El 3 de enero de 2026 marcó un hito indispensable en la memoria política de nuestra nación. Aquella jornada representó la ruptura definitiva de un ciclo de deterioro institucional que amplios sectores de la sociedad anhelaban desde el inicio del declive democrático. Sin embargo, para comprender la magnitud y profundidad de la crisis venezolana, es imperativo analizar sus causas remotas.
Lo que durante décadas se presentó bajo la apariencia de una convivencia democrática pacífica y próspera no fue más que una estructura estatal deficiente: un modelo incapacitado para cumplir sus promesas fundamentales y responsable del progresivo desmantelamiento del bienestar ciudadano.
Aquel «socialismo blando» o moderado portaba en su seno el germen de su propia descomposición. Como advirtió lúcidamente Friedrich A. von Hayek, toda socialdemocracia que expande desmedidamente las competencias del Estado transita, tarde o temprano, hacia un colectivismo autoritario e inoperante. En el caso venezolano, dicha pendiente resbaladiza derivó inexorablemente en el modelo castro-comunista.
II. La ilimitación del Estado y la falacia de la oposición complaciente
Los acontecimientos de enero pusieron de manifiesto el agotamiento del régimen, pero también expusieron las severas limitaciones de una dirigencia opositora tradicional que, al compartir la misma matriz ideológica estatista, se mostró incapaz de ofrecer una alternativa de ruptura real. Ante este vacío de conducción, la administración tutelar estadounidense debió asumir un rol determinante para implementar un plan temporal de estabilización, recuperación y transición.
No obstante, las tutelas externas y las fórmulas coyunturales son meros paliativos geopolíticos. Si la nación no aborda el problema de fondo, la naturaleza y los límites del poder público, estará condenada a perpetuar el diagnóstico histórico formulado por Simón Bolívar: más de dos siglos de «arar en el mar».
III. La propuesta devolucionaria: Autonomía local y República Federal
Para asegurar la paz, la justicia y la prosperidad en el marco de la civilización occidental, la nueva República debe erigirse fundacionalmente sobre la doctrina del Estado Estrictamente Limitado y la Devolución del Poder.
Las funciones del poder público central deben restringirse a sus competencias verdaderamente esenciales:
Garantizar la seguridad interna y la integridad territorial.
Administrar una justicia imparcial, independiente y expedita.
Asegurar el marco legal para la libre contratación e infraestructura pública.
Consagrar de forma irrestricta los derechos individuales: la propiedad privada, desde el subsuelo hasta el cielo que la cubre, la libertad de pensamiento, de expresión, de tránsito y de libre empresa. Todo ello bajo un esquema de seguridad jurídica donde el imperio de la ley impere sin privilegios ni excepciones, respetando rigurosamente los contratos privados, tanto tangibles como intangibles.
El verdadero motor de esta refundación institucional radica en la descentralización radical y la autonomía subnacional. Las provincias y los municipios deben recuperar de inmediato sus plenas facultades normativas, políticas, administrativas y fiscales.
La Devolución no es solo una técnica de gestión pública; es el reconocimiento de que la cooperación social y el desarrollo florecen únicamente cuando las instituciones respetan las tradiciones, identidades, costumbres y realidades de cada comunidad local. Solo mediante un orden constitucional que limite al Leviatán y devuelva la soberanía al individuo, a la familia y al municipio, garantizaremos que las futuras generaciones crezcan en una República Federal justa, próspera y verdaderamente libre.
Este cronista escribe en términos de rigurosidad histórica y con un gran acopio de lecciones aprendidas en 27 años de dictadura.
1. Relaciones entre EE. UU. y el chavismo
Cuando Chávez arriba al poder en 1999 —siglo del que no hemos salido, sino que en madurez política nos retrotrajo a las montoneras pregomecistas—, el gobierno de Clinton, por medio del patrocinio de su embajador John Maisto y su doctrina de “Chávez dice una cosa y hace otra”, permitió la naciente y no verificada amenaza chavista. Se asumió que el electo golpista no pondría en peligro el despacho de la cuota petrolera a Estados Unidos. Chávez fue diligente en cumplir esa condición, inclusive implosionando la industria al castrarla de la meritocracia petrolera en 2003.
José Vicente Rangel lo dijo mejor que Maisto: “Chávez no pisa la raya amarilla”.
Chávez aprovechó, hasta entrada la administración Bush junior, la cordialidad que le dieron sus entregas petroleras. Después del 11 de septiembre, esa cordialidad se quebró. Washington mezcló la guerra contra el terror con sus intereses energéticos y desatendió el resurgimiento subversivo subcontinental: Foro de São Paulo y la operación política de Fidel Castro, quien cumplió el sueño que Betancourt le negó: ponerle la mano a Venezuela.
La era Maduro es de fresca recordación: rebelión abierta, sanciones, caída de la infraestructura por corrupción metastásica, delito de Estado y moratoria de deudas interna, petrolera e internacional. El caos.
Quedan preguntas abiertas, no verdades decretadas. ¿Qué papel jugó la inteligencia americana en el régimen de Maduro? ¿Cómo se estimó el control sino-ruso sobre petróleo y minería? ¿Hasta qué punto Washington controlaba a Maduro y hasta qué punto solo a su entorno? El ascenso posterior de operadores del entorno madurista —incluido el de Derwick— al primer plano petrolero de la tutela es un hecho. La explicación de ese ascenso, por ahora, es hipótesis. La FOIA, con los años, confirmará o desechará lo que hoy no está probado.
Lo ocurrido desde el 3 de enero —sobrevivientes del chavismo en el poder, prioridades de Trump e inhabilitados de las “fases”— muestra que los operativos de valía, si los hubo, no estaban en la oposición. Los que estaban no influyeron. Eso tampoco es consigna: es el saldo de los resultados.
2. Lo que no se dice
En política importan los resultados. Después de 27 años este cronista no tiene partido. Sí tiene memoria. La oposición venezolana, incluida su figura de mayor popularidad, ha hecho de las elecciones y del abrazo un programa. No ha hecho de las causas concretas un programa.
Consta, porque lo viví: se pidió a sus organizadores en Estados Unidos apoyo público —no dinero— al holocausto petrolero. No llegó. Consta también lo que sigue sin pronunciamiento abierto y contundente:
• las deportaciones y el trato a las colonias venezolanas en Estados Unidos, El Doral incluido; • los presos políticos; • el combate a la impunidad; • una política de rescate por fases para los afectados de los terremotos.
El tutor no busca un auditor que le estorbe el diseño energético. Un liderazgo que no se casa con las víctimas tampoco le estorba ni le obliga. El silencio, en ese tablero, no es prudencia: es ausencia.
Los resultados no se decretan. Una medalla no es gobierno. “Tierra de Gracia” describe el abrazo; no describe el Estado, ni la renta, ni la reparación. Mientras tanto, el país sigue con los mismos comisarios: hijos de Fidel y socios de la tutela.
Más que “vente”, hace falta “vamos”: causas, no letanías.
3. Realidades e imperativos
Hay que organizarse a lo Resistencia francesa: por grupos, con herramientas digitales, influyendo en la opinión pública y en el gobierno americano para que las fases incorporen justicia. No basta el nombramiento de un Tribunal Supremo de recambio. Las reparaciones a las víctimas de abusos a los derechos humanos —el holocausto petrolero entre ellas— ya tienen vía. Llegó la hora de tomar el destino más allá del abrazo que vendrá, si acaso, cuando la redención esté asegurada.
Con rosas y fresas no se reparan las letrinas. Llegó la hora de que el mono cargue a su hijo.
Oriana Aranguren es licenciada en Ciencias Fiscales, mención Aduanas y Comercio Exterior, y es cofundadora del capítulo Ladies of liberty Alliance (LOLA) Caracas, desde donde se promueve el liderazgo femenino en el movimiento libertario. También, es Coordinadora Local Senior de EsLibertad Venezuela.
“(…) Si preferimos la paz amortiguada de la protección permanente antes que el riesgo de valernos por nuestro propio criterio, habremos entregado lo más valioso de nuestra condición humana sin necesidad de que nadie nos lo arrebate por la fuerza.”
Oriana Aranguren
En el gran repertorio de los ideales humanos, pocos gozan de un prestigio tan unánime como la libertad. Se la invoca en discursos solemnes, se la proclama como el pilar fundamental de la civilización y se la integra sin titubeos en la gramática moral de cualquier sociedad moderna. Sin embargo, actualmente existe una paradoja inquietante de la que, estimo, poco a poco muchos van cayendo en cuenta, a saber: que cuanto más se celebra una palabra, más propensa es a convertirse en una cáscara vacía.
Tan solo haga la prueba, repita una palabra rápido y muchas veces hasta que se canse y verá que en un punto la misma deja de tener sentido, a esto se le conoce como «saciedad semántica». Hoy tenemos algo de ello: hablamos de libertad en todos lados y, muchas veces, ni sabemos qué significa realmente, porque cada persona parece tener un significado propio, y en el camino, se pierde la verdadera esencia de la libertad.
Tendemos a considerar la autonomía y/o la libertad como una conquista irrevocable, y la mayoría está atenta a cuando arremeten abruptamente en contra de ella, para defenderla. No obstante, corremos el riesgo de pasar por alto que su pérdida pocas veces ocurre mediante de forma dramática y que lo más común es que su perdida sea lenta, silenciosa, donde poco a poco se vacia su interior.
Durante siglos, la amenaza a la libertad tuvo un rostro inequívoco, porque el peligro residía en la coerción, en la censura explícita, en el monopolio del pensamiento por parte del poder, en la persecución del disidente y en la violencia del Estado que pretendía moldear la vida de los ciudadanos según la cosmovisión de quienes ostentaran el poder. Ante esa dominación frontal, la causa de la libertad era conceptualmente clara, se resistencia, se vigilaba y había una clara distinción entre el individuo reprimido y la autoridad opresora. Y si bien es cierto que esas formas de sometimiento continúan existiendo en diversas latitudes, reducir el problema de la libertad a la supervivencia de la tiranía tradicional es una visión bastante miope, y peligrosa, de nuestra sociedad moderna.
