Caracas. – Cuatro rehenes políticas, hermanas de dos militares disidentes, fueron finalmente excarceladas este viernes por el narcorégimen interino del chavismo. Aranza Hernández Castillo, Ana Zoris Gutiérrez, Daniela Araña y Génesis Araña, pudieron salir de prisión y reencontrarse con sus familiares.
Las liberaciones fueron reportadas por ONG como el Comité para la Liberación de los Presos Políticos (CLIPPVE) y Foro Penal. Foro Penal explicó en una publicación en redes sociales, que Génesis Rodríguez Araña y Daniela Araña son familiares del teniente José Rodríguez Araña, militar exiliado en EE. UU. que denunció persecución del régimen chavista tras ser vinculado a la denominada Operación Aurora.
La liberación coincidió con la excarcelación de Aranza Hernández Castillo, cuyo caso había sido denunciado por organizaciones de derechos humanos como un ejemplo de persecución contra familiares de militares considerados opositores al chavismo.
El caso de Hernández Castillo respondió únicamente a su parentesco con el primer teniente Christian Hernández. La joven, de 19 años, fue arrestada junto a su hermana Samantha Hernández, de 16 años, y su tío Henry Castillo. Samantha obtuvo la libertad hace poco tiempo, pero Castillo continúa detenido.
Finalmente, fue también excarcelada Ana Zoris Gutiérrez Torres, prima del capitán Antonio José Sequea Torres, quien había permanecido recluida en la prisión de mujeres Las Crisálidas durante más de ocho meses tras ser detenida en septiembre de 2025 junto a otros familiares del militar.
Gutiérrez Torres había sido secuestrada el 20 de septiembre de 2025 por hombres encapuchados en Guatire, estado Miranda, junto a la madre del capitán, Merys Torres de Sequea, de 71 años. En noviembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección ante su situación de desaparición forzada.
Caracas. – El narcorégimen chavista encargado otorgó, este pasado jueves, una licencia a la empresa británica Shell para avanzar en la primera fase de desarrollo, exploración y explotación del campo gasífero Loran, considerado uno de los proyectos energéticos más importantes que es compartido con Trinidad y Tobago.
En un acto político televisado desde el Palacio de Miraflores, y encabezado por la encargada del narcochavismo, Delcy Rodríguez, se suscribieron varios acuerdos para el “desarrollo integral de las unidades de producción Carito y Pirital de la división Punta de Mata”, en el estado de Monagas.
Rodríguez explicó que la licencia permitirá un “aprovechamiento adecuado del gas para la exportación” de este recurso. Cabe señalar que el campo de gas Loran cuenta con siete yacimientos, de los cuales seis son transfronterizos con Trinidad y Tobago.
Rodríguez calificó el otorgamiento como un “paso histórico” debido a que el campo transfronterizo “estuvo sin desarrollo” durante 23 años, por lo que celebró la alianza con “una de las empresas más importantes en el mundo”, en referencia a Shell.
Por su parte, Peter Costello, presidente de Exploración y Producción de Shell, afirmó que «la firma de estos acuerdos son un logro maravilloso para Venezuela y Shell y subraya nuestra alianza de mucho tiempo».
El narcorégimen interino de Rodríguez ha suscrito acuerdos con varias de las principales petroleras del mundo, entre ellas la británica BP y la española Repsol. Expertos petroleros han señalado que Venezuela desperdicia miles de millones en pies cúbicos de gas, lo que provoca pérdidas económicas y graves daños ambientales.
Roymer A. Rivas B., un simple estudiante comprometido con la verdad, teórico del Creativismo Filosófico, lo demás no importa.
“… Dado el tiempo en el cargo y la urgencia del momento, a todas luces, ella es cómplice del sufrimiento de miles de familias venezolanas. No hay ni un solo ex preso político, léase bien: NI UNO, que haya sido liberado por mediación de la defensoría del pueblo.”
[*]Un mito popular sostiene que el avestruz esconde la cabeza bajo la tierra por miedo, pero lo cierto es que el avestruz nunca hace eso; lo que hace es presionar la cabeza y el cuello firmemente contra el suelo, dejando su voluminoso cuerpo inmóvil para camuflarse con el entorno cuando detecta un peligro y para evaluar las vibraciones de la tierra. Visto desde lejos, parece que la cabeza del ave desaparece, o que está enterrada, pero nada más alejado de la realidad[1]. De hecho, si la amenaza es inminente, real, no se esconden, utilizan sus fuertes patas para correr a velocidades de hasta 70 km/h o para defenderse.
Este comportamiento, distorsionado por el mito, es lo que dio origen a la metáfora de “la ética del avestruz”[2] para referir a la actitud de ignorar deliberadamente los problemas, la injusticia o la realidad moral con tal de no enfrentar consecuencias. En el argot popular, la metáfora del avestruz se usa para describir la actitud de quien, teniendo una responsabilidad legal y/o moral gigantesca, decide “esconder la cabeza” para evadir el entorno y no actuar conforme a las demandas que la misma realidad le exige. Por esta razón, hoy apelaré a ello para describir al personaje que en la actualidad funge como “Defensora del pueblo”, a saber: Eglée González Lobato (EGL), porque calza perfectamente ella. Para sostener esto como se debe, me di la tarea de diseccionar la carrera de EGL, así que comenzaré desde el principio.
