México no está en guerra, solo entierra a sus muertos

María José Salinas, comunicóloga y especialista en relaciones públicas. Desde hace más de siete años impulsa las ideas de la libertad con una visión emprendedora, además de promover el empoderamiento femenino a través de proyectos y espacios de liderazgo. Su trabajo combina estrategia, comunicación y una defensa auténtica del individualismo y la acción personal, siendo líder del capítulo Guanajuato, México, de Ladies of Liberty Alliance (LOLA)

“En un país donde la violencia se vuelve paisaje, el Estado amplía sus capacidades de identificación, los contrapesos pierden fuerza y el poder exhibe a sus críticos. La libertad también se pierde cuando una sociedad se acostumbra a cederla.”

María José Salinas

México no está en guerra. No existe una invasión extranjera, las alarmas antiaéreas no interrumpen nuestras noches y ningún ejército enemigo avanza sobre el territorio nacional. No hay una declaración formal de guerra ni ciudades sitiadas por tropas extranjeras. Y, sin embargo, durante 2025 el país registró preliminarmente cerca de 28 mil homicidios.

La cifra debería bastar para incomodarnos sin necesidad de compararla con ningún conflicto extranjero. La pregunta verdaderamente perturbadora es cómo consiguió un país que formalmente vive en paz acostumbrarse a contar sus muertos por decenas de miles cada año. Quizá hemos construido una categoría propia: una paz en la que se asesina, se extorsiona y se desaparece; una normalidad donde millones de personas modifican horarios, rutas y costumbres para reducir la posibilidad de convertirse en la siguiente estadística.

Aquí no hay sirenas que anuncien bombardeos, pero sí comerciantes que reciben mensajes exigiendo derecho de piso. No vemos tropas extranjeras, pero conocemos carreteras que evitamos por miedo. No existen refugios subterráneos, pero hay madres que recorren terrenos y fosas clandestinas buscando a sus hijos con herramientas que, demasiadas veces, tuvieron que comprar ellas mismas. La violencia primero ocupa las primeras planas, después se transforma en una cifra y finalmente se incorpora a la rutina. México no está en guerra: ha aprendido a enterrar a sus muertos en tiempos de paz.

Frente a semejante realidad cabría esperar un Estado obsesionado con perseguir criminales, profesionalizar policías, fortalecer fiscalías, combatir la extorsión, localizar desaparecidos y reconstruir un sistema de justicia capaz de devolverle al ciudadano la confianza perdida. Sin embargo, mientras seguimos esperando resultados en esas materias, el propio Estado amplía sus mecanismos para identificar a quienes sí puede localizar: los ciudadanos que cumplen la ley.

Un Estado que identifica, pero no siempre protege

Desde 2026, las líneas móviles deben estar vinculadas con una persona física o moral. La medida ha sido presentada como un instrumento para combatir la extorsión, el fraude telefónico y la suplantación de identidad. El objetivo puede parecer razonable; la pregunta democrática, sin embargo, sigue siendo indispensable: ¿en qué momento la incapacidad estatal para perseguir eficazmente a quienes delinquen justifica imponer nuevas obligaciones de identificación a millones de ciudadanos que no han cometido ningún delito?

Las compañías telefónicas realizan la vinculación y resguardan los datos; según la autoridad reguladora, no existe una base gubernamental única que concentre todos los registros. No obstante, ante investigaciones relacionadas con delitos, las autoridades competentes pueden solicitar información a las empresas conforme a las disposiciones legales aplicables. El debate, por tanto, no debe reducirse a la disyuntiva infantil de estar a favor de la seguridad o a favor de los delincuentes. Una democracia madura puede combatir el crimen y, al mismo tiempo, discutir los límites del poder. De hecho, debe hacerlo.

La contradicción de fondo resulta difícil de ignorar: vivimos en un país donde miles de familias continúan buscando a personas desaparecidas mientras el aparato estatal desarrolla mayores capacidades para identificar a quienes sí están presentes. Dicho de otra manera, el mismo Estado que demasiadas veces no logra encontrarte cuando desapareces quiere tener certeza de quién eres cuando te comunicas. Puede tener razones legítimas para buscarlo; precisamente por eso los ciudadanos debemos exigir reglas legítimas, controles verificables y consecuencias ante cualquier abuso.

La discusión sobre privacidad suele quedar atrapada en un error recurrente: evaluamos las facultades del Estado según la confianza que sentimos por quien ocupa temporalmente el gobierno. Si confiamos en esa persona, las herramientas parecen inofensivas; si desconfiamos, descubrimos sus riesgos. Pero las instituciones no pueden diseñarse pensando únicamente en quien gobierna hoy. Deben resistir también a quien podría gobernar mañana. Esa es la diferencia entre confiar en un gobernante y construir una república.

Las libertades no pueden descansar sobre la promesa de que la autoridad utilizará correctamente sus atribuciones. Si dependieran de su buena voluntad, dejarían de ser derechos para convertirse en concesiones. La privacidad tampoco consiste en esperar que el gobierno se porte bien, sino en establecer reglas y contrapesos capaces de impedir que se porte mal sin enfrentar consecuencias. Por eso las preguntas son inevitables: ¿quién puede solicitar información?, ¿en qué circunstancias?, ¿quién autoriza su entrega?, ¿quién supervisa el procedimiento?, ¿puede el ciudadano impugnarlo? Y, sobre todo, ¿qué institución conserva la independencia suficiente para decirle que no al poder cuando sea necesario?

El contrapeso que debe proteger al ciudadano

Esa última pregunta conduce al Poder Judicial. El sistema mexicano nunca fue perfecto: durante décadas acumuló señalamientos por corrupción, nepotismo, lentitud, privilegios y decisiones incomprensibles. Defender su independencia no exige idealizar a los jueces ni negar los vicios históricos de la institución. México necesitaba -y continúa necesitando- una justicia más eficiente, accesible y confiable. Sin embargo, reconocer la necesidad de una reforma no obliga a aceptar que cualquier transformación fortalece automáticamente al sistema.

La reforma judicial modificó profundamente el mecanismo de selección de jueces, magistrados y ministros. La primera elección judicial federal registró una participación cercana al 13 por ciento y estuvo rodeada por una discusión pública sobre los llamados ‘acordeones’, materiales que recomendaban determinadas candidaturas. Desde 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había advertido sobre posibles afectaciones a la independencia judicial, el acceso a la justicia y la vigencia del Estado de derecho.

La discusión nunca debió reducirse a escoger entre defender una vieja élite judicial o respaldar incondicionalmente el nuevo modelo. La pregunta esencial es otra: ¿quién protegerá al ciudadano cuando sea el propio gobierno quien vulnere sus derechos? La independencia judicial importa no porque los jueces sean moralmente superiores, sino porque alguien debe ser capaz de detener al poder.

Durante décadas, el juicio de amparo ha sido una de las herramientas fundamentales del ciudadano frente a los actos de autoridad. Un juez puede suspender una decisión, frenar un daño potencialmente irreparable y recordar al Estado que incluso una mayoría política encuentra límites en la Constitución. Por eso la independencia del árbitro es más importante que su simpatía ideológica: la justicia no debe estar cerca del gobierno ni de la oposición, sino conservar la distancia suficiente para revisar a ambos.

Cuando el Ejecutivo, la mayoría legislativa y una parte sustancial de las instituciones encargadas de revisar sus actos comparten un mismo proyecto político, la cuestión de los contrapesos deja de ser académica. Se convierte en una pregunta ciudadana: ¿quién puede decir que no? Una Constitución puede enumerar decenas de derechos, pero un derecho sin una institución independiente capaz de hacerlo valer frente al poder corre el riesgo de convertirse en una promesa escrita con excelente caligrafía.

Cuando el poder individualiza a sus críticos

Dentro de ese contexto adquiere una dimensión distinta una escena reciente que debería incomodar a cualquier demócrata, independientemente de sus simpatías políticas. Desde una conferencia presidencial se proyectaron nombres y cuentas de periodistas, comunicadores, medios y ciudadanos críticos. El gobierno defendió el ejercicio como un análisis de tendencias digitales. Precisamente ahí comienza el problema: una democracia no solo debe preguntarse si el gobierno puede hacer algo, sino qué mensaje envía cuando decide hacerlo.

