Heródoto, a quien se atribuye ser el padre de la historia, escribió en primera persona. ¿Qué tiene esto de especial o trascendental?
Es el hombre y su circunstancia, su tránsito vital; una vida para contarla, como refería García Márquez de la suya propia. Es el relato prístino de un tránsito catapultado por el dedo del destino: estar donde las cosas pasan.
Esto ocurre con el libro que acaba de publicar Ricardo Escalante, premio nacional de periodismo —época en la que ser ganador no equivalía a ser adepto al gobierno, sino todo lo contrario—, pese a contar con la inteligencia emocional y el don de gentes suficientes para sostener una amistad sincera e incondicional con los personajes que marcaron el devenir de la República de Venezuela hasta su extinción en 1998.
En las páginas de Ricardo hallamos una prosa fresca e incisiva, sin menoscabo del nivel culto que nutrió durante años sus columnas de El Universal.
Ricardo, el joven tachirense de San Cristóbal que se trasladó a Caracas en busca de su destino y vinculó su vida al hecho político central de la era democrática venezolana, nos ofrece una línea de análisis indispensable en estos momentos tan difíciles para la venezolanidad a través de su obra En Voz Alta.
Con precisión de relojero, recorre los personajes y eventos que configuraron la democracia. Figuras indispensables como Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez, Gonzalo Barrios, Rafael Caldera, Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi, entre otros, aparecen en sus luces y sombras con objetividad histórica, en una narrativa yin-yang que alterna pasado y presente sin desorientar al lector; por el contrario, lo sumerge en el hilo de los hechos y su desenlace fatal: el chavismo.
Destaca un elemento fundamental que otros cronistas han pasado por alto o tratado superficialmente: el papel de los empresarios de medios en la campaña de desprestigio contra actores clave y contra el propio sistema de libertades, factor que contribuyó directamente a la caída de la democracia venezolana.
Especialmente Marcel Granier y RCTV como laboratorio de incesante descrédito y crítica no constructiva, al final, el sistema que destruyó, una vez destruido, hizo fácil su propia caída.
Otro aporte relevante es su análisis cubre abuso de poder como motor de degradación del liderazgo y, el usar la nación y recursos con el criterio Gomecista de la hacienda de su propiedad.
La ambición desmedida, los intentos de defenestración del adversario político, alcanzaron extremos escandalosos que erosionaron la estabilidad del sistema. Los odios entre antiguos aliados incondicionales —como el caso de Betancourt y Pérez en el escándalo del buque Sierra Nevada—, la obsesión de Luis Herrera Campins por liquidar a Acción Democrática, la ambición ilimitada Caldera y los errores garrafales en materia fiscal y económica terminaron por llevarse por los cachos al país y a sus instituciones, que hoy tanto extrañamos.
De especial valor para el estudio histórico es su relato de la caída del segundo gobierno de CAP, un hombre de buenas intenciones y vocación histórica —a diferencia del egocentrismo calderista—, que sucumbe como el Edipo Rey de la tragedia venezolana.
No pretendo agotar aquí el fascinante y clarividente contenido de la obra de Ricardo Escalante. Solo pretendo motivar a los lectores a procurarse este libro, disponible en Amazon, para que saquen sus propias conclusiones sobre las dolorosas lecciones de nuestra historia reciente, la desaparición como republica independiente latinoamericana y ahora posible nación asociada a los Estados Unidos de América.
Roymer A. Rivas B., un simple estudiante comprometido con la verdad, teórico del Creativismo Filosófico, lo demás no importa.
“… Dado el tiempo en el cargo y la urgencia del momento, a todas luces, ella es cómplice del sufrimiento de miles de familias venezolanas. No hay ni un solo ex preso político, léase bien: NI UNO, que haya sido liberado por mediación de la defensoría del pueblo.”
[*]Un mito popular sostiene que el avestruz esconde la cabeza bajo la tierra por miedo, pero lo cierto es que el avestruz nunca hace eso; lo que hace es presionar la cabeza y el cuello firmemente contra el suelo, dejando su voluminoso cuerpo inmóvil para camuflarse con el entorno cuando detecta un peligro y para evaluar las vibraciones de la tierra. Visto desde lejos, parece que la cabeza del ave desaparece, o que está enterrada, pero nada más alejado de la realidad[1]. De hecho, si la amenaza es inminente, real, no se esconden, utilizan sus fuertes patas para correr a velocidades de hasta 70 km/h o para defenderse.
Este comportamiento, distorsionado por el mito, es lo que dio origen a la metáfora de “la ética del avestruz”[2] para referir a la actitud de ignorar deliberadamente los problemas, la injusticia o la realidad moral con tal de no enfrentar consecuencias. En el argot popular, la metáfora del avestruz se usa para describir la actitud de quien, teniendo una responsabilidad legal y/o moral gigantesca, decide “esconder la cabeza” para evadir el entorno y no actuar conforme a las demandas que la misma realidad le exige. Por esta razón, hoy apelaré a ello para describir al personaje que en la actualidad funge como “Defensora del pueblo”, a saber: Eglée González Lobato (EGL), porque calza perfectamente ella. Para sostener esto como se debe, me di la tarea de diseccionar la carrera de EGL, así que comenzaré desde el principio.
Del aparente disenso al colaboracionismo estatal
Antes de su incorporación formal a las estructuras del Poder Ciudadano, EGL edificó un sólido perfil técnico y docente en la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde se desempeñó como directora de la Escuela de Derecho y coordinó la Cátedra Libre Democracia y Elecciones. De hecho, su labor se extendió al Consejo Nacional Electoral (CNE) como consultora jurídica y directora ejecutiva del despacho del exrector Luis Emilio Rondón[3], además de colaborar ad honorem con el Centro Carter[4] y participar en la Red de Organizaciones Civiles Electorales. En esta línea, durante la crisis del 2018, EGL cofundó el Proyecto de Entendimiento Nacional con el fin de proponer reformas electorales, denunciando abiertamente la desconexión existente entre el Poder Electoral y los ciudadanos.
No obstante, más o menos por el mismo periodo es que discurso muta —¿O se quita el disfraz?— de un enfoque “crítico” a las fallas estructurales del régimen chavista para concentrarse en deslegitimar a las principales coaliciones de la “oposición”, de manera específica a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y a liderazgos como el de María Corina Machado. Esto llama la atención, porque ella misma había estado cerca de la PUD, a través de la Comisión Nacional de Primarias, que llevaría a la realización de las primarias el 22 de octubre de 2023[5], pero en el año 2024, a través de intervenciones públicas, reprodujo de forma directa los discursos del chavismo. Por ejemplo, en julio de 2024, en una entrevista concedida a la cadena internacional CNN, EGL justificó la viabilidad de la continuidad del chavismo en el poder al señalar que, pese a las encuestas favorables a Edmundo González Urrutia, Nicolás Maduro poseía la “maquinaria y votos” para ganar la presidencia “sin fraude electoral”[6]. No conforme con esto, en enero de 2026 legitimó el discurso de soberanía del régimen de Nicolás Maduro al declarar en el portal chavista La Iguana, junto a la advenediza de Indira Urbaneja, que los cuestionamientos sobre el tutelaje extranjero eran meras ficciones, pues “Gobierna el Gobierno de Venezuela. Eso del tutelaje, del protectorado, es parte del relato de Washington”[7]. Asimismo, catalogó públicamente de “traidores” a quienes solicitaban sanciones internacionales o presión externa contra el narcorégimen chavista[8] y a finales de marzo de este año participó activamente en un evento político dentro de la UCV promovido por el Gran Polo Patriótico y, ante la manifestación pacífica de los estudiantes, quienes denunciaron que los organizadores del evento ofrecían hasta USD$ 100 para cooptar y desmantelar los movimientos estudiantiles autónomos, González Lobato confrontó a los estudiantes exclamando: “No me vengan a hablar como unos fascistas locos”[9].
Con todo, EGL se postula al cargo de la Defensoría del Pueblo y es juramentada como tal por la Asamblea Nacional chavista el 09 de abril de 2026.
La ética del avestruz de la nueva “Defensora del Pueblo”
Ya en el cargo, no es de extrañar que EGL no haya montado una campaña para “defender al pueblo” —que es, en teoría, lo que debe hacer— y sí haya guardado silencio ante los crímenes cometidos por el chavismo y que han salido a la luz en las últimas semanas, especialmente en lo que a los presos políticos respecta. Habrá que adivinar qué aberración de concepto tiene EGL sobre su investidura, pero, se supone, el Defensor del Pueblo en Venezuela es la institución del Estado[10] encargada de promover, defender y vigilar los derechos humanos y las garantías constitucionales, por lo que su objetivo es proteger a los ciudadanos frente a los abusos o fallas cometidos por los órganos de la administración pública. No obstante, EGL, a pesar de tener frente a sus ojos las denuncias de torturas, persecución y la muerte de ciudadanos bajo custodia del Estado, prefiere ignorarlo para no tener que actuar contra el poder que la designó. He aquí precisamente una semejanza con el avestruz, que ella elige no mirar y esconder su cabeza en la burocracia y un comunicado estéril —como lo hizo con el caso de Víctor Quero Navas, constituyendo una burla para su sufrimiento y el de su familia—, al mismo tiempo que simula que el problema en Venezuela no existe o que no es de su incumbencia.
Yo me pregunto: ¿Será que ella cree que el silencio la exime de culpa? Mientras el entorno chavista colapsa y salen a la luz más pruebas fehacientes de los crímenes cometidos por el chavismo en sus mazmorras, y con las víctimas exigiendo justicia, ¿Puede ella llamarse “defensora del pueblo” cuando no hace absolutamente nada para defender “al pueblo”? En este escenario, bien le queda el título de “la Defensora del puesto”, porque se refugia en la comodidad de su despacho y asiste a entrevistas, omitiendo acciones concretas hacia las victimas del chavismo, para salvarse a sí misma y proteger su cargo. EGL no es ignorante, ella tiene formación jurídica, sabe lo que ocurre en Venezuela, pero prefiere camuflarse e intentar mimetizarse con el entorno institucional chavista para pasar desapercibida, midiendo las vibraciones del poder —como buen avestruz— para saber hacia dónde moverse sin arriesgar su posición.
