Llegaron a Chile dos integrantes del Tren de Aragua implicados en asesinato de Ronald Ojeda

Caracas. – Dos integrantes de la organización terrorista del chavismo Tren de Aragua, Rafael Gámez Salas, alias “el Turko”, y Alfredo Carrillo Ortiz, conocido como el “Gocho”, llegaron este viernes a Chile extraditados desde EE. UU. y Colombia para enfrentar el juicio por el secuestro y asesinato, del militar venezolano disidente Ronald Ojeda.

Según informó el Ministerio Público de ese país, ambos imputados habrían participado del crimen del militar y refugiado político venezolano en calidad de miembros de la facción “Los Piratas del Tren de Aragua”, estructura criminal transnacional que opera hace cerca de una década en Chile.

La tesis de la Fiscalía chilena ha sido desde un principio que el crimen de Ojeda tuvo un “móvil político”. Se han confirmado gestiones para interrogar al narcotirano capturado Nicolás Maduro, prisionero en EE. UU.

Gámez trabajó dos meses en una procesadora de camarones de Venezuela, antes de transformarse en “El Turko”, uno de los líderes de Los Piratas de Aragua. En Chile, creó el grupo de WhatsApp donde se coordinó el crimen del teniente Ojeda, antes de huir a EE. UU.

Mientras, Carrillo está imputado como uno de quiénes enterró en Maipú al oficial disidente del chavismo. Tanto Gámez Salas como Carrillo Ortiz son señalados como integrantes del Tren de Aragua, el primero llegó desde EE. UU. y el segundo de Colombia, reseñaron medios chilenos. Están acusados de participar en el crimen de Ojeda, ocurrido el 21 de febrero de 2024.

Con estas dos extradiciones asciende a 27 el número de detenidos por la causa. De ellos, 26 están en Chile a la espera del juicio. La primera acusación relacionada con el crimen había cerrado a finales de 2025.

VEPPEX exige transparencia y garantías para Venezuela ante las negociaciones petroleras con EE. UU.

El anuncio conjunto entre la administración de EE. UU. y las autoridades venezolanas encabezadas por la jerarca del narcorégimen chavista Delcy Rodríguez, sobre un histórico pacto energético ha reactivado de forma inmediata el debate geopolítico e institucional sobre el futuro de los recursos estratégicos de la nación.

El convenio, que contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, una proyección de inversión privada superior a los USD$ 100.000 millones y el acceso norteamericano a 65.000 millones de barriles en reservas probadas, representa la mayor apertura petrolera del país en décadas, prometiendo a su vez más de USD$ 209.000 millones en tributos fiscales para las arcas públicas.

Sin embargo, el despliegue de negociaciones comerciales de tal magnitud sin un marco regulatorio y de contraloría plenamente auditable ha encendido las alarmas de diversos sectores civiles, políticos y organizaciones en el exilio.

Ante los vacíos sobre los mecanismos de fiscalización, el destino real de los ingresos tributarios y la falta de salvaguardas explícitas sobre la institucionalidad del país, crecen las demandas internacionales para que el flujo de capital no se traduzca en opacidad ni postergue compromisos fundamentales en materia de institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos.

En este marco, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) ha solicitado, a través de un comunicado, que se expliquen públicamente su alcance, condiciones y mecanismos de supervisión, recordando que se deben garantizar beneficios verificables para los venezolanos, proteger el patrimonio nacional y prevenir la corrupción.

El comunicado en integro expresa:

Miami, Florida, 28 de agosto de 2026.

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), ante las informaciones periodísticas sobre negociaciones petroleras entre Estados Unidos y las autoridades encabezadas por Delcy Rodríguez, solicita que se expliquen públicamente su alcance, condiciones y mecanismos de supervisión.

VEPPEX reconoce que la inversión internacional y las relaciones comerciales con Estados Unidos pueden contribuir a la recuperación económica de Venezuela. Sin embargo, cualquier acuerdo que comprometa recursos estratégicos debe garantizar beneficios verificables para los venezolanos, proteger el patrimonio nacional y prevenir la corrupción.