Si el objetivo era estudiar una conversación digital, ¿resultaba indispensable individualizar públicamente determinadas cuentas desde la principal tribuna política del país? Si se pretendía responder argumentos, ¿por qué colocar identidades particulares frente a una maquinaria de comunicación gubernamental cuya capacidad de amplificación supera por mucho a la de cualquier ciudadano? Y si no existía intención de señalar, ¿por qué tantas personas interpretaron el ejercicio precisamente como un señalamiento?

No hace falta compartir una sola opinión de quienes aparecieron en aquella exposición para comprender el riesgo. Esa es, de hecho, la prueba decisiva: la libertad de expresión no fue creada para proteger únicamente las ideas con las que coincidimos, sino para garantizar el desacuerdo. El poder, además, siempre encuentra términos amables para describir sus facultades. La vigilancia puede justificarse como seguridad; la propaganda, presentarse como información; el señalamiento, explicarse como derecho de réplica; y una relación pública de nombres, describirse como análisis.

Nada de ello significa que toda acción gubernamental de esa naturaleza constituya automáticamente autoritarismo. Significa algo más elemental: ninguna debe quedar exenta de escrutinio solo porque la autoridad asegure tener buenas intenciones. Cuando desde el poder se exhibe a ciudadanos críticos, el mensaje no termina en quienes aparecen en una pantalla. También lo reciben periodistas, académicos, empresarios, activistas, estudiantes y personas comunes que quizá mañana tengan algo incómodo que preguntar.

Ahí surge uno de los mecanismos políticos más antiguos y eficaces: la autocensura. Un gobierno no necesita silenciar directamente a millones de personas si consigue que suficientes ciudadanos concluyan que hablar puede traerles problemas. El miedo político alcanza su máxima eficiencia cuando deja de necesitar una orden y el ciudadano comienza a censurarse solo.

La erosión que se vuelve costumbre

Solemos imaginar las tiranías como una escena cinematográfica: tanques entrando a una plaza, militares clausurando un Congreso, periódicos cerrados y opositores encarcelados. A veces ocurre así; muchas otras, no. Las democracias también pueden erosionarse lentamente mediante procesos legales, reformas aprobadas por mayorías, controles justificados por emergencias, instituciones que pierden autonomía y pequeños abusos que la sociedad aprende a tolerar porque cada uno, observado por separado, parece insuficiente para encender todas las alarmas.

El peligro está en la secuencia. Primero se desacredita a los contrapesos porque son corruptos; después se transforma su composición porque deben democratizarse; más tarde se amplían las capacidades de identificación porque necesitamos seguridad; finalmente se exhibe a críticos porque el gobierno también tiene derecho a defenderse. Cada argumento puede contener una parte de verdad. La pregunta está en el resultado conjunto.

¿Cuándo comienza exactamente una tiranía: cuando se encarcela al primer opositor, cuando se clausura un periódico o mucho antes, cuando la sociedad considera razonable que el gobierno determine cuáles voces son legítimas y cuáles merecen ser señaladas? ¿La libertad de expresión desaparece únicamente cuando está prohibido hablar, o empieza a deteriorarse cuando hacerlo adquiere un costo suficientemente alto para que muchos prefieran callar? Ningún proyecto autoritario anuncia que desea menos libertad; siempre encuentra una causa noble -la seguridad, la justicia, la igualdad o la voluntad popular- para solicitar un poco más de poder.

Por eso la democracia no consiste en desconfiar únicamente de los gobernantes que detestamos. Consiste en limitar también a aquellos que admiramos.

La protesta que cambió de relación con el poder

Hubo un tiempo, no demasiado lejano, en que una parte importante de la sociedad mexicana encontraba perfectamente legítimo cuestionar al presidente desde las calles, las universidades, los medios y las redes. Movimientos como #YoSoy132 o las movilizaciones posteriores a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron expresiones distintas de una misma idea democrática: el poder debe soportar la incomodidad de una ciudadanía que pregunta.

Hoy siguen existiendo razones para indignarse. Persisten la violencia, las desapariciones, la extorsión y la impunidad; continúa la discusión sobre la militarización de tareas civiles, y a ella se suman cuestionamientos sobre la privacidad, los contrapesos institucionales y la manera en que el poder responde a sus críticos. ¿Dónde está, entonces, aquella capacidad de movilización?

Durante décadas, una parte importante de la izquierda latinoamericana desarrolló una enorme habilidad para organizar el descontento, articular movimientos, construir consignas y convertir agravios legítimos en presión política. Eso, por sí mismo, no es condenable: es política. El problema aparece cuando los estándares para juzgar al poder cambian dependiendo de quién lo ocupa. Entonces la protesta que ayer era resistencia se convierte en conspiración; la crítica que representaba conciencia ciudadana pasa a describirse como golpismo; el periodista incómodo que cuestionaba al gobierno anterior era valiente, pero quien cuestiona al propio se transforma, convenientemente, en mercenario.

Las causas no desaparecieron y las víctimas tampoco. Lo que cambió, para muchos, fue su relación con el poder. De ahí una frase incómoda que resume la contradicción: la protesta no murió; cambió de nómina. Sin embargo, el fenómeno no pertenece exclusivamente a la izquierda. La derecha ha cometido el mismo pecado cuando justifica abusos, corrupción o excesos de gobiernos propios mientras denuncia con furia los del adversario.

Ese es el punto: quien condena un abuso cuando lo comete su enemigo, pero encuentra una excusa cuando lo comete su partido, no defiende un principio, sino una identidad política. El abuso no cambia de naturaleza según el color de quien lo comete; la censura no se vuelve democrática porque provenga del partido correcto, ni la vigilancia se transforma en libertad porque la administre un gobierno popular. Los derechos que solo defendemos para quienes piensan como nosotros dejan de ser derechos y se convierten en privilegios ideológicos.

Mientras alguien conserve su voz

La relación de periodistas, comunicadores y ciudadanos exhibidos desde la conferencia presidencial puede encontrarse en redes sociales. Vale la pena buscarla, no para convertir automáticamente a cada persona que aparece ahí en héroe ni para asumir que todas sus opiniones son correctas, sino para leer, escuchar, contrastar y decidir por cuenta propia. Seguir una voz crítica no significa obedecerla; significa defender la existencia de un espacio en el que pueda hablar.

Si el propósito de exhibir determinadas voces era desacreditarlas, la respuesta de una ciudadanía libre debería ser ampliar la conversación. Si se pretendía aislarlas, podemos escuchar sus argumentos y juzgarlos nosotros mismos. Y si alguien esperaba que el señalamiento produjera silencio, la respuesta más democrática es multiplicar las voces. El gobierno posee instituciones, presupuestos y transmisiones oficiales; el ciudadano conserva algo aparentemente más frágil, pero decisivo: su criterio.

Sería fácil terminar esta reflexión desde el pesimismo. La violencia se ha normalizado hasta niveles que deberían resultarnos intolerables; las instituciones atraviesan transformaciones profundas y la tecnología amplía las capacidades del Estado. A ello se suma el cansancio producido por tantos escándalos, cifras, muertos y promesas. Quizá el mayor peligro no sea únicamente el miedo, sino el agotamiento: ese momento en que una sociedad deja de preguntar porque concluye que preguntar ya no sirve.

Pero la historia nunca queda completamente en manos del poder. Cada gobierno que intentó administrar la verdad encontró ciudadanos dispuestos a cuestionarla; cada proyecto que quiso uniformar el pensamiento enfrentó alguna voz que se negó a repetir el libreto. Ahí reside la esperanza: no en esperar que el gobierno decida voluntariamente limitarse, ni en sustituir un caudillo por otro, sino en una ciudadanía suficientemente adulta para comprender que ningún gobernante es su dueño, ninguna mayoría posee facultades ilimitadas y ningún proyecto político merece lealtad incondicional.

La democracia no consiste solamente en votar, sino también en vigilar a quien ganó, especialmente si votamos por él. Consiste en defender el derecho de nuestros adversarios a decir cosas que detestamos, porque algún día podemos ser nosotros quienes necesitemos esa misma protección. Y consiste en preguntar cada vez que el poder solicite un poco más de confianza, más información o menos resistencia: ¿por qué?, ¿hasta dónde?, ¿quién te vigila a ti?

