La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), hizo público un reporte, titulado «Procesos mejorados y requerimientos del implementador son necesarios para los desafíos y riesgos de fraude en la respuesta de USAID con respecto a Venezuela» en el cual se emiten una serie de críticas y recomendaciones en base al manejo de la ayuda humanitaria destinada para Venezuela.
En su introducción, el reporte destaca la necesidad de ayudar a Venezuela debido a la crisis humanitaria que se vive actualmente. Además, se asegura la entrega de por lo menos $507 millones destinados a esta causa que fueron manejados por 6 naciones.
Una porción de estos recursos estarían destinados a ayudar a los ciudadanos venezolanos víctimas de la tiranía de Nicolás Maduro, mientras que la otra parte debería ser utilizada para ayudar a los venezolanos fuera de sus fronteras, que se encontraran en situaciones precarias producto de los altos niveles de migración ocasionados por la crisis.
En el reporte se denuncia que hubo prácticas que se salían de los lineamientos que caracterizan los principios de asistencia humanitaria que son: neutralidad, independencia y basarse en las necesidades.
En enero y febrero del 2019 se dictaminó que la asistencia humanitaria ofrecida por la USAID servía como una herramienta para «elevar el apoyo al gobierno interino e incrementar presión al régimen de Maduro».
Parte de las irregularidades señaladas en el documento es que las órdenes ofrecidas por la oficina del administrador de la USAID se daban de manera verbal y sin justificación. También se reconoce la participación del gobierno interino dirigido por Juan Guaidó para influenciar la toma de decisiones en este aspecto, es decir, la opinión del exdiputado era tomada en cuenta para el destino de los recursos.
Se resalta que alrededor del 2% de la ayuda humanitaria llegó a manos de quienes la requerían, mientras que el restante 98% tuvo usos distintos a sus objetivos originales.
Además, la oficina del administrador dió órdenes para «reforzar» el gobierno interino ofreciéndole recursos que se utilizaban en agencias de la ONU, que se dejaron de financiar debido a la «preocupación del gobierno interino por el apoyo que las Naciones Unidas de daba al régimen de Maduro».
Dos aplicaciones de una ONG, la cual no se menciona, fueron emitidas para recibir estos fondos. Sería la primera vez que la USAID y la OFDA le otorgarían recursos a esta organización porque la percibieron como una que «apoyaba los intereses de la política internacional de los Estados Unidos hacia Venezuela», a pesar que se desconocía si dicha ONG tenía la capacidad de cumplir con lo exigido así como con los requerimientos legales y financieros de la USAID.
En organizaciones de otros países, se evaluó el mecanismo con el cual se implementó el sistema humanitario para ayudar a Venezuela, y se verificó que «las actividades de planificación y evaluación de riesgos» así como «el análisis de datos» no tenían un manejo transparente, por lo que, utilizando este método, el riesgo de fraude se eleva de una manera significativa.
El reporte concluye que, si bien es necesaria la participación de organizaciones como la USAID para la superación de la crisis y la ayuda para salvar la vida de los venezolanos, la falta de procesos para cumplir los principios humanitarios puede impedir la asistencia de la agencia en esta materia.
Hasta los momentos, los responsables del manejo de la ayuda humanitaria en Venezuela no se han pronunciado al respecto.
Puedes leer el documento completo en el siguiente enlace (inglés):
https://oig.usaid.gov/sites/default/files/2021-04/9-000-21-005-P_0.pdf
