Escándalo en Brasil: Una grabación muestra al Ministro de Seguridad de Lula presente en el “Asalto al Capitolio” del 8 de enero

De Derecha Diario

El ministro debió renunciar luego de que se hicieran públicas imágenes que lo ubican en el medio de las protestas organizando todo.

La invasión de los edificios de los Tres Poderes en la capital brasileña el pasado 8 de enero, que fue la culminación de meses de protestas en contra de la fraudulenta victoria de Lula da Silva, le sirvió al gobierno de izquierda para lanzar una masiva campaña de arrestos arbitrarios contra la oposición.

Periodistas, empresarios, políticos y hasta influencers de redes sociales que apoyaron la teoría del fraude electoral fueron arrestados. Cientos de medios fueron bloqueados, inclusive La Derecha Diario, que al día de hoy se encuentra inaccesible en Brasil sin VPN.

Figuras destacadas de la derecha no tardaron en advertir que el “Asalto al Capitolio” podría haber estado planificado por fuerzas del gobierno de Lula para usar como justificación de este avance contra la oposición.

Así como en el “Asalto al Capitolio” del 6 de enero del 2021 en Washington D.C., poca presencia policial, puertas abiertas y edificios vacíos fueron la norma. Pero la confirmación más importante hasta el momento llegó este miércoles 19, cuando CNN, un medio alineado a Lula, mostró imágenes que ubican al jefe de la cartera de Seguridad de Lula en el foco de las manifestaciones.

En los videos se lo ve a Marco Gonçalves Dias, jefe de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI), lo más parecido a un ministro de Seguridad en otros países como Argentina, circulando y guiando a los invasores que destrozaron el Palacio del Planalto en ese polémico día.

La emisora, que venía defendiendo a Lula pero debió cambiar su discurso ante la viralización de la noticia, ​​tuvo acceso exclusivo a las imágenes del circuito interno de 22 cámaras de la sede del Poder Ejecutivo y se analizaron más de 160 horas.

Secuencia de los hechos

El ministro renunció a la tarde del día siguiente a la publicación del video, este miércoles 19 de abril. Se lo acusa de haber llevado manifestantes disfrazados para incitar la violencia en lo que habían sido hasta el momento manifestaciones masivas pero pacíficas.

A las 16:29 horas de ese fatídico 8 de enero, dos cámaras de seguridad internas lo captaron durante la invasión del Palacio del Planalto. Al principio, aparece caminando solo por el tercer piso del Palacio, en la antesala de la oficina del Presidente de la República. Pronto, Gonçalves Dias intenta abrir dos puertas y luego entra al gabinete.

Minutos después, el ministro aparece caminando por el mismo pasillo con unos invasores, guiándolos y aparentemente diciéndole lo que tienen que hacer. Las imágenes sugieren que en ese momento estaría indicándole la salida de emergencia al grupo de invasores luego de cometer los destrozos.Luego, en las imágenes aparecen otros miembros del GSI, indicando también la salida a los invasores que se encontraban en el tercer piso del Palacio del Planalto.

Cabe destacar que la invasión ocurrió un domingo y Lula estaba de viaje con todo su gabinete en Sao Paulo, por lo que no tenía razón para estar en la Casa de Gobierno en ese momento. Además, es raro que en el frenesí de lo que fue el “Asalto al Capitolio”, los manifestantes le hicieran caso a un ministro que tenían entre ceja y ceja.

Tras la divulgación de las imágenes en medios y en redes sociales, diputados federales bolsonaristas exigieron que se llame a una Comisión Parlamentaria Investigativa (CPMI) del 8 de Enero, algo que los petístas pidieron en un principio pero rápidamente recularon, capaz dándose cuenta que en vez de condenar a Bolsonaro por “incitar la violencia”, se destaparía una organización de fondo comandada por su propio líder, Lula da Silva.

¿Cómo era Ecuador antes de la dolarización? El cambio de modelo que transformó el país

De Derecha Diario

La economía ecuatoriana atravesaba los mismos problemas con los que hoy debe lidiar Argentina, entre ellos la elevada inflación, el estamento económico, el deterioro del tejido social y la falta de crédito a largo plazo. La dolarización sentó las bases de un cambio de modelo que permitió superar estos problemas.

