VEPPEX pidió a EE. UU. investigar a 17 funcionarios y exfuncionarios del narcochavismo por torturas

Caracas. – La organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) solicitó este miércoles, al Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) evaluar e investigar denuncias sobre presuntas torturas y graves violaciones de derechos humanos, que son atribuidas a 17 funcionarios y exfuncionarios de la Narcotiranía chavista.

La organización, creada por el militar disidente, José Antonio Colina, expuso su exigencia en un comunicado, que fue difundido por redes sociales y diversas plataformas.

La solicitud, remitida directamente a la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales (HRSP) de la División Criminal de la entidad estadounidense, exhorta a evaluar la responsabilidad de los señalados bajo el amparo de las leyes federales que respaldan el enjuiciamiento de crímenes de tortura cometidos fuera del territorio estadounidense.

El documento institucional elevado por VEPPEX se fundamenta en los estándares contemplados en la legislación de EE. UU., la cual habilita perseguir penalmente a perpetradores de tratos crueles, inhumanos o degradantes cuando las víctimas o las circunstancias cumplan los criterios legales previstos en los tratados internacionales.

También, señaló que informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y de organizaciones internacionales, han documentado durante años denuncias de abusos relacionados con organismos represivos como la DGCIM, el SEBIN, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el CICPC.

Entre las 17 personas cuya actuación VEPPEX solicita evaluar individualmente figuran:

  • Iván Hernández Dala.
  • Gustavo González López.
  • Alexander Granko Arteaga.
  • Rafael Franco Quintero.
  • Rafael Blanco Marrero.
  • Hannover Guerrero Mijares.
  • Carlos Calderón Chirinos.
  • Elio Estrada Paredes.
  • Douglas Rico González.
  • Jhonny Salazar Bello
  • Danny Ramón Ferrer Sandrea.
  • Alexis Rodríguez Cabello.
  • Javier Marcano Tábata.
  • Néstor Reverol Torres.
  • Manuel Cristopher Figuera.
  • Hildemaro Rodríguez Múcura.
  • Rubén Darío Santiago Servigna.

La organización solicitó además que cada caso sea analizado de forma independiente, sobre la base de las evidencias disponibles, las leyes aplicables y el debido proceso.

Igualmente, pidió evaluar posibles responsabilidades individuales, coordinar cuando corresponda con el FBI y HSI, preservar evidencias y establecer mecanismos confidenciales para recibir testimonios de víctimas y testigos.

“La búsqueda de responsabilidades resulta esencial para combatir la impunidad y proteger los derechos de las víctimas de persecución política”, sostuvo VEPPEX en su misiva.

EE. UU. entregó a Delcy Rodríguez una lista de figuras claves del chavismo extraditables

Caracas. – Con una lista de nueve figuras clave del chavismo vinculadas a investigaciones por narcotráfico, blanqueo de capitales y corrupción, debería cumplir Delcy Rodríguez en entregar a la justicia estadounidense, según reveló el periodista español David Alandete.

El corresponsal español en la Casa Blanca publicó un artículo en el diario ABC, que EE. UU. habría entregado por escrito a Delcy Rodríguez una lista de nueve figuras clave del chavismo cuya cooperación —o disponibilidad para ser procesados— sería condición para avanzar en una agenda más amplia con Washington.

Según el reporte, el punto no es “retórica de sanciones”, sino expedientes abiertos por corrupción, blanqueo y narcotráfico, con exigencias de cooperación verificable. En la lista divulgada en resúmenes y republicaciones aparecen Nicolás Maduro Guerra (“Nicolasito”), Alex Saab, Raúl Gorrín, Walter Jacob Gavidia Flores, Tareck El Aissami, Samark López Bello y Pedro Luis Martín-Olivares.

La lista se completa con dos nombres adicionales no revelados, también de altos cargos dentro del narcochavismo. El informe de Alandete subraya que en esta primera fase prioritaria no figuran nombres como Diosdado Cabello ni Vladimir Padrino López, quienes ya cuentan con recompensas ofrecidas por el Departamento de Estado por sus capturas. Sin embargo, el periodista cree que esto sugiere una estrategia de presión por piezas, no por jaque mate inmediato.

