Foro Penal confirma 54 liberaciones de rehenes políticos para este 23 de febrero

Caracas. – Un total de 54 rehenes políticos beneficiados con libertades plenas gracias a la ley de amnistía, de los cuales 32 fueron excarcelados este pasado domingo, confirmó hasta la fecha la ONG Foro Penal.

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la organización, detalló en su cuenta en X que las excarcelaciones se distribuyeron de la siguiente manera: 32 personas obtuvieron libertad plena este domingo, 15 el sábado y 7 el viernes.

Himiob precisó también que, además de estas 54 liberaciones, se confirmó un caso adicional de excarcelación con medidas cautelares que no está cubierto por la amnistía.

Al menos, en las 32 liberaciones reportadas este domingo, las identidades no han sido confirmadas en su totalidad, por lo que se conocen solo algunos de los casos más connotados, por ejemplo, el coordinador político de Vente Venezuela en el estado Vargas, Juan Freites.

No obstante, hasta el momento, el chavismo bajo la tutela de Delcy Rodríguez, no ha emitido un balance oficial consolidado sobre el número total de excarcelaciones realizadas al amparo de la nueva legislación.

Foro Penal informó en una nota de prensa, que su reporte solo evidencia la activación del mecanismo legal aprobado por la ilegítima Asamblea Nacional chavista, y promovido por Rodríguez, como instrumento para la reconciliación nacional.

Sin embargo, organizaciones de Derechos Humanos han señalado que la aplicación de la ley ha sido gradual y que aún quedan cientos de personas privadas de libertad que podrían ser beneficiarias, dependiendo de la interpretación judicial de los casos.

Carta Pública al Honorable Marco Rubio, Secretario de Estado de los EE. UU.

Estimado Secretario Rubio:

Me dirijo a usted como Leroy Garrett, articulista en ContraPoder News y sobreviviente directo del que hemos denominado “Holocausto petrolero”: el paro cívico y huelga petrolera de diciembre 2002 a febrero 2003, que el régimen chavista etiquetó como “sabotaje empresarial y petrolero” para justificar despidos masivos, persecuciones, confiscaciones de propiedades y negación de derechos laborales a miles de trabajadores que ejercíamos un derecho constitucional a la protesta pacífica.

La reciente promulgación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática (19 de febrero de 2026), firmada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y refrendada por el gabinete, representa un paso aparente hacia la reconciliación. Sin embargo, como víctima de la persecución política que esta ley pretende “sanar”, debo señalar que mantiene y perpetúa una narrativa unilateral chavista que criminaliza exclusivamente a la oposición, sin autocrítica ni reconocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado durante 27 años.

Esta ley amnistía “hechos” como el paro petrolero de 2002-2003 (Artículo 8, numeral 2), equiparándolo a un delito de sabotaje, mientras ignora el contexto: fue una respuesta cívica legítima a la deriva autoritaria, y los trabajadores petroleros sufrimos despidos arbitrarios, confiscación de bienes y estigmatización como traidores. No hay mención a la responsabilidad estatal en esas represalias, ni a las violaciones sistemáticas documentadas por organismos internacionales.

Peor aún, no existe mea culpa oficial. No se crea una comisión de la verdad independiente que determine culpabilidades de ambos lados —ni de la oposición ni, especialmente, del oficialismo flagrante transgresor de derechos humanos—. Excluye delitos graves (Artículo 9), pero no aborda la impunidad de torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y corrupción estatal.

Esta ley recuerda peligrosamente a las Leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) en Argentina, que intentaron cerrar procesos por violaciones durante la dictadura militar, otorgando impunidad selectiva sin verdad ni justicia. Ambas fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema argentina (2005) y anuladas por el Congreso (2003), por violar obligaciones internacionales de investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad, conforme a fallos como Barrios Altos de la Corte IDH. En Venezuela, esta ley corre el riesgo similar: parece “amnistía” pero blinda narrativas oficiales y deja impunes abusos del poder.

En cuanto a su posible uso en contra nuestra en cortes estadounidenses y la OFAC:

•  Podría invocarse para argumentar que “existe reconciliación” y justificar levantamiento prematuro de sanciones individuales o sectoriales contra exfuncionarios chavistas implicados en corrupción o represión, sin que se haya liberado a todos los presos políticos ni devuelto bienes confiscados.

•  En litigios por derechos humanos o reclamos laborales (como los de ex-PDVSA en EE.UU.), podría usarse como “extinción de acciones” (Artículo 10) para desestimar demandas civiles o penales contra el Estado venezolano, alegando que los hechos están “amnistiados”.