La dolarización de Ecuador no solamente implicó un cambio de régimen monetario, sino que funcionó como el pilar para un cambio de modelo económico, y un cambio en la manera de hacer política económica. El sistema político perdió las herramientas para maniobrar a costa de la estabilidad de precios y la recaudación de señoreaje.

A pesar de tener una “política monetaria autónoma” y disponer de amplias herramientas para intervenir en el ciclo económico o responder a shocks externos, la economía ecuatoriana se encontraba completamente estancada entre las décadas de 1980 y 1990, medida a partir del ingreso por habitante.

El ingreso real por habitante acumuló una caída del 1% entre el primer trimestre de 1990 y el mismo trimestre del año 2000, la mayor parte concentrada en la brutal crisis financiera del año 1999. Esto cambió radicalmente con el proceso de dolarización, ya que el PBI per cápita a precios constantes se expandió un 36% hasta el cuarto trimestre de 2022, y hasta un 49,6% si se compara contra el cuarto trimestre de 2014 (el máximo nivel alcanzado en la historia ecuatoriana). 

Ingreso real por habitante y tasa de pobreza en Ecuador.

La cantidad de personas con ingresos inferiores a los 6,9 dólares constantes de 2017 (ajustados por paridad de poder adquisitivo) superaba el 65% antes de la dolarización, según la base de datos del Banco Mundial.

El organismo de crédito multilateral estima que para el año 2021, las personas con menos de 6,9 dólares PPP de 2017 representó el 32% de la población total, e incluso se llegó a un mínimo del 27% en el año 2017. La dolarización provocó que la tasa de pobreza se redujera a la mitad en 20 años. 

La reducción sistemática de la marginalidad social se debe a la eliminación del componente inflacionario en la determinación de la pobreza, que permitió la consolidación de los ingresos en términos de poder adquisitivo. El salario real se duplicó desde el año 2000, y la tasa de pobreza actual responde en mayor parte a las fluctuaciones del ciclo económico y la evolución de la tasa de desocupación (que fluctuó entre el 10% y el 3% en el nuevo régimen monetario).

Al igual que Argentina, la economía de Ecuador se caracterizaba por su elevada inestabilidad de precios y los múltiples controles cambiarios que aplicados por diversos Gobiernos a fin de reprimir la demanda de divisas como una suerte de refugio a la inflación. La inflación minorista promedió el 29% entre 1970 y 2000, y un aumento promedio mensual del 2,14%. 

Asimismo, la brecha cambiaria entre el dólar libre y el que celosamente se determinaba por el Gobierno llegó a representar el 236% en mayo de 1983, 410% en julio de 1988 y hasta un 407% en noviembre de 1993, fecha a partir de la cual se debieron abolir los controles cambiarios por el colapso de las reservas del Banco Central y por la imposibilidad para seguir sosteniendo las paridades legales.

Los regímenes de alta inflación a lo largo del siglo XX se vieron íntimamente asociados con todo tipo de controles de precios, salarios, cambios y cuenta capital, pero todo esto fue superado por el proceso de dolarización ya que estas herramientas quedaron obsoletas habiéndose ya erradicado el problema inflacionario de manera definitiva. 

Inflación y brecha cambiaria en Ecuador.

La estabilidad permitió una rápida reactivación del crédito a largo plazo, un fenómeno que se había perdido por la falta de previsibilidad (no era posible pautar una tasa de interés creíble a 10 o 20 años de plazo). El crédito doméstico para el sector privado de Ecuador aumentó del 18% del PBI en 2002 47,2% para el año 2020, y actualmente continúa aumentando.

La falta de crédito a largo plazo impacta de lleno en el acceso a la vivienda propia, la financiación de proyectos empresariales que requieren inversión pesada (especialmente servicios públicos) y la apertura de todo tipo de proyectos de inversión. Argentina sigue sufriendo este flagelo por la elevada volatilidad de los pericos, y su crédito doméstico al sector privado no supera el 16% del PBI.

Con el nuevo régimen monetario, los ecuatorianos dejaron de preocuparse constantemente por la cotización de otras divisas, o por la erosión de sus salarios reales y la desesperación que esto implica, o por las crisis de la “administración de reservas” en el marco los controles cambiarios. Todos estos elementos, aún presentes en Argentina, fueron erradicados de Ecuador gracias al proceso de dolarización.