Hoy fueron algunos nombres en una pantalla. Mañana puede ser cualquier ciudadano que formule una pregunta incómoda. Sin embargo, mientras exista una persona dispuesta a hacerla, otra decidida a defender su derecho a formularla y muchas más capaces de negarse a entregar su criterio a cambio de comodidad, el silencio nunca será completo.

La libertad rara vez desaparece de un día para otro; a veces se pierde porque dejamos de ejercerla, de preguntar y de incomodarnos. También puede sobrevivir porque alguien decide que existe una frontera que el poder no debe cruzar, porque alguien se niega a callar o porque alguien recuerda que ser ciudadano significa algo más que ser gobernado.

México no está en guerra. México entierra a sus muertos, discute sus libertades y decide todos los días cuánto poder está dispuesto a entregar a cambio de la promesa de sentirse seguro. La historia todavía no está escrita: mientras haya ciudadanos dispuestos a preguntarle al poder quién lo vigila, a defender el derecho del adversario a disentir y a recordar que la libertad no se hereda intacta, permanecerá algo que ningún gobierno podrá administrar por completo: nuestra decisión de seguir siendo libres. Mientras esa decisión permanezca viva, todavía hay esperanza.

Referencias

INEGI. Estadísticas preliminares de defunciones registradas por homicidio, 2025.

Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pronunciamiento sobre la reforma judicial en México y sus posibles efectos en la independencia judicial, el acceso a la justicia y el Estado de derecho, 2024.

Instituto Nacional Electoral. Cómputos y participación ciudadana de la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación, 2025.

Majo Salinas, La libertad no se agradece al poder: se ejerce, se defiende y se vigila. liberalesdisidentes.com

De la inflación y otros Demonios

Por Leroy Garrett (@LeroGarrett).

Reiteramos la evidencia material de que la legitimidad de las negociaciones habidas entre la oposición y el chavismo es proveída por el tutor.

Y es otra realidad de que una cosa es prioritaria para el contubernio —ejemplo el oro inglés, quién nombra a quién en el TSJ, CNE, etc.— y otra las prioridades de los Estados Unidos.

Enhorabuena.

Debemos estar atentos a lo que hace el tutor, en términos del discurrir lógico de este sin precedentes tránsito político nacional: la mesa de negociaciones es la “verdad formal” y las decisiones de los Estados Unidos con respecto a las bases de la transición es la “verdad verdadera”.

¿Cuánto valemos, cuánto debemos, cuánto cuestan las cosas realmente? Los venezolanos tenemos ya muchas décadas, específicamente desde el viernes negro (1983), cuando nuestro signo monetario, y su valor, se convirtió en misterio dentro de un enigma de subsidios y especulaciones, de devaluaciones tras devaluaciones, de un país de espaldas al mundo financiero, siendo el origen de las más horrendas de las pobrezas, injusticias y de las más egoístas de las desigualdades sociales en virtud del ingreso.

El poder monetario pertenecía al poder y sus acólitos. ¡Ya basta!

La depravación oficial hacia una política irresponsable y populista que buscaba la ilusión de un poder adquisitivo falso expresado en billetes sin valor es la tiranía real que ha padecido el pobre pueblo rico venezolano.

La democracia y el chavismo —este último en grado de enloquecimiento— usaron la máquina de hacer billetes sin valor orgánico a extremos que han llevado a los venezolanos a aclamar al dólar como moneda de adopción. Y tienen toda la razón en dicha elección.

Ha trascendido en la prensa especializada que, por voluntad del tutor, se ha decidido nombrar al profesor de economía de la universidad Johns Hopkins, Steve Hanke, como el nuevo zar monetario de Venezuela.

Hanke, conocido en el mundo político norteamericano como “Money Doctor” (Médico Monetario), no es desconocido en Venezuela: estuvo asesorando al segundo gobierno de Caldera con recomendaciones similares de corrección monetaria que, opuestas a ellas por el Congreso de entonces, nos ubican hoy como las víctimas de la hiperinflación más grande del mundo (400% anual).

Su receta ha sido simple: atar el signo monetario local al valor del dólar, y en paridad idéntica evitar así el recurrente vicio de un liderazgo latinoamericano que unánimemente celebra crear un populismo que promete un bienestar falso, llenando de papeles sin valor el bolsillo de la gente.

En Venezuela el camino es más claro y expedito: no convertibilidad entre signos monetarios; el dólar se adopta y punto.

Hanke viene de hacer labor de reparación monetaria en el Ecuador de los 90s, economía basada en el dólar cuya receta provee a esa nación, hoy por hoy, de la tasa más baja de inflación en el subcontinente.

Estuvo también reestructurando las políticas monetarias de las naciones antes conocidas como Yugoslavia, salvando la vida entonces de un intento de asesinato ordenado por Milosevic, quien lo catalogó de espía francés. Su devenir profesional lo ha llevado a múltiples asesorías en el orbe.

Con la introducción de Hanke a la indispensable corrección y normalización del poder adquisitivo de los venezolanos, los Estados Unidos incorpora un elemento de protección a la justicia incuestionable en contra de la por todos temida impunidad.

Por primera vez en casi medio siglo, los venezolanos sabrán en realidad inédita para los jóvenes de hoy el valor real de bienes y servicios; estarán protegidos por valores equitativos reales de a trabajo igual-salario igual; renacería la clase media a través de la restitución del crédito; reaparecería la industria de la aseguranza de bienes, dentro de términos más allá de formalidades demagógicas y en premio del sacrosanto valor de los costos reales adquiridos en moneda fuerte.

Será el derribo de las mafias cambiarias y el mercado negro, expresión de un gobierno poseído por una organización criminal.

Venezuela como nación hará un esfuerzo para saldar sus deudas en paridad a sus ingresos petroleros, y podrá estimar el valor de sus reservas y planificar la reconstrucción de su casi absoluta destrucción de todo orden para la felicidad de las mayorías.

En esta ausencia de valor real de nuestra economía, una vez materializada la instauración del dólar como moneda nacional, nuestro petróleo tiene una posición de importancia que, a paridad de la moneda del norte, deberá ser un vehículo de redención social, transformado en educación, calidad de vida y una invitación blindada a la labor empresarial y creación de industrias generadoras de riqueza.

La revista Forbes, esta semana, informa que Venezuela está produciendo solo 1,1 millones de barriles al día, alrededor del 1,3 % del total mundial y un tercio de los barriles logrados en la era pre-Chávez de 3,4 millones en 1998. Sorprendentemente, es solo un poco más del 7 % más que antes de la salida de Maduro. Esta aceleración en sí misma es alentadora.

El país encara tal vez el boom petrolero más significativo en la historia de la civilización. Hoy, Venezuela está extrayendo solo el 0,2 % de sus 380 mil millones de barriles del total de sus reservas cada año. La nación tardaría 350 años en agotar solo la mitad de su suministro subterráneo. La tasa de agotamiento de Venezuela es una cuarta parte de la cifra saudí del 1,2 %, y una quinta parte del 1,5 % de Kuwait. El número de ExxonMobil y otras productoras se estima en el rango del 6 % al 7 % (de consumo de reservas anuales), lo que significa que cuando nuestros icónicos competidores desaparezcan, nosotros seguiremos teniendo el petróleo suficiente para continuar en el negocio.

Acelerando la producción a niveles pre-Chávez, Venezuela tendría alrededor de dos siglos de reservas disponibles, sobreviviendo a los actuales líderes de producción en el mundo. Estimar sus reservas en dólares como moneda local hace de esa riqueza algo inestimable en su promesa de justicia social.

Prioridad es aumentar la producción de petróleo como boleto para reestructurar la carga de la colosal deuda venezolana, estimada en 250 mil millones de dólares, equivalente a aproximadamente el 150 % del PIB, el número más alto de América Latina y el cuarto del mundo. Caracas estaba enviando crudo a China como parte de un programa de reembolso debido a la deuda chavista con los chinos (15 mil millones de dólares); igualmente se le debe a los rusos. Hoy nuestro petróleo regresa a las refinerías del Golfo de México, quienes no pagan por “trueque” sino con dinero constante y sonante.

