La oposición demócrata acusa a Trump de empujar a EE. UU. a una guerra con Venezuela

El líder del Partido Demócrata, Chuck Schumer, ha acusado al presidente de EE. UU., Donald Trump, de arrastrar al país a una guerra con Venezuela sin el consentimiento del Congreso a raíz del despliegue militar ordenado por el mandatario en las inmediaciones del país latinoamericano, junto a medidas de presión adicionales como la que declaró ayer, cuando proclamó una prohibición generalizada contra la entrada internacional en espacio aéreo venezolano.

«Las acciones imprudentes del presidente Trump hacia Venezuela están acercando cada vez más a EE. UU. a otra costosa guerra exterior.», ha manifestado Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado de EE. UU., la cámara alta del Congreso.

«Según nuestra Constitución, el Congreso tiene la facultad exclusiva de declarar la guerra —no el presidente— y el Congreso no ha autorizado el uso de la fuerza militar contra Venezuela.», ha añadido Schumer en una crítica a la estrategia de Trump, quien defiende la necesidad de intervención para atajar el tráfico de drogas que, denuncia, emerge desde Venezuela en dirección a EE. UU..

Schumer ha criticado que «los estadounidenses están cansados de las interminables guerras en el extranjero que cuestan la vida a innumerables militares estadounidenses y agotan recursos valiosos» y ha llamado a una inciativa bipartidista en el Congreso para impedir que Trump cumpla con su amenaza de poner pie en territorio venezolano.

«Necesitamos que los republicanos y los demócratas en el Congreso se unan para devolverle al pueblo el poder de declarar la guerra.», ha zanjado Schumer en su cuenta de la red social X.

La Justicia argentina confirma el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por corrupción

La Cámara Federal de Buenos Aires, el órgano judicial supremo de la Ciudad Autónoma, ha confirmado este martes el procesamiento del expresidente argentino Alberto Fernández por su rol en una serie de irregularidades en contrataciones de seguros durante su mandato que habría beneficiado a la pareja de su secretaria.

En el fallo judicial, del que se ha hecho eco el diario ‘La Nación’, los magistrados han mantenido el procesamiento del exmandatario por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública ante los indicios de que Fernández intervino en la trama que adjudicó contrataciones al corredor Héctor Martínez Sosa, por medio de su secretaria privada durante décadas y su esposa María Cantero.

En este sentido, el órgano judicial ha estimado como un hecho el «direccionamiento delictivo y ejercicio de influencia» por parte del expresidente en favor de la pareja de su secretaria, describiendo un vínculo tanto personal como profesional con el mismo.

Una de las pruebas que ha influido en la decisión ha sido un mensaje de Fernández con el texto «ya me ocupo» ante la preocupación de Cantero por la pérdida de un contrato en el Ministerio de Exteriores, lo que ha sido considerado como una participación directa del expresidente.

Al ratificar su procesamiento, la Cámara Federal ha mantenido el embargo sobre los bienes de Alberto Fernández por más de 14.600 millones de pesos argentinos —USD$ 10.380 millones—, así como la prohibición de abandonar el país sin autorización judicial. El exdirigente se enfrentaría de esta forma a una pena de prisión de uno a seis años e inhabilitación perpetua.

Así, la Cámara ha revisado y validado la decisión del juez federal Sebastián Casanello, quien inició en junio el procesamiento del expresidente al considerar que había intervenido para favorecer los intereses de Martínez Sosa, el principal cliente de Fernández entre 2010 y 2019, cuando éste trabajaba como abogado y lobista.

Según el magistrado, la firma de este bróker habría concentrado cerca del 60% de las comisiones pagadas entre 2020 y 2023 por la empresa Nación Seguros a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entidades estatales desde el inicio del mandato de Fernández. La cifra superaría así los 2.250 millones de pesos —US$ 1.15 millones hoy, aunque en 2023 podría haber alcanzado los USD$ 22 millones, considerando la inflación—.

Tanto Martínez Sosa como Cantero —ésta, además, por incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública— han visto confirmados sus procesamientos también en el fallo, que incluye asimismo al expresidente de Nación Seguros de entonces, Alberto Pagliano.

