Por Leroy Garrett (@lerogarrett).
En las últimas semanas de diciembre 2025, la administración Trump ha escalado drásticamente su presión sobre Venezuela con operaciones que parecen sacadas de una película de acción: la Guardia Costera estadounidense, respaldada por el Pentágono, ha incautado al menos tres tanqueros cargados con crudo venezolano en aguas internacionales del Caribe. Los buques Skipper (10 de diciembre), Centuries (20 de diciembre) y un tercero reportado el 21 de diciembre forman parte de la llamada “flota sombra” que evade sanciones, vinculada a redes iraníes y rusas.
Trump no ha escatimado en retórica provocadora. Ha declarado abiertamente que Venezuela “robó” el petróleo, tierras y activos a Estados Unidos durante las nacionalizaciones de los años 70 y las expropiaciones bajo Chávez en 2007. “They took our oil… we want it back”, ha repetido, junto a su asesor Stephen Miller, quien afirmó que empresas estadounidenses “crearon” la industria petrolera venezolana y que su expropiación fue “el mayor robo de riqueza americana”. El 16 de diciembre, Trump ordenó un “bloqueo total y completo” a todos los tanqueros sancionados que entren o salgan de Venezuela, justificándolo no solo por narcotráfico, sino por la necesidad de recuperar “derechos energéticos” perdidos.
Esa retórica es la herramienta política más efectiva para detectar colaboracionistas; quien brinque con el cuento de soberanía está con el régimen.
Dictadura y colaboracionistas, por su parte, califica estas acciones de “piratería internacional” y “robo descarado”, mientras sus exportaciones petroleras han caído en picada: decenas de buques cargados permanecen anclados, temiendo la incautación.
Pero más allá de la confrontación geopolítica, surge una pregunta incómoda: ¿Esta ofensiva es solo por el control del recurso —las mayores reservas probadas del mundo—, o hay una estrategia para desmantelar la compleja red de corrupción y negociados que ha sustentado el negocio petrolero venezolano durante décadas?
PDVSA, una vez joya de la corona, se convirtió en un pozo de corrupción masiva bajo el chavismo: miles de millones desviados en sobreprecios, contratos ficticios y redes de lavado que involucran a altos funcionarios, militares y aliados internacionales. Escándalos como los de criptoactivos en 2022-2023 o las detenciones de directivos por malversación ilustran cómo el crudo financia no solo al régimen madurista, sino estructuras paralelas de poder.
Sin embargo, la corrupción no ha sido exclusiva de un bando. Citgo, la filial de PDVSA en EE. UU., ha sido un epicentro de controversias. Desde 2019, bajo control de una junta ad hoc designada por estructuras opositoras, ha enfrentado acusaciones de manejo antinacional: decisiones judiciales fallidas, no comparecencias en cortes y conflictos de interés que inflaron pasivos en miles de millones —como el default ruling de ConocoPhillips por más de USD$ 10B—. Este manejo irregular facilitó que un tribunal en Delaware autorizara, el 29 de noviembre de 2025, la venta de las acciones de PDV Holding —matriz de Citgo— a Amber Energy (afiliada al fondo Elliott) por unos $5.9 mil millones, para pagar deudas por expropiaciones y defaults. Aunque apelada y con una extensión temporal de protección OFAC hasta febrero 2026, la pérdida de Citgo —valorada en USD$ 11-13 mil millones— es inminente, un golpe estratégico que deja a Venezuela sin su principal activo extranjero refinador.
Irónicamente, en esta subasta que prioriza a acreedores como Crystallex, ConocoPhillips y tenedores de bonos PDVSA 2020, las víctimas no quedan al margen: los 23.000 petroleros masivamente despedidos y perseguidos políticamente tras el paro de 2002-2003 recibirán compensación vía un QSF —Qualified Settlement Fund o Fondo Fiduciario Calificado—, un mecanismo legal estructurado para indemnizar sus reclamos por violaciones a derechos humanos —despidos sin debido proceso, pérdida de prestaciones, desalojos forzosos y persecución—, asegurando una distribución justa y protegida de recursos para ellos y sus familias.
Las incautaciones y el bloqueo podrían estar forzando una transparencia brutal: al asfixiar las exportaciones ilícitas —vía flota sombra a China, India o aliados—, se interrumpe el flujo de dinero negro que alimenta no solo al régimen madurista, fortunas opositoras rimbombantes, sino también potenciales arreglos opacos en el manejo de activos petroleros externos. Trump, con su estilo provocador, parece apostar a que esta presión revele las conexiones ocultas en el negocio del crudo, donde intereses cruzados han permitido que la corrupción prospere impune, mientras se abre camino a reparaciones históricas para víctimas reales. Hablo del holocausto petrolero.
¿Es este bloqueo del Comando Sur un “saneamiento” forzado del sector petrolero venezolano, o solo un pretexto para imponer control estadounidense? Para este cronista, la elección es la primera hipótesis. Lo cierto es que el bloqueo está golpeando duro la economía chavista, y podría arrastrar a la luz las tramas que han enriquecido a élites de ambos lados durante años. En un país donde el petróleo es 95% de las exportaciones, esta provocación trumpista podría ser el detonante para deshilachar una tela de araña que ha atrapado a Venezuela por décadas.
