Exbeisbolista Oswaldo Pirela fue detenido por el ICE en EE. UU. y será deportado

Caracas. – El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) confirmó la detención por parte del ICE, del expelotero venezolano Oswaldo José Pirela Domínguez, coordinador de receptores de las ligas menores de los Padres de San Diego, quien ahora enfrenta un proceso de deportación.

Una Patrulla Fronteriza del ICE lo interceptó este pasado martes en el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas. Daniela Pirela, hermana del pelotero, dijo en una entrevista para la cadena de noticias NBC News que el arresto se realizó cuando el exjugador viajaba por trabajo.

Pirela había reiterado que su hermano contaba con estatus legal de residencia y trabajo en EE. UU., tras solicitar asilo en 2014, cuando emigró a territorio estadounidense. Además, Naivy Domínguez, madre de Oswaldo Pirela, había pedido a los medios de comunicación y fanáticos del béisbol difundir el caso de su hijo para conseguir su salida de prisión por la vía legal.

Sin embargo, el DHS comunicó a través de una publicación en las redes sociales que el Oswaldo José Pirela Domínguez recibió permiso de la Administración del expresidente Barack Obama para permanecer en la nación ‘‘hasta el 10 de febrero de 2018’’.

«En violación de las leyes de nuestra nación, se quedó más de 8 años”, señaló el DHS. Agregaron que, al momento de ser abordado por agentes, no portaba documentación que le otorgara estatus legal en el país y que permanecerá bajo custodia de ICE pendiente de procedimientos de remoción, con derecho al debido proceso.

El organismo subrayó que “la autorización de trabajo o una solicitud pendiente NO confieren estatus legal en EE. UU.”. “Nadie está por encima de la ley”, señaló el DHS en la publicación, en la cual confirmó que Pirela permanecerá bajo custodia de ICE mientras se concreta su deportación.

Pese a su detención, Pirela mantiene un vínculo profesional con los San Diego Padres. Registros de las Ligas Menores de Béisbol lo ubican en 2026 como coordinador de receptores dentro del sistema de desarrollo de jugadores de la organización.

Nacido en Barquisimeto en 1991, Pirela se desempeñó como receptor durante su carrera como pelotero. Entre 2009 y 2011 perteneció a la organización de los Texas Rangers y disputó 79 encuentros en las Ligas Menores.

En 2024 se incorporó a la estructura de los Padres de San Diego como coach de banca de los Lake Elsinore Storm, filial de la organización, en lo que representó su primera temporada dentro del sistema del equipo.

El ICE equipará a todos sus agentes con cámaras corporales para agosto

El director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), David Venturella, ha anunciado que espera que todos los agentes estén equipados con cámaras corporales para finales de agosto en el marco de la nueva normativa de la agencia federal.

«Estamos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas y estamos proceso de equipar a todos los funcionarios y agentes en servicio con cámaras corporales para finales de agosto, antes de lo previsto», ha señalado en un comunicado.

La normativa de la agencia permite divulgar las imágenes de las cámaras corporales de los agentes tras una lesión grave o el fallecimiento de una persona bajo custodia, si bien la agencia podrá retener dicho material si su difusión pudiera comprometer las investigaciones o la privacidad de los efectivos.

El despliegue se produce en un momento en que las grabaciones de teléfonos móviles y las cámaras de seguridad de los domicilios se están convirtiendo en pruebas clave en incidentes en los que intervienen agentes del ICE en un contexto de incremento de las operaciones antiinmigración en todo el país.

La entonces titular del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó el pasado mes de febrero que algunos agentes empezarían a llevar cámaras corporales y que esta normativa se ampliaría a nivel nacional en cuanto hubiese fondos disponibles tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales en el estado de Minnesota.

Bruselas estudia conceder una ayuda adicional a España por la crisis de Ceuta

La Comisión Europea ha confirmado este jueves que estudia conceder una ayuda financiera adicional a España para hacer frente a la crisis migratoria en Ceuta, después de haber recibido una primera evaluación de necesidades remitida por las autoridades españolas, si bien ha evitado adelantar la cuantía del posible apoyo porque el análisis aún está en curso.