El Gobierno de Boric anunció la expropiación de la industria del litio en Chile y la creación de una nueva empresa estatal

De Derecha Diario

El socialismo chileno sigue los mismos pasos que México, y el metal será explotado por una nueva empresa estatal a partir del segundo semestre de 2023. Se permitirán asociaciones público-privadas pero bajo un estricto control estatal. Las medidas limitan gravemente el potencial de la inversión privada en un recurso fundamental para el futuro.

Siguiendo el libreto socialista más radical, el Gobierno del presidente Gabriel Boric anunció la estatización de la industria del litio en Chile, del mismo modo en que lo anunciaba México bajo el tutelaje de Andrés Manuel López Obrador hace tan solo dos meses.

La medida establece fundamentalmente la expropiación del mineral, que ahora le pertenece al Estado chileno celosamente. Sin embargo, se establecieron una serie de etapas de transición y se permite una cierta participación privada en la inversión, a fin de evitar un shock aún más traumático sobre una industria clave para las exportaciones del futuro cercano.

El Estado chileno no dispone de los medios logísticos, tecnológicos y financieros que son necesarios para una explotación eficiente del mineral. Las propias autoridades lo reconocieron al advertir que solo el sector privado es capaz de hacerlo de manera moderna. Sin embargo, la nacionalización se llevará a cabo de todos modos por cuestiones ideológicas y pero por estos efectos se permite la inversión privada acotada.

El Gobierno anunció que se respetarán los contratos con empresas privadas que actualmente permanecen en vigencia, por ejemplo las explotaciones de la empresa estadounidense Albemarle Corporation y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) de capital privado doméstico.

Asimismo, se permitirá la inversión privada de empresas nacionales o extranjeras pero solamente en asociación directa con el Estado chileno. De esta manera, el proyecto pretende garantizar que el Estado tome participación en todas y cada una de las etapas de explotación del litio. Nuevamente, la estrategia es muy similar a la que llevó adelante el presidente de México con la reforma energética.

Esto genera un costo importante para la inversión potencial del sector privado, ya que asociarse con el Estado implica una limitación que antes no existía. Esto se añade al deterioro generalizado en las condiciones de inversión en el país, fundamentalmente por los impuestos a las exportación y las reformas tributarias propuestas por Boric (que apuntan a aumentar la carga impositiva para sociedades).

“El Estado es dueño del litio. Cualquier privado, ya sea extranjero o local, que quiera explotar litio en Chile deberá asociarse con el Estado”, afirmó el presidente Boric.

Chile pierde un caudal de inversión potencial importante en el sector privado, y en un recurso natural especialmente estratégico para la exportación competitiva. El litio chileno se extrae desde el salar de Atacama y representa hasta el 30% del abastecimiento global de este mineral, uno de los proveedores más importantes del mundo.

El proyecto del Presidente propone la creación formal de una Empresa Nacional de Litio, aunque para ello se requerirá una nueva luz verde por parte del Parlamento chileno. Mientras tanto, la Corporación Nacional del Cobre será facultada para administrar los contratos con las empresas privadas implicadas en el litio y llevar a cabo las licitaciones para la asociación público-privada de nuevos proyectos.

Borrego de la Semana 105: Pete Buttigieg

Recientemente, los Estados Unidos ha vivido una de sus peores crisis de transporte e infraestructura, con descarrilamientos constantes de trenes y múltiples accidentes similares que han colocado la vida de cientos de personas en riesgo.

La institución responsable de responder ante estas fallas es la Secretaría de Transporte, liderada actualmente por el ex alcalde Pete Buttigieg, cuyo desempeño en esta posición ha sido fuertemente cuestionado por sus adversarios.

Ante muchas de estas adversidades, el Secretario de Transporte había decidido quedarse callado; sin embargo, fue entrevistado recientemente para que hablara sobre su trabajo y comparó las muertes relacionadas al transporte con aquellas que incluyen violencia de armas.

No conforme con ello, Buttigieg afirmó que los accidentes de tránsito están relacionados con la discriminación, puesto que, a su juicio, el color de piel o la raza tiene una influencia respecto a ser atropellado por alguien o sufrir de algún accidente similar.

