Caracas. – Una marcha de la Coalición Sindical Nacional de Trabajadores y familiares de rehenes políticos, que se dirigía hacia el Palacio de Miraflores en Caracas este miércoles, con la finalidad de exigir salarios dignos y libertad inmediata para las víctimas de la Narcotiranía interina, fue bloqueada por la PNB.

La manifestación se concentró, desde tempranas horas de la mañana, en sectores como la Plaza La Candelaria y la esquina Corazón de Jesús (frente al Ipasme) en la avenida Universidad, con la participación de trabajadores, jubilados, pensionados, gremios docentes y familiares de detenidos por razones políticas.

No obstante, una vez iniciada la movilización, la PNB desplegó piquetes de seguridad y unidades antimotines conocidas como «murciélagos» a la altura de la avenida Urdaneta (cerca de la esquina Platanal) para frenar el avance de la multitud.

Esto provocó, que en un punto de la Av. Urdaneta se produjeran momentos de tensión y forcejeos entre los manifestantes y los cuerpos de seguridad, lo que dejó un saldo de algunas personas heridas, tanto civiles como un funcionario policial.

Los forcejeos se mantuvieron por espacio de varios minutos, hasta que la masa se topó con los muros colocados por las fuerzas antimotín, que finalmente impidieron que el avance hacia Miraflores continuara.

A pesar de la restricción general al resto de los participantes, las fuerzas represivas permitieron finalmente el paso de una representación reducida. Ingresaron al palacio de gobierno un grupo de familiares de presos políticos junto al coordinador de la Coalición Sindical, Carlos Salazar, además de los dirigentes sindicales y gremiales José Patines, Alexander Rodríguez, Gilberto Alcalá, Víctor Venegas y Pablo Aure para entregar un documento con sus exigencias.

La Coalición Sindical Nacional aclaró, que las personas que ingresaron al Palacio de Miraflores fueron familiares de rehenes políticos que acudieron a solicitar la liberación inmediata de sus seres queridos.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la organización precisó que sus dirigentes no han abandonado las protestas y que continuarán movilizados hasta recibir una respuesta pública y coherente de las autoridades.

Por su parte, el dirigente sindical Carlos Salazar avisó, a través de los medios, que se prepara otra movilización: «Te lo dije que íbamos a llegar a Miraflores, hicimos la estrategia, los chequeamos, nos escondemos en casas, en apartamentos en la mañana, y estamos esperando la otra marcha que viene con José Patines, y bueno, patada y kung fu, para que los trabajadores y pensionados venezolanos sepan, esto lo hacemos porque Delcy Rodríguez pretende pagar un aguinaldo mediocre a los pensionados. No se lo vamos a permitir», sentenció.

Caracas. – Dos sacerdotes vinculados al Ordinariato Militar, quienes ejercían labores pastorales en la Diócesis de Barcelona, Anzoátegui, fueron detenidos en la noche de este pasado lunes por la policía municipal de esa ciudad, luego que culminara una misa en honor a San José Gregorio Hernández.

El procedimiento se llevó a cabo en la Casa Parroquial de la Ermita del Carmen, poco después de finalizar la ceremonia celebrada en conmemoración del natalicio número 162 del santo venezolano. Los religiosos fueron identificados como el presbítero Carlos Eduardo Quintero, párroco de la Ermita del Carmen y quien ostenta el grado de capitán en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y el sacerdote Ramón Acosta.

Según testigos, las comisiones policiales ingresaron al recinto religioso y los trasladaron ante la presencia de feligreses y colaboradores que aún se encontraban en el lugar. Autoridades de la Diócesis de Barcelona emitieron un pronunciamiento oficial para notificar la situación de manera inmediata al obispo militar.

En ese sentido, la instancia religiosa comunicó la activación de un protocolo de atención interna mediante la apertura de una indagación preliminar, fundamentada en el canon 1717 del Código de Derecho Canónico.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la institución eclesiástica manifestó su absoluto rechazo hacia cualquier manifestación de abuso, y ratificó su compromiso de salvaguardar la dignidad humana mediante la búsqueda de la verdad, asegurando su total disposición para cooperar con los órganos competentes tanto en la justicia civil como en la eclesiástica.

Aunque medios locales señalaron que el caso estaría relacionado con presuntos abusos sexuales, esa versión no ha sido confirmada oficialmente. En ese sentido, la diócesis pidió a los fieles actuar con prudencia y respetar las garantías procesales mientras avanzan las investigaciones.

Caracas. – La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este sábado, un contagio de tuberculosis dentro de penales y centros de detención preventiva, por lo que exigió implementar con urgencia un plan sanitario para contener la propagación de la enfermedad.

De acuerdo con un comunicado difundido en su página web, la organización ha recibido testimonios de familiares que refieren de personas privadas de libertad con tuberculosis con dificultades para acceder al tratamiento médico.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y contagiosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Esta se propaga por el aire cuando una persona con la enfermedad activa en los pulmones o la garganta tose, estornuda, habla o canta. La enfermedad se puede curar casi siempre mediante un tratamiento con antibióticos específico que suele durar de varios meses.

No obstante, denunció que la falta de atención médica oportuna y la inacción institucional están provocando muertes evitables en la población reclusa.

“La inacción del Ministerio para el Servicio Penitenciario y la falta de atención médica oportuna convierte los centros de reclusión en espacios donde una enfermedad prevenible se traduce en muertes”, alertó en el comunicado.

Frente a esta situación, la ONG pidió establecer un cerco epidemiológico ante cada caso sospechoso, que permita identificar, evaluar y, cuando corresponda, aislar a los contactos cercanos, incluidos otros reclusos, custodios y personal de seguridad.

También reclamó garantizar el aislamiento respiratorio y tratamiento de los internos sintomáticos, implementar evaluaciones médicas al momento del ingreso y realizar jornadas periódicas de detección dentro de los centros de reclusión.

Igualmente, el OVP recordó que, tras la privación de libertad de un hombre o una mujer, cualquier deterioro grave de salud o fallecimiento bajo custodia es responsabilidad del Estado, y en este caso, es el narcoestado chavista el que debería hacerse cargo de esa importante misión.

“Las muertes por tuberculosis configuran delitos de omisión de socorro, cuyos responsables abarcan desde el Ministerio para el Servicio Penitenciario hasta los directores de recintos, comandantes de comisarías y personal médico u operativo que niegue insumos o impida traslados de emergencia”, aseguró el observatorio.

Ante el agravamiento de esta realidad, el OVP anunció que elevará los casos ante el sistema de Naciones Unidas, incluyendo el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos y la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Salud, así como ante el Sistema Interamericano.