Anatomía de un fracaso institucional: Lo que expuso el terremoto del 24J en Venezuela

Mariangel Sophia Carvajal, politólogo de la Universidad de los Andes (ULA) y Coordinadora Local Senior de EsLibertad Venezuela.

“(…) Los terremotos del 24J demostraron que el centralismo gubernamental no solo es ineficiente, sino peligroso. Pese a ello, en medio de las ruinas, (…) bastó la coordinación espontánea de millones de voluntades autónomas —fuera y dentro del país— para salvar vidas allí donde el Estado solo ofreció escombros..”

Mariangel Sophia Carvajal

El terremoto doble del pasado 24 de junio sacudió a Venezuela: destruyó edificios, arrebató vidas y ocultó bajo los escombros a muchas personas que, a día de hoy, siguen desaparecidas, y es probable que muchas sean encontradas sin vida. Aunque es cierto que los milagros, después de cinco días, hasta el 29 de junio, siguen sucediendo, porque aún aparecen personas con vida, no es menos cierto que se pudieron haber salvado más vidas si el Estado venezolano hubiese permitido que las personas se prepararan para ello —quizá hasta incentivándolo él mismo—. Por esta razón, podemos afirmar que los sismos también sacudieron al régimen venezolano encabezado ahora por Delcy Rodríguez, a la infraestructura institucional y al chavismo en general; dos cosas quedaron demostradas: por un lado, el deterioro acumulado en 27 años de chavismo, por otro lado, el alto nivel de indiferencia hacia el sufrimiento de la sociedad venezolana.

Actualmente, según la ONU, asciende a 50.000 personas la cifra de desaparecidos a raíz del terremoto; además, un estudio preliminar publicado por la NASA indica que unos 59.000 edificios sufrieron daños estructurales (EFE, 2026). Ahora bien, hablando de heridos y de muertes confirmadas hasta el 01 de julio por Jorge Rodríguez, quien es presidente de la Asamblea Nacional chavista: hay 11.267 heridos y 2.295 muertos (página web de la AN, 2026). Sin embargo, organizaciones internacionales como las Naciones Unidas (Efecto Cocuyo, 2026) o la Organización Panamericana de la Salud (El Nacional, 2026), apuntan que las cifras son superiores y que ha habido un registro inadecuado de víctimas, siendo totalmente probable que el régimen venezolano altere datos. Asimismo, la OIM estima que los terremotos afectaron aproximadamente a 6,76 millones de personas (Efecto Cocuyo, 2026). Estas cifras son importantes para dimensionar lo que significó el terremoto en Venezuela, porque, a pesar de que los eventos sísmicos significan y pesan diferente para cada país, la diferencia radica especialmente en el nivel de preparación frente a desastres, insumos en hospitales y construcción segura antisísmica de los edificios.

Tras los destructivos sismos, muchos venezolanos salieron a ayudar a sus compatriotas con recursos escasos y conocimientos limitados. Sin embargo, el deseo de cooperar y la premura de ayudar a aquellos entre los escombros, superó a la coordinación macro necesaria -que no existió- para responder con efectividad, especialmente ante un Estado incapaz de actuar en favor de los necesitados.

Ahora bien, esta desconexión entre la voluntad civil y la parálisis institucional no es un fallo accidental, sino la consecuencia directa de la práctica de un modelo ideológico que hemos vivido los venezolanos desde hace mucho, a saber: el socialismo. En esta catástrofe, Venezuela ha demostrado, una vez más, que la promesa de un Estado protector que lo gestiona todo es, en realidad, una ilusión peligrosa que, en última instancia, también termina por socavar la capacidad de coordinación de la sociedad civil. Para desentrañar tal dinámica es útil analizar el marco conceptual de Hayek en torno a la planificación estatal —siempre en detrimento de la descentralización—.

En este sentido, Hayek plantea que la planificación dirigida por el Estado contiene dos principios, a saber: (1) que debe existir una igualdad absoluta y completa de todos los individuos; y (2) que la gente considere que esa igualdad sea deseable (citado por Borgucci, E., 2012). No obstante, es claro que esa igualdad es imposible de lograr, por tanto, “el discurso del planificador planteará entonces una lucha por una mayor igualdad. En consecuencia, el Estado planificador se debe hacer cargo en su totalidad de las personas a quienes les sirve. Es decir, el Estado planificador tiene ante sí un problema político central” (Hayek, citado por Borgucci, E., 2012, p.360).

¿Qué quiere decir lo anterior? Que el Estado, bajo la premisa planificadora y de la “igualdad”, terminará centralizando todo el poder en su afán y deseo de controlar lo que sucede en la economía del país, lo cual implica, también, darse vía libre a controlar precios, expropiar propiedades, controlar inclusive, en situaciones extremas, donaciones. No obstante, a pesar de todos los esfuerzos que pueda hacer el planificador central restringiendo y regulando todo —o eso intenta—, chocan con una realidad que ya Ludwig von Mises explicó a principios del siglo XX, esto es: sin precios libres, realizar cálculos económicos es sencillamente imposible, y, por tanto, que se asignen correctamente los recursos al tiempo oportuno. Todo ello responde al hecho de que, como también señala Hayek, “ningún planificador central podría poseer suficiente información para lograr la eficiencia (Trescott, P., 2021)”. Es decir, solo se centralizaría el poder, se intentaría imitar las reglas de decisión de una economía competitiva (Trescott, P., 2021) y se intervendría en la acción del mercado, pero igualmente no se lograría la eficiencia ni la prosperidad mantenida a largo plazo.

Ahora, ¿por qué Hayek relaciona la planificación económica por parte del Estado con el surgimiento del un Estado totalitario? Como bien resume Trescott, P. (2021): “Los esfuerzos por persuadir a la gente para que trabajara en pos de un conjunto común conducirían a la propaganda y a la represión del debate libre y la disidencia. (p.1)”.

Todo esto es precisamente lo que sucede en Venezuela desde hace algunos años. Todos hemos visto la represión a la libertad de expresión y la violación al derecho de la manifestación pacífica —consagrado en la Constitución venezolana en el artículo 68—. En general, se sabe que varios derechos humanos y derechos políticos han sido violados por el régimen venezolano. No obstante, el régimen no solo intentó por años centralizar el poder, la economía, la riqueza, etc., sino que, actualmente, también están cometiendo la insolencia de querer centralizar la ayuda, el rescate de personas que quedaron bajo los escombros de los edificios y la distribución bajo control militar. Se reportaron persecuciones a voluntarios que se inscribieron en plataformas digitales para colaborar como traductores con equipos de rescate internacionales. La presión fue tal que la página que concentraba dichos datos tuvo que cerrarse.

El doblete sísmico del 24 de junio ya ha comprobado que toda esta “planificación central” liderada por el Estado en los últimos 27 años de gobierno chavista no tuvo resultados eficientes ni efectivos, porque la mayoría de los edificios e infraestructuras pertenecientes a la “Gran Misión Vivienda Venezuela” -programa habitacional del chavismo lanzado en 2011 para construir viviendas en sectores populares- colapsaron, específicamente en los sectores Caraballeda y Catia La Mar, que se ubican en el litoral central del país, específicamente en La Guaira, Estado Vargas, que fueron de las zonas más afectadas y destruidas de la región central (Diario Las Américas, 2026). Es importante mencionar que, según el Diario Las Américas (2026): “Al menos dos de las cinco estructuras que forman parte del conjunto de la Misión Vivienda se derrumbaron (p.1)”.

El régimen venezolano comenzó con la planificación central y ha terminado desarrollando poderes dictatoriales con el tiempo. Esto es algo que se sabe desde hace años en el país. Pero los resultados de su dictadura y de su “trabajo”, si bien se han podido percibir anteriormente, por ejemplo, con la escasez de alimentos del año 2016, nunca habían sido tan palpables como esta vez con lo sucedido el pasado miércoles 24 de junio. La falta de un gobierno organizado y preocupado por su gente, fuerzas armadas indiferentes e incapaces de coordinar un rescate básico y los edificios mal construidos. Suma a esto ahora el hecho de que no dejen a la sociedad civil coordinarse y que la misma no esté preparada para responder adecuadamente a la crisis, porque no existen nociones básicas para ello, porque el Estado ha querido arrogarse absolutamente todo para ellos, porque “eran nuestros salvadores”.

