Dos chavistas y un hijo de Ramón Guillermo Aveledo figuran en comité de postulaciones del TSJ

Caracas. – Al menos dos afectos al narcochavismo, y un hijo del exdirector de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, figuran entre los 12 integrantes de la «sociedad civil», que este jueves fueron elegidos por la ilegítima AN chavista, para que formen parte del comité de postulaciones judiciales que designará a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Estos doce integrantes deberán trabajar en conjunto con 11 parlamentarios ilegales, que forman parte de la AN chavista, para seleccionar a los jueces con los que se pretende renovar el TSJ a fin a la Narcotiranía.

La ONG Transparencia Venezuela desglosó, en una publicación en sus redes sociales, la conformación de este nuevo grupo de 12 representantes, sobre los cuales concluyó que «2 presentan vínculos identificados con el oficialismo; 9 no tienen vínculos políticos identificados en los perfiles disponibles y 1 no cuenta con información suficiente para establecerlo».

Uno de los afectos al narcorégimen es Rosmely del Valle Flores Parra, quien «trabajó en el Ministerio de Comunas desde 2006 y estuvo en la nómina de la Asamblea Nacional entre marzo de 2023 y diciembre de 2025. Estos antecedentes sustentan su clasificación como vinculada al oficialismo».

El otro fue identificado como Anthony Gerard Pérez Negrón «abogado, profesor de la UCV y exjuez penal. Ingresó a la nómina de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en octubre de 2018. También ha participado en eventos de instituciones controladas por el oficialismo, según sus redes sociales».

Clara Inés Casanova (Federación de Colegios de Abogados); Nancy Clara Castro de Varvaro (exfiscal y profesora de la UCAB); Yrma del Valle Pazos Grau (abogada); María Luisa Chacón (jefa del Servicio de Psiquiatría del Hospital Vargas de Caracas); Mauro Manuel Herrera Gutiérrez (cardiólogo), Raquel Yadxani Sánchez Carrero (coordinadora del Foro Penal en Táchira); Juan Domingo Alfonso Paradisi (abogado y directivo de organizaciones empresariales); Guillermo José Guzmán Mirabal (abogado, historiador y profesor de la UCAB), y Guillermo Tell Aveledo (politólogo, decano de la Unimet, e hijo de Ramón Guillermo Aveledo, exsecretario de la MUD), son los otros nueve elegidos para el comité de postulaciones.

Una décima integrante es Mairim Girlens Ruíz Ramos, quien según Transparencia Venezuela cuenta «con trayectoria en cargos judiciales y notariales, pero sin información suficiente para establecer su vínculo político».

Algunos analistas políticos, como es el caso del historiador Daniel Lara Farías, ha criticado la inclusión del hijo de Guillermo Aveledo en el grupo, por considerar que sus decisiones serán afines al narcorégimen, tal como lo hizo su padre cuando fue secretario general de la MUD, quien apoyó políticas y medidas que contribuyeron a mermar la presión contra la cúpula de Maduro en su momento, permitiéndoles ganar tiempo y prolongar, con ello, su estadía frente al poder que usurpaban.

La ONG adelanta, que estos nombres deberán unir esfuerzos con los ilegítimos parlamentarios del PSUV Giuseppe Alessandrello, Gloria Castillo, Fernando Bastidas, José Villarroel, María Gabriela Vega, Carlos Mogollón, Jonathan García y Liliana García; así como con los también írritos diputados Pablo Pérez (Unión y Cambio), Luis Florido (UNT) y Félix Freites (FV), para elegir a los nuevos jueces.

Foro Penal exige cambios estructurales y desmontaje del aparato represivo en el TSJ

Caracas. – La ONG Foro Penal dijo este martes, que el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), llevado a cabo por el ilegítimo parlamento chavista, debe incluir cambios estructurales en el sistema de justicia, lo que incluye la reforma o derogación de leyes, pero, además, debe contemplar el desmontaje del “aparato represivo” en el país.