Por este motivo, Pete Buttigieg ha sido catalogado como el «Borrego de la Semana,» al querer relacionar su ineptitud con un asunto racial.

Borrego de la Semana 104: El «Dalai Lame»

Una de las figuras más importantes del Budismo Tibetano, El Dalai Lama, estuvo en el centro de la polémica días atrás debido a un comportamiento un poco inusual frente a un menor de edad.

La figura religiosa fue abordada por un niño que le pidió un abrazo, a lo que él le pidió que se acercara.

No obstante, el líder espiritual parece haber malinterpretado el mensaje y le dio un beso en la boca, para posteriormente sacar su lengua y pedirle que se la «chupara.»

Tras el disgusto que generó en el público, El Dalai Lama pidió disculpas por los hechos, aunque trató de justificarse diciendo que era solo un juego.

Por este motivo, y porque el título de este segmento no puede ser modificado a algo más grave, Contra Poder News lo ha galardonado como el «Borrego de la Semana.»

Guaidó reta a Maduro a decidir fecha de elecciones y asegura que lo derrotará

Caracas. – Luego que Nicolás Maduro pusiera en duda la fecha para las elecciones presidenciales, el dirigente político de Voluntad Popular, Juan Guaidó, lo retó a decidir la fecha de esos comicios, asegurando que «te vamos a derrotar».

«Maduro: ¡pon la fecha! que te vamos a derrotar, y nosotros sí vamos a cobrar. Cualquiera sea la fecha te vamos a enfrentar“, escribió el supuesto expresidente interino en su cuenta de Twitter.

Igualmente, agregó: «cualquiera sea la fecha te vamos a enfrentar. No juegues sucio o con trampas que tanto te gusta, sino deja que los venezolanos mismos decidan su destino. #MiVotoVale».

También, este sábado, 15 de abril, reiteró el reto contra el líder de la Narcotiranía. Denunció que Maduro amenaza con convocar elecciones cuando él quiera, pero sin darle garantías a los venezolanos para que puedan votar.

«Maduro dice que convocará las elecciones cuando le dé la gana y no da garantías de que ustedes puedan votar. Necesitamos decirle #PonLaFecha y que todos ustedes puedan votar en la primaria y en las presidenciales», publicó.

El primer ministro de Japón reanuda su campaña electoral tras el incidente con una bomba de humo

El primer ministro japonés, Fumio Kishida, ha reanudado este sábado los actos de campaña electoral tras el incidente de esta madrugada con el lanzamiento de una presunta bomba de humo que desató una situación de emergencia durante un evento en el centro-oeste del país.

Un hombre de 24 años se encuentra arrestado bajo sospecha de que arrojó un objeto parecido a una bomba de humo durante los prolegómenos de un mitin de Kishida en la prefectura de Wakayama, que causó heridas leves a un policía, según la agencia oficial de noticias japonesa Kyodo.

Kishida fue evacuado ileso del sitio y luego reanudó su programa de discursos del día tras un suceso a la sombra del asesinato el año pasado, antes de las elecciones legislativas a la cámara alta del país, del ex primer ministro Shinzo Abe.

El país, cabe recordar, celebrará el próximo fin de semana cinco elecciones parciales, incluso en el distrito electoral que quedó vacante por la muerte de Abe, tal como recuerda la agencia Bloomberg.

Meloni decreta seis meses de Estado de Emergencia para combatir la crisis de inmigración ilegal

De Derecha Diario

Desde principio de año, Italia atraviesa el peor momento de la crisis migratoria que la azota desde 2011. En el primer trimestre, los arribos ilegales crecieron un 300% respecto al mismo periodo del año pasado.

Ante el creciente número de llegadas de inmigrantes a las costas italianas, la primera ministra Giorgia Meloni ha declarado el estado de emergencia migratorio durante seis meses, tras reunirse con los líderes de los demás partidos de la coalición gobernante en la tarde del pasado martes.