En la actualidad, la erosión de la autonomía personal responde más a un mecanismo mucho más sutil y eficaz, porque el poder únicamente ya no prohíbe desde fuera, sino del entorno que organiza la vida desde dentro, ¿Cómo? pues, a través de la cultura que vuelve fatigoso e innecesario el ejercicio del juicio propio. Siguiendo un poco la línea de Michel Foucault, esa libertad contemporánea, más que ser cercenada con violencia, es administrada, amortiguada y progresivamente anestesiada por un afán desmedido de comodidad, seguridad y sobreprotección —la disciplina—.
Vivimos en un ecosistema diseñado para minimizar la fricción; delegamos en sistemas automáticos, expertos institucionales y consensos prefabricados la tarea de filtrar la realidad, anticipar nuestras necesidades y orientar nuestras decisiones. Y todo parece empeorar con el surgimiento de la Inteligencia Artificial, que tanto auge ha tenido en los últimos años. Pero a lo que nos lleva esto es que, en apariencia, nunca hemos dispuesto de tantas opciones, y, en la práctica, pocas veces hemos ejercido una elección tan despojada de sustancia; porque la comodidad adormece nuestro juicio, en la medida en que, muchas veces, se convierte en un estorbo, en causante de conflictos. Nos acostumbramos a ser conducidos porque ser guiados resulta infinitamente más sencillo que asumir el peso de la incertidumbre que implica tomar decisiones por cuenta propia.
De hecho, en línea con este pensar, en el que no somos adultos, sino niños que necesitamos ser guiados y, por tanto, nos encontramos en un estado constante de fragilidad que un externo debe asistir —con el pretexto de proteger al individuo contra cualquier aspereza, incomodidad o conflicto—, las instituciones y el clima social parecieran haberse configuraro para tratar al ciudadano como a un menor de edad permanente. Así, se multiplica la tutela y se achica el margen para el riesgo, sin advertir que la verdadera madurez humana se forma en ambientes que demanden de la persona, no estériles, en donde la libertad no tiene ningún contacto con la dificultad.
La libertad demanda la posibilidad de equivocarse, de asumir las consecuencias de las propias decisiones y de sostener un desacuerdo sin recurrir de inmediato al amparo de una instancia superior, quien es protegido de todo termina siendo incapaz de sostenerse a sí mismo, y esa debilidad inducida se utiliza luego para justificar nuevas formas de intervención. De hecho, como bien explica Ton Palmer en «Autocontrol o control estatal», incluso debilita el autoestima de las personas, porque asimilan que son incapaces de valerse por sí mismos.
Paralelamente, el afán de conformidad ejerce una presión para encajar que también se traduce en silencio, en no pensar críticamente o, al menos, no transmitirlo por el temor al rechazo comunitario, el pánico a la tacha moral y la fatiga de sostener un criterio discrepante frente a un coro unánime. Hoy, el coste social de pensar de manera independiente se vuelve excesivo, por lo que muchos optan por adoptar la voz que garantiza la aceptación. Así, la libertad de expresión se conserva intacta en las leyes, pero se atrofia en la vida cotidiana porque la uniformidad se ha instalado como la estrategia más segura de supervivencia.
En este escenario, no queda más que recordar que la libertad es, ante todo, una exigencia de carácter. Para que la autonomía sea real, requiere personas dispuestas a soportar la soledad del juicio propio, a cultivar la paciencia intelectual frente a la inmediatez de las consignas y a asumir la responsabilidad individual como un deber irrenunciable —porque la libertad sin responsabilidad es una contradicción—; requiere la capacidad sobria de responder por los actos propios sin traspasar la culpa a abstracciones sociales o tutelas de alguna organización, mucho menos estatal, por muy bienintencionadas que parezcan.
Es simple: ninguna constitución ni diseño institucional sostendrá la libertad si los individuos renuncian a la musculatura moral necesaria para vivirla. Si preferimos la paz amortiguada de la protección permanente antes que el riesgo de valernos por nuestro propio criterio, habremos entregado lo más valioso de nuestra condición humana sin necesidad de que nadie nos lo arrebate por la fuerza. La libertad solo perdura allí donde existen ciudadanos que consideran que la molestia de pensar y decidir por sí mismos vale infinitamente más que el consuelo de una obediencia cómodamente amueblada.
La segunda edición de la administración más no ortodoxa de los Estados Unidos enfrenta el no abiertamente declarado referéndum que cada presidencia enfrenta a mitad de su término constitucional. Hablo de las elecciones parlamentarias de noviembre próximo.
Estas elecciones, anticipadas por los fundadores de la nación como un punto importante de control de los poderes, reafirman la posición del Congreso como poder originario emanado de la voluntad popular. Si, en caso de estar adormecido por el control mayoritario del partido de gobierno, el pueblo de los Estados Unidos depone la mayoría que favorece al Ejecutivo, otorga total fuerza constitucional al poder legislativo para controlar desviaciones y abusos de la presidencia. Tales abusos y desviaciones se presumen hoy abundantes.
Serán las primeras elecciones de Trump como presidente desde el 6 de enero de 2021, cuando sus partidarios ejecutaron los tristes sucesos de rebelión civil por todos recordados por recientes.
Por lo que estas elecciones, en otrora un mecanismo natural de balance de poder, hoy contienen un elemento de ansiedad notable.
Venezuela está en el centro de los debates y prioridades de la bancada demócrata, y ya los cañones de esa bancada apuntan a cuestionar mucho de los tópicos que sobresalen de nuestros corazones y angustias.
El 16 de septiembre de 2026, los senadores Ron Wyden (Oregón), Elizabeth Warren (Massachusetts) y Sheldon Whitehouse (Rhode Island) dirigieron carta al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent. Interrogan el destino de la renta petrolera venezolana —al menos USD$ 13.000 millones reportados en cuentas bajo custodia estadounidense—, las cuentas abiertas primero en Qatar y luego en el Tesoro, la intervención en otros rubros y recursos naturales como la minería y el oro, el rol de Qatar en el arreglo financiero y la justificación del sostenimiento del infame triunvirato heredero de Maduro.
Ese primer paso establece, de antemano, el nivel de auditoría que el caso Venezuela tendrá en el nuevo Congreso electo. No es un gesto aislado: es la plantilla de supervisión que un legislativo con mayoría opositora —si noviembre se la entrega— aplicará sobre la renta, las cuentas y el uso del poder de tutela.
Es cierto: el chavismo no solamente dilapidó, sino que regaló a mano abierta los recursos de los venezolanos. Pero esto no significa que tal horrible precedente le otorgue al gobierno de Trump patente de corso al tomar control de la propiedad de los venezolanos. Esa no es la manera en que históricamente los Estados Unidos proceden ante las naciones.
Quienes creemos en el lado ético de las instituciones y en el excepcionalismo americano tenemos presente que el Congreso es, en este sistema, el contrapeso natural del Ejecutivo.
El saqueo chavista no convierte la renta venezolana en botín del Ejecutivo. Noviembre dirá si el Congreso está dispuesto a pedirle cuentas.
Desde el 3 de enero la administración Trump prometió tres fases. No ha arrancado ni la primera. Las petroleras no entran. Venezuela no es un Plan Marshall: es un brownfield con gobierno tutelado y riesgo a flor de piel.
Vivimos unos tiempos en los que la velocidad de las noticias —sean verdaderas o falsas—, su arribo sucesivo y la urgencia de hacer lo posible en el menor tiempo imponen brevedad en la palabra escrita. Por ello divido mi nota en tres partes.
1. Periódico de ayer
La Europa arrasada de posguerra vio con asombro que una nación producto de ella misma, y con tan corta vida, pudo reconstruir y hacer económicamente viable la Europa del Oeste ante la amenaza de la cortina de hierro. En efecto, impulsados por la doctrina de contención al comunismo, los Estados Unidos, al unísono, ayudaron a reconstruir instituciones y aseguraron los recursos para consolidarlas y hacerlas estables. Eso se conoce como el Plan Marshall. La política internacional americana es hoy ausente de tamañas gallardías.
2. Periódico de hoy
Los últimos diez años han probado ser caóticos en el liderazgo estadounidense: desaciertos en el manejo de la pandemia; el pretender devolver la película a relaciones raciales en busca de restaurar pasados elementos de subordinación y hegemonía social; el abandono de políticas que favorezcan la libre y pequeña empresa en favor de los que más tienen; el favorecimiento en la carga impositiva a las élites en detrimento de la clase media. Todo ello altera peligrosamente el balance armónico de una sociedad que, dividida, ha probado ser una catástrofe.
Los desaciertos en la guerra contra Irán y su efecto dominó en el Medio Oriente —de gran preocupación para la paz mundial— demostraron una impulsividad inusual, más infortunada, en la toma de decisiones de la potencia mundial sobre el manejo de crisis internacionales.
3. El estancamiento
Sinónimo: Venezuela. En lo que va de año, específicamente desde el 3 de enero, la actual administración Trump ha prometido tres fases, de las cuales no ha arrancado ni la primera. Una vez tomada militarmente la nación, se convocó a la Casa Blanca a las compañías petroleras, dándoles la bienvenida al nuevo festín que incluye las reservas más importantes del orbe. La respuesta de dichas corporaciones fue, y es aún, esquiva, indiferente e incluso abiertamente negativa, como lo fue el caso de ExxonMobil.
La estrategia fue entonces entrar por la vía del brownfield —activos pequeños en precaria o mediana producción— que demanden poca inversión y retornos inmediatos o mediatos.
Para lograrlo con la inmediatez exigida, operadores como la familia Cisneros, chinos, rusos, además del operador norteamericano más emblemático después de Chevron —Harry Sargeant III (“el Abuelo”), notorio financiador del Partido Republicano— han sido desplazados. Aun así, las inversiones y el takeover no se materializan.
Paradójicamente, la mayoría de los acuerdos —que en su mayoría no pasan de ser promesas, o promesas reforzadas con ciertos actos, pero no son un contrato definido y exigible aún— son hoy cacareados por caras conocidas, con duda colectiva de credibilidad, que no participan en los convivios de Miraflores. Esto es el colmo: se busca decidir, sin autoridad ni patrocinio del triunvirato o de la administración Trump, el destino petrolero del país, mientras circos itinerantes presentan sus piruetas en sonados eventos en Houston y Londres, profetizando lo que no saben y ofreciendo lo que no tienen. Eso agrega una capa de fantasía, bien desagradable por inútil, a lo que no ocurre.