«Las conversaciones con España avanzan ahora realmente a pleno rendimiento. Podemos confirmar que ayer la Comisión recibió una primera evaluación de necesidades por parte de España», ha explicado el portavoz comunitario Guillaume Mercier durante la rueda de prensa diaria de la institución.

Según ha detallado, los servicios comunitarios están analizando «muy rápidamente» el documento remitido por el Gobierno para identificar «la mejor manera» de prestar apoyo y determinar los siguientes pasos, que pasan por que España presente formalmente una solicitud de financiación ante Bruselas.

Mercier ha precisado que este respaldo sería «adicional» al ya movilizado por la UE y podría destinarse a financiar equipos y servicios para la gestión de fronteras, así como asistencia humanitaria y médica. También ha indicado que el apoyo podría canalizarse a través de agencias europeas como Frontex y la Agencia de Asilo de la UE (EUAA).

«El trabajo continúa en diferentes frentes. Vamos muy rápido porque la situación sobre el terreno está evolucionando», ha señalado el portavoz, quien también ha revelado que este miércoles se celebró una reunión entre la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión, la alta dirección del Ejecutivo comunitario y las agencias ejecutivas para coordinar el intercambio de información sobre el apoyo que puede prestarse a España.

La Eurocámara celebra este jueves un debate extraordinario sobre la crisis de Ceuta impulsado por el PP

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo celebró este jueves una reunión extraordinaria para abordar la crisis migratoria registrada la semana pasada en Ceuta, en una sesión impulsada por el Partido Popular en la que participaron el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, y el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas.

Al encuentro, que se celebró por vía telemática, también habían sido invitados el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, si bien finalmente ninguno de los dos participó en la sesión.

«La reunión extraordinaria con la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior será una buena oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre la situación actual y las lecciones aprendidas de los acontecimientos de Ceuta», ha señalado Brunner en un mensaje publicado en sus redes sociales.

También el presidente de dicha comisión parlamentaria, el eurodiputado ‘popular’, Javier Zarzalejos, ha defendido la celebración de este encuentro y ha subrayado que «el éxito de la política migratoria europea depende de que cada eslabón de la cadena sea fuerte», abogando por «asegurar» la «defensa de las fronteras» y «garantizar retornos efectivos».

La sesión tendrá lugar dos días después de la reunión extraordinaria de ministros de Interior de la UE convocada para analizar lo ocurrido en Ceuta y de la iniciativa de la delegación española del PP para reclamar formalmente a la Eurocámara un debate específico sobre esta crisis durante el pleno de septiembre en Estrasburgo.

En una carta remitida a los eurodiputados, los ‘populares’ denunciaron que la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez pone «en peligro la soberanía nacional y europea» y defendieron que lo ocurrido en el enclave español «trasciende una crisis migratoria», ya que, a su juicio, también afecta a la protección de la frontera exterior de la Unión y a la credibilidad del espacio Schengen.

Polonia descarta aplicar el pacto migratorio en su totalidad: «No cumpliremos con lo que amenace la seguridad»

Las autoridades de Polonia han descartado aplicar el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea (UE), que ha entrado este viernes en vigor, al asegurar que el país «no aceptará migrantes procedentes de otros países» ni «acarreará con los costes asociados a ellos».

El Ministerio del Interior polaco ha indicado en un comunicado que Varsovia «no cumplirá con todo aquello que amenace su seguridad» y ha insistido en oponerse a «los mecanismos que pudieran reducir, incluso mínimamente, la seguridad de los polacos», una postura que «se mantiene inalterable».

«Polonia solo aplicará aquellas disposiciones que refuercen la protección de las fronteras, endurezcan la política migratoria y aumenten el acceso a los datos para combatir la migración irregular», afirma el texto, que matiza que «no implementará disposiciones que atraigan migrantes irregulares».

Además, ha aclarado que el anterior Gobierno polaco «no tuvo en cuenta las especificidades que presentan las amenazas híbridas que suponen Rusia y Bielorrusia para Polonia». Las restricciones que prevé Polonia se aplican, «en particular, a procedimientos fronterizos, cuya aplicación en las fronteras con Rusia y Bielorrusia podría ser aprovechada por estos países para intentar desestabilizar los sistemas sociales y de asilo de los países miembro de la UE».