Las especulaciones sobre la lista se desprenden de las extradiciones de Álex Saab y Álvaro Pulido, quienes, pese a ser figuras presuntamente consideradas como «confiables» y de suma importancia para el narcorégimen, ahora están en manos de la justicia estadounidense y entregadas por el mismo sistema, pero bajo el control de Delcy Rodríguez.

Al respecto, el texto de ABC señala: «La entrega del empresario Pulido, que compareció ante el juez el martes, constituye, en cualquier caso, otro resultado verificable de las exigencias formuladas por Washington a Delcy Rodríguez. Desde la captura de Maduro el pasado 3 de enero, la cooperación judicial se ha convertido en uno de los instrumentos de la nueva relación entre ambos gobiernos».

Igualmente, el artículo indica que las «entregas» realizadas por el interinato de Rodríguez, aparentemente son realizadas con bajo perfil y mucha prudencia, para no generar alarmas.

«La operación se desarrolla con especial discreción, entre otras razones por esas dificultades jurídicas y por las suspicacias que pueda haber en el chavismo ante estas entregas por parte del régimen de Delcy Rodríguez. La entrega de Pulido representa un nuevo avance de ese proceso. El empresario, detenido en Venezuela desde 2023 por su presunta implicación en el escándalo de corrupción conocido como PDVSA-Cripto, comparece este martes ante un tribunal federal de Miami», indica el artículo de Alandete.

Veppex solicita una investigación sobre presuntas torturas y graves violaciones de DD. HH. atribuidas a 17 funcionarios venezolanos

La organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) ha presentado formalmente una petición ante la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales de la División Criminal del Departamento de Justicia de EE. UU.

La iniciativa busca que las autoridades federales evalúen e investiguen de manera independiente las denuncias sobre torturas, detenciones arbitrarias, tratos crueles, tratos degradantes y desapariciones forzadas en Venezuela, sustentadas en informes de la Misión Internacional Independiente de la ONU y diversos organismos internacionales.

El requerimiento individualiza la responsabilidad de 17 altos funcionarios y exfuncionarios vinculados a los principales órganos de seguridad e inteligencia del Estado venezolano —entre ellos la DGCIM, el SEBIN, la PNB y el CICPC—, instando al gobierno estadounidense a determinar posibles responsabilidades penales bajo el marco legal federal, coordinar investigaciones con agencias como el FBI y HSI, aplicar evaluaciones migratorias y establecer mecanismos seguros para la preservación de evidencias y testimonios de las víctimas.

La solicitud en concreto expresa:

VENEZOLANOS PERSEGUIDOS POLÍTICOS EN EL EXILIO (VEPPEX)

Miami, Florida, Estados Unidos
14 de octubre de 2026

A:
Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales (HRSP)
División Criminal
Departamento de Justicia de los Estados Unidos
Washington, D. C.

Asunto: Solicitud formal de investigación sobre presuntas torturas y graves violaciones de derechos humanos atribuidas a 17 funcionarios venezolanos

Distinguidos representantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos:

En representación de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), organización dedicada a la defensa de las víctimas de persecución política en Venezuela, me dirijo respetuosamente a ustedes para solicitar la evaluación y, cuando existan fundamentos jurídicos suficientes, la investigación de denuncias relacionadas con torturas, detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desapariciones forzadas y otras graves violaciones de derechos humanos atribuidas a funcionarios de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado venezolano.

Durante años, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, organizaciones internacionales de derechos humanos y autoridades estadounidenses han documentado patrones de graves abusos relacionados con la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y otras instituciones de seguridad venezolanas.

Estos hallazgos plantean serias preocupaciones sobre la actuación de determinados funcionarios, la posible participación individual en conductas ilícitas y las responsabilidades de superiores que pudieran haber ordenado, facilitado, tolerado conscientemente o participado de otra manera en hechos delictivos.