“De nada sirve tener unos jueces impolutos, perfectos, honestos, capaces en el Tribunal Supremo de Justicia si de allí hacia abajo seguimos manteniendo el aparato represivo en las manos y sobre de los hombros de las mismas personas”, afirmó Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, durante un encuentro en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), en Caracas.

Himiob afirmó que el sistema de justicia de Venezuela ha sido “sumamente eficiente para que los poderosos persigan a quienes no están de acuerdo con ellos”, pero no así para “atender a las necesidades de la ciudadanía”.

El abogado planteó la necesidad de reconstruir la administración de justicia “desde sus mismas bases” y de conformar un TSJ “integrado por personas en las que la ciudadanía confíe”. También pidió reformar el Código Penal, al que calificó de “anacrónico” y consideró que “no sirve a las necesidades de la población”, además de revisar o derogar leyes que, según señaló, han sido utilizadas para perseguir a sectores disidentes.

Por su parte, Alfredo Romero, presidente de la ONG; subrayó que el sistema judicial en el país «todavía sigue siendo un instrumento de persecución política» y es «parte de la maquinaria represiva».

«Los jueces y fiscales en el país han servido no solo para encubrir, hacerse no solo cómplices, sino actores directos de la persecución política de disidentes», afirmó Romero, mientras que Himiob insistió en que el sistema judicial “todavía sigue siendo un instrumento de persecución política” y es “parte de la maquinaria represiva”.

El pronunciamiento de Foro Penal se da en medio de un proceso en el que el Parlamento, controlado por el chavismo, lleva a cabo la selección de 12 miembros de la sociedad civil que integrarán, junto a 11 diputados, el Comité de Postulaciones Judiciales, encargado de evaluar y preseleccionar a los próximos jueces del TSJ.

En septiembre, el Parlamento aprobó una reforma para aumentar de 11 a 12 el número de representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, en respuesta a un acuerdo alcanzado con un sector de la oposición que dialoga con el chavismo y en un intento de garantizar la independencia para elegir a los nuevos magistrados.

Denuncian muerte de reo sexagenario de varias enfermedades por no recibir ayuda médica

Caracas. – La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este lunes, la muerte de un recluso de la tercera edad bajo custodia del narcoestado, en el antiguo retén de El Marite (Zulia), quien padecía varias enfermedades y no recibió la atención médica que requería.

El interno, identificado como Jaime Alirio Vásquez Saldarriaga, de 68 años, padecía VIH, cirrosis hepática y otras afecciones de salud. El OVP alertó sobre el caso en medio de las denuncias por las condiciones de reclusión en el citado centro penitenciario, donde, según sus registros, permanecen más de 1.100 personas, pese a que la capacidad instalada es de 659 internos.

Cabe señalar que esta diferencia representa una sobrepoblación de aproximadamente 67,7% respecto a la capacidad del recinto. En una publicación a través de la red social X, el observatorio exigió que se investiguen las circunstancias del fallecimiento y que las autoridades garanticen atención sanitaria oportuna a los internos. Advirtió que mantener bajo custodia estatal a personas con enfermedades graves, sin proporcionarles tratamientos ni medicamentos, las expone a complicaciones que pueden poner en riesgo sus vidas.

A esta situación, el OVP aseguró que se suman problemas de alimentación, condiciones inadecuadas de reclusión y deficiencias en el acceso a servicios médicos y medicamentos. “Los presos no están condenados a morir por falta de atención médica”, expresó la organización, que exigió investigar las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Vásquez Saldarriaga.

En particular, la organización alertó sobre la situación de las personas que viven con VIH y señaló que la falta de acceso al tratamiento antirretroviral representa un grave riesgo para su salud. Asimismo, el OVP cuestionó la actuación de organismos del narcoestado chavista ante las denuncias, sobre las condiciones de los centros penitenciarios.

“Mientras tanto, el Ministerio Público no investiga, la Defensoría del Pueblo guarda silencio y el Ministerio para el Servicio Penitenciario continúa evadiendo su responsabilidad de proteger la salud y la vida de la población reclusa”, criticó.

