El Supremo de EE. UU. autoriza al Gobierno a deportar a migrantes irregulares a terceros países

El Tribunal Supremo de EE. UU. ha autorizado este martes a la Administración de Donald Trump retomar las deportaciones de migrantes irregulares a terceros países con un aviso previo mínimo o nulo, al suspender la orden de un juez federal que exigía notificar a los deportados su destino, de modo qu pudieran plantear sus alegaciones ante posibles riesgos a su seguridad.

Con los votos en contra de los tres magistrados liberales frente a seis, la corte ha aceptado una solicitud de emergencia presentada por el Gobierno para bloquear un fallo de un tribunal de apelaciones que dictaminó que el proceso actual de deportaciones es ilegal, alegando que las personas afectadas no tienen la oportundad real de oponerse a ser deportados a países distintos al de su origen y con los que no tienen conexión previa alguna.

La medida se aplicará de inmediato, mientras los jueces examinan el fondo del recurso presentado por la Administración Trump y a la espera de escuchar los argumentos del caso en diciembre, antes de emitir un fallo definitivo.

De acuerdo a las informaciones de la cadena NBC News, «miles» de personas han sido enviadas desde EE. UU. a terceros países, entre ellos Sudán del Sur, Esuatini y Ruanda, desde principios del segundo mandato de Trump en enero de 2025.

Amnistía Internacional pide la disolución del ICE tras documentar violaciones de derechos contra inmigrantes

Amnistía Internacional ha pedido la disolución inmediata del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. alegando violaciones de Derechos Humanos generalizadas, cometidas presuntamente por esta y otras agencias federales durante las operaciones de control de la inmigración en Chicago, Nueva Orleans y otros estados, que ha documentado en un informe difundido este jueves.

Dicho informe documenta violaciones de Derechos Humanos generalizadas cometidas por el ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias federales durante militarizadas en Chicago, Mineápolis, Nueva Orleans y Washington.

En su informe ‘Teníamos silbatos, ellos tenían armas: Violaciones de Derechos Humanos en las operaciones de control migratorio de EE. UU. y razones para abolir el ICE’, Amnistía ha argumentado que el Gobierno de Donald Trump está implementando un sistema de detenciones y deportaciones masivas «fomentado por discursos racistas, xenófobos y falsos» cuyo objetivo es «detener y deportar de EE. UU. al mayor número posible personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas».

«Nuestro informe documenta un escalofriante patrón de violaciones de Derechos Humanos en todo EE. UU. con el fin de infundir miedo en las comunidades de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas», ha declarado Nadia Daar, directora ejecutiva de Amnistía Internacional EE. UU. «El historial del ICE de violaciones de los Derechos Humanos no es nada nuevo, pero nuestro informe muestra que muchos de estos abusos han alcanzado un peligroso nuevo nivel».

Según el informe, el Gobierno de Trump ha cometido numerosos abusos contra los Derechos Humanos, como homicidios ilícitos, detenciones en régimen de incomunicación arbitraria y discriminatoria, posibles desapariciones forzadas o represión violenta de protestas pacíficas, entre otros. Los y las agentes del ICE actuaban en un entorno institucional, apoyado abiertamente y ampliado por altos cargos del Gobierno incluido el presidente.

«Agentes federales enmascarados y armados atacando impunemente a personas en las calles no hacen que nuestras comunidades sean más seguras: ponen a todo el mundo en peligro», dijo Daar. «El ICE es fundamentalmente inservible y no tiene arreglo. Para que el gobierno de EE. UU. tenga un sistema de control migratorio que cumpla con las leyes y normas de Derechos Humanos, es necesario abolir el ICE y empezar de cero».

«Aplicar perfiles raciales y secuestrar a gente en la calle, separar familias y detener arbitrariamente a personas no son solo prácticas crueles e ilegales, sino que son enormemente dañinas», declaró Ana Piquer, directora para las Amércias de Amnistía Internacional. «Estas prácticas violan Derechos Humanos y causan temor y angustia psicológica, así como problemas de salud crónicos a niños y niñas, otros miembros de las familias y comunidades enteras».