Cabe señalar que la decisión ha llegado después de que, en septiembre, la Fiscalía solicitara la revocación del procesamiento, argumentando la falta de pruebas y testimonios suficientes, como la declaración del que fuera ministro de Exteriores con Fernández, Santiago Cafiero.

Colombia deja de compartir información de inteligencia con EE. UU. por sus ataques en aguas del Caribe

El presidente guerrillero de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este martes la suspensión temporal de las comunicaciones «y otros tratos» con las agencias de seguridad de EE. UU., aduciendo los ataques de Washington contra embarcaciones en aguas del Caribe.

«Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses», ha señalado en su cuenta de la red social X.

En un escueto mensaje, el guerrillero ha especificado que la medida permanecerá vigente «mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe», en alusión a los bombardeos iniciados en septiembre por el Ejército estadounidense que ha dejado más de 60 muertos en lo que la Casa Blanca defiende como operaciones contra el narcotráfico y organismos internacionales y Naciones Unidas condenan como «ejecuciones extrajudiciales».

«La lucha contra las drogas debe subordinarse a los Derechos Humanos del pueblo caribeño», ha agregado sobre una decisión que escala las tensiones entre Bogotá y la Administración de Donald Trump.

Petro ha hecho estas declaraciones después de que haya trascendido que Reino Unido ha actuado en el mismo sentido, un extremo difundido por primera vez por la cadena de televisión CNN y posteriormente por medios británicos como ‘The Times’ y ‘The Guardian’, si bien hasta el momento desde el número 10 de Downing Street no se ha producido confirmación al respecto.

Un portavoz del Gobierno británico citado por la cadena SkyNews se ha limitado a afirmar que «EE. UU. es nuestro socio más cercano en materia de defensa, seguridad e inteligencia, pero, en consonancia con un principio de larga data, no voy a hacer comentarios sobre asuntos de inteligencia».

Además, al ser preguntado por los ataques lanzados por EE. UU. contra buques en aguas del Caribe y del Pacífico, ha señalado que estas «decisiones son asunto» del país norteamericano y que «las cuestiones relativas a si algo contraviene o no el Derecho Internacional son competencia de un tribunal internacional competente, no de los gobiernos».

El Supremo de Brasil ratifica la condena contra Bolsonaro por —supuesto— intento de golpe de Estado

El Tribunal Supremo de Brasil ha ratificado este viernes por unanimidad la condena a 27 años de prisión por —supuesto— intento de golpe de Estado del expresidente Jair Bolsonaro, después de que los jueces —entre ellos el relator del caso, Alexandre de Moraes— hayan rechazado las alegaciones presentadas por la defensa.

De Moraes también ha rechazado las alegaciones presentadas por el resto de los seis condenados por liderar la fallida trama golpista de 2022, entre quienes se encuentran los exministros de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto; el de Justicia, Anderson Torres, o el exalmirante de Marina, Almir Garnier.

Los jueces Flávio Dino, Cristiano Zanin y Cármen Lúcia también han votado a favor de mantener las condenas. El magistrado Luiz Fux no ha votado porque pasó de formar parte de la primera sala del alto tribunal a la segunda tras votar a favor de la absolución de Bolsonaro. Con los cuatro votos, la deliberación virtual ha concluido.

El Supremo ha analizado de manera virtual durante la jornada los recursos de aclaración que permiten a la defensa pedir aclaraciones sobre posibles contradicciones, omisiones, o dudas que puedan surgir de los argumentos de los jueces que votaron por condenar a Bolsonaro y su círculo más cercano.

Si bien, los seis acusados —un séptimo aceptó la decisión y ya cumple condena— tienen todavía una oportunidad más de presentar un nuevo recurso bajo este procedimiento. En caso de volver a ser rechazado, se ejecutará la pena.

Cabe señalar que Bolsonaro se encuentra en este momento bajo arresto domiciliario, mientras avanza otra causa contra él por su supuesta implicación en una trama urdida junto a su hijo Eduardo para hacer proselitismo en EE. UU. en contra del actual Gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y a favor de su liberación mediante sanciones.