En consecuencia, solicitamos:

  1. Transparencia sobre las condiciones del acuerdo: campos involucrados, duración, inversiones comprometidas, derechos otorgados y distribución de los ingresos.
  2. Identificación de las empresas, intermediarios y beneficiarios finales, con controles independientes para detectar conflictos de interés e impedir que redes de corrupción se beneficien de las negociaciones.
  3. Auditorías independientes y rendición pública de cuentas sobre los recursos obtenidos y su utilización para atender las necesidades de la población y recuperar los servicios esenciales.
  4. Explicación de los fundamentos jurídicos y procedimientos de autorización, así como de los mecanismos de fiscalización y revisión de los compromisos asumidos.
  5. Compromisos verificables en materia de derechos humanos y democracia. La cooperación económica debe acompañarse de la liberación plena de los presos políticos, el cese de la persecución y garantías para el retorno voluntario y seguro de los exiliados.

Las negociaciones comerciales no deben servir para encubrir responsabilidades individuales, obstaculizar investigaciones ni conceder impunidad a cambio de oportunidades de inversión.

Mientras no se conozcan las condiciones definitivas, no corresponde presentar como demostrados los beneficios ni los perjuicios del eventual acuerdo. Sí corresponde exigir información y garantías antes de comprometer el futuro del país.

El petróleo venezolano debe contribuir al bienestar de los venezolanos, con transparencia, justicia y rendición de cuentas.

José Antonio Colina
Presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio — VEPPEX

En Dios Confiamos.

The Washington Post: administración Trump ayudó a Alejandro Betancourt a salir de investigaciones penales

Caracas. – Según una investigación publicada por el diario The Washington Post, altos funcionarios estadounidenses intervinieron en una investigación penal internacional contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt, para que la administración de Donald Trump pudiera emplearlo, a fin de ejercer control sobre el narcorégimen chavista y la industria petrolera de Venezuela.

Durante meses, autoridades estadounidenses presionaron a Suiza para que resolviera sin sanciones penales una investigación por presunto lavado de dinero contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt.

Según confirmaron a The Washington Post dos personas familiarizadas con las conversaciones. La intervención buscaba garantizar que Betancourt pudiera viajar libremente y mantener su rol como intermediario entre Washington y la nueva administración venezolana encabezada por Delcy Rodríguez.

Las mediaciones buscaron evitar cargos penales y que se permitiera levantar las restricciones de viaje contra Betancourt, quien reside en el Reino Unido. El empresario tampoco ha sido detenido en Estados Unidos pese a una orden de arresto emitida por autoridades suizas, según las fuentes consultadas por el medio.

Estados Unidos ha permitido a Betancourt entrar al país en repetidas ocasiones para reunirse con miembros del gobierno de Trump, señalaron otras personas conocedoras de sus viajes.

Betancourt, de 46 años, ha enfrentado múltiples investigaciones en la última década —en Suiza, España y Estados Unidos— por presunto lavado de dinero; entre ellas, se examina si participó en un acuerdo de préstamo mediante el cual, según fiscales estadounidenses, se desviaron más de 1.000 millones de dólares de la petrolera estatal venezolana, destaca The Washington Post.

El empresario fue detenido dos veces en el Reino Unido: primero tras una orden emitida por España en el marco de una investigación conexa por lavado de dinero y, posteriormente, en noviembre, a petición de Suiza.

Durante meses, tuvo prohibido salir del Reino Unido mientras las autoridades de ese país evaluaban su extradición a Suiza. Sin embargo, no ha sido acusado formalmente en Estados Unidos, Suiza, España ni Venezuela.

Figuras claves de la administración Trump, lo han considerado una pieza importante para el acercamiento con el chavismo interino, al punto de considerarlo «un aliado importante» para Estados Unidos, pese al rechazo que genera su imagen entre la población venezolana, debido a los casos de corrupción en los que se ha visto involucrado, y que forman parte de las terribles penurias que hoy enfrentan los ciudadanos en el país, como, por ejemplo, la terrible crisis eléctrica que azota a todos los estados.

Mauricio Claver-Carone, quien hasta hace poco se desempeñaba como asesor extraoficial sobre Venezuela para la administración Trump, ha descrito a Betancourt como un “aliado importante” para Estados Unidos. A medida que Estados Unidos afianzaba su control, Betancourt desempeñó un papel fundamental en la negociación de los primeros contratos para acelerar la extracción de petróleo, según fuentes cercanas al asunto.