Hanke, en sus declaraciones a Forbes, considera que, a pesar de la masiva emigración de venezolanos, existe un talento humano de considerable capacidad (foreign intelligentsia), incluyendo a los millones que permanecen en el exilio; dentro de ellos, las miles de víctimas del holocausto petrolero de inicios de los 2000s.

La acelerada producción de petrodólares no convertidos en moneda devaluada accesible a todos pone a Venezuela en directa solución de sus deudas con la comunidad internacional de acreedores petroleros; también depone las amenazas hacia actuales activos embargados en el exterior, y lo más importante es que igualmente crea las condiciones para indemnificar los daños infringidos por el chavismo a la clase meritocrática petrolera, a la familia institucional militar y a todos aquellos grupos con quienes se ensañó brutalmente el poder por el pecado de disentir.

Al momento de cerrar esta nota, el torturador que se asume líder del parlamento sostenido por las armas americanas arremete de nuevo en contra de un opositor para oponerse a la dolarización. No es de este personaje siniestro la decisión en contrario.

Esta deuda al pueblo de Venezuela debe ser pagada porque sí.

Bienvenido el dólar.

El pueblo al pueblo le tocó salvar: La inacción de los cuerpos de seguridad (parte II)

Mauricio Hernández, estudiante de bibliotecología en la UCV, coordinador local senior de EsLibertad Venezuela y dirigente de Tomos UCV

“En cuanto más nos inducimos en la conformación ontológica de los cuerpos de seguridad venezolanos, más nos damos cuenta que la ceguera por la pérdida de valores humanos abrió paso a generaciones enteras de corruptos.”

Mauricio Hernández

En vista de la constante decadencia de los cuerpos de seguridad del Estado, y la tergiversación absoluta sobre la labor de servicio en Venezuela, actualmente nos vemos envueltos en el ápice del descaro e inutilidad por parte de los mismos. Militares y efectivos cuya trayectoria, desde el ingreso a su respectivo mundo hasta la salida y formación completa de generaciones de vergüenzas nacionales; estamos en presencia de las consecuencias del control institucional y el degradé de todos los aspectos que engloban este neo-sistema criminal. Esta caracterización no se limita a impresiones personales: organizaciones de derechos humanos documentaron en 2024 al menos 522 personas asesinadas por funcionarios de seguridad del Estado y 2.224 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, lo que respalda la percepción de una institucionalidad que opera crecientemente al margen del orden constitucional.

De esta manera, no resulta para nada sorprendente que los cuerpos de seguridad sean vistos por la sociedad como un sistema criminal, y poco confiable. Tal desconfianza se alinea con los hallazgos de diversas organizaciones que describen patrones de asesinatos de manifestantes, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias cometidas por fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales, lo que refuerza su imagen social como aparato represivo más que como instancia de protección en lo que respecta a primeras opciones cuando se amerita el carácter que “según” representan. E históricamente cobra la significancia del ¿por qué? Pues el daño de dicha vocación se fue moldeando a los intereses dictatoriales y la diosificación de la figura del militar, desviando el objetivo de la vocación a verlos como entes de poder, en vez de servidores sociales, al punto de necesitar un sistema que no proteja a su pueblo, sino que haga inviable seguir a quienes sí lo hacen. Al fin y al cabo, es más sencillo hacer que la sociedad le tenga miedo a seguir a un salvador que revelarse contra quien la oprime.

En ese sentido, este degradé institucional funciona como un sistema escalonado, el cual define las bases de adoctrinamiento y cultivación de la impropiedad ciudadana desde los ámbitos escolares, ya que, en su mayoría, es ahí donde se definen los próximos pasos en ámbitos de carreras en los jóvenes. Y tomando en cuenta que este régimen se encargó de implantar una cultura de banalidad, conformismo y marginalidad en muchos nichos societarios, resulta fácil seguir los patrones que se dan a la hora de ver la calidad de individuos que concurren a los cuerpos de seguridad en los últimos años. Jóvenes con calidad de educación tanto familiar como institucional paupérrima, donde la primera –en muchos casos– viene de la mano de una consecución generacional de conductas cuya idiosincrasia ha sido de índole marginalizada e inmoral. Tal y como se ha podido presenciar hace poco en un video de ciertos estudiantes de la UNES, cuya actitud representa este enunciado. Así, y tomando en cuenta las evaluaciones pertinentes sobre las tasas de mala conducta vislumbradas en el país, y la magnitud de ingresos a estas filas de funcionarios, a su correlación, tenemos generaciones de jóvenes dañados y un sistema permisivo que da a entender que ganarse la vida en un lugar donde portar un arma no es ilegal, es fácil, si quienes están por encima de ti se encuentran recubiertos también por el barro.

En consonancia con lo expuesto, los datos preliminares —cuya precisión se ve limitada por la opacidad de los registros oficiales— revelan cómo este patrón se manifiesta en los sectores sociodemográficamente vulnerables. Al analizar la etiología –causa de origen– del problema, se observa un proceso de degradación social enraizado en la ausencia de planificación y en la fractura de los proyectos de vida de la juventud. Esta realidad coincide con los hallazgos del informe Psicópata de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el cual señala que entre el 60% y el 70% de la población, incluidos los jóvenes, experimenta serias dificultades para proyectar su futuro. De este modo, la falta de horizontes temporales, en coexistencia con dinámicas de crianza disfuncionales y mecanismos de adaptabilidad distorsionados al entorno, genera una convergencia de múltiples factores. Esta realidad propicia que individuos con conductas o tendencias transgresoras sean absorbidos por los propios cuerpos de seguridad nacional, ya sea a través de un alistamiento voluntario por supervivencia o mediante procesos de reclutamiento institucional, trasladando así lógicas delictivas y de corrupción al interior del aparato del Estado y, a su vez, la permisividad del mismo ante esto. En un diagnóstico similar, el Centro de Investigación de la Realidad Social de la Universidad Católica Andrés Bello ha mostrado que «entre 60% y 70% de la población declara dificultades significativas para proyectar su futuro en el mediano plazo», subrayando la ruptura de los proyectos vitales en amplios sectores juveniles (Universidad Católica Andrés Bello, 2023, Informe Psicópata: Diagnóstico psicosocial de la población venezolana).

A la luz de ello, lo mismo cobra más veracidad al ver las estadísticas. Ya que, según análisis de la organización Monitor de uso de Fuerza Letal en Venezuela (2023), se arrojó que el ingreso de jóvenes de bajos recursos a organizaciones de seguridad se había incrementado drásticamente debido a la promesa de beneficios socioeconómicos y el porte de armas. Esto se complementa con las autoridades del MPPRIJP, las cuales informaron que a finales del 2025, 32,000 jóvenes se inscribieron para ingresar en la UNES, y la gran mayoría proveniente de zonas populares. Por lo mismo, parece que los delincuentes encontraron un refugio de la ley en los mismos entes que deberían pregonarla. Esto siempre y cuando se vean acoplados en el sistema de condicionamiento entre regentes y regidos, el cual se basa en el desempeño de actividades ilícitas, las cuales tienden constantemente a violar la constitución y todos los principios éticos que deberían presidir los altos mandos. En contraste, el regido hace la vista gorda ante estas situaciones, siendo consciente del sistema en el que se encuentra. Y por esa misma obediencia se le otorgan las atribuciones de actuar de la misma manera a estratos micros dentro de la sociedad, lo cual nos lleva a las típicas dinámicas de corrupción, estandarizadas en la figura de los funcionarios; actividades como el matraqueo en alcabalas, los sobornos permisivos y la extorsión, herramientas comunes en la labor corrupta de un sistema que premia la sublevación, aplaude a sus borregos la constante insolencia y procura que la supuesta imagen de predominancia que tienen hacia ellos mismo sea el norte que los mantenga arrodillados –mientras más soles y estrellas les regalen, mejor se sienten–.