El lugar donde ha de cumplir condena es todavía una incógnita, pero se especula con que podría ser en la prisión de máxima seguridad de Papuda, que cuenta con un ala especial para albergar a presos considerados vulnerables, como políticos, policías y otros funcionarios, o ancianos.

La otra alternativa es una celda especial habilitada en la sede principal de la Policía Federal en Brasilia, un tratamiento similar al que se dio al presidente Luiz Inácio Lula da Silva cuando estuvo preso durante 580 días por corrupción en las instalaciones de esta misma institución en Curitiba. Aunque no se descarta tampoco arresto domiciliario.

Borrego de la semana 208: Gustavo Petro, presidente guerrillero de Colombia

Esta semana, se señala como Borrego de la Semana al presidente guerrillero de Colombia, Gustavo Petro, en vista de que ha citado a Amnistía Internacional para calificar la operación en el Caribe de EE. UU. como “ilegal”, además de proponer llevar a Naciones Unidas una solicitud de “cese de la agresión al Caribe”.

De hecho, con el fin de minusválidar el crimen de los individuos ligados al narcotráfico, Petro no los llama «narcotraficantes», sino obreros del narcotráfico, porque apunta a la idea de que son las condiciones económicas terribles que hay en los países lo quelleva a los «pobres campesinos» a irse por esos caminos.

No obstante, Petro no ha citado en el pasado, en ningún momento, ni siquiera por asomo, los llamados de Amnistía Internacional a respetar los Derechos Humanos contra los que arremete todos los días la narcodictadura chavista, y mucho menos se ha dado cuenta que, de ser cierta su narrativa, está diciendo que las mismas condiciones de Colombia, con él a la cabeza, han sido tan nefastas que muchos «campesinos» han optado por el narcotráfico.

Por si fuera poco, el mismo gobierno de Petro es responsable de lo que pasa en el Caribe, porque no ha hecho nada para impedir salidas de lanchas con drogas desde sus costas.

Entonces, por alinearse con una narrativa que favorece al régimen de Maduro, así como la doble moral y la carga de responsabilidad que tiene por lo que pasa en el Caribe, Gustavo Petro es nombrado como Borrego de la Semana.

Marco Rubio descarta aranceles contra Colombia tras imponer sanciones contra Petro

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ha descartado la imposición de aranceles a Colombia, pero ha defendido las sanciones contra el presidente guerrillero de Colombia, Gustavo Petro, y su entorno, asegurando que el problema es con él y no con el pueblo colombiano.

«La política de Colombia no se refleja en el actual presidente. Nuestro problema con él, además de su comportamiento errático y contraproducente, es que, de hecho, no está cooperando con (nuestra) lucha antidrogas, y consideramos que es mejor abordarlo a nivel individual», ha indicado Rubio en rueda de prensa.

Gustavo Petro y personas cercanas a él fueron incluidas este viernes en la ‘lista negra’ de antinarcóticos por el Gobierno estadounidense, medida por la que quedan bloqueados todos los bienes de los que dispongan en EE. UU. y no podrán realizar transacciones con ciudadanos estadounidenses.

El secretario de Estado no ha contemplado la opción de que estas restricciones contra Petro acaben escalando a un conflicto arancelario, aunque ha asegurado que es el presidente, Donald Trump, el encargado de tomar estas decisiones, quien ya amenazó hace unos días con esta posibilidad.

Para Rubio el pueblo colombiano no debe sufrir las consecuencias de las acciones de su presidente y, además, ha resaltado que en el país latinoamericano EE. UU. tiene algunos de sus «socios más fuertes». En este sentido, ha considerado que la «política de Colombia no se refleja en el actual presidente».

El político norteamericano ha recordado la visita de Petro a Nueva York este año con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas cuando el mandatario colombiano se unió a varios manifestantes que protestaban en las calles y con un megáfono alentó a las fuerzas militares estadounidenses a que no obedecieran órdenes, acción por la que las autoridades estadounidenses le retiraron el visado.

«Pero separamos eso de nuestras excelentes relaciones con (el pueblo de Colombia) y Petro, quien irá y vendrá como presidente», ha declarado Rubio, que ha destacado la solidez de las instituciones colombianas, en concreto el Ejército.