Del aparente disenso al colaboracionismo estatal
Antes de su incorporación formal a las estructuras del Poder Ciudadano, EGL edificó un sólido perfil técnico y docente en la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde se desempeñó como directora de la Escuela de Derecho y coordinó la Cátedra Libre Democracia y Elecciones. De hecho, su labor se extendió al Consejo Nacional Electoral (CNE) como consultora jurídica y directora ejecutiva del despacho del exrector Luis Emilio Rondón[3], además de colaborar ad honorem con el Centro Carter[4] y participar en la Red de Organizaciones Civiles Electorales. En esta línea, durante la crisis del 2018, EGL cofundó el Proyecto de Entendimiento Nacional con el fin de proponer reformas electorales, denunciando abiertamente la desconexión existente entre el Poder Electoral y los ciudadanos.
No obstante, más o menos por el mismo periodo es que discurso muta —¿O se quita el disfraz?— de un enfoque “crítico” a las fallas estructurales del régimen chavista para concentrarse en deslegitimar a las principales coaliciones de la “oposición”, de manera específica a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y a liderazgos como el de María Corina Machado. Esto llama la atención, porque ella misma había estado cerca de la PUD, a través de la Comisión Nacional de Primarias, que llevaría a la realización de las primarias el 22 de octubre de 2023[5], pero en el año 2024, a través de intervenciones públicas, reprodujo de forma directa los discursos del chavismo. Por ejemplo, en julio de 2024, en una entrevista concedida a la cadena internacional CNN, EGL justificó la viabilidad de la continuidad del chavismo en el poder al señalar que, pese a las encuestas favorables a Edmundo González Urrutia, Nicolás Maduro poseía la “maquinaria y votos” para ganar la presidencia “sin fraude electoral”[6]. No conforme con esto, en enero de 2026 legitimó el discurso de soberanía del régimen de Nicolás Maduro al declarar en el portal chavista La Iguana, junto a la advenediza de Indira Urbaneja, que los cuestionamientos sobre el tutelaje extranjero eran meras ficciones, pues “Gobierna el Gobierno de Venezuela. Eso del tutelaje, del protectorado, es parte del relato de Washington”[7]. Asimismo, catalogó públicamente de “traidores” a quienes solicitaban sanciones internacionales o presión externa contra el narcorégimen chavista[8] y a finales de marzo de este año participó activamente en un evento político dentro de la UCV promovido por el Gran Polo Patriótico y, ante la manifestación pacífica de los estudiantes, quienes denunciaron que los organizadores del evento ofrecían hasta USD$ 100 para cooptar y desmantelar los movimientos estudiantiles autónomos, González Lobato confrontó a los estudiantes exclamando: “No me vengan a hablar como unos fascistas locos”[9].
Con todo, EGL se postula al cargo de la Defensoría del Pueblo y es juramentada como tal por la Asamblea Nacional chavista el 09 de abril de 2026.
La ética del avestruz de la nueva “Defensora del Pueblo”
Ya en el cargo, no es de extrañar que EGL no haya montado una campaña para “defender al pueblo” —que es, en teoría, lo que debe hacer— y sí haya guardado silencio ante los crímenes cometidos por el chavismo y que han salido a la luz en las últimas semanas, especialmente en lo que a los presos políticos respecta. Habrá que adivinar qué aberración de concepto tiene EGL sobre su investidura, pero, se supone, el Defensor del Pueblo en Venezuela es la institución del Estado[10] encargada de promover, defender y vigilar los derechos humanos y las garantías constitucionales, por lo que su objetivo es proteger a los ciudadanos frente a los abusos o fallas cometidos por los órganos de la administración pública. No obstante, EGL, a pesar de tener frente a sus ojos las denuncias de torturas, persecución y la muerte de ciudadanos bajo custodia del Estado, prefiere ignorarlo para no tener que actuar contra el poder que la designó. He aquí precisamente una semejanza con el avestruz, que ella elige no mirar y esconder su cabeza en la burocracia y un comunicado estéril —como lo hizo con el caso de Víctor Quero Navas, constituyendo una burla para su sufrimiento y el de su familia—, al mismo tiempo que simula que el problema en Venezuela no existe o que no es de su incumbencia.
Yo me pregunto: ¿Será que ella cree que el silencio la exime de culpa? Mientras el entorno chavista colapsa y salen a la luz más pruebas fehacientes de los crímenes cometidos por el chavismo en sus mazmorras, y con las víctimas exigiendo justicia, ¿Puede ella llamarse “defensora del pueblo” cuando no hace absolutamente nada para defender “al pueblo”? En este escenario, bien le queda el título de “la Defensora del puesto”, porque se refugia en la comodidad de su despacho y asiste a entrevistas, omitiendo acciones concretas hacia las victimas del chavismo, para salvarse a sí misma y proteger su cargo. EGL no es ignorante, ella tiene formación jurídica, sabe lo que ocurre en Venezuela, pero prefiere camuflarse e intentar mimetizarse con el entorno institucional chavista para pasar desapercibida, midiendo las vibraciones del poder —como buen avestruz— para saber hacia dónde moverse sin arriesgar su posición.