Volviendo al caso de los inversionistas interesados: ellos siguen, finalmente, indecisos a proceder por temores y riesgos que brotan a flor de piel. Un gobierno forajido, impuesto por bayonetas americanas, otrora y hoy de asesinos y ladrones, que no gobierna, sino que permite que fuerzas irregulares de relevancia controlen el país y su territorio. Ojo: esto no terminó con la baja del Niño Guerrero. Esto sigue sin corrección real y sigue impidiendo el rescate de la industria.
¿No dejamos de preguntarnos por qué el petróleo como prioridad, y no todas las prioridades, como hicieron históricamente los Estados Unidos con el Plan Marshall?
Otro factor de impacto hacia la no materialización de la presente apertura petrolera es lidiar con una administración estadounidense de ejecutorias no ortodoxas, cuyos efectos activarían eventualmente mecanismos constitucionales de corrección, probados desde el periodo de Reconstrucción (posguerra civil) hasta Nixon.
Nadie en su sano juicio entraría a poner su dinero ante tales riesgos. El cacareado acuerdo de los 65 mil millones de barriles —letra contractual que nadie conoce y que aquí la ley pudiera adjudicar la condición de battle of the forms (papeles contractuales sin ejecutar)— ha causado revuelo interno entre las paredes de la Casa Blanca por la escogencia de la relevancia criminal del empresario elegido para liderarla. Veremos retrocesos en estas decisiones; no es extraordinario: es modus operandi.
Mientras la crisis en la calidad de vida de los venezolanos sucumbe a niveles peligrosamente haitianos, el presunto liderazgo espera la luz verde del Departamento de Estado. Y todos los venezolanos tenemos la certidumbre de que esto ni remotamente se parece al Plan Marshall.
Las tres fases no arrancan. Y las crisis, si no se controlan, se gobiernan solas.
Opinadores, opositores y algunos chavistas se han volcado en críticas y condenas al acuerdo petrolero. A este cronista le hubiera encantado que un debate de tal rigor se hubiera suscitado con respecto a la invasión cubana, el arreglo chino y ruso, incluyendo la destrucción total de Venezuela y su industria petrolera, cuando Chávez y Maduro estaban en apogeo de sus desmanes.
Al contrario, el debate político en casi tres décadas jamás tocó la invasión cubana, la presencia guerrera colombiana o la actividad del terrorismo musulmán. Todos artificiosamente enceguecidos, portando masivamente unos lentes de “cuero de cochino” —con los pelos pa’ dentro— de las fuerzas invasoras bienvenidas por el chavismo. Nadie hablaba. ¿Ahora sí?
Hemos comentado antes y debemos insistir en hacerlo, porque la clarificación demanda insistencia.
1. Legitimidad. Después del 3 de enero, la legitimidad la posee quien ejerce la fuerza. La Constitución chavista —madre de todas nuestras desgracias—, defendida a ultranza más por opositores que por chavistas, anulable de origen, ha dejado de facto de existir. Estados Unidos legitima los actos con su poder.
La fuerza hace el derecho. Ante el limbo de nuestra condición presente, una acción de corte ante la jurisdicción americana, en interpretación del estatuto y reglamentos donde se basaría nuestro tutelaje: ejemplos y precedentes sobran.
Este cronista interpuso esta pregunta en los foros que me tocó defender al holocausto petrolero. Tenemos registro. Ni el gobierno provisional del triunvirato títere, ni las acciones que comprometen la gobernabilidad y los recursos de la nación se rigen por el absurdo andamio legal chavista.
2. ¿Por qué esta comunión con los talibanes? Lo dijo claro el presidente Trump: “no queremos otro Irak”. ¿Qué pasó en Irak? El régimen de Saddam Hussein fue barrido de la faz de la tierra. Se pretendió imponer un régimen encabezado por el político exiliado Ahmed Chalabi, elemento crucial en persuadir y convencer al Departamento de Estado y al presidente Bush de invadir Irak y desmantelar el régimen de raíz. La misión se cumplió y Estados Unidos declaró victoria. El hipotético régimen de Chalabi no cuajó; la cacareada victoria era solo el principio de la etapa más sangrienta de la guerra.
Igual ocurrió en Afganistán: se pretendió erradicar a los talibanes con un gobierno impopular (Hamid Karzai) que solo hizo —después de cientos de soldados americanos muertos y casi dos décadas de ocupación— retardar el regreso de los mismos talibanes que quisieron erradicar.
Estados Unidos vivió en Latinoamérica el trauma de apoyar el débil liderazgo de Violeta Chamorro en Nicaragua, antesala a la etapa más espantosa del sandinismo.
Estados Unidos, durante los sesenta —trauma colectivo no superado—, apoyó al presidente de Vietnam del Sur, Ngô Đình Diệm, y a su hermano Ngô Đình Nhu, gobierno débil y corrupto, quienes murieron asesinados durante un golpe de Estado en 1963, el preámbulo de la toma total del Vietnam del Norte comunista, que condenó a la muerte a decenas de miles de jóvenes soldados norteamericanos.
Los objetivos de esas intervenciones no fueron cumplidos. Ellos quieren otro resultado para Venezuela: el proveedor seguro de petróleo no se puede perder. Las heridas en la experiencia de pasados desastres en ocupación de países por parte de los Estados Unidos les impone una política totalmente maquiavélica: “si no puedes con tus enemigos, únete a ellos”.
3. ¿Esto qué significa? Que, aun cuando el triunvirato, y sus empresarios y estructuras de poder, siguen operando bajo consentimiento del tutor, paradójicamente ellos siguen imputados por sus crímenes y, aun con todo y promesas de inmunidad por parte de la potencia de ocupación, esos crímenes pueden ser re-imputados y los acusados arrestados en cualquier momento. Ellos lo saben. Actúan sintiendo la brisa que resopla en el cuello desnudo ante la inminente guillotina.
¿Por qué aquellos opositores que se creen legítimos no gobiernan y parece que no podrán hacerlo en un buen tiempo? Estados Unidos, en respuesta a sus recientes y remotos traumas internacionales, compara con mucha razón a nuestros opositores —colaboracionistas o no— con los hermanos Đình, con los Chalabi y con los Karzai. Lección aprendida.
Roymer A. Rivas B., un simple estudiante comprometido con la verdad, teórico del Creativismo Filosófico, lo demás no importa.
“… El gobierno estadounidense, o cualquier otro, al obligar a los emisores de stablecoins a respaldar su token con bonos de deuda, en realidad se está asegurando financiamiento casi gratuito (…)”
[*]Desde hace un tiempo, la tokenización de instrumentos financieros del mercado tradicional (TradFi), que consiste en crear una representación digital de un activo físico —inmobiliario, arte, materias primas— o financiero —acciones, bonos— en una red BlockChain[1], a tomado bastante impulso, especialmente la tokenización de deuda pública —con EE. UU. en la delantera, con gran diferencia—. Tan sólo en lo que respecta a éste último, y para dimensionar el asunto, note que, a principios de 2023, la capitalización de mercado de deuda tokenizada era inferior a los USD$ 100 millones, pero a mediados de 2025 esta cifra se ha disparado a más de USD$ 7.400 millones, con algunos informes situándola en USD$ 5.600 millones a finales de abril de 2025[2].
Lo anterior representa un crecimiento superior al 5500% en dos años, si la base es la de 5.600 millones, o más de 7370% en poco más de dos años, si la base es 7.400 millones, impulsado por la creciente demanda de los inversores de rendimientos de bajo riesgo que sean nativos del entorno On-Chain. No conforme con esto, proyecciones de la industria, como las de McKinsey, estiman que el mercado global de activos tokenizados podría alcanzar los USD$ 2.000.000.000.000 para 2030[3], a medida que se vayan adoptando masivamente. ¡Y todo ello excluyendo las criptomonedas!
En este escenario, resaltan proyectos como ChainLink, Ondo Finance, XRP Ledger —Ripple—, Harbor, entre otros, con sus respectivos tokens nativos, creadas especialmente con el fin de abarcar el mercado de la tokenización de activos del mundo real[4] (RWA, en inglés). Sin embargo, pocos son los que reparan en los riesgos y beneficios de la tokenización, y, paralelamente, mucho menos observan cómo la tokenización de deuda, en particular, responde a la naturaleza del Estado de financiar sus gastos —siempre crecientes— de la forma más barata posible, sin ajustarse los cinturones, y de manera coactiva.
Por ello, con el fin de dar luces sobre el tema, exploraremos los beneficios y riesgos inherentes de la tokenización de activos, los aspectos negativos de erigir este puente entre los “activos del mundo real” y lo “digital” en el mundo financiero, con un enfoque estrictamente técnico, pero sin dejar de abordar el análisis político sobre cómo el Estado se quiere aprovechar del ecosistema BlockChain para llevar su deuda a un público masivo, accediendo con ello a más financiamiento y abaratando los costos de su deuda para financiar el déficit público. Si bien, antes de ello Comencemos.
Sobre los aspectos positivos de la tokenización
En principio, viendo el lado positivo, el proceso de tokenización (i) reduce la dependencia de intermediarios, ya que BlockChain actúa como un sistema de confianza y registro descentralizado donde las transacciones se validan mediante un consenso de la red —no por una sola entidad— y se registran en un libro de transacciones que es inmutable y compartido, permitiendo así que las partes —comprador y vendedor— realicen transacciones de forma más directa —peer-to-peer—, eliminando o reduciendo drásticamente la necesidad de tantos intermediarios que en el TradFi sólo llegaron para aportar confianza y validación, porque esto es algo que las funciones de la propia tecnología ya provee.
En las finanzas tradicionales, en cambio, cualquier transacción requiere de múltiples intermediarios. Por ejemplo, en la compra de acciones es necesario un bróker que te conecte al mercado; la bolsa de valores, que es donde ocurre la compra; una cámara de compensación encargada de verificar que el comprador tenga el dinero y el vendedor las acciones; y un depositario central que custodia las acciones; añadiendo cada uno de ellos tiempo y costes al proceso —cobran comisiones—. Empero, con la BlockChain hay menos intermediarios y, por consiguiente, menores costes y menos burocracia.