El terremoto doble del 24J no ocasionó las ruinas de Venezuela, solo las hizo visibles. Lo acontecido el 24 de junio es la demostración empírica y el ejemplo del fracaso de la planificación centralizada que Friedrich Hayek denunció: un sistema diseñado, establecido y aferrado al poder, netamente enfocado en someter al ciudadano, pero totalmente inútil e indiferente para salvarlo.

En un sistema libre y descentralizado, la competencia y la responsabilidad legal obligan a cumplir normas de construcción que harían que los edificios fueran antisísmicos, es decir, pudieran resistir a sismos. La Gran Misión Vivienda Venezuela fue un proyecto que, en 2014, años después de sus inicios, según Transparencia Venezuela (citada por Diario Las Américas, 2026) alertó: “permaneció cubierto por la desidia y la corrupción (p.1)”. Los edificios colapsados y devastados son el resultado de la falta total de ingeniería de calidad, porque la lealtad partidista y los intereses propios prevalecieron sobre la preocupación por la vida de los ciudadanos que habitarían allí.

Adicionalmente, otra de las tesis de Hayek fue comprobada a través del “orden espontáneo” que sucedió al desastre natural del 24 de junio. Como ya mencioné, los valores del venezolano, la resiliencia y la empatía del mundo para con personas —en gran medida— desconocidas, se unieron por el mismo acontecimiento destructivo que sacudió al país —para aquellos venezolanos que vivieron el terremoto en alguno de los estados sacudidos— y por la solidaridad hacia quien lo perdió todo —para aquellas personas, venezolanas o no, dentro o fuera del país, que se solidarizaron difundiendo lo que había sucedido o donando recursos-; demostraron que el orden espontáneo significa, más allá del mercado o de la economía, humanidad.

Como explica Hayek (1966), el orden espontáneo se fundamenta en la reciprocidad y los beneficios mutuos. A diferencia de los sistemas verticales, su estructura “no se basa en una jerarquía única de fines y, por consiguiente, no asegura, en general, que lo más importante llegue antes que lo menos importante (p.185)”.

A este fenómeno el autor lo define como “Catalaxia”, un término derivado del griego ‘Katallattein’, que significa ‘admitir en la comunidad’ y ‘convertir de enemigo en amigo’” (p.184). Es el orden que emerge espotáneamente del intercambio libre, y lejos de exigir una escala de valores o fines centralizada y unitaria, no requiere planificación central ni jerarquía de fines: basta con que cada persona actúe desde su propio conocimiento, permite que los miembros de una sociedad libre tengan “una buena oportunidad de hacer un uso exitoso de sus conocimientos individuales para el logro de los propósitos individuales que efectivamente tengan.” (Hayek, F., 185)

Ahora bien, se sabe que este caso, tal y como lo describe Hayek, no es el caso de Venezuela, pero frente al evento extraordinario que sucedió, los venezolanos antepusieron la preocupación por la vida a la preocupación por ser perseguidos por las fuerzas armadas del país. Y es precisamente allí donde se relaciona lo citado anteriormente con el terremoto en Venezuela. Mi país fue testigo de una catalaxia en su estado más puro y urgente, por cuanto, ante la parálisis y la indolencia del centralismo gubernamental, los venezolanos se movilizaron de forma autónoma para ayudar a sus semejantes. Cada individuo activó su conocimiento local: unos mapeando zonas de desastre en redes sociales, otros difundiendo listas de desaparecidos, otros viajando de otros estados del país para ayudar, y muchos arriesgando su vida en los escombros. El propósito individual de algunos era encontrar a su familia; el de otros, el impulso voluntario de salvar a un extraño; y el de unos últimos, el sentimiento de deber moral de ayudar donando a aquel que lo había perdido todo. Y lo único que limitó esta respuesta ciudadana fue el mismo Estado —en el pasado y ahora—. Con todo, sin un plan central, la libre convergencia de estos fines particulares dio forma a un orden espontáneo de rescate que ha logrado que todo el mundo mire a Venezuela, mire a los damnificados y tenga un nuevo propósito individual: ayudar.

Los terremotos del 24J demostraron que el centralismo gubernamental no solo es ineficiente, sino peligroso. Pese a ello, en medio de las ruinas, la ausencia de autoridades en las primeras horas y la indiferencia estatal, quedó en evidencia la mayor lección hayekiana de nuestra historia reciente: Mi país fue testigo de una catalaxia en su estado más puro y urgente. Bastó la coordinación espontánea de millones de voluntades autónomas —fuera y dentro del país— para salvar vidas allí donde el Estado solo ofreció escombros.

Referencias Bibliográficas

Agencia EFE. (2026). Unos 59.000 edificios resultaron afectados por los terremotos en Venezuela, según una primera evaluación de la NASA. CNN Chile. https://www.cnnchile.com/mundo/unos-59-000-edificios-resultaron-afectados-por-los-terremotos-en-venezuela-segun-una-primera-evaluacion-de-la-nasa/

Asamblea Nacional. (2026). Reportan 2.295 fallecidos por doble terremoto del 24 de junio. En: https://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/reportan-2295-fallecidos-por-doble-terremoto-del-24-de-junio

BBC News Mundo. (2026). Así te lo contamos: asciende a más 1.900 el número de muertos tras los terremotos en Venezuela mientras disminuye la esperanza de hallar sobreviviente. En: https://www.bbc.com/mundo/live/czxq45p430lt

Borgucci, E. (2012). La descentralización en el discurso (neo)liberal entre 1940 y 1980. Espacio Abierto, vol. 21, núm. 2. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. En: https://www.redalyc.org/pdf/122/12222378007.pdf

Diario Las Américas. (2026). Edificios sociales de misión de Chávez se desmoronan como castillos de arenas por los sismos, según reportes. En: https://www.diariolasamericas.com/america-latina/edificios-sociales-mision-chavez-se-desmoronan-como-castillos-arena-los-sismos-segun-reportes-n5397946

Efecto Cocuyo. (2026). ONU advierte que cifra real de fallecidos por terremotos en Venezuela supera los reportes oficiales. En: https://efectococuyo.com/la-humanidad/onu-advierte-que-cifra-real-de-fallecidos-por-terremotos-en-venezuela-supera-los-reportes-oficiales/

El Nacional. (2026). Sube a 1.943 el número de fallecidos y a 10.571 los heridos por los terremotos en Venezuela. En: https://www.elnacional.com/2026/06/sube-a-1-943-el-numero-de-fallecidos-y-a-10-571-los-heridos-por-los-terremotos-en-venezuela/

Hayek, F. (1966).Los principios de un orden social liberal. En: https://jeffersonamericas.org/wp-content/uploads/2020/08/Hayek07.pdf

Infobae. (2026). La tragedia sísmica en Venezuela expuso la fragilidad de los edificios de la Gran Misión Vivienda, símbolo de la era chavista. En: https://www.infobae.com/venezuela/2026/07/03/la-tragedia-sismica-en-venezuela-expuso-la-fragilidad-de-los-edificios-de-la-gran-mision-vivienda-simbolo-de-la-era-chavista/

Issing, O. (1999). Hayek – Competencia monetaria y Unión Monetaria Europea. Discurso del profesor Otmar Issing, Conferencia Anual en Memoria de Hayek, organizada por el Instituto de Asuntos Económicos. En: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/1999/html/sp990527.en.html

Molina, T. (2026). Gobierno de Delcy Rodríguez oculta cifras de víctimas del terremoto. En: https://www.elnacional.com/2026/06/delcy-rodriguez-cifras-terremoto-la-guaira-jorge-rodriguez/

Trescott, P. (2021). Hayek se opone a la planificación económica centralizada. EBSCO. En: https://www.ebsco.com/research-starters/history/hayek-opposes-centralized-economic-planning

[*] Este artículo fue publicado en el Blog de Students For Liberty.

El “negocio” del poder

María José Salinas, comunicóloga y especialista en relaciones públicas. Desde hace más de siete años impulsa las ideas de la libertad con una visión emprendedora, además de promover el empoderamiento femenino a través de proyectos y espacios de liderazgo. Su trabajo combina estrategia, comunicación y una defensa auténtica del individualismo y la acción personal, siendo líder del capítulo Guanajuato, México, de Ladies of Liberty Alliance (LOLA)

“La fama ha reemplazado al mérito, la popularidad ha reemplazado a la capacidad y el populismo ha reemplazado a la responsabilidad..”

