joven que falleció intentando cruzar el muro, el 17 de agosto de 1962, y que, sin duda, es un ejemplo más del ferviente deseo humano de alcanzar la libertad.
El Símbolo
El muro pasó a convertirse inmediatamente en símbolo de la opresión, la barrera física que impedía a los ciudadanos del Berlín oriental elegir el sitio dónde vivir, la materialización del macabro deseo de los tiranos de jugar a ser cómo dios y usar a los seres humanos como un medio para sus oscuros fines. El recordatorio constante, imponente y amenazante de que la elección es una mentira en régimen autoritarios, pues, quien elegía huir lo hacía a riesgo de exhalar su último suspiro en ese difícil viaje hacía la libertad.
Era, además, la prueba material de la división entre los dos paradigmas imperantes en aquel momento, la separación entre modelos políticos y económicos que tienen como punto de partida al individuo y sus anhelos, el respeto a sus derechos y la defensa de la búsqueda de la felicidad, y los que creen en la planificación central y cuidadosa de cada aspecto de la vida de las personas por un ente central, llámese éste el rey, el jefe supremo, el politburó, o el gran hermano, defendido por aquellos quienes en su fatal arrogancia pretenden saber lo que es mejor para cada persona aunque ni su nombre sepan, quienes en su incapacidad para llevar el control de sus propias vidas, aspiran y reclaman el inventado derecho de dirigir las de los demás. El muro pasó a ser la línea que dividía la libertad para perseguir los sueños, anhelos y metas personales, de la opresión de seguir, bajo amenaza de muerte, los designios de un oscuro grupo de personas qué, a su vez, sólo eran la marioneta de personas aún más grises, pues, los gobernantes de la RDA seguían lo que decían desde Moscú, como diría Fernando Diaz Villanueva:
“Una República Alemana Democrática, tres mentiras; no era república, no era democrática y no era alemana. Era una monarquía hereditaria, no era democrática —era una tiranía espantosa—, y no era alemana porque estaba manejada por los rusos”[1]
Representó además, el símbolo del fracaso de los modelos socialistas en garantizar una vida plena a los ciudadanos, parafraseando a J.F.K, “aunque las democracias occidentales no son perfectas, aún no construimos un muro para evitar que la gente escape hacía el infierno”.
Luego de décadas de indignación y vergüenza, al fin, y a plena luz del día, en contraposición a la oscuridad de la noche en que fué levantado, el muro de la vergüenza -como lo llamó Willy Brandt, alcalde de Berlín Occidental entre 1957 y 1966- fué derrumbado por ciudadanos de ambos lados luego de que un vocero del gobierno de la RDA se confundiese en televisión respecto de cuándo empezaría la circulación entre ambas Alemanias, lo que ocasionó que miles de ciudadanos se volcasen a tomar el muro y derribarlo, marcando así el triunfo de la Libertad sobre la tiranía, el comienzo del fin de la guerra fría y también de la desaparición de la Unión Soviética.
Y así, ese glorioso 9 de noviembre del 89, la línea de hormigón que alguna vez representó opresión, separación familiar, proyectos de vida interrumpidos, sueños rotos, anhelos destruidos, y el aparente triunfo de la bota militar soviética sobre la capacidad de determinación del individuo, fue destruido por el amor a la libertad presente en cada ser humano, el repudio a las injusticias que brota en el corazón del hombre germinó en un movimiento cívico que echó abajo la repugnante línea de hormigón que había pretendido encerrar al espíritu humano en una cárcel, y así como una vez, en la oscura noche del 12 al 13 de Agosto del 61, las tinieblas de la tiranía se quisieron imponer, la resplandeciente y deslumbrante luz de la Libertad brilló con más fuerza que nunca el 9 de Noviembre de 1989.
La Libertad
Aunque Berlín ya no está dividido en dos, la URSS ya no existe, y la guerra fría terminó con el triunfo de Occidente, hoy más que nunca la libertad está fuertemente amenazada, cada día las ideas totalitarias consiguen adeptos en las filas de descontentos con sus políticos que han desvirtuado la democracia liberal, cada vez más, son menos los países que gozan de estado derecho, igualdad ante la ley y economía de mercado. Aunque el muro físico ya cayó, aún queda mucho trabajo por derribar los muros mentales del dogmatismo de quienes se niegan a cuestionar sus convicciones políticas, del fanatismo de aquellos que se niegan a dialogar abiertamente y someter al cuestionamiento público sus propuestas, y de quienes desde el poder aún pretenden perpetuar la ignorancia de las masas para aprovecharse de ella y secuestrar e imponer su verdad. Las tinieblas de la tiranía nunca querrán descansar, el faro de la libertad no puede dejar de brillar.
[1] Fernando Díaz, [El club de los viernes], “Vender nuestras ideas”, video de YouTube, 16 de noviembre de 2016. https://youtu.be/SClWPzJXqqc
«… es necesario recordar que es la libertad la condición que permite al ser humano desarrollarse plenamente en sociedad y que Blockchain puede ser —y está siendo— implementado para dar mayor control de asuntos privados a los individuos y restar poder al Estado»
Autor
Por Roymer Rivas, Coordinador Local senior de EsLibertad Venezuela y teórico del Creativismo Filosófico.
Vivimos en una época donde, en mayor o menor medida, la corrupción es tema de conversación de todos los días, ya que es un fenómeno que se manifiesta en varios campos de acción de los individuos en sociedad, un mal generalizado que desde tiempos inmemorables ha representado un problema a corregir en la sociedad; ya desde el antiguo Egipto, por ejemplo, se tienen los primeros registros de que la corrupción causaba estragos; en la época del gobierno del Faraón Horemheb (1323/1-1295/4 a. C), este fenómeno “debió convertirse en un problema importante dentro del aparato judicial”[1] al punto de que en documentos importantes se trataran de corregir los abusos que habían sufrido los ciudadanos por parte de los funcionarios públicos[2]; si bien, luego de este periodo se desatarían muchos escándalos de corrupción que quedarían grabados en los libros de historia[3].