Uno de los principales puntos de campaña de Meloni fue el combate directo y sin vueltas a la brutal ola migratoria que sufre Italia desde hace más una década. Luego de la Primavera Árabe en 2011, y la subsecuente caída de múltiples gobiernos en África y Medio Oriente ante el ISIS, millones de musulmanes se escaparon de sus países y emprendieron el viaje a Europa, donde los gobiernos de aquél entonces anunciaron que los recibirían con los brazos abiertos.

Esto inicio un período que ya lleva 12 años en el que millones de personas pertenecientes a países del norte de África, como Marruecos, Túnez, Libia, Egipto, Argelia, y de Medio Oriente, como Siria, Irak, y Yemen arribaron a países de la Unión Europea como refugiados de guerra, y se les otorgó total ciudadanía.

Si bien ISIS fue abatido en 2017 por una coalición militar encabezada por Donald Trump, desde entonces el flujo migratorio no ha frenado. Incluso peor, es cada vez mayor. Se creó toda una industria que se encarga de llevar inmigrantes a las costas de Europa, arrojarlos al mar, y obligar a las autoridades de los países costeros como Italia, Francia o España a rescatarlos y darles ciudadanía.

Incluso peor, estas personas suelen ser “rescatadas” por organizaciones de derechos humanos confabuladas con los traficadores, donde arreglan puntos donde pueden ser arrojados e inmediatamente rescatados. Los barcos con banderas de ONGs europeas deben ser recibidas en los puertos de Europa, y los inmigrantes automáticamente reciben asilo y comienza su trámite para obtener la ciudadanía.

Con esta declaración de emergencia, Meloni pondrá un freno a esta práctica. El decreto le indica al ministro de Protección Civil y Políticas Marítimas, Nello Musumeci, y al titular del Ministerio del Interior, Matteo Piantedosi, que los puertos italianos no recibirán un solo barco más sin la previa autorización del gobierno nacional.

“Somos muy conscientes de la gravedad de un fenómeno que está registrando un aumento del 300 por ciento. Permítanme ser claro: el problema no queda resuelto, la solución está ligada solo a una intervención consciente y responsable de la Unión Europea“, indicó Musumeci, quien anticipó que el estado de emergencia podría durar hasta que Bruselas tome cartas en el asunto e imponga regulaciones a estas organizaciones no gubernamentales.

Los números que se ven este año constatan una verdadera invasión al continente europeo. Desde enero hasta marzo, desembarcaron 31.292 inmigrantes del norte de África en las costas italianas. Comparando con el mismo periodo del año anterior, cuando solo se registraron 7.928 arribos, hay un aumento interanual del 295%.

Desde la llegada de Meloni al poder, y con el objetivo de evitar que entren a la Europa continental (donde por estatuto de la Unión Europea no se los puede deportar), la gran mayoría de barcos que arriban son reenvíados a la isla de Lampedusa, que tiene una capacidad para 400 inmigrantes.

Esta semana, la población inmigrante en Lampedusa superó los 2.000 cupos. En su mayoría, las personas que intentan ingresar a Italia son libios, aunque la reciente crisis política y económica en Túnez llevó a que aparezca un fuerte flujo proviniente de este país, que era la última democracia en el norte africano hasta que Kais Saied dio un golpe de Estado en 2021.

La población inmigrante musulmana en Europa ha tenido más de una década para asimilarse a la cultura europea pero no lo ha hecho. Ante el miedo de sonar racistas o “colonizadores”, como dijo una vez la presidente del Consejo Europeo, Ursula Von der Leyen, hay una actitud laxa frente a los inmigrantes islámicos.

Estas personas reciben jugosos planes sociales de los distintos gobiernos europeos, forman sus propias comunidades y se cierran del resto del país. Hay zonas en Europa completamente tomadas por comunidades islámicas, donde impera el delito, la Ley Sharia y la policía tiene estrictas órdenes de no ingresar.

Esto se ve principalmente en los países nórdicos, como Suecia, Finlandia o Dinamarca, pero también en países como Francia, donde reciben el nombre de “Zone Rouge“, o zona roja, donde la Policía sabe que la población es íntegramente musulmana, no habla el idioma francés y tienen nulo respeto por las autoridades. Meloni prometió en campaña que no permitirá que se formen estas zonas en ninguna parte de Italia.