•  Para la OFAC, podría servir de pretexto para relajar sanciones sin condiciones estrictas (liberación total, justicia transicional, devolución de activos), beneficiando a beneficiarios chavistas mientras la oposición sigue perseguida.

Por ello, propongo urgentemente la formación de una comisión redactora multipartidista y con supervisión internacional, donde participen:

•  La Embajadora de Estados Unidos en Venezuela (o representante del Departamento de Estado).
•  Representantes de la oposición democrática, presos políticos liberados, exiliados (incluyendo víctimas del paro petrolero).
•  Voceros del gobierno interino.
•  Expertos en justicia transicional (ONU, OEA, CIDH).

Esta comisión debería redactar una ley equitativa, viable y verdadera, que incluya:
•  Sometimiento a penas y responsabilidades reales por violaciones graves (sin autoamnistías).
•  Indulgencias condicionadas a verdad, reparación y no repetición.
•  Comisión de la verdad bilateral.
•  Devolución de bienes confiscados y rehabilitación de derechos.

Secretario Rubio, su liderazgo ha sido clave en presionar por libertades en Venezuela. Le insto a no avalar esta ley como “solución” sin exigir un proceso genuino de justicia transicional. La verdadera convivencia democrática no se construye con narrativas unilaterales, sino con verdad, justicia y equidad para todas las víctimas.

Atentamente,
Leroy Garrett,
Articulista, contrapodernews.com,
Miembro del Holocausto Petrolero
Houston, Texas.
23 de febrero de 2026.

Venezuela recibe 65 toneladas de suministros médicos de EE. UU.

La Embajada de EE. UU. en Venezuela, liderada por la encargada de negocios Laura Dogu —enviada por Donald Trump a finales de enero para retomar las relaciones diplomáticas entre ambos países—, ha informado de la recepción de 65 toneladas de suministros médicos procedentes del país norteamericano para atender las necesidades de la población venezolana.

«Supervisé la segunda entrega de más de 65.000 kilogramos de suministros médicos para el pueblo venezolano. Esto eleva nuestro total a 71.000 kilogramos. Seguimos avanzando el plan de tres fases del [presidente de E. UU.», reza un mensaje de la Embajada en redes sociales firmado por la enviada estadounidense.

De esta manera, ya son 71 toneladas de provisiones sanitarias las recibidas por las autoridades de Venezuela a cargo del Gobierno norteamericano y dentro del plan en tres fases —estabilización, recuperación y transición— trazado por EE. UU. para el país latinoamericano.

Sin embargo, el régimen de Venezuela ha rechazado este sábado la prórroga anunciada esta semana por EE. UU. sobre su estatus como «emergencia nacional» contra los intereses norteamericanos y su seguridad, después de que la Administración Trump lo prorrogara hace pocos días.

Otros países como Brasil también han enviado insumos médicos a Venezuela después del bombardeo de EE. UU. sobre su territorio que acabó con la captura del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, una operación que provocó daños en cargamentos de material médico.

Extraoficial: detenidos más de 30 funcionarios del CICPC por negarse a adulterar pruebas del 3 de enero

Caracas. – Más de 30 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se encontraría detenidos por negarse a alterar pruebas sobre los ataques realizados por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

La información fue revelada por el periodista David Placer, quien en su canal de Youtube publicó un video detallando la información, indicando que los secuestros de los efectivos de la policía científica comenzaron a ocurrir desde el 23 de enero.

Placer señala que los funcionarios policiales se encontrarían recluidos en el Rodeo I (Miranda), según lo han hecho saber, de manera extraoficial, sus familiares. quienes también alertan que han sido torturados por negarse a adulterar las averiguaciones, específicamente de los hechos ocurridos en instalaciones de Fuerte Tiuna durante la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Los familiares aseguran que no han recibido información oficial clara, ni explicación formal sobre las detenciones, y exigen respuestas sobre el estatus legal, las condiciones de reclusión y el debido proceso de los funcionarios.

«Los familiares, los amigos, los compañeros que han podido ver a esos funcionarios del CICPC que se encuentran visiblemente golpeados. Han sido víctimas de tortura durante sus primeros días allí en la prisión del Rodeo y por los momentos se desconoce exactamente por qué le estaban obligando a forzar las pruebas y todas las investigaciones y los datos periciales de los bombardeos de Fuerte Tiuna este 3 de enero. Se desconoce con qué propósito, para ocultar qué o para torcer qué línea de lo que ocurrió allí», explicó Placer.

El periodista mencionó a uno de los efectivos secuestrados, Johanny Luzardo, quien fuera jefe de fotografía y forense, y considerado por sus compañero de registrar una conducta intachable, por lo cual extraña que haya sido detenido.