En enero, el subsecretario de Estado Christopher Landau se puso en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza en relación con Betancourt, según informaron personas con conocimiento de la comunicación, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar detalles delicados.

Personas cercanas a Betancourt señalaron a The Washington Post que la administración recurrió a él en busca de ayuda debido a su historial de éxitos en el complejo y turbulento sector petrolero de Venezuela, una industria plagada de desafíos que incluyen la violencia, una infraestructura deteriorada y una escasez crónica de energía.

En mayo, Suiza retiró su solicitud de extradición presentada en el Reino Unido y se levantaron las restricciones de viaje británicas.

Ese mismo mes, los fiscales suizos afirmaron que su investigación seguía activa y buscaron que fuera detenido en otro lugar.

Mientras, sus defensores lo describen como un socio fiable que compartía el interés declarado de Estados Unidos por reactivar el sector petrolero venezolano. No obstante, su relación con el chavismo se rompió en 2020, después de que el entonces ministro de Petróleo del país confiscara su participación en Petro Zamora, congelara sus activos locales y enviara fuerzas de seguridad a sus propiedades en Venezuela.

Pero, durante la madrugada del 3 de enero —tras la captura de Maduro y su esposa—, Betancourt encadenó una llamada tras otra, según personas al tanto de las conversaciones.

Habló directamente con Rodríguez, quien pronto sería nombrada presidenta interina, incluso antes de que el secretario de Estado, Rubio, contactara con ella para comunicarle los planes de Estados Unidos de «dirigir Venezuela», tal como lo expresó Trump.

«Hubo mucha labor de contención emocional», comentó una persona familiarizada con las llamadas. «Fue una noche larga», contaron el medio estadounidense.

A Rodríguez, aparte de advertirla sobre graves consecuencias si no cumplía al pie de la letra las exigencias de la administración Trump, se le dejó claro que Betancourt sería un intermediario clave para reactivar el sector petrolero del país. Según una persona familiarizada con las conversaciones, ella tendría que coordinar a través de él cualquier asunto relacionado con la industria petrolera nacional.

Trump firma una orden para cambiar el nombre del lago Ontario por lago América

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha firmado este jueves una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario por el de lago América, como ya planteó hace días, en medio de la crisis comercial con Canadá por la intención de Washington de aplicar aranceles a sus vecinos del norte.

«Como ya sabéis, tomamos algo llamado ‘golfo de México’. Lo cambiamos. Y ahora se conoce habitualmente como el ‘golfo de América. Tenemos un golfo y un lago. Ahora solo nos falta un océano. Quizá tengamos que cambiar el nombre del Atlántico o del Pacífico. Quizá cambiemos los dos», ha declarado tras rubricar el decreto en presencia de los periodistas en el Despacho Oval.

El presidente ha justificado su decisión reiterando sus acusaciones a los dirigentes del país vecino. «Nos han tratado muy mal. Son gente desagradable», ha incidido, antes de señalar que los canadienses «quieren ser tratados como un estado, pero no son un estado».

Así, ha cumplido con sus declaraciones de este martes, cuando apuntó a dar este paso alegando que no pensaba «seguir haciendo muchos negocios con Ontario». «Se creen con derecho a todo y no podemos permitirlo», ha dicho ahora sobre las autoridades canadienses.

El Ejecutivo de Mark Carney decidió entonces no responder a una medida «deliberada», según indicó su ministro de Comercio, Dominic LeBlanc.

Este jueves, el primer ministro canadiense ha recordado a Trump que el nombre del lago Ontario «tiene más de 400 años de antigüedad, y es anterior tanto a la Confederación de Canadá como a la Declaración de Independencia de EE. UU.»

En sus redes sociales ha atribuido la orden del presidente estadounidense a los numerosos «cambios» del país. «Sabemos que EE. UU. está cambiando. Sus relaciones comerciales, su política exterior, sus monumentos nacionales, sus hidrónimos», ha dicho.

En este sentido, Carney ha asegurado que «los canadienses también saben que dar nombre a la realidad significa llamarlo ‘lago Ontario’: entonces, ahora y siempre».

Cabe señalar que el anuncio llega en pleno choque entre Washington y Ottawa por el fracaso de las recientes negociaciones comerciales entre ambos países que supusieron la entrada en vigor de aranceles del 50% sobre productos canadienses y cuando Trump sostiene que elevará hasta el 50% los aranceles sobre automóviles, camiones, componentes automovilísticos y acero de origen canadiense a partir del 1 de enero de 2027.