El informe también ha puesto en relieve la unión de las comunidades para «resistir y protegerse mutuamente». Estas redes desempeñaron un papel esencial para documentar las violaciones de Derechos Humanos. Las protestas fueron una «herramienta importante de resistencia».

Daar ha asegurado que es «desolador ver el dolor y el sufrimiento causados por este gobierno que criminaliza y demoniza a las personas inmigrantes», pero ha expresado su «esperanza» por las comunidades que se han movilizado.

Además, ha asegurado que «debemos pedir cuentas a los funcionarios del gobierno responsables de este régimen del terror y seguir luchando por un sistema de inmigración basado en los derechos humanos y la dignidad».

Las conclusiones de Amnistía Internacional demuestran que las violaciones documentadas en las cuatro operaciones no fueron incidentes aislados o excepcionales sino parte de un patrón recurrente de abusos con consecuencias devastadoras para los y las inmigrantes, y para comunidades enteras.

Amnistía y otras organizaciones han documentado violaciones de Derechos Humanos cometidas por el ICE y una preocupante ausencia de supervisión y rendición de cuentas desde su creación en 2003.

Juez federal ordenó detener deportación del venezolano herido por el ICE

Caracas. – El juez federal Orlando L. García ordenó este martes, frenar la deportación del migrante venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez, quien recibió un disparo de agentes del ICE, en Austin-Texas, hasta que pueda comparecer ante una audiencia federal programada para el 30 de septiembre.

En un mensaje publicado en su cuenta de X (@AttorneyKateLG), la abogada de inmigración Kate Lincoln-Goldfinch informó el dictamen. En el clip, explica que el hombre “aún tiene la bala alojada en el cuerpo, que se presentó una demanda federal y que el juez ordenó que Garcés Pérez esté presente en la primera audiencia, programada para el miércoles 30 de septiembre. Esto significa que no será deportado mientras tanto”, señaló.

La audiencia fue fijada en San Antonio y el juez ordenó que Garcés esté presente.El caso de este migrante venezolano llegó a los tribunales estadounidenses el lunes 21 de septiembre, un día después de haber sido herido y detenido por agentes de ICE. Garcés presentó una demanda ante una corte federal de EE. UU. El expediente judicial confirma que la demanda fue presentada el 21 de septiembre y que el caso fue asignado al juez García.

La situación del venezolano ha generado cuestionamientos relacionados con la actuación de los agentes de ICE, tanto por las circunstancias en las que recibió el disparo como por la atención médica que recibió posteriormente. Garcés fue dado de alta del hospital y trasladado nuevamente al centro de detención de Pearsall, donde permanece en aislamiento. De acuerdo con reportes de su defensa, la bala continúa alojada cerca de la clavícula, la cual sufrió una fractura, por lo que no puede mover el brazo.

La situación se agravó cuando el venezolano comenzó a presentar pérdida de movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo, por lo que tuvo que ser llevado nuevamente a un hospital.No obstante, aunque no existe riesgo de parálisis, sus abogados solicitaron su liberación inmediata mientras continúa su recuperación.

Venezolano herido por el ICE se encuentra detenido a la espera de ser deportado

Caracas. – Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años, quien fue tiroteado este pasado domingo por agentes del ICE en Austin, Texas, mientras trabajaba como repartidor de comida, se encuentra estable con una bala alojada en su espalda y está ahora bajo custodia federal a la espera de ser expulsado de EE. UU.

Pérez, oriundo de Yaritagua, municipio Peña del estado Yaracuy, estaba dentro de su vehículo un Toyota Corolla azul en la zona de 7000 de West Anderson Lane, cuando fue herido. Trabajaba en ese momento para DoorDash, algo que la propia compañía confirmó: realizaba una entrega cuando ocurrió el incidente.

De acuerdo con Mike Siegel, concejal de Austin que acudió al lugar, un agente de ICE que se desplazaba en una camioneta negra sin identificación interceptó el vehículo azul conducido por Garcés. Según el funcionario, el automóvil del venezolano fue impactado por la camioneta y posteriormente el agente descendió y disparó contra el vehículo.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que se escuchan varias detonaciones y posteriormente algunos funcionarios se aproximan al vehículo. Un testigo identificado como Juan, quien solicitó mantener su identidad en reserva, relató que encontró a Garcés herido dentro del automóvil.