Las detenciones iniciaron el 23 de enero, cuando los funcionarios, incluyendo a Luzardo, fueron citados a una reunión con el director del organismo, Douglas Rico. De ese encuentro salieron injustamente apresados.

Placer señala, que los funcionarios fueron acusados de tramar «un supuesto intento de asesinato a Douglas Rico, a su jefe, al jefe del CICPC».

Por los momentos, la información no ha podido ser confirmada, y se maneja de manera extraoficial. No obstante, el periodista prometió hacerle seguimiento a esta denuncia, hasta aclarar el destino y situación de los más de 30 efectivos secuestrados.

100 rehenes políticos, en su mayoría militares, iniciaron huelga de hambre en el Rodeo I

Caracas. – Unos 100 rehenes políticos recluidos en la cárcel El Rodeo I, estado Miranda, habrían iniciado una huelga de hambre este sábado, para presionar por sus liberaciones luego que se aprobara la Ley de Amnistía por el narcorégimen chavista, el pasado jueves.

La denuncia fue realizada por la abogada Tamara Suju, quien en su cuenta de la plataforma X publicó sobre la protesta, precisando que la «mayoría son Militares, pero también hay civiles y extranjeros».

También, la activista Elisa Trotta, en tanto, recordó que allí está “secuestrado” el gendarme argentino Nahuel Gallo, y exigió “libertad inmediata para todos ellos”.

Igualmente, Alfredo Romero, director presidente de la ONG Foro Penal, publicó en X lo siguiente: «“Familiares informan que aproximadamente 100 presos políticos iniciaron una huelga de hambre en El Rodeo 1. Estamos intentando verificar la situación”.

Las demandas se centran en exigir libertad y rechazar la aplicación restringida de la ley de amnistía. “Es discriminatorio e inconstitucional excluir de la amnistía a militares presos y perseguidos políticos. No puede hablarse de convivencia nacional mientras se excluye a un sector tan importante de la sociedad como el militar y a sus familias”, señaló más temprano Romero.

Mientras, el penal El Rodeo I permanece con acceso restringido y, según testimonios ofrecidos a distintos medios, las autoridades no proporcionan información oficial ni permiten visitas familiares en este momento.

Esta protesta se realiza unos días después que los familiares de los presos políticos en los alrededores del Comando de la Policía Nacional en Boleíta, conocido como Zona 7, culminaran el jueves una huelga de hambre para exigir la liberación de los detenidos.

Extraoficial: EE. UU. estaría exigiendo a Delcy Rodríguez entregar a siete figuras claves, comenzando por «Nicolasito»

Caracas. – EE. UU. habría exigido a la encargada del narcorégimen, Delcy Rodríguez, la entrega de siete fichas importantes del chavismo incluyendo al hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, alias «Nicolasito», según lo reveló el periodista español David Alandete.

De acuerdo con el periódico español ABC, la Casa Blanca exige cooperación en las investigaciones que se siguen contra «Nicolasito», el exvicepresidente detenido por la trama Pdvsa-Cripto, Tareck El Aissami y una lista integrada por: Alex Saab, Raúl Gorrín, Samark López, Walter Gavidia Flores y Pedro Luis Martín Olivares.

De acuerdo con el artículo, EE. UU. considera a Maduro Guerra una persona con amplio conocimiento del entramado de corrupción y tráfico de drogas que supuestamente habría dirigido su padre, Nicolás Maduro Moros.

Lo que EE. UU. estaría pidiendo a Delcy Rodríguez no sería la extradición de “Nicolasito” ni de los otros ocho presuntos involucrados, sino el acceso a documentación que permita indagar en su presunto conocimiento de las redes criminales presuntamente operadas desde el chavismo.

Desde Washington piden acceso a entrevistas, registros financieros y una verificación conjunta, evitando mencionar la palabra extradición, un término prohibido por la Constitución venezolana.

Según Alandete «se contemplan expulsiones administrativas, salidas pactadas, traslados por razones de seguridad, detenciones temporales con entrevistas y entrega de documentación. O, en caso de que los objetivos viajen fuera del país, también su captura, como ocurrió con Saab, detenido en Cabo Verde en 2020».

También, indica que la lista de señalados «no es pública», y además, el acuerdo con las autoridades estadounidenses «se mide en actos verificables, interrogatorios ya realizados, documentación entregada, cuentas rastreadas, sociedades identificadas, activos congelados y, si se llega a esa fase, un traslado».

También, el periodista español indicó, que Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, piezas clave del chavismo y aliados del expresidente Nicolás Maduro, estarían fuera de la lista debido a “un cálculo operativo” de la Casa Blanca. 