Familiares de reos y rehenes políticos en Yare denunciaron situación irregular en ese penal

Caracas. – Familiares de los reos y rehenes políticos secuestrados en el penal de Yare (Miranda) alertaron este domingo sobre una situación irregular y presunta intervención de ese centro penitenciario, por fuerzas represivas del narcorégimen interino.

En las redes sociales la alerta sobre la situación fue difundida por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), en cuyas cuentas activó una alerta pública exigiendo pruebas claras de que los reclusos se encuentran a salvo.

“El Clippve pudo conocer, a través de testimonios de familiares de presos políticos y de personas que residen en las adyacencias del centro de reclusión de Yare, sobre una supuesta intervención en el recinto carcelario”, señaló la organización a través de su cuenta de la red social X.

“Desde el CLIPPVE alertamos con profunda preocupación sobre esta grave situación y continuamos denunciando que estos procesos se desarrollan en absoluta irregularidad, al margen de la ley y sin garantías de transparencia”, indicó también el mensaje.

De acuerdo con el comité, impera muy poca información oficial y reina un clima de gran incertidumbre. “Esta falta de respuestas y el cerco informativo resultan revictimizantes para los familiares, quienes se encuentran en un estado de indefensión total, sin saber qué hacer ni a qué instancias acudir para exigir información sobre el paradero y la integridad de sus seres queridos”, se lee en el mensaje.

Asimismo, la ONG exigió a las autoridades el cese de la opacidad informativa y la presentación de pruebas que permitan verificar que los presos políticos se encuentran con vida y en condiciones seguras.

«Exigimos un cese inmediato a la opacidad, la presentación de fe de vida y el respeto irrestricto a los derechos humanos», expresó el comité, que también instó a la comunidad nacional e internacional a mantenerse atenta a la situación.

María Corina denuncia no haber sido incluida por EE. UU. en diálogo con el narcorégimen

Caracas. – La dirigente política María Corina Machado denunció este pasado jueves, que la administración de Donald Trump no la incluyó en las conversaciones políticas que se celebran esta semana en Caracas, entre el narcorégimen interino de Delcy Rodríguez y la ilegítima Asamblea Nacional de 2015.

Así lo aseguró durante una entrevista con The New York Times, en la cual aseguró que regresará al país «antes de lo que se imaginan», para movilizar a sus seguidores de cara a futuras elecciones.

Machado expuso el distanciamiento con la Casa Blanca. Según la dirigente, Washington la ha mantenido al margen durante meses, mientras favorecía la continuidad de Rodríguez como encargada de la tiranía chavista, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero.

El Departamento de Estado sostuvo, sin embargo, que el partido de Machado había sido invitado a participar y que “María Corina tiene todo el derecho a entrar en su país cuando quiera”.

La tensión de fondo —a juicio de algunos especialistas y politólogos— radicaría en la diferencia entre la participación institucional del partido y la inclusión personal de Machado en la mesa de negociaciones.

La dirigente quedó fuera del mecanismo desde su inicio, porque no pertenece a la írrita Asamblea Nacional de 2015, el formato institucional que Washington eligió como marco del diálogo.

Cabe recordar que la tercera ronda de conversaciones arrancó el 14 de octubre con Jorge Rodríguez al frente de la delegación chavista y Dinorah Figuera por la oposición vinculada a esa Asamblea.

El proceso ha producido resultados concretos: la segunda ronda, celebrada en septiembre, concluyó con la liberación de 39 presos políticos, y EE. UU. retiró las sanciones contra Jorge Rodríguez el mismo día en que arrancó esta nueva fase.

También, Machado sostuvo que el proceso de estabilización de Venezuela «se podría haber hecho sin ella (Delcy Rodríguez)», y ha calificado a la encargada del interinato chavista como «parte del sistema criminal».

Igualmente, en ese contexto, María Corina defendió la creación de una comisión de la verdad y de tribunales especiales para juzgar los abusos de Derechos Humanos atribuidos a la actual encargada de dirigir al narcorégimen, sobre cuya figura advirtió que podría verse implicada en delitos que «no son objeto de amnistía ni de perdón», tal como lo contempla la Constitución venezolana.