También, (ii) se acortan los ciclos de liquidación[5], porque ya no se tendría que esperar, por ejemplo, en los mercados de acciones el famoso ciclo de liquidación en el que se espera uno o dos días —conocido como T+1 o T+2, respectivamente— para que se transfieran los activos y el dinero de forma definitiva a quien corresponda, o en el mercado de bienes raíces no se esperaría semanas o meses entre notarios, registros de propiedad y bancos, pues en la BlockChain la transferencia del token —el activo— y del pago —stablecoin, por ejemplo— ocurren simultáneamente y de forma automática en la misma transacción. A este tipo de transacciones se le conoce como “liquidación atómica”, porque no hay que esperar a que varias entidades verifiquen y/o concilien sus cuentas en días, semanas o meses, sino que se libera capital mucho más rápido —en minutos o segundos—.
Asimismo, (iii) democratiza el mercado financiero, permitiendo que los pequeños inversionistas —como usted y yo— participen del “gran pastel” del que llevan años beneficiándose las grandes instituciones, en virtud de que la tokenización permite la propiedad fraccionada de forma muy sencilla, o simplemente hace las operaciones más atractivas a las personas comunes por ser ahora poder hacer lo mismo que los grandes inversionistas de forma más fácil y rápida, aunque en menor escala. La barrera de entrada altísima que existía para las personas comunes simplemente desaparece por completo o parcialmente. A modo de ilustración, en el TradFi difícilmente puedas comprar USD$ 100 de un rascacielos, pero la tokenización permite tomar dicho activo de USD$ 10 millones y dividirlo en 10 millones de tokens de USD$ 1 cada uno. Con ello, pequeño inversionista puede comprar 100 tokens por USD$ 100 y ser dueño del 0.001% del edificio, recibiendo la parte proporcional de los alquileres. Esto, a su vez, (iv) facilita la liquidación de activos que antes estaban atrapados en sistemas rígidos y basados en papel, es decir, hace más fácil la venda de los activos. Al convertir los activos en tokens, se pueden comerciar en mercados secundarios globales que operan 24/7, haciendo que, por ejemplo, vender el 0.001% del rascacielos sea tan fácil como vender una acción en una app, en lugar de un proceso legal de meses.
A todo ello se suman (v) los beneficios de la automatización y la transparencia que brinda un sistema BlockChain. En el TradFi, la gestión de activos requiere trabajo administrativo —lo que se conoce como “back-office”— para calcular la distribución de dividendos, verificar datos, enviar pagos o, en el caso de bonos, gestionar el pago de intereses —cupones—, pero todo ello queda eliminado en la BlockChain al contar con algún Smart Contract, que no es más que un programa informático que se ejecuta automáticamente en la red y cuyas reglas están vinculadas directamente con el token. De este modo, los reembolsos, el cumplimiento y los cronogramas de intereses se cumplen en los términos del contrato programado.
Un claro ejemplo de automatización podría ser la programación de un Smart Contract para que el primer día de cada mes tome los fondos —alquileres, dividendos— depositados en una dirección para distribuirlos automáticamente a todas las direcciones que posean un token específico, en proporción a la cantidad de tokens que tengan cada dirección.
En lo que refiere a la transparencia, algunos de los problemas del TradFi es que los registros de propiedad suelen ser opacos, porque se encuentran en bases de datos privadas de bancos, gobiernos o notarías, o simplemente están entre un cúmulo de papeles que, todo junto, hace difícil auditar quién es dueño de qué cosa en tiempo real. Sin embargo, la Blockchain soluciona estos problemas de facto, en cuento su misma naturaleza es la de ser un libro de registro de transacciones público —o semi-público— e inmutable, dejando vía libre para que cualquier persona pueda verificar el historial completo de un token: cuándo se creó, todas las transacciones que ha tenido y quién los posee actualmente —o, mejor dicho, qué dirección de cartera los posee y cuánto—. En otras palabras, la tokenización en la Blockchain deja un registro de propiedad —procedencia u origen— perfecto, auditable y confiable, lo cual reduce el riesgo fraude o errores humanos y aumenta la confianza en el sistema.
Los riesgos inherentes en la tokenización
Ahora bien, además de los pétalos, toda rosa tiene sus espinas que obligan a tomarla con cuidado. Hasta el momento se ha alabado los beneficios que ofrece el uso de la BlockChain para operar activos del TradFi, pero esto no necesariamente significa que se elimine el riesgo de impago por parte de la entidad emisora del token —imagina una deuda—, puesto que depende de ella, y no de los Smart Contracts o el sistema, contar con los fondos suficientes para responder a las mismas. Dicho de otro modo, la tecnología Blockchain —gracias a los Smart Contracts— es solo un mecanismo de ejecución, no una fuente de dinero; aunque resuelve problemas de proceso —cómo se paga, cómo se transfiere la propiedad—, no resuelve el problema fundamental de la solvencia —la capacidad de pago del deudor—. Así, si la entidad emisora quiebra, por ejemplo, no tendrá dinero para pagar a sus acreedores; sin importar si esos acreedores tienen un bono de papel o un bono tokenizado; el resultado es el mismo: no cobran. Los Smart Contracts no pueden obligar a la empresa a pagar si no cuenta con el dinero para ello, por lo tanto, no estamos ante nada nuevo en cuanto a la naturaleza del instrumento, sino sólo en cuanto a su forma.
Asimismo, te puedes encontrar con errores que pueda tener algún Smart Contract mal programado —porque, al final, es programada por un humano y éste puede cometer errores en el proceso—; riesgo de las plataformas custodia[6]; la incertidumbre regulatoria[7]; la volatilidad, entre otras cosas. De allí la importancia de escoger bien el espacio en donde se accede a los instrumentos, lo cual significa necesariamente que se debe estar bien informado —la responsabilidad recae más que nunca en el inversor—, porque ya no solo depende de analizar la salud financiera de la empresa —la naturaleza del activo—, sino también de analizar la seguridad de la plataforma, la calidad del Smart Contract y la reputación de los custodios —la forma del activo—.
Los aspectos negativos de la tokenización, especialmente el de deuda estatal
Desde luego, la naturaleza y la forma de los activos sólo hacen requerir de las personas cierto conocimiento para que tomen mejores decisiones, mitigando riesgos y obteniendo beneficios, por lo cual no es algo malo en sí mismo, sino simplemente el mercado financiero adaptándose al progreso de la sociedad, de la mano con la tecnología, y con ello expandiéndose y obligando a las personas a que se adapten a ella, según sus gustos. Pero esto no puede solapar un hecho que muchos parecen ignorar, a saber: con la tokenización —especialmente de deuda— se abre puerta a que las mismas puedan ser usadas como garantías o colaterales en operaciones apalancadas —trading—, exponiendo así al mundo cripto —más— a cualquier problema geopolítico y/o de liquidez —se crean nuevas vías para la transmisión de riesgos entre mercados—, aumentando la probabilidad de efectos en cascada en los protocolos de Finanzas Descentralizadas (DeFi). Es decir, la misma tecnología que hace a los mercados financieros más eficientes y rápidos —tokenización— también los hace increíblemente frágiles y vulnerables a un colapso en cadena a una velocidad nunca antes vista. Si bien, para entender el riesgo a cabalidad se hace necesario entender la situación en la que nos encontramos actualmente.
Recuerde que el TradFi —acciones, bonos, bienes raíces, entre otros— está conformado por mercados maduros, altamente regulados y, aunque tienen sus propias crisis —como 2008—, se caracterizan por tener una baja volatilidad comparativa —particularmente la deuda de alta calidad, como un Bono del Tesoro de EE. UU.—. Esto la separa del mundo DeFi —criptoactivos como Bitcoin, Ethereum, entre otros—, que son mercados totalmente nuevos, menos regulados —o regulados de forma diferente— y se caracterizan por una extrema volatilidad —es más común, por ahora, más fácil ver que un criptoactivo caiga un 20% en un día a que lo haga un activo del TradFi[8]—. Al estar relativamente separados ambos mundos, ambos cuentan con diferentes inversores, diferentes culturas de riesgo y, sobre todo, diferente volatilidad —un bono del Tesoro es relativamente estable; Bitcoin es extremadamente volátil—, por lo que, si el precio de Bitcoin colapsa mañana, los inversores de bonos del Tesoro de EE. UU. apenas se inmutan —el riesgo de uno no se transmite fácilmente al otro—.
Sin embargo, la tokenización crea un puente entre ambos mundos, por lo cual tendrías en una misma plataforma un token de un activo bastante volátil junto a un token que representa un activo estable, pudiendo intercambiarlos entre sí al instante y, con ello, infectando a los TradFi relativamente estables —token de deuda, bono— con la volatilidad de las DeFi —token cripto—. Ahora bien, el riesgo no responde sólo a la coexistencia de los activos en el mismo ecosistema, sino también al cómo interactúan en los protocolos DeFi, ya que en estos el apalancamiento funciona pidiendo prestamos, por lo cual una persona puede poner como colateral los activos tokenizados para pedir préstamos de otro activo. Es decir, alguien podría depositar USD$ 100 de un activo A —colateral— para pedir prestados USD$ 70 de otro activo —activo B—, con el fin de operar con más dinero del que realmente posee.
Si pensamos en la deuda tokenizada, un inversor podría tomar su token de deuda —que representa deuda estable, percibida como segura, de la TradFi— y usarlo como garantía en un protocolo DeFi para pedir prestado un activo volátil como Ethereum y especular, pudiendo dar paso a que se comience a tratar los tokens de bonos del Tesoro de EE. UU. con la misma mentalidad de pánico y euforia con la que tratan a las criptomonedas, introduciendo una volatilidad que nunca antes habían tenido. En tiempos de estrés, al mercado tokenizado no tener —para bien y/o para mal— ciertos cortafuegos del TradFi —como las interrupciones por horarios de mercado, los tiempos de liquidación y los intermediarios—, cuando los inversores comiencen a vender, ya no será a una velocidad “humana” —o mediada por el humano—, sino a una velocidad de los algoritmos, creando un efecto dominó instantáneo si se venden masivamente los tokens —existen Smart Contracts programados para reducir el riesgo y que, al detectar caídas, automáticamente vende los tokens para protegerse, haciendo que el precio caiga aún más—. Este pánico podría propagarse a los tokens de bienes raíces, y así sucesivamente.