Veppex rechaza la mal llamada «Ley de Amnistía y Reconciliación» aprobada por la Asamblea Nacional

Esta semana, la Asamblea Nacional chavista, encabezada por el jerarca del genocida narcorégimen que somete a Venezuela, Jorge Rodríguez, aprobó una supuesta Ley de Amnistía, en la que decía venir trabajando para liberar a los presos políticos e ir a una reconciliación nacional.

No obstante, el panfleto presentado y aprobado por el chavismo no contempla la liberación de absoutamente todos los presos, especialmente los militares disidentes, además de ignorar la gran cantidad de irregularidades que se han presentado en los procesos penales y, por tanto, mantienen cautivos en sus mazmorras a muchos venezolanos.

Ante esto, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) ha emitido un comunicado de rechazo categórico a lo aprobado por la Asamblea chavista, por considerarla no genuina y discriminatoria.

El comunicado en concreto expresa:

«Comunicado oficial de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX).
Miami, Florida – 20 de febrero de 2026

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), fundada en 2008 para dar voz y protección a miles de venezolanos víctimas de la persecución política del régimen chavista y sus herederos, rechaza categóricamente la denominada “Ley de Amnistía y Reconciliación” recientemente aprobada por la Asamblea Nacional.

Esta ley, presentada como un gesto de reconciliación nacional tras décadas de represión, no es completa ni genuina. Lejos de representar un verdadero acto de justicia y reparación para las víctimas del autoritarismo, constituye una medida parcial, selectiva y discriminatoria que deja fuera a uno de los sectores más golpeados por la persecución política: los militares venezolanos perseguidos, presos y exiliados.Durante más de 25 años, el régimen ha utilizado sistemáticamente los delitos de rebelión, conspiración, homicidio y terrorismo como instrumentos para criminalizar falsamente a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que se opusieron a la destrucción de la democracia, al robo de elecciones, a la represión violenta y al saqueo del país.

 Estas acusaciones han sido fabricadas en procesos judiciales sin garantías, con pruebas inexistentes o manipuladas, y han servido para justificar detenciones arbitrarias, torturas, exilios forzados y la separación de familias enteras.La ley aprobada excluye o limita gravemente la amnistía para quienes han sido acusados precisamente de estos delitos —conspiración, homicidio y terrorismo—, que son los cargos más recurrentes y falsos utilizados contra los militares políticos. De esta forma, se perpetúa la injusticia contra un grupo numeroso de presos políticos y exiliados que han pagado con su libertad y su vida el precio de defender la Constitución y el pueblo venezolano.

VEPPEX exige:

Una amnistía plena, irrestricta y sin exclusiones que abarque todos los delitos políticos imputados desde 1999 hasta la fecha, incluyendo expresamente rebelión, traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, homicidio en contexto político y terrorismo de Estado imputado a las víctimas.

La liberación inmediata de todos los presos políticos, civiles y militares, sin condiciones ni distingos.
El retorno seguro de los exiliados políticos con plenas garantías de no persecución.La investigación independiente y sanción de los verdaderos responsables de violaciones masivas a los derechos humanos, incluyendo a quienes han fabricado causas penales contra inocentes.

No aceptaremos medias tintas ni leyes que pretendan blanquear la impunidad de los victimarios mientras mantienen en la sombra a las verdaderas víctimas. La reconciliación nacional solo será posible cuando se haga justicia real, no cuando se perpetúe la discriminación contra quienes más resistieron al régimen.

José Antonio Colina,
PresidenteOrganización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX),
En Dios Confiamos.»

Rick Scott advirtió a la Narcotiranía chavista que rehenes políticos debían ser liberados

Caracas. – El senador republicano Rick Scott, envió este viernes una serie advertencia al narcorégimen chavista, al recordarle en un mensaje que el trato acordado es liberar, sin excepción, a todos los rehenes políticos a más tardar este mismo 20 de febrero.

Así lo aseguró en su cuenta de la red social X, en la cual respondió y felicitó la liberación del dirigente político Juan Pablo Guanipa, quien recibió definitivamente libertad plena, luego que la Narcotiranía aprobara la ley de amnistía.

En el mensaje Scott publicó: “Me alegra saber que [Juan P. Guanipa] está libre, pero no era el único detenido injustamente por el brutal régimen de Maduro. Todos los presos políticos inocentes deben ser liberados sin condiciones, HOY.”

La declaración del senador republicano reafirma las demandas internacionales y de sectores de la oposición venezolana para que la amnistía no se limite a casos puntuales, sino que abarque a todos los presos políticos que aún permanecen tras las rejas.