¿Cuál es la diferencia entre ella y el anterior personaje que ostentaba el cargo de “Defensor del Pueblo”? Lo único que le falta a ella es dirigir también sesiones de torturas ella misma, grabarlo y enviárselo a la cúpula chavista. De menos, no tiene que envidiar absolutamente nada. Dado el tiempo en el cargo y la urgencia del momento, a todas luces, ella es cómplice del sufrimiento de miles de familias venezolanas. No hay ni un solo ex preso político, léase bien: NI UNO, que haya sido liberado por mediación de la defensoría del pueblo. Como Defensora del Pueblo, su mandato constitucional le otorga la facultad y el deber de inspeccionar cada uno de los centros de reclusión y velar por los derechos humanos, pero ella decide, por voluntad propia, anular sus facultades de interpelación. Aplica una ceguera y sordera selectivas frente al dolor de las víctimas. Es decir, también como buen avestruz, baja la cabeza y piensa que nadie la ve, pero sigue dejando el cuerpo expuesto, porque, por más que ella intente esconder su responsabilidad detrás de la burocracia, de la hoja de ruta del papeleo o de tecnicismos legales —que es, de hecho, el mismo mal en el que incurrió la comunidad internacional durante todos estos años—, su omisión es gigantesca y visible para todo el mundo[11]. Los delitos del chavismo —presos políticos torturados, falta de atención médica, los asesinatos en sus mazmorras— se quedan ahí para exponer su complicidad ante la opinión pública. Ergo, tú, EGL, no puedes ocultar tus manos manchadas de sangre.
Ella prometió activar “mesas de trabajo” y “comisiones especiales” para revisar algunos casos[12] y coordinar esfuerzos con alcaldías y ministerios para la “humanización de espacios”[13], pero no dice nada de los más de 12400 casos de personas que permanecen detenidas en Venezuela por más de dos años sin haber recibido una sentencia firme[14], o de los más de 8200 reclusos que sobreviven hacinados en centros de detención preventiva diseñados para instancias máximas de 48 horas[15], o del hecho de que cada dos días murió un preso en el año 2025 en Venezuela, el 95% de ellos por falta de asistencia médica[16], o los más de 400 presos políticos que aún siguen en manos del régimen en condiciones inhumanas.
Esto es importante señalarlo, porque al menos el anterior titular del cargo no engañaba a nadie, era una pieza declarada del engranaje chavista. Pero en la coyuntura venezolana actual, el valor de uso de EGL para el régimen es todavía mejor, porque su función no es solo garantizar la impunidad, sino servir de fachada internacional de que “las cosas están cambiando”. Al colocarla en la Defensoría bajo la etiqueta de “la oposición”, el chavismo puede simular un pluralismo inexistente y blanquea su rostro ante el mundo, como lo hizo durante años. Es decir, el régimen ya no necesita fiscales o defensores que griten consignas revolucionarias, porque le son mucho más útiles los personajes “respetables” que aplican el lenguaje sofisticado del derecho para normalizar la tiranía y diluir la gravedad de los crímenes de lesa humanidad en mesas de diálogo estériles[17]. En suma, el nombramiento de EGL es el pago a su labor, servil al chavismo durante años[18].
Excurso: de la ovación al servilismo, la corta memoria del venezolano
Este fraude moral orquestado por el chavismo, llamado: “Defensora del pueblo”, con EGL a la cabeza, adquiere una dimensión personal en mi propia memoria, pues, en el año 2023, apenas semanas después de regresar de mi exilio en Perú, asistí a la novena edición del foro aniversario de Hablan los jóvenes —organizado por la asociación Más Ciudadanos—, celebrado en un auditorio de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Caracas. Una de las sesiones era un panel que estaba integrado por José Huerta, Robinson Rivas y, especialmente, EGL, moderado por Ana Milagros Parra[19], en el que se hablaban de los aspectos técnicos del sistema electoral[20].
En aquel momento, bajo la efervescencia colectiva y los preparativos para las elecciones primarias de la oposición, la opinión pública orbitaba de manera exclusiva en torno a la ruta electoral. Cuando llegó el turno de palabra de estos personajes, arropados por esa épica artificial y emocional que caracteriza a la “oposición” venezolana, el auditorio entero comenzó a aplaudir con un entusiasmo acrítico. Pero el paroxismo y el delirio generalizado llegaron cuando habló EGL, quien respondió a ciertas inquietudes de algunos presentes, así como objeciones en contra de la ruta electoral planteada, expresando que “sí se iba a poder”. Ante ello, la masa universitaria se desbordó en silbidos, vítores y ovaciones unánimes, aplaudiendo como focas ante su retórica vacía[21].
Visto desde el presente, resulta lamentable constatar cómo figuras que se venden bajo el rótulo de la disidencia y la respetabilidad académica terminan siendo servidores dóciles de la tiranía. Pero lo verdaderamente trágico, más lamentable aún, es el hecho que ilustra lo vivido ese día, ya que es un síntoma inequívoco del mal crónico del venezolano, a saber: la amnesia colectiva. El caso de EGL ilustra deja en evidencia una estrategia chavista bien calculada, que es el posicionar a ciertos personajes en el espectro “opositor”, consiguiendo que parte de la sociedad civil, e incluso la comunidad internacional, aplaudan sus acciones, aparentemente disidentes, para luego usarlos en sustitución de personajes “radicales” dentro del chavismo. Es decir, como ya mencioné, cambiar a los “radicales” por los complacientes, porque al sistema chavista no siempre le conviene colocar a un militante de línea dura del PSUV y le es mucho más útil una figura con credenciales académicas y de disidencia para simular una apertura democrática. De hecho, son estas mismas figuras las que actúan como una válvula de escape, al vender épica electoral que canaliza la frustración de la gente hacia rutas que el chavismo ya tiene controladas o calculadas —¿O necesitan que recuerde todo lo que ha pasado post-primarias?[22]—.
Nadie en ese entorno parece recordar que, apenas unos meses atrás, fueron ellos mismos quienes encumbraron, legitimaron y aplaudieron de pie a EGL, regalándole un poco más del capital político que hoy ella le vende al régimen. Es decir, aplaudieron como focas a un personaje, así como con muchos otros, que luego los han traicionado. Esto, sin duda alguna, dice mucho de la sociedad venezolana y del motivo por el cual, hoy por hoy, vivimos lo que vivimos, que no es más que caer en la retórica del mesianismo y la salida rápida, y todo el que critique es “divisionista” o ya directamente “chavista”[23]. Si bien, el verdadero peligro de este ciclo no es solo que EGL haya terminado en un despacho oficialista ignorando los crímenes de lesa humanidad, sino la mala memoria que lleva a aplaudir y santificar la impunidad de los camaleones políticos —como los que hoy rodean a María Corina Machado—, condenando al país a repetir el mismo ciclo de entusiasmo y traición. Sufrir la injusticia es trágico, pero aplaudir activamente a los arquitectos de tu propio cautiverio es el verdadero triunfo del sistema chavista.
[1] ¿Cuán efectivo es eso en la naturaleza? No lo sé, a simple vista me parece tonto que un animal que puede medir hasta 3 metros y pesar 120 kilos pueda creer que se “camufla” haciendo eso. Pero precisamente por eso me parece perfecta la comparación. Sigamos.
[2] Acoto que la expresión no es una teoría o rama de la filosofía moral, simplemente se usa popularmente para aludir, en el ámbito de la ética, a la actitud descrita en el párrafo.
[3] Luis Emilio Rondón fue rector principal del CNE entre 2014 y 2020, es decir, precisamente el tiempo cuando más crímenes cometió el chavismo contra la sociedad venezolana, y precisamente el tiempo en el que se gesta la falsa constituyente de 2017 y las elecciones presidenciales de 2018. Quizá no pueda acusarlo directa y expresamente de ser una pieza consciente del chavismo —en el sentido conspiranoico—, pero su permanencia en el CNE, sin duda alguna, sirvió para convalidar y oxigenar un sistema abiertamente fraudulento que, al mismo tiempo, ya se había probado blindado ante cualquier acción civil o política que arremetiera contra le sistema chavista. Ergo, al igual que la gran mayoría de los autodenominados “políticos opositores” que hoy acompañan a María Corina Machado, queriendo o no, fue servil a la narcodictadura chavista.
[4] No debemos olvidar, jamás, que el Centro Carter ha sido históricamente servil al chavismo, aunque se distanció en 2024.
[5] Al respecto, tengo un cuento y una reflexión, porque yo conocí directamente a EGL el 15 de septiembre de 2023, es decir, un mes antes de las primarias, en un Auditorio de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en el marco del aniversario de “Hablan los jóvenes”, IX edición. En este mismo espacio casi todos los asistentes le aplaudían como focas cada vez que refería con épica al evento electoral y la situación en Venezuela —“casi todos”, porque yo no me sumé—. Pero eso para el excurso final.
[6] Ver: Carmen Aristegui, ¿Podría lograrse la alternancia en el poder en Venezuela?, 24 de julio de 2024, en Aristegui, podcast de CNN en Español, audio. En: https://www.cnn.com/audio/podcasts/aristegui/episodes/3d363c0a-9ea3-11ee-9a10-ab127088099d (Cit. 12/06/2026). En Venezuela sabemos que eso es imposible, que no había posibilidad alguna de que Nicolás Maduro ganara unas elecciones, y que las encuestas que apuntaran a lo contrario simplemente eran serviles al régimen chavista. Por tanto, que EGL expresara esas palabras en una cadena internacional no podría ser más que una preparación del escenario para el futuro fraude —claro, si “Maduro puede ganar sin fraude”, entonces ya pone en duda cualquier manifestación de “fraude”, una vez se anunciara a Maduro como vencedor—.
[9] Es decir, ya no solo adopta de forma explícita la retórica chavista, sino que se alinea con la criminalización de la protesta pacífica, más de los estudiantes dentro de las universidades. Ver: VPITV (@vpitv), ¿Por qué la nueva defensora del pueblo llamó ‘fascistas’ a los estudiantes? …, Instagram. En: https://www.instagram.com/reels/DXCdEHBkY6S/ (Cit. 12/06/2026).