«La frontera polaca es también una frontera para toda la UE. A pesar de que Polonia está exenta del mecanismo de reubicación, la premisa, incluso voluntaria, es irreal e inviable en la práctica, y además provocará conflictos dentro de la UE. Por lo tanto, seguiremos abogando por la abolición inmediata de este mecanismo en la política migratoria europea, ha destacado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que «solo se incorporarán al ordenamiento jurídico nacional aquellos elementos del Derecho de la UE que mejoren realmente la seguridad migratoria». «Estos incluyen, sobre todo, nuevas regulaciones sobre la política de retorno, la prohibición de instrumentalizar la migración e instrumentos que refuercen los procedimientos en situaciones de amenaza repentina o afluencia masiva de migrantes», ha explicado.

El pacto establece una serie de normas y reglamentos para un mayor control de las fronteras exteriores de la UE y ofrece a los gobiernos una ‘solidaridad a la carta’ que les permitirá eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados si pagan una compensación por cada traslado rechazado.

Tras años de negociaciones, los Estados miembro acordaron en 2024 un equilibrio entre la «solidaridad» con los países en primera línea, como España e Italia, y la «responsabilidad» que les reclaman otros socios con miedo a los movimientos secundarios.

Finalmente se acordó un mecanismo de «solidaridad flexible» que obligará a los Veintisiete a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes, y que deja que se reubique a parte de las personas llegadas o se pague una compensación por cada migrante que se rechace.

Un venezolano y su hija de 4 años fueron deportados tras redada del ICE en Nueva York

Caracas. – Un ciudadano venezolano, Alexander Regnault, y su hija de apenas cuatro años, fueron deportados de EE. UU., tras haber sido sorprendidos por un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), realizando en el condado de Albany, Nueva York.

Regnault llegó a EE. UU. en julio de 2023 junto a su esposa Alba Sofía, también venezolana, y su hija Alexandra, nacida en 2021 cuando la pareja se encontraba en Perú. Como otros inmigrantes de Venezuela, el objetivo en EE. UU. era tener una vida mejor. Y por algunos lapsos lo lograron: fueron beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), consiguieron empleo, número de seguridad social y dieron la bienvenida a su segunda hija en octubre de 2024, quien tiene la nacionalidad estadounidense de nacimiento.

Sin embargo, los sueños de lograr una mejor calidad de vida en suelo estadounidense fueron truncados cuando Alexander y Alexandra fueron detenidos por agentes federales de inmigración, justo cuando recién salían de su hogar en la citada ciudad newyorkina, en la mañana del pasado 29 de mayo. Pocas horas después, deportaron a ambos a Venezuela, mientras que Alba y su hija menor se quedaron en EE. UU.

Según declaró un portavoz de ICE a los medios: “La familia ingresó ilegalmente a EE. UU. cerca de Eagle Pass, Texas, en 2023. Recibieron el debido proceso completo y un juez de inmigración ordenó su expulsión de EE. UU. el 28 de junio de 2024”.

Si bien, se conoció que Alexander no tenía antecedentes penales, según se pudo constatar al revisar su historial. Regnault contó luego que fue rodeado por alrededor de cinco camionetas mientras él se encontraba en su vehículo con su hija Alexandra.

Un portavoz de la agencia federal de inmigración confirmó que un juez del sector civil competente había emitido una orden de expulsión definitiva contra los implicados desde el 28 de junio de 2024, tras agotarse las fases del debido proceso.