¿Cuál es la diferencia entre ella y el anterior personaje que ostentaba el cargo de “Defensor del Pueblo”? Lo único que le falta a ella es dirigir también sesiones de torturas ella misma, grabarlo y enviárselo a la cúpula chavista. De menos, no tiene que envidiar absolutamente nada. Dado el tiempo en el cargo y la urgencia del momento, a todas luces, ella es cómplice del sufrimiento de miles de familias venezolanas. No hay ni un solo ex preso político, léase bien: NI UNO, que haya sido liberado por mediación de la defensoría del pueblo. Como Defensora del Pueblo, su mandato constitucional le otorga la facultad y el deber de inspeccionar cada uno de los centros de reclusión y velar por los derechos humanos, pero ella decide, por voluntad propia, anular sus facultades de interpelación. Aplica una ceguera y sordera selectivas frente al dolor de las víctimas. Es decir, también como buen avestruz, baja la cabeza y piensa que nadie la ve, pero sigue dejando el cuerpo expuesto, porque, por más que ella intente esconder su responsabilidad detrás de la burocracia, de la hoja de ruta del papeleo o de tecnicismos legales —que es, de hecho, el mismo mal en el que incurrió la comunidad internacional durante todos estos años—, su omisión es gigantesca y visible para todo el mundo[11]. Los delitos del chavismo —presos políticos torturados, falta de atención médica, los asesinatos en sus mazmorras— se quedan ahí para exponer su complicidad ante la opinión pública. Ergo, tú, EGL, no puedes ocultar tus manos manchadas de sangre.
Ella prometió activar “mesas de trabajo” y “comisiones especiales” para revisar algunos casos[12] y coordinar esfuerzos con alcaldías y ministerios para la “humanización de espacios”[13], pero no dice nada de los más de 12400 casos de personas que permanecen detenidas en Venezuela por más de dos años sin haber recibido una sentencia firme[14], o de los más de 8200 reclusos que sobreviven hacinados en centros de detención preventiva diseñados para instancias máximas de 48 horas[15], o del hecho de que cada dos días murió un preso en el año 2025 en Venezuela, el 95% de ellos por falta de asistencia médica[16], o los más de 400 presos políticos que aún siguen en manos del régimen en condiciones inhumanas.
Esto es importante señalarlo, porque al menos el anterior titular del cargo no engañaba a nadie, era una pieza declarada del engranaje chavista. Pero en la coyuntura venezolana actual, el valor de uso de EGL para el régimen es todavía mejor, porque su función no es solo garantizar la impunidad, sino servir de fachada internacional de que “las cosas están cambiando”. Al colocarla en la Defensoría bajo la etiqueta de “la oposición”, el chavismo puede simular un pluralismo inexistente y blanquea su rostro ante el mundo, como lo hizo durante años. Es decir, el régimen ya no necesita fiscales o defensores que griten consignas revolucionarias, porque le son mucho más útiles los personajes “respetables” que aplican el lenguaje sofisticado del derecho para normalizar la tiranía y diluir la gravedad de los crímenes de lesa humanidad en mesas de diálogo estériles[17]. En suma, el nombramiento de EGL es el pago a su labor, servil al chavismo durante años[18].
Excurso: de la ovación al servilismo, la corta memoria del venezolano
Este fraude moral orquestado por el chavismo, llamado: “Defensora del pueblo”, con EGL a la cabeza, adquiere una dimensión personal en mi propia memoria, pues, en el año 2023, apenas semanas después de regresar de mi exilio en Perú, asistí a la novena edición del foro aniversario de Hablan los jóvenes —organizado por la asociación Más Ciudadanos—, celebrado en un auditorio de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Caracas. Una de las sesiones era un panel que estaba integrado por José Huerta, Robinson Rivas y, especialmente, EGL, moderado por Ana Milagros Parra[19], en el que se hablaban de los aspectos técnicos del sistema electoral[20].
En aquel momento, bajo la efervescencia colectiva y los preparativos para las elecciones primarias de la oposición, la opinión pública orbitaba de manera exclusiva en torno a la ruta electoral. Cuando llegó el turno de palabra de estos personajes, arropados por esa épica artificial y emocional que caracteriza a la “oposición” venezolana, el auditorio entero comenzó a aplaudir con un entusiasmo acrítico. Pero el paroxismo y el delirio generalizado llegaron cuando habló EGL, quien respondió a ciertas inquietudes de algunos presentes, así como objeciones en contra de la ruta electoral planteada, expresando que “sí se iba a poder”. Ante ello, la masa universitaria se desbordó en silbidos, vítores y ovaciones unánimes, aplaudiendo como focas ante su retórica vacía[21].
