De Derecha Diario

La medida busca sanear las cuentas entre el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Gobierno de Javier Milei dio un paso sin precedentes en la historia del país al crear el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, una medida destinada a sanear las cuentas entre el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Esta iniciativa, bautizada como «Reparación Federal«, busca hacer un «borrón y cuenta nueva» que permita regularizar las deudas y mejorar el equilibrio fiscal a nivel nacional.

En un país marcado por tensiones entre el gobierno central y las provincias, la propuesta del Ejecutivo libertario aspira a fomentar un verdadero federalismo, en beneficio de los 45 millones de argentinos.

Mecanismos de compensación para resolver deudas interjurisdiccionales

El Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas permite a las provincias y a CABA proponer las deudas que deseen incorporar al sistema, para unificarlas con las que mantiene el Estado Nacional.

A través de mecanismos de compensación, conciliación y transacción, el régimen permitirá llegar a acuerdos que faciliten la cancelación de las deudas recíprocas o créditos entre las distintas partes.

De esta manera, el gobierno central y los gobiernos provinciales podrán finalmente regularizar sus cuentas pendientes, dejando atrás décadas de conflictos financieros.

El régimen, propuesto por el Gobierno de Milei, representa el primer esfuerzo genuino desde la restauración de la democracia para establecer un federalismo efectivo, que no se limite a la palabra, sino que se traduzca en acciones concretas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos en cada rincón del país.

La intención de esta medida es clara: devolver a las provincias el poder de administrar sus recursos y de asumir responsabilidades en un contexto de transparencia y rendición de cuentas.

Esto también se alinea con la visión de un Estado Nacional reducido en tamaño pero enfocado en colaborar con las provincias para fomentar el desarrollo local.

Compromiso de gobernadores en el desarrollo federal

Los gobernadores tendrán un rol clave en esta transformación. El crecimiento económico de la Argentina no solo depende del Gobierno de Milei, sino del compromiso activo de los líderes provinciales.

Este régimen es una invitación abierta para que cada provincia se sume a esta iniciativa de orden y desarrollo, asumiendo la responsabilidad de administrar sus obligaciones y recursos.

Además, el acuerdo facilita que, en caso de que haya saldos a favor del Estado Nacional, estos puedan cancelarse mediante la utilización de los porcentajes de coparticipación que le corresponden a cada provincia.

Este aspecto es una ventaja para las provincias, que no necesitarán recurrir a nuevas erogaciones o ajustes de último minuto, sino que podrán cancelar las deudas dentro del marco de un acuerdo razonable y beneficioso.

Para ingresar al régimen, cada provincia o CABA deberá presentar su solicitud ante la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, junto con la documentación que avale las obligaciones incluidas en la propuesta.

Este procedimiento no solo garantiza la transparencia y la legitimidad de cada acuerdo, sino que establece una nueva dinámica entre el gobierno nacional y las provincias, basada en el diálogo y la colaboración.

La Reparación Federal es una muestra del compromiso de Javier Milei con una Argentina verdaderamente federal.

Esta medida se centra en la colaboración para resolver problemas históricos y en la creación de un sistema de gobernanza en el que las provincias y CABA puedan manejar sus finanzas de manera autónoma y responsable.

Por primera vez en la historia, el gobierno nacional pone sobre la mesa una solución estructural para las deudas interjurisdiccionales, permitiendo a las provincias liberarse de cargas financieras heredadas y optimizar sus recursos.

Este paso no solo marca un cambio de paradigma, sino que envía un claro mensaje de que la administración de Javier Milei está comprometida con un futuro de federalismo real.

Se llama «Manos a la Obra», y será implementado por el Servicio Penitenciario Federal en todo el territorio nacional.

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La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó en el Complejo Penitenciario de Ezeiza el programa «Manos a la Obra«, el cual será implementado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) en todo el territorio nacional, con el fin de que todos los presos realicen trabajos en las cárceles.

«Este lanzamiento es un hito importante en el proceso de transformación y reorganización del SPF, así como en la relación que tienen las personas privadas de su libertad con la deuda que tienen hacia la sociedad«, afirmó la ministra en la mañana de hoy. 

«El Código Penal de la Nación establece que los detenidos deben hacerse responsables del mantenimiento de los establecimientos penitenciarios y pagar con su trabajo por los crímenes que los llevaron a estar detenidos.», explicó Bullrich.

