Familia de Carlos Cruz-Diez exige al IAIM suspender uso no autorizado de su obra

Caracas. – La familia y la Sucesión del artista venezolano Carlos Cruz-Diez solicitaron al Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) del narcorégimen, suspender la reproducción y adaptación de elementos visuales de la obra Cromointerferencia de color aditivo, al considerar que su utilización no está autorizada en otros espacios de esa instalación.

Los allegados del reconocido artista cinético señalaron que el patrón cromático característico del piso del aeropuerto estaría siendo utilizado como parte de la identidad visual de la institución.

Según la denuncia, estos elementos también habrían sido incorporados en distintas áreas de la terminal, estructuras, uniformes del personal, señalizaciones, publicaciones impresas, comunicaciones institucionales y plataformas digitales.

Aseguran que no se trata de una simple coincidencia estética ni de una referencia genérica al lenguaje artístico de Carlos Cruz-Diez. Se están utilizando elementos visuales directamente reconocibles de una obra específica, reproduciéndolos y adaptándolos a nuevos soportes y funciones para los cuales no fueron concebidos ni autorizados.

A través de un comunicado, la familia y la sucesión reconocieron que la obra de Carlos Cruz-Diez en Maiquetía forma parte fundamental del patrimonio artístico y cultural de Venezuela; sin embargo, su condición patrimonial no convierte sus elementos visuales en recursos gráficos de libre utilización.

La identidad visual creada por el maestro no puede ser extraída de la obra y transformada, sin autorización, en decoración, uniformes o identidad institucional. “Hacerlo no le rinde homenaje: la descontextualiza”, señala la familia.

En consecuencia, solicitaron al IAIM restringir y suspender su reproducción o imitación en pisos, paredes y nuevas estructuras, así como su aplicación en uniformes y materiales de identidad institucional.

Asimismo, reiteraron su disposición a mantener un canal de diálogo y asesoría técnica con las autoridades aeroportuarias para que cualquier iniciativa relacionada con la obra se realice bajo criterios de conservación, respeto a la autoría y fidelidad al pensamiento del artista. Si bien, hasta el momento el IAIM no ha publicado una respuesta en relación a la exigencia de la familia de Cruz-Diez.

María Corina y Carlos Giménez exigen libertad inmediata para Igbert Marín Chaparro

Caracas. – La dirigente política María Corina Machado y el congresista estadounidense Carlos Giménez exigieron en sus redes sociales la liberación inmediata del teniente coronel Igbert Marín Chaparro, a quien la Narcotiranía interina le inició, de manera ilegal y arbitraria, un segundo juicio pese a haber cumplido ya su condena.

Las alertas publicadas por Machado y Giménez destacan, en la campaña mediática que se ha desatado desde este pasado lunes, cuando se conociera el nuevo proceso judicial al que se sometió nuevamente al militar disidente, junto a otros 23 implicados en el caso Paramacay.

Varias ONG, actores políticos, periodistas y activistas por los Derechos Humanos, han expresado su rechazo al nuevo juicio exigiendo al mismo tiempo, la excarcelación inmediata del teniente coronel del Ejército.

En una publicación en su cuenta de la red X, Machado advirtió que el narcorégimen interino chavista estaría intentando abrir un nuevo caso contra el militar, para imponerle una pena de hasta 30 años de prisión. “El mundo debe conocer el brutal atropello que el régimen pretende cometer contra el teniente coronel Igbert Marín Chaparro”, expresó.

Asimismo, recordó que Marín Chaparro ya cumplió la totalidad de la condena que le había sido impuesta, pero que ahora las autoridades pretenden formular nuevas acusaciones en su contra. “Tras haber cumplido la totalidad de una condena absolutamente injusta, ahora intentan fabricar un nuevo caso para imponerle la pena máxima de 30 años”, afirmó.

Machado cuestionó además las circunstancias en las que se estarían sustentando las nuevas acusaciones. Según señaló, al militar se le atribuyen delitos que presuntamente habría supuestamente cometido, mientras ya se encontraba detenido e incomunicado.