Visto desde el presente, resulta lamentable constatar cómo figuras que se venden bajo el rótulo de la disidencia y la respetabilidad académica terminan siendo servidores dóciles de la tiranía. Pero lo verdaderamente trágico, más lamentable aún, es el hecho que ilustra lo vivido ese día, ya que es un síntoma inequívoco del mal crónico del venezolano, a saber: la amnesia colectiva. El caso de EGL ilustra deja en evidencia una estrategia chavista bien calculada, que es el posicionar a ciertos personajes en el espectro “opositor”, consiguiendo que parte de la sociedad civil, e incluso la comunidad internacional, aplaudan sus acciones, aparentemente disidentes, para luego usarlos en sustitución de personajes “radicales” dentro del chavismo. Es decir, como ya mencioné, cambiar a los “radicales” por los complacientes, porque al sistema chavista no siempre le conviene colocar a un militante de línea dura del PSUV y le es mucho más útil una figura con credenciales académicas y de disidencia para simular una apertura democrática. De hecho, son estas mismas figuras las que actúan como una válvula de escape, al vender épica electoral que canaliza la frustración de la gente hacia rutas que el chavismo ya tiene controladas o calculadas —¿O necesitan que recuerde todo lo que ha pasado post-primarias?[22]—.
Nadie en ese entorno parece recordar que, apenas unos meses atrás, fueron ellos mismos quienes encumbraron, legitimaron y aplaudieron de pie a EGL, regalándole un poco más del capital político que hoy ella le vende al régimen. Es decir, aplaudieron como focas a un personaje, así como con muchos otros, que luego los han traicionado. Esto, sin duda alguna, dice mucho de la sociedad venezolana y del motivo por el cual, hoy por hoy, vivimos lo que vivimos, que no es más que caer en la retórica del mesianismo y la salida rápida, y todo el que critique es “divisionista” o ya directamente “chavista”[23]. Si bien, el verdadero peligro de este ciclo no es solo que EGL haya terminado en un despacho oficialista ignorando los crímenes de lesa humanidad, sino la mala memoria que lleva a aplaudir y santificar la impunidad de los camaleones políticos —como los que hoy rodean a María Corina Machado—, condenando al país a repetir el mismo ciclo de entusiasmo y traición. Sufrir la injusticia es trágico, pero aplaudir activamente a los arquitectos de tu propio cautiverio es el verdadero triunfo del sistema chavista.
[1] ¿Cuán efectivo es eso en la naturaleza? No lo sé, a simple vista me parece tonto que un animal que puede medir hasta 3 metros y pesar 120 kilos pueda creer que se “camufla” haciendo eso. Pero precisamente por eso me parece perfecta la comparación. Sigamos.
[2] Acoto que la expresión no es una teoría o rama de la filosofía moral, simplemente se usa popularmente para aludir, en el ámbito de la ética, a la actitud descrita en el párrafo.
[3] Luis Emilio Rondón fue rector principal del CNE entre 2014 y 2020, es decir, precisamente el tiempo cuando más crímenes cometió el chavismo contra la sociedad venezolana, y precisamente el tiempo en el que se gesta la falsa constituyente de 2017 y las elecciones presidenciales de 2018. Quizá no pueda acusarlo directa y expresamente de ser una pieza consciente del chavismo —en el sentido conspiranoico—, pero su permanencia en el CNE, sin duda alguna, sirvió para convalidar y oxigenar un sistema abiertamente fraudulento que, al mismo tiempo, ya se había probado blindado ante cualquier acción civil o política que arremetiera contra le sistema chavista. Ergo, al igual que la gran mayoría de los autodenominados “políticos opositores” que hoy acompañan a María Corina Machado, queriendo o no, fue servil a la narcodictadura chavista.
[4] No debemos olvidar, jamás, que el Centro Carter ha sido históricamente servil al chavismo, aunque se distanció en 2024.
[5] Al respecto, tengo un cuento y una reflexión, porque yo conocí directamente a EGL el 15 de septiembre de 2023, es decir, un mes antes de las primarias, en un Auditorio de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en el marco del aniversario de “Hablan los jóvenes”, IX edición. En este mismo espacio casi todos los asistentes le aplaudían como focas cada vez que refería con épica al evento electoral y la situación en Venezuela —“casi todos”, porque yo no me sumé—. Pero eso para el excurso final.
[6] Ver: Carmen Aristegui, ¿Podría lograrse la alternancia en el poder en Venezuela?, 24 de julio de 2024, en Aristegui, podcast de CNN en Español, audio. En: https://www.cnn.com/audio/podcasts/aristegui/episodes/3d363c0a-9ea3-11ee-9a10-ab127088099d (Cit. 12/06/2026). En Venezuela sabemos que eso es imposible, que no había posibilidad alguna de que Nicolás Maduro ganara unas elecciones, y que las encuestas que apuntaran a lo contrario simplemente eran serviles al régimen chavista. Por tanto, que EGL expresara esas palabras en una cadena internacional no podría ser más que una preparación del escenario para el futuro fraude —claro, si “Maduro puede ganar sin fraude”, entonces ya pone en duda cualquier manifestación de “fraude”, una vez se anunciara a Maduro como vencedor—.
[9] Es decir, ya no solo adopta de forma explícita la retórica chavista, sino que se alinea con la criminalización de la protesta pacífica, más de los estudiantes dentro de las universidades. Ver: VPITV (@vpitv), ¿Por qué la nueva defensora del pueblo llamó ‘fascistas’ a los estudiantes? …, Instagram. En: https://www.instagram.com/reels/DXCdEHBkY6S/ (Cit. 12/06/2026).