Estos hechos, en conjunto con la viveza criolla, se juntan para erosionar en la fórmula perfecta que junta a fracasados sociales cuya existencia y razones de vivir se vuelven tan superfluas que cualquier mérito artificial que puedan recibir por arrastrarse, merme el hecho de la esencia prepotente por naturalidad que compone a la gran mayoría de individuos que circulan estos entes. Personas con daños antropológicos pertinentes que lograron conseguir un puente directo a sus intenciones paupérrimas a través de un sistema igual.

En consonancia con el proceso de acciones de disfunción de los cuerpos de seguridad, resulta inevitable referirnos al adoctrinamiento y la moral nacionalista procesada, la cual llevó a remplazar los valores que caracterizaban a los agentes por consignas ideológicas, con función en el desvío de las razones de su labor. A lo cual, nos remontamos al año 96; un militar se revela ante el gobierno de Rafael Caldera con ideales “nacionalistas” y con una fuerte influencia militarista. Ese era Hugo Chávez, el cual, bajo premisas populistas y profundamente marcadas por la lucha de clases y el antiimperialismo, sesgó visiones colectivas con narrativas que se basaban en un supuesto apoderamiento de las élites internacionales sobre los recursos del país, y la posible destrucción de la figura de libertadores como Simón Bolívar. Sus principios inicialmente se veían disfrazados de un gobierno de centro izquierda, con fuerte tendencia a la socialdemocracia, –hasta su posterior toma de poder– en la cual se terminó de revelar las intenciones socialistas y las reformas de índole extremas, las cuales preside si quería establecer un control tanto institucional como dicotómico en las diversas competencias del Estado.

En ese sentido, el sistema de seguridad de la Guardia Nacional y las distintas organizaciones de protección fueron el foco de esas operaciones. Empezando por la inducción a principios revolucionarios en las academias y liceos militares, tal y como lo plantaban explícitamente proyectos estatales como el Plan de la Patria (2013-2019): «La formación del oficial debe estar impregnada del pensamiento bolivariano, robinsoniano y zamorano… El socialismo bolivariano es la única vía para garantizar la defensa de la patria.» — Plan de la Patria (2013-2019), Objetivo Histórico N° 1. Del mismo modo, la implementación de consignas en la cotidianidad de sus entrenamientos y labores, las cuales, lejos de representar un sistema plural cuya obediencia debe ir dedicada a la protección nacional y los ciudadanos, se redirigen a dosificar su figura e ideales de izquierda. Lo cual dio inicio a una dicotomía que sirvió de herramienta para justificar injerencias y crímenes hacia la población bajo la premisa de ataques contra la revolución y el pueblo.

En conclusión, el análisis realizado a lo largo del artículo permite concluir que la actual configuración de los cuerpos de seguridad en Venezuela no es un accidente coyuntural, sino el resultado de un proceso prolongado de degradación institucional y moral que ha venido sedimentando durante décadas. Se ha incubado un modelo donde la vocación de servicio fue progresivamente sustituida por una lógica de poder y sometimiento, hasta dar forma a un neo-sistema criminal que opera desde las propias entrañas del Estado. Un sistema necesario en la dinámica de protección de un país, convertido en una burla y circo de intereses.

Bibliografía

Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. (2013). Plan de la Patria: Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Objetivo Histórico N° 1. Caracas, Venezuela.

Monitor del Uso de la Fuerza Letal en Venezuela. (2023). Informe sobre el uso de la fuerza letal y perfil socioeconómico de los integrantes de los cuerpos de seguridad.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP). (2025). Registro de aspirantes e ingresos a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). Caracas, Venezuela.

Universidad Católica Andrés Bello. (2023). Informe Psicópata: Diagnóstico psicosocial de la población venezolana. Centro de Investigación de la Realidad Social (CIRS-UCAB). Caracas, Venezuela.

El amor en los tiempos del tutelaje

Por Leroy Garrett.

El amor, aunque un sentimiento mítico-sublime, es en sí un acto voluntario de cuidado y dedicación. No es apresurado, pero si constante.

Hoy pido dispensas a mis lectores por dos tópicos: primero, mi recurrente tendencia a fusilarme al Gabo para cubrir esta etapa no ortodoxa de la vida venezolana; y segundo, la premura por justicia y mi terror a que el chavismo quede impune, y por ello el a veces precipitarme en juzgar los hechos. Ahora mi esfuerzo consiste en ubicarme dentro de un cuadrante más objetivo; vuelvo a visitar el tópico de marras: la ocupación norteamericana de Venezuela y su interacción con el chavismo y la oposición.

Enfatizo hasta el aburrimiento que los Estados Unidos no han procedido con Venezuela de la manera que lo han venido haciendo en Latinoamérica en los últimos 250 años. Es meritorio destacar que, aunque no somos Irak, nosotros tenemos problemas graves de sectores agentes de la vida nacional en activa beligerancia. Estados Unidos ha llegado a ser el país que es porque ellos aplican las lecciones aprendidas.

Hoy, América danza con el chavismo y hasta lo elogia de lo bien que obedece los términos de la tutela. Claro que eso nos choca.

La dictadura hoy vive la analogía del preso liberado que debe retornar a la cárcel a firmar el libro de presentaciones. No hay presencia militar exorbitante, no hay autoridad civil o militar en directa gobernanza hacia los venezolanos; el chavismo sigue habitando en los espacios de poder de donde pensó no salir nunca. Pero saldrán.

Nos parece chocante la monopólica atención al petróleo, pero sabemos también que nadie ocupa algo sin interés. Como quiera, la situación geopolítica actual en occidente justifica y sirve de digestivo a la piedra sentida en el estómago.

El chavismo en Miraflores tiene libertad de seguir su narrativa, que agrada a los cada día más alzados grupos radicales. En su calendario festivo celebran el centenario del criminal a quien tanto deben: Fidel Castro.

¿Y al Departamento de Estado no parece importarle?

Hay elementos que hemos puesto al lado por nuestro afán de justicia expedita. Y es que los conflictos globales penden de eventos cuyos efectos dominó son anárquicos; incontrolables en sí mismos y pueden crear una pesadilla global violenta de escala impredecible.

Estoy seguro de que la mesa situacional de La Habana y el triunvirato local contemplan ese escenario. Estados Unidos lo gerencia y evita.

En Venezuela siguen orbitando grupos irregulares de larga data, pertenecientes al tráfico de narcóticos y al terrorismo internacional, con acceso a ilícitas actividades económicas y financieras, con poder de fuego y efectivos, con socios que ya entran en guerra total a raíz del triunfo de la derecha en Colombia. La limpia viene, progresivamente.

Hacer una movida de ocupación en Venezuela sacando de raíz el criminal statu quo podría ser la chispa que encienda la mecha de un esquema de guerra continental nunca contemporáneamente contemplado, la más aterradora pesadilla para Estados Unidos, hoy frentes  bélicos en desarrollo globales. Recuerden a Sarajevo en 1914 y lo que ocurrió.

La transición es a fuego lento, con prioridades energéticas, sí, pero hay signos reveladores: en la mesa de negociaciones, puntos como la elección de poderes ajenos al control del cogollo contubernal son alentadores; las liberaciones de presos políticos son en sí mismas un acto de justicia inicial necesaria y no más impostergable.

Estos hechos nos demuestran que, más allá de que ya el glosario para nombrar los entes públicos y el gobierno tutelado no se autoetiqueta con los odiosos remoquetes “del poder popular revolucionario”, sino “gobierno nacional” a secas en papel bond blanco tipo carta sin membrete, es alentador: hay un proceso tangible de cambio.

El dinero del petróleo se pagará; antes lo regalaban o se lo embolsillaban.

Todos debemos orientar nuestro poder de la intención en no permitir la impunidad.

La epidemia del olvido: un paralelismo entre «Cien años de soledad» y Venezuela

Por Leroy Garrett (@LeroGarrett).

Desde mis días de estudiante en el antiguo ciclo básico venezolano, donde Cien años de soledad era de lectura obligatoria —que en mi caso fue un agrado—, empecé a hacer símiles entre mi país y Macondo. Esas comparaciones son hoy más agudas y evidentes. —Por cierto, la nueva versión de miniserie hecha por Netflix-Colombia, ahora en su segunda temporada, no tiene desperdicio y recomiendo su visita.—

En el relato mítico del Gabo, Macondo sucumbe al olvido: debían etiquetar el más mínimo objeto hasta que dicha epidemia, así como vino, se fue. En Venezuela padecemos el mal desde 1999, cuando el estamento político decide colaborar y no enfrentar el peine que nos terminó montando el chavismo con mucho éxito gracias a los “opositores”.

