El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha denunciado este martes que el ataque de EE. UU. contra Venezuela «socava» los principios del Derecho Internacional sobre evitar el uso de la fuerza para resolver las disputas y ha rechazado las justificaciones de Washington para estas acciones.
«La operación militar estadounidense en Venezuela socava un principio fundamental del derecho internacional: los Estados no deben usar la fuerza para promover sus reivindicaciones territoriales o demandas políticas», ha afirmado, después de un ataque que se saldó con decenas de muertos y la captura del genocida dictador venezolano, Nicolás Maduro.
Así, ha recalcado que «la sociedad venezolana necesita sanar» y que «el futuro del país debe ser decidido por su gente», después de que la hasta ahora vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ha asumido ya el cargo de presidenta encargada a raíz de la captura de Maduro, quien el lunes compareció ante un tribunal de Nueva York acusado de cargos de narcoterrorismo.
En esta línea, la portavoz de la oficina de Turk, Ravina Shamdasani, ha afirmado que Turk está «profundamente preocupado» por la situación en Venezuela tras la «operación militar» estadounidense y ha reiterado que «está claro» que la misma «socava» el citado principio del Derecho Internacional.
«EE. UU. ha justificado su intervención alegando el prolongado y atroz historial de Derechos Humanos del Gobierno venezolano, pero la rendición de cuentas por las violaciones de Derechos Humanos no puede lograrse mediante una intervención militar unilateral que viola el Derecho Internacional», ha argüido.
Shamdasani ha hecho hincapié en que «el pueblo venezolano merece rendición de cuentas mediante un proceso justo y centrado en las víctimas» y ha lamentado que «los derechos del pueblo venezolano hayan sido violados desde hace demasiado tiempo».
«Tememos que la inestabilidad actual y una mayor militarización del país a causa de la intervención estadounidense solo empeore la situación», ha explicado.
En este sentido, ha alertado de que «el estado de emergencia declarado por las autoridades venezolanas, que entró en vigor el sábado, genera preocupación al autorizar restricciones a la libre circulación de personas, la confiscación de bienes necesarios para la defensa nacional y la suspensión del derecho de reunión y de protesta, entre otras medidas».
Por ello, ha reclamado a EE. UU.y Venezuela, «así como a la comunidad internacional» a «garantizar el respeto total del Derecho Internacional, incluidos los Derechos Humanos», al tiempo que ha insistido en que «el futuro de Venezuela debe ser determinado únicamente por el pueblo venezolano, con respeto total a sus Derechos Humanos, incluido el derecho a la autodeterminación y la soberanía sobre sus vidas y recursos».