El Gobierno de Canadá, por su parte, ha respondido anunciando un paquete de medidas arancelarias que entrarán en vigor a partir del 8 de septiembre, entre los que se incluyen gravámenes entre el 15% y el 50% a productos derivados del acero y el aluminio, así como artículos básicos como lácteos, pescado o marisco procedentes del país vecino.

Colombia y EE. UU. refuerzan su cooperación contra el crimen organizado con una reunión en el Pacífico

Las autoridades de Colombia y EE. UU. han conversado este jueves sobre el refuerzo de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, en el marco de un encuentro en Tumaco, ciudad sita en la costa del océano Pacífico, fronteriza con Ecuador.

En el mismo ha participado el comandante del Comando Sur del Ejército estadounidense (SOUTHCOM), el general Francis Donovan, junto al ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora, quien ha señalado, en un mensaje en redes, que el propósito de la reunión es «fortalecer la cooperación en seguridad y defensa» entre ambos países, después de que Bogotá haya entrado a formar parte de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C), impulsada por Washington.

«Por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, fortalecemos alianzas y consolidamos una respuesta firme y coordinada para proteger la seguridad de nuestros países», ha precisado Mora, tras aseverar que la entrada de Colombia en la citada alianza «permitirá articular esfuerzos regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado».

Concretamente, ha precisado la cartera de Defensa colombiana, se ha puesto sobre la mesa el intercambio de información, conocimiento del territorio y experiencias operacionales en aras de «avanzar hacia una mayor interoperabilidad» entre las fuerzas de ambos países, mejorando así la capacidad de respuesta «frente a las redes criminales que utilizan el Pacífico como corredor para sus actividades ilícitas».

Sobre este encuentro se ha pronunciado el propio Donovan, quien ha asegurado que «bajo la bandera de la A3C» ha sido consolidada «una estrategia unificada para dar caza a los líderes de los cárteles, desarticular su logística y privarles de forma permanente de cualquier refugio seguro».

Lo ha hecho tras referirse a la frontera entre Colombia y Ecuador como «un cuello de botella geográfico que los cárteles violentos llevan mucho tiempo explotando», así como un «importante corredor para el tráfico de cocaína por parte de algunas de las organizaciones más violentas del mundo».

Conocida como ‘la perla del Pacífico’, la zona de Tumaco es considerada como uno de los puntos calientes de la actividad de bandas criminales y organizaciones al margen de la ley dedicadas al narcotráfico, las cuales aprovechan la posición estratégica del lugar al ser fronterizo con Ecuador.

Comando Sur detonó una narcolancha frente a costas venezolanas

Caracas. – El Comando Sur de EE. UU. informó este miércoles la eliminación de cuatro narcoterroristas en un ataque realizado el martes contra una embarcación que transportaba drogas, en el mar Caribe frente a las costas venezolanas, y la cual estaba señalada por operar en rutas de narcotráfico.

La acción se enmarcó en la operación «Lanza del Sur» y responde a las actividades de la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental, integrada por los 18 miembros de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas, también llamado Escudo de las Américas.

El general Francis L. Donovan indicó en el comunicado enviado por el Comando Sur, que coordinó la operación, además de asegurar haber contado con inteligencia previa que confirmaba la actividad ilícita del buque.

En el comunicado, el importante componente militar estadounidense (SOUTHCOM), que opera en América Central, Sudamérica y el Caribe, detalló que se trató de un “ataque cinético letal contra una lancha rápida” identificada en rutas tradicionales de tráfico de drogas, tras confirmar mediante inteligencia la participación activa de la embarcación en actividades de narcotráfico.

“La operación ha resultado en la muerte de cuatro narcoterroristas”, añadió el comunicado.Imágenes en blanco y negro que acompañaban la publicación mostraban una embarcación desplazándose por el agua antes de una gran explosión.

Cabe recordar que las fuerzas armadas estadounidenses lanzaron en septiembre del año pasado la operación «Escudo del Sur», y el presidente Donald Trump sostuvo que su país está en guerra contra los carteles de la droga que operan en América Latina, operaciones que aún se mantienen para Venezuela.