No obstante, se pueden encontrar registros de actos corruptos desde antes; rastreando hasta la antigua Mesopotamia, por ejemplo, Carlos Alberto Brioschi cuenta que “en el año 1500 a.C., establecer un trato económico con un poderoso no era distinto de otras transacciones sociales y comerciales y era una vía reconocida para establecer relaciones pacíficas”[4], y así podemos pasar por Roma, toda Europa, Asia, y demás países en el mundo en distintas etapas de la historia —incluso en la Biblia se ven actos de corrupción y se condena[5]—. Esto ilustra que la corrupción corre en paralelo con el ser humano en su historia; no obstante, es necesario aclarar que esto no se debe a que la especie humana esté conformada por seres perversos desde su nacimiento, inclinado siempre hacia el mal, sino porque, dadas las circunstancias, después de un cálculo subjetivo, decide qué acciones emprender que aumentarán sus probabilidades de éxito para alcanzar su objetivo, y si estima que el acto corrupto es lo que le servirá —y está dispuesto a asumir los riesgos que eso implica—, lo hará[6]. Por ello, no es tanto un asunto del ser humano per sé, sino de las circunstancias y los incentivos que el mismo crea al momento de tomar una decisión.
De esto se desprende que, si se quiere luchar contra la corrupción, que no es más que la alteración del proceso establecido, del deber ser, se deben modificar las circunstancias creando un marco institucional lo suficientemente fuerte como para generar una tendencia contraria —contrapeso— a las causas que dieron fuerza a las personas para que incurrieran en actos corruptos[7]. Empero, llegados a este punto surge una pregunta: ¿Cómo se puede crear ese marco institucional que servirá de contrapeso en la sociedad para que disminuyan los casos de corrupción? A priori, quien pretenda responder la pregunta debe reconocer que se necesita tiempo, pues uno de los elementos que conforman la esencia de las instituciones sociales es el tiempo prolongado en el que ciertas conductas comienzan a repetirse hasta calar en todo el corpus de la sociedad y enmarcar las acciones que llevan a cabo sus actores[8].
Ahora bien, también es cierto que en esta era digital y de información, la tecnología avanza demasiado rápido y, junto con ella, la cultura de la sociedad[9], por lo que estimo que la misma puede aprovecharse para acortar el tiempo de espera en la reinstitucionalización del sistema y, lo que es mejor, sin ningún tipo de coacción, pues hoy día los jóvenes —que son quienes determinarán las instituciones del mañana— adoptan la tecnología como parte de sí, al punto de que se convierten en marcadores de tendencia dentro de esta sociedad dominada por la tecnología de la información y la comunicación, de manera que representan un potencial “experimento de cambio social”[10].
Por ello, la tecnología, más que presentarse como una herramienta capaz de prevenir la corrupción, es útil para revolucionar la administración pública y mejorar su eficiencia, que es una de los escenarios donde el fenómeno se presenta con mayor frecuencia[11]. Si bien, también surge la pregunta: ¿Cómo ayuda la tecnología a mejorar la eficiencia? Y la respuesta es simple: (i)automatiza los procesos y, por tanto, disminuye la cantidad de manos porosas por las que generalmente pasan los recursos; (ii) puede ayudar a digitalizar los servicios, que unido a lo primero repercute en menos tiempo de trabajo y mayor acceso de la ciudadanía —que les ayudaría a auditar el mismo—; (iii) se optimizan los sistemas y la rendición de cuentas. Estas tres cosas juntas sin duda contribuyen a minimizar las oportunidades de malversar fondos en la provisión de beneficios sociales, licitaciones públicas o inversiones en infraestructura, por lo que (iv) otro beneficio sería respetar los derechos de cada ciudadano[12]. En este escenario, una de las tecnologías que está dando mucho de qué hablar —para bien— y puede servir en la lucha contra la corrupción es nada más y nada menos que Blockchain. Veamos de qué se trata y cómo puede usarse para crear instituciones más sólidas en busca de una mejor sociedad.
Blockchain definido
Blockchain o “cadena de bloques” —en español—, se dio a conocer por ser la tecnología detrás de las criptomonedas, siendo la más conocida de estas el Bitcoin (BTC). Esto ha llevado a que muchos piensen que su única función es soportar las transacciones de las monedas digitales, pero se equivocan en gran manera, las criptomonedas son solo la punta del Iceberg, esta tecnología es mucho más que eso.
En principio, como su nombre lo indica, Blockchain es una “cadena de bloques” de información descentralizada y de acceso público. Algunos dicen que es una especie de libro contable digital que se reparte entre todos los miembros de la comunidad que la usan, pero esta concepción es limitada, pues parece restringir su aplicación solo al ámbito financiero-comercial, y lo cierto es que, al fungir como “un registro de información”, puede servir para campos más allá de lo comercial, como el jurídico, por ejemplo[13]. Por ello, prefiero decir que Blockchain, más que un libro contable, es una especie de libro de datos digital donde quedan registradas las transacciones que se realicen con ella, independientemente de cuales sean. ¿Cómo funciona Blockchain?
Blockchain, funcionamiento y características
Groso modo, cada transacción, dato o conjunto de datos de registra en un “bloque”, una vez lleno de información, éste bloque se conecta a la cadena de bloques que le precedieron, generando una cadena. Cabe mencionar que cada bloque genera un código irrepetible —conocido como hash— que le identifica y que le permite conectar con el siguiente bloque, por lo que uno de los datos que almacena un bloque es el hash del bloque anterior —para poder conectarse a él, es el punto de entrada— y el hash que le identifica a sí mismo —que será el punto de conexión para nuevos bloques—[14]. El hash es al bloque lo que la huella digital es al ser humano. De esta manera, la integridad de los datos es salvaguardada y se evitan transacciones fraudulentas que puedan alterar su estabilidad y veracidad.
Además, como ya se mencionó, los datos de la cadena están repartidos entre todos los “centros” o “nodos” que se encuentran trabajando en la red, lo cual se traduce en que la verificación de los datos que se están almacenando y los ya almacenados se verifican por consenso colectivo, un proceso que sigue una serie de reglas que los participantes deben cumplir para participar en el consentimiento[15]. Así, también, los bloques se registran cuando la mayoría verifica la información —al mínimo error, se reinicia el proceso y ambos bloques, tanto el veraz como el alterado, se registran en la red pública de transacciones, por lo cual queda registro del intento de alteración de datos o, si gusta más, corrupción—.