Por su parte, el congresista republicano Carlos Giménez, el único político estadounidense en expresarse sobre este caso hasta los momentos, aparte de referirse a Delcy Rodríguez nuevamente como «sabandija», denunció que lo ocurrido actualmente con Marín Chaparro es «terrorismo de Estado».

«La dictadora interina, Delcy, la sabandija que no es ni respetada por su mismo régimen que la desprecia, sigue utilizando el terrorismo de estado. Desde el Congreso federal, exigimos la libertad incondicional del patriota Igbert Marín Chaparro», denunció en una primera publicación.

En su segundo post, titulado «No hay justicia cuando la condena nunca termina», advirtió que el militar es sometido a un nuevo juicio, a pesar de haber ya cumplido una injusta condena de siete años tras las rejas.

«Tras cumplir una condena injusta de 7 años, el régimen impone un nuevo juicio contra Igbert Marín Chaparro. Exigimos el fin del hostigamiento, el respeto a sus derechos humanos y su libertad inmediata. Su lucha también es la nuestra», señaló el representante por Florida.

El caso de Marín Chaparro, junto al del capitán Juan Carlos Caguaripano -a quien le permitieron su primera audiencia tras varios años encarcelado- se han convertido esta semana en los dos hechos más connotados, entre los que corresponden a los rehenes políticos militares.

La gravedad, el ensañamiento del narcochavismo y las injusticias evidentes en ambos procesos han captado la atención de medios, organismos y actores importantes a nivel nacional e internacional, que ahora se pronuncian a favor de las excarcelaciones de estos dos militares venezolanos.

Esposa de Caguaripano pide a Corte de Apelaciones pronunciarse ya y sin «esperar órdenes»

Caracas. – La esposa del capitán Juan Carlos Caguaripano, Irene Olazo, exhortó este lunes a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo a no agotar el lapso legal de diez días para emitir su pronunciamiento sobre el caso que involucra a su esposo y a otros 23 militares, además de solicitarles que el dictamen no obedezca órdenes del narcorégimen interino.

El capitán de la GNB enfrenta una posible condena de 30 años impuesta, así como el resto de los efectivos vinculados a la toma del Fuerte Paramacay. A través de un video que corrió por redes sociales este lunes, Olazo pidió que, aunque el plazo para el veredicto vence este próximo miércoles, los magistrados no deben prolongar «las torturas de estas familias y estos injustamente condenados».

«No esperen órdenes. No tienen por qué esperar hasta el último momento», les solicitó. Para Olazo, el pronunciamiento de la Corte representa una decisión que trasciende el caso de su esposo y de los otros procesados, pues considera que también será una señal sobre el funcionamiento de la justicia venezolana.

“Detrás de esos 24 condenados injustamente hay padres, madres, hijos, esposas, familias esperando esta respuesta”, afirmó. Las posibles decisiones de la Corte de Apelaciones son ratificar las condenas; negarlas; o eliminar delitos y dejar condenas que quizás puedan estar ya cubiertas por el plazo en el que han estado presos los implicados en la causa (nueve años).

El caso fue presentado ante la Corte de Apelaciones de Carabobo el 26 de agosto y el tribunal pidió un plazo de diez días para su decisión. Los condenados están apelando la decisión de diciembre del año pasado a la que fueron sometidos: 30 años de prisión por traición a la patria, rebelión militar y sustracción de armas a la FANB.

La esposa de Caguaripano también sostuvo que el país y la comunidad internacional están atentos al resultado del recurso de apelación. “Venezuela y los venezolanos regados por el mundo están esperando esta decisión para ver si realmente estamos en un periodo de transición y la justicia va a llegar a Venezuela”, expresó.

Caguaripano fue detenido el 11 de agosto de 2017, días después de la toma del Fuerte Paramacay, y posteriormente trasladado a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta.