Desde entonces, el país nacional no puede o no debe participar en debatir, ¿qué nos pasó? Si se olvida, no existe. Hoy volvemos a ver diálogos, ahora no coordinados por noruegos o dominicanos sino por el Departamento de Estado. Esa es una garantía; prefiere llamarse más un “voto de confianza” con sus naturales reservas.

¿Por qué dicho evento —el diálogo— es ignorado por la prensa internacional? Podemos hacer volúmenes de posibilidades, pero hay una protuberante: a nadie, al final, le interesa y ahora hasta le aburre ver lo incompetentes que somos para resolver nuestros problemas.

Una vez más es un conciliábulo ajeno a la prensa. ¿Por qué? Por acuerdo de las partes. Esas discusiones tendrían que ser televisadas por ambas partes, tan afectas a términos de “soberanía” —entre otras de carga retórica populista—. Lo cierto es que hay mucha podredumbre, mucho sucio, muchos negociados; todos lo sabemos. La comprobación siempre es amena, pero no indispensable.

El hecho es que, al decir de Teodoro Petkoff, la Venezuela prechavista era una sociedad compleja con grupos cogobernantes, que el chavismo, con la violencia, la represión y la aquiescencia de la oposición, masacró. Para Petkoff, sectores cogobernantes básicos eran las Fuerzas Armadas y los empresarios —Fedecámaras, la que llegó hasta Carmona, no la arrodillada de hoy—. Y yo añadiría la meritocracia petrolera como fuerza de generación y fiscalización de la riqueza.

Los militares, aquellos obedientes y no deliberantes, formados en democracia, fueron aniquilados. Se mantuvieron las individualidades que decidieron venderse al régimen. Serían ellos, los sobrevivientes de este exterminado sector tan importante para Venezuela, quienes deberían manejar la reconstrucción militar. Nunca la oposición les ha reconocido ni su mérito, ni su existencia, ni en sus panfletos cacofónicos mal llamados programas; ni los mencionan. ¡No existen!

Los petroleros, expropiados y despojados igualmente de su ciudadanía y pertenencias —obvio de sus carreras y maneras de vivir—, son otras víctimas notables del olvido.

Esas cosas no ocurrieron si no se incorporan en la narrativa, punto.

Pero Gabo entraría en un asombro colosal de saber que no solo los olvidaron a ellos —militares y petroleros—: también ellos se han olvidado de sí mismos y no han sido capaces ni de recordarse ni de defenderse, y viven en un círculo vicioso de manipulaciones politiqueras y aniquiladoras realidades de desencanto y falta de perseverancia.

Este cronista es actor y testigo de esta tragedia.

Ambos sectores no solo necesitan el recuerdo, sino su voz genuina de seguir en protesta y perseverar en lograr sus merecidas reparaciones con base en su experiencia sufrida. La impunidad no permitirá un resultado sanador de estas heridas notables que prevalecen, y no reconciliarán ni ofrecerán la necesaria justicia, que tampoco forma parte de la obsesión llamada elecciones.

Más allá de los recientes terremotos hay mucho dolor no curado y mucho crimen no buscado ser reparado. Es muy preocupante.

El holocausto judío es tan recordado que, desde que tenemos uso de razón, los nacidos después de la última gran guerra, el visitarlo por cualquier medio en todo momento es implícitamente esperado por la cotidianidad de nuestras vidas.

¿Tendremos que esperar por justicia dos mil años después de que nuestro templo democrático lo derrumbaron?

¿Existiremos como nación entonces?

Decodificando a Macondo

Por Leroy Garrett (@LeroGarrett).

Sí, la Aracataca mágica del Gabo que nos retrata a todos completamente.

En medio del caos nos preguntamos qué nos pasó, y es difícil incorporar una respuesta única que abarque todos los vectores que nos trajeron aquí.

Pasa por el liderazgo democrático enterrado por el chavismo. Otrora cómodo en la esterilla del puntofijismo y fracasando en una reforma del Estado que, además de necesitar elecciones regionales, lo primero era convertir de verdad a los venezolanos en ciudadanos, no más en militantes políticos.

Al no hacerlo, al chavismo le fue muy fácil arrasar con todo, como en efecto. Sin los atributos de la ciudadanía una nación no puede efectivamente proteger su Estado de derecho ni su república.

Hoy somos aún los rehenes de nuestros malhechores. Hoy nuestro Estado tutor tiene imperativos comerciales que cubrir, y para darle normalidad al interés pecuniario prevaleciente, trata de acomodar un Frankenstein de Estado hecho de partes chavistas y opositoras que se rechazan entre sí, producto de un cuarto de siglo de convivencia política de las más atípicas que recuerde la historia: te quiero como socio comercial, te odio a muerte como socio político.

El Departamento de Estado aparta y neutraliza el liderazgo Nobel-guacamayo, ese que se empeña en hacer las cosas a su antojo sin mediar racionalidad y sin el cual nada debe ocurrir de ninguna manera.

Sordo, mudo y ciego ante problemas escandalosos de violaciones de derechos humanos, (Ejemplo Holocausto Petrolero) grupo cuyo lenguaje corporal es macondiano, expresado en cantidades imprecisables de rosarios, abrazos y besos, y cuyo programa político —“Tierra de Gracia”, frase de un Colón contento de poder cumplirle la promesa a su reina católica financista de sus conquistas— es aún totalmente desconocido para los venezolanos y los estadounidenses.

Para los desplazados del convivio, los venezolanos no somos ciudadanos tampoco, somos “comanditos”, y quienes realmente lo han sido también han pagado un precio personal altísimo entre la tuntún y el olvido.

El diálogo, expresado durante el fin de semana en una llamada telefónica y dos comunicados separados e intrascendentes, es una bofetada a Estados Unidos. El señor Rubio debe saber que han habido 16 diálogos en la etapa chavista. Que para ellos el diálogo no es conceder, sino entretener, dar los mendrugos del pan a opositores que entienden la política como un acto de comercio donde luego nada cambia para los sinciudadanía venezolanos.

El presidente Trump, autor de la comunicación política contemporánea vía twitter (X) ha respondido por su cuenta de Truth Social, ante el fracaso: saca su mapa de Venezuela cubierto con la bandera americana y el número 51.

El mensaje es claro ante los incapaces de crear una república: a Venezuela solo le queda el camino de ingresar a la Unión. ¿Pensará el presidente Trump que será la manera de que los venezolanos nos sintamos ciudadanos de verdad verdad?

Venezuela: entre las Islas y el Plan Marshall

Por Leroy Garrett.

El régimen de relación entre Estados Unidos y la República de las Islas Marshall se sustenta en un Pacto de Libre Asociación (COFA) firmado en 1983 y vigente desde 1986. Bajo este acuerdo, las Islas Marshall son un Estado soberano e independiente, con gobierno propio, presidente, constitución y asiento en la ONU. Sin embargo, ceden a Washington la autoridad total sobre su defensa y seguridad a cambio de asistencia económica periódica, derechos migratorios amplios (viaje, residencia, estudio y trabajo en Estados Unidos sin visa) y la posibilidad de enrolarse en las Fuerzas Armadas estadounidenses. El pacto también incluye compensaciones históricas por las pruebas nucleares realizadas en Bikini y Enewetak entre 1946 y 1958, y garantiza a Estados Unidos el uso estratégico de instalaciones como el atolón de Kwajalein.

Este modelo de soberanía condicionada no es una anomalía. Es una de las formas más claras en que Washington ha estructurado relaciones de poder con territorios de alto valor estratégico.