[10] … “del Estado”. Adiós la ficticia “división de poderes” que algunos liberales se empeñan en seguir defendiendo. Pero eso no compete aquí, solo no podría dejar de señalarlo. Si gusta profundizar, lea: Michael Huemer. 2019. El problema de la autoridad política. Barcelona, España. Publicado por Editorial Deusto; o el resumen, aplicado al caso venezolano, mediado por otras obras, que hago en cap. 1 de: Roymer Rivas. 2024. En defensa de la Razón, ¿Por qué no voy a votar el 28 de julio?. Publicado por Humano Insurrecto y ContraPoder News.
[11] En sus declaraciones televisivas tras asumir el cargo, EGL sostuvo que la Defensoría “no está para competir con los partidos políticos ni con las ONG”, definiendo su gestión bajo un enfoque de colaboración no confrontativo con el poder ejecutivo que encabeza Delcy Rodríguez. Ver: Argumentos GV. 2026. Eglée González Lobato: “vengo a construir confianza con acciones concretas desde la Defensoría 1/5”, 13.04.2026. Video de YouTube. En: https://www.youtube.com/watch?v=QCJl0G7xajc (Cit. 12/06/2026). Ella llegó para “construir confianza”, sí, pero confianza para los mismos criminales a los que sirve, no para los ciudadanos venezolanos. Ella no ha cuestionado en ningún momento la legalidad de los arrestos políticos ni la tortura dentro de los centros penales del régimen.
[13] Argumentos GV. 2026. Eglée González Lobato: “vengo a construir confianza con acciones concretas desde la Defensoría 3/5”, 13.04.2026. Video de YouTube. En: https://www.youtube.com/watch?v=fANBPiMDsb4 (Cit. 12/06/2026).
[17] Releo esto y caigo en cuenta que, fácilmente, aplica a toda la “oposición” venezolana.
[18] Es necesario recordar que su postulación fue presentada ante una Asamblea Nacional chavista por el diputado David Uzcátegui, en representación del partido Fuerza Vecinal, es decir, por una organización que ha cohabitado y colaborado con el régimen, y que la aprobación de su designación fue el resultado de un consenso expedito entre las bancadas del Gran Polo Patriótico, la Alianza Democrática y facciones de la “oposición”, excluyendo la participación de la sociedad civil independiente. Esto, por no decir que —apegándome a la Constitución chavista, solo porque a ellos les gusta aludir a ella siempre—, el nombramiento es totalmente inconstitucional. Al respecto, ver: Arcadia Foundation. 2026. Larry Devoe y Eglée González, designaciones en desacato constitucional. Publicado en Arcadia. En: https://arcadiafoundation.org/larry-devoe-y-eglee-gonzalez-designaciones-en-desacato-constitucional/ (Cit. 12/06/2026).
[20] A ese evento también asistió José María Casal, para el panel: “La Venezuela de las ideas”, acomáñado de Luis P. España y Asdrúbal Oliveros.
[21] Evidentemente, yo me negué rotundamente a sumarme a ese coro complaciente y ciego.
[22] Puede que salga algún aventurero defensor de los procesos que llevó a cabo la oposición venezolana desde entonces hasta ahora, así que a ustedes los mando a leer el cap. 2 de Roymer Rivas, 2024. La oposición venezolana ha fallado, una y otra vez, sin excepción, en derribar el sistema chavista. Más bien han sido funcionales al sistema, el opuesto que su opuesto necesita para existir. Alguno puede decir que “todo es parte del proceso”, pero la verdadera cuestión es: ¿Qué valor o aporte llevaron ciertas acciones a la lucha venezolana? ¿Fue negativa o positiva? Lo que sucedido el 03 de enero de 2026 deja en evidencia que la llamada “oposición” no ha sido más que una pieza domesticada dentro del engranaje del control social, un opuesto complementario que, lejos de subvertir al monstruo estatal, lo delimita, lo convalida y se nutre de él. Es la patología de la normalidad denunciada en En defensa de la razón, una sociedad adicta al engaño místico de las urnas y atrapada en la falsa representatividad democrática, donde participar es aceptar el cautiverio voluntario y legitimar la farsa de un sistema político diseñado estructuralmente para expandir el poder de la tiranía en detrimento de la libertad individual. Mientras la masa amorfa se entrega ciegamente a concursos de popularidad demagógica creyendo que votando se sale de una tiranía, la dirigencia opositora solo ha competido por cuotas de poder y rentas bajo el mismo modelo paternalista y socialista que engendró el desastre.
[23] Curioso, porque la estructura mental chavista los media a ellos y proyectan su condición existencial en otros.
Julián Ramírez, asesor en Relaciones Internacionales y Geopolítica, politólogo e Internacionalista por la Universidad Sergio Arboleda, con formación de posgrado en Estrategia y Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra
“… el debate político colombiano sigue anclado en el siglo XX, mientras el crimen ya opera en el siglo XXI.”
Julián Ramírez
“En la guerra, lo más importante no son las armas, sino la estrategia; no el combate, sino el conocimiento del enemigo”. Esta máxima, atribuida al estratega chino Sun Tzu, resuena con una vigencia aterradora en el siglo XXI. Hoy, Colombia y el mundo enfrentan un adversario que ha comprendido las reglas de la globalización mejor que muchos Estados: una suerte de “multinacional del crimen”, un ecosistema híbrido y simbiótico donde narcotráfico, trata de personas, cibercrimen y corrupción estatal se entrelazan en una danza macabra que desafía las categorías tradicionales de seguridad nacional. Por ello, ya no estamos ante cárteles aislados ni mafias locales, más bien asistimos a la emergencia de una Internacional Criminal, una red de redes que opera con la frialdad de una corporación trasnacional y la letalidad de un ejército irregular.
La anatomía de la hidra: las tres capas del crimen global
Para comprender la magnitud del desafío, es preciso diseccionar al enemigo. Su estructura se organiza en tres capas interdependientes:
1. La capa operativa (visible)
Es el músculo: la punta del iceberg. Aquí residen los nombres que llenan los titulares: 1) los cárteles de Jalisco y Sinaloa en México; 2) el Clan del Golfo y las disidencias de las guerrillas en Colombia; 3) la ’Ndrangheta en Italia; 4) las tríadas chinas y 5) las mafias rusas. Todos ellos son los ejecutores de la violencia, los gestores del territorio y la mano de obra armada. Sin embargo, su poder sería efímero sin el sustento de las capas superiores.
2. La capa logístico-financiera (semivisible)
Este es el verdadero hub: el sistema circulatorio de la multinacional criminal. Acá maniobran: 1) los arquitectos del lavado de activos con base en Dubái, Panamá o las Islas Caimán; 2) los bufetes de abogados que diseñan estructuras offshore impenetrables; 3) los bancos permisivos que miran hacia otro lado; 4) los transportadores globales y 5) los brókeres de armas. Esta capa es la que conecta el crimen con la economía legítima, blanqueando sus ganancias y proporcionando los insumos para su operación. Sin esta sofisticada ingeniería financiera y logística, el crimen a gran escala sería imposible.
3. La capa de protección política y estatal (invisible)
La más peligrosa y esencial: es el escudo que permite la impunidad. Aquí nos encontramos con políticos financiados con dinero ilícito, funcionarios corruptos, agencias de seguridad infiltradas y élites económicas que, de manera consciente o negligente, participan en el lavado. Esta capa proporciona el “blindaje” necesario para operar a escala global. Sin la corrupción estatal, la Internacional Criminal colapsaría bajo el peso de su propia ilegalidad.
Las alianzas estratégicas: la geopolítica de las sombras
Lo que define a esta nueva era es la cooperación pragmática entre grupos que antaño eran rivales. Las fronteras ideológicas y territoriales se han difuminado, dando paso a alianzas estratégicas que funcionan como nodos de una red planetaria. Colombia, principal productor del 70 % de la cocaína mundial, es el epicentro de este nuevo orden criminal. He aquí sus principales ejes:
Mafias italianas + cárteles latinoamericanos: la ’Ndrangheta, hoy la mayor distribuidora de cocaína en Europa, coopera estrechamente con el Cártel de Sinaloa, el CJNG (México) y el Clan del Golfo (Colombia), controlando las rutas transatlánticas.
Mafias rusas + grupos balcánicos: controlan puertos clave en el Mar Negro, rutas de armas y heroína, y han fusionado su experiencia en cibercrimen con el lavado de capitales latinoamericanos.
Tríadas chinas + crimen latinoamericano: esta alianza se especializa en el tráfico de precursores químicos, el lavado a través del comercio exterior ficticio y la trata de personas, con operaciones confirmadas en México, Ecuador y Perú.
Cibercrimen global + lavado latinoamericano: el ransomware y los criptoactivos se han convertido en el puente digital perfecto para blanquear los réditos del narcotráfico, creando un sistema de pagos anónimo y de alcance transoceánico.
Esta multinacional no reconoce ideologías, coopera cuando conviene, tiene cadenas de suministro globales, se infiltra en Estados débiles, corroe democracias y posee una liquidez que supera el PIB de muchas naciones.
Frente a un enemigo de esta naturaleza, las respuestas fragmentadas y reactivas son un camino hacia el fracaso. Colombia requiere una estrategia de Estado, integral y de largo plazo. La herramienta geopolítica por excelencia para este fin es la elaboración de un Libro Blanco de Seguridad y Defensa.
Pero, ¿qué es un Libro Blanco? No es un simple documento de buenas intenciones. Es el documento rector de más alto nivel en el que un Estado define, con criterio soberano, transparencia y rigor, su diagnóstico acerca de las amenazas, sus objetivos nacionales de seguridad y la estrategia integral para alcanzarlos. Es la hoja de ruta que alinea los esfuerzos diplomáticos, militares, económicos, de inteligencia y sociales en una sola dirección: el plan maestro que trasciende los periodos de gobierno y se vuelve política de Estado.
¿Por qué Colombia carece de un Libro Blanco?