De allí que las características de Blockchain sean: (i)descentralización, porque no hay un solo órgano director recibiendo, almacenando, verificando y enviando datos; (ii) inmutabilidad, porque es extremadamente difícil, por no decir imposible, que estos datos puedan alterarse en beneficio de algunos y detrimento de otros; (iii)inclusividad, ya que cualquiera puede ingresar a la cadena de bloques, independientemente de su sexo, religión, ideas políticas, entre otros; (iv) transparencia, porque cualquier cambio en la red será registrado y puesto al servicio del público; y (iv) consenso, porque todos los miembros de la red participan activamente en los procesos de la misma. Ergo, Blockchain potencia la transparencia y la participación ciudadana en procesos que hasta ahora se caracterizan por estar llenos de regulaciones complejas y trámites engorrosos que dan paso a abusos de poder y sobornos, y éstos —transparencia e integración del ciudadano— son dos elementos claves para forjar instituciones sólidas en la sociedad[16].
Blockchain y sus ventajas en la lucha contra la corrupción
Habiendo explicado lo anterior, se puede observar que Blockchain cumple con todas las características que enmarcan las buenas acciones en la lucha contra la corrupción, al mismo tiempo que daría paso al aumento de la confianza en las acciones que realiza el Estado, la seguridad y la eficiencia. El impacto, de hecho, se extiende en todos los niveles de la sociedad, eliminando las brechas que separan a los funcionarios públicos —sobre todo con quienes están en la cúpula— y el ciudadano común. Tan solo piense en lo siguiente: si vemos todo el proceso del fenómeno de la corrupción como algo que está presente en una cadena de suministros, donde en principio solo los “encargados” saben qué pasa, Blockchain llega para transformarlo y eliminar los intermediarios y los encargados, automatizando el proceso y, de facto, eliminando la posibilidad de malversar fondos o alterar los datos —corrupción—, mejorando su eficiencia, independientemente de qué y cómo sea lo que se “fabrica” en esa cadena de suministros.
De este modo, todos serían capaces de participar activamente en la cadena, conociendo qué se hace con el producto —datos, dinero u otros recursos—, cómo se hace, donde, cuando y por qué —auditoria ciudadana—; alterando un poco la frase del cofundador de la red de Ethereum, Vitalik Buterin, “mientras que la mayoría de las tecnologías tienden a automatizar a los trabajadores de la periferia haciendo tareas domésticas, el Blockchain automatiza el centro. En lugar de dejar al ciudadano sin trabajo, el Blockchain deja a los encargados de administrar los fondos sin trabajo y permite a los ciudadanos trabajar y hacer seguimiento directo a los recursos”[17].
Con esto en mente, podemos ahora responder la siguiente pregunta: ¿Cómo puede ayudar Blockchain en la práctica, con hechos, a prevenir y luchar contra la corrupción?
Blockchain: propuestas para un mundo con menos corrupción
Las posibilidades del uso de Blockchain en el ámbito público y privado están solo limitadas por la imaginación del ser humano; por ello, lo siguiente son solo ideas generales que pueden servir de guía para el desarrollo de programas fundamentados en Blockchain en busca de ser implementas en la lucha contra la corrupción:
Existe la posibilidad de que el sistema de gastos se ejecute a través de Smart Contracts[18] o “contratos inteligentes” —en español—, así se automatizan los pagos del sector público en ciertas áreas si se cumplen ciertos parámetros establecidos. Un ejemplo puede ser a la hora de cancelar la nómina: los funcionarios podrían completar su trabajo, registrar su tiempo y cobrar automáticamente mediante una función de contrato inteligente si su trabajo supera un control de calidad predeterminado. También, en caso de que se necesite bajar recursos a algún funcionario, por razones cuales sean, se pueden establecer ciertos parámetros a cumplir para que estos recursos puedan desbloquearse y ser entregados a quien corresponda —algo que quedará registrado y se podrá hacer seguimiento del funcionario—. Todo esto puede servir para gestionar las prestaciones de planes sociales.
El Estado podría verificar las identidades del funcionario o demás agentes con los que realice transacciones y realizar un seguimiento de estos registros, así también los ciudadanos pueden hacer seguimiento de proveedores, compromisos y transacciones financieras, como de los calendarios y los resultados obtenidos.
Todos los registros públicos, en cuanto a identidad y títulos de propiedad —así como las transacciones que se realicen en base a ello— pueden gestionarse en la base de datos de la Blockchain, eliminando la intervención humana y empoderando a los usuarios en el uso de algo tan valioso como es la identidad y sus pertenencias.
Si bien, la corrupción no solo abarca lo financiero, también repercute en otras áreas, como las elecciones. Por ello, se puede desarrollar con Blockchain un sistema en el que la identidad del usuario represente un voto —suponiendo el principio de un ciudadano un voto— y éstos puedan elegir un gobernante. Esto tiene como ventaja de hacer el proceso más confiable y que los datos serán publicados en tiempo real —se eliminaría toda la maquinaria que se usa hoy día para votar y se ahorrarían todos los recursos que ello implica—.
Con un sistema de gestión de identidades en Blockchain, se eliminaría toda la maquinaria y burocracia a la hora de poder validar identidades, dando más poder al ciudadano.
Podría crearse una aplicación (APP) donde cada persona publique en tiempo real hechos de corrupción. Si bien los actos corruptos tienden a pasar en escenarios donde nadie ve, esto incentiva la participación ciudadana y podría agilizar el proceso policial.
Y así se puede seguir con muchas cosas más.
Cabe destacar que para acceder a todo esto solo se necesitaría una app y acceso a internet[19], y quien lo tenga puede hacer seguimiento las 24 horas del día de lo que sucede en la red. Ahora bien, lo mejor de todo esto es que no solo es imaginación, pues ya hay casos en la vida real donde se ha implementado esta tecnología para agilizar procesos administrativos y, con ello, evitar casos de corrupción. Si bien, lo bueno de todo esto es que no es mera imaginación, pues son cosas que en mayor o menor medida se han implementado, o a eso apuntan, diversos países.
Blockchain anticorrupción: casos de la vida real
Entre los casos donde se ha implementado la tecnología Blockchain en la administración pública podemos encontrar a Suecia, donde se creó un modelo de registros “con el cual se reducen los tiempos para los tramites”, y fue tan bueno que termino exportándose a Honduras y Georgia[20]. También, en este último país se ha ejecutado un proyecto con Blockchain para validar los documentos gubernamentales relacionados con propiedades y transacciones, llegando a registrar más de 100 mil documentos en el año 2017[21].