Agregó: «Si un juez nos obliga a pagarles por no trabajar, llevaremos el caso hasta la Corte Suprema, porque eso es injusto para la sociedad. Queremos reinserción, pero no a costa de que alguien que antes robaba ahora quiera recibir un sueldo sin trabajar. Eso se acabó«, expresó con firmeza la ministra de Seguridad.

Para Bullrich, «Manos a la Obra» significa «cero ocio«, y añadió: «El ocio no es un tratamiento penitenciario; es parte de la cultura delictiva, y no lo vamos a permitir. Esa es la cultura que destruye a la sociedad. A partir de ahora, todos los presos deberán trabajar«, afirmó contundente.

La ministra de Javier Milei adelantó que el propósito del gobierno es «restituir a la sociedad lo que le ha sido arrebatado» y reflexionó: «No queremos soltar delincuentes a la calle, pero tampoco permitiremos que quienes delinquen, en lugar de trabajar como cualquier persona que se esfuerza día a día para ganar su salario, aquí pretendan cobrar por no hacer nada. Esa injusticia no la vamos a tolerar«.

Bullrich también hizo una clara distinción entre los ciudadanos respetuosos de las leyes y aquellos que cometen delitos.

En ese sentido, dijo: «Diferenciamos a los hombres y mujeres de bien de quienes han roto el pacto de mantener una sociedad segura«, y destacó que, a diferencia de gobiernos anteriores, «se acabó que los presos cobren sin trabajar«.

Además, anunció que se presentará un proyecto de ley para reformar sustancialmente la normativa sobre la ejecución de penas privativas de la libertad, proponiendo, entre otros cambios, que «quien no trabaje, no recibirá un salario«.

Durante el evento, Bullrich señaló: «Estas cárceles están financiadas por los impuestos de ciudadanos que han sido robados, asesinados o violados, y luego deben costear la prisión de quienes no hacen nada por mantenerla. Esa injusticia va a terminar«.

También destacó «el profesionalismo» del personal penitenciario y aseguró que con el programa «Manos a la Obra» espera reflejar el compromiso de todos los miembros del SPF «que trabajan todos los días«.

«El que quiera trabajar, tendrá trabajo; y el que no quiera, también deberá hacerlo, porque si no, no cobrará«, afirmó la funcionaria.

La ministra subrayó que, con esta y otras medidas que están por implementarse, el Gobierno de Milei está aplicando una filosofía que busca erradicar la impunidad y la injusticia: «No es lo mismo robar que no robar, ni matar que no matar. Claramente, hay una diferencia«.

Durante el mismo acto, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, repasó la gestión del SPF en los últimos 10 meses: «Hemos implementado un sistema para reclusos de alto riesgo. Hemos enfrentado 620 hábeas corpus y ganamos todos«.

Además, anticipó que se comenzará a cruzar datos de quienes cobran pensiones por invalidez con los que están dentro del sistema penitenciario, ya sea cumpliendo condenas o procesados, para cancelar esos beneficios a quienes no corresponda.

Curi también indicó que se está trabajando en un proyecto para reformar la ley orgánica del SPF, haciéndola «más breve, precisa y adaptada a las necesidades actuales«.

También mencionó que se modificaron los pliegos para que las licitaciones de alimentos sean más accesibles, permitiendo que más empresas puedan competir, con el objetivo de promover la transparencia en la gestión penitenciaria.

Por su parte, Fernando Martínez, director nacional del SPF, señaló que la implementación del programa anunciado por Bullrich refuerza el compromiso del Servicio Penitenciario Federal de corregir «aquello que lleva mucho tiempo mal«.

Reveló que, entre 2020 y 2024, el presupuesto del ente cooperador penitenciario aumentó casi un 700%, con el único objetivo de subsidiar encubiertamente a los internos que no trabajaban pero cobraban igual.

Además, destacó que los talleres estaban vacíos y la capacidad de producción de los reclusos no estaba siendo aprovechada.

El relevamiento realizado por el Ministerio de Seguridad bajo la dirección de Bullrich demostró que solo el 34% de la capacidad laboral estaba ocupada, cuando podría ser más del 60%.

Martínez también informó que los internos comenzarán a confeccionar los uniformes del personal penitenciario y de los reclusos, entre otras actividades.

La prueba piloto del programa comenzó en el Complejo 4 de mujeres de Ezeiza. El personal penitenciario organizó rápidamente un esquema para que las internas se encarguen del mantenimiento de las instalaciones.

Actualmente, se están pintando los interiores y luego continuarán con el exterior, replicando este modelo en todo el país. El programa también incluye sistemas biométricos para controlar los horarios de trabajo y una clasificación eficiente de las tareas supervisadas por el SPF.