La ausencia de este documento fundamental en Colombia no es una omisión casual; es un síntoma de patologías políticas profundas:
1. Cortoplacismo político
La clase política colombiana está obsesionada con el ciclo electoral. Un Libro Blanco, que demanda visión a 15 o 20 años, choca con la lógica del cortoplacismo y la búsqueda de réditos inmediatos. Es más fácil anunciar una “política de choque” cada año, en lugar de construir un consenso nacional duradero.
2. Resistencia burocrática y opacidad
La existencia de un Libro Blanco exige transparencia en la asignación de recursos y la evaluación de resultados. Esto amenaza los feudos burocráticos y los circuitos opacos de poder dentro del propio Estado, donde la falta de rendición de cuentas ha sido, en muchos casos, la norma.
3. La verdad incómoda
Un diagnóstico honesto, similar al esbozado en esta columna, obligaría a señalar no solo a los actores armados, sino a las redes de corrupción en la política y las finanzas. Un Libro Blanco verdadero nombraría a los enemigos internos, y eso es un riesgo que muy pocos en la élite están dispuestos a tomar.
4. Dependencia estratégica
Por décadas, la estrategia de seguridad colombiana se ha subordinado a los designios de Washington, materializados en el Plan Colombia. Esto generó una cultura de dependencia que inhibió el desarrollo de un pensamiento estratégico autónomo.
La lucha contra la Internacional Criminal es la gran batalla geopolítica del siglo XXI. Para Colombia, no se trata solo de un desafío de seguridad: es una cuestión de supervivencia como Estado independiente. Continuar con un enfoque fragmentado, que combate al sicario pero ignora al lavador en Dubái y al político corrupto en Bogotá, es una receta para el fracaso.
La elaboración de un Libro Blanco es más que una tarea técnica: es un acto de soberanía. Es la declaración de que Colombia es capaz de diagnosticar sus amenazas y trazar su propio rumbo. Reclama un gran pacto nacional que movilice todos los instrumentos del poder del Estado: 1) la fuerza militar para enfrentar la capa operativa; 2) la inteligencia financiera y la cooperación judicial internacional para desmantelar la capa logística; y 3) una revolución en la transparencia y la rendición de cuentas para neutralizar la capa de protección política.
La amenaza que nadie quiere nombrar
Resulta profundamente preocupante —cuando no aterrador— que entre la pléyade de más de cien aspirantes que desfilaron por la carrera presidencial de 2026, y aun entre los dos candidatos que hoy disputan la segunda vuelta, ninguno haya incorporado en su discurso un diagnóstico serio, y mucho menos una propuesta coherente, frente a la realidad descrita de la multinacional del crimen. Este silencio no es inocente, y su interpretación nos deja ante dos escenarios igualmente graves: o no les importa, o lo desconocen. Ambas opciones son, en esencia, una confesión de ineptitud para gobernar una nación bajo asedio.
La primera posibilidad —la indiferencia— revela una frivolidad estratégica imperdonable. Sugiere que la agenda política sigue cautiva del cortoplacismo populista: de la discusión mezquina sobre prebendas y pequeñas ventajas, al tiempo que el país es desangrado por una red global que opera con la precisión de una corporación y la ferocidad de un ejército de ocupación. Que un candidato ignore este tema es como si el capitán del Titanic se preocupara por el menú de la cena a minutos de la colisión con el iceberg.
La segunda opción —el desconocimiento— reviste una gravedad mayor. Implica que nuestra clase política vive en una burbuja de irrelevancia, ajena a las transformaciones sísmicas que han reconfigurado el crimen organizado a escala mundial. ¿Cómo pretender gobernar un país sin comprender que las reglas del juego han cambiado? Que ya no se trata de perseguir cultivos en Caquetá, sino de desarticular redes de lavado en Dubái; no de capturar a un “pez gordo” en Necoclí, sino de entender su alianza con la ‘Ndrangheta en Calabria; no de combatir la violencia callejera, sino de enfrentar una estructura que ha corrompido los cimientos mismos del Estado.
Tal vacío discursivo no es casual: es sintomático. Evidencia que el debate político colombiano sigue anclado en el siglo XX, mientras el crimen ya opera en el siglo XXI. Mientras los candidatos discuten ideologías desgastadas, la multinacional del crimen es posideológica; mientras prometen subsidios, el crimen mueve capitales que duplican el presupuesto nacional; mientras hablan de “paz”, el enemigo real —este ecosistema criminal— consolida su poder en las sombras.
La ausencia del tema en la contienda electoral es la más elocuente de las confesiones: confirma que nuestra clase política no está a la altura de los desafíos que encara la nación. O, peor todavía, que algunos tienen demasiado que perder si estos entramados salen a la luz. Porque un diagnóstico honesto de la multinacional del crimen inevitablemente señalaría no solo a los actores armados; señalaría además a sus cómplices en la política, las finanzas y la empresa privada.
La necesidad de un Libro Blanco es aún más urgente cuando quienes aspiran a gobernar ni siquiera parecen entender la naturaleza del problema. Un país que elige a sus líderes entre quienes ignoran o desdeñan la amenaza existencial que lo acecha es un país que camina sonámbulo hacia el precipicio. El historiador Edward Gibbon escribió en Historia de la decadencia y caída del imperio romano: “las grandes crisis sacan a la luz los secretos más profundos; en los momentos de peligro, los lazos de interés se rompen y el verdadero carácter de los hombres se revela”. La crisis de la multinacional del crimen ha desnudado el nuestro: fragmentado y reactivo. La elaboración de un Libro Blanco sería la prueba de que, finalmente, estamos dispuestos a actuar de manera coordinada, a pensar en el largo plazo y a reafirmar la primacía del Estado de derecho. La hora de la improvisación debe quedar atrás.
La historia política de Venezuela no ha sido un relato de evolución hacia el equilibrio institucional ni hacia la alternancia real en la detentación del poder, ha sido, más bien, una cadena de hegemonías sucesivas del control absoluto del Estado —y de sus instituciones—. Esa es la constante. Y donde las constituciones han operado, no como expresión orgánica de las aspiraciones sociales, sino como instrumentos de mera formalidad al servicio de quienes detentan el mando en cada etapa. Cada régimen ha reescrito las reglas para perpetuarse o para facilitar su relevo controlado, mientras la oposición externa, fragmentada y carente de recursos reales de poder, ha terminado condenada a la denuncia desde el exilio o a la irrelevancia.
Tras la independencia y las guerras civiles del siglo XIX, se consolidó la oligarquía conservadora encarnada en José Antonio Páez, Carlos Soublette y la dinastía de los Monagas. Este orden, sustentado en el caudillismo personalista y en alianzas con sectores terratenientes y comerciales, cerró espacios a las aspiraciones liberales. La Guerra Federal (1859-1863) estalló precisamente como explosión de esa frustración liberal ante la imposibilidad de acceder al poder central, agravada por la estrangulación económica de campesinos y pequeños dueños de fundos bajo el peso de la Ley de Espera y Quita. Esa legislación, presentada como mecanismo de alivio para deudores, en la práctica favoreció la usura, protegió a los grandes acreedores y profundizó la ruina de los sectores populares del campo, la semilla fermentada hacia la guerra total.
La consigna final ante las mayores bajas por hambruna y paludismo fue ¡Muera el ganado!
Superada esa contienda, el guzmancismo de Antonio Guzmán Blanco —el “Ilustre Americano”— logró lo que los conservadores no pudieron: acabar con los caudillos regionales de viejo cuño. Pero lo hizo creando nuevos centros de poder personalista y consolidando el liberalismo amarillo como una hegemonía centralizada, modernizadora en apariencia (ferrocarriles, inmigración, obras públicas), pero profundamente autoritaria en su ejercicio. El poder siguió siendo botín de facciones que se renovaban por la fuerza o por o por el pacto, nunca por mecanismos institucionales estables de alternancia.
A comienzos del siglo XX, la invasión andina de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez —el Señor de la Mulera— reprodujo el mismo patrón con mayor crudeza. Castro fue eventualmente expulsado por indeseable, pero Gómez erigió sobre el incipiente boom petrolero el primer petroestado venezolano: un aparato de represión moderna, espionaje y lealtades compradas con el nuevo oro negro. Sus opositores históricos —Arévalo Cedeño con sus rebeliones armadas, Román Delgado Chalbaud con la expedición del Falke en 1929, Rufino Blanco Fombona desde el exilio europeo denunciando la tiranía, y tantos otros militares, intelectuales y civiles— fracasaron una y otra vez. Ninguno logró desplazar al régimen desde fuera. Cuando Gómez murió en 1935, la transición no vino de la oposición externa, sino desde dentro del gomecismo: Eleazar López Contreras, su ministro de Guerra y Marina, asumió el poder y gestionó una apertura gradual que evitó el colapso pero preservó la lógica hegemónica.
La alternancia democrática que nace en 1958 con el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez fue posible gracias al Pacto de Punto Fijo, un acuerdo – siempre un acuerdo- entre las principales facciones políticas (Acción Democrática, COPEI y URD) que se prometieron mutua convivencia y, sobre todo, la exclusión de otras fuerzas. Lejos de surgir de un reconocimiento consciente y amplio de la población, la Constitución de 1961 se convirtió en factor perturbador de las potencialidades nacionales al suspender garantías económicas durante su vigencia. Su viabilidad práctica descansó en un esquema de populismo petrolero basado en subsidios masivos y reparto clientelar. Cuando Carlos Andrés Pérez, en su segundo mandato, y sus “científicos” intentaron cambiar las reglas del juego económico —liberalizando precios, desregulando y abriendo espacios al mercado, sin
Liberar las garantías económicas como factor de inclusión pro libre empresa—, hirieron de muerte aquel arreglo puntofijista. Rompieron la hegemonía bipartidista que había durado cerca de cuatro décadas y abrieron las compuertas a nuevas fuerzas antisistémicas.
De ese quiebre surgió la hegemonía chavista, cuyo partero político fue Rafael Caldera al conceder el indulto a Hugo Chávez tras el intento de golpe de 1992. Este nuevo dominio ha llevado ya medio cupón de poder y más de un cuarto de los cuarenta años promedio disfrutados por las otras permanencias políticas del pasado. En proporción y en duración efectiva, ha igualado o superado al ciclo gomecista y se acerca peligrosamente al del pacto de Punto Fijo, demostrando una capacidad de adaptación y resiliencia que pocos anticiparon.