A esto se suma que, en el año 2014, la candidata presidencial Marina Silva utilizó la tecnología Blockchain durante su campaña con el que podía identificar y rastrear las donaciones que le hacían a la misma, garantizando transparencia en el proceso[22]; y que la bolsa de Santiago de Chile implementó Smart Contrats y Blockchain en sus servicios[23], además de que el gobierno de país comenzó a registrar y dar seguimiento a las transacciones del sector energético con la misma tecnología[24].
En esta línea, otros países están en proceso de aprovechar esta tecnología en sus procesos; por ejemplo, La Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha usado un conjunto de herramientas para recopilar información para sistemas de identidad destinados a brindar acceso a asistencia a los refugiados en un sistema que llaman “PRIME”, que cubre toda la cadena de servicios requeridos hasta que se hace efectivo. También, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) incluyó la parte de identificación de este proyecto para otro proyecto llamado WFP Building Blocks, que atiende refugiados en Jordania, todo por medio de Blockchain. Lo mejor de todo es que el programa logró ahorrar “cerca de mil millones de dólares en comisiones que antes pagaba a compañías de tarjetas de crédito por transferencia de efectivo en cajeros automáticos. Además, el PMA ahora tiene un registro de cada transacción, aunque no vinculado a cada persona.” Este proyecto ya superó la fase piloto y sirve para atender a más de 100.000 refugiados en Jordania[25].
En lo que respecta al voto y las elecciones, en el Estado de Virginia, EE. UU., Blockchain se usó en las elecciones primarias y generales del año 2018, si bien la aplicación fue parcial, puesto que solo se realizó con 150 personas en el extranjero, es una muestra de que puede usarse en estos procesos. Cuando entrevistaron al secretario de estado de Virginia Occidental, Mac Warner, sobre esta medida, comentó: “Blockchain se está utilizando en todo, desde la atención médica hasta el transporte. Esto no es moda, es la ola del futuro”[26]. De hecho, en el año 2021, dos ingenieros informáticos venezolanos decidieron hacer una aplicación fundamentada en Blockchain para su trabajo de grado para la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y que podría ser usada en la gestión de registros y procesos electorales, sin embargo, los estudiantes no pudieron realizar pruebas piloto en la universidad por culpa del aparato burocrático[27].
Cabe destacar que estos son solo algunos ejemplos de aplicación de la tecnología Blockchain en procesos administrativos, especialmente públicos, de los varios que podemos encontrar en el mundo, ya implementados o en proceso de estudio e implementación. En suma, la tecnología Blockchain cuenta con las características suficientes para evitar actos de corrupción y brindar mayor confianza a los ciudadanos, fortaleciendo en el proceso las instituciones del país[28].
Blockchain anticorrupción: ítems para construir una solución
Básicamente, Blockchain es útil en casos donde se requiera la descentralización y registro de información, para su consecuente auditoria, dado su carácter de transparencia, consenso y validación. No obstante, es necesario destacar que este tipo de tecnología no es una solución por sí misma, sino una herramienta que requiere de un plan estratégico que aborde correctamente el problema o la necesidad del proyecto. Por ello, es necesario responder las siguientes preguntas: (i) ¿Cuál es el problema a resolver? —en el marco de la corrupción y procesos que requieran transparencia—; (ii) ¿Quiénes son o serán los participantes?; (iii) ¿Cuáles serán los valores o activos que se intercambiarán o validarán?; y (iv) ¿Cuál es el presupuesto?
Es importante tener los objetivos claros, pues es donde se enmarcarán las acciones siguientes en busca de dar solución a los problemas, aprovechando la tecnología. Para utilizar Blockchain, hay que saber para qué será usado para luego definir cómo usarlo. Como bien dice una frase: “para el barco que no sabe hacia donde va, no hay viento favorable”. Comprender el escenario actual, sus problemas y participantes es lo que permitirá establecerse metas en este sentido.
Con respecto a los participantes, lo anterior ayudará a definir las reglas que regirán el sistema, pues el mismo es tan eficiente como sus reglas lo sean. Blockchain no hará que las personas dejen de ser corruptas per sé, sino que servirá de marco regulatorio institucional, cuanto más sea usado y más eficiente su fundamento, que servirá de contrapeso a la tendencia de cometer actos corruptos. Tener claro quiénes son los participantes es lo que permitirá si habrá intermediarios o no —y cuál es el marco de acción en caso de que sí los haya— y qué función o rol cumplirá cada uno. De hecho, cabe recordar que, si se quiere utilizar Blockchain por motivos de transparencia, se puede aprovechar para hacer partícipe a los ciudadanos en el historial de transacciones, en ciertas validaciones y en su seguimiento.
La cantidad de participantes, que no necesariamente tienen que ser personas naturales, sino jurídicas, determinará también la cantidad de nodos y la complejidad del sistema en la realización de sus procesos. En este sentido, destaco el ejemplo usado en un texto publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo en interés de “desarrollar confianza en entornos complejos”, como lo es Venezuela, “para generar valor de impacto social” a través de Blockchain:
“… para una red de registro de vehículos en un país determinado podría ser que el gobierno, la agencia tributaria, las aseguradoras y las grandes empresas de compra/venta de vehículos fuese nodos de la red. Por otro lado, cada ciudadano accedería a través de la interfaz web proporcionada para dicho propósito y tendría acceso a la ficha técnica de su vehículo sin necesidad de ser un nodo. A la hora de realizar una compra/venta, comprador y vendedor informarían al sistema vía página web y la transacción sería validada por la aseguradora —verificando que todo estaba en regla con respecto a pagos del seguro—, la agencia tributaria —tomando nota de los impuestos y verificando igualmente que no hay insolvencia o deudas por ninguna de las partes— y el ministerio correspondiente —que daría el visto bueno y tomaría nota para sus propios registros—.”[29]
Este mismo estudio indica que “cuanto más diferentes sean los participantes de la red, más complejos habrán de ser los consensos y más variadas serán las transacciones, y ahí es donde Blockchain puede ayudar. Cada organización podrá desempeñar un papel distinto y a la vez importante para el sistema.”[30]
Por su parte, la definición de las cosas que se intercambiarán y/o validaran también definirá cómo desarrollar e implementar el sistema. Esto puede ir desde un voto, alguna cantidad de recursos públicos en valor monetario, hasta algún documento de título de propiedad —que se almacenará y transferirá en forma de datos, digita, no físico—.