El Senado de EE. UU. garantiza la financiación total del ICE en una de las mayores victorias legislativas de Trump

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha conseguido este viernes la victoria legislativa más grande de su segundo mandato con la aprobación en el Senado, tras semanas de discusiones, del macropaquete de financiación de USD$ 70.000 millones que recibirán sus cuestionadas agencias antimigración, comenzando por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La medida ha sido aprobada con los votos a favor de 52 senadores —solo la senadora Lisa Murkowski se ha manifestado en contra dentro de la bancada republicana— por 47 en contra y, además, tampoco incluye un anexo que los demócratas y parte de los querían incluir dentro del texto final contra el llamado «Fondo contra la Instrumentalización», un sistema de compensaciones para quienes, según Trump, han sido perseguidos por pasadas administraciones demócratas y que ha sido descrito por sus críticos, demócratas y republicanos por igual, directamente como una estafa.

Finalmente, y dado que el procedimiento para establecer este fondo ha sido suspendido por un tribunal y la Casa Blanca no parece tener intención de disputar esta decisión para calmar las aguas, el Senado ha terminado eludiendo este punto en su aprobación final de un texto que solo necesita ya de la ratificación de la Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso de EE. UU.

Con todo, destacados senadores republicanos, como Thom Tillis, han expresado su descontento con la división reinante en el partido a la hora de abordar el criticado fondo. «Si el Fiscal General dice que este fondo ya no va a seguir adelante no veo por qué no podíamos terminar de codificarlo», ha explicado Tillis en declaraciones a los medios estadounidenses, «porque nos va a perseguir a todos y cada uno de nosotros hasta el día de las elecciones».

En cualquier caso, Trump parece ha ganado. Con la aprobación de esta partida, el ICE y la Patrulla Fronteriza tienen altas probabilidades de recibir sus fondos durante los próximos tres años, independientemente de cualquier crisis futura que paralice la financiación del gobierno.

Además, acaba con el bloqueo impuesto por los demócratas, quienes exigieron cambios drásticos en las políticas de actuación de estas agencias federales, cuyos agentes han sido objeto de acusaciones de un espectro de abusos contra los Derechos Humanos.

La Justicia de EE. UU. limita los arrestos por parte del ICE en tribunales de inmigración en Nueva York

La Justicia estadounidense ha fallado que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) solo podrán realizar arrestos en tribunales de inmigración de la ciudad de Nueva York bajo parámetros muy estrictos tras una demanda presentada por organizaciones civiles en medio de la campaña de detenciones masivas contra migrantes impulsada por la Administración Trump.

El juez federal Peter Kevin Castel del distrito sur de Nueva York ha determinado en su fallo que los agentes del ICE deberán acatar la normativa de 2021 impuesta durante el mandato del expresidente Joe Biden, que impone restricciones estrictas para llevar a cabo arrestos en juzgados especializados en inmigración.

La decisión del juez —que no es definitiva puesto que forma parte de una demanda más amplia— impedirá de forma temporal a los agentes del ICE realizar arrestos masivos en al menos tres juzgados de Manhattan, salvo cuando haya una orden judicial y existan graves amenazas a la seguridad pública.

Cabe señalar que esto se produce después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitiera en enero de 2025 una directiva que derogaba la normativa de 2021 para el ICE a fin de acelerar las deportaciones masivas prometidas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Varias ONG, entre ellas la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), presentaron una demanda ante dichas políticas «draconianas» de arrestos después de que varias personas denunciaran haber sido detenidas durante comparecencias rutinarias ante cortes especializadas en inmigración.

Las organizaciones solicitaron entonces una medida cautelar mediante una suspensión, que el tribunal denegó parcialmente en septiembre de 2025. Tras ello, los abogados del Departamento de Justicia admitieron que el memorando emitido en enero de 2025 —que derogaba la citada normativa del ICE de 2021— no autorizaba los arrestos en dichos tribunales, por lo que ACLU y el resto de ONG recurrieron la decisión ante la Justicia.

«Durante casi un año, hemos visto cómo agentes enmascarados del ICE emboscaban a personas no ciudadanas en los pasillos de los juzgados, tiraban al suelo a inmigrantes neoyorquinos y separaban a los niños de sus padres», ha afirmado la directora de litigios sobre derechos de los migrantes de ACLU, Amy Belsher, en un comunicado.

Por su parte, el codirector legal de Make the Road New York, Harold Solis, ha celebrado el fallo, aludiendo a que a sus clientes «se les denegó la medida cautelar, basándose en información» que posteriormente el mismo Gobierno «reconoció como falsa».