Hoy, la oposición venezolana —salvo contadas excepciones como algunos guerrilleros de los años sesenta rehabilitados luego por Caldera y por el propio chavismo— parece condenada a repetir el rol de aquellos opositores gomecistas: hacer tarimas por todo el orbe, ahora etiquetadas despectivamente como “a la venezolana”. Mientras tanto, otros han regresado a hacer lo más condenable: servir de sustento de legalidad y legitimidad a un chavismo que posee la versatilidad camaleónica de mudar súbitamente del disfraz de zorra al de ovejita. Esa cualidad de sobrevivir, de adaptarse, de cambiar de piel según las circunstancias internacionales o internas, es la que hoy preocupa —y debe preocupar— profundamente a todos los venezolanos.
La lección que se repite es incómoda, pero clara: mientras la oposición no logre construir una alternativa real de poder —institucional, económica y social— más allá de la denuncia y de los pactos tácticos que terminan reforzando el ciclo, la historia seguirá escribiéndose con los mismos trazos. Las constituciones seguirán siendo instrumentos de los mandamases de turno, y la alternancia seguirá siendo una promesa incumplida. El verdadero quiebre no vendrá de una nueva tarima ni de un nuevo pacto, sino de la capacidad de romper, de una vez por todas, la lógica hegemónica que tan perniciosamente ha definido nuestra trayectoria republicana desde el siglo XIX hasta nuestros días.
Esta nota no trata de un conflicto ordinario ni predecible. Uganda no enfrenta la furia asesina de un nuevo Idi Amin. Las hostilidades ocurren en la comunidad de primates más estudiada del mundo: alrededor de 200 chimpancés que habitan el Parque Nacional Kibale, en Uganda. Esta comunidad se ha fracturado en dos facciones en guerra, con un grupo lanzando desde hace años una campaña de ataques letales contra el otro.
¿Qué está ocurriendo?
Los chimpancés Ngogo han sido estudiados durante tres décadas. En los últimos años, los científicos han observado con asombro cómo una comunidad cohesionada se polarizó lentamente. Desde 2015, los lazos sociales se fueron debilitando, los “vecindarios” se convirtieron en facciones antagónicas y el territorio compartido se transformó en una frontera disputada. En 2018, la ruptura fue total.
Vinieron entonces los enfrentamientos y las matanzas indiscriminadas, sin distinguir entre adultos y crías. Se formaron dos grupos: los que controlan el centro del territorio y los occidentales, que han venido ganando la guerra.
Recordemos que los chimpancés son nuestros parientes más cercanos: compartimos con ellos un gran porcentaje de nuestro ADN, de allí la importancia de estudiar su conducta e instintos. Y el caso de los Chimpancés Ngogo es interesante, porque muestra que la rivalidad no tiene origen económico, sino emocional y territorial. La lucha busca preservar el área vital donde desarrollan sus vidas y no quieren compartirla con sus enemigos. El liderazgo que mantenía la unión desapareció y fue reemplazado por rivales en lugar de aliados.
Marx y Engels hicieron del conflicto entre los seres humanos —rebeliones, guerras, protestas— un resultado casi exclusivo de la injusticia económica. Este caso de los chimpancés de Ngogo invita a cuestionar esa visión: quizá nuestra propensión al conflicto tenga raíces más profundas que la mera desigualdad económica, raíces que residirían en ese conducta determinantemente emotiva hacia la ruptura como ocurre en nuestros parientes primates.
Este conflicto me recuerda también a la Guerra Civil Española, donde la confrontación brutal entre la religión secular de los republicanos y la reacción conservadora de los falangistas, el clero y la vasta oficialidad monárquica se libró sin prudencia ni mesura. No fue, en esencia, un conflicto de raíz económica como sí lo fueron las revoluciones Francesa, Norteamericana o Bolchevique.
De igual forma, la independencia venezolana fue más una confrontación civil entre quienes vieron una oportunidad al caer el gobierno de los Borbones en manos del hermano de Napoleón y aquellos que permanecieron fieles a la Corona.
La declaración de independencia de Venezuela muestra esa fractura, a diferencia de la de Jefferson, aprobada por unanimidad por todas las colonias rebeldes.
Esto explica, en parte, los últimos veintisiete años de Venezuela: un supuesto “estado de guerra civil” que nunca lo fue realmente. Las oposiciones, desde el inicio, asumieron una política electoralista y de preservación de espacios. No hubo una ruptura total como la que sufren los chimpancés de Ngogo o la que vivieron otras revoluciones genuinas, incluida la española.
Esa falta de ruptura radical explica la permanencia del chavismo en “extra innings”, el gobierno más inviable de nuestra historia, y el porqué las oposiciones no han logrado convertirse en el relevo dialéctico de la desgracia. También explica por qué seguimos bajo la guarda de los Estados Unidos y, más importante aún, por qué parece inexorable que no quede otra salida que hacernos miembros de la gran unión de naciones americanas.
Por Pedro González —Handinator— (X: @tepinunpasen).
Venezuela es un país adolescente. Desde nuestra independencia en el año 1811, apenas han transcurrido 215 años de historia republicana. ¿Qué son estos dos siglos frente a las civilizaciones milenarias que superan los cinco milenios de existencia? En ese breve transcurrir desde su fundación —y hablemos claro—, la nación nació con una mentalidad compleja. Lo que nos hace únicos es esa mezcla indefendible, vibrante y profunda: la raíz española, el choque anglosajón, la mística de Medio Oriente y la fuerza impetuosa africana. Toda esa energía cultural confluye en nuestra identidad. Sin embargo, a ese crisol se le inoculó una inyección de intervencionismo y fragmentación por parte de los intereses anglosajones, hoy con un marcado rostro norteamericano. Aclaro que simpatizo profundamente con la cultura y los valores originarios del pueblo estadounidense —aunque la clase política actual, entregada por completo al servicio de las grandes élites corporativas y del Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC), es una cosa muy distinta—.
En medio de este corto caminar republicano, es de estricta justicia reconocer los cuarenta años de nuestra democracia a medias. Sería intelectualmente deshonesto ignorar que durante ese período se construyeron instituciones sólidas, se elevó significativamente el nivel de vida de los venezolanos y se logró la alfabetización de una enorme parte de la nación. Hubo un proyecto de país real. Sin embargo, en sus últimas dos décadas, esa misma estructura democrática se dejó seducir por la complacencia, la corrupción institucionalizada y un agudo clientelismo político. El resultado directo de ese abandono moral fue una desigualdad social tan marcada y dolorosa que terminó sirviendo de caldo de cultivo para la debacle posterior.
La realidad descarnada es que la responsabilidad final es nuestra por habernos dejado seducir ante las propuestas demagógicas de esos falsos mesías que capitalizaron aquel descontento. A ellos les pagaron muy bien para escenificar su papel: destruir el país desde adentro y montar el teatro mediático de chavistas y líderes opositores. Sí, todos financiados y plegados al mejor postor. A ti y a mí nos ha tocado vivir esta cruel herida histórica: veintisiete años de un proceso desgarrador, y los que faltan si no aprendemos la lección, si no nos empoderamos de nuestro acervo y elevamos de una vez por todas nuestra conciencia ciudadana y política.
Sé que te preguntarás: ¿Y cómo se come eso?
Para sanar, primero debemos diagnosticar la enfermedad. Las toxinas y las células cancerígenas ya las conocemos de sobra: son la clase política actual, con poquísimas excepciones muy limitadas cuyos nombres brindaré en próximos artículos para fundamentar mejor mi postura. Pero antes de señalar afuera, hay que empezar por depurar el cuerpo enfermo que somos nosotros mismos, nutriéndolo adecuadamente y liberándolo de la ponzoña de la diatriba partidista.
Propongo mirar a Venezuela como un cuerpo humano. El país es un organismo vivo y diverso; en él habitan bacterias, parásitos, células y hongos. Esos componentes somos nosotros: los chavistas-maduristas, los opositores y esta nueva corriente que urge consolidar con fuerza: la corriente soberanista. Mi intención no es exterminar las partes, sino lograr que el país trabaje en su homeostasis; es decir, en un equilibrio perfecto que potencie al organismo nacional hacia su máximo estado de salud y energía.
Sin embargo, sé muy bien que los miembros de lo que yo llamo el clan de la «Neurona 51» —o el «Vendido 51»— hace tiempo dejaron de leer este texto. En cuanto vieron la extensión del análisis, abandonaron el barco porque ni siquiera se atreven a subirse a él. La «Neurona 51» representa a ese espécimen que se entrega ciegamente a la solución o ilusión más fácil que transita por su limitado circuito mental. Queda atrapado en ese estancamiento y no se exige a sí mismo reconectar sus capacidades para, como mínimo, atreverse a ver qué hay más allá y alcanzar la neurona 52. Lo más irónico y agridulce de esta mezcla es que hoy vemos a antiguos chavistas y a opositores recalcitrantes caminando en perfecta armonía, compartiendo el mismo propósito de sumisión ante el mismo postor. ¡Qué vueltas tan cínicas depara la historia!
Para quienes sí deciden quedarse y activar su conciencia, la terapia que recomiendo en esta primera fase se basa en un esquema de medicamentos sociales estrictos:
Primero: cero fanatismo. El radicalismo ciego y la defensa de dogmas quedan completamente fuera del juego.
Segundo: ayuno energético. Hay que dejar de entregarle nuestra atención y pasión a los líderes políticos actuales de ambos bandos. No apoyes a ninguno y observa cómo esta medicina hará que se devoren entre ellos mismos al quedarse sin borregos a los cuales engañar.
Tercero: paros de caída al gobierno. Aplicar los frenos necesarios y enviar mensajes contundentes para que las cúpulas entiendan lo que viene y se vean obligadas a ajustarse a la realidad.
Cuarto: bloqueo a los falsos salvadores. No respaldar ninguna candidatura de mesías promocionados por los grandes medios de comunicación y por los creadores de contenido que solo venden potes de humo.