A modo de ejemplo, imagine que el gobierno de Venezuela quiera importar algún medicamento de Cuba que requiere de no perder la cadena de frio y, además, se exige que sean de una marca en específico. En aras de cumplir con esto, se realiza un control de temperatura cada 30 minutos en el contenedor donde viajan los medicamentos. Si al momento de llegar el cargamento cumple con todas las características, el gobierno venezolano realizará el pago correspondiente a la empresa cubana. En este ejemplo, los participantes son: (i) exportadora cubana, (ii) gobierno venezolano, (iii) intermediario financiero —Banco—, (iv) dispositivo de temperatura que envía información periódica sobre el estado del contenedor, (v) entidad encargada de certificar que el cargamento es de una sola marca, (vi) entidad que audite todo el proceso; el valor es: (a) certificación de mercancía, (b) historial de temperatura; y la transacción es: notificación de (1) envío de cargamento, (2) deposito de pago, (3) certificaciones varias del proceso, (4) medidas de temperatura periódicas, (5) recibo de cargamento, y (6) notificación del pago realizado.
Este proceso tendría lugar gracias a un Smart Contract con el que estén de acuerdo las partes involucradas para que el mismo pueda ejecutar las ordenes de forma automática. En este escenario, todos los participantes tendrían el trabajo manual de notificar al sistema Blockchain de todas las certificaciones de envío, recibimiento y demás cosas que le competen a este ejemplo —en el caso del dispositivo de temperatura, lo ideal es que envíe la información automáticamente a la Blockchain—[31]. Para este tipo de casos, el ciudadano solo tendría acceso a “ver” cómo ha sido el proceso, pero sin incidir en él directamente —o puede hacerlo en caso de que así se programe con, por ejemplo, la validación del dato de temperatura del cargamento, eso dependerá de los fines que se quieran conseguir y cómo se establezcan las reglas del sistema—.
Algo parecido puede hacerse con otros asuntos, tanto a nivel de acciones y recursos públicos, como privados y mixtos. Esto es una mera guía general de acción y cada caso debe ser estudiado con cuidado para saber qué cosas es lo que mejor funcionará en cada caso particular, tanto si es algo donde intervienen pocos actores como donde intervienen “todos” los miembros de la sociedad —como el caso de los votos en elecciones—.
Blockchain anticorrupción: ¿Qué hay del presupuesto?
Algunos podrían pensar que el tema del presupuesto es un gran problema, pero lo cierto es que, como ya se demostró en líneas anteriores, en el mediano-largo plazo la implementación de Blockchain aminora los costos y permite ahorrar millones[32], que podrían servir para otros asuntos en busca del bienestar de los individuos en la sociedad. Si bien es cierto que no se tiene un marco referencial robusto de casos donde se haya presupuestado la implementación de Blockchain para solucionar problemas como los mencionados a lo largo de este texto, eso no limita hacer algunos análisis.
En agosto del 2023, “FinModelsLab”, un proveedor de herramientas y recursos financieros para nuevas y/o pequeñas empresas en todo el mundo, publicó un rango de estimaciones del costo promedio para el lanzamiento de una startup de tecnología Blockchain oscila entre los 277 mil y 875 mil dólares[33], lo cual incluye, entre otras cosas, el proceso de investigación y desarrollo para la aplicación Blockchain, la compra de equipos especializados, contratación de ingenieros y desarrolladores, auditorias y pruebas de seguridad.
Con esta referencia, se pueden citar algunos ejemplos de inversión gubernamental en proyectos relacionados con Blockchain. Por ejemplo: se sabe que en el año 2019 Brasil invirtió 1,4 millones de dólares en un proyecto de Blockchain de identidad digital para el desarrollo de la segunda fase de un proyecto que consiste en una plataforma para aplicaciones de Internet de las cosas (IoT)[34]; que la Unión Europea invirtió poco más de 4,34 millones de dólares anuales (2019-2020), y que se suman a más de 195 millones de dólares que la Comisión Europea previó asignar a diferentes proyectos Blockchain, con el propósito de brindar servicios públicos digitales en los países miembros[35]; y que China invirtió en el año 2020 invirtió 4,7 millones de dólares para desarrollar una plataforma de comercio financiero sostenido con Blockchain[36].
Cabe señalar que cuando se trata de recursos manejados por el Estado, hay que tener cuidado, pues no se tiene en cuenta que existe la posibilidad de que las cifras estén infladas y/o que la misma burocracia sea la que encarezca la asignación de recursos en este tipo de proyectos, por lo que se puede decir que, en circunstancias normales, el desembolso por este tipo de proyectos es menos costoso. Si bien, estas cifras, dan una idea estimada de los costos en los que se incurre para llevar a cabo el proyecto.
En adición, para poner en perspectiva y también a modo de ilustración, para el año 2016 el presupuesto de la nación destinaba 795,40 millones de dólares para que el poder electoral pudiera llevar a cabo sus funciones[37], por lo que —comparativamente— los recursos que necesitarían invertirse para llevar a cabo un proyecto con Blockchain para las elecciones serian ínfimos[38]. En concreto, suponiendo un gasto similar al de Brasil, Venezuela solo necesitaría el 0.16% del presupuesto empleado en 2016 para el poder electoral[39]. En este escenario, se reitera que el verdadero valor de Blockchain, más allá de sus características tecnológicas, que aportan mucho a los procesos, es la reducción de los costes[40], en consecuencia, sobrarían recursos que pueden ser destinados a otros asuntos de mayor interés para la sociedad, y más aún en el caso Venezuela, que se encuentra sumergida en la peor crisis institucional de su historia[41].
Actualmente nos encontramos en lo que Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, denominó “la cuarta revolución industrial”, que alude a un mundo en el que lo virtual o digital coopera por lo físico de manera flexible —o, incluso, arropa y succiona dentro de sí lo físico, pues pretende digitalizar todo[42]—, por consiguiente, hemos de aceptar que la tecnología está determinando, para bien y/o para mal, las instituciones sociales. Ahora bien, esta benignidad o malignidad que representa la tecnología para la sociedad quedará definida en función del uso que se le dé a dicha tecnología.
Por ello, es necesario recordar que es la libertad la condición que permite al ser humano desarrollarse plenamente en sociedad y que Blockchain puede ser —y está siendo— implementado para dar mayor control de asuntos privados a los individuos y restar poder al Estado, lo cual, en el mediano-largo plazo, definirá cuan buenas sean las instituciones que enmarcan las acciones del individuo en sociedad. La realidad lo ilustra perfectamente: si observamos el Índice de Percepción de la Corrupción del año 2022 y lo correlacionamos con el Índice de Libertad Económica, vemos cómo los 5 países más libres se encuentran entre los países menos corruptos, mientras que los 5 países donde se percibe mayor corrupción se encuentran entre los menos libres[43].