«Los juzgados de inmigración se habían convertido en lugares de miedo en lugar de un espacio para el debido proceso. Casi a diario, padres eran separados de sus hijos, estudiantes eran detenidos y seres queridos desaparecían en centros de detención inhumanos como resultado de estos arrestos en los juzgados de inmigración», ha argüido.

Una jueza de EE. UU. bloquea la deportación de un activista palestino por las protestas en la Universidad de Columbia

La Justicia de EE. UU. ha bloqueado este jueves la deportación de Mohsen Mahdawi, un activista palestino conocido por liderar las protestas contra las acciones de Israel contra la población palestina que han tenido lugar en la Universidad de Columbia desde que comenzó la ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

La jueza Nina Froes ha impedido así que la petición de deportación quede bloqueada dado que uno de los documentos presentados como prueba por parte de la Administración estadounidense no ha sido certificado adecuadamente y, por lo tanto, no puede ser incluido en el proceso.

Se trata de un fallo en el procedimiento que ha permitido que Mahdawi —que cuenta con residencia permanente en Estados Unidos desde hace una década— siga de momento en territorio estadounidense, según informaciones recogidas por la cadena de televisión CBS.

Aunque la Administración del presidente Donald Trump puede presentar una apelación al respecto, la medida supone otro duro revés para el Gobierno en pleno aumento de las deportaciones de migrantes y activistas propalestinos que actúan principalmente en campus universitarios, principal foco de las protestas contra Israel.

Mahdawi ya fue detenido en abril de 2025 pero puesto en libertad posteriormente. Desde entonces, las autoridades han tratado de forzar su salida del país citando un memorando publicado por el Departamento de Estado, que afirma que aquellos que carezcan de la nacionalidad estadounidense y socaven los intereses estadounidenses pueden ser expulsados.

Sus abogados han aplaudido la decisión y han afirmado que esta «honra el Estado de Derecho», según un comunicado. «Es una decisión importante para hacer frente a lo que el miedo trata de destruir: el derecho a hablar por la paz y la justicia», ha aseverado.

EE. UU. retira el estatus de protección temporal a los ciudadanos yemeníes en el país

El Gobierno de EE. UU. ha retirado el estatus de protección temporal (TPS) a los ciudadanos yemeníes que escaparon del conflicto armado en su país tras determinar que las circunstancias actuales en Yemen favorecen el retorno seguro de esta comunidad.

La decisión tiene lugar tras el establecimiento de un nuevo Gobierno yemení hace una semana pero la realidad es que la insurgencia hutí lleva dominando la capital y amplias partes del país desde hace una década y la situación humanitaria, coinciden todas las agencias, sigue siendo extremadamente crítica.

Además, el conflicto armado sigue siendo una realidad como demostraron recientes enfrentamientos entre las fuerzas del Gobierno yemení y separatistas del sur del país.

A pesar de ello, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció este viernes la retirada del estatus que entrará en vigor 60 días después de que se publique la notificación en el Registro Federal, en el fin de una política de acogida que empezó en 2015, con el estallido de la guerra civil en Yemen.

«Después de evaluar las condiciones del país y consultar con las agencias gubernamentales estadounidenses correspondientes, he determinado que Yemen ya no cumple con los requisitos legales para la designación para el Estatus de Protección Temporal», ha declarado Noem.

La secretaria de Seguridad Nacional ha indicado que la estancia de yemeníes bajo este estatus «va en contra del interés nacional». «El TPS fue diseñado para ser temporal y esta administración está devolviendo al TPS a su intención original de ser temporal. Estamos priorizando nuestros intereses de seguridad nacional y poniendo a EE. UU. por delante de todo», ha añadido.

Noem avisa que, después de la fecha de entrada en vigor de la determinación, el Departamento de Seguridad Nacional puede arrestar y deportar a cualquier nacional yemení que no tenga estatus legal una vez que su TPS haya terminado.

«Si un extranjero obliga al departamento a su arresto y expulsión, puede que nunca se le permita regresar a EE. UU.», ha amenazado Noem.