Maduro y Cilia se declararon «no culpables» ante acusaciones de torturas

Caracas. – Como «no culpables» de los nuevos cargos por conspiración para cometer actos de torturas que se les imputan, se declararon este jueves el genocida dictador que sometía a Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, durante la audiencia que tuvieron ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Cabe señalar que es la primera vez que el dictador venezolano y su esposa enfrentan a la justicia norteamericana por este delito específico, según resaltaron varios expertos en tema judiciales y portales informativos.

Los nuevos cargos presentados por fiscales estadounidenses involucran entre las víctimas a ciudadanos de EE. UU. y a otras personas que estuvieron bajo custodia de los organismos represivos del chavismo.

La fiscalía de EE. UU. presentó la semana pasada un nuevo pliego de acusaciones fundamentado en los testimonios de al menos nueve víctimas del régimen venezolano. Los documentos judiciales describen métodos «aterradores» de tortura que incluyen golpizas, descargas eléctricas, asfixia y amenazas directas contra familiares de prisioneros políticos.

El nuevo cargo detalló que Maduro «autorizó el uso de la tortura contra personas específicas y supervisó un sistema diseñado para emplear la tortura, la detención arbitraria y la violencia como medios de represión contra la oposición política».

Sin embargo, el líder de la Narcotiranía chavista, ahora capturado por EE. UU., negó los nuevos cargos presentados en su contra y dijo ante el tribunal este jueves que rechazaba las «falsas acusaciones y los falsos testimonios» que los sustentan. “Rechazo este documento por completo», afirmó Maduro en español.

Por su parte, pese a la carga de evidencias comprobadas en su contra, Flores también negó su responsabilidad: «Soy completamente inocente, no soy culpable», declaró ante el tribunal.

El juez Alvin Hellerstein interrumpió a Maduro y declaró que el tribunal registraría una declaración de inocencia en su nombre. Igualmente, aceptó las declaraciones de inocencia de ambos acusados.

Es necesario recordar que los fiscales ya habían acusado a Maduro, a su esposa, a su hijo y a sus cómplices de participar en una conspiración para el tráfico de cocaína y de colaborar con cárteles designados como grupos terroristas.

Anteriormente, Maduro calificó tales cargos como una herramienta para promover presuntos planes «imperialistas» destinados a obtener acceso a las abundantes reservas de petróleo de Venezuela.

Los abogados de Maduro y su esposa han argumentado que, al ser el líder de un país soberano, Maduro aparentemente goza de inmunidad frente a cualquier proceso judicial, pero el alegato ha sido también desestimado por la corte que lleva su caso. Se comprobó que el interinato chavista, ahora dirigido por Delcy Rodríguez, no reclamó nunca esa condición ante la justicia estadounidense para favorecerlo.

Desmienten a Diosdado Cabello: la factura que atribuyó a equipo de María Corina es falsa

Caracas. – Una investigación del portal de verificación Cazadores de Fake News (@cazamosfakenews) confirmó que la factura por más de 4.500 dólares en el restaurante Casa Ibérica de Panamá, mostrada por Diosdado Cabello y atribuida al equipo de María Corina Machado, es un documento falsificado.

La imagen, difundida originalmente en X por la cuenta Global Census, buscaba proyectar un presunto derroche por parte de la oposición venezolana tras la visita de la dirigente al establecimiento el pasado 12 de septiembre. No obstante, la investigación del equipo de Cazadores de Fake News corroboró que se trata de una manipulación digital.

El documento original se generó por un pedido de menos de 50 dólares realizado por WhatsApp mediante un número asociado a un podcaster venezolano, utilizando datos de un asesor de la dirigente opositora que habían sido filtrados previamente en redes sociales.

La orden original nunca fue pagada ni retirada del restaurante, pero horas después la cuenta fachada, Global Census, difundió la versión alterada con montos e ítems inflados para simular un gasto millonario.