En ese marco, más de 200 presuntos narcotraficantes han muerto en ataques en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe, según estadísticas manejadas por agencias noticiosas internacionales, desde el inicio de las operaciones militares a finales de 2025.

EE. UU. cierra dominios web de un grupo «respaldado» por China que vincula a ciberataques a la NASA, la Fed y el Senado

El Departamento de Justicia de EE. UU. y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) han anunciado este miércoles la incautación de una serie de dominios web vinculados a «dos plataformas de piratería informática complementarias» creadas, según Washington, por un grupo respaldado por el Gobierno de China y empleadas en ciberataques contra la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), la Reserva Federal (Fed), el Senado y múltiples carteras del Ejecutivo estadounidense.

«El Departamento de Justicia y el FBI han anunciado hoy (miércoles) la incautación de dominios, autorizada por un tribunal, para impedir que ciberdelincuentes accedieran a dos plataformas de piratería informática complementarias, conocidas como ‘QScan’ y ‘QTRouter’, utilizadas para atacar la infraestructura crítica de EE. UU. y otras redes sensibles», reza el comunicado difundido por la cartera de Justicia.

La cartera dirigida por el fiscal general, Todd Blanche, y el FBI han asegurado en el mismo que «un grupo respaldado por el Estado de la República Popular China (RPC), conocido como ‘QTFY’ y empleado por la empresa china Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company, creó y operaba» los dominios en cuestión.

En concreto, «QScan escanea e infecta automáticamente miles de dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) en todo el mundo, que luego se añaden a la red QTRouter de dispositivos controlados por QTFY», expone la nota, que agrega que QTRouter actúa como una «red de ofuscación».

De este modo, «permite a QTFY y a otros ciberdelincuentes ocultar el origen chino de sus actividades de intrusión informática, ya que las comunicaciones maliciosas parecen originarse en ordenadores (como los comprometidos por QScan) que se encuentran fuera de China».

Según documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia y el FBI, entre los clientes del grupo QTFY se encuentran «el Ministerio de Seguridad del Estado y el Ejército Popular de Liberación de la República Popular China».

En cambio, entre las víctimas de las «intrusiones informáticas de QTFY» se encuentran «la NASA, la Reserva Federal, el Departamento de Energía, el Departamento de Justicia, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, los Institutos Nacionales de la Salud y el Senado de Estados Unidos», detallan las autoridades estadounidenses.

Por ello, el fiscal general ha prometido que estos «ciberdelincuentes (…) serán detenidos y procesados». «Estamos aquí para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense y utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para cumplir esa promesa», ha declarado.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, ha destacado que esta actuación «es solo la más reciente operación técnica contra la piratería informática patrocinada por la República Popular China, y en apoyo de la Estrategia Cibernética para EE. UU. del presidente Trump, el FBI está intensificando sus esfuerzos para influir en el comportamiento del adversario y defender la seguridad nacional en el ciberespacio».

EE. UU. sanciona a la organización británica Palestine Action

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado este miércoles a la organización británica Palestine Action y a otras dos organizaciones, una de ellas con sede en Italia, con el objetivo de contrarrestar la amenaza que representan los grupos terroristas de extrema izquierda para el país norteamericano.

«Los extremistas de extrema izquierda, sus organizaciones y sus facilitadores deben estar sobre aviso: aplicaremos todo el peso de nuestras herramientas económicas», ha señalado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado en el que ha dejado claro que «el terrorismo político no tiene cabida» en su sociedad.

En concreto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro ha incluido en su ‘lista negra’ a Palestine Action —que opera en Reino Unido y ha sido designado como grupo «terrorista» por las autoridades británicas—, a Autistici Inventati, con sede en Italia, así como al grupo transnacional Masar Badil, que opera como fachada del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), calificado de «terrorista» por Washington.

El Tesoro ha asegurado que Palestine Action «ha respaldado numerosos actos de terrorismo desde julio de 2020, incluidos actos que han causado lesiones físicas a miembros de las fuerzas del orden británicas, así como acciones destinadas a intimidar a empresas legítimas y coaccionar al Gobierno de Reino Unido».