“Le hablé al muchacho, le pregunté si estaba bien y me dijo: ‘Me tiraron por la espalda’”, afirmó. El hombre agregó que el venezolano lucía agotado y con evidentes signos de sufrimiento. También sostuvo que el agente involucrado no se acercó a asistir al herido mientras llegaban las autoridades.

Su abogada de inmigración Kate Lincoln-Goldfinch añadió que era un solicitante de asilo que había ingresado al país a través de un programa de parole. Según la oficina de Lincoln-Goldfinch, Garcés aún tenía una bala alojada en la espalda, y aseveró que la víctima denunció no haber recibido para ese momento ningún medicamento para el dolor y que estaba siendo interrogado. La abogada también dijo que la esposa de Garcés no ha podido hablar con él desde el tiroteo.

Un alto funcionario del Gobierno de Donald Trump dijo a NBC News que Garcés no tiene antecedentes criminales, más allá de encontrarse en el país sin documentos y contar con una orden de deportación. No obstante, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que Garcés “entró en el país ilegalmente bajo la administración Biden y estaba sujeto a una orden de deportación definitiva”.

Denuncian la detención por parte del ICE de un periodista nicaragüense en el exilio

El periodista nicaragüense Luis Galeano, director de la emisora Café con Voz y exiliado en EE. UU., ha sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, en inglés) en Miami, en el estado de Florida.

«Nuestro director Luis Galeano ha sido retenido por ICE», ha indicado su emisora en un breve mensaje difundido en redes sociales, sin detallar las circunstancias exactas de su detención, de la que por el momento no se han pronunciado las autoridades estadounidenses, o su estatus migratorio.

Según ha confirmado su esposa, Deykell, al portal opositor 100% Noticias, Galeano ha sido detenido mientras se encontraba trabajando en una empresa de vehículos de transporte con conductor (VTC), una actividad que realizaba en paralelo a su labor como periodista desde que se exilió a EE. UU. en 2018.

Cabe recordar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de la administración Trump anunció que retiraba el estatus de protección temporal (TPS) a Nicaragua en julio de 2025, estableciendo como fecha efectiva de finalización el 8 de septiembre de 2025.

La cancelación del TPS y el endurecimiento de los controles migratorios en EE. UU. afecta a opositores, activistas y periodistas nicaragüenses, expuestos ahora a detenciones por parte del ICE y a un eventual riesgo de deportación hacia Nicaragua.

Exbeisbolista Oswaldo Pirela fue detenido por el ICE en EE. UU. y será deportado

Caracas. – El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) confirmó la detención por parte del ICE, del expelotero venezolano Oswaldo José Pirela Domínguez, coordinador de receptores de las ligas menores de los Padres de San Diego, quien ahora enfrenta un proceso de deportación.

Una Patrulla Fronteriza del ICE lo interceptó este pasado martes en el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas. Daniela Pirela, hermana del pelotero, dijo en una entrevista para la cadena de noticias NBC News que el arresto se realizó cuando el exjugador viajaba por trabajo.

Pirela había reiterado que su hermano contaba con estatus legal de residencia y trabajo en EE. UU., tras solicitar asilo en 2014, cuando emigró a territorio estadounidense. Además, Naivy Domínguez, madre de Oswaldo Pirela, había pedido a los medios de comunicación y fanáticos del béisbol difundir el caso de su hijo para conseguir su salida de prisión por la vía legal.

Sin embargo, el DHS comunicó a través de una publicación en las redes sociales que el Oswaldo José Pirela Domínguez recibió permiso de la Administración del expresidente Barack Obama para permanecer en la nación ‘‘hasta el 10 de febrero de 2018’’.

«En violación de las leyes de nuestra nación, se quedó más de 8 años”, señaló el DHS. Agregaron que, al momento de ser abordado por agentes, no portaba documentación que le otorgara estatus legal en el país y que permanecerá bajo custodia de ICE pendiente de procedimientos de remoción, con derecho al debido proceso.