María José Salinas

Durante años nos han dicho que debemos preocuparnos por quienes acumulan riqueza, que los empresarios ganan demasiado dinero, que nadie debería tener tanto, que hay que poner límites a la riqueza. Sin embargo, casi nadie habla de algo mucho más peligroso: la acumulación de poder. Resulta curioso que existan personas convencidas de que un empresario no debería acumular tanta riqueza, pero consideren perfectamente normal que un político pase treinta o cuarenta años viviendo del presupuesto público; nos preocupa la concentración de capital, mas no la concentración de poder. Y la historia demuestra que el poder suele ser mucho más peligroso.

Un empresario arriesga su patrimonio; un político administra el patrimonio de todos. Uno pone en juego su dinero; el otro decide sobre recursos que no le pertenecen. Aun así, la sospecha suele dirigirse hacia quien produce riqueza y no hacia quien administra impuestos.

La consecuencia está a la vista: hemos normalizado ver políticos rodeados de privilegios que jamás aceptaríamos en cualquier otro empleado. Camionetas blindadas, escoltas, choferes, asistentes, viajes, restaurantes exclusivos, propiedades millonarias, patrimonios que crecen de manera sorprendente al ocupar cargos públicos. Lo observamos una y otra vez y nunca nos detenemos a preguntar algo elemental: ¿de dónde salió ese dinero?

La historia latinoamericana está llena de ejemplos. Fidel Castro construyó un régimen basado en la condena de la riqueza privada, pese a que la revista Forbes estimaba su fortuna en alrededor de 900 millones de dólares. Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por corrupción y la justicia argentina ordenó el decomiso de cientos de millones de dólares en bienes vinculados a sus causas judiciales. En Venezuela, mientras millones de personas enfrentaban escasez, apagones, inflación y pobreza extrema, las autoridades acumulaban denuncias internacionales por corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Los nombres cambian, las banderas cambian, los discursos cambian; la tentación del poder permanece. Lo verdaderamente preocupante no es que alguien tenga dinero. Lo preocupante es que quienes viven de recursos públicos terminen acumulando fortunas imposibles de explicar con los ingresos que ellos mismos reportan. Más grave todavía es que muchos ni siquiera cumplen con las responsabilidades básicas para las que fueron elegidos.

La función principal de un gobierno no es repartir favores. No es regalar dinero. No es inaugurar obras con su nombre. No es aparecer en conferencias de prensa. La función de un gobierno es garantizar seguridad, justicia e igualdad ante la ley. Y precisamente ahí es donde demasiados gobiernos fracasan.

Millones de ciudadanos viven con miedo a la delincuencia. Miles enfrentan procesos judiciales lentos, costosos e injustos. La impunidad sigue siendo la regla para innumerables delitos. No obstante, quienes deberían resolver esos problemas suelen vivir protegidos por los privilegios que el ciudadano común jamás tendrá. El privilegio más escandaloso no siempre es económico: es jurídico.

A diferencia de una persona común, que puede pasar años intentando demostrar su inocencia o reclamando justicia, muchos políticos cuentan con fueros, influencias, estructuras partidistas y redes de protección que los mantienen alejados de las consecuencias que enfrentaría cualquier otro ciudadano.

La igualdad ante la ley debería ser el principio más sagrado de una república. Cuando la ley es más indulgente con el gobernante que con el gobernado, deja de existir justicia: lo que existe es privilegio.

Hemos desarrollado una extraña costumbre de tratar a los políticos cual celebridades. Los seguimos. Los defendemos. Los justificamos. Los convertimos en figuras de admiración. Les aplaudimos por hacer aquello para lo que fueron contratados. Aplaudir a un político porque cumple con su trabajo es tan absurdo como aplaudir a un cajero automático porque entrega el dinero que nos pertenece. No está haciendo un favor: está cumpliendo una obligación.

No debería sorprendernos que la calidad de la clase política siga deteriorándose. Para dirigir una empresa se exigen resultados, experiencia, referencias y capacidad demostrada; para dirigir un país parece bastar con la popularidad.

Cada vez es más común ver a influencers, celebridades, actores, deportistas o personajes mediáticos ocupar cargos públicos únicamente gracias a su nivel de reconocimiento. La fama ha reemplazado al mérito, la popularidad ha reemplazado a la capacidad y el populismo ha reemplazado a la responsabilidad.

Ninguna empresa seria entregaría su dirección a alguien solo por ser famoso. Sin embargo, millones de personas están dispuestas a entregar el destino de una nación bajo ese mismo criterio. Si algunos creen que la riqueza debe tener límites, también deberían preguntarse si el poder debería tenerlos.

¿Por qué una persona puede pasar cuarenta años viviendo de la política? ¿Por qué consideramos normal que alguien construya una carrera entera alrededor del presupuesto público? La vieja frase sigue vigente: “los políticos son como los pañales; deben cambiarse con frecuencia y por la misma razón”.

El poder prolongado rara vez mejora a las personas. Con demasiada frecuencia las convence de que las instituciones les pertenecen, de que los recursos públicos son suyos y de que las reglas existen para los demás. Las sociedades libres no se construyen vigilando obsesivamente a quienes generan riqueza: se construyen vigilando a quienes ejercen el poder. El dinero puede comprar comodidad. El poder puede comprar impunidad. El dinero puede perderse. El poder puede utilizarse para manipular leyes, proteger aliados, castigar adversarios y administrar recursos que pertenecen a millones de personas.

La pregunta no es cuánto dinero tiene una persona. La pregunta es cuánto poder estamos dispuestos a tolerar que acumule alguien antes de olvidar que trabaja para nosotros.

El día que dejemos de admirar a los políticos y empecemos a evaluarlos con un rigor semejante al de cualquier empleado; el día que exijamos resultados en lugar de discursos; el día que la ley trate igual al gobernante que al ciudadano; el día que entendamos que el presupuesto público no es propiedad de quienes lo administran, sino de quienes lo financian, habremos dado un paso enorme hacia una sociedad más libre. Pues el mayor privilegio nunca ha sido la riqueza: el mayor privilegio siempre ha sido el poder sin límites.

El arrebato de la tierra prometida: nivel apocalipsis

La Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, habla de la ira de Dios y de cómo el hombre, provisto de libre albedrío, al apartarse de la sabiduría —entendida como comunión sincera con su Creador— y entregarse al pecado, recibe el merecido y terrible castigo.

La mujer de Lot fue convertida en mogote de sal por desobedecer la instrucción divina de huir de Sodoma y Gomorra sin mirar atrás. El arca de Noé fue construida para salvarlo a él, a su familia y a los animales de la creación. Las siete vacas flacas del sueño del faraón de Egipto —aquel que debía su supervivencia ante la inminente hambruna a un modesto joven hebreo, intérprete de sueños e investido de la gracia de Dios, vendido por sus hermanos como esclavo— anunciaron siete años de escasez tras siete de abundancia.

En otras palabras, como decía mi abuela Ángela: “Dios castiga”. ¿Pero por qué se enseña esto con Venezuela? ¿Por qué en 27 años no pegamos una? Las respuestas están todas con nosotros. Todos sabemos lo que nos ha pasado. Venezuela es una llaga abierta, infestada y adolorida, antes incluso de que este par de terremotos simultáneos devastaran Caracas y se ensañaran nuevamente con Vargas.

El espectáculo de la devastación expone a la banda que aún permanece en el poder, sostenida por la administración Trump. Ellos hacen lo que saben hacer: reprimir, impedir el voluntariado de quienes aún sobreviven, incomodarse ante la ayuda internacional y querer encerrar en un hangar de La Carlota a los corresponsales extranjeros para esconder y evadir la flagrancia de su crimen.

La banda en el poder es el verdadero terremoto que devastó a Venezuela. Destruyó sus instituciones, sus símbolos, su infraestructura, sus hospitales, sus escuelas, sus fábricas y sus industrias. Arrastró la vida de sus ciudadanos al éxodo en todos los confines del planeta, a la cárcel, a la muerte, obligándolos a beber del Guaire para seguir adelante.

Por eso aparecen en la zona de desastre después de los rescatistas salvadoreños o mexicanos. Porque los esbirros no saben rescatar. No les interesa. Ellos no saben servir: reprimen, matan, torturan, encierran y hacen añicos a diario la dignidad de los venezolanos.

