Caracas. – La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pidió este lunes investigar, la muerte de un hombre, identificado como Clorobaldo Araujo Vega, quien se encontraba privado de libertad en el Centro Penitenciario de Occidente I, conocido como la cárcel de Santa Ana (estado Táchira).

Se presume que el reo habría muerto por presunto ahorcamiento dentro del recinto penitenciario, pero en un hecho que se asemeja más a un suicidio, por lo que la ONG solicitó una investigación independiente que permita esclarecer las circunstancias del caso.

A través de su cuenta en X, el OVP aseguró que la muerte por presunto suicidio bajo vigilancia y custodia de las autoridades chavistas «nunca puede quedarse sin responsables».

Asimismo, asegura que «no basta con saber por qué murió una persona, pues lo verdaderamente importante es explicar por qué el gobierno no logró evitar su muerte».

La ONG pidió determinar si existían mecanismos adecuados de vigilancia, si se cumplieron los protocolos de prevención y si hubo posibles omisiones por parte de los funcionarios responsables.

Sin embargo, el OVP señaló que en Venezuela esos protocolos de investigación no se cumplen y los expedientes son cerrados con apenas una determinación de las causas de la muerte de algún recluso.

Debido a esto, la organización destacó que “mientras no existan investigaciones independientes, sanciones cuando correspondan y garantías efectivas para proteger la vida de las personas privadas de libertad, cada nueva muerte seguirá evidenciando el fracaso del sistema penitenciario venezolano para cumplir con una de sus obligaciones más elementales: preservar la vida de quienes mantiene bajo su custodia”.

Con este caso ascienden a 60 el número de privados de libertad, que pierden la vida bajo custodia del narcostado chavista, en lo que va de año.

Caracas. – Activistas por los Derechos Humanos, junto a familiares y allegados de los rehenes políticos de la Narcotiranía chavista, protagonizaron este martes una protesta en la autopista Francisco Fajardo, en Caracas, a la altura de Plaza Venezuela, para exigir la liberación inmediata de todas las víctimas.

Aunque la protesta se desarrolló de manera pacífica y continuó en horas del mediodía, hubo conatos de violencia con los piquetes antimotines enviados por la PNB al lugar.

La concentración, convocada por la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos, comenzó a las 10:20 am, cuando familiares desplegaron un cartel a las afueras de la UCV que decía: libertad para todos los presos políticos. En el lugar se encontraba Gabriela Álvarez, quien es familiar de un rehén político, y aseguró que estaban exigiendo al gobierno nacional la liberación de sus familiares «injustamente detenidos».

«Sabemos que se viene un proceso de transición y un proceso democrático a partir del 1 de agosto con una mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y la actual. Queremos que en esa mesa de negociación estemos reflejados», declaró Álvarez.

La vocera pidió el apoyo de EE. UU. para liberar a los presos políticos, que son 372 según Foro Penal, la organización que lidera la defensa de personas que considera injustamente detenidas o sometidas a un proceso judicial irregular.

Otro familiar de un rehén político militar, Maira Morales, hermana de Ricardo Fonseca, manifestó la angustia e incertidumbre que viven las familias. Aunque pudo visitar a su hermano el pasado sábado en Fuerte Guaicaipuro, donde no se reportaron daños estructurales graves, denunció que en otros recintos la situación es más preocupante. “Hago un llamado urgente por la liberación”, imploró ante los medios.

También, Yamile Vidal, hermana del exalcalde del municipio Independencia, en el estado Anzoátegui, Carlos Vidal, pidió su liberación al asegurar que fue víctima de una «componenda política».

El exfuncionario fue arrestado en 2022 y acusado de liderar una red dedicada al desvío, contrabando y venta ilegal de gasolina, informó en enero de ese año el entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, actualmente detenido y vinculado a una trama de corrupción en el sector petrolero.

Familiares de los rehenes políticos han hecho numerosas protestas para exigir la liberación de sus parientes, y han pernoctado en diversas cárceles a raíz del anuncio en enero de excarcelaciones masivas y la aprobación de una ley de amnistía en febrero.