El Parlamento Europeo ha reclamado este martes a la Comisión Europea y a los Estados miembro que adopten medidas coordinadas para combatir la represión ejercida por regímenes autoritarios contra disidentes, periodistas, activistas y miembros de la diáspora residentes en la Unión Europea (UE), apostando por una política de «tolerancia cero» frente a este tipo de injerencias.
En un informe aprobado por 434 votos a favor, 128 en contra y 104 abstenciones, la Eurocámara ha señalado «la grave y creciente amenaza» de la represión transnacional (RTN), es decir, los actos deliberados o las amenazas de Estados y regímenes autoritarios para defender sus intereses transfronterizos mediante intimidación, silenciamiento, coacción o daños a personas o grupos que viven en el extranjero, así como a sus redes de apoyo y familiares.
Al considerar estos actos «una amenaza para la democracia y la protección de los Derechos Humanos», y una forma de injerencia extranjera, los eurodiputados han instado a la Comisión Europea y a los Estados miembro a adoptar «una política de tolerancia cero» y a emprender «acciones decisivas y coordinadas para reprimir todas las formas de RTN que se produzcan en territorio de la UE».
«Para muchas personas que viven en el exilio en Europa, la distancia no garantiza la seguridad. Los regímenes autoritarios buscan activamente silenciar a los críticos más allá de sus fronteras», ha indicado durante su intervención en el Parlamento Europeo la ponente del informe, la eurodiputada alemana de Los Verde Hannah Neumann.
En su opinión, la represión transnacional se ha convertido «en una de las amenazas más graves y a menudo ignoradas para la democracia», los Derechos Humanos y la seguridad de los Estados miembro de la UE.
El informe señala además la falta de una definición clara de RTN, avisando de que «contribuye a la subnotificación», limita la eficacia de las respuestas políticas y dificulta el uso de mecanismos de rendición de cuentas, incluidos los de sanciones.
Por consiguiente, los eurodiputados han solicitado a la Comisión Europea y a los Estados miembro de la Unión que adopten «una definición común» y la integren «sistemáticamente en todas las políticas e instrumentos de la UE» para evitar que los marcos jurídicos y administrativos de la UE «se utilicen indebidamente con fines represivos».
El informe aprobado en el Parlamento Europeo señala además que los objetivos de la represión contra la población incluyen a un amplio abanico de personas y grupos, entre ellos disidentes, periodistas, activistas, académicos, miembros de la diáspora y sus familias.
Por ello, propone una recopilación de datos «mejor, más segura y fiable» para supervisar e informar sobre la represión contra la población en la UE y a nivel mundial, así como «formación especializada» para las fuerzas del orden y otros organismos y funcionarios pertinentes sobre cómo identificarla y responder a ella.
Los eurodiputados también solicitan medidas para facilitar el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembro de la UE, incluyendo el nombramiento de un coordinador de la UE para la lucha contra la represión contra la población, que podría contribuir a una estrategia global sobre la represión contra la población y a la acción contra las amenazas digitales, las notificaciones rojas abusivas de Interpol y la denominada coacción consular (presión ejercida por embajadas y consulados), entre otros.