Washington ha recordado que activistas del grupo «irrumpieron en infraestructuras de defensa e instalaciones militares británicas, causando daños valorados en millones de dólares a equipos militares». «Palestine Action ha promovido actos violentos, delictivos y terroristas en redes sociales, alentando el uso de tácticas similares a nivel internacional, incluso dentro de EE. UU. y a lo largo de la frontera entre EE. UU. y México», ha indicado.

Chile pedirá extraditar a dos venezolanos del Tren de Aragua detenidos en EE. UU.

Caracas. – La Justicia chilena imputó en ausencia a Marcos de Jesús Reyes Acosta y Willasander Tejedor Ruiz, dos venezolanos integrantes del Tren de Aragua, por presuntos delitos de lavado de dinero vinculados.

Ambos están detenidos en EE. UU. y el procedimiento permite a las autoridades chilenas avanzar con la solicitud de extradición para que enfrenten el proceso penal en Chile.

Reyes Acosta sería accionista y único dueño de una empresa fachada, dentro de un entramado de firmas utilizadas para el lavado, mientras que Tejedor Ruiz, es acusado de ejercer como testaferro para la organización, según refleja la prensa chilena.

En total, ambos lograron desviar a Colombia unos USD$ 19 millones en criptomonedas. Los fondos provinieron de mercados ilegales vinculados al Tren de Aragua en Chile.

«El tribunal de garantía dio lugar a la primera parte de este proceso en donde dio por acreditados los antecedentes fundantes para la participación de los imputados, así como la existencia de los delitos y la necesidad de pedir esta extradición”, señaló el fiscal Milibor Bugueño, quien está encargado del caso.

Los delitos fueron descubiertos en el marco de la denominada “Operación Tokio”. Las medidas se establecen por los delitos de asociación ilícita para el lavado de activos y el propio lavado de activos. Ahora, los antecedentes serán elevados hasta la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Bugueño detalló que al imputado Marcos de Jesús Reyes ya se le habían congelado USD 300 mil en moneda digital. Debido a esto, “para nosotros como Fiscalía es bastante importante esta etapa y seguir con las siguientes para extraditar al imputado y que pueda asumir justamente la correspondiente conducta que realizó acá en Chile”, cerró.

Fue gracias a una alerta de Interpol, impulsada por Chile, que ambos venezolanos fueron detenidos en Orlando y Tampa, en el estado de Florida.

Carlos Giménez califica a Delcy Rodríguez de «dictadora interina» y pide removerla pronto

Caracas. – El congresista estadounidense Carlos Giménez cuestionó este lunes a Delcy Rodríguez y pidió su salida del poder, al calificarla de “dictadora interina” en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Giménez, legislador republicano por Florida, publicó este pasado lunes el siguiente mensaje: “#SOSVenezuela Delcy Rodríguez es la dictadora interina. Debe ser removida lo antes posible”.

La publicación fue acompañada por una etiqueta de respaldo a Venezuela y generó miles de interacciones en la red social.Giménez ha mantenido una postura crítica frente a la dirigencia chavista y anteriormente también ha cuestionado públicamente a Rodríguez y a Diosdado Cabello. En mayo, sostuvo que el pueblo venezolano merece una “verdadera transición democrática” y no una continuidad del chavismo bajo otra fórmula.

Cabe señalar que su mensaje se produce mientras Rodríguez intenta consolidar su control político en Venezuela, tras asumir el poder luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Desde entonces, enfrenta presiones internacionales, negociaciones y cuestionamientos opositores.

También, la presión del congresista ocurre mientras el régimen de Delcy Rodríguez mantiene conversaciones con un sector de la oposición venezolana, un proceso respaldado por EE. UU. y orientado, entre otros asuntos, a avanzar hacia reformas políticas y una eventual ruta electoral. Las negociaciones han generado cuestionamientos por la ausencia de María Corina Machado, una de las principales figuras de la oposición venezolana, en esa mesa.

Del mismo modo, Giménez ha insistido en la necesidad de una transición política y de elecciones libres en Venezuela. En enero, sostuvo que los comicios debían realizarse “en meses, no años” y señaló que Rodríguez no debía permanecer en el poder. Posteriormente, en otro pronunciamiento, afirmó que era imprescindible convocar elecciones y abandonar lo que calificó como un “régimen ilegítimo”.

La posición del legislador plantea una exigencia directa: que el proceso venezolano no termine simplemente con un cambio de nombres, sino con una transformación política que permita avanzar hacia una transición democrática.