Actualmente permanece recluido en el centro penitenciario El Rodeo I, según denuncias de sus familiares. Según denunció la ONG Foro Pena, el militar sufrió graves torturas físicas y psicológicas tras su captura.

Las denuncias recabadas por la organización detallan golpizas, descargas eléctricas, asfixia con gas pimienta y agresiones directas en los genitales que le provocaron una hemorragia severa, requiriendo una intervención quirúrgica de emergencia.

Inician nuevo juicio contra Igbert Marín Chaparro pese a cumplir condena de 7 años

Caracas. – El teniente coronel del Ejército Igbert Marín Chaparro enfrenta desde este lunes 7 de septiembre un nuevo juicio, ante un ilegítimo tribunal con competencia en delitos de terrorismo, pese a que el pasado 9 de septiembre de 2025 cumplió ya la condena de 7 años y 6 meses, que le había sido injustamente impuesta por presunta instigación a la rebelión.

La ONG Realidad Helicoide informó sobre el inicio del proceso y denunció que se trata de una nueva causa utilizada para impedir la excarcelación del militar venezolano.

“Inicia un nuevo juicio penal contra el teniente coronel Igbert Marín Chaparro. Una maniobra que denuncia su defensa para no liberarlo tras haber cumplido íntegramente su injusta condena original”, señaló la organización en una publicación difundida este lunes.

Enfrentará una segunda causa mientras permanece recluido en el Internado Judicial El Rodeo I, en condiciones que su familia y defensores de los derechos humanos describen como infrahumanas. La audiencia será telemática: él asistirá a su juicio desde prisión mientras su familia y abogados estarán presentes en sala en el Palacio de Justicia.

“Le imputan presuntos delitos de terrorismo alegando que, estando totalmente incomunicado y bajo custodia del Estado en la sede de la DGCIM en Boleíta, dibujó un plano desde su celda para capturar a altos funcionarios de la administración y atentar contra la sede del CNE”, sostuvo Realidad Helicoide. La familia considera contradictoria esta versión debido a las condiciones de aislamiento en las que se encontraba el militar.

Asimismo, la hermana del oficial, Ignell Marín Chaparro, ha denunciado que las autoridades abrieron la nueva causa cuando correspondía ejecutar su libertad. Las denuncias realizadas por sus familiares, indican que Marín fue llevado a una audiencia nocturna el 1 de febrero de 2024, sin contacto con sus abogados ni allegados, y los defensores del Foro Penal solo pudieron juramentarse formalmente en julio de 2026.

La ONG también alertó, que el nuevo proceso podría derivar en una condena de hasta 30 años de prisión para el teniente coronel. “Pretenden imponerle la pena máxima de 30 años de prisión mediante este nuevo proceso judicial”, afirmó Realidad Helicoide.

Ante el inicio del proceso, Realidad Helicoide exigió el respeto de las garantías judiciales y pidió que se permita al militar ejercer plenamente su derecho a la defensa. “Exigimos garantías de debido proceso, justicia y la libertad inmediata para el teniente coronel Igbert Marín Chaparro”, expresó la organización.

Veppex advierte que la salida de Maduro no significa fin de persecución política en Venezuela

Caracas. – La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) advirtió este pasado sábado que la salida de Nicolás Maduro del poder que usurpaba no implica, por sí misma, el fin de la persecución política en Venezuela.

En un comunicado que difundió por redes sociales, el organismo fundado por el militar disidente venezolano, José Antonio Colina, alertó que el aparato represivo del narcochavismo continúa operando y haciendo estragos en Venezuela.

“Cambiar al jefe del gobierno no significa desmontar el aparato represivo. La pregunta fundamental es otra: ¿siguen activos y con poder los funcionarios, organismos de inteligencia, mandos militares y grupos que persiguieron a los opositores? La respuesta es sí”, señaló Veppex en su cuenta de la plataforma X.

La organización se pronunció sobre una reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos (BIA, en inglés), que, según Veppex, puede tener consecuencias en los casos de asilo de miles de venezolanos.