En los primeros meses del año 2026, Colombia se encamina hacia unas elecciones presidenciales en las que dictaminarán el sustituto del actual mandatario. Marco Rubio ha expresado que no le preocupa que este episodio de tensiones pueda ser beneficioso para Petro en términos electorales.

«Esto no es un conflicto entre EE. UU. y Colombia. Es nuestra reacción a las acciones de un líder extranjero que se ha convertido en hostil», ha ratificado.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyo en la lista de sanciones a Petro; a la primera dama, Verónica Alcocer; a su hijo Nicolás Petro; y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

Igualmente, el Departamento de Estado estadounidense oficializó la retirada de la certificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, alegando que esta decisión es un «reflejo» de los «fracasos e incompetencia» de Petro.

EE. UU. sanciona a Petro y su círculo cercano argumentando con vínculos con el narcotráfico

La Administración de Donald Trump ha impuesto este viernes sanciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su círculo cercano, incluida la primera dama, argumentando vínculos con el narcotráfico, en el marco de las tensiones de los últimos días entre ambos gobiernos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha incluido en su ‘lista negra’ de antinarcóticos —conocida como lista Clinton— a Petro; a la primera dama, Verónica Alcocer; a su hijo Nicolás Petro; y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha declarado que «desde que Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando EE. UU. y envenenando a los estadounidenses».

«Petro ha permitido el crecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad», ha indicado en un comunicado.

La oficina de Bessent ha asegurado que Petro ha «otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de ‘paz total’, entre otras políticas, lo que ha llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína».

Según ha dicho, «el comportamiento errático» del mandatario ha distanciado a Bogotá de sus socios, especialmente tras haberse «aliado» con el cartel de los Soles y el «régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro».

En cuanto a su hijo, Washington ha explicado que «es considerado su heredero político» y ha recordado que fue detenido en 2023 bajo acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito proveniente del narcotráfico para financiar la campaña presidencial de su padre. Mientras avanza el proceso judicial, Nicolás Petro se encuentra en libertad condicional.

Las autoridades estadounidenses han indicado que Benedetti, que ha ocupado varios altos cargos del Gobierno colombiano, habló en unas grabaciones de audio filtradas en 2023 sobre su participación en la financiación de campaña y la obtención de votos para Petro. Sobre la primera dama, solo menciona que un tribunal anuló la designación «inconstitucional» de Petro para que sirviera como embajadora «en misión especial».

La medida implica que todos sus bienes que se encuentren en EE. UU. quedan bloqueados y deban reportarse a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea de su propiedad en un 50% o más también queda bloqueada. También prohíbe las transacciones de ciudadanos estadounidenses o en EE. UU. que involucren bienes o intereses de las personas designadas.

Bolivia elige como nuevo presidente a Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano

El nuevo presidente de Bolivia será el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, quien ha vencido en la segunda vuelta de las elecciones con el 54,6% de los votos frente al expresidente del país, Jorge Tuto Quiroga, que ha aglutinado el 45,4% de los mismos.

De este modo, Paz ha logrado el voto de más de 3,3 millones de bolivianos, superando a los casi 2,8 que han depositado el suyo en Tuto Quiroga con casi el 98% del escrutinio ya realizado, según los datos del Sistema de Recuento Preliminar (Sirepre) del Tribunal Superior Electoral de Bolivia.

Tras evaluar los resultados, el candidato del PDC se ha dirigido a militantes y simpatizantes y les ha agradecido su apoyo en un discurso en el que ha definido «Dios, la familia y la patria» como base de la visión de su Gobierno.

Paz ha dado también las gracias al Tribunal Supremo Electoral porque «tuvo momentos muy difíciles» durante las campañas de la primera y segunda vueltas, marcadas por intensas protestas y por bloqueos de carreteras, y cuya labor ha permitido «que hoy día Bolivia respire vientos de cambio, vientos de renovación, y tenga una esperanza para poder seguir adelante».