En Japón y en otros países proclives a catástrofes naturales cotidianas también hay muertos y heridos. La diferencia es que son menos, la mayoría se salva, ellos siempre están preparados. Nosotros no. Nosotros, muchos años antes de ocurrir el evento, ya estábamos destruidos.

No hay esbirro sin opositor. Este cronista ya está convencido de que, aunque en público veamos fariseísmos, vestiduras rasgadas, lágrimas de cocodrilo, golpes de pecho y dramáticas manifestaciones de pesar, este año no habrá elecciones. Y ese es su verdadero dolor. Como los otros reprimen y matan, si de instintos hablamos, estos impresentables solo tienen uno: buscar hacer elecciones aunque se las roben. ¿Cómo hacer campaña y elecciones con centenares de muertos y desaparecidos?

Los chinos escriben la palabra “crisis” con dos símbolos: uno significa peligro y el otro, oportunidad. Vendrán los líderes paridos de esta desgracia, los genuinos, los indispensables.

Las manifestaciones de solidaridad que vemos con asombro en el pueblo sobreviviente —sin distingo de clase, unidos por el dolor y la hermandad— llevan en su seno la promesa de que la nación no ha sido destruida. Existe. Ha sobrevivido y sobrevivirá al chavismo.

La sanación de la desgracia más larga y destructiva jamás sufrida por nación latinoamericana alguna advierte su dramática caída. Y eso no lo va a poder condicionar ni detener ni siquiera quienes cargaron con Maduro y compañía.

¡La Constitución sirve para todo… hasta que la fuerza la deroga!

Por Leroy Garrett (@lerogarrett).

A partir del 3 de enero de 2026, Venezuela rompió, por virtud de una acción militar, su capacidad de apelar a los ciclos recurrentes de sucesión interna como bitácora de referencia. El malandro que se había enconchado en Miraflores fue capturado y extraído del país. Vendrán otros ciclos en el futuro. Primero hay que vivirlos.

En los años recientes, mientras el chavismo silenciaba la voz crítica de la opinión pública, inauguramos un ciclo de verdades inconvenientes que se volvieron prohibidas. Se las presumía inexistentes —actitud respaldada por el silencio cómplice de buena parte de la dirigencia política— y, al no decirlas, se las trataba como irreales. Todo intento de devolver democracia y soberanía fracasó cuando las estrategias carecieron de todos los elementos necesarios para alcanzar sus objetivos.

Ejemplo paradigmático: la presencia cubana. Tras los hechos de la embajada el 11 de abril de 2002, Cuba “no existió” —y sigue sin existir— en la memoria política tanto oficial como opositora. Cuba jamás nos “ocupó”. Todos sabemos, sin embargo, que estábamos invadidos. ¿Cómo se pretendía vencer al chavismo omitiendo a su principal soporte cogobernante durante casi de tres décadas?

Pero este no es el tema central de esta nota. El problema que nos ocupa es el vacío constitucional de Venezuela y su retorno a la legalidad plena sin impunidad.

Venezuela ha vivido fuera del marco jurídico durante 27 años. El mecanismo utilizado por la última Corte Suprema de Justicia presidida por Cecilia Gómez Sosa —consentir por fórceps la figura del referéndum dentro de la Constitución de 1961, que no la contemplaba— constituyó un golpe de Estado de facto. En una eventual comisión de la verdad, esa decisión deberá ser explicada y juzgada.

La Constitución de 1999, aunque usurpadora y anulable debido a los vicios habidos en su modo de creación, andamio justificante de los abusos para el poder que la impuso, fue derogada por la acción militar del 3 de enero. Seguir invocándola como marco vigente es un exabrupto jurídico y político.

¿Cuál es entonces la legitimidad de Delcy Rodríguez en este vacío? Su posición descansa en dos pilares: la continuidad institucional chavista —aunque no legitima— y el elemento de fuerza que hace imperium derivado de la nueva realidad de poder creada por EE. UU. El 3 de enero, el presidente Trump declaró —solo ese día— que “nosotros gobernamos a Venezuela ahora”. El hechizo de no repetirlo no borra la afirmación ni la situación de hecho imperante.

EE. UU. posee un abundante cuerpo de decisiones judiciales vinculantes —con fuerza de ley— conocidos como los Casos Insulares. En ellos se definen los límites constitucionales que rigen la relación tutelar entre EE. UU. y los territorios bajo su control. Recordemos que muchos fueron los territorios controlados en la historia de la primera potencia mundial. Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Japón fueron considerados “no incorporados”, pero bajo control estadounidense.

Nosotros, Venezuela, somos hoy un territorio no incorporado. Es decir, no estamos completa ni formalmente establecidos como parte de la Unión. ¿Qué significa esto? Que la Constitución de los Estados Unidos de América rige para proteger a los ciudadanos venezolanos —aún no incorporados— en sus derechos básicos, pero no gozamos del resto de los derechos y deberes otorgados por la ciudadanía plena de un Estado norteamericano incorporado.

Si los venezolanos deciden asociarse a la Unión Americana, sería borrón y cuenta nueva. Podríamos darnos una constitución estadal autónoma y subordinada al control federal de la Unión, como la que tienen Tennessee o Texas. 

Si, por el contrario, optamos por preservar nuestro devenir independiente, el primer paso debe ser, una vez dadas las condiciones, promover la elección de un Congreso Constituyente Constituido con mandato claro: restablecer la vigencia de la Constitución de 1961 con las enmiendas que la realidad actual exige.

Ese Congreso tendría atribuciones constituyentes para crear una Comisión de la Verdad, órgano por ley orgánica especial, ente substanciador de los delitos y abusos ocurridos en Venezuela a partir del asalto al poder en 1999, y un Tribunal Nacional Especialísimo —plenipotenciario y creado por ley emanada del propio Congreso— que juzgue al chavismo, a sus responsables y asociados-Cero impunidad. El ejemplo de Argentina en 1985 sería la ruta.

Veremos qué ocurre. Preocupante es no ver la voluntad política para promoverlo. Lo que se discuta en contrario busca preservar el horror y blindar la impunidad. De permitirse, volveremos a fracasar.

La dignidad humana no se defiende sacrificando al individuo

Damelys Malave, líder de capítulo Ladies Of Liberty Alliance Aragua

“En tiempos donde abundan los discursos que prometen grandes transformaciones sociales a costa de limitar libertades individuales, conviene recordar [que] la dignidad humana (…) pertenece a cada persona.”

Damelys Malave

En los debates políticos contemporáneos se ha vuelto común escuchar que poner al individuo en el centro de la sociedad es una postura egoísta, insensible o incluso contraria al bienestar colectivo. Desde distintas corrientes ideológicas se afirma que la verdadera justicia solo puede alcanzarse cuando los intereses individuales ceden ante las necesidades del grupo, la comunidad o la sociedad en su conjunto. Sin embargo, detrás de esta idea aparentemente noble se esconde una contradicción, a saber, el hecho de que es imposible defender la dignidad humana mientras se ignora la dignidad de cada ser humano concreto.

Con frecuencia se habla de «la sociedad», «el pueblo», «la comunidad» o «el colectivo» como si fueran entidades con existencia propia, separadas de las personas que las conforman. Pero la realidad es mucho más simple: la sociedad no es otra cosa que el conjunto de millones de individuos con sueños, aspiraciones, necesidades y proyectos de vida diferentes. Cuando se afirma que el bienestar colectivo debe prevalecer sobre los derechos individuales, inevitablemente surge una pregunta incómoda: ¿quién decide qué es lo mejor para todos?

La historia ofrece numerosas advertencias. Algunos de los mayores abusos contra la dignidad humana han sido cometidos precisamente por movimientos que aseguraban actuar en nombre del pueblo, de la igualdad o del bien común. Una vez que se acepta la idea de que ciertas personas pueden ser sacrificadas por un objetivo superior, los derechos dejan de ser universales y se convierten en concesiones sujetas a intereses políticos. Quienes disienten pueden ser silenciados, quienes piensan distinto pueden ser excluidos y quienes se resisten pueden ser obligados a obedecer, todo bajo la justificación de servir a una causa mayor.