De acuerdo con la organización, la BIA determinó en el caso Matter of A-E-V-M- que la salida de Maduro y la transferencia del poder constituyen un cambio en las condiciones del país que debe ser considerado al evaluar las solicitudes de asilo.

No obstante, la organización rechazó el planteamiento de que los venezolanos puedan perder su asilo “simplemente porque Maduro ya no ocupe la presidencia”. Consideró que cada caso debe evaluarse individualmente tomando si quienes ordenaron su persecución y lo forzaron al exilio mantienen poder y capacidad de hacer daño.

En este sentido, Veppex solicitó a los jueces y autoridades migratorias de EE. UU. no confundir un cambio de liderazgo, con el restablecimiento del Estado de derecho en Venezuela porque “mientras el aparato represivo permanezca intacto, el retorno de numerosos venezolanos seguirá siendo peligroso”.

Informe de inteligencia revela que Maduro fue alertado sobre operación estadounidense, pero decidió ignorarla

Cracas. – Un informe de inteligencia conocido por el portal noticioso Infobae reveló que Nicolás Maduro habría sido advertido días antes de la operación militar de EE. UU. que terminó con su captura, pero el narcotirano decidió ignorar la alerta y desestimar el peligro en su contra.

La información revelada indica que, el 28 de diciembre del 2025, el entonces ilegítimo ministro de Defensa Vladimir Padrino López advirtió a Maduro de un posible ataque de EE. UU. y le propuso suspender los permisos navideños y elevar la operatividad militar, sin embargo, el narcoterrorista descartó la amenaza y aseveró que intermediarios le habían garantizado que EE. UU. no intervendría contra él ni contra su familia.

En la reunión para alertarlo participaron, según Infobae, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez Gómez, Vladimir Padrino López, Héctor Rodríguez, Domingo Hernández Lárez, José Luis Tremont Jiménez, comandantes de los componentes y Nicolás Maduro Guerra.

Según el informe, la reacción de Maduro fue de sorpresa, ya que funcionarios estadounidenses le habían asegurado que no se realizarían acciones militares contra instituciones del Estado ni contra él. Según el analista político Orlando Viera Blanco, «lo que revela es que (Maduro) se sentía todo poderoso y por eso subestimó la realidad de lo que estaba enfrentando, las advertencias y hasta las posibilidades de negociar con EE. UU. Que no haya hecho caso a la advertencia y creyera más en poder contrarrestar cualquier intento de captura sugiere el mundo de fantasía en el que vivía, pero la realidad demostró otra cosa”.

Cabe recordar que, días después, en la madrugada del 3 de enero de 2026, se puso en marcha la operación denominada ‘Resolución Absoluta’. Maduro se encontraba en Fuerte Tiuna cuando fue extraído por tropas estadounidenses junto con su esposa, Cilia Flores. Durante la operación, helicópteros sobrevolaron diferentes zonas de Venezuela y se registraron ataques. La captura generó una reacción internacional y, posteriormente, el presidente de EE. UU., Donald Trump, difundió una fotografía de Maduro a bordo del USS Iwo Jima.

Horas después, el exmandatario venezolano fue trasladado a Nueva York bajo custodia de agentes especializados de la DEA. Maduro se despidió de los funcionarios que lo recibieron con un “feliz año” antes de ser llevado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Por cuarto día cierran vía de La Paragua debido a apagones de ocho horas

Caracas. – Por cuarto día consecutivo, habitantes de la comunidad de San José de Tocomita y sectores adyacentes en el Municipio Bolivariano Angostura (estado Bolívar), restringieron el paso vehicular en el cruce de La Paragua, como medida de protesta ante la crisis eléctrica que azota a la entidad.

Los manifestantes denuncian que sufren cortes de luz diarios que se prolongan por hasta 8 horas, paralizando la actividad comercial y afectando gravemente la vida cotidiana de las familias.