En este sentido, ha apuntado a una necesidad de fortalecer las instituciones, «porque cuanto más fuerte sea nuestra democracia, más certidumbre, más tranquilidad en el pueblo boliviano y a su vez también más tranquilidad en el contexto internacional», y ha recalcado que «no se puede permitir» campañas electorales basadas en «el insulto y el odio» y en una «guerra sucia». «Bolivia no se merece dos meses de esta agonía», ha zanjado.

«El Pollo» Carvajal confesó como la Narcotiranía financió a la izquierda internacional a través de PDVSA

Caracas. – El exjefe de inteligencia militar de la Narcotiranía chavista, Hugo «el Pollo» Carvajal, confesó ante la justicia estadounidense que el régimen utilizó fondos de la petrolera estatal PDVSA durante al menos 15 años para financiar movimientos políticos de izquierda en América Latina y Europa.

En sus confesiones, Carvajal mencionó a Néstor Kirchner en Argentina; Evo Morales en Bolivia; Lula da Silva en Brasil; Fernando Lugo en Paraguay; Ollanta Humala en Perú; Manuel Zelaya en Honduras; Gustavo Petro en Colombia; el Movimiento Cinco Estrellas en Italia; y Podemos en España; asegurando que todos ellos recibieron dinero enviado por la tiranía chavista durante la gestión de Hugo Chávez y la de Nicolás Maduro.

Así lo revela una información difundida este viernes por el portal español The Objective, que indica que el ex jefe de inteligencia chavista, quien fue extraditado a territorio estadounidense en 2023 después de permanecer prófugo en España durante dos años, se ha convertido ahora en una pieza clave para las autoridades al ofrecer información sobre las redes internacionales de financiación del régimen venezolano.

Carvajal, extraditado a EE. UU. en 2023, se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo, admitiendo su vinculación con el Cartel de los Soles, colaboración con guerrillas colombianas y tráfico de cocaína hacia Norteamérica.

Entre los casos de financiación que reveló, destacó la transferencia de 3,5 millones de euros al Movimiento Cinco Estrellas mediante valija diplomática, operación ejecutada por Tareck El Aissami y aprobada por Nicolás Maduro.

Cabe señalar que su cooperación con las autoridades estadounidenses busca reducir su condena, que podría alcanzar hasta 20 años de prisión. A raíz de estas fuertes delaciones, se abre la posibilidad de ser beneficiado, en cuanto su sentencia ha cobrado fuerza.

Según fuentes cercanas al exagente citadas por The Objective, Carvajal está dispuesto a entregar documentación inédita que podría interesar tanto al Departamento de Justicia como a la Administración de Control de Drogas (DEA).

En sus confesiones, Carvajal describió a la petrolera estatal PDVSA como el principal instrumento financiero del socialismo bolivariano, utilizada para canalizar fondos hacia campañas políticas, medios de comunicación afines y proyectos ideológicos fuera de Venezuela.

La Justicia de Argentina confirma el proceso contra el expresidente Fernández por violencia de género

La Justicia de Argentina ha ratificado el proceso contra el expresidente del país Alberto Fernández (2019-2023) por violencia de género contra la que fue su pareja, Fabiola Yáñez, al desestimar este lunes los argumentos de su defensa, si bien ha accedido a apartar al juez del caso, Julián Ercolini, para evitar una posible parcialidad en la tramitación.

Un tribunal federal ha tomado esta decisión después de que los abogados del exmandatario solicitara la semana pasada el cierre de la causa en una audiencia en la que Fernández denunció «acciones judiciales, mediáticas y políticas para cancelarme social y políticamente», según recoge ‘Clarín’, y en la que apuntó directamente contra Ercolini.

El organismo ha apartado a este magistrado «con el fin de alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes» puesto que, según señala el acusado, le unía una amistad con Ercolini hasta que se enfadó por fallos que dictó, de acuerdo a las informaciones del diario argentino.

Con todo, los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci —quienes han tomado esta medida por unanimidad— han respaldado toda la actuación de Ercolini en relación con el caso por lo que el proceso contra el exmandatario por lesiones leves y agravadas por violencia de género y de amenazas coactivas sigue abierto.

El fiscal federal Ramiro González solicitó el pasado 14 de agosto un juicio oral y público para Fernández, quien se enfrenta a una pena de hasta 15 años de cárcel si es declarado culpable de estos delitos.