Resulta paradójico que muchos de los discursos que afirman defender la dignidad humana terminen negando la capacidad de las personas para tomar decisiones sobre sus propias vidas. Se asume que individuos, familias y comunidades no son capaces de elegir correctamente y que, por tanto, una autoridad debe dirigirlos hacia el camino adecuado. Bajo esta lógica, la libertad se percibe como un riesgo y la autonomía como un problema. Pero tratar a las personas como incapaces de decidir por sí mismas no es una forma de proteger su dignidad; es una forma de negarla.

La verdadera dignidad humana implica reconocer que cada persona posee valor por sí misma, independientemente de su utilidad para una causa política, económica o social. Significa aceptar que los seres humanos no son piezas de un tablero ni recursos que pueden movilizarse según los intereses de quienes ostentan el poder. Cada individuo tiene derecho a pensar, elegir, equivocarse, aprender y construir su propio proyecto de vida.

Esto no significa ignorar los problemas colectivos ni abandonar la solidaridad. Por el contrario, las sociedades más fuertes son aquellas en las que las personas cooperan libremente, se ayudan mutuamente y participan activamente en la solución de los desafíos comunes. La diferencia es que dicha cooperación surge del respeto mutuo y no de la imposición.

En tiempos donde abundan los discursos que prometen grandes transformaciones sociales a costa de limitar libertades individuales, conviene recordar una verdad fundamental: la dignidad humana no existe en abstracto. No pertenece a los colectivos, a los partidos o a las ideologías. Pertenece a cada persona. Y cualquier proyecto que pretenda defenderla debe comenzar por respetar al individuo, porque no hay humanidad que proteger si primero se sacrifica a los seres humanos que la conforman.

En voz alta: las verdades incómodas sobre la caída de la democracia venezolana

Por Leroy Garrett (@lerogarrett).

Heródoto, a quien se atribuye ser el padre de la historia, escribió en primera persona. ¿Qué tiene esto de especial o trascendental?

Es el hombre y su circunstancia, su tránsito vital; una vida para contarla, como refería García Márquez de la suya propia. Es el relato prístino de un tránsito catapultado por el dedo del destino: estar donde las cosas pasan.

Esto ocurre con el libro que acaba de publicar Ricardo Escalante, premio nacional de periodismo —época en la que ser ganador no equivalía a ser adepto al gobierno, sino todo lo contrario—, pese a contar con la inteligencia emocional y el don de gentes suficientes para sostener una amistad sincera e incondicional con los personajes que marcaron el devenir de la República de Venezuela hasta su extinción en 1998.

En las páginas de Ricardo hallamos una prosa fresca e incisiva, sin menoscabo del nivel culto que nutrió durante años sus columnas de El Universal.

Ricardo, el joven tachirense de San Cristóbal que se trasladó a Caracas en busca de su destino y vinculó su vida al hecho político central de la era democrática venezolana, nos ofrece una línea de análisis indispensable en estos momentos tan difíciles para la venezolanidad a través de su obra En Voz Alta.

Con precisión de relojero, recorre los personajes y eventos que configuraron la democracia. Figuras indispensables como Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez, Gonzalo Barrios, Rafael Caldera, Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi, entre otros, aparecen en sus luces y sombras con objetividad histórica, en una narrativa yin-yang que alterna pasado y presente sin desorientar al lector; por el contrario, lo sumerge en el hilo de los hechos y su desenlace fatal: el chavismo.

Destaca un elemento fundamental que otros cronistas han pasado por alto o tratado superficialmente: el papel de los empresarios de medios en la campaña de desprestigio contra actores clave y contra el propio sistema de libertades, factor que contribuyó directamente a la caída de la democracia venezolana.

Especialmente Marcel Granier y RCTV como laboratorio de incesante descrédito y crítica no constructiva, al final, el  sistema que destruyó, una vez destruido, hizo fácil su propia caída.

Otro aporte relevante es su análisis cubre abuso de poder como motor de degradación del liderazgo y, el usar la nación y recursos con el criterio Gomecista de la hacienda de su propiedad. 

La ambición desmedida, los intentos de defenestración del adversario político, alcanzaron extremos escandalosos que erosionaron la estabilidad del sistema. Los odios entre antiguos aliados incondicionales —como el caso de Betancourt y Pérez en el escándalo del buque Sierra Nevada—, la obsesión de Luis Herrera Campins por liquidar a Acción Democrática, la ambición ilimitada Caldera y los errores garrafales en materia fiscal y económica terminaron por llevarse por los cachos al país y a sus instituciones, que hoy tanto extrañamos.

De especial valor para el estudio histórico es su relato de la caída del segundo gobierno de CAP, un hombre de buenas intenciones y vocación histórica —a diferencia del egocentrismo calderista—, que sucumbe como el Edipo Rey de la tragedia venezolana.

No pretendo agotar aquí el fascinante y clarividente contenido de la obra de Ricardo Escalante. Solo pretendo motivar a los lectores a procurarse este libro, disponible en Amazon, para que saquen sus propias conclusiones sobre las dolorosas lecciones de nuestra historia reciente, la desaparición como republica independiente latinoamericana y ahora posible nación asociada a los Estados Unidos de América.

La multinacional del crimen: una estrategia para Colombia

Julián Ramírez, asesor en Relaciones Internacionales y Geopolítica, politólogo e Internacionalista por la Universidad Sergio Arboleda, con formación de posgrado en Estrategia y Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra

“… el debate político colombiano sigue anclado en el siglo XX, mientras el crimen ya opera en el siglo XXI.”

Julián Ramírez

“En la guerra, lo más importante no son las armas, sino la estrategia; no el combate, sino el conocimiento del enemigo”. Esta máxima, atribuida al estratega chino Sun Tzu, resuena con una vigencia aterradora en el siglo XXI. Hoy, Colombia y el mundo enfrentan un adversario que ha comprendido las reglas de la globalización mejor que muchos Estados: una suerte de “multinacional del crimen”, un ecosistema híbrido y simbiótico donde narcotráfico, trata de personas, cibercrimen y corrupción estatal se entrelazan en una danza macabra que desafía las categorías tradicionales de seguridad nacional. Por ello, ya no estamos ante cárteles aislados ni mafias locales, más bien asistimos a la emergencia de una Internacional Criminal, una red de redes que opera con la frialdad de una corporación trasnacional y la letalidad de un ejército irregular.

La anatomía de la hidra: las tres capas del crimen global

Para comprender la magnitud del desafío, es preciso diseccionar al enemigo. Su estructura se organiza en tres capas interdependientes:

1. La capa operativa (visible)

Es el músculo: la punta del iceberg. Aquí residen los nombres que llenan los titulares: 1) los cárteles de Jalisco y Sinaloa en México; 2) el Clan del Golfo y las disidencias de las guerrillas en Colombia; 3) la ’Ndrangheta en Italia; 4) las tríadas chinas y 5) las mafias rusas. Todos ellos son los ejecutores de la violencia, los gestores del territorio y la mano de obra armada. Sin embargo, su poder sería efímero sin el sustento de las capas superiores.

2. La capa logístico-financiera (semivisible)

Este es el verdadero hub: el sistema circulatorio de la multinacional criminal. Acá maniobran: 1) los arquitectos del lavado de activos con base en Dubái, Panamá o las Islas Caimán; 2) los bufetes de abogados que diseñan estructuras offshore impenetrables; 3) los bancos permisivos que miran hacia otro lado; 4) los transportadores globales y 5) los brókeres de armas. Esta capa es la que conecta el crimen con la economía legítima, blanqueando sus ganancias y proporcionando los insumos para su operación. Sin esta sofisticada ingeniería financiera y logística, el crimen a gran escala sería imposible.

3. La capa de protección política y estatal (invisible)

La más peligrosa y esencial: es el escudo que permite la impunidad. Aquí nos encontramos con políticos financiados con dinero ilícito, funcionarios corruptos, agencias de seguridad infiltradas y élites económicas que, de manera consciente o negligente, participan en el lavado. Esta capa proporciona el “blindaje” necesario para operar a escala global. Sin la corrupción estatal, la Internacional Criminal colapsaría bajo el peso de su propia ilegalidad.