El Plan Marshall, por su parte, fue el instrumento visionario que, entre 1948 y 1952, reconstruyó la Europa occidental devastada por la guerra. No fue solo dinero. Fue un vehículo de contención del comunismo y de restablecimiento de prosperidad y libertades públicas. Contó con un liderazgo político efectivo y responsable: Clement Attlee y Ernest Bevin en el Reino Unido, Vincent Auriol, Georges Bidault y Robert Schuman en Francia, Konrad Adenauer en la naciente República Federal Alemana, Alcide De Gasperi en Italia, Paul-Henri Spaak en Bélgica, entre otros. Tras haber pulverizado el fascismo, estos hombres asumieron la tarea de reconstruir sin el lastre de las viejas élites derrotadas ni el contagio de las fuerzas que amenazaban desde el Este.

Venezuela, hoy, se encuentra en una encrucijada análoga, aunque con una diferencia decisiva: produce el petróleo suficiente para autofinanciar su propio Plan Marshall. No necesita limosnas. Necesita algo que no tiene: un equipo de conducción nacional incuestionable, ajeno al cáncer politiquero que ha destruido al país durante un cuarto de siglo.

La cuestión venezolana demanda la atención de Washington no por caridad, sino por interés estratégico. Venezuela es un enclave de suministro de petróleo al cual Estados Unidos no estará dispuesto a ceder ni a dejar nacionalizar o intervenir por rivales globales nunca más. 

Acerca de no volver a ser el país libérrimo que fuimos hasta 1999, ese es el precio que los venezolanos pagamos por el chavismo.

La oportunidad de una independencia absoluta fuera del chavismo fue asfixiada por la vergüenza llamada interinato. Ese experimento, que pretendió ser transición y terminó siendo una prolongación de la crisis, demostró que la oposición tradicional no estaba preparada para gobernar ni para romper de verdad con el sistema que decía combatir.

Sería un gesto de buena voluntad por parte de los Estados Unidos —y de realismo estratégico— que el Departamento de Estado descartara tanto a la oposición colaboracionista como al chavismo residual, y promoviera la selección de un equipo de dirigentes comprometidos con la reconstrucción, inicialmente sostenidos, si fuera necesario, por el poder estadounidense. Cualquiera sea el modelo de asociación que luego impere —COFA, protectorad de facto, o un arreglo más sofisticado—, la selección de ese liderazgo no es una decisión exclusivamente venezolana. Y no necesita serlo.

Lo que Venezuela requiere no es otra ronda de negociaciones entre los mismos actores que han fracasado. Requiere un equipo de conducción nacional ajeno a los bandos, con autoridad real y con el respaldo suficiente para imponer el orden mínimo sin el cual ninguna reconstrucción intentada será viable.

De ser así, enhorabuena.

Nuestras emergencias subcontinentales y los Estados Unidos

Por Leroy Garrett (@lerogarrett).

Dentro de una incontable secuencia de factores que pudieran orbitar alrededor del caudillo de turno que hace lo que le da la gana menos lo que dice la ley, nuestra región ha necesitado —o no le ha quedado otra opción— que recibir la presencia correctora de nuestro hermano continental del norte: los Estados Unidos de América.

Desde la Doctrina Monroe (el Monroe de Trump es otra cosa) y su “Big Stick” en el Caribe y Centroamérica a comienzos del siglo XX, las intervenciones de la Guerra Fría para impedir “otra Cuba”, hasta la captura de Maduro el 3 de enero de 2026 y la reacción inevitable derivada de los sismos gemelos del 24 de junio que dejaron al descubierto la podredumbre estructural del Estado venezolano —y que el chavismo en nada se parece al régimen de Saddam Hussein—.

En casi todos los casos el guion fue similar, porque las relaciones internacionales no se basan en el altruismo sino en los intereses, ya sean económicos o de seguridad. En todas las acciones se justificó el uso de la fuerza; se removió o debilitó al actor local; se instaló o se toleró un régimen cliente; y cuando la fuerza externa se retiró —o redujo su presencia—, quedó un vacío que las élites y políticos sobrevivientes, generalmente corrompidos o incapaces, no lograron llenar con instituciones reales. El resultado no fue democracia estable, sino un nuevo ciclo de inestabilidad, autoritarismo o criminalización del poder y la consecuente intervención.

Nuestra complicada historia con los Estados Unidos está llena de ejemplos. Las ocupaciones en Haití, República Dominicana y Nicaragua a principios del siglo XX crearon las condiciones para dictaduras posteriores. La intervención de 1954 en Guatemala derrocó a un gobierno reformista y abrió décadas de guerra civil y genocidio. El apoyo al golpe de 1973 en Chile desplazó a un gobierno que amenazaba con entrar en la órbita castrista por una dictadura atroz de derecha que, si bien abrió la economía, dejó una herencia de impunidad y desigualdad que aún pesa. La invasión de Panamá en 1989 eliminó a Noriega pero no eliminó las redes de narcotráfico ni construyó un Estado sólido y capaz de automejora. Cada intervención generó, en el mejor de los casos, una calma temporal; en el peor, un nuevo vacío llenado por actores aún más depredadores.

La diferencia de nuestro 3 de enero es que los depredadores siguen operando y sus colaboracionistas, etiquetados como “opositores”, siguen perdidos en el espacio.

En este contexto, la pregunta que ya formulamos se vuelve inevitable: ¿qué esquema de gobernabilidad emerge después de una intervención que remueve al tirano pero deja intacto el entramado criminal e institucional que lo sostuvo? La historia latinoamericana ofrece pocas respuestas que nos ayuden en esta línea de análisis. Las ocupaciones prolongadas terminan generando resentimiento y nuevas formas de dependencia. Los gobiernos surgidos tras la intervención suelen reproducir la corrupción y la debilidad institucional que justificaron la intervención. Las “transiciones pactadas” entre élites fallidas, por lo general, solo logran administrar el declive o, peor, legitimar nuevas rondas de latrocinio.

La devastación actual venezolana impone un replanteamiento radical. No se trata de elegir entre intervención extranjera o soberanía abstracta. Se trata de reconocer que el vacío de poder es real y que llenarlo con las mismas fuerzas que lo crearon —o que lo consintieron bajo torneos electorales conocidos de antemano como fraudulentos y jugosos negociados— solo prolonga la agonía. La solución no puede ser otro pacto entre los mismos actores que han demostrado su incapacidad histórica. Tampoco puede ser una ocupación indefinida que convierta a Venezuela en un territorio bajo tutela de facto, aunque los precedentes “insulares” ofrezcan alguna cobertura de derechos básicos.

Lo que se requiere es un gobierno de emergencia nacional integrado por ciudadanos independientes de los bandos, con méritos probados —muchos de ellos en el exilio—, dispuesto a utilizar el apoyo militar temporal de los Estados Unidos para desmantelar el aparato criminal chavista, recuperar el control territorial y sentar las bases mínimas de un Estado de derecho. Solo entonces, cuando exista capacidad real de proteger a la población y de organizar procesos electorales limpios, podrá hablarse de una transición hacia la democracia. No antes. Las elecciones precipitadas en medio del caos solo servirán para que el cartel reconquiste por vía electoral lo que perdió por vía militar.

La historia de las intervenciones en América Latina demuestra que la fuerza externa puede romper estructuras criminales enquistadas, pero no puede —ni debe— sustituir la construcción de instituciones locales. Ese es el vacío que ni la potencia del norte ni las élites vernáculas han sabido llenar. Venezuela tiene hoy la oportunidad —y la obligación— de romper ese ciclo. De lo contrario, el próximo capítulo de este largo apocalipsis latinoamericano ya está escrito.

El pueblo al pueblo le tocó salvar: análisis de los acontecimientos sociales y políticos tras los sismos en Venezuela (Parte 1)

Mauricio Hernández, estudiante de bibliotecología en la UCV, coordinador local senior de EsLibertad Venezuela y dirigente de Tomos UCV

“(…) nos encontramos ante una generación de funcionarios del sector de seguridad sin escrúpulos ni sentido de vocación real, a raíz de la inacción y la ausencia de protestas internas por la misma, al igual que por la faceta de oportunismo que muchos han usado para aprovecharse de la situación [del 24 de junio].”

Mauricio Hernández

Desde pequeños, al venezolano le han dicho que el amarillo representa la riqueza, que el azul son los cielos y que el rojo es la sangre derramada en las luchas por la independencia. Hoy, sus riquezas se encuentran en las manos equivocadas a falta de una reivindicación nacional, y el azul de sus cielos se tornó en el rojo de la sangre que sigue cayendo en sus calles. No obstante, la virtud más rara del venezolano demostró que su desorden acopló perfectamente las piezas y sus potestades para lograr en días lo que un Estado incompetente como este controlado por el chavismo haría en años.