El énfasis es en que, en la medida en que las aplicaciones de la tecnología Blockchain busquen empoderar al ciudadano y restar poder al Estado, en un marco donde se pretende disminuir o erradicar en la medida de lo posible el cáncer de la corrupción, la libertad conseguida, que es lo único que sea demostrado capaz de crear instituciones sólidas en beneficio de la sociedad, es lo que dará paso a la creación de nuevas instituciones que sirvan de contrapeso a actos perversos, aumentando a su vez el grado de responsabilidad en la consciencia de los actores sociales —que es la otra cara de la libertad—, desembocando así en una espiral ascendente de libertad, responsabilidad y progreso social y una descendente de los incentivos que despiertan, impulsan o hace que se manifieste ese “gen picaresco” que poseemos todos.
En definitiva, las nuevas tecnologías son las que están enmarcando al mundo en la actualidad, y Blockchain es una de las alternativas prometedoras —realistas— que se puede poner al servicio de la ética y servir de escudo para proteger a la sociedad de la corrupción sistémica. No se puede pretender cambiar las cosas apelando a las medidas que siempre se han mostrado ineficaces; en un mundo que avanza a pasos agigantados hacia la digitalización, Blockchain se presenta como la solución a varios problemas de la sociedad, dado que se solucionan problemas de siempre con herramientas del momento —que potencian las instituciones que sí han demostrado ser eficaz en la historia del progreso de la humanidad—. Por consiguiente, es de vital importancia que los países empiecen a implementar este tipo de sistemas para probar —en el sentido de degustar, como “probar un helado”— su verdadero potencial en la lucha contra la corrupción y la libertad[*].
[1] Nerea Taracón Huarte. 2016. Maat encadenada: la corrupción en Egipto durante el nuevo reino. Publicado en la Revista Anesteria, número 5 (págs. 15-24). Pág. 18.
[3] Para ver algunos de estos escándalos, desatados en el periodo ramésida, ver: Ibídem., págs. 18-22.
[4] En: Sandri Piergiorgio. 2012. Historia de la corrupción. Publicado en el portal de “La Vanguardia”. Puede acceder a través de: https://acortar.link/NkpwtV (Consultado el 10 de diciembre de 2023). Cabe mencionar que esta acción no se diferencia en nada a cuando un empresario paga a los poderosos del Estado para que aprueben una ley que les beneficie a ellos y elimine la competencia, por hacer un símil.
[5] Por solo citar un ejemplo, el apóstol Pablo fue víctima de la corrupción en la antigua Roma (Hechos: 24:22-26). En este sentido, cabe señalar que la Biblia condena la corrupción (Deuteronomio 10:17; 16:19; Salmos 26:10) y transmite el mensaje de que éste es un cáncer que arruina a las naciones (Proverbios 29:4), por lo que invita a evitarlo.
[6] Alguien que explica bien este asunto, que deriva de un análisis económico del derecho, es Enrique Ghersi en “La economía de la corrupción”, al cual puede acceder a través de: https://cedice.org.ve/avada_portfolio/monografia-73-economia-de-la-corrupcion/ (Consultado el 10 de diciembre de 2023). Sin embargo, también invito a revisar la visión que da Jesús Huerta de Soto en “Socialismo, cálculo económico y función empresarial” sobre el cálculo subjetivo y la toma de decisiones del individuo en sociedad y las consecuencias negativas en las que se sumerge el sistema una vez es controlado por un Estado hipertrofiado que la híper-regula (ver págs. 118-133., de la tercera edición publicada por Unión Editorial).
[7] Axel Capriles resalta muy bien este hecho, en su obra “La picardía del venezolano o el triunfo del Tío conejo” (2008), cuando habla de que la corrupción sistémica es causa de un socavamiento de las instituciones y que solo se puede hacer frente a ello apelando al desgaste de dicha perversión institucional con “el correr del tiempo o con el desarrollo de tendencias contrarias con fuerza suficiente para servir de contrapeso” (publicado por Editorial Alfa. Pág. 79).
[9] Fundamentándose en varios autores y datos, Agustín Laje, en su obra “Generación idiota: una crítica al adolescentrismo”, explica cómo la tecnología, especialmente la de información y comunicación, impacta “de manera significativa en la forma de la vida” de los actores sociales, llegando a moldear a la sociedad entera —que a su juicio es una sociedad dominada por actitudes y/o comportamientos adolescentes—. Nuestra comunicación y contacto con nuestro entorno es, en buena medida, cuando no por completo en ciertos ámbitos, es por los medios tecnológicos. Por ello, afirma: “la tecnología digital no es simplemente una tecnología de la comunicación; es una tecnología para la vida. “El medio es el mensaje” es una sentencia que tendría que precisarse todavía más. Hoy deberíamos decir que la vida es el medio, cuando se trata del medio digital”, que es adonde apuntan toda la tecnología actual. De este modo, la tecnología “captura la vida y la dirige. La vida se torna en todos sus aspectos vida mediada.” Asuntos como Big data, inteligencia artificial, dispositivos y sensores de capturan cada aspecto de la vida del ser humano al final termina siendo “un imperativo”, puesto que tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad que avanza sin parar hacia la digitalización total. (Ver: Agustín Laje. 2023. Generación idiota: una crítica al adolescentrismo. Ciudad de México. Publicado por HaperCollins México, S. A. Págs. 141-146)
[10] En un estudio realizado en el año 2019 en Aragón, España, se concluyó que la juventud es “un colectivo muy relacionado con la tecnología a lo largo de su experiencia vital” y, en este marco social, juegan un “papel relevante en los cambios tecnológicos” y, por extensión, la sociedad (ver: Rubén Ramos Antón y David Pac Salas. 2019. La juventud como early adopter del cambio tecnológico: un análisis de los jóvenes aragoneses (España). Publicado en la revista Sociología Problemas e Prácticas, número 91, págs. 23-37. Puede acceder al estudio a través de: http://journals.openedition.org/spp/6365 (Consultado el 10 de diciembre de 2023)). También, invito a revisar la publicación de Juan Jesús Rueda-López, en la revista de ciencias sociales “Aposta”, titulado: “La Tecnología en la sociedad del siglo XXI: albores de una nueva revolución industrial”, donde se muestra cómo la tecnología moldea a la sociedad, condicionando la conducta y costumbres de sus miembros, desembocando en transformaciones sociales (puede acceder al mismo a través de: https://www.redalyc.org/pdf/4959/495950225001.pdf (Consultado el 10 de diciembre de 2023)).