Quinto: valorar la verdad incómoda. Prestar atención al individuo con buena intención que te diga las cosas que no te van a gustar. Es hora de exigir el control máximo y la penalización estricta de hábitos destructivos, como conducir bajo los efectos del alcohol, manejar sin licencia o pasarse por el forro las reglas básicas de tránsito y la armonía ciudadana.
Sexto: corresponsabilidad fiscal y social. Aceptar que se deben pagar impuestos si se trabaja y que, en esta primera etapa de reconstrucción, todos vamos a tener que poner de nuestra parte en los servicios de salud, al menos hasta que la producción petrolera recupere los tres millones de barriles diarios.
Séptimo: desintoxicación del odio y entierro de la venganza. Para que el cuerpo sane, hay que sepultar el resentimiento. En este punto, excluyo categóricamente a quienes fueron víctimas de hechos atroces por parte de las autoridades, pues su dolor merece el respeto de la justicia verdadera. Pero para la inmensa mayoría —aquella que fue allanada mentalmente por la propaganda de ambos bandos para volcar su frustración en el odio y culpar al vecino de su situación— es obligatorio cerrar ese capítulo de intolerancia enfermiza. Ningún pueblo ha salido jamás de la miseria colectiva si no aprende a superar el sufrimiento de sus llagas. Debemos ver la herida como un recordatorio estricto del camino que no debemos volver a transitar jamás.
Y dejo de último lo que en realidad es el cimiento de todo este esfuerzo: Educación, educación y más educación.
Esta saga apenas comienza. Las propuestas que aquí planteo quedan expuestas con la esperanza de que sean debatidas, pulidas y mejoradas por quienes me lean y compartan el sagrado anhelo de hacer de Venezuela un país con verdadera luz intelectual y soberanía absoluta.
María José Salinas, comunicóloga y especialista en relaciones públicas. Desde hace más de siete años impulsa las ideas de la libertad con una visión emprendedora, además de promover el empoderamiento femenino a través de proyectos y espacios de liderazgo. Su trabajo combina estrategia, comunicación y una defensa auténtica del individualismo y la acción personal, siendo líder del capítulo Guanajuato, México, de Ladies of Liberty Alliance (LOLA)
“Es facilísimo defender el socialismo cuando no eres tú quien paga el precio… y cuando tu habitación de lujo tiene generador propio mientras la gente común cocina con leña o carbón.”
María José Salinas
Hay una idea que se ha vuelto casi religión en la política moderna: que el gran problema del mundo es la desigualdad. No la pobreza. No la falta de oportunidades. No la corrupción. No la violencia. No la destrucción de la productividad. La desigualdad.
Y cualquiera que se atreva a cuestionar esa narrativa automáticamente es etiquetado como “insensible”, “privilegiado” o “enemigo de los pobres”. Pero aquí viene la pregunta incómoda: ¿De verdad una sociedad mejora simplemente porque todos tengan exactamente lo mismo?
Porque bajo esa lógica, Cuba sería un paraíso, Venezuela una potencia y Corea del Norte el pináculo de la justicia social. Pero la realidad es otra. Las sociedades más miserables de la historia no fueron aquellas donde existía desigualdad, sino aquellas donde el Estado intentó eliminarla concentrando todo el poder económico en manos de una élite política.
Y ahí aparece la primera gran paradoja del igualitarismo moderno: dicen luchar contra los privilegios… mientras crean una nueva clase privilegiada. La izquierda contemporánea vive obsesionada con “redistribuir riqueza”, pero rara vez habla de cómo se crea esa riqueza en primer lugar. Porque repartir es políticamente popular y producir es muchísimo más difícil.
Para que exista prosperidad se necesitan empresas, inversión, productividad, innovación, riesgo y trabajo. Se necesita gente creando valor. Pero el discurso populista funciona distinto: primero demoniza al empresario, después castiga al inversionista, luego asfixia al que produce… y finalmente se sorprende porque no hay crecimiento económico.
Es la paradoja eterna del socialismo: atacan al empresario como enemigo social, pero después se preguntan por qué no hay inversión, empleo ni crecimiento. Y lo más curioso es que muchas personas que defienden estas ideas aseguran no ser socialistas. “No apoyo a Morena”, dicen. “No soy comunista”, aclaran. Pero terminan haciéndole exactamente el trabajo intelectual a la izquierda autoritaria: normalizar la idea de que el Estado debe intervenir cada vez más para “corregir” los resultados naturales de la sociedad.
El problema no es que existan ricos. El problema es que existan pobres sin oportunidades La desigualdad no es una anomalía. Es una consecuencia natural de la libertad. Los seres humanos somos distintos: tenemos talentos distintos, ambiciones distintas, niveles de disciplina distintos, capacidades distintas y prioridades distintas. Y eso no es un defecto del sistema, es precisamente lo que hace posible una sociedad plural, dinámica y creativa. Pretender eliminar toda desigualdad es tan absurdo como pretender que todos midamos lo mismo, pensemos igual o tengamos exactamente las mismas habilidades.
La verdadera pregunta no es: “¿Por qué unos tienen más?”, la pregunta importante es: “¿Por qué algunos no pueden salir adelante?” Porque una sociedad puede ser desigual y aun así ofrecer movilidad, oportunidades y prosperidad. Pero una sociedad donde todos son igualmente pobres jamás será justa.
La trampa emocional del salario mínimo
Aquí es donde el populismo económico se vuelve peligrosamente seductor, porque suena moralmente hermoso decir: “Hay que subir salarios.” Claro que todos queremos mejores salarios, pero el problema es creer que la riqueza aparece por decreto. Si la prosperidad dependiera únicamente de subir el salario mínimo desde el gobierno, entonces bastaría con establecerlo en 100 mil pesos mensuales y México se convertiría mañana en Suiza. Pero la economía no funciona así.
El salario no nace de un deseo político, nace de la productividad. Cuando subes salarios artificialmente sin aumentar productividad, sin crecimiento económico y sin condiciones para producir más riqueza, el resultado suele ser el mismo: inflación.
Y la inflación es el impuesto más cruel para los pobres, porque mientras los políticos celebran aumentos salariales en conferencias de prensa, las familias terminan pagando:
alimentos más caros,
renta más cara,
transporte más caro,
servicios más caros.
Es decir: te “suben” el sueldo mientras destruyen tu poder adquisitivo. Y entonces llega otra paradoja: “Prometen ayudar al pobre, pero terminan volviendo más caro ser pobre.” Combatir la desigualdad suele terminar castigando el mérito. Existe algo profundamente peligroso en convertir el éxito económico en sospecha moral, porque poco a poco empiezas a escuchar ideas como:
“Nadie necesita ganar tanto.”
“Es injusto que alguien tenga más.”
“Hay que redistribuir.”
“Los ricos deberían pagar todo.”
Y eventualmente la discusión deja de ser cómo sacar gente de la pobreza… para convertirse en cómo castigar a quien sobresale. Eso destruye incentivos. Porque nadie arriesga capital, invierte, emprende o genera empleo para después ser tratado como enemigo público. La historia económica es brutalmente clara: los países que protegieron propiedad privada, libertad económica e innovación generaron prosperidad masiva. Los que intentaron imponer igualdad económica desde el poder terminaron generando:
escasez,
corrupción,
dependencia estatal,
inflación,
fuga de talento,
y pobreza estructural.
No existe un solo ejemplo exitoso de socialismo sostenido que haya generado prosperidad comparable con las economías más libres. Ni uno. La izquierda moderna convirtió la desigualdad en pecado moral Y quizá ahí está el problema de fondo. Hoy pareciera que tener éxito económico automáticamente te vuelve sospechoso.
Mientras tanto, depender eternamente del Estado se romantiza como sensibilidad social. Pero una sociedad sana no debería aspirar a que todos dependan del gobierno para sobrevivir. Debería aspirar a que cada vez más personas puedan valerse por sí mismas, porque hay algo profundamente indigno en un sistema político que necesita mantener ciudadanos dependientes para conservar poder. Y esa es la paradoja final: “El socialismo promete liberar al hombre de la necesidad, pero termina sometiéndolo a la dependencia del Estado.”
El verdadero enemigo no es la desigualdad. El verdadero enemigo sigue siendo la pobreza, l miseria, la falta de movilidad, la destrucción de oportunidades, la dependencia crónica, la ausencia de crecimiento. Las sociedades más prósperas de la historia no fueron aquellas donde nadie sobresalía. Fueron aquellas donde más personas tuvieron la libertad de progresar, porque la prosperidad no nace de repartir pobreza de manera más uniforme, nace de crear condiciones para que más personas puedan generar riqueza, emprender, innovar, trabajar, competir y crecer.
La izquierda moderna lleva años intentando convencernos de que el problema es que algunos tengan demasiado. Pero quizá la verdadera tragedia nunca fue que existieran ricos. La verdadera tragedia es que millones de personas sigan atrapadas en sistemas que castigan exactamente aquello que podría sacarlos adelante, porque en un mundo empeñado en uniformarnos, seguir siendo un individuo libre ya es una forma de resistencia.
Aún en los primeros meses de su pontificado, el Papa León XIV ha entregado al mundo Magnifica Humanitas, un acto de fe y una invitación profunda a todos los seres humanos.
La publicación no es casual. Se cumple 135 años de la histórica encíclica Rerum Novarum de León XIII, que marcó el nacimiento de la Doctrina Social de la Iglesia en un mundo tan convulso como el actual. Aquel documento permitió a la Iglesia convertirse en conciencia moral ante las atrocidades del siglo XX, incluyendo las dos guerras mundiales y el Holocausto.
León XIV rinde homenaje a sus predecesores, especialmente al Concilio Vaticano II y al legado del Papa Francisco, a quien cita directamente: “El ser humano tiene la misma dignidad inviolable en cualquier época de la historia y nadie puede sentirse autorizado por las circunstancias a negar esta convicción.” (Dignitas infinita, 2024).
Dos conceptos recorren la encíclica con particular fuerza: Historia (mencionada unas 27 veces) y Verdad (más de 45 veces). La Historia es presentada como el escenario donde el Evangelio interpela a la humanidad. Dios acompaña la libertad del hombre en su desarrollo histórico, y Cristo está presente en las transformaciones culturales como guía hacia su plenitud. El Papa advierte sobre la peligrosa “pérdida de la memoria histórica”, que facilita la reescritura selectiva del pasado y abre la puerta a nuevas formas de confusión, comparables a una nueva Torre de Babel impulsada por la vanidad tecnológica.