VEPPEX solicita respetuosamente una evaluación individual de los siguientes 17 funcionarios y exfuncionarios:

  1. Iván Hernández Dala: exdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
  2. Gustavo González López: exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
  3. Alexander Granko Arteaga: oficial de la DGCIM vinculado a operaciones especiales.
  4. Rafael Franco Quintero: exdirector de Investigaciones de la DGCIM.
  5. Rafael Blanco Marrero: exsubdirector de la DGCIM.
  6. Hannover Guerrero Mijares: exdirector de Investigaciones de la DGCIM.
  7. Carlos Calderón Chirinos: exdirector de Investigaciones del SEBIN.
  8. Elio Estrada Paredes: exdirector de la Policía Nacional Bolivariana y comandante de la Guardia Nacional Bolivariana.
  9. Douglas Rico González: director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
  10. Jhonny Salazar Bello: subdirector del CICPC.
  11. Danny Ramón Ferrer Sandrea: militar retirado, designado viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal en noviembre de 2024.
  12. Alexis Rodríguez Cabello: director del SEBIN.
  13. Javier Marcano Tábata: director de la DGCIM.
  14. Néstor Reverol Torres: exministro del Interior, Justicia y Paz.
  15. Manuel Cristopher Figuera: exdirector del SEBIN.
  16. Hildemaro Rodríguez Múcura: excomisario del SEBIN.
  17. Rubén Darío Santiago Servigna: director de la Policía Nacional Bolivariana.

La inclusión de estas personas no constituye una declaración de culpabilidad penal. Sus circunstancias individuales, las pruebas disponibles y la naturaleza de las posibles responsabilidades son diferentes. VEPPEX solicita que cada caso sea evaluado de manera independiente, sobre la base de evidencias confiables, las leyes aplicables y el respeto al debido proceso.

Solicitudes formales

  • PRIMERO: Examinar la documentación disponible sobre presuntos actos de tortura y otras graves violaciones de derechos humanos cometidos en instituciones de seguridad e inteligencia venezolanas, incluidos los hallazgos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
  • SEGUNDO: Determinar si las evidencias disponibles ofrecen fundamentos para una investigación penal conforme a las leyes federales estadounidenses aplicables, incluida la disposición 18 U.S.C. § 2340A sobre tortura cometida fuera de Estados Unidos, siempre que se cumplan sus requisitos de jurisdicción.
  • TERCERO: Evaluar posibles responsabilidades penales individuales, incluyendo participación directa, órdenes, facilitación u otras formas de intervención reconocidas legalmente en actos de tortura y delitos relacionados.
  • CUARTO: Cuando corresponda, coordinar con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y otras autoridades federales competentes para examinar las evidencias pertinentes y determinar si proceden nuevas investigaciones o actuaciones legales.
  • QUINTO: Examinar, dentro de las competencias de los organismos correspondientes, si la información relacionada con alguno de los funcionarios mencionados justifica una evaluación migratoria, incluidas posibles causales de inadmisibilidad u otras restricciones legalmente aplicables.
  • SEXTO: Facilitar mecanismos adecuados para preservar evidencias y permitir la presentación confidencial de testimonios de víctimas y testigos, garantizando medidas apropiadas para proteger su seguridad y privacidad.

VEPPEX considera que las denuncias graves de tortura no deben ser ignoradas por el hecho de que las conductas denunciadas hayan ocurrido fuera del territorio estadounidense. Al mismo tiempo, reconocemos que toda investigación o procesamiento federal debe cumplir los requisitos de jurisdicción y los estándares jurídicos correspondientes.

La búsqueda de responsabilidades resulta esencial para combatir la impunidad y proteger los derechos de las víctimas de persecución política.

Solicitamos respetuosamente una confirmación de recepción de esta comunicación e información sobre el procedimiento adecuado para presentar documentación adicional.

VEPPEX queda a disposición para aportar información documentada de carácter público y facilitar, con su consentimiento y las debidas garantías, el contacto con posibles fuentes de evidencia.

Agradecemos su atención a esta solicitud.

Atentamente,

José Antonio Colina
Presidente
Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX)
Miami, Florida
Estados Unidos

Documentación de respaldo propuesta: Informes de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU; registros oficiales de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea; informes de derechos humanos; y testimonios corroborados de víctimas y testigos, cuando estén disponibles.