A modo ilustrativo, piensa que el sistema financiero actual es como un edificio con múltiples compartimentos y puertas cortafuegos. Si se inicia un incendio en una habitación —algún mercado—, las puertas —fricciones— ayudan a contenerlo, dando tiempo a los bomberos —reguladores o agentes más o menos interesados en evitar una crisis— para llegar y apagarlo antes de que queme todo el edificio —o al menos intentarlo—. En contraste, sin embargo, el sistema financiero total o parcialmente tokenizado es como un enorme almacén de planta abierta, sin paredes ni puertas, lleno de material inflamable, por lo que, si se inicia una chispa en una esquina, el fuego se propagará instantáneamente por todo el espacio sin nada que lo detenga, ardiendo todo al instante.
Siguiendo con el tema de las posiciones apalancadas, imagina que un trader toma una decisión arriesgada, deposita USD$ 1 millón de tokens de bonos del Tesoro como colateral de la solicitud de un préstamo en un protocolo DeFi —y éste, al ver que es una garantía de alta calidad, le presta USD$ 800.000 en USDT—, para luego usar ese dinero en compras de criptoactivos, apalancando su posición. Justo en ese momento, ocurre un evento que causa pánico y los inversores comienzan a huir de forma masiva al dólar en efectivo o activos refugio, o el Banco Central sube las tasas de interés de forma inesperada y agresiva, haciendo que el valor de los bonos existentes se desplome. Con esto, el valor real del Bono del Tesoro de EE. UU. cae un 5% en los mercados tradicionales debido al pánico, y como el token bono es un reflejo digital de dicho bono, su valor también cae instantáneamente un 5%, haciendo que el protocolo DeFi donde el trader depositó su colateral se active y liquide automáticamente el colateral para proteger el dinero de los prestamistas —el colateral de USD$ 1 millón ahora vale USD$ 950k—.
Esto significa que el protocolo DeFi vende los tokens de deuda al mejor postor en los exchanges descentralizados del mundo cripto, y en un escenario donde miles de otros traders han hecho la misma operación —más liquidaciones a la bolsa—, los exchanges se inundan con órdenes de venta de los tokens de deuda, provocando que su precio se desplome mucho más rápido y violentamente. A esto ahora se suma que todo el proceso se replica en los demás protocolos que también aceptaban los tokens de deuda como colateral, por lo cual se añaden más liquidaciones al ecosistema y genera una crisis de liquidez, porque nadie querrá comprar los tokens que se están liquidando.
El resultado final de todo lo descrito es que los protocolos no pueden vender el colateral lo suficientemente rápido para cubrir las deudas, lo que resulta en pérdidas masivas para los prestamistas del protocolo, paralizando todo el sistema. Así, podemos inferir que el mayor peligro de esto es que se usen los tokens de deudas —que provienen de la TradFi— como colaterales “seguros” y se genere una falsa sensación de robustez, porque los participantes creerán que el sistema es más fuerte, lo que los anima a tomar más riesgos y a apalancarse más, asegurando que, cuando la crisis llegue, el colapso sea aún más profundo.
No conforme con esto, ahora toca dar una visión un tanto más político —porque no hay economía sin política—.
El tema del financiamiento barato para los Estados
Muchas veces, por no decir siempre, los movimientos económicos o regulatorios importantes, especialmente los de una superpotencia como EE. UU., deben interpretarse también como un movimiento político. Las leyes financieras no se crean en un vacío, y entre sus fundamentos puede estar el servir a los intereses estratégicos del Estado. Diáfana ilustración de lo expresado es el hecho de que, hace poco, EE. UU. ha sacado la Ley Genius para establecer un marco regulatorio para las stablecoins respaldadas por el dólar, vendiéndolo como una ley cuyo objetivo es aumentar la transparencia y la estabilidad del ecosistema. Si bien, lo cierto es que exige que las stablecoins sean respaldadas por reservas de 1:1 con dólares estadounidenses o Bonos del Tesoro —deuda estatal—, por lo cual se puede poner en duda el fin inicial y pensar que sólo quieren asegurarse un flujo de dinero en un mercado con crecimiento exponencial en el corto plazo[9] —y que sin duda explotarán a su beneficio, como apunta dicha ley—.
El objetivo declarado —lo que dicen— es muy bonito, ¿Quién no estaría de acuerdo con que se incremente la transparencia y la estabilidad?, pero el mecanismo real —lo que hacen— es exigir a los emisores de stablecoins —como USDC o USDT—, que son tokens cruciales para operar en el ecosistema cripto, que sus emisiones estén respaldadas estrictamente por la moneda o la deuda emitida por el Estado. El gobierno estadounidense, o cualquier otro, al obligar a los emisores de stablecoins a respaldar su token con bonos de deuda, en realidad se está asegurando financiamiento casi gratuito, en la medida en que, además de que democratiza su deuda para que personas comunes puedan tenerla, acrecentando aún más su financiamiento, dicha demanda masiva asegurada puede traducirse en tasas de endeudamiento marginalmente más bajas de lo que serían de otra manera.
Podríamos decir que el Estado ve una oportunidad muy buena, pues encontró una fuente de financiamiento que le serviría de gallina de los huevos de oro por unos cuantos años, y con el pasar de los años cada vez mejor, porque el mercado de los RWA en la BlockChain está creciendo exponencialmente. Y todo apunta a que el experimento del Tesoro estadounidense está funcionando perfectamente, porque cada nuevo inversor en criptomonedas, cada nueva stablecoin emitida, se traduce en una presión de compra sobre su deuda estatal. Dicho de un modo más simple: con la Ley Genius, el gobierno de EE. UU. ha creado una fuente masiva y creciente de demanda forzada para su propia deuda. Si el mercado de stablecoins crece y domina las transacciones on-chain —lo cual es la tendencia—, y el marco regulatorio estadounidense se consolida como el estándar global, estaríamos hablando de que EE. UU. se posicionará como el financiador principal del ecosistema financiero digital global, seguido de cerca por algunos pocos estados —posiblemente—, y que el dólar y la deuda estadounidense serían los pilares de la economía BlockChain con el más mínimo esfuerzo, porque EE. UU. no tiene que buscar compradores para su deuda, sino simplemente regular el mercado cripto para conseguirlos.
Este escenario le da maniobra a EE. UU., o cualquier otro Estado que apele a ello, para el control total sobre el nuevo sistema financiero digital, a través de dos formas: (i)por el financiamiento y la dependencia de los Bonos del Tesoro —y con ello de la salud de EE. UU.—, haciendo que toda la economía blockchain global —DeFi, NFTs, entre otros— tengan como pilar y colateral fundamental de deuda estadounidense; y (ii) por vía de la regulación y supervisión estricta —poder político—, imponiendo reglas de operación, como asegurar que el ecosistema, aunque digital, siga los estándares Know Your Customer (KYC) y Anti-Money Laundering (AML) de la ley estadounidense, dando al Estado influencia directa y capacidad de supervisión sobre los puntos de entrada y salida más importantes del ecosistema —los emisores de stablecoins—. Y, con ello, se tira por tierra toda la filosofía por la cual surgieron las criptomonedas y la BlockChain, a saber: oponerse al sistema financiero global controlado por los Estados y sus Bancos Centrales. En contra de lo esperable, el sistema que se creó para oponerse al control estatal se está convirtiendo, por la vía regulatoria, en el mecanismo más novedoso y eficiente para financiar a ese mismo Estado y extender su control a la esfera digital.
En suma, la regulación de las stablecoins, tal y como se está presentando —porque en ningún momento se vende la idea de que no deban regularse—, a todas luces es el un caballo de Troya de los Estados, con EE. UU. dirigiendo la campaña, para absorber el ecosistema cripto, neutralizar su amenaza filosófica y convertirlo en una herramienta para reforzar el propio poder financiero y político, nacional y global.
Conclusión y reflexión: hay un punto positivo, la tokenización como camisa de fuerza para el Estado
El recorrido técnico y político que se ha realizado hasta el momento es para reflexionar y poner el ojo en cómo el mundo está cambiando y cómo los Estados apelan a estrategias para aumentar su control sobre diversos ámbitos de la vida humana. Pero, haciendo un inciso, quizá, y sólo quizá, en todo esto hay un punto a favor de la comunidad cripto, a saber: el puente que se teje entre ambos mundos (TradFi y DeFi) podría servir como una camisa de fuerza para las instituciones reguladoras —Bancos Centrales, principalmente, y políticas absurdas, que es por naturaleza lo que proviene de los Estados— al momento de tomar una decisión que podría afectar como efecto dominó a todos los mercados.
Esta conexión entre ambos mundos haría que el costo de un error regulatorio o de una política estatal aumente, porque el riesgo de un colapso en cadena que afecte a todos los mercados es mucho mayor y más rápido, lo cual podría obligar a las autoridades a tomar decisiones más prudentes —como evitar subir las tasas de interés de forma agresiva—. En este estricto sentido, sólo en este estricto sentido, aunque parezca irónico o contraintuitivo, dado lo expuesto hasta ahora, capaz todos esos riesgos técnicos son buenos, porque, en el fondo, esos riesgos técnicos del ecosistema interconectado hacen que el Estado, aunque se asegure financiamiento, quede atado al mismo, por el hecho de que si el sistema tokenizado colapsa debido a una política imprudente de algún ente regulatorio, el Estado no solo pierde una fuente de financiamiento, sino que desestabiliza la base de la nueva economía digital que se esforzó por controlar y de la cual depende ahora la salud de su propia deuda. En esencia, la propia herramienta que el Estado está coaptando para su beneficio se puede convertir en una restricción, en cuanto aumenta drásticamente la penalización por una mala política.
[*] Este texto fue originalmente publicado en: Humano Insurrecto. Fue escrito en 2025, aunque no ve luz hasta ahora.
[1] En el fondo, la tokenización convierte los derechos de propiedad de un activo en un token digital que se puede gestionar dentro de la BlockChain. Si desea profundizar al respecto, puede ver: Jame Holdsworth, Matthew Kosinski. 2023. ¿Qué es la tokenización?. Publicado en el portal de IBM. Puede acceder en: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/tokenization (Consultado el 20/10/2025).
[4] Curioso que lo llamen así, como si acaso no fuera “real” lo digital.
[5] La “liquidación” es el momento en que una operación se cierra definitivamente, es decir, en el que el comprador recibe el activo y el vendedor recibe su pago.