En la coyuntura que tenemos al frente, producto de los sismos que sufrió el país el pasado 24 de junio de 2026, caemos en tres verdades innegables: (1) que la sociedad civil se organizó de manera esporádica para ayudar a su propia gente desde las pocas capacidades de las cuales las personas comunes presiden; (2) que nos encontramos ante una generación de funcionarios del sector de seguridad sin escrúpulos ni sentido de vocación real, a raíz de la inacción y la ausencia de protestas internas por la misma, al igual que por la faceta de oportunismo que muchos han usado para aprovecharse de la situación; y (3) que Venezuela no estaba preparada a nivel civil para una catástrofe así, por lo que la centralización de las atribuciones económicas en manos del Estado hará que la reconstrucción de la vida de cada individuo sea un proceso casi intratable.

En concordancia con lo anterior, podemos ver que, históricamente, el actuar del venezolano en decisiones de gran magnitud a través del tiempo ha vislumbrado un comportamiento errático y, a veces, espontáneo —derivado del impulso—. Y eso es algo que podemos notar en los siguientes dos puntos:

La cultura de improvisación y planificación, la cual cobró prominencia en la era del boom petrolero, el derroche masivo de capital y el aumento exponencial de la deuda externa en la década de 1980. Tras la crisis de 1973, el precio del petróleo se multiplicó por cuatro. Posteriormente, Carlos Andrés Pérez nacionalizó el recurso y el hierro, al tiempo que lanzó un plan de inversiones masivas. En consecuencia, se creó una cantidad absurda de empresas estatales y se implantó la costumbre de importar todo lo que se consumía, hasta terminar acumulando una deuda externa colosal.

Eventualmente, los precios del petróleo cayeron de forma desmesurada y las tasas de interés internacionales subieron cuando la deuda externa ya se encontraba en un punto de erosión. Asimismo, dichos aconteceres indujeron al país en una imposibilidad de mantener tantas empresas —las cuales quebraron—, generando una acumulación de pasivos que en ese momento se tornó impagable. Todo esto en virtud de que, tanto los gobiernos de ese entonces como las personas, no vislumbraban una visión a futuro, sino una busqueda inmediata de beneficios y un consumismo extremo para la calidad de vida, perseguian ganancias masivas y dejaban en un segundo plano el tan importante ahorro. Todo ello derivó, más temprano que tarde, en la crisis.

La tendencia al abanderamiento populista que, históricamente, ha marcado la dinámica electoral nacional. Dicha premisa se enfoca en que la población se ha visto envuelta en elecciones cuya competencia por el mandato, aunque no todo el tiempo ha sido profundamente polarizada, sí ha estado enmarcada por una costumbre de captación y selección hacia actores con tendencia populista, poseedores de narrativas divisorias y supuestos sentidos de «pertenencia» o «nacionalistas». Estos líderes tuvieron por objetivo abordar a los votantes a base de apegarse a los sentimientos de manera excesiva y mediante acciones volátiles; debido a ello, podemos resumir esto en una carencia de análisis crítico por parte de la población.

El regimiento electoral, en el sentido previamente planteado, ha sido un hilo trascendental. Empezando por el caudillismo —antes del concepto de populismo que hoy conocemos—, ya que ante el vacío de poder después de la independencia, militares con poder usaban discursos nacionalistas y divisores para movilizar a la población, contando con actores como José Antonio Páez y Ezequiel Zamora. Progresivamente, se pasó por la premisa de Juan Vicente Gómez sobre la imposibilidad de la población para mantenerse por sí misma y lo imprescindible que resultaba un «Gendarme Necesario», además de la narrativa de «estás con el progreso o en contra de la nación». Después, se transitó por la era del boom petrolero y las narrativas de los candidatos de Acción Democrática sobre la repartición justa de los fondos de la industria del petróleo, lo cual dividió a la sociedad en sus propios intereses y discursos de polarización ideológica —cabe aclarar que, aunque esta fue vista como una época que impulsó grandes cambios a nivel democrático, de igual forma funcionó bajo el mismo hilo conductor—.

En resumidas cuentas, el venezolano se deja llevar por los primeros instantes que le propicien la suficiente emoción como para no evaluar si dicha opción se considera viable a largo plazo o pertinente para la situación. No obstante, aun actuando de manera “machucada”, este ser puede llegar a disponer de un alineamiento casi natural con la inmediatez de las situaciones, pudiendo solventar de forma temprana —más no perdurable— diversas contingencias. Tal y como lo plantea Axel Capriles en La picardía del venezolano o el triunfo de Tío Conejo:

«El pícaro no puede esperar. Su horizonte temporal es el instante. En la viveza criolla, la previsión y el ahorro de energía para metas a largo plazo son sustituidos por el destello de la oportunidad. No se trata de construir un edificio, sino de encontrar el hueco en la pared para pasar hoy.»

Por lo tanto, la atención de este artículo radica en entender que el desorden por el cual nosotros mismos nos hemos criticado demasiadas veces, fue en ese preciso instante nuestra peor virtud y nuestro mejor defecto. Y que, a distancias de contar con el apoyo institucional y cotidiano de una nación “normal”, evidenciamos lo que para muchos de los venezolanos será visto como la nueva cúspide del descaro por parte de la dictadura. En consecuencia, nos podríamos encontrar en vísperas de un próximo estallido social. Esperemos…

Venezuela: ¿A dónde vamos?

Por Leroy Garrett (@lerogarrett).

Conversando con mi amigo Ricardo Escalante, le contaba entre un capuchino y un té que, de tantas cosas horrorosas y simultáneas que nos ocurren en Venezuela, no hallaba de qué escribir. Le pregunté: «¿A dónde vamos?». Y él me sugirió este título para la nota de esta semana. Una vez más, Ricardo tenía razón.

Venezuela es el producto de muchos desaciertos consecutivos, notables y evitables. Hemos llegado a esta estación de pavor y, en la desesperación, nos preguntamos: ¿cómo salimos del laberinto?

Lo cierto es que no ha habido mejor gobierno para hacerse rico —aquellos que pudieron impunemente— que el chavismo. Eso explica, en buena medida, el desastre. El chavismo incorporó el escenario de elecciones perpetuas, en una magnífica interpretación de una generación de políticos activistas que siguen entendiendo el activismo político como un acto de comercio y desconocen —o no quieren aprender— a ser estadistas.

El chavismo entregó la soberanía venezolana a la tiranía cubana e introdujo en el continente las causas más peligrosas del mundo, comenzando por el terrorismo musulmán árabe y el odio a la nación de Israel, sentimientos que nunca formaron parte del espíritu libertario y tolerante de nuestra nación.

La pérdida de la soberanía no comenzó el 3 de enero. Comenzó el día del hara kiri electoral que entregó el poder a alguien como Chávez y su compañía.

La piña con cereza que decora el jamón es la calamidad de los sismos gemelos en tiempo del consulado compartido de los gemelos siniestros, allende del dolor y muerte, la verdadera tragedia ocurrió antes del antojo natural, pasó cuando Venezuela dio el salto atrás chavista.

Para colmo de males, Venezuela propició —por permitirse que el chavismo durara más que cualquier dictadura en nuestra historia— la intervención más no ortodoxa jamás hecha por los Estados Unidos. Donde la orden del día es controlar recursos y dividendos, y el pueblo de Venezuela que se espere.

Pagan así los venezolanos, los pecados de unas oposiciones camaleónicas, complacientes e incondicionalmente inutiles. Con un liderazgo actual encumbrado por el reconocimiento mundial, que emergió en condenar a los colaboracionistas, que volvió a validar a Maduro participando en su último fraude, y que se retrata en Panamá con todos aquellos que condenó y que dio origen a su esperanza “diferente”.

Mientras tanto el pueblo observa a los esbirros cuidando las caletas entre ruinas, y aplaude a las tropas americanas. ¿A dónde vamos? No se sabe aún. Lo cierto es que no será a lo que creíamos que fuimos desde 1810.