Despliegue policial impidió a trabajadores llegar hasta Miraflores para protestar

Caracas. – Este martes trabajadores activos, jubilados, pensionados, maestros, gremios de la salud y profesores universitarios marcharon en Caracas, para exigir salarios y pensiones dignas, inclusión de los bonos en los sueldos y el cumplimiento de las convenciones colectivas. No obstante, la movilización fue bloqueada por un fuerte contingente antimotín de la PNB.

La concentración comenzó frente a la sede del Ipasme, en La Hoyada, desde donde los manifestantes partieron después de las 10:00 a. m. con la intención de llegar al Palacio de Miraflores. Bajo la consigna “+ salario ya”, exhibieron pancartas y banderas para reclamar mejoras en sus ingresos.

A la protesta se sumaron representantes de los sectores salud y educación, organizaciones sindicales y ONG como Provea, además de familiares de presos políticos que exigieron la liberación de sus allegados.

También se unieron familiares de presos políticos, quienes alzaron la voz para demandar la excarcelación de los detenidos. «Libertad para todos. Señora Delcy, señor Trump, acá no estamos bailando. Libertad ya para todos… Ni uno, ni dos, que sean todos», manifestaron durante el trayecto.

Durante el recorrido también se escucharon consignas a favor de la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE). “No tengo miedo, me lo quité, yo lo que quiero es un nuevo CNE”, corearon algunos participantes.

La marcha pudo movilizarse sin contratiempos hasta llegar a media cuadra de la avenida Urdaneta, frente a la sede del Ministerio de Economía y la Iglesia Nuestra Señora de Altagracia en el centro de Caracas. No obstante, el enorme despliegue policial les impidió estar adyacentes siquiera de Miraflores, donde tenían pensado concentrarse para alzar sus voces contra la Narcotiranía chavista.

Sin embargo, al menos seis dirigentes lograron pasar y entregar las cajas con más de 50 mil firmas que tenían previsto consignar. En imágenes publicadas en redes sociales se podía ver que los funcionarios policiales se montaban en sus unidades y grababan a los manifestantes que les exigían que les permitieran seguir su paso hacia Miraflores.

Gricelda Sánchez, dirigente gremial del sector educativo, indicó que “las prestaciones sociales de un maestro en Venezuela, cuando se jubila, lo que recibe son 20 dólares después de 25 años de profundo trabajo”.

Sánchez aseguró, que aunque varios docentes reciben entre USD$ 240 y 300 en bonificaciones, esos ingresos siguen siendo insuficientes frente al costo de la canasta básica. Por su parte, José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), cuestionó el despliegue policial y explicó que el objetivo era entregar un documento para solicitar la discusión de las tablas salariales.

“Los ingresos que tiene la nación son suficientes para honrar las demandas de los trabajadores (…) Vinimos a consignar un documento para discutir la tabla salarial. No hace falta nada de esto”, expresó.Afonso formó parte del grupo que pudo acceder al despacho presidencial, para entregar las peticiones y firmas.

Revelan entrega de monedas de oro de Delcy Rodríguez a Ábalos y Koldo en España

Caracas. – Delcy Rodríguez habría entregado monedas de oro de 24 quilates al exministro español José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García Izaguirre en 2020, cuando se desempeña como «vicepresidente» del narcorégimen chavista, controlado en ese entonces por Nicolás Maduro.

Así lo revela el medio digital El Español en un reportaje publicado este pasado lunes, en el cual precisa que la entrega del dinero se produjo en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, el 20 de enero de 2020, durante el episodio conocido como el ‘Delcygate’. Meses después, también se habrían producido entregas de lingotes de oro en Caracas.

Según la publicación, el entonces ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, envió a Víctor de Aldama una fotografía de un lingote de un kilogramo, valorado en unos 50.000 euros en 2020.
El medio también sostiene, que las entregas buscaban influir en la posición del Gobierno de Pedro Sánchez frente a Venezuela y frenar su respaldo a Juan Guaidó.