Cabello dijo también, sin evidencias —como suele hacer—, que ese fue el gasto que hicieron los miembros del equipo de la dirigente política cuando la visitaron el pasado 12 de septiembre.

Cabe señalar que en el documento alterado figuraba a nombre de Rafael Alejandro Alfonzo Silva, miembro del equipo estratégico de Machado, señalándolo como el responsable del pago. No obstante, se constató que Alfonzo Silva no se encontraba en Panamá en la fecha de la visita de Machado, habiendo ingresado a ese país el 15 de septiembre, según los sellos de su pasaporte.

El análisis técnico demostró que los datos fiscales, encabezados e identificadores coinciden con la orden real, evidenciando el montaje gráfico. Este caso expone una vez más la estrategia recurrente del chavismo de utilizar publicaciones de cuentas falsas e para incorporarlas en su aparato comunicacional como supuestas informaciones veraces.

Ante la maniobra, Alfonzo Silva presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público panameño y reclamó al establecimiento para esclarecer el origen de la factura.

La investigación reveló que el comprobante manipulado se basó en una compra real de apenas 49,22 dólares efectuada el 1 de octubre a través de WhatsApp.

Develan uso de sofisticados sistemas electromagnéticos por EE. UU. durante captura de Maduro

Sistemas de guerra electromagnética de EE. UU. para interferir las comunicaciones satelitales

Caracas. – Novedosos sistemas de guerra electromagnética para interferir las comunicaciones satelitales y proteger a las fuerzas desplegadas, formaron parte del arsenal desplegado por EE. UU. durante la operación militar que realizó en el país el pasado 3 de enero, la cual culminó con la captura del narcotirano Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

La revelación fue hecha por el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ), el cual obtuvo un acceso poco habitual a una base de la Fuerza Espacial de EE. UU., ubicada en Colorado, para conocer los sistemas de guerra electromagnética empleados en operaciones militares en distintas partes del mundo, incluidas Venezuela e Irán.

El medio visitó el complejo de Guerra Electromagnética de esa rama militar en Colorado, donde conversó con integrantes que participaron en operaciones en Venezuela y Medio Oriente. Entre los equipos presentados figura Meadowlands, un sistema terrestre diseñado para interferir las comunicaciones entre satélites adversarios y estaciones en tierra.

Estas tecnologías generan interferencias en las frecuencias de radio para interrumpir temporalmente las comunicaciones satelitales sin destruir los dispositivos. Este tipo de acción, conocido como efecto no cinético, permite que los equipos afectados recuperen su funcionamiento habitual cuando cesa la perturbación.

“Aquello que nunca se ve es increíblemente importante en la guerra”, afirmó el teniente general Gregory Gagnon al explicar la relevancia del dominio del espectro electromagnético para las operaciones militares estadounidenses.

Estas capacidades permiten mantener operativos los sistemas de comunicación de satélites, aeronaves y embarcaciones propias, al tiempo que dificultan que los adversarios utilicen sus redes espaciales para coordinar acciones militares.

Entre los testimonios recogidos por el diario estadounidense figura el del sargento técnico Joshua Lomax, integrante de la Fuerza Espacial que participó en el despliegue de estos sistemas. De acuerdo con el reportaje, Lomax y su equipo interfirieron las comunicaciones de satélites para establecer una “burbuja protectora” alrededor de las fuerzas estadounidenses involucradas en la operación que culminó con la captura de Maduro.

El día de la llamada «Operación Resolución Absoluta», Trump, junto a su secretario de Guerra, Pete Heghset, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE. UU., el general John Daniel «Razin» Caine, hablaron de la precisión con la que en la madrugada del 3 de enero sacaron a la entonces pareja presidencial del complejo militar donde residían.

Ahora, WSJ añadió que además de la incursión en tierra y aire, crearon la mencionada «burbuja», para poder interrumpir las comunicaciones en la zona del ataque y sus alrededores, un ataque que dejó a un centenar de fallecidos, entre ellos 32 militares cubanos.

Horas después de esa operación, el militar recibió instrucciones de trasladarse a Medio Oriente para apoyar las acciones estadounidenses contra Irán.