Historia como recipiente del evangelio, escenario del devenir de la humanidad, más allá del frasco contenedor de las crónicas que nos ha hecho evolucionar a donde estamos y al mismo tiempo sin desechar la importancia de tales registros y define que reconoce en la “historia el lugar donde el Evangelio interpela y acompaña la experiencia humana.”
El otro concepto donde Leon XIV profundiza con pasmosa clarividencia es en la Verdad, esa que es sinónimo de Cristo sobre ella afirma que es la verdad y la vida, y un corpus vivo de verdades, en ambascomparaciones hace incuestionable referencia al salvador del mundo.
La Verdad, por su parte, es identificada con Cristo mismo: “el camino, la verdad y la vida”. Es un corpus vivo de verdades que debe iluminar el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. León XIV no condena la IA, sino que la ubica claramente: debe estar al servicio del hombre, de la verdad y de la historia, custodias de la justicia.
Advierte los peligros de la desmemoria histórica y el olvido de las atrocidades del siglo XX. Denuncia la confusión que genera la vanidad humana al poner la tecnología al servicio de emular a Dios, en vez de utilizarla como instrumento de las habilidades concedidas a la humanidad por la creación. Compara el presente con una nueva Torre de Babel, donde todo puede terminar en confusión y destrucción, y contrapone a esta falsa suficiencia el ejemplo de Nehemías, como modelo de fe y comunión con sus semejantes frente al individualismo tecnológico.
Solo una lectura atenta de la historia a la luz de la Verdad revelada permite discernir si el avance tecnológico representa verdadero progreso humano o mera innovación deshumanizadora.
Magnifica Humanitas estremece por su lucidez. Nos reencuentra con la divinidad más allá de nuestras propias creaciones y nos recuerda que, en medio de los desafíos existenciales del presente, todavía contamos con otro Papa santo en nuestro tránsito vital, para bendición de todos que nos recuerda que Cristo en el centro del Universo.
Anthony J. Parra L., estudiante de filosofía de la Universidad Central de Venezuela (UCV); miembro del Centro de Estudiantes de la Escuela de Filosofía de la UCV; miembro de Cedice Joven; ex Coordinador Local de EsLibertad Venezuela.
“(…) No dudo de mi heterosexualidad, pero sí del tipo de hombre que quiero ser. Mi punto de partida, ciertamente, presuponía la verdad del tipo serio, ¿y qué demonios es el tipo serio? Un tipo peligroso, medio insensible, principalmente con plata, exitoso, en su mayoría altos, musculoso, que actúa con deber….”
El destino me empujaba las manos. Si tuviese ojos me miraría fijo, como si quisiera que la tomara y la hiciera mía. Lo hice. ¿Libertad? Nada que ver. Me había seleccionado esa noche a mí, ¿a mí? Sí, nadie más que a mí. Yo era el elegido. Fue entonces cuando tomé del fruto prohibido; fue entonces cuando tomé el primer trago de cerveza. ¡Pero no cualquier cerveza! Era la Cerveza Zulia Light. De este modo había nacido en aquel instante mi gran sistema filosófico, transmitido —como los grandes— oralmente: la filosofía del tipo serio.
Al inicio, nadie me tomó en serio, pero entretanto la discusión en las gracias se reavivó. ¿Resultado después de un rato de diálogo académico? Como a todos los grandes, me ignoraron. No logré la recepción de mis colegas. No estaban listos para tal pesquisa intelectual, y lo confieso: yo tampoco. Días después llegaron los críticos. El más grande de ellos era un kantiano; blanco, alto, risueño y con cara de sueño. Este hombre con sueño atacaba mi sistema filosófico entre risas. No paraba de reírse. Contra este enemigo se desplegó la primera gran batalla por la verdad. De este modo fue como empecé con remordimiento, luego de ganar la batalla cultural, a escribir el primer tratado de la filosofía del tipo serio (dedicado a estos críticos apresurados e irreflexivos).
Escribiendo retumbó en mi mente… no que era una pérdida de tiempo mis reflexiones (¡eso jamás!), sino el móvil de este estúpido problema. No dudo de mi heterosexualidad, pero sí del tipo de hombre que quiero ser. Mi punto de partida, ciertamente, presuponía la verdad del tipo serio, ¿y qué demonios es el tipo serio? Un tipo peligroso, medio insensible, principalmente con plata, exitoso, en su mayoría altos, musculoso, que actúa con deber… y si se puede lindo. Para sorpresa de algunos lectores, todo esto es importante, pues si un hombre no cumple con estas expectativas no es digno de lo mínimo o es digno de muy poco. ¿Cómo cumplir con este ideal cuando queremos sentir, ser vulnerables o vivir en el quinto mundo haciendo filosofía… y filosofía barata como esta? ¿Desde dónde pensar la masculinidad para atravesar esta dificultad? ¿Ha dejado de ser necesaria?
Esto lo saben las corrientes políticas contemporáneas, por eso quieren pensar la identidad. Entre ellas, el activismo feminista mayoritario, con sus pelos largos en las axilas, sostiene que figuras como el tipo serio son una construcción social. Lo que está en juego, sea cierto o no, es la dignidad masculina de su propia felicidad, lo cual hace necesaria su discusión. Si quiere liberarse de los prejuicios que obstruyen el pensamiento para pensar la necesidad o rechazo de la masculinidad es necesario partir de un análisis de esta postura.
La construcción social no da cuenta de los valores vitales para la supervivencia de una civilización y las cuestiones de hecho que permearon ese mundo moral. Podemos ver ese juego de hechos constitutivos en la identidad literaria formada, de manera inconsciente, desde el siglo XV hasta el siglo XVII en la literatura española. La identidad masculina tenía como ideal el soldado servidor del Rey con correspondencia con Dios y la Patria. La Española Inglesa de Cervantes revaloriza las armas al servicio del rey y Lope de Vega, en su Estrella de Sevilla, coloca a un hombre a elegir la patria y la seriedad sobre la embriaguez del amor. ¿Y qué decir de las obras que promueven ser soldado para “ver mundo”, ser admirado por mujeres[1], conseguir gloria[2] e ideales fruto de las autobiografías de soldados exitosos?[3]
Son estos claros ejemplos del ideal masculino y esconden razones para preservarse: les daba medios a hombres comunes para elevarse de su condición y garantizar sus fines con mejores medios y más seguridad. Por tanto, no son meras convenciones, era un ideal que respondía a necesidades de la vida de inicios de la modernidad. El activismo feminista no cuestiona si arrebatar estos arquetipos destruye valores vitales de la civilización.
Sin embargo, también es cierto que estos tiempos han cambiado: (i) las armas no requieren tanto de la operatividad de la fuerza; (ii) algunos hechos muestran que estamos en el tiempo más pacífico de la humanidad[4]. Como en otros trabajos he argumentado[5], la paz ha permitido condiciones de posibilidad para el liderazgo femenino, pero en el caso masculino, ¿qué pueden responder estos valores, desarrollados en el conflicto, en tiempos de paz? La vida del hombre está articulada para dar respuesta a un mundo que se pierde. Es esta la vía de navegación que se concluye fruto de los argumentos y críticas anteriores: si los valores deben o no de erradicarse a la luz de una necesidad fáctica en la civilización contemporánea. Se quiera o no, la figura masculina sigue siendo ampliamente atractiva, funcional (en muchos aspectos) y elegida en puestos de poder en tiempos de paz, responde a este tiempo. Llegados a este punto y respondida la pregunta de las coordenadas para pensar el tipo serio solo me queda decir seriamente: lector, por mis servicios, me debe una cerveza.
[1] Véase los casos de viajar en el mundo en las tres obras citadas a continuación, es la obra de Cervantes donde se vuelve sobre la cuestión del atractivo femenino del soldado. Vicente Espinel, Vida del escudero Marcos de Obregón (Zaragoza: Editorial Ebro, 1957); Miguel de Cervantes, “La fuerza de la sangre”, en Novelas ejemplares, Vol. 3 (Madrid: Editorial Magisterio español, 1974); Juan Timoneda, El patrañuelo (Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1952).
[2] Véase el caso en la elogiada obra por Pedro Calderón de la Barca: Cristobal Lozano, Soledades de la vida y desengaños del mundo (Madrid, Juan de Zuñiga, 1748).
[3] Véase la biografía de: Jerónimo de Pasamonte, Vida y trabajos (Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cevantes, 2017).
[4] Steven Pinker, Los ángeles que llevamos dentro. (Barcelona: Editorial Paidós, 2018).
Cristian Romero, abogado Penalista, docente universitario, Coordinador Nacional de EsLibertad Colombia, Investigador jurídico, candidato a magister en derecho penal, columnista y conferencista.
“Lo que propone mi investigación no es simplemente flexibilizar permisos de porte, sino reemplazar un modelo centralizado, costoso y burocrático por un sistema de seguridad civil regulada basado en responsabilidad individual, monitoreo permanente y gobernanza comunitaria.”
Cristian Romero
Durante décadas, el debate sobre la seguridad en Colombia se ha movido entre dos extremos igual de insuficientes: quienes creen que el monopolio estatal absoluto sobre los medios de defensa garantiza automáticamente el orden público, y quienes reducen cualquier discusión sobre armas a consignas ideológicas. El problema es que la realidad colombiana no cabe en ninguno de esos simplismos, tanto por el contexto de violencia actual como por la violencia histórica que ha atravesado el país.
Hace bastante tiempo he estado trabajando en una propuesta que brinde una solución real a esta problemática y amplíe el marco de libertad en torno a la defensa de los colombianos. Se trata de mi investigación presentada en la maestría en derecho penal de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la cual parte de una incógnita distinta: ¿qué ocurre cuando el Estado restringe de manera casi total el acceso legal a los medios de defensa personal en un país donde la violencia armada continúa siendo ejercida, principalmente, por actores ilegales que jamás han obedecido la ley?