El organismo subrayó que “la autorización de trabajo o una solicitud pendiente NO confieren estatus legal en EE. UU.”. “Nadie está por encima de la ley”, señaló el DHS en la publicación, en la cual confirmó que Pirela permanecerá bajo custodia de ICE mientras se concreta su deportación.

Pese a su detención, Pirela mantiene un vínculo profesional con los San Diego Padres. Registros de las Ligas Menores de Béisbol lo ubican en 2026 como coordinador de receptores dentro del sistema de desarrollo de jugadores de la organización.

Nacido en Barquisimeto en 1991, Pirela se desempeñó como receptor durante su carrera como pelotero. Entre 2009 y 2011 perteneció a la organización de los Texas Rangers y disputó 79 encuentros en las Ligas Menores.

En 2024 se incorporó a la estructura de los Padres de San Diego como coach de banca de los Lake Elsinore Storm, filial de la organización, en lo que representó su primera temporada dentro del sistema del equipo.

El ICE equipará a todos sus agentes con cámaras corporales para agosto

El director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), David Venturella, ha anunciado que espera que todos los agentes estén equipados con cámaras corporales para finales de agosto en el marco de la nueva normativa de la agencia federal.

«Estamos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas y estamos proceso de equipar a todos los funcionarios y agentes en servicio con cámaras corporales para finales de agosto, antes de lo previsto», ha señalado en un comunicado.

La normativa de la agencia permite divulgar las imágenes de las cámaras corporales de los agentes tras una lesión grave o el fallecimiento de una persona bajo custodia, si bien la agencia podrá retener dicho material si su difusión pudiera comprometer las investigaciones o la privacidad de los efectivos.

El despliegue se produce en un momento en que las grabaciones de teléfonos móviles y las cámaras de seguridad de los domicilios se están convirtiendo en pruebas clave en incidentes en los que intervienen agentes del ICE en un contexto de incremento de las operaciones antiinmigración en todo el país.

La entonces titular del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó el pasado mes de febrero que algunos agentes empezarían a llevar cámaras corporales y que esta normativa se ampliaría a nivel nacional en cuanto hubiese fondos disponibles tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales en el estado de Minnesota.

Bruselas estudia conceder una ayuda adicional a España por la crisis de Ceuta

La Comisión Europea ha confirmado este jueves que estudia conceder una ayuda financiera adicional a España para hacer frente a la crisis migratoria en Ceuta, después de haber recibido una primera evaluación de necesidades remitida por las autoridades españolas, si bien ha evitado adelantar la cuantía del posible apoyo porque el análisis aún está en curso.

«Las conversaciones con España avanzan ahora realmente a pleno rendimiento. Podemos confirmar que ayer la Comisión recibió una primera evaluación de necesidades por parte de España», ha explicado el portavoz comunitario Guillaume Mercier durante la rueda de prensa diaria de la institución.

Según ha detallado, los servicios comunitarios están analizando «muy rápidamente» el documento remitido por el Gobierno para identificar «la mejor manera» de prestar apoyo y determinar los siguientes pasos, que pasan por que España presente formalmente una solicitud de financiación ante Bruselas.

Mercier ha precisado que este respaldo sería «adicional» al ya movilizado por la UE y podría destinarse a financiar equipos y servicios para la gestión de fronteras, así como asistencia humanitaria y médica. También ha indicado que el apoyo podría canalizarse a través de agencias europeas como Frontex y la Agencia de Asilo de la UE (EUAA).

«El trabajo continúa en diferentes frentes. Vamos muy rápido porque la situación sobre el terreno está evolucionando», ha señalado el portavoz, quien también ha revelado que este miércoles se celebró una reunión entre la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión, la alta dirección del Ejecutivo comunitario y las agencias ejecutivas para coordinar el intercambio de información sobre el apoyo que puede prestarse a España.

La Eurocámara celebra este jueves un debate extraordinario sobre la crisis de Ceuta impulsado por el PP

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo celebró este jueves una reunión extraordinaria para abordar la crisis migratoria registrada la semana pasada en Ceuta, en una sesión impulsada por el Partido Popular en la que participaron el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, y el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas.