[11] Esto es importante, porque la gestión pública es un escenario que se presenta como caldo de cultivo para la corrupción. Según Thomas Wolf y Emine Gürgen, en una publicación del FMI titulada: Mejora de la gestión pública y lucha contra la corrupción en los países bálticos y la CEI, “la mala gestión pública genera corrupción”, y esta se manifiesta con exceso de “intervención y arbitrio del gobierno en la actividad económica, incluido un exceso de reglamentos para las empresas privadas y el uso de sistemas preferenciales” y la falta de transparencia en la rendición de cuentas (pág. 3-5. Puede acceder a través de: https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues21/esl/issue21s.pdf (Consultado el 11 de diciembre de 2023)). Si la tecnología puede ayudar a mejorar la gestión pública, entonces a priori se concluye que los casos de corrupción en el sector público disminuirían.
[12] Un informe publicado por Transparencia Venezuela, titulado: “Gran corrupción venezolana, derechos humanos e impunidad” (2023), muestra que la corrupción “es una grave para la sostenibilidad democrática, en la medida en que erosiona el marco institucional con todas sus consecuencias negativas para el disfrute de los Derechos Humanos” (Pág. 10-13. Puede acceder al informe a través de: https://transparenciave.org/venezuela-gran-corrupcion-impunidad-derechos-humanos/)
[13] Una muestra de aplicación de Blockchain en el campo del Derecho o la justicia es el proyecto “Kleros”, el cual presta servicios de arbitraje descentralizado para resolución de conflictos. Puede verlo a través de: https://kleros.io/.
[14] American Council for Technology, Industry Advisory Council. 2017. Enabling Blockchain innovation in the U.S. Federal Government. Puede acceder al texto en ingles a través de: https://acortar.link/kLtmEB (Consultado el 13 de diciembre de 2023). Pág. 3.
[16] Cabe mencionar que han sido varios los textos que indican que es fácil identificar los numerosos beneficios potenciales que ofrece la tecnología Blockchain en la administración pública, destacando: (i) mayor confianza, gracias a que la plataforma es transparente y verificable; (ii) Mayor compromiso ciudadano, dado que se gestiona las identidades de los ciudadanos y los mismos verifican y validan las transacciones; (iii) datos transparentes y trazables en la gestión financiera e incluso en la adquisición de bienes y servicios; (iv) nuevas fuentes de ingreso para el Estado, en la medida en que los servicios se agilizan y vienen con valor añadido —ahorro de tiempo a los usuarios, por ejemplo—. Al respecto, invito a ver ibidem., pág. 10.
[17] La frase original es: “Mientras que la mayoría de las tecnologías tienden a automatizar a los trabajadores de la periferia, haciendo tareas domésticas, el blockchain automatiza el centro. En lugar de dejar al taxista sin trabajo, el blockchain deja a Uber sin trabajo y permite a los taxistas trabajar directamente con el cliente.”
[18] Los contratos inteligentes son “Blockchains programables, es decir, que nos permiten alojar en las Blockchains unas instrucciones o programas para ejecutar una serie de instrucciones si se cumplen ciertas condiciones” (Javier S. Hurtado. 2023. Qué es Blockchain y cómo funciona la tecnología Blockchain. Publicado en el portal de IEBS. Sección: “Qué son los Smart Contracts”. Puede acceder a través de: https://www.iebschool.com/blog/blockchain-cadena-bloques-revoluciona-sector-financiero-finanzas/ (Consultado el 13 de diciembre de 2023).
[19] Es necesario mencionar que hay registros que pueden hacerse offline y se cargan una vez se tenga acceso a internet, por lo que para aquellos que no cuenten con acceso a la red no quedaran fuera del sistema. De hecho, se benefician aún más, porque son precisamente las personas de escasos recursos quienes más se perjudican de la burocracia y la corrupción. Y da la casualidad que, según el Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad, Venezuela es el país más burocrático de América Latina, dificultando procesos administrativos que competen a derechos de los ciudadanos. Puede acceder a este estudio través de: https://acortar.link/K2AXnW (Consultado el 02 de enero de 2024).
[20] Al respecto, ver “Suecia concluye con éxito prueba de registro de propiedad basado en Blockchain”, publicado en el portal de CriptoNoticias. Puede acceder a través de: https://acortar.link/sMY0rL (Consultado el 13 de diciembre de 2023). Si bien, la cita la extraigo de: Mateo de Jesús Audelín Mayo Gómez. 2022. Nuevas soluciones para viejos problemas. México. Publicado por la organización IAP Tabasco. Pág. 29. Puede acceder a través de: https://acortar.link/9n5OcM (Consultado el 13 de diciembre de 2023).
[21] Invito a ver “Gobierno de Georgia amplía proyecto de registro de propiedad sobre Blockchain con Bitfury”, publicado en el portal de CriptoNoticias. Puede acceder a través de: https://acortar.link/n3iKE4 (consultado el 13 de diciembre de 2023).
[22] Puede revisar “candidata presidencial de Brasil recaudará fondos para su campaña usando la bBlockchain de Decred”, publicado en el portal de CriptoNoticias. Puede acceder a través de: https://acortar.link/TSDHQE (Consultado el 13 de diciembre de 2023).
[23] Ver “Bolsa de Santiago implementa contratos inteligentes y Blockchain en uno de sus servicios”, publicado en el portal de CriptoNoticias. Puede acceder a través de: https://acortar.link/aK4vVl (Consultado el 13 de diciembre de 2023).
[24] Óp. Cit. Nuevas soluciones para viejos problemas., pág. 30.
[25] La referencia a los proyectos y la cita en concreto es una traducción a: Arne Strand. 2020. Blockchain as an anti-corruption tool: case examples and introduction to the technology. Publicado por Anti-Corruption Resource Centre. Sección: “Blockchains for humanitarian aid”, págs. 19, 20. Puede acceder a través de: https://www.u4.no/publications/are-blockchain-technologies-efficient-in-combatting-corruption.pdf (Consultado el 15 de enero de 2024).