Rumores difundidos por redes sociales hablan sobre las presuntas negociaciones, presiones y órdenes, que la cúpula dirigida por Delcy Rodríguez estaría recibiendo desde la captura de Nicolás Maduro, para liberar a todos los rehenes políticos en el país.

Algunas de estos datos extraoficiales y no confirmados, hablaban de un lapso de tiempo determinado que se refería incluso al pasado viernes 13 de febrero, día en el cual se esperaba fueran excarceladas las víctimas, tal como lo había prometido Jorge Rodríguez, quien preside el ilegítimo parlamento chavista.

Ahora, Scott parece apuntar que ese lapso vencía este viernes 20, y que podría haber estado secundado por un pacto, en el cual se contemplaba sacar de los centros de torturas a más de 600 ciudadanos ilegalmente privados de libertad.

Magalli Meda denunció que 16 esbirros allanaron e incautaron su vivienda en Caracas

Caracas. – La coordinadora política del partido Vente Venezuela, Magalli Meda, denunció este viernes, que 16 esbirros armados irrumpieron violenta e ilegalmente durante la noche del jueves en su casa en Caracas, donde dejaron colocados carteles con los mensajes “Asegurado” e “Incautado”.

A través de su cuenta en X, Meda aseguró que los hombres llegaron en seis camionetas y entraron a la residencia para “destruir y llevarse o sembrar lo que les dé la gana”. Al parecer, el objetivo era sustraer pertenencias y tomar control del inmueble.

«¿Qué clase de amnistía es esta? ¿Para quiénes y bajo qué condiciones? (…) El mensaje real está claro: aquí no habrá amnistía, ni libertad, ni propiedad, ni prosperidad, ni derecho a enfrentar a los criminales mientras ellos pretendan administrar la ‘ley’ y el ‘perdón'», expuso Meda en su publicación, quien está considerada como la mano derecha de María Corina Machado.

Meda, quien se encuentra en el exilio tras permanecer asilada en la Embajada de Argentina, detalló que el grupo estuvo durante varias horas dentro de la vivienda. La dirigente «opositora» alertó sobre la naturaleza del procedimiento. Aseguró que los hombres entraron con el objetivo de destruir, robar o “sembrar” elementos que justifiquen acciones legales posteriores. Esta práctica es común en operativos contra figuras de la disidencia venezolana que actualmente residen fuera del país por razones de seguridad.

«Esto es lo que le pasará o le volverá a pasar, a todo el que no les obedezca, sean militares, policías, trabajadores, empresarios, políticos, periodistas, curas, o a quien sea… Basta con que seas venezolano para que ellos quieran someterte» advirtió finalmente.

Vicepresidente de Foro Penal advierte que ley de amnistía omite más de 14 años de violaciones de DD. HH.

Caracas. – El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, advirtió este pasado jueves que la recién aprobada ley de amnistía del chavismo, obvia a más de 14 años de violaciones de Derechos Humanos en la historia del país.

A través de su cuenta oficial en X, Himiob ofreció un primer análisis preliminar sobre la normativa, cuya publicación en Gaceta Oficial se espera para este mes de febrero de 2026. En su mensaje explicó que, en teoría, la Ley de Amnistía debería abarcar un período de casi 28 años, comprendido entre enero de 1999 y la fecha de su publicación oficial.

Sin embargo, señaló que más de 14 años de ese lapso quedarían completamente excluidos del beneficio.»De los casi 28 años que debería abarcar la Ley de Amnistía (desde enero de 1999 hasta su publicación en Gaceta Oficial, que asumimos será este mismo mes de febrero de 2026), más de 14 años quedan completamente por fuera», advierte el experto.

Himiob detalló además, que de los otros 13 años que sí estarían incluidos en la ley, únicamente se contemplan meses y momentos muy puntuales. “A vuelo de pájaro (y esto amerita un análisis más detallado), de esos 13 años restantes (156 meses en total) sólo se consideran más o menos 20 meses”, indicó.

En este sentido, el vicepresidente de Foro Penal advirtió que este cálculo preliminar requiere una revisión exhaustiva del texto definitivo de la normativa, una vez sea publicado oficialmente.

Igualmente, Himiob alerta que la ley también excluye de manera expresa determinados delitos y hechos, lo que podría limitar aún más su alcance real.

“Cabe además hacer otras consideraciones sobre los delitos y hechos expresamente excluidos. Cuando disponga del texto definitivo presentaré un análisis más detallado”, agregó.

Prometió, que una vez tenga acceso al texto completo aprobado por la ilegítima AN chavista, hará una análisis más detallado al respecto: «Cuando disponga del texto definitivo presentaré un análisis más detallado», