Caracas. – Una exmagistrada del TSJ servil a la Narcotiranía, Bárbara Gabriela César Siero, confesó este pasado martes que fue amenazada por el chavismo para firmar varias sentencias de inhabilitaciones políticas, entre ellas la de María Corina Machado, a quien se le impidió ser candidata presidencial en las elecciones del 28 de julio de 2024.

A través de un video y una carta publicada en sus redes sociales, César Siero relató que el 15 de diciembre de 2023 Machado interpuso su demanda ante el TSJ para que se revisara la medida de inhabilitación, que le impuso la Contraloría años antes.

“Paralelamente a ese hecho, ese mismo día mis dos hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero, el mayor Guillermo Henry César Siero, y mi cuñada la mayor Diana Desirée Victoria Justo, fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)”, añadió.

La presión ejercida sobre su persona y cargo, incluyó el encarcelamiento de sus hermanos y cuñada, militares condenados en el marco del caso conocido como «brazalete blanco». César Siero detalló que uno de sus hermanos fue condenado a doce años por conspiración política, mientras que su otro hermano y su cuñada recibieron sentencias de tres años por encubrimiento.

«Fue una coacción en mi contra, teniendo como rehenes a mis hermanos», explicó la exmagistrada, quien describió cómo fue víctima de «falta de acceso a la justicia, violación al debido proceso, violación del derecho a la defensa» mientras ejercía como representante de la legalidad en Venezuela.

Reveló que sus familiares fueron detenidos arbitrariamente, mantenidos incomunicados y sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos. Asegura, además, que ella y otros miembros de su familia, incluidos adultos mayores y niños, padecieron violencia institucional, psicológica y patrimonial.

Además, la jueza desconocía el lugar de reclusión de sus parientes, no tuvo comunicación con ellas y dijo desconocer los delitos que se les imputaban.

“A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos”, subrayó.

A parte de la inhabilitación a Machado, también fue obligada a firmar las de Henrique Capriles, Pablo Pérez, Daniel Ceballos, Leoseni García y Rosa Brandonicio de Escarano. «En mi concepto, como magistrada, bajo la forma en cómo se obtuvieron estas sentencias, están viciada de nulidad, son un fraude”, dijo.

La exmagistrada calificó el proceso como un «fraude procesal», argumentando que «una integrante del Tribunal Supremo de Justicia fue coaccionada para realizar esas sentencias. Inclusive no se siguió el procedimiento establecido para llegar a estas conclusiones».»El régimen todavía sigue instalado aquí bajo ciertas prácticas, esto no ha terminado para nosotros”, advirtió.

Caracas. – La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este martes que cuatro adultos mayores murieron en cárceles venezolanas y en custodia del narcoestado chavista, entre el 19 y el 30 de septiembre.

Las víctimas, dos mujeres y dos hombres, eran reos cuyas edades superaban los 60 años. El 19 de septiembre murió Carmen Rodríguez, de 66 años, en el anexo femenino de Tocuyito, en Carabobo, a causa de un infarto agudo al miocardio. Cinco días después, el 24 de septiembre, falleció Tomasa Sánchez, de 72 años, recluida en el Centro Penitenciario de Occidente I, estado Táchira, por un paro cardiorrespiratorio.

Luego, se registró el deceso de Hermes Carrero, de 63 años, quien falleció de un infarto el 30 de septiembre dentro del Internado Judicial de Barinas. El 26 de septiembre murió César López, de 68 años, en los calabozos de la Policía del municipio Juan Germán Roscio, estado Guárico.

De acuerdo con el observatorio, la muerte de Carrero ocurrió cinco días después de que una Comisión Presidencial para la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal visitara la cárcel para verificar tanto su funcionamiento como las condiciones de la población privada de libertad.

El OVP ha exigido investigaciones sobre las circunstancias de estos fallecimientos y ha reclamado que las autoridades garanticen atención médica oportuna a quienes permanecen bajo custodia.

“Una verdadera supervisión penitenciaria no consiste en recorrer instalaciones frente a una cámara, tomarse fotografías y luego difundirlas como evidencia del funcionamiento del sistema. Implica entrar a las áreas de reclusión, escuchar a los presos, revisar sus condiciones de vida e identificar a quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad”, recordó.

La ONG también recordó los resultados de una investigación previa según la cual 7.414 personas permanecen detenidas en 157 dependencias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). De ese total, 181 tienen más de 65 años.

Asimismo, advirtió que estas personas permanecen incluso durante períodos prolongados en espacios diseñados para detenciones preventivas y no para funcionar como centros penitenciarios.

Según el OVP, mantener a adultos mayores privados de libertad sin una evaluación individual de su estado de salud, necesidades médicas y situación jurídica puede aumentar los riesgos asociados a la reclusión.