[6] Irónicamente, aunque la BlockChain permite que seamos nuestros propios custodios —guardando los tokens en una wallet—, la mayoría de las personas usa plataformas o “exchanges” —como Coinbase, Binance, o plataformas de tokenización específicas— por comodidad. Pero al hacer esto se reintroduce a un intermediario en el que ahora confiamos en que no sea hackeada, no quiebre —como el caso de FTX— y no congele nuestros fondos. Haciendo un paralelismo, este es un riesgo que no existe si guardas el dinero bajo tu colchón, por ejemplo, pero sí existe si lo guardas en un banco o, en el caso que nos compete, en una plataforma cripto.
[7] La tecnología se mueve más rápido que las regulaciones a ella. En lo que compete al Estado, todavía están decidiendo qué son estos tokens —¿Son valores, como acciones? ¿Son materias primas? ¿Son un nuevo tipo de activo?—, y existe el riesgo de que un Estado cambie las reglas del juego a mitad de partido, o podrían incluso prohibir ciertos tokens, imponer nuevos impuestos o declarar ilegal la plataforma que estás usando para acceder al ecosistema. Sin duda alguna, esta “incertidumbre” dificulta la planificación a largo plazo, aunque también es cierto que los Estados están avanzando en ello y, en líneas generales, no han sido del todo hostiles con la nueva tecnología.
[8] El 10 de octubre de este año, por ejemplo, BTC abrió en 121.662,41, para luego caer a 102.000,00 en la plataforma Binance, todo en sólo minutos —representando un -16,16%—, y cerró en 112.774,50 —representando un +10,56% desde el piso—. En cambio, NVIDIA abrió en 192,25, cayó a 180,90 —representando un -7,51%, es decir, menos de la mitad de lo que cayó BTC—, para luego cerrar en 181,12 —representando un +0,12% desde el piso—, y movimientos similares podemos encontrar en ETFs como SPY (S&P500), monstrando más volatilidad en el la red DeFi que en TradFi.
[9] Recuerde las proyecciones de McKinsey expuestas al inicio de este texto: se estima que el mercado global de activos tokenizados podría alcanzar los USD$ 2.000.000.000.000 para 2030.
En estos días el notable ancla televisivo Fareed Zakaria, quien es una seria y destacada voz liberal en los Estados Unidos, trataba de interpretar los tiempos a través de un específico vehículo cultural cotidiano: la película La Odisea, de Christopher Nolan.
Zakaria dividía en dos el pensamiento de la civilización occidental: el primero, que favorece al fuerte y lo predestina; el segundo, el elemento compasivo e igualador expresado en el Sermón de la Montaña.
Zakaria nos cuenta su alarma ante la boga y la reverencia hacia el seminal pensamiento occidental no impactado aún por la influencia judeocristiana, expresada no solo en el sector conservador aquí en el poder, sino en los propios empresarios del sector digital y de la inteligencia artificial, este último campo aún no del todo regulado, cuyos resultados no son autónomos, más sí condicionados por los valores e ideas de su programador.
Yo comparto su alarma en base a múltiples expresiones y posturas cotidianas. La intervención Americana a Venezuela sin duda está en la órbita de Odiseo y lejos de los valores compasivos del sermón de la montaña.
Este sábado anterior, amanecimos con las nuevas de cómo el Ejecutivo estadounidense piensa incrementar sus reservas estratégicas petroleras con el crudo no aún producido venezolano. Se establecen mecanismos de iniciativa privada (compañías petroleras), pero el marco comercial en sí mismo se conocerá eventualmente.
Hemos dicho y seguiremos repitiendo hasta el cansancio que estamos pagando las consecuencias del brinco al abismo por haber elegido a Chávez presidente, el entreguista de Venezuela. A ojos conservadores en el poder americano es imperdonable que Venezuela se haya convertido en un Estado sirviente de un país como Cuba. Cosa que expiró apenas el pasado 3 de enero.
¿Es válido el tuit del presidente Trump hablando de las reservas venezolanas como propiedad de los Estados Unidos? ¿Es legítimo y plausible? No voy a decir que es o no lo es, o que si esa política es más parecida a Odiseo que a Woodrow Wilson. Odiseo está de moda.
No voy a decir que reserva estratégica es un concepto de posesión de activos energéticos petroleros ligado al imperium territorial (territorio del país que las posee) donde reposan, y que Venezuela no es un territorio de los Estados Unidos. Y nada formalmente aún indica lo contrario.
No vale la pena decir que el ordenamiento jurídico venezolano, a partir de 1975, no contiene la posibilidad legal de estimar “nuestras reservas” petroleras dentro de los libros contables de otra nación, inclusive asumiendo como válida la Constitución chavista, que no lo es.
Lo que sí voy a comentar es que cada día es notorio que una cosa son los hechos y otra cosa son las formalidades. Que existen dos realidades de grueso verificables: una, la formal, expresada en recurrentes incapacidades y rebatiñas (como nos repartimos el oro de Londres, por ejemplo, que es emblemático), léase mesa de diálogo, el vuelo de las guacamayas o toda manifestación cotidiana igual de bizarra o ridícula que la politiquería venezolana no se cansa de ofrecernos y que, añeja, se acerca a tres décadas.
La otra está expresada por los canales comunicacionales de los Estados Unidos. Los entreguistas han probado serlo y de una naturaleza espeluznante que hace corta cualquier estimación conocida antes del 3 de enero. Por seguir habitando Miraflores entregan hasta su madre.
Mientras tanto, materialmente, los signos de una incorporación de Venezuela con los Estados Unidos, bajo cualquiera de las modalidades conocidas, sigue su curso dialéctico.
María José Salinas, comunicóloga y especialista en relaciones públicas. Desde hace más de siete años impulsa las ideas de la libertad con una visión emprendedora, además de promover el empoderamiento femenino a través de proyectos y espacios de liderazgo. Su trabajo combina estrategia, comunicación y una defensa auténtica del individualismo y la acción personal, siendo líder del capítulo Guanajuato, México, de Ladies of Liberty Alliance (LOLA)
“En un país donde la violencia se vuelve paisaje, el Estado amplía sus capacidades de identificación, los contrapesos pierden fuerza y el poder exhibe a sus críticos. La libertad también se pierde cuando una sociedad se acostumbra a cederla.”
María José Salinas
México no está en guerra. No existe una invasión extranjera, las alarmas antiaéreas no interrumpen nuestras noches y ningún ejército enemigo avanza sobre el territorio nacional. No hay una declaración formal de guerra ni ciudades sitiadas por tropas extranjeras. Y, sin embargo, durante 2025 el país registró preliminarmente cerca de 28 mil homicidios.
La cifra debería bastar para incomodarnos sin necesidad de compararla con ningún conflicto extranjero. La pregunta verdaderamente perturbadora es cómo consiguió un país que formalmente vive en paz acostumbrarse a contar sus muertos por decenas de miles cada año. Quizá hemos construido una categoría propia: una paz en la que se asesina, se extorsiona y se desaparece; una normalidad donde millones de personas modifican horarios, rutas y costumbres para reducir la posibilidad de convertirse en la siguiente estadística.
Aquí no hay sirenas que anuncien bombardeos, pero sí comerciantes que reciben mensajes exigiendo derecho de piso. No vemos tropas extranjeras, pero conocemos carreteras que evitamos por miedo. No existen refugios subterráneos, pero hay madres que recorren terrenos y fosas clandestinas buscando a sus hijos con herramientas que, demasiadas veces, tuvieron que comprar ellas mismas. La violencia primero ocupa las primeras planas, después se transforma en una cifra y finalmente se incorpora a la rutina. México no está en guerra: ha aprendido a enterrar a sus muertos en tiempos de paz.
Frente a semejante realidad cabría esperar un Estado obsesionado con perseguir criminales, profesionalizar policías, fortalecer fiscalías, combatir la extorsión, localizar desaparecidos y reconstruir un sistema de justicia capaz de devolverle al ciudadano la confianza perdida. Sin embargo, mientras seguimos esperando resultados en esas materias, el propio Estado amplía sus mecanismos para identificar a quienes sí puede localizar: los ciudadanos que cumplen la ley.
Un Estado que identifica, pero no siempre protege
Desde 2026, las líneas móviles deben estar vinculadas con una persona física o moral. La medida ha sido presentada como un instrumento para combatir la extorsión, el fraude telefónico y la suplantación de identidad. El objetivo puede parecer razonable; la pregunta democrática, sin embargo, sigue siendo indispensable: ¿en qué momento la incapacidad estatal para perseguir eficazmente a quienes delinquen justifica imponer nuevas obligaciones de identificación a millones de ciudadanos que no han cometido ningún delito?
Las compañías telefónicas realizan la vinculación y resguardan los datos; según la autoridad reguladora, no existe una base gubernamental única que concentre todos los registros. No obstante, ante investigaciones relacionadas con delitos, las autoridades competentes pueden solicitar información a las empresas conforme a las disposiciones legales aplicables. El debate, por tanto, no debe reducirse a la disyuntiva infantil de estar a favor de la seguridad o a favor de los delincuentes. Una democracia madura puede combatir el crimen y, al mismo tiempo, discutir los límites del poder. De hecho, debe hacerlo.
La contradicción de fondo resulta difícil de ignorar: vivimos en un país donde miles de familias continúan buscando a personas desaparecidas mientras el aparato estatal desarrolla mayores capacidades para identificar a quienes sí están presentes. Dicho de otra manera, el mismo Estado que demasiadas veces no logra encontrarte cuando desapareces quiere tener certeza de quién eres cuando te comunicas. Puede tener razones legítimas para buscarlo; precisamente por eso los ciudadanos debemos exigir reglas legítimas, controles verificables y consecuencias ante cualquier abuso.
La discusión sobre privacidad suele quedar atrapada en un error recurrente: evaluamos las facultades del Estado según la confianza que sentimos por quien ocupa temporalmente el gobierno. Si confiamos en esa persona, las herramientas parecen inofensivas; si desconfiamos, descubrimos sus riesgos. Pero las instituciones no pueden diseñarse pensando únicamente en quien gobierna hoy. Deben resistir también a quien podría gobernar mañana. Esa es la diferencia entre confiar en un gobernante y construir una república.