Las alianzas estratégicas: la geopolítica de las sombras

Lo que define a esta nueva era es la cooperación pragmática entre grupos que antaño eran rivales. Las fronteras ideológicas y territoriales se han difuminado, dando paso a alianzas estratégicas que funcionan como nodos de una red planetaria. Colombia, principal productor del 70 % de la cocaína mundial, es el epicentro de este nuevo orden criminal. He aquí sus principales ejes:

  • Mafias italianas + cárteles latinoamericanos: la ’Ndrangheta, hoy la mayor distribuidora de cocaína en Europa, coopera estrechamente con el Cártel de Sinaloa, el CJNG (México) y el Clan del Golfo (Colombia), controlando las rutas transatlánticas.
  • Mafias rusas + grupos balcánicos: controlan puertos clave en el Mar Negro, rutas de armas y heroína, y han fusionado su experiencia en cibercrimen con el lavado de capitales latinoamericanos.
  • Tríadas chinas + crimen latinoamericano: esta alianza se especializa en el tráfico de precursores químicos, el lavado a través del comercio exterior ficticio y la trata de personas, con operaciones confirmadas en México, Ecuador y Perú.
  • Cibercrimen global + lavado latinoamericano: el ransomware y los criptoactivos se han convertido en el puente digital perfecto para blanquear los réditos del narcotráfico, creando un sistema de pagos anónimo y de alcance transoceánico.

Esta multinacional no reconoce ideologías, coopera cuando conviene, tiene cadenas de suministro globales, se infiltra en Estados débiles, corroe democracias y posee una liquidez que supera el PIB de muchas naciones.

Frente a un enemigo de esta naturaleza, las respuestas fragmentadas y reactivas son un camino hacia el fracaso. Colombia requiere una estrategia de Estado, integral y de largo plazo. La herramienta geopolítica por excelencia para este fin es la elaboración de un Libro Blanco de Seguridad y Defensa.

Pero, ¿qué es un Libro Blanco? No es un simple documento de buenas intenciones. Es el documento rector de más alto nivel en el que un Estado define, con criterio soberano, transparencia y rigor, su diagnóstico acerca de las amenazas, sus objetivos nacionales de seguridad y la estrategia integral para alcanzarlos. Es la hoja de ruta que alinea los esfuerzos diplomáticos, militares, económicos, de inteligencia y sociales en una sola dirección: el plan maestro que trasciende los periodos de gobierno y se vuelve política de Estado.

¿Por qué Colombia carece de un Libro Blanco?

La ausencia de este documento fundamental en Colombia no es una omisión casual; es un síntoma de patologías políticas profundas:

1. Cortoplacismo político

La clase política colombiana está obsesionada con el ciclo electoral. Un Libro Blanco, que demanda visión a 15 o 20 años, choca con la lógica del cortoplacismo y la búsqueda de réditos inmediatos. Es más fácil anunciar una “política de choque” cada año, en lugar de construir un consenso nacional duradero.

2. Resistencia burocrática y opacidad

La existencia de un Libro Blanco exige transparencia en la asignación de recursos y la evaluación de resultados. Esto amenaza los feudos burocráticos y los circuitos opacos de poder dentro del propio Estado, donde la falta de rendición de cuentas ha sido, en muchos casos, la norma.

3. La verdad incómoda

Un diagnóstico honesto, similar al esbozado en esta columna, obligaría a señalar no solo a los actores armados, sino a las redes de corrupción en la política y las finanzas. Un Libro Blanco verdadero nombraría a los enemigos internos, y eso es un riesgo que muy pocos en la élite están dispuestos a tomar.

4. Dependencia estratégica

Por décadas, la estrategia de seguridad colombiana se ha subordinado a los designios de Washington, materializados en el Plan Colombia. Esto generó una cultura de dependencia que inhibió el desarrollo de un pensamiento estratégico autónomo.

La lucha contra la Internacional Criminal es la gran batalla geopolítica del siglo XXI. Para Colombia, no se trata solo de un desafío de seguridad: es una cuestión de supervivencia como Estado independiente. Continuar con un enfoque fragmentado, que combate al sicario pero ignora al lavador en Dubái y al político corrupto en Bogotá, es una receta para el fracaso.

La elaboración de un Libro Blanco es más que una tarea técnica: es un acto de soberanía. Es la declaración de que Colombia es capaz de diagnosticar sus amenazas y trazar su propio rumbo. Reclama un gran pacto nacional que movilice todos los instrumentos del poder del Estado: 1) la fuerza militar para enfrentar la capa operativa; 2) la inteligencia financiera y la cooperación judicial internacional para desmantelar la capa logística; y 3) una revolución en la transparencia y la rendición de cuentas para neutralizar la capa de protección política.

La amenaza que nadie quiere nombrar

Resulta profundamente preocupante —cuando no aterrador— que entre la pléyade de más de cien aspirantes que desfilaron por la carrera presidencial de 2026, y aun entre los dos candidatos que hoy disputan la segunda vuelta, ninguno haya incorporado en su discurso un diagnóstico serio, y mucho menos una propuesta coherente, frente a la realidad descrita de la multinacional del crimen. Este silencio no es inocente, y su interpretación nos deja ante dos escenarios igualmente graves: o no les importa, o lo desconocen. Ambas opciones son, en esencia, una confesión de ineptitud para gobernar una nación bajo asedio.

La primera posibilidad —la indiferencia— revela una frivolidad estratégica imperdonable. Sugiere que la agenda política sigue cautiva del cortoplacismo populista: de la discusión mezquina sobre prebendas y pequeñas ventajas, al tiempo que el país es desangrado por una red global que opera con la precisión de una corporación y la ferocidad de un ejército de ocupación. Que un candidato ignore este tema es como si el capitán del Titanic se preocupara por el menú de la cena a minutos de la colisión con el iceberg.

La segunda opción —el desconocimiento— reviste una gravedad mayor. Implica que nuestra clase política vive en una burbuja de irrelevancia, ajena a las transformaciones sísmicas que han reconfigurado el crimen organizado a escala mundial. ¿Cómo pretender gobernar un país sin comprender que las reglas del juego han cambiado? Que ya no se trata de perseguir cultivos en Caquetá, sino de desarticular redes de lavado en Dubái; no de capturar a un “pez gordo” en Necoclí, sino de entender su alianza con la ‘Ndrangheta en Calabria; no de combatir la violencia callejera, sino de enfrentar una estructura que ha corrompido los cimientos mismos del Estado.

Tal vacío discursivo no es casual: es sintomático. Evidencia que el debate político colombiano sigue anclado en el siglo XX, mientras el crimen ya opera en el siglo XXI. Mientras los candidatos discuten ideologías desgastadas, la multinacional del crimen es posideológica; mientras prometen subsidios, el crimen mueve capitales que duplican el presupuesto nacional; mientras hablan de “paz”, el enemigo real —este ecosistema criminal— consolida su poder en las sombras.

La ausencia del tema en la contienda electoral es la más elocuente de las confesiones: confirma que nuestra clase política no está a la altura de los desafíos que encara la nación. O, peor todavía, que algunos tienen demasiado que perder si estos entramados salen a la luz. Porque un diagnóstico honesto de la multinacional del crimen inevitablemente señalaría no solo a los actores armados; señalaría además a sus cómplices en la política, las finanzas y la empresa privada.

La necesidad de un Libro Blanco es aún más urgente cuando quienes aspiran a gobernar ni siquiera parecen entender la naturaleza del problema. Un país que elige a sus líderes entre quienes ignoran o desdeñan la amenaza existencial que lo acecha es un país que camina sonámbulo hacia el precipicio. El historiador Edward Gibbon escribió en Historia de la decadencia y caída del imperio romano: “las grandes crisis sacan a la luz los secretos más profundos; en los momentos de peligro, los lazos de interés se rompen y el verdadero carácter de los hombres se revela”. La crisis de la multinacional del crimen ha desnudado el nuestro: fragmentado y reactivo. La elaboración de un Libro Blanco sería la prueba de que, finalmente, estamos dispuestos a actuar de manera coordinada, a pensar en el largo plazo y a reafirmar la primacía del Estado de derecho. La hora de la improvisación debe quedar atrás.

El país de las hegemonías: Venezuela, de oligarquías y caudillos a pactos y chavismo, la alternancia que sigue siendo ilusión

Por Leroy Garrett (@lerogarrett).