La protesta que se hizo en la vía que conecta hacia la población minera de La Paragua y la Troncal 16 inició en horas de la noche del miércoles, se mantuvo estos pasados jueves y viernes, y continuó el sábado.

“Estamos protestando por la situación eléctrica, la luz se va hasta 60 veces al día”, puntualizó un entrevistado, quien afirmó que la situación se debe a la sobrecarga que producen las empresas de la zona.

Según la información ofrecida por los afectados, la alcaldesa chavista de la localidad se había comprometido a reunirse con ellos este viernes, pero dicha reunión no se concretó. La carretera hasta la Paragua permanece cerrada desde este viernes en la noche, y los lugareños se niegan a levantar el bloqueo hasta recibir respuesta.

Denuncian que los extensos apagones afectan la vida cotidiana de los pobladores, y señalan que es algo irónico, ya que ese municipio es la sede de la Presa Guri, uno de los principales centros de generación de energía eléctrica para el país, pero está afectado por cortes de luz de hasta ocho horas.

Maryorin Méndez: trasladaron a rehenes políticos con «patologías graves y laceraciones por intentos de suicidio»

Caracas. – Según la periodista Maryorin Méndez, este viernes culminó el traslado arbitrario y clandestino de rehenes políticos, incluyendo principalmente aquellos que tienen «patologías graves y laceraciones por intentos de suicidio», que se encontraban en el penal El Rodeo I.

La ONG Red de ex Presos Políticos Venezuela emitió este jueves, un comunicado urgente dirigido a las autoridades venezolanas y a la comunidad internacional, para denunciar el traslado no informado de 53 secuestrados por motivos políticos, entre civiles y militares, desde el citado centro penitenciario en Miranda.

Las movilizaciones, realizadas entre el 2 y el 3 de septiembre, ocurrieron sin que hasta la fecha se haya notificado a los familiares sobre el destino exacto o el estado de salud de los detenidos, situación que la organización califica como una grave vulneración de los derechos humanos y los principios constitucionales.

En su publicación en redes sociales, Méndez confirmó que los traslados se efectuaron hacia centros penitenciarios como Yare, Fuerte Guaicaipuro y La Planta. No obstante, los movimientos se realizaron bajo el mayor hermetismo, y hasta los momentos no hay ningún pronunciamiento «oficial» de los organismos del narcorégimen chavista vinculados con el tema.

Por su parte, la ONG Foro Penal y comités de familiares han señalado que no existe un listado oficial ni información oportuna sobre el paradero exacto de todos los afectados.

Sin embargo, la comunicadora aseguró en su información, que los traslados enfatizaron a «los que tienen patologías graves y laceraciones por intentos de suicidio, por ello se especula que alguien importante visitará el ‘campo de concentración’ del 2026».

Mientras, la Red de Ex Presos Políticos exigió la revelación inmediata del paradero de los 53 ciudadanos, el reporte de sus condiciones físicas y psicológicas, y la activación de garantías de protección institucional. Asimismo, instó a los organismos internacionales a actuar con firmeza frente a estas acciones y reiteró su compromiso con la exigencia de la libertad plena de todos los presos políticos en el país.

ONG y familiares de rehenes políticos organizarán “Ruta de las Respuestas Pendientes”

Caracas. – Con el objetivo de que la liberación de los rehenes políticos sea un tema abordado, en la mesa de diálogo entre la ilegítima AN 2015 y el narcorégimen interino, la ONG Comité para la Liberación de Presos Políticos (Clippve), organizó este pasado jueves una nueva jornada de movilización denominada “Ruta de las Respuestas Pendientes”.

Las protestas se realizarán entre el 7 y el 13 de septiembre, frente a las sedes de distintos organismos del chavismo interino, a fin de presionar para que las excarcelaciones formen parte del diálogo, que será retomado a partir del 15 de este mes. La actividad se realizará frente a la Defensoría del Pueblo, la fiscalía general de la República y el Palacio de Miraflores.