[26] Ver: “Virginia Occidental prueba Blockchain en elecciones del senado para votantes remotos”. Publicado en el portal de CriptoNoticias. 2018. Puede acceder a través de: https://acortar.link/SlKjO9 (Consultado el 15 de enero de 2024). Y “Pioneros de votaciones electorales Blockchain de Estados Unidos con prueba móvil de Virginia Occidental”. Publicado en el portal de Cointelegraoh. 2018. Puede acceder a través de: https://acortar.link/Bu81pH (Consultado el 15 de enero de 2024). Esto llevó a que en 2020 se promoviera un proyecto de ley para permitir el uso de Blockchain en las elecciones del estado, por ser más seguro (ver: https://acortar.link/MSINkR).
[27] Keyla Brando. 2021. Voteledger, una solución electoral basada en Blockchain creada por Ucabistas. Publicado en el portal “El Ucabista”. Puede acceder a través de: https://acortar.link/ONWaDI (consultado el 01 de enero de 2024).
[28] Si desea ver otros ejemplos, puede revisar óp. Cit. Blockchain as an anti-corruption tool: case examples and introduction to the technology., págs. 14-22.
[29] Marcos Allende López. 2018. Blockchain: cómo desarrollar confianza en entornos complejos para generar valor de impacto social. Publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Págs. 32, 33. Puede acceder a través de: https://acortar.link/j5APAa (Consultado el 15 de enero de 2024).
[34] Ver: “Brasil invierte USD1,4 millones en proyecto Blockchain de identidad digital”. Publicado en el portal de CriptoNoticias. Puede acceder a través de: https://acortar.link/3ZuaRW (Consultado el 15 de enero de 2024).
[35] Ver: “EBSI: la Blockchain para Europa en la que se invierten EUR 4 millones al año”. Publicado en el portal de CriptoNoticias. Puede acceder a través de: https://acortar.link/AfQbKI (Consultado el 15 de enero de 2024). Cabe señalar que, a modo de ilustración, si se dividen los 4,34 millones de dólares entre los 27 miembros de la Unión Europea, tenemos que cada país tendría que aportar casi 161 mil dólares al año —que durante esos dos años seria 322 mil dólares—, lo cual entra en el rango previsto para un startup de tecnología Blockchain.
[36] Ver: “China invierte USD 4,7 millones para desarrollo de plataforma Blockchain”. Publicado en el portal de CriptoNoticias. Puede acceder a través de: https://acortar.link/rzirid (Consultado el 15 de enero de 2024).
[37] Desde el año 2017, el Estado venezolano ha sido poco transparente u opaco con los datos que publica del Presupuesto Nacional. Por ello, se toma el presupuesto del 2016 como referencia y, en específico, las cifras del análisis publicado por Transparencia Venezuela para ese año, al cual puede acceder a través de: https://transparenciave.org/project/nuestro-presupuesto-2016/ (Consultado el 16 de enero de 2024). Aquí se ve que la cifra presupuestada para ese año que se destinó al “Poder Electoral” es de Bs. 5.011 millones, que representa el 0,3% del total del presupuesto y equivalen, al tipo de cambio oficial de la fecha —6,30 Bs/$—, a $795.396.825,39.
[38] El lector podría pensar que estas exorbitantes cifras solo se ven en Venezuela, pero no es el caso. Las invertidas en lo que compete a un proceso electoral —antes, durante y después, en suma, para mantener el aparato burocrático a cargo de estos procesos— no varían mucho en el mundo. En España, por ejemplo, las elecciones de 2019 y 2020 costaron más de 500 millones de euros. Con respecto a esto último, ver: “Las elecciones de los últimos dos años han costado más de 500 millones de euros”, publicado en el portal de Newtral, al cual puede acceder a través de: https://acortar.link/Ju6qrZ (Consultado el 16 de enero de 2024).
[39] Para ver la magnitud de los recursos que despilfarra el Poder Electoral en Venezuela (2016), la cifra de 795,40 millones de dólares representa 4 veces más lo que toda la Unión Europea, conformada por 27 países y con una población aproximada de 447 millones (2020), decidió invertir en proyectos Blockchain en 2019 y 2020.
[40] Al respecto, invito a ver: “El 70% del valor del Blockchain reside en la reducción de los costes”. Publicado en el Blog de Softtek. Puede acceder a través de: https://acortar.link/lHQ6iZ (Consultado el 16 de enero de 2024).
[42] En distintas obras, Byung-Chul Han sostiene que nos encontramos en una sociedad en la que lo digital ha invadido cada aspecto de la vida (ver: “No cosas”, “La sociedad paliativa” e “Infocracia: la digitalización y la crisis de la democracia”), que es la misma línea que más tarde sigue Agustín Laje para sostener sus premisas expuestas en óp. Cit. Generación idiota: una crítica al adolescentrismo., que si bien lo hacen en un sentido crítico, lo cierto es que es una realidad en la que nos encontramos sumergidos y, como toda herramienta tecnológica, puede aprovecharse a nuestro favor, en busca de una mejor sociedad. Estimo que, más que una aversión a la tecnología per sé —que, aclaro, no es el caso de estos autores—, la aversión debe ser dirigida al uso que se le da, sobre todo cuando es o pretende ser dirigido desde el poder político para “idiotizar” a los individuos y dosificarlos en aras de facilitar el control sobre ellos. En este ensayo se apuesta a aprovechar la tecnología para hacer todo lo contrario, es decir, empoderar la acción ciudadana, civil, y restar poder a quienes conforman el Estado.
[43] Ver: “Corruption Perceptions Index”, 2022, publicado por Transparencia Internacional, en: https://www.transparency.org/en/cpi/2022, y “Economic Freedom of the World”, 2023, publicado por Frase Institute y que puede encontrar en el portal de CEDICE, en: https://acortar.link/OdV8SN (Consultado el 16 de enero de 2024). Cabe señalar que la correlación negativa —mayor índice de libertad igual a menor corrupción— aplica para todos los índices de libertad, no solo la económica, pues da la casualidad que los países con mayor libertad de prensa y expresión, más respeto a la propiedad privada, entre otros, son los mismos que se encuentran de primero en el ranking de mayor libertad económica y, por tanto, menor percepción de corrupción.
[*] Con este ensayo, el autor consigió una mención honorifica en el concurso de ensayos: «Ética en acción», llevado a cabo por Cedice Libertad y Transparencia Venezuela a finales del año 2023 y principios del 2024.
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