La historia política de Venezuela no ha sido un relato de evolución hacia el equilibrio institucional ni hacia la alternancia real en la detentación del poder, ha sido, más bien, una cadena de hegemonías sucesivas del control absoluto del Estado —y de sus instituciones—. Esa es la constante. Y donde las constituciones han operado, no como expresión orgánica de las aspiraciones sociales, sino como instrumentos de mera formalidad al servicio de quienes detentan el mando en cada etapa. Cada régimen ha reescrito las reglas para perpetuarse o para facilitar su relevo controlado, mientras la oposición externa, fragmentada y carente de recursos reales de poder, ha terminado condenada a la denuncia desde el exilio o a la irrelevancia.

Tras la independencia y las guerras civiles del siglo XIX, se consolidó la oligarquía conservadora encarnada en José Antonio Páez, Carlos Soublette y la dinastía de los Monagas. Este orden, sustentado en el caudillismo personalista y en alianzas con sectores terratenientes y comerciales, cerró espacios a las aspiraciones liberales. La Guerra Federal (1859-1863) estalló precisamente como explosión de esa frustración liberal ante la imposibilidad de acceder al poder central, agravada por la estrangulación económica de campesinos y pequeños dueños de fundos bajo el peso de la Ley de Espera y Quita. Esa legislación, presentada como mecanismo de alivio para deudores, en la práctica favoreció la usura, protegió a los grandes acreedores y profundizó la ruina de los sectores populares del campo, la semilla fermentada hacia la guerra total.

La consigna final ante las mayores bajas por hambruna y paludismo fue ¡Muera el ganado!

Superada esa contienda, el guzmancismo de Antonio Guzmán Blanco —el “Ilustre Americano”— logró lo que los conservadores no pudieron: acabar con los caudillos regionales de viejo cuño. Pero lo hizo creando nuevos centros de poder personalista y consolidando el liberalismo amarillo como una hegemonía centralizada, modernizadora en apariencia (ferrocarriles, inmigración, obras públicas), pero profundamente autoritaria en su ejercicio. El poder siguió siendo botín de facciones que se renovaban por la fuerza o por o por el pacto, nunca por mecanismos institucionales estables de alternancia.

A comienzos del siglo XX, la invasión andina de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez —el Señor de la Mulera— reprodujo el mismo patrón con mayor crudeza. Castro fue eventualmente expulsado por indeseable, pero Gómez erigió sobre el incipiente boom petrolero el primer petroestado venezolano: un aparato de represión moderna, espionaje y lealtades compradas con el nuevo oro negro. Sus opositores históricos —Arévalo Cedeño con sus rebeliones armadas, Román Delgado Chalbaud con la expedición del Falke en 1929, Rufino Blanco Fombona desde el exilio europeo denunciando la tiranía, y tantos otros militares, intelectuales y civiles— fracasaron una y otra vez. Ninguno logró desplazar al régimen desde fuera. Cuando Gómez murió en 1935, la transición no vino de la oposición externa, sino desde dentro del gomecismo: Eleazar López Contreras, su ministro de Guerra y Marina, asumió el poder y gestionó una apertura gradual que evitó el colapso pero preservó la lógica hegemónica.

La alternancia democrática que nace en 1958 con el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez fue posible gracias al Pacto de Punto Fijo, un acuerdo – siempre un acuerdo- entre las principales facciones políticas (Acción Democrática, COPEI y URD) que se prometieron mutua convivencia y, sobre todo, la exclusión de otras fuerzas. Lejos de surgir de un reconocimiento consciente y amplio de la población, la Constitución de 1961 se convirtió en factor perturbador de las potencialidades nacionales al suspender garantías económicas durante su vigencia. Su viabilidad práctica descansó en un esquema de populismo petrolero basado en subsidios masivos y reparto clientelar. Cuando Carlos Andrés Pérez, en su segundo mandato, y sus “científicos” intentaron cambiar las reglas del juego económico —liberalizando precios, desregulando y abriendo espacios al mercado, sin

Liberar las garantías económicas como factor de inclusión pro libre empresa—, hirieron de muerte aquel arreglo puntofijista. Rompieron la hegemonía bipartidista que había durado cerca de cuatro décadas y abrieron las compuertas a nuevas fuerzas antisistémicas.

De ese quiebre surgió la hegemonía chavista, cuyo partero político fue Rafael Caldera al conceder el indulto a Hugo Chávez tras el intento de golpe de 1992. Este nuevo dominio ha llevado ya medio cupón de poder y más de un cuarto de los cuarenta años promedio disfrutados por las otras permanencias políticas del pasado. En proporción y en duración efectiva, ha igualado o superado al ciclo gomecista y se acerca peligrosamente al del pacto de Punto Fijo, demostrando una capacidad de adaptación y resiliencia que pocos anticiparon.

Hoy, la oposición venezolana —salvo contadas excepciones como algunos guerrilleros de los años sesenta rehabilitados luego por Caldera y por el propio chavismo— parece condenada a repetir el rol de aquellos opositores gomecistas: hacer tarimas por todo el orbe, ahora etiquetadas despectivamente como “a la venezolana”. Mientras tanto, otros han regresado a hacer lo más condenable: servir de sustento de legalidad y legitimidad a un chavismo que posee la versatilidad camaleónica de mudar súbitamente del disfraz de zorra al de ovejita. Esa cualidad de sobrevivir, de adaptarse, de cambiar de piel según las circunstancias internacionales o internas, es la que hoy preocupa —y debe preocupar— profundamente a todos los venezolanos.

La lección que se repite es incómoda, pero clara: mientras la oposición no logre construir una alternativa real de poder —institucional, económica y social— más allá de la denuncia y de los pactos tácticos que terminan reforzando el ciclo, la historia seguirá escribiéndose con los mismos trazos. Las constituciones seguirán siendo instrumentos de los mandamases de turno, y la alternancia seguirá siendo una promesa incumplida. El verdadero quiebre no vendrá de una nueva tarima ni de un nuevo pacto, sino de la capacidad de romper, de una vez por todas, la lógica hegemónica que tan perniciosamente ha definido nuestra trayectoria republicana desde el siglo XIX hasta nuestros días.

Guerra civil en Uganda: lecciones para Venezuela de los chimpancés Ngogo

Por Leroy Garrett (@LeroGarrett).

Esta nota no trata de un conflicto ordinario ni predecible. Uganda no enfrenta la furia asesina de un nuevo Idi Amin. Las hostilidades ocurren en la comunidad de primates más estudiada del mundo: alrededor de 200 chimpancés que habitan el Parque Nacional Kibale, en Uganda. Esta comunidad se ha fracturado en dos facciones en guerra, con un grupo lanzando desde hace años una campaña de ataques letales contra el otro.

¿Qué está ocurriendo?

Los chimpancés Ngogo han sido estudiados durante tres décadas. En los últimos años, los científicos han observado con asombro cómo una comunidad cohesionada se polarizó lentamente. Desde 2015, los lazos sociales se fueron debilitando, los “vecindarios” se convirtieron en facciones antagónicas y el territorio compartido se transformó en una frontera disputada. En 2018, la ruptura fue total.

Vinieron entonces los enfrentamientos y las matanzas indiscriminadas, sin distinguir entre adultos y crías. Se formaron dos grupos: los que controlan el centro del territorio y los occidentales, que han venido ganando la guerra.

Recordemos que los chimpancés son nuestros parientes más cercanos: compartimos con ellos un gran porcentaje de nuestro ADN, de allí la importancia de estudiar su conducta e instintos. Y el caso de los Chimpancés Ngogo es interesante, porque muestra que la rivalidad no tiene origen económico, sino emocional y territorial. La lucha busca preservar el área vital donde desarrollan sus vidas y no quieren compartirla con sus enemigos. El liderazgo que mantenía la unión desapareció y fue reemplazado por rivales en lugar de aliados.

Marx y Engels hicieron del conflicto entre los seres humanos —rebeliones, guerras, protestas— un resultado casi exclusivo de la injusticia económica. Este caso de los chimpancés de Ngogo invita a cuestionar esa visión: quizá nuestra propensión al conflicto tenga raíces más profundas que la mera desigualdad económica, raíces que residirían en ese conducta determinantemente emotiva hacia la ruptura como ocurre en nuestros parientes primates.

