El presidente libertario de Argentina, Javier Milei, firmó decretos que definen la nueva cúpula militar del país, nombrando nuevos jefes del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto.
Además, el mandatario otorgó más autoridad a la Fuerza Aérea de Argentina. En este sentido, ocurren los siguientes cambios:
El brigadier general Xavier Julián Isaac, de 61 años, asumirá el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto tras dejar su puesto de jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea argentina.
También, el general de brigada Carlos Alberto Presti, de 57 años, que actualmente es comandante de la IV Brigada Aerotransportada, se convertirá en el jefe del Estado Mayor del Ejército.
Por su parte, el cargo de jefe de la Armada pasará al contralmirante Carlos María Allievi, de 58 años, que es el actual comandante de la Flota de Mar y ha ocupado anteriormente cargos importantes como agregado naval en Washington y segundo comandante operacional del Estado Mayor Conjunto.
A esto se suma que el jefe de la Fuerza Aérea será el brigadier mayor Fernando Luis Mengo, de 55 años, quien abandonará su puesto como comandante de Adiestramiento y Alistamiento, que es el principal puesto operativo de la fuerza.
La mayor autoridad de la Fuerza Aerea llega porque, según el nuevo decreto, el Estado Mayor Conjunto, el máximo organismo de la estructura militar, ahora estará controlado por dicha fuerza.
Entre sus nuevas competencias figuran «asesorar y asistir al Ministerio de Defensa en materia de estrategia militar, organización y empleo de los medios militares; dirigir el planeamiento estratégico y el accionar militar conjunto, además de conducir las operaciones militares en tiempos de paz».
La flamante ministra de Seguridad de Javier Milei anticipó que a partir de ahora empezará a regir un nuevo protocolo para enfrentar las protestas que se tornan violentas o buscan impedir los cortes de tránsito.
La titular del Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, comunicó este jueves las nuevas directrices del protocolo que implementará el gobierno para prevenir piquetes y cortes de calles que obstaculicen o perjudiquen el tránsito de los ciudadanos de bien.
La ministra de Milei detalló en una rueda de prensa que las cuatro Fuerzas de Seguridad federales, la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y las fuerzas del Servicio Penitenciario Federal, estarán autorizadas a intervenir en casos de cortes de ruta, piquetes o manifestaciones que afecten la circulación dentro del territorio argentino.
La ministra instó a las provincias a sumarse al protocolo junto con sus fuerzas locales. La medida principal es que los agentes intervendrán directamente cada vez que alguien impida el libre tránsito de otros ciudadanos, respaldados por las nuevas disposiciones y de acuerdo con los códigos procesales y la ley de flagrancia.
Bullrich advirtió que se utilizará la fuerza necesaria y proporcionada según la resistencia encontrada, reforzando el mensaje de que las protestas que generen caos en el tráfico serán enfrentadas con todo el peso de la ley.
En cuanto a la aplicación del protocolo, se organizará la intervención de los agentes según la zona de conflicto, ya sea con fuerzas federales o con las autoridades locales. Se establecerá vigilancia preventiva para evitar la formación de grupos y se incautarán materiales sospechosos en estaciones de trenes.
“En estaciones de trenes, aquellas personas que vayan con materiales serán incautados: palos, caras tapadas o formas para no ser reconocidos”, dijo Bullrich. Últimamente, varias manifestaciones se estuvieron movilizando en trenes, como la que lideró Raul Castells este martes.
“Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes, si hay un delito infraganti, de acuerdo a la ley de flagrancia”, informó la funcionaria. Además, adelantó que planean mandar una ley al Congreso que consolide las nuevas reglas y que no queden solamente enunciadas por decreto.
En casos de detenciones, el Ministerio de Seguridad buscará la intervención judicial, y se remitirán los datos de los responsables a las autoridades competentes, para evitar que los policías queden vinculados al destino de los detenidos.
“Los datos de los autores, partícipes, cómplices o instigadores será remitidos a las autoridades competentes. Se le dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental, algo que sucede es la quema de cubiertas que genera una situación dañina al ambiente y a la gente”, dijo Bullrich.
A su vez, en situaciones que impliquen la participación de niños y adolescentes, se intervendrá con los organismos pertinentes, sancionando a los tutores o acompañantes. “Los niños que deben estar en la escuela”, recalcó la funcionaria.
En cuanto a las sanciones, Bullrich aseguró que se enviará la factura de los costos operativos de la jornada de las Fuerzas de Seguridad a las organizaciones o individuos que se adjudiquen la manifestación.
Para esto, se creará un registro de todas las organizaciones que participan y convoquen a eventos donde haya cortes que impidan el tránsito o violencia o daño material. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizacionesque tengan personería o los individuos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones”, sentenció Bullrich.
“Sin orden no hay libertad, y sin libertad no hay progreso”, aseguró la ministra que volvió al cargo esta semana. “El propósito de este protocolo es cumplir la ley. Como dice el Presidente: ‘el que las hace las paga’”, agregó.
“Hemos vivido muchos años bajo un desorden total y absoluto, que ha hecho que la gente no haya podido llegar a sus trabajos, pierden horas de trabajo, presentismos, hay problemas con ambulancias que no llegan a tiempo; y es hora de terminar con esta metodología que lo que hace es generar desorden absoluto”, sentenció.
En resumen, el protocolo tiene como objetivo mantener el orden y garantizar la libertad de circulación, buscando poner fin a prácticas que generan caos en la sociedad. “De esta manera, se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré“, cerró la conferencia, en referencia a la ex ministra de Seguridad de Cristina Kirchner.
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