El lunes 7 de septiembre acudirán a la Defensoría del Pueblo para solicitar actuaciones de protección, visitas a centros de reclusión, atención de casos y respuesta a situaciones consideradas urgentes.

El miércoles 9 de septiembre, la movilización se trasladará al Ministerio Público, donde exigirán información y actuaciones sobre las denuncias e investigaciones relacionadas con los casos de secuestrados por motivos políticos.

Posteriormente, el viernes 11 de septiembre, los participantes acudirán al Palacio de Miraflores para exigir que los anuncios, revisiones y compromisos asumidos se traduzcan en decisiones verificables y avances hacia la libertad de los detenidos.

La agenda concluirá el domingo 13 de septiembre con una “Gran Jornada de Vigilia” en plazas y espacios públicos de Venezuela y en otras ciudades del mundo.

La ONG indicó que durante cada jornada recopilarán información sobre los casos, incluyendo los nombres de las personas detenidas, el tiempo que llevan privadas de libertad, las solicitudes presentadas y los compromisos que aún no se han cumplido.

EE. UU. y el narcorégimen interino suscribieron importantes acuerdos energéticos

Caracas. – Importantes acuerdos energéticos fueron firmados este miércoles, por el narcorégimen interino chavista con empresas estadounidenses entre las que figuran Chevron, ENI, GeoPark, GE Vernova, Aspect, KEO Capital y Primavera.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, participó en el acto junto con la encargada del interinato chavista, Delcy Rodríguez, que tuvo lugar en el palacio presidencial de Miraflores, luego de que Washington y Caracas anunciaron el 28 de agosto un histórico acuerdo que cede la explotación de una quinta parte de las reservas petroleras de Venezuela.

Los convenios están orientados principalmente a ampliar proyectos existentes y forman parte de la estrategia para reactivar la industria energética venezolana. Por ejemplo, los acuerdos con las petroleras Chevron y Eni buscan ampliar sus operaciones en el país, mientras que con GE Vernova, el objetivo es recuperar la industria eléctrica venezolana, destruida totalmente durante más de 20 años bajo dirección del narcochavismo.

«Creo que los acuerdos que se firman el día de hoy, con miles de USD$ millones de inversión y finalmente muchísimos empleos creados, son esenciales para comenzar a traer la paz, las oportunidades y la prosperidad para todos», declaró secretario de Energía estadounidense.

El acuerdo de mayor dimensión económica quedó establecido entre PDVSA y Chevron. Ambas partes acordaron adecuar los contratos de las empresas mixtas Petroboscán, Petropiar y Petroindependencia a las disposiciones de la legislación de hidrocarburos reformada en enero. También se incorporaron modificaciones a sus respectivos planes de negocios para ajustarlos al nuevo régimen fiscal y jurídico venezolano.

Dentro del paquete firmado también figura un convenio para regular el pago del bono asociado al acceso a las reservas correspondientes al área de Petroindependencia. Chevron, además, anunció un ambicioso programa de expansión que contempla inversiones superiores a USD$ 7.000 millones durante los próximos cinco años.

Por su parte, ENI contempla ampliar sus operaciones en la Faja Petrolífera del Orinoco, mientras que KEO Capitalanunció una línea de crédito de USD$ 350 millones para Petrourdaneta, uno de los proyectos petroleros en los que participa en alianza con Petróleos de Venezuela (PDVSA).

«Marca un hito para iniciar una nueva fase histórica… Hemos podido hacer algo histórico y abre un futuro espléndido para Venezuela», comentó Claudio Descalzi, director ejecutivo de la petrolera italiana.

«Esto solo es el comienzo, pero hoy es un día transformador. Estamos tratando de ir a la velocidad de la luz. Trump quería ir lo más rápido posible para transformar a Venezuela», comentó Wright durante el evento.

Asimismo, el secretario de Energía estadounidense recalcó, que la misión del presidente Donald Trump es llevar «paz, libertad, oportunidad y prosperidad al pueblo venezolano».