Caracas. – Unas 500 familias se mantienen por tercer día consecutivo en vigilia, frente al penal Rodeo I (Miranda), mientras exigen la aprobación de la ley de amnistía para sus parientes, quienes permanecen secuestrados en ese centro de torturas, en condiciones que describen como inhumanas.
La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) alertó, que estos rehenes no han sido beneficiados por ninguna medida y que la falta de avances solo prolonga un proceso de liberación que, para ellos, se ha convertido en una promesa incumplida.
Los familiares afirman que sus seres queridos “sobreviven” dentro del penal, expuestos a maltratos físicos y psicológicos que (según denuncian) no han cesado. Las visitas se realizan a través de un vidrio, sin contacto físico, y los niños solo pueden ver a sus padres una vez al año en diciembre, lo que ha obligado a muchas madres a inventar explicaciones para proteger la estabilidad emocional de sus hijos.
Los familiares contaron que las visitas duran escasos minutos y no le permiten ni un abrazo. Se ven, a través de un vidrio. Además, recientemente se informó sobre la prohibición de recibir cartas o fotografías, una medida aplicada luego de que se denunciaran maltratos contra presos políticos extranjeros dentro del recinto.
Ante estos hechos, CLIPPVE reitera el llamado a las autoridades sobre la responsabilidad que tienen en el resguardo de la vida y la integridad de quienes se encuentran bajo su custodia.
Durante la jornada de este pasado viernes, Hiowanka Ávila, hermana de Henrybert Rivas, denunció que más de 500 personas detenidas por motivos políticos siguen sin recibir los beneficios de la Ley de Amnistía.Ávila señaló que el desgaste físico y emocional aumenta para las familias que suman más de 90 días pernoctando frente al centro de reclusión.
En esta protesta simbólica, los asistentes exigieron el cierre de los centros de tortura y denunciaron la persistencia de condiciones que vulneran la integridad de los detenidos. La denuncia se suma a los testimonios recientes de los propios presos políticos, quienes alertaron sobre maltratos y el grave estado de salud de ciudadanos de origen colombiano en el recinto.