Poderes extraordinarios

Con el estado de emergencia, el Ejecutivo recibe poderes extraordinarios y se habilitan fondos especiales por una duración de seis meses para combatir el problema. En este periodo, Meloni puede derogar normas vigentes, dictar nuevas leyes (que expirarán luego de los seis meses si no son ratificadas por el Congreso) y permite no aplicar los estatutos de la Unión Europea, quizás el punto más importante de la declaración de emergencia.

Según la membresía a la Unión Europea, Italia no puede cerrarle sus puertos a las ONGs europeas, no puede dejar en ultramar a inmigrantes que piden asilo en su país y debe entregar ayuda económica a los inmigrantes que escapan zonas de guerra. A partir de ahora, nada de esto deberá cumplirse.

Meloni anunció que implementará inmediatamente un sistema de “repatriación” de los inmigrantes ilegales que reciba, que es otra manera de hablar de deportación. Técnicamente, Italia solo puede deportar a los inmigrantes que recibe si estos son atrapados cometiendo un delito.

El gobierno nacional cuenta con un masivo apoyo de los alcaldes de las distintas ciudades de Italia, incluso de partidos de izquierda. Concretamente, dan la cifra de 112.000 personas en los centros de acogida repartidos en Italia que deben ser deportados, la cifra más alta desde el año 2019. Los alcaldes se dirigieron al Ministerio del Interior con un comunicado unánime, titulado: “Es urgente buscar una solución, la situación es inmanejable“.

El Ejecutivo afirma que sigue trabajando para llegar a una estrategia europea común en materia de inmigración. En este sentido, Meloni declaró, tras su reunión con el presidente español Pedro Sánchez en el Palacio Chigi el pasado 5 de abril, que a pesar de las diferencias ideológicas, el gobierno socialista de España se ha comprometido a apoyar su pedido frente al Consejo Europeo en la próxima reunión que se celebrará en junio.

El FBI arresta a un miembro de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea por las filtraciones de inteligencia estadounidense

De Derecha Diario

El FBI arrestó a un Jack Douglas Teixeira, un miembro de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea, en relación con la filtración de documentos clasificados de inteligencia militar de los Estados Unidos.

El FBI arrestó el jueves a Jack Douglas Teixeira, miembro de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de 21 años, por las filtraciones en redes sociales de documentos clasificados que revelaron información confidencial de Washington y sus aliados en todo el mundo.

El fiscal general, Merrick Garland, dijo el jueves que la Oficina Federal de Investigaciones arrestó a Teixeira “en relación con una investigación sobre presunta eliminación, retención y transmisión no autorizadas de información clasificada de defensa nacional“.

“Teixeira es un empleado de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos“, añadió el fiscal. “Los agentes del FBI detuvieron a Teixeira esta tarde sin incidentes“, dijo Garland a los periodistas en una breve declaración en el Departamento de Justicia.

“Esta investigación está en curso“. El FBI dijo que sus agentes habían efectuado el arresto y estaban llevando a cabo “actividades policiales autorizadas en una residencia en North Dighton, Massachusetts“.

El New York Times informó que Teixeira era miembro del ala de inteligencia de la Guardia Nacional. Una publicación en la página oficial de Facebook de la unidad señaló que Teixeira estaba entre un grupo de miembros que habían sido promovidos a Aviador de Primera Clase en julio de 2022.

Los registros militares muestran que Teixeira ingresó a la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea en septiembre de 2019. Su título oficial de trabajo era “oficial de sistemas de transporte cibernético“, que se encarga de mantener la infraestructura subyacente de la “vasta red de comunicaciones global” de la Fuerza Aérea.

Jack Douglas Teixeira, miembro de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos

Los documentos clasificados fueron publicados en redes sociales en marzo. Se cree que es la violación de seguridad más grave desde que más de 700.000 documentos, videos y cables diplomáticos aparecieron en WikiLeaks en 2010.

Desde que se dio a conocer la filtración, funcionarios estadounidenses han estado buscando a la persona responsable, mientras buscan limitar el daño de la publicación de los informes de inteligencia, que revelan supuestos detalles de las vulnerabilidades militares ucranianas e información sobre aliados como Israel, Corea del Sur -y sus planes secretos para entregar municiones a Ucrania- y Turquía.