La información se basa en fuentes conocedoras del caso y documentos obtenidos por El Español y selaña que las monedas estaban acuñadas con la imagen del libertador Simón Bolívar y habrían llegado a España junto con otros obsequios destinados al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, e integrantes de su Ejecutivo.

De hecho, la entrega a Ábalos y Koldo fue confirmada por varias fuentes consultadas por el periódico. “La información que forma parte de la causa detalla que Rodríguez habría traído consigo monedas de oro y otros obsequios. Aldama sostiene que (José Luis) Ábalos y Koldo (García Izaguirre) recibieron parte de ese material. También indica que hubo lingotes sin marcar, cuya entrega pudo llevarse a cabo en Venezuela o bien ser comunicada desde allí”, se reporta.

En la declaración que cita el medio de comunicación, Aldama dijo que recibió presuntas fotografías con lingotes de oro después del ‘Delcygate’ enviadas por el exministro de economía venezolano, Simón Zerpa. “La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) está tratando de aclarar quién entregó cada pieza, cuál era su valor y si el oro estaba relacionado con comisiones de operaciones petroleras”, se lee en la nota.

La fotografía habría sido recuperada por la Guardia Civil de uno de los dispositivos electrónicos incautados a Aldama durante su detención en 2024. El medio asegura que el empresario confirmó la entrega de monedas y lingotes de oro a Ábalos y Koldo por parte del chavismo.

Del mismo modo, la investigación también incluye conversaciones entre Koldo García y quien entonces era su esposa, Patricia Úriz, recuperadas de los dispositivos electrónicos examinados por la Guardia Civil.

En las conversaciones se abordan supuestos negocios relacionados con el petróleo y operaciones con PDVSA. En otra declaración, el empresario afirmó que Delcy Rodríguez le entregó un sobre con documentos de la estatal petrolera venezolana. “Aldama relaciona el contenido con una presunta financiación al PSOE y de la Internacional Socialista, aunque no detalló el contenido de los papeles», indica el reportaje.

El medio también habla sobre el rastro del oro, cuya huella es más difícil de borrar que la del dinero en efectivo. “Su pureza, peso, origen y comercialización suelen quedar registrados en compraventas. Cada lingote, aun sin marca visible, puede narrar una historia si se cuenta con el documento correcto”, afirma El Español.

Bloomberg: Maikel Moreno y Tareck El Aissami podrían ser los próximos chavistas extraditados

Caracas. – El expresidente ilegítimo del TSJ, Maikel Moreno y el exministro írrito de Petróleo y exvicepresidente ejecutivo del narcorégimen, Tareck El Aissami, figuran entre los exfuncionarios de la tiranía que podrían ser extraditados a EE. UU., de acuerdo con una información revelada por el portal noticioso Bloomberg.

Un reportaje publicado este lunes por la citada web sobre el traslado del empresario acusado de lavado de dinero Álvaro Pulido Vargas a la justicia estadounidense, incluye una mención que ha encendido las alarmas en el entorno chavista, pues, indica que El Aissami y Moreno podrían ser los próximos en ser entregados.

Cabe señalar que esta posibilidad se plantea en medio del acercamiento entre Caracas y Washington y de una mayor cooperación en materia judicial. El pasado 11 de octubre, el empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas fue trasladado desde Venezuela a EE. UU., donde deberá responder por cargos relacionados con presuntos sobornos y lavado de dinero.

Es necesario recordar que Pulido permanecía detenido en territorio venezolano desde 2023, por una investigación de corrupción, y el medio no afirma que El Aissami y Moreno sean los próximos en ser extraditados, pero los identifica explícitamente como objetivos de las autoridades estadounidenses en el marco de una cooperación judicial que no ha dejado de crecer desde la captura del genocida dictador que sometía a Venezuela, Nicolás Maduro.

«Entre las personas buscadas por las autoridades estadounidenses se encuentran el exministro de Petróleo Tareck El Aissami, detenido en Venezuela desde 2024, y el expresidente del Tribunal Supremo Maikel Moreno», señala el texto de Bloomberg.

Moreno presidió el TSJ entre 2017 y 2022. En 2023, fiscales estadounidenses lo acusaron de presuntamente participar en un esquema de lavado de dinero y recibir sobornos a cambio de influir en decisiones judiciales. Los señalamientos se relacionan con hechos que habrían ocurrido entre 2014 y marzo de 2019.

El Aissami ocupó cargos de alto nivel durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, entre ellos el Ministerio de Relaciones Interiores, la Vicepresidencia Ejecutiva y el Ministerio de Petróleo. Renunció a esta última cartera en marzo de 2023, tras el inicio de una investigación por irregularidades en Petróleos de Venezuela (PDVSA), aunque se estima que fue una purga interna del chavismo lo que derivó en todo ello.

Aparte de Pulido Vargas, el interinato de Delcy Rodríguez también extraditó recientemente hacia EE. UU. al miembro del Tren de Aragua, Aníbal Alexander Canelón Aguirre. Este patrón de entregas sostenidas refleja la política de Rodríguez, quien, desde que sustituyó a Maduro, ha reorientado al narcorégimen hacia las prioridades de Washington. Bloomberg describe ese giro como «una creciente cooperación policial entre Caracas y Washington».

Trump asegura que juicio de Maduro seguirá «su curso en tribunales»

Caracas. – El presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró este lunes, que el proceso judicial contra Nicolás Maduro seguirá su curso en los tribunales estadounidenses, y afirmó que el exlíder del narcochavismo “hizo cosas muy malas”.

En declaraciones ofrecidas desde la Casa Blanca, el mandatario fue consultado por el periodista David Alandete sobre la nueva imputación contra Maduro y sobre otras personas vinculadas a la Narcotiranía que este controlaba.

En este sentido, dejó entrever que podrían producirse nuevas acciones contra integrantes del narcorégimen interino, luego de ser consultado sobre las imputaciones contra Maduro y otros funcionarios de la tiranía quienes también están acusados.

“Bueno, creo que van a pasar muchas cosas. Va a seguir su curso, irá a los tribunales. Pero hizo cosas muy malas”, respondió Trump al periodista español. Ante la pregunta directa sobre la posibilidad de nuevas extradiciones, el presidente se limitó a señalar que “su captura fue un gran logro. Venezuela fue un gran logro”.

Las declaraciones se produjeron durante un intercambio con periodistas a las afueras de la Casa Blanca. La conversación también abordó las críticas de legisladores republicanos al acuerdo de diésel con Rusia y la posición de Trump sobre las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

Carlos Giménez asegura que Diosdado Cabello correrá la misma suerte de Álvaro Pulido

Caracas. – El congresista republicano estadounidense, Carlos Giménez, volvió a lanzar una dura advertencia a Diosdado Cabello, tras conocerse este pasado domingo la entrega a las autoridades de Estados Unidos, del empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, uno de los principales socios de Alex Saab, también detenido por la justicia estadounidense y entregado por el propio narcorégimen interino de Delcy Rodríguez.

«Y pronto tendremos a Diosdado Cabello también», escribió el legislador en su cuenta de la red social X, en alusión al actual e ilegítimo ministro de Interior y Justicia de Delcy Rodríguez. Giménez reaccionó a la noticia sobre la extradición de Pulido, y afirmó esperar que Diosdado también termine bajo custodia de la justicia estadounidense.

«Todos estos criminales, narcoterroristas han saqueado a la nación venezolana y tendrán que enfrentar la justicia por su patético accionar», agregó el funcionario estadounidense a través de la misma plataforma.

En las últimas semanas ha sido notoria la insistencia del representante republicano por el destino de Cabello. En reiteradas ocasiones ha publicado mensajes, en sus redes sociales, indicando abiertamente que ya es la hora de ver al segundo al mando del Cartel de los Soles, frente a un tribunal federal estadounidense enfrentando acusaciones por narcoterrorismo, y crímenes de lesa humanidad.

Cabe recordar, que la recompensa de $25.000.000 por la captura de Cabello continúa en pie. El mismo secretario de Estado de EE.UU. , Marco Rubio, ha asegurado a los medios que esta medida en contra del peligroso jerarca chavista, no ha cambiado.