Al encuentro, que se celebró por vía telemática, también habían sido invitados el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, si bien finalmente ninguno de los dos participó en la sesión.

«La reunión extraordinaria con la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior será una buena oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre la situación actual y las lecciones aprendidas de los acontecimientos de Ceuta», ha señalado Brunner en un mensaje publicado en sus redes sociales.

También el presidente de dicha comisión parlamentaria, el eurodiputado ‘popular’, Javier Zarzalejos, ha defendido la celebración de este encuentro y ha subrayado que «el éxito de la política migratoria europea depende de que cada eslabón de la cadena sea fuerte», abogando por «asegurar» la «defensa de las fronteras» y «garantizar retornos efectivos».

La sesión tendrá lugar dos días después de la reunión extraordinaria de ministros de Interior de la UE convocada para analizar lo ocurrido en Ceuta y de la iniciativa de la delegación española del PP para reclamar formalmente a la Eurocámara un debate específico sobre esta crisis durante el pleno de septiembre en Estrasburgo.

En una carta remitida a los eurodiputados, los ‘populares’ denunciaron que la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez pone «en peligro la soberanía nacional y europea» y defendieron que lo ocurrido en el enclave español «trasciende una crisis migratoria», ya que, a su juicio, también afecta a la protección de la frontera exterior de la Unión y a la credibilidad del espacio Schengen.

Polonia descarta aplicar el pacto migratorio en su totalidad: «No cumpliremos con lo que amenace la seguridad»

Las autoridades de Polonia han descartado aplicar el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea (UE), que ha entrado este viernes en vigor, al asegurar que el país «no aceptará migrantes procedentes de otros países» ni «acarreará con los costes asociados a ellos».

El Ministerio del Interior polaco ha indicado en un comunicado que Varsovia «no cumplirá con todo aquello que amenace su seguridad» y ha insistido en oponerse a «los mecanismos que pudieran reducir, incluso mínimamente, la seguridad de los polacos», una postura que «se mantiene inalterable».

«Polonia solo aplicará aquellas disposiciones que refuercen la protección de las fronteras, endurezcan la política migratoria y aumenten el acceso a los datos para combatir la migración irregular», afirma el texto, que matiza que «no implementará disposiciones que atraigan migrantes irregulares».

Además, ha aclarado que el anterior Gobierno polaco «no tuvo en cuenta las especificidades que presentan las amenazas híbridas que suponen Rusia y Bielorrusia para Polonia». Las restricciones que prevé Polonia se aplican, «en particular, a procedimientos fronterizos, cuya aplicación en las fronteras con Rusia y Bielorrusia podría ser aprovechada por estos países para intentar desestabilizar los sistemas sociales y de asilo de los países miembro de la UE».

«La frontera polaca es también una frontera para toda la UE. A pesar de que Polonia está exenta del mecanismo de reubicación, la premisa, incluso voluntaria, es irreal e inviable en la práctica, y además provocará conflictos dentro de la UE. Por lo tanto, seguiremos abogando por la abolición inmediata de este mecanismo en la política migratoria europea, ha destacado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que «solo se incorporarán al ordenamiento jurídico nacional aquellos elementos del Derecho de la UE que mejoren realmente la seguridad migratoria». «Estos incluyen, sobre todo, nuevas regulaciones sobre la política de retorno, la prohibición de instrumentalizar la migración e instrumentos que refuercen los procedimientos en situaciones de amenaza repentina o afluencia masiva de migrantes», ha explicado.

El pacto establece una serie de normas y reglamentos para un mayor control de las fronteras exteriores de la UE y ofrece a los gobiernos una ‘solidaridad a la carta’ que les permitirá eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados si pagan una compensación por cada traslado rechazado.

Tras años de negociaciones, los Estados miembro acordaron en 2024 un equilibrio entre la «solidaridad» con los países en primera línea, como España e Italia, y la «responsabilidad» que les reclaman otros socios con miedo a los movimientos secundarios.

Finalmente se acordó un mecanismo de «solidaridad flexible» que obligará a los Veintisiete a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes, y que deja que se reubique a parte de las personas llegadas o se pague una compensación por cada migrante que se rechace.