Este conflicto me recuerda también a la Guerra Civil Española, donde la confrontación brutal entre la religión secular de los republicanos y la reacción conservadora de los falangistas, el clero y la vasta oficialidad monárquica se libró sin prudencia ni mesura. No fue, en esencia, un conflicto de raíz económica como sí lo fueron las revoluciones Francesa, Norteamericana o Bolchevique.

De igual forma, la independencia venezolana fue más una confrontación civil entre quienes vieron una oportunidad al caer el gobierno de los Borbones en manos del hermano de Napoleón y aquellos que permanecieron fieles a la Corona.

La declaración de independencia de Venezuela muestra esa fractura, a diferencia de la de Jefferson, aprobada por unanimidad por todas las colonias rebeldes.

Esto explica, en parte, los últimos veintisiete años de Venezuela: un supuesto “estado de guerra civil” que nunca lo fue realmente. Las oposiciones, desde el inicio, asumieron una política electoralista y de preservación de espacios. No hubo una ruptura total como la que sufren los chimpancés de Ngogo o la que vivieron otras revoluciones genuinas, incluida la española.

Esa falta de ruptura radical explica la permanencia del chavismo en “extra innings”, el gobierno más inviable de nuestra historia, y el porqué las oposiciones no han logrado convertirse en el relevo dialéctico de la desgracia. También explica por qué seguimos bajo la guarda de los Estados Unidos y, más importante aún, por qué parece inexorable que no quede otra salida que hacernos miembros de la gran unión de naciones americanas.

Venezuela: el diagnóstico de un país adolescente y la receta para su homeostasis

Por Pedro González —Handinator— (X: @tepinunpasen).

Venezuela es un país adolescente. Desde nuestra independencia en el año 1811, apenas han transcurrido 215 años de historia republicana. ¿Qué son estos dos siglos frente a las civilizaciones milenarias que superan los cinco milenios de existencia? En ese breve transcurrir desde su fundación —y hablemos claro—, la nación nació con una mentalidad compleja. Lo que nos hace únicos es esa mezcla indefendible, vibrante y profunda: la raíz española, el choque anglosajón, la mística de Medio Oriente y la fuerza impetuosa africana. Toda esa energía cultural confluye en nuestra identidad. Sin embargo, a ese crisol se le inoculó una inyección de intervencionismo y fragmentación por parte de los intereses anglosajones, hoy con un marcado rostro norteamericano. Aclaro que simpatizo profundamente con la cultura y los valores originarios del pueblo estadounidense —aunque la clase política actual, entregada por completo al servicio de las grandes élites corporativas y del Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC), es una cosa muy distinta—.

En medio de este corto caminar republicano, es de estricta justicia reconocer los cuarenta años de nuestra democracia a medias. Sería intelectualmente deshonesto ignorar que durante ese período se construyeron instituciones sólidas, se elevó significativamente el nivel de vida de los venezolanos y se logró la alfabetización de una enorme parte de la nación. Hubo un proyecto de país real. Sin embargo, en sus últimas dos décadas, esa misma estructura democrática se dejó seducir por la complacencia, la corrupción institucionalizada y un agudo clientelismo político. El resultado directo de ese abandono moral fue una desigualdad social tan marcada y dolorosa que terminó sirviendo de caldo de cultivo para la debacle posterior.

La realidad descarnada es que la responsabilidad final es nuestra por habernos dejado seducir ante las propuestas demagógicas de esos falsos mesías que capitalizaron aquel descontento. A ellos les pagaron muy bien para escenificar su papel: destruir el país desde adentro y montar el teatro mediático de chavistas y líderes opositores. Sí, todos financiados y plegados al mejor postor. A ti y a mí nos ha tocado vivir esta cruel herida histórica: veintisiete años de un proceso desgarrador, y los que faltan si no aprendemos la lección, si no nos empoderamos de nuestro acervo y elevamos de una vez por todas nuestra conciencia ciudadana y política.

Sé que te preguntarás: ¿Y cómo se come eso?

Para sanar, primero debemos diagnosticar la enfermedad. Las toxinas y las células cancerígenas ya las conocemos de sobra: son la clase política actual, con poquísimas excepciones muy limitadas cuyos nombres brindaré en próximos artículos para fundamentar mejor mi postura. Pero antes de señalar afuera, hay que empezar por depurar el cuerpo enfermo que somos nosotros mismos, nutriéndolo adecuadamente y liberándolo de la ponzoña de la diatriba partidista.

Propongo mirar a Venezuela como un cuerpo humano. El país es un organismo vivo y diverso; en él habitan bacterias, parásitos, células y hongos. Esos componentes somos nosotros: los chavistas-maduristas, los opositores y esta nueva corriente que urge consolidar con fuerza: la corriente soberanista. Mi intención no es exterminar las partes, sino lograr que el país trabaje en su homeostasis; es decir, en un equilibrio perfecto que potencie al organismo nacional hacia su máximo estado de salud y energía.

Sin embargo, sé muy bien que los miembros de lo que yo llamo el clan de la «Neurona 51» —o el «Vendido 51»— hace tiempo dejaron de leer este texto. En cuanto vieron la extensión del análisis, abandonaron el barco porque ni siquiera se atreven a subirse a él. La «Neurona 51» representa a ese espécimen que se entrega ciegamente a la solución o ilusión más fácil que transita por su limitado circuito mental. Queda atrapado en ese estancamiento y no se exige a sí mismo reconectar sus capacidades para, como mínimo, atreverse a ver qué hay más allá y alcanzar la neurona 52. Lo más irónico y agridulce de esta mezcla es que hoy vemos a antiguos chavistas y a opositores recalcitrantes caminando en perfecta armonía, compartiendo el mismo propósito de sumisión ante el mismo postor. ¡Qué vueltas tan cínicas depara la historia!

Para quienes sí deciden quedarse y activar su conciencia, la terapia que recomiendo en esta primera fase se basa en un esquema de medicamentos sociales estrictos:

  • Primero: cero fanatismo. El radicalismo ciego y la defensa de dogmas quedan completamente fuera del juego.
  • Segundo: ayuno energético. Hay que dejar de entregarle nuestra atención y pasión a los líderes políticos actuales de ambos bandos. No apoyes a ninguno y observa cómo esta medicina hará que se devoren entre ellos mismos al quedarse sin borregos a los cuales engañar.
  • Tercero: paros de caída al gobierno. Aplicar los frenos necesarios y enviar mensajes contundentes para que las cúpulas entiendan lo que viene y se vean obligadas a ajustarse a la realidad.
  • Cuarto: bloqueo a los falsos salvadores. No respaldar ninguna candidatura de mesías promocionados por los grandes medios de comunicación y por los creadores de contenido que solo venden potes de humo.
  • Quinto: valorar la verdad incómoda. Prestar atención al individuo con buena intención que te diga las cosas que no te van a gustar. Es hora de exigir el control máximo y la penalización estricta de hábitos destructivos, como conducir bajo los efectos del alcohol, manejar sin licencia o pasarse por el forro las reglas básicas de tránsito y la armonía ciudadana.
  • Sexto: corresponsabilidad fiscal y social. Aceptar que se deben pagar impuestos si se trabaja y que, en esta primera etapa de reconstrucción, todos vamos a tener que poner de nuestra parte en los servicios de salud, al menos hasta que la producción petrolera recupere los tres millones de barriles diarios.
  • Séptimo: desintoxicación del odio y entierro de la venganza. Para que el cuerpo sane, hay que sepultar el resentimiento. En este punto, excluyo categóricamente a quienes fueron víctimas de hechos atroces por parte de las autoridades, pues su dolor merece el respeto de la justicia verdadera. Pero para la inmensa mayoría —aquella que fue allanada mentalmente por la propaganda de ambos bandos para volcar su frustración en el odio y culpar al vecino de su situación— es obligatorio cerrar ese capítulo de intolerancia enfermiza. Ningún pueblo ha salido jamás de la miseria colectiva si no aprende a superar el sufrimiento de sus llagas. Debemos ver la herida como un recordatorio estricto del camino que no debemos volver a transitar jamás.
  • Y dejo de último lo que en realidad es el cimiento de todo este esfuerzo: Educación, educación y más educación.

Esta saga apenas comienza. Las propuestas que aquí planteo quedan expuestas con la esperanza de que sean debatidas, pulidas y mejoradas por quienes me lean y compartan el sagrado anhelo de hacer de Venezuela un país con verdadera luz intelectual y soberanía absoluta.