El régimen colombiano de armas, estructurado alrededor del Decreto 2535 de 1993, descansa sobre una lógica que merece ser revisada con rigor jurídico y no con prejuicios políticos ni ideológicos. La regulación actual termina produciendo una consecuencia profundamente contradictoria: restringe principalmente al ciudadano que sí está dispuesto a cumplir la ley, mientras que el criminal continúa obteniendo armas por fuera del sistema legal. No estamos frente a una hipótesis ideológica, sino frente a un problema estructural. En Colombia, obtener legalmente un permiso de porte implica atravesar una cadena de barreras económicas, administrativas y burocráticas que convierten el acceso en un privilegio reservado para pocos sectores con capacidad económica o influencia política. Entre permisos, exámenes, cursos y adquisición del arma, el costo puede superar ampliamente varios salarios mínimos. Lo que termina generando un resultado práctico bastante evidente, a saber: el sistema no selecciona portadores por conducta, estabilidad emocional o responsabilidad individual, sino por capacidad económica o posición social.
Este punto es central. La jurisprudencia colombiana, particularmente en la Sentencia C-296 de 1995, ha sentado una base importante frente a esta problemática y a la interpretación que el derecho penal moderno realiza sobre ella: este no castiga personas por el supuesto peligro abstracto que representan, sino por conductas concretas que lesionan bienes jurídicos de tutela. El principio de derecho penal de acto impide que el Estado convierta la mera posibilidad de riesgo en fundamento suficiente para restringir indiscriminadamente libertades individuales. Sin embargo, gran parte del enfoque actual sobre armas termina operando precisamente bajo esa lógica: asumir que el ciudadano civil, por el simple hecho de aspirar a un mecanismo de defensa personal, constituye un peligro potencial.
La viabilidad constitucional del modelo
Mi investigación cuestiona esa premisa desde una perspectiva constitucional y del derecho penal. La Constitución colombiana no prohíbe de manera absoluta el porte civil. El artículo 223 establece el monopolio estatal sobre la fabricación e introducción de armas y municiones, pero al mismo tiempo permite que la ley regule las condiciones bajo las cuales los particulares pueden acceder a permisos otorgados por la autoridad competente. Esto tiene una consecuencia jurídica importante, puesto que la restricción vigente no proviene de una prohibición constitucional expresa, sino principalmente de decisiones administrativas y políticas públicas adoptadas a lo largo del tiempo.
El silogismo jurídico es relativamente claro:
Primera premisa: la Constitución admite el porte civil regulado.
Segunda premisa: el Congreso posee la facultad y libertad de configuración normativa para desarrollar el régimen jurídico correspondiente.
Tercera premisa: las restricciones actuales derivan, en gran medida, de políticas administrativas antes que de una prohibición constitucional absoluta.
Conclusión: el legislador colombiano puede ampliar legalmente el acceso regulado al porte de armas sin necesidad de reformar la Constitución.
Esto no significa eliminar controles ni promover una sociedad armada sin límites normativos. De hecho, la propuesta desarrollada en la investigación apunta exactamente a lo contrario: sustituir un sistema basado en barreras económicas por un modelo centrado en responsabilidad individual verificable.
¿Cómo funcionaría el modelo?
Lo que propone mi investigación no es simplemente flexibilizar permisos de porte, sino reemplazar un modelo centralizado, costoso y burocrático por un sistema de seguridad civil regulada basado en responsabilidad individual, monitoreo permanente y gobernanza comunitaria. La propuesta mantiene intacto el monopolio estatal sobre la fabricación, trazabilidad y registro de armas, pero transforma la lógica mediante la cual el ciudadano accede legalmente a mecanismos de defensa personal.
El modelo funciona a partir de una habilitación progresiva y condicionada. El ciudadano interesado no obtendría un permiso permanente e indefinido, sino una licencia sujeta a evaluación continua de conducta, historial y cumplimiento normativo. A diferencia del sistema actual, donde el principal filtro termina siendo la capacidad económica del solicitante, el nuevo esquema prioriza criterios verificables como antecedentes penales, ausencia de conductas típicas relevantes para el derecho penal, estabilidad conductual, entrenamiento certificado y permanencia dentro de comunidades reguladas de práctica y supervisión.
Uno de los elementos centrales de la propuesta es la creación de clubes certificados de tiro y defensa comunitaria con función pública delegada y supervisión estatal permanente. Estos espacios no operarían como simples polígonos recreativos, sino como instituciones de formación cívica y técnica encargadas de evaluar periódicamente a los portadores, verificar condiciones psicológicas y de idoneidad, registrar prácticas obligatorias y reportar comportamientos de riesgo o posibles conductas con relevancia penal a las autoridades competentes. El arma dejaría de entenderse como un objeto aislado de propiedad individual y pasaría a insertarse dentro de una estructura institucional de responsabilidad compartida.
A ello se suma un sistema obligatorio de seguro individual de responsabilidad civil del portador. Esto implica que toda persona autorizada para portar un arma debería mantener una póliza activa capaz de responder patrimonialmente frente a daños ocasionados por uso negligente, imprudente o irresponsable, especialmente en escenarios donde puedan concurrir conductas penalmente relevantes derivadas del uso indebido del arma de fuego. El objetivo es trasladar parte del costo del riesgo al propio portador y generar incentivos económicos reales hacia el comportamiento responsable. En otras palabras, el modelo busca que el ciudadano armado tenga no solo derechos, sino también obligaciones permanentes y consecuencias inmediatas frente a cualquier incumplimiento.
La propuesta también incorpora mecanismos de monitoreo continuo y pérdida automática de habilitación frente a conductas incompatibles con la licencia. Episodios relacionados con posibles tipos penales como violencia intrafamiliar, amenazas, lesiones personales, constreñimiento ilegal o cualquier manifestación de violencia dolosa activarían procesos de suspensión inmediata mientras se realiza la respectiva revisión institucional y jurídica. Del mismo modo, situaciones asociadas a abuso de sustancias psicoactivas, alteraciones graves de conducta, incumplimientos administrativos reiterados o antecedentes con relevancia criminológica serían objeto de evaluación permanente por parte de las autoridades competentes. La lógica cambia por completo: el permiso deja de ser una autorización estática otorgada una sola vez y se convierte en una relación jurídica dinámica sometida a evaluación constante.
Otro elemento fundamental consiste en reducir la actual aporofobia estructural del sistema colombiano de armas. Hoy, el acceso legal termina reservado para sectores con altos ingresos o conexiones políticas, mientras las poblaciones rurales y sectores vulnerables —precisamente los más expuestos a estructuras criminales armadas— permanecen excluidos del sistema legal de protección personal. La propuesta busca sustituir esa barrera económica por estándares objetivos de conducta, formación y supervisión institucional.
El modelo toma elementos comparados de sistemas como el suizo y de experiencias de gobernanza policéntrica estudiadas por Elinor Ostrom, donde la seguridad no depende exclusivamente de un monopolio vertical centralizado, sino también de estructuras comunitarias reguladas capaces de producir autocontrol, vigilancia mutua y cohesión social. No se trata de privatizar la seguridad ni de eliminar la autoridad estatal, sino de construir mecanismos complementarios donde el ciudadano deje de ser un sujeto pasivo completamente dependiente de la capacidad reactiva del Estado.
La propuesta, además, conserva límites deliberados estrictos. El porte seguiría prohibido en contextos políticos, manifestaciones, procesos electorales y determinados espacios públicos sensibles. El Estado conservaría facultades de inspección, registro, trazabilidad y revocatoria. Incluso la reforma contempla cláusulas de revisión periódica para medir empíricamente sus efectos sobre violencia, criminalidad, reincidencia y convivencia ciudadana.
En esencia, la investigación plantea una transformación del paradigma de seguridad colombiano: pasar de un modelo que presume peligrosidad abstracta sobre el ciudadano civil a un sistema que evalúe responsabilidad concreta, conducta verificable y capacidad real de convivencia dentro del orden jurídico.
Seguridad, libertad y responsabilidad individual
Hoy por hoy el debate público colombiano suele reducir esta discusión a caricaturas ideológicas importadas del contexto estadounidense o suizo. Pero Colombia tiene una realidad completamente distinta: amplias zonas con presencia institucional débil, mercados ilegales consolidados y poblaciones rurales que permanecen desprotegidas frente a estructuras criminales armadas. Allí, la prohibición no elimina la violencia; simplemente monopoliza la capacidad de defensa en manos de quienes ya operan al margen de la ley.
La seguridad no puede seguir entendiéndose únicamente como un monopolio vertical centralizado ejercido desde Bogotá hacia territorios donde el Estado muchas veces llega tarde o simplemente no llega. Una democracia liberal sólida también exige ciudadanos responsables, instituciones eficientes y marcos normativos coherentes con la realidad social y el tejido social que pretenden regular. Hablar de libertad en materia de seguridad no implica ausencia de reglas. Implica reconocer que un ciudadano respetuoso del imperio de la ley no debe ser tratado bajo la misma presunción que un criminal armado, como estamos viendo en la realidad colombiana. Implica entender que el derecho penal no puede construirse sobre el miedo abstracto al individuo, sino sobre responsabilidad concreta y verificable.
Colombia necesita abandonar los debates emocionales y empezar a discutir seriamente si el modelo vigente realmente ha producido los resultados que prometió durante más de treinta años. Porque cuando un sistema desarma principalmente a quien obedece la ley, mientras el crimen organizado continúa fortalecido, la pregunta ya no es si el modelo debe revisarse, sino cuánto tiempo más estamos dispuestos a ignorar sus consecuencias.
Referencias
Colombia. Constitución Política de 1991, artículo 223.
Colombia. Decreto 2535 de 1993, “Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos”.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-296 de 1995.
Elinor Ostrom. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press, 1990.
Jakobs, Günther. Derecho Penal. Parte General. Madrid: Marcial Pons.
Romero Cárdenas, Cristian Javier.Condiciones institucionales de gobernanza policéntrica para la reforma del régimen de tenencia y porte de armas de fuego: caso del Decreto 2535 de 1993 en Colombia. Trabajo de investigación presentado para optar al título de Magíster en Derecho Penal, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
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