Las libertades no pueden descansar sobre la promesa de que la autoridad utilizará correctamente sus atribuciones. Si dependieran de su buena voluntad, dejarían de ser derechos para convertirse en concesiones. La privacidad tampoco consiste en esperar que el gobierno se porte bien, sino en establecer reglas y contrapesos capaces de impedir que se porte mal sin enfrentar consecuencias. Por eso las preguntas son inevitables: ¿quién puede solicitar información?, ¿en qué circunstancias?, ¿quién autoriza su entrega?, ¿quién supervisa el procedimiento?, ¿puede el ciudadano impugnarlo? Y, sobre todo, ¿qué institución conserva la independencia suficiente para decirle que no al poder cuando sea necesario?
El contrapeso que debe proteger al ciudadano
Esa última pregunta conduce al Poder Judicial. El sistema mexicano nunca fue perfecto: durante décadas acumuló señalamientos por corrupción, nepotismo, lentitud, privilegios y decisiones incomprensibles. Defender su independencia no exige idealizar a los jueces ni negar los vicios históricos de la institución. México necesitaba -y continúa necesitando- una justicia más eficiente, accesible y confiable. Sin embargo, reconocer la necesidad de una reforma no obliga a aceptar que cualquier transformación fortalece automáticamente al sistema.
La reforma judicial modificó profundamente el mecanismo de selección de jueces, magistrados y ministros. La primera elección judicial federal registró una participación cercana al 13 por ciento y estuvo rodeada por una discusión pública sobre los llamados ‘acordeones’, materiales que recomendaban determinadas candidaturas. Desde 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había advertido sobre posibles afectaciones a la independencia judicial, el acceso a la justicia y la vigencia del Estado de derecho.
La discusión nunca debió reducirse a escoger entre defender una vieja élite judicial o respaldar incondicionalmente el nuevo modelo. La pregunta esencial es otra: ¿quién protegerá al ciudadano cuando sea el propio gobierno quien vulnere sus derechos? La independencia judicial importa no porque los jueces sean moralmente superiores, sino porque alguien debe ser capaz de detener al poder.
Durante décadas, el juicio de amparo ha sido una de las herramientas fundamentales del ciudadano frente a los actos de autoridad. Un juez puede suspender una decisión, frenar un daño potencialmente irreparable y recordar al Estado que incluso una mayoría política encuentra límites en la Constitución. Por eso la independencia del árbitro es más importante que su simpatía ideológica: la justicia no debe estar cerca del gobierno ni de la oposición, sino conservar la distancia suficiente para revisar a ambos.
Cuando el Ejecutivo, la mayoría legislativa y una parte sustancial de las instituciones encargadas de revisar sus actos comparten un mismo proyecto político, la cuestión de los contrapesos deja de ser académica. Se convierte en una pregunta ciudadana: ¿quién puede decir que no? Una Constitución puede enumerar decenas de derechos, pero un derecho sin una institución independiente capaz de hacerlo valer frente al poder corre el riesgo de convertirse en una promesa escrita con excelente caligrafía.
Cuando el poder individualiza a sus críticos
Dentro de ese contexto adquiere una dimensión distinta una escena reciente que debería incomodar a cualquier demócrata, independientemente de sus simpatías políticas. Desde una conferencia presidencial se proyectaron nombres y cuentas de periodistas, comunicadores, medios y ciudadanos críticos. El gobierno defendió el ejercicio como un análisis de tendencias digitales. Precisamente ahí comienza el problema: una democracia no solo debe preguntarse si el gobierno puede hacer algo, sino qué mensaje envía cuando decide hacerlo.
Si el objetivo era estudiar una conversación digital, ¿resultaba indispensable individualizar públicamente determinadas cuentas desde la principal tribuna política del país? Si se pretendía responder argumentos, ¿por qué colocar identidades particulares frente a una maquinaria de comunicación gubernamental cuya capacidad de amplificación supera por mucho a la de cualquier ciudadano? Y si no existía intención de señalar, ¿por qué tantas personas interpretaron el ejercicio precisamente como un señalamiento?
No hace falta compartir una sola opinión de quienes aparecieron en aquella exposición para comprender el riesgo. Esa es, de hecho, la prueba decisiva: la libertad de expresión no fue creada para proteger únicamente las ideas con las que coincidimos, sino para garantizar el desacuerdo. El poder, además, siempre encuentra términos amables para describir sus facultades. La vigilancia puede justificarse como seguridad; la propaganda, presentarse como información; el señalamiento, explicarse como derecho de réplica; y una relación pública de nombres, describirse como análisis.
Nada de ello significa que toda acción gubernamental de esa naturaleza constituya automáticamente autoritarismo. Significa algo más elemental: ninguna debe quedar exenta de escrutinio solo porque la autoridad asegure tener buenas intenciones. Cuando desde el poder se exhibe a ciudadanos críticos, el mensaje no termina en quienes aparecen en una pantalla. También lo reciben periodistas, académicos, empresarios, activistas, estudiantes y personas comunes que quizá mañana tengan algo incómodo que preguntar.
Ahí surge uno de los mecanismos políticos más antiguos y eficaces: la autocensura. Un gobierno no necesita silenciar directamente a millones de personas si consigue que suficientes ciudadanos concluyan que hablar puede traerles problemas. El miedo político alcanza su máxima eficiencia cuando deja de necesitar una orden y el ciudadano comienza a censurarse solo.
La erosión que se vuelve costumbre
Solemos imaginar las tiranías como una escena cinematográfica: tanques entrando a una plaza, militares clausurando un Congreso, periódicos cerrados y opositores encarcelados. A veces ocurre así; muchas otras, no. Las democracias también pueden erosionarse lentamente mediante procesos legales, reformas aprobadas por mayorías, controles justificados por emergencias, instituciones que pierden autonomía y pequeños abusos que la sociedad aprende a tolerar porque cada uno, observado por separado, parece insuficiente para encender todas las alarmas.
El peligro está en la secuencia. Primero se desacredita a los contrapesos porque son corruptos; después se transforma su composición porque deben democratizarse; más tarde se amplían las capacidades de identificación porque necesitamos seguridad; finalmente se exhibe a críticos porque el gobierno también tiene derecho a defenderse. Cada argumento puede contener una parte de verdad. La pregunta está en el resultado conjunto.
¿Cuándo comienza exactamente una tiranía: cuando se encarcela al primer opositor, cuando se clausura un periódico o mucho antes, cuando la sociedad considera razonable que el gobierno determine cuáles voces son legítimas y cuáles merecen ser señaladas? ¿La libertad de expresión desaparece únicamente cuando está prohibido hablar, o empieza a deteriorarse cuando hacerlo adquiere un costo suficientemente alto para que muchos prefieran callar? Ningún proyecto autoritario anuncia que desea menos libertad; siempre encuentra una causa noble -la seguridad, la justicia, la igualdad o la voluntad popular- para solicitar un poco más de poder.
Por eso la democracia no consiste en desconfiar únicamente de los gobernantes que detestamos. Consiste en limitar también a aquellos que admiramos.
La protesta que cambió de relación con el poder
Hubo un tiempo, no demasiado lejano, en que una parte importante de la sociedad mexicana encontraba perfectamente legítimo cuestionar al presidente desde las calles, las universidades, los medios y las redes. Movimientos como #YoSoy132 o las movilizaciones posteriores a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron expresiones distintas de una misma idea democrática: el poder debe soportar la incomodidad de una ciudadanía que pregunta.
Hoy siguen existiendo razones para indignarse. Persisten la violencia, las desapariciones, la extorsión y la impunidad; continúa la discusión sobre la militarización de tareas civiles, y a ella se suman cuestionamientos sobre la privacidad, los contrapesos institucionales y la manera en que el poder responde a sus críticos. ¿Dónde está, entonces, aquella capacidad de movilización?
Durante décadas, una parte importante de la izquierda latinoamericana desarrolló una enorme habilidad para organizar el descontento, articular movimientos, construir consignas y convertir agravios legítimos en presión política. Eso, por sí mismo, no es condenable: es política. El problema aparece cuando los estándares para juzgar al poder cambian dependiendo de quién lo ocupa. Entonces la protesta que ayer era resistencia se convierte en conspiración; la crítica que representaba conciencia ciudadana pasa a describirse como golpismo; el periodista incómodo que cuestionaba al gobierno anterior era valiente, pero quien cuestiona al propio se transforma, convenientemente, en mercenario.
Las causas no desaparecieron y las víctimas tampoco. Lo que cambió, para muchos, fue su relación con el poder. De ahí una frase incómoda que resume la contradicción: la protesta no murió; cambió de nómina. Sin embargo, el fenómeno no pertenece exclusivamente a la izquierda. La derecha ha cometido el mismo pecado cuando justifica abusos, corrupción o excesos de gobiernos propios mientras denuncia con furia los del adversario.
Ese es el punto: quien condena un abuso cuando lo comete su enemigo, pero encuentra una excusa cuando lo comete su partido, no defiende un principio, sino una identidad política. El abuso no cambia de naturaleza según el color de quien lo comete; la censura no se vuelve democrática porque provenga del partido correcto, ni la vigilancia se transforma en libertad porque la administre un gobierno popular. Los derechos que solo defendemos para quienes piensan como nosotros dejan de ser derechos y se convierten en privilegios ideológicos.
Mientras alguien conserve su voz
La relación de periodistas, comunicadores y ciudadanos exhibidos desde la conferencia presidencial puede encontrarse en redes sociales. Vale la pena buscarla, no para convertir automáticamente a cada persona que aparece ahí en héroe ni para asumir que todas sus opiniones son correctas, sino para leer, escuchar, contrastar y decidir por cuenta propia. Seguir una voz crítica no significa obedecerla; significa defender la existencia de un espacio en el que pueda hablar.
Si el propósito de exhibir determinadas voces era desacreditarlas, la respuesta de una ciudadanía libre debería ser ampliar la conversación. Si se pretendía aislarlas, podemos escuchar sus argumentos y juzgarlos nosotros mismos. Y si alguien esperaba que el señalamiento produjera silencio, la respuesta más democrática es multiplicar las voces. El gobierno posee instituciones, presupuestos y transmisiones oficiales; el ciudadano conserva algo aparentemente más frágil, pero decisivo: su criterio.
Sería fácil terminar esta reflexión desde el pesimismo. La violencia se ha normalizado hasta niveles que deberían resultarnos intolerables; las instituciones atraviesan transformaciones profundas y la tecnología amplía las capacidades del Estado. A ello se suma el cansancio producido por tantos escándalos, cifras, muertos y promesas. Quizá el mayor peligro no sea únicamente el miedo, sino el agotamiento: ese momento en que una sociedad deja de preguntar porque concluye que preguntar ya no sirve.