Pese a amenazas de Maduro, narcorégimen interino autorizó a Starlink en Venezuela

Caracas. – Pese a las amenazas que una vez Nicolás Maduro lanzó contra el dueño de la firma satelital Starlink, Elon Musk, la transnacional fue autorizada ahora por el narcorégimen chavista interino, a comercializar sus servicios de internet satelital en todo el territorio nacional.

Aunque Starlink se abstuvo hasta ahora de comercializar sus servicios en Venezuela, el 3,6% de los usuarios de internet del país ya utiliza estos equipos de manera irregular, según APNIC, un organismo internacional de registro de direcciones de internet.

La autorización formal fue anunciada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (CONATEL), la cual concedió siete licencias a la subsidiaria venezolana de SpaceX, para que Starlink ofrezca internet satelital en todo el país.

El regulador anunció la autorización el pasado viernes, según su comunicado sobre la operación formal de Starlink. La decisión formaliza la prestación del servicio en el país, donde ya había usuarios pese a los obstáculos regulatorios.

El permiso nacional distingue entre el uso de antenas y la operación autorizada de un proveedor de telecomunicaciones. La información disponible no detalla el alcance individual de las siete licencias, las condiciones comerciales asociadas ni cuándo comenzará la prestación regular bajo el nuevo marco. Por eso, esos aspectos no pueden darse por definidos a partir del anuncio.

«Con esta medida, se autoriza legalmente la prestación del servicio de internet satelital de la marca Starlink en todo el territorio nacional», indicó CONATEL en un mensaje en Instagram.

Antes de su captura en un operativo militar de EE. UU. en enero, Maduro había emprendido una campaña propagandística contra Musk con una caricatura que caracterizaba al magnate sudafricano como un ser demoníaco.

Las absurdas amenazas del tirano chavista y sus parodias, han sido recordadas en diversas plataformas digitales durante los últimos días.

Después del fraude y robo electoral ejecutado por Maduro en 2024, hecho condenado dentro y fuera de Venezuela, los organismos represivos del narcorégimen detuvieron a personas que comercializaban antenas de Starlink.

La firma satelital anunció el 4 de enero de manera sorpresiva que ofrecería el servicio de banda ancha gratis durante un mes en Venezuela, tras la incursión aérea lanzada por EE. UU. que culminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Balance de Foro Penal: hay todavía 332 rehenes políticos tras las rejas

Caracas. – La ONG Foro Penal ofreció este viernes un nuevo balance sobre los rehenes políticos en el país, en el cual contabilizó 322 detenidos en el país, de los cuales 31 son extranjeros o tienen doble nacionalidad, según un boletín publicado con fecha de corte hasta el 5 de octubre.

Este reciente reporte precisó cinco excarcelaciones y tres personas recientemente identificadas, como secuestrados por motivos políticos. La cifra corresponde a una actualización respecto de la semana anterior. Del total de personas detenidas, 308 son hombres y 14 mujeres, mientras que 182 son civiles y 140 militares. Todos los casos registrados corresponden a adultos.

Igualmente, Foro Penal destacó que desconoce el paradero de uno de los rehenes políticos. El informe también señala que 152 personas han sido condenadas y 170 permanecen sin condena. Además, 31 de los detenidos tienen nacionalidad extranjera.

Este pasado jueves, la ONG Alianza por la Libertad de los Presos Políticos exigió ante el Palacio de Justicia en Caracas la adopción de medidas administrativas y una coordinación institucional, entre los entes que corresponda, para solucionar el retardo procesal en los casos de estos detenidos.

Los activistas, familiares de las víctimas del narcorégimen por motivos políticos, acudieron entonces hasta la sede del Palacio de Justicia para entregar un documento dirigido al presidente del Circuito Judicial de la capital venezolana, John Parody, en el que piden medidas para acelerar la celebración de audiencias.

Después de que en enero pasado EE. UU. capturara a Nicolás Maduro, el chavismo interino dirigido por Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones, que se ha extendido durante todo el año y que incluyó la aprobación, en febrero, de una ley de amnistía por parte del Parlamento, considerada por muchas ONG como excluyente. Sin embargo, no han cumplido del todo con sus palabras.