Por Leroy Garrett (@lerogarrett).
Edmundo González, más por la estrategia de María Corina Machado de desvirtuar el boicot de la dictadura que de sus méritos propios en conseguir la postulación, es hoy Presidente de la República.
Pero las cosas no son automáticas para los tiranos al asumir que, fuera del poder, solo les queda la condición de delincuentes comunes, solicitados donde quiera y, hoy por hoy, con la transformación supranacional de la justicia, no hay ni inmunidad duradera ni a prueba de balas.
¿Qué se encontrará el gobierno democrático de frente? Un estado de destrucción y abandono no visto desde 1820. Y un permanente estado de subversión que se mezclaba con la fuerza legítima de seguridad de Estado. Dichos componentes quedan financiados y prestos a imponer condiciones de ingobernabilidad para apalancar y tomar el poder a la fuerza.
Sucedió ya el post 11 de abril
La comunidad internacional y sus mecanismos específicos de apoyo gubernamental que garanticen la viabilidad del nobel gobierno democrático deben ponerse en marcha, ejemplos cercanos, la Liberia post Taylor donde el desarme de la población, la condena de los culpables de las matanzas, y la repatriación de centenares de miles de desplazados (los nuestros están en alrededor de 5 millones) necesita de la cooperación institucional foránea material y manifiesta.
Dentro del alcance de los pasos iniciales en nuestra reconstrucción, necesitaremos de la cooperación militar panamericana con tropas efectivas in situ que garanticen la protección ciudadana e integridad nacional mientras se depuran las Fuerzas Armadas y se repatrían efectivos militares cubanos y grupos armados irregulares.
El gobierno debe iniciar su gestión con la promulgación de un «Acta Constitutiva de Gobierno». Documento que considera los elementos creadores de la constitución del 99 no legítimos por sus fallas de origen y por ser el vehículo que ha justificado esta atroz dictadura de bases constitucionales.
El decreto consagra las libertades básicas y asigna a la elección de un congreso constituyente constituido la vuelta a vigencia de la constitución del 61 con las enmiendas necesarias y plenas libertades económicas consagradas o un nuevo texto constitucional que otorgue a la República de Venezuela su característica de Estado laico de gobierno representativo, responsable y alternativo.
De poder electoral transparente y eficiente
Dicho decreto incorporará las bases en la creación de una judicatura autónoma, equipada y con el mandato expreso de crear un poder judicial autónomo apartidista y comprometido en enjuiciar a actores y colaboradores de esta dictadura.
El gobierno debe prioritariamente acometer la creación de una fiscalía y procuraduría general de la República que trabajen en conjunto para lograr la repatriación de capitales robados o confiscados para atender la alarmante pobreza e inexistencia de servicios públicos.
La estratégica adopción y bienvenida de una intensa y favorable inversión de capitales extranjeros que nos ayuden a reconstruir infraestructura y crear oficios.
La no incorporación de opositores de oficio o colaboradores de flagrancia del chavismo quienes deben ser investigados y juzgados por jueces imparciales.
La creación de un pacto político firmado por todos los actores de la vida pública nacional, comprometiéndose a cumplir un plan de reconstrucción nacional salido del consenso de los firmantes con las líneas maestras que deberían seguir las administraciones electas en los próximos veinte años.
Estas serían las tareas urgentes que tendría por delante el Presidente González y su gobierno.