Varios países han cuestionado la veracidad de algunos de los documentos filtrados, incluido el Reino Unido, que aseguró que había un “grave nivel de inexactitud” en la información.

No obstante, funcionarios estadounidenses creen que la mayoría de los materiales son genuinos. Algunos, sin embargo, parecen haber sido alterados para mostrar estimaciones infladas de las bajas ucranianas y números inferiores a los reales con respecto a las causalidades de las fuerzas rusas en el campo de batalla en la guerra.

Otros documentos incluyen una evaluación de que es probable que Francia tenga dificultades para lograr los objetivos de seguridad en África occidental y central, e información sobre el plan de los funcionarios brasileños de visitar Moscú en abril en busca de acordar un esquema de mediación en Ucrania.

Además, según uno de los documentos filtrados, Serbia ha acordado suministrar armas a Kiev, o incluso ya las ha enviado, a pesar de la neutralidad profesada por el país. Por último, una de las últimas revelaciones indicó que Estados Unidos estaba monitoreando al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, porque creía que era demasiado blando con Rusia.

Imagen aérea del Pentágono

Se cree que la filtración comenzó en un sitio llamado Discord, una plataforma popular entre las personas que juegan juegos en línea y donde se cree que Teixeira publicó durante años sobre armas, juegos y memes.

El agente filtrador fue identificado como “OG“ en un grupo de chat en línea donde se encontraba Teixeira. El grupo de chat, llamado “Thug Shaker Central“, estaba compuesto por más de 20 personas que compartían sus simpatías con respecto a distintas armas, y también difundían memes y chistes, algunos de ellos racistas.

En el grupo también tuvo lugar una discusión sobre la temática guerras, entre las cuales se mencionó la invasión rusa de Ucrania. En el marco de esa discusión, “OG” publicó durante meses material que él dijo que era clasificado.

Así las cosas, el jueves, alrededor de media docena de agentes del FBI armados con rifles entraron en una propiedad de Massachusetts para arrestar a Teixeira. En un comunicado, el FBI dijo que lo “ha perseguido agresivamente pistas de investigación” desde fines de la semana pasada. “El arresto de hoy ejemplifica nuestro compromiso continuo de identificar, perseguir y responsabilizar a aquellos que traicionan la confianza de nuestro país y ponen en riesgo nuestra seguridad nacional“, confirmaron desde el FBI.

Base Conjunta Cape Cod, sede de la 102ª Ala de Inteligencia y la Base de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea Otis, en Hyannis, Massachusetts

El Departamento de Justicia abrió una investigación criminal formal la semana pasada, después de una remisión del Departamento de Defensa. La filtración fue un “acto deliberado y criminal”, aseguraron desde el Pentágono el jueves.

El secretario de prensa del Pentágono, general de brigada de la Fuerza Aérea Pat Ryder, se negó a confirmar la identidad del filtrador en una sesión informativa el jueves y remitió a los periodistas al Departamento de Justicia porque es un “asunto de aplicación de la ley” y una investigación en curso, según dijo.

El Departamento de Defensa está “trabajando día y noche” con la comunidad de inteligencia, confirmó Ryder, “para comprender mejor el alcance y la escala de estas filtraciones“.

“Continuamos revisando una variedad de factores en lo que se refiere a la protección de materiales clasificados“, agregó el encargado de prensa. “Esto incluye examinar y actualizar las listas de distribución, evaluar cómo y dónde se comparten los productos de inteligencia, y una variedad de otros pasos“.

Por su parte, el Departamento de Justicia no especificó qué cargos enfrentaría Teixeira, aunque probablemente involucrarán cargos criminales de retención y transmisión intencional de información de defensa nacional.

Brandon Van Grack, ex fiscal de seguridad nacional del Departamento de Justicia que ahora trabaja en Morrison Foerster, dijo que los probables cargos podrían conllevar hasta 10 años de prisión, incluso si Teixeira no tenía la intención de causar daño explícito a la seguridad nacional.

Agentes del FBI arrestan a Jack Teixeira, empleado de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en North Dighton, Massachusetts

“Creo que este es alguien que se enfrenta al extremo superior de la exposición durante años en prisión … porque las filtraciones fueron muy dañinas“, aseguró Van Grack.