«Fueron 72 horas para empacar el equipo, inspeccionarlo, cargarlo en el avión y partir», explicó Lomax. Una vez en el destino, su equipo disponía de aproximadamente 96 horas para instalar el sistema y ponerlo en funcionamiento.

Borrego de la semana 247: Delcy Rodríguez, la doblemoral que dirige el narcorégimen chavista

Durante su reciente participación en la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) celebrada en Italia, Delcy Rodríguez volvió a poner en evidencia el profundo aislamiento internacional del régimen venezolano y el uso discursivo de la doble moral.

En su intervención ante el foro multilateral, criticó de manera severa la utilización de los alimentos como mecanismo de extorsión y arma política, omitiendo deliberadamente la continua manipulación e instrumentalización social que el propio oficialismo ejerce en Venezuela a través de programas de abastecimiento como los comités CLAP.

Cabe recordar que el CLAP sistema creado por el chavismo para supuestamente abastecer de alimento a las comunidades. Sin embargo, todo terminó siendo un entramado de corrupción, donde resalta el nombre de Alex Saab, al punto de que mucha comida incluso llegaba a las casas con gusanos, sin contar la mala calidad de las mismas.

Asimismo, a la incoherencia de sus declaraciones se sumó un notorio despliegue de diplomacia de utilería provocado por la falta de reconocimiento de las autoridades europeas. Ante la ausencia de una comitiva oficial de bienvenida por parte del Gobierno italiano —debido a la vigencia de las sanciones de la Unión Europea y al desconocimiento institucional—, Rodríguez instruyó a los propios integrantes de su delegación para que simularan una recepción de Estado a su llegada.

El montaje protocolar, grabado y difundido para aparentar trascendencia oficial, reflejó la soledad internacional de los voceros del régimen en el exterior y dejó al descubierto la simulación a la que recurren para intentar construir una falsa legitimidad en la escena internacional.

Por todo esto, la jerarca del narcorégimen chavista que ahora encabeza la estructura criminal ha sido nuevamente seleccionada como la Borrego de la Semana.

Maduro y Cilia responderán por acusaciones sobre torturas ante un tribunal estadounidense

Caracas. – El juez estadounidense Alvin Hellerstein fijó para este jueves, 15 de octubre, una audiencia en Nueva York para que el narcotirano chavista, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, respondan a los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas, que les imputó la Fiscalía de EE. UU. la semana pasada.

Según la orden emitida este miércoles por el juez y publicada en el archivo judicial del caso, la audiencia tendrá lugar a las 11 horas de la mañana (15:00 GMT) y versará sobre los cargos contenidos en la acusación actualizada contra Maduro y Flores.

La Fiscalía estadounidense presentó hace una semana cargos por conspiración para cometer torturas contra ambos, y extendió la imputación de narcoterrorismo, que antes solo pesaba sobre Maduro, a Flores. Siguen acusados de conspiración para importar cocaína a EE. UU. y posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

De acuerdo con el texto de la acusación actualizada, la Narcotiranía encabezada por Maduro infligió torturas contra opositores, militares y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, y presuntamente siguió una estrategia de «represión y torturas» para mantenerse en el poder durante años.

Sobre la imputación por narcoterrorismo, la justicia estadounidense alega que Maduro y Flores conspiraron para distribuir y poseer «cinco kilogramos o más de mezclas y sustancias que contuvieran una cantidad detectable de cocaína», con la intención de proporcionar «valor económico» a personas u organizaciones relacionadas con «actividades terroristas».

Maduro y Flores fueron capturados el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses en Caracas. Posteriormente, las autoridades los trasladaron a Nueva York, donde permanecen detenidos mientras afrontan el proceso.

La audiencia de este jueves supone la lectura formal de los cargos. Tras ese acto, los acusados tienen derecho a declararse o no culpables.

El juicio está programado para junio de 2027, mientras que el próximo 17 de noviembre está prevista otra audiencia en la que el juez abordará una solicitud para desestimar los cargos bajo la figura de la inmunidad soberana.