Pero la historia nunca queda completamente en manos del poder. Cada gobierno que intentó administrar la verdad encontró ciudadanos dispuestos a cuestionarla; cada proyecto que quiso uniformar el pensamiento enfrentó alguna voz que se negó a repetir el libreto. Ahí reside la esperanza: no en esperar que el gobierno decida voluntariamente limitarse, ni en sustituir un caudillo por otro, sino en una ciudadanía suficientemente adulta para comprender que ningún gobernante es su dueño, ninguna mayoría posee facultades ilimitadas y ningún proyecto político merece lealtad incondicional.
La democracia no consiste solamente en votar, sino también en vigilar a quien ganó, especialmente si votamos por él. Consiste en defender el derecho de nuestros adversarios a decir cosas que detestamos, porque algún día podemos ser nosotros quienes necesitemos esa misma protección. Y consiste en preguntar cada vez que el poder solicite un poco más de confianza, más información o menos resistencia: ¿por qué?, ¿hasta dónde?, ¿quién te vigila a ti?
Hoy fueron algunos nombres en una pantalla. Mañana puede ser cualquier ciudadano que formule una pregunta incómoda. Sin embargo, mientras exista una persona dispuesta a hacerla, otra decidida a defender su derecho a formularla y muchas más capaces de negarse a entregar su criterio a cambio de comodidad, el silencio nunca será completo.
La libertad rara vez desaparece de un día para otro; a veces se pierde porque dejamos de ejercerla, de preguntar y de incomodarnos. También puede sobrevivir porque alguien decide que existe una frontera que el poder no debe cruzar, porque alguien se niega a callar o porque alguien recuerda que ser ciudadano significa algo más que ser gobernado.
México no está en guerra. México entierra a sus muertos, discute sus libertades y decide todos los días cuánto poder está dispuesto a entregar a cambio de la promesa de sentirse seguro. La historia todavía no está escrita: mientras haya ciudadanos dispuestos a preguntarle al poder quién lo vigila, a defender el derecho del adversario a disentir y a recordar que la libertad no se hereda intacta, permanecerá algo que ningún gobierno podrá administrar por completo: nuestra decisión de seguir siendo libres. Mientras esa decisión permanezca viva, todavía hay esperanza.
Referencias
INEGI. Estadísticas preliminares de defunciones registradas por homicidio, 2025.
Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pronunciamiento sobre la reforma judicial en México y sus posibles efectos en la independencia judicial, el acceso a la justicia y el Estado de derecho, 2024.
Instituto Nacional Electoral. Cómputos y participación ciudadana de la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación, 2025.
Majo Salinas, La libertad no se agradece al poder: se ejerce, se defiende y se vigila.liberalesdisidentes.com
Reiteramos la evidencia material de que la legitimidad de las negociaciones habidas entre la oposición y el chavismo es proveída por el tutor.
Y es otra realidad de que una cosa es prioritaria para el contubernio —ejemplo el oro inglés, quién nombra a quién en el TSJ, CNE, etc.— y otra las prioridades de los Estados Unidos.
Enhorabuena.
Debemos estar atentos a lo que hace el tutor, en términos del discurrir lógico de este sin precedentes tránsito político nacional: la mesa de negociaciones es la “verdad formal” y las decisiones de los Estados Unidos con respecto a las bases de la transición es la “verdad verdadera”.
¿Cuánto valemos, cuánto debemos, cuánto cuestan las cosas realmente? Los venezolanos tenemos ya muchas décadas, específicamente desde el viernes negro (1983), cuando nuestro signo monetario, y su valor, se convirtió en misterio dentro de un enigma de subsidios y especulaciones, de devaluaciones tras devaluaciones, de un país de espaldas al mundo financiero, siendo el origen de las más horrendas de las pobrezas, injusticias y de las más egoístas de las desigualdades sociales en virtud del ingreso.
El poder monetario pertenecía al poder y sus acólitos. ¡Ya basta!
La depravación oficial hacia una política irresponsable y populista que buscaba la ilusión de un poder adquisitivo falso expresado en billetes sin valor es la tiranía real que ha padecido el pobre pueblo rico venezolano.
La democracia y el chavismo —este último en grado de enloquecimiento— usaron la máquina de hacer billetes sin valor orgánico a extremos que han llevado a los venezolanos a aclamar al dólar como moneda de adopción. Y tienen toda la razón en dicha elección.
Ha trascendido en la prensa especializada que, por voluntad del tutor, se ha decidido nombrar al profesor de economía de la universidad Johns Hopkins, Steve Hanke, como el nuevo zar monetario de Venezuela.
Hanke, conocido en el mundo político norteamericano como “Money Doctor” (Médico Monetario), no es desconocido en Venezuela: estuvo asesorando al segundo gobierno de Caldera con recomendaciones similares de corrección monetaria que, opuestas a ellas por el Congreso de entonces, nos ubican hoy como las víctimas de la hiperinflación más grande del mundo (400% anual).
Su receta ha sido simple: atar el signo monetario local al valor del dólar, y en paridad idéntica evitar así el recurrente vicio de un liderazgo latinoamericano que unánimemente celebra crear un populismo que promete un bienestar falso, llenando de papeles sin valor el bolsillo de la gente.
En Venezuela el camino es más claro y expedito: no convertibilidad entre signos monetarios; el dólar se adopta y punto.
Hanke viene de hacer labor de reparación monetaria en el Ecuador de los 90s, economía basada en el dólar cuya receta provee a esa nación, hoy por hoy, de la tasa más baja de inflación en el subcontinente.
Estuvo también reestructurando las políticas monetarias de las naciones antes conocidas como Yugoslavia, salvando la vida entonces de un intento de asesinato ordenado por Milosevic, quien lo catalogó de espía francés. Su devenir profesional lo ha llevado a múltiples asesorías en el orbe.
Con la introducción de Hanke a la indispensable corrección y normalización del poder adquisitivo de los venezolanos, los Estados Unidos incorpora un elemento de protección a la justicia incuestionable en contra de la por todos temida impunidad.
Por primera vez en casi medio siglo, los venezolanos sabrán en realidad inédita para los jóvenes de hoy el valor real de bienes y servicios; estarán protegidos por valores equitativos reales de a trabajo igual-salario igual; renacería la clase media a través de la restitución del crédito; reaparecería la industria de la aseguranza de bienes, dentro de términos más allá de formalidades demagógicas y en premio del sacrosanto valor de los costos reales adquiridos en moneda fuerte.
Será el derribo de las mafias cambiarias y el mercado negro, expresión de un gobierno poseído por una organización criminal.
Venezuela como nación hará un esfuerzo para saldar sus deudas en paridad a sus ingresos petroleros, y podrá estimar el valor de sus reservas y planificar la reconstrucción de su casi absoluta destrucción de todo orden para la felicidad de las mayorías.
En esta ausencia de valor real de nuestra economía, una vez materializada la instauración del dólar como moneda nacional, nuestro petróleo tiene una posición de importancia que, a paridad de la moneda del norte, deberá ser un vehículo de redención social, transformado en educación, calidad de vida y una invitación blindada a la labor empresarial y creación de industrias generadoras de riqueza.
La revista Forbes, esta semana, informa que Venezuela está produciendo solo 1,1 millones de barriles al día, alrededor del 1,3 % del total mundial y un tercio de los barriles logrados en la era pre-Chávez de 3,4 millones en 1998. Sorprendentemente, es solo un poco más del 7 % más que antes de la salida de Maduro. Esta aceleración en sí misma es alentadora.
El país encara tal vez el boom petrolero más significativo en la historia de la civilización. Hoy, Venezuela está extrayendo solo el 0,2 % de sus 380 mil millones de barriles del total de sus reservas cada año. La nación tardaría 350 años en agotar solo la mitad de su suministro subterráneo. La tasa de agotamiento de Venezuela es una cuarta parte de la cifra saudí del 1,2 %, y una quinta parte del 1,5 % de Kuwait. El número de ExxonMobil y otras productoras se estima en el rango del 6 % al 7 % (de consumo de reservas anuales), lo que significa que cuando nuestros icónicos competidores desaparezcan, nosotros seguiremos teniendo el petróleo suficiente para continuar en el negocio.
Acelerando la producción a niveles pre-Chávez, Venezuela tendría alrededor de dos siglos de reservas disponibles, sobreviviendo a los actuales líderes de producción en el mundo. Estimar sus reservas en dólares como moneda local hace de esa riqueza algo inestimable en su promesa de justicia social.
Prioridad es aumentar la producción de petróleo como boleto para reestructurar la carga de la colosal deuda venezolana, estimada en 250 mil millones de dólares, equivalente a aproximadamente el 150 % del PIB, el número más alto de América Latina y el cuarto del mundo. Caracas estaba enviando crudo a China como parte de un programa de reembolso debido a la deuda chavista con los chinos (15 mil millones de dólares); igualmente se le debe a los rusos. Hoy nuestro petróleo regresa a las refinerías del Golfo de México, quienes no pagan por “trueque” sino con dinero constante y sonante.
Hanke, en sus declaraciones a Forbes, considera que, a pesar de la masiva emigración de venezolanos, existe un talento humano de considerable capacidad (foreign intelligentsia), incluyendo a los millones que permanecen en el exilio; dentro de ellos, las miles de víctimas del holocausto petrolero de inicios de los 2000s.
La acelerada producción de petrodólares no convertidos en moneda devaluada accesible a todos pone a Venezuela en directa solución de sus deudas con la comunidad internacional de acreedores petroleros; también depone las amenazas hacia actuales activos embargados en el exterior, y lo más importante es que igualmente crea las condiciones para indemnificar los daños infringidos por el chavismo a la clase meritocrática petrolera, a la familia institucional militar y a todos aquellos grupos con quienes se ensañó brutalmente el poder por el pecado de disentir.
Al momento de cerrar esta nota, el torturador que se asume líder del parlamento sostenido por las armas americanas arremete de nuevo en contra de un opositor para oponerse a la dolarización. No es de este personaje siniestro la decisión en contrario.
Esta deuda al pueblo de Venezuela debe ser pagada porque sí.
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