[10] … “del Estado”. Adiós la ficticia “división de poderes” que algunos liberales se empeñan en seguir defendiendo. Pero eso no compete aquí, solo no podría dejar de señalarlo. Si gusta profundizar, lea: Michael Huemer. 2019. El problema de la autoridad política. Barcelona, España. Publicado por Editorial Deusto; o el resumen, aplicado al caso venezolano, mediado por otras obras, que hago en cap. 1 de: Roymer Rivas. 2024. En defensa de la Razón, ¿Por qué no voy a votar el 28 de julio?. Publicado por Humano Insurrecto y ContraPoder News.
[11] En sus declaraciones televisivas tras asumir el cargo, EGL sostuvo que la Defensoría “no está para competir con los partidos políticos ni con las ONG”, definiendo su gestión bajo un enfoque de colaboración no confrontativo con el poder ejecutivo que encabeza Delcy Rodríguez. Ver: Argumentos GV. 2026. Eglée González Lobato: “vengo a construir confianza con acciones concretas desde la Defensoría 1/5”, 13.04.2026. Video de YouTube. En: https://www.youtube.com/watch?v=QCJl0G7xajc (Cit. 12/06/2026). Ella llegó para “construir confianza”, sí, pero confianza para los mismos criminales a los que sirve, no para los ciudadanos venezolanos. Ella no ha cuestionado en ningún momento la legalidad de los arrestos políticos ni la tortura dentro de los centros penales del régimen.
[13] Argumentos GV. 2026. Eglée González Lobato: “vengo a construir confianza con acciones concretas desde la Defensoría 3/5”, 13.04.2026. Video de YouTube. En: https://www.youtube.com/watch?v=fANBPiMDsb4 (Cit. 12/06/2026).
[17] Releo esto y caigo en cuenta que, fácilmente, aplica a toda la “oposición” venezolana.
[18] Es necesario recordar que su postulación fue presentada ante una Asamblea Nacional chavista por el diputado David Uzcátegui, en representación del partido Fuerza Vecinal, es decir, por una organización que ha cohabitado y colaborado con el régimen, y que la aprobación de su designación fue el resultado de un consenso expedito entre las bancadas del Gran Polo Patriótico, la Alianza Democrática y facciones de la “oposición”, excluyendo la participación de la sociedad civil independiente. Esto, por no decir que —apegándome a la Constitución chavista, solo porque a ellos les gusta aludir a ella siempre—, el nombramiento es totalmente inconstitucional. Al respecto, ver: Arcadia Foundation. 2026. Larry Devoe y Eglée González, designaciones en desacato constitucional. Publicado en Arcadia. En: https://arcadiafoundation.org/larry-devoe-y-eglee-gonzalez-designaciones-en-desacato-constitucional/ (Cit. 12/06/2026).
[20] A ese evento también asistió José María Casal, para el panel: “La Venezuela de las ideas”, acomáñado de Luis P. España y Asdrúbal Oliveros.
[21] Evidentemente, yo me negué rotundamente a sumarme a ese coro complaciente y ciego.
[22] Puede que salga algún aventurero defensor de los procesos que llevó a cabo la oposición venezolana desde entonces hasta ahora, así que a ustedes los mando a leer el cap. 2 de Roymer Rivas, 2024. La oposición venezolana ha fallado, una y otra vez, sin excepción, en derribar el sistema chavista. Más bien han sido funcionales al sistema, el opuesto que su opuesto necesita para existir. Alguno puede decir que “todo es parte del proceso”, pero la verdadera cuestión es: ¿Qué valor o aporte llevaron ciertas acciones a la lucha venezolana? ¿Fue negativa o positiva? Lo que sucedido el 03 de enero de 2026 deja en evidencia que la llamada “oposición” no ha sido más que una pieza domesticada dentro del engranaje del control social, un opuesto complementario que, lejos de subvertir al monstruo estatal, lo delimita, lo convalida y se nutre de él. Es la patología de la normalidad denunciada en En defensa de la razón, una sociedad adicta al engaño místico de las urnas y atrapada en la falsa representatividad democrática, donde participar es aceptar el cautiverio voluntario y legitimar la farsa de un sistema político diseñado estructuralmente para expandir el poder de la tiranía en detrimento de la libertad individual. Mientras la masa amorfa se entrega ciegamente a concursos de popularidad demagógica creyendo que votando se sale de una tiranía, la dirigencia opositora solo ha competido por cuotas de poder y rentas bajo el mismo modelo paternalista y socialista que engendró el desastre.
[23] Curioso, porque la estructura mental chavista los media a ellos y proyectan su condición existencial en otros.
Caracas. – La ONG Foro Penal señaló este jueves, que 87 rehenes políticos “tienen derecho inmediato a ser excarcelados bajo medidas cautelares” al sobrepasar los límites de la detención preventiva que establecen las leyes venezolanas.
Así lo aseguró el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, al publicar en sus redes sociales, que la situación reviste especial preocupación porque, dentro de ese grupo, 57 ciudadanos ya acumulan más de tres años privados de libertad sin haber recibido una sentencia definitiva, superando incluso el plazo excepcional previsto para este tipo de medidas.
Tras la reforma en 2021 del Código Orgánico Procesal Penal, el artículo 230 de esta normativa establece un máximo total de tres años para que las personas puedan estar en prisión preventiva. Al transcurrir este tiempo, las personas deben ser liberadas y juzgadas en libertad.
Esta semana, el Foro Penal confirmó la excarcelación de 15 militares apresados por razones políticas, entre ellos algunos que ya sobrepasaban la prisión preventiva como la teniente Karen Gómez, Tomás Enrique Macías y Guillermo Henry César Siero.
La situación de retardo procesal ha sido reconocida por las autoridades. El miércoles, durante el «relanzamiento» de la comisión de revolución judicial, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, detalló que 21,16% de la población reclusa del país (58.714 personas) llevan más de dos años detenidas y sin sentencia por parte de un tribunal.
De estos, a su vez, 183 llevan más de 10 años sin condena. Himiob afirmó que muchas de las detenciones son producto de la «admisión de hechos» como vía rápida ante el retardo judicial, y no por una real peligrosidad.
Caracas. – En medio de saqueos, una tensa calma y el hermetismo que mantiene el narcorégimen chavista interino, transcurre el tercer día de las operaciones militares llevadas a cabo en las poblaciones Las Claritas y Kilómetro 88, al sur del estado Bolívar, para combatir a la minería ilegal en esa zona.
Este jueves se registraron saqueos de algunos comercios y hasta contenedores en Las Claritas, donde las clases están suspendidos y muchos locales han optado por bajar sus santamarías, ante la incertidumbre que impera en la zona.
Fuentes extraoficiales señalan que la operación apunta contra los cabecillas de los grupos criminales que durante años han mantenido bajo control las principales zonas de explotación minera en el sur de la región.
Ante el avance de las tropas y comisiones policiales desplegadas, se reporta que un grupo considerable de mineros ya ha comenzado a acatar la orden de desalojo y a abandonar los yacimientos de forma voluntaria para evitar confrontaciones.
En las calles de Las Claritas ya se ve algunos de ellos cargando sus enseres, herramientas y pertenencias personales a cuestas. Mientras las comisiones se adentran en la selva, el día a día en Las Claritas y el Kilómetro 88 también tiene su propia tónica.
Como medida preventiva y ante la incertidumbre, las actividades escolares en todo el sector han sido suspendidas temporalmente. A esto se le suman severas fallas en los servicios públicos. Algunos pobladores dijeron que el fluido eléctrico ha estado inestable, “yendo y viniendo” de forma constante durante las últimas horas.
La ONG SOS Orinoco atribuyó la gravedad del conflicto a la consolidación de un «sistema de gobernanza criminal» que ha sido promovido por Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez durante años, tras la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016.
«La presencia de grupos irregulares y sindicatos armados en Bolívar no es espontánea. Responde a una configuración de control territorial y complicidades, con distintos niveles de articulación, promovida y tolerada por el Estado venezolano», denunció en un mensaje por sus redes sociales.
No obstante, a 72 horas de iniciarse las incursiones militares aéreas y terrestres, todavía el narcochavismo interino no ofrece explicaciones a la población. Hasta la tarde de este jueves, ninguna fuente oficial o vocero de los organismos de inteligencia y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) ha emitido declaraciones para ofrecer un balance de los resultados obtenidos o confirmar si existen personas detenidas, heridas o fallecidas tras 72 horas de incursión militar.
Desde que arrancó el despliegue a principios de semana, ha trascendido que el objetivo estratégico de la operación es desmantelar la estructura de la banda delictiva (denominada localmente como “sindicato”) que ejerce el control de la zona, liderada por Juan Gabriel Rivas Núñez (alias “El Negro Juancho”), Yohan José Romero (alias “Yohan Petrica” e integrante fundador del Tren de Aragua) y Humberto Martes (alias Humbertico).
Asimismo, fuentes de inteligencia señalan que las comisiones se mantienen tras la búsqueda y captura de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua y requerido por la justicia en EE. UU. Vale mencionar que se maneja extraoficialmente la versión de que “el Niño Guerrero” fue neutralizado por las fuerzas militares.
Algunos creadores de contenidos en plataformas como Telegram e Instagram, han difundido imágenes de sujetos aparentemente dados de baja en enfrentamientos con los militares desplegados, y aunque aseguran que estas son enviadas por personas ubicadas en el centro de los acontecimientos al sur de Bolívar, no han podido confirmar la veracidad de las fotos mostradas en sus cuentas.
Caracas. – Los rehenes políticos trasladados desde El Helicoide al Internado Judicial Carabobo, conocido como penal de Tocuyito, permanecen aislados e incomunicados desde hace una semana, según lo denunciaron defensores de Derechos Humanos enterados del caso.
El ex rehén político Nikoll Arteaga dijo que aún se desconoce cuántos reclusos fueron trasladados y quiénes integran el grupo. Explicó que los detenidos fueron ubicados en el área denominada de “reflexión”, sin que hasta ahora se haya tenido contacto con ellos.
Igualmente, manifestó preocupación por las condiciones en las que se encuentran los trasladados a Tocuyito. Indicó que ninguno ha podido comunicarse con sus familiares, lo cual considera una vulneración de sus derechos.
“Se supone que ese lugar es para el diagnóstico de los presos antes de distribuirlos a otras áreas, pero funciona como un centro de aislamiento donde están expuestos a torturas por un periodo indefinido. Pueden pasar días, semanas o meses”, explicó Arteaga.
Mientras, Kennedy Fernando Tejeda, miembro de Foro Penal Carabobo, aclaró que el artículo 41 del Código Orgánico Penitenciario establece, que el ilegítimo ministerio penitenciario dispondrá secciones diferenciadas, en cada uno de los establecimientos penitenciarios destinadas a la observación.
Según esta normativa, los reclusos deben permanecer en esas áreas por un lapso máximo de 30 días, período durante el cual deben recibir evaluaciones psicológicas, físicas y clínicas. Pero esos procedimientos rara vez se cumplen, señaló Tejeda.
También, Tejeda, quien igualmente es un ex rehén del chavismo, manifestó preocupación por las condiciones en las que se encuentran los trasladados a Tocuyito. Indicó que ninguno ha podido comunicarse con sus familiares, lo cual considera una vulneración de sus derechos.
Finalmente, advirtió que a las víctimas trasladadas a Tocuyito “no se hacen los respectivos exámenes al momento del ingreso. A algunos se les hacía una entrevista, como protocolo burocrático, pero no eran revisados por médicos capacitados, indistintamente si la persona sufría de patologías”.
Caracas. – El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, afirmó este pasado miércoles que en el corto plazo podrían conocerse “noticias importantes” vinculadas a Venezuela en el marco de la estrategia estadounidense contra el narcotráfico.
Así lo aseguró el alto funcionario estadounidense durante una sesión de entrenamiento con tropas estadounidenses en su visita a la base de Guantánamo en Cuba. Hegseth arengó a las tropas y aseguró que los cárteles, muchos de los cuales han sido designados como grupos terroristas por la Administración Trump, «están tratando de encontrar nuevas rutas» para introducir drogas en EE. UU.
«Ahora estamos colaborando con los países en sus propios territorios para localizar dónde operan estos terroristas designados y dónde producen sus drogas», explicó Hegseth a las tropas estadounidenses en Guantánamo.
«De hecho, muy pronto habrá grandes noticias procedentes de Venezuela sobre ese tema, porque ahora contamos con un socio allí, en Venezuela, dispuesto a colaborar con nosotros», aseveró.
El secretario de Guerra enmarcó estas declaraciones dentro de una estrategia regional más amplia que, según dijo, busca fortalecer la cooperación operativa con países de América Latina. En ese esquema, EE. UU. impulsa el intercambio de información de inteligencia, el seguimiento de organizaciones criminales y acciones coordinadas en distintos territorios.
Asimismo, señaló que las redes de narcotráfico han cambiado sus métodos de operación y sus corredores de ingreso hacia EE. UU., lo que obliga a una adaptación de las políticas de seguridad.
«Nicolás Maduro, de Venezuela, creyó que podía desafiar a EE. UU., pero se dio cuenta de la realidad en cuestión de 45 minutos, en plena noche, dentro del recinto más fuertemente protegido de su base mejor fortificada en la capital. Y, ya saben, ni las defensas aéreas rusas ni los guardias cubanos fueron rival para ellos», sostuvo el jefe del Pentágono.
Caracas. – Yosvet de Jesús Lozada Rojas, de 32 años, un rehén político del narcorégimen recluido en el Internado Judicial Rodeo III (Miranda), falleció este pasado martes bajo custodia del narcoestado chavista, debido a un fuerte cuadro de desnutrición que presentaba.
Sus familiares y la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunciaron que, pese a su condición delicada de salud, no recibió atención médica “oportuna y adecuada”. “El hombre de 32 años de edad presentaba un cuadro crítico de desnutrición, no lograba sostenerse en pie por sus propios medios y sufría una pérdida progresiva de la memoria, hasta el punto que le impedía reconocer a sus seres queridos”, señaló la ONG en redes sociales.
Según el OVP, su caso era conocido por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público y sus abogados habían solicitado una medida humanitaria ante el tribunal que llevaba su causa, sin obtener respuesta.
El abogado Eduardo Torres, defensor de derechos humanos, confirmó la muerte y acompañó a la familia del preso político en la morgue de Bello Monte, donde se prioriza la entrega del cuerpo. “No habrá declaraciones”, indicó Torres, quien además señaló que Lozada fue detenido en el marco de la “Operación Trueno” en Yaracuy y acusado sin pruebas sólidas.
“A pesar que los familiares notificaron formalmente la gravedad de la condición de Yosvet nunca recibieron una respuesta”, señaló el OVP al tiempo que recordó la responsabilidad del Estado venezolano como garante de la vida, salud e integridad de las personas privadas de libertad.
Yosvet Lozada fue arrestado el 22 de mayo de 2022 en el marco de la “Operación Trueno” en Yaracuy. Fue acusado de terrorismo, asociación para delinquir y tráfico ilícito de armas.
Junto a él, otros 22 jóvenes fueron apresados. Sus familiares han solicitado atención médica para todos y celeridad en el proceso judicial, pero aseguran que no han recibido una respuesta satisfactoria.
Desde el OVP señalaron, que con este caso se eleva a 22 el número de rehenes políticos fallecidos, documentados en los últimos meses, la mayoría vinculadas a la falta de atención médica oportuna. “La pena de muerte no está prevista en nuestra legislación, pero la indolencia institucional produce el mismo resultado”, indicó la ONG.
Caracas. – Las operaciones militares aéreas y terrestres que el narcorégimen chavista interino lleva a cabo en Las Claritas y el Kilómetro 88, poblaciones mineras al sur del estado Bolívar, continuaron este miércoles con el despliegue de un mayor número de efectivos en esas zonas.
Durante la tarde de este miércoles, se observó una intensa movilización de vehículos y efectivos militares con dirección al sur de ese estado, como parte de la continuidad de los operativos especiales ejecutados en las poblaciones mineras de esa entidad.
Habitantes de la zona dijeron a distintos medios, que la operación militar, que incluyó detonaciones y lo que parecían ser disparos, se ha concentrado en las áreas del antiguo proyecto Las Cristinas, impulsado por la transnacional Crystallex hasta su suspensión por parte del fallecido Hugo Chávez en 2008.
También, fuentes que prefirieron mantener sus nombres bajo reserva, aseveraron que las acciones militares se están realizando en las zonas donde “están las betas de oro y donde se van a implementar los proyectos auríferos de los inversionistas».
Asimismo, advirtieron que la situación ha generado incertidumbre entre los habitantes, comunidades indígenas y sindicatos que residen en el sur de Venezuela.
Entre los datos que se manejan en torno al mega operativo, se indica que este es coordinado y ejecutado por comisiones de organismos militares y de inteligencia provenientes, en su mayoría, de Caracas.
Igualmente, se dice que el objetivo estratégico es dar con el paradero de los principales cabecillas de la banda delictiva (conocida en la región como “sindicato”) que opera en el sector, entre ellos a los delincuentes alias Juancho, Petrica y Humbertico. Asimismo, las autoridades buscan a Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero.
Desde este pasado martes, las autoridades del municipio Caroní restringieron la salida de unidades de transporte público hacia el sur de la región. Pero, en Santa Elena de Uairén si reactivaron este martes, el traslado de pasajeros desde el terminal terrestre.
También se han producido protestas este miércoles, cuando habitantes de Las Claritas cerraron la entrada del pueblo (Troncal 10) para exigir el cese del operativo, atropellos y violación de DD. HH.
Hasta el momento, ninguna fuente oficial ha confirmado ni ofrecido un balance sobre posibles heridos o fallecidos durante los procedimientos, y desde el martes corre el “rumor” de tres fallecidos, entre ellos el líder del Tren de Aragua, alias el Niño Guerrero. No obstante, aún no hay confirmación oficial al respecto.
#URGENTE | Reportan un despliegue masivo de vehículos y efectivos militares hacia el sur del estado Bolívar, en medio de nuevos operativos en zonas mineras de la región.
El objetivo sería desalojar campamentos de minería ilegal y capturar a presuntos integrantes de grupos… pic.twitter.com/CBG2USk08B
Caracas. – Ephraín Verdú Torrelles, coronel de la GNB chavista implicado en el asesinato de la joven estudiante Geraldine Moreno durante las protestas en 2014, se niega a ser extraditado desde España hacia Argentina, donde la justicia lo reclama para que enfrente su causa por este crimen de lesa humanidad.
En una comparecencia por videoconferencia ante el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional española, Verdú Torrelles manifestó que no consiente su entrega a Argentina. Durante el acto judicial, el militar chavista fue notificado formalmente sobre el requerimiento de los tribunales federales de Argentina, que solicitan su extradición por su presunta implicación en el citado homicidio.
“Durante este acto judicial sin precedentes, el exoficial es notificado formalmente sobre el requerimiento de los tribunales federales de Argentina, instancia que solicita su extradición por su presunta implicación en crímenes de lesa humanidad”, informó la organización no gubernamental venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) en una publicación de X.
Ahora el caso pasará a la Sala de lo Penal de la Audiencia, que convocará una audiencia para estudiar la extradición, lo habitual en este tipo de procedimientos en España.La solicitud de extradición fue emitida por tribunales argentinos en febrero de 2024, tras confirmar que Verdú se encontraba en territorio español.
El proceso es parte de una causa penal emprendida en el año 2023 por la Justicia argentina en contra del gobierno de Nicolás Maduro, por presuntos crímenes de lesa humanidad. Las denuncias tomadas en cuenta para este caso fueron recogidas por el Foro Argentino de Defensa de la Democracia (FADD) y la Fundación Clooney para la Justicia.
El coronel retirado en uno de los acusados por el asesinato de la estudiante Geraldín Moreno, ocurrido en febrero de 2014 en Naguanagua, estado Carabobo, a manos de varios efectivos de la Guardia Nacional mientras participaba en una manifestación. Entonces, Verdú Torrelles era comandante del destacamento de Seguridad Urbana de Carabobo y estaba al frente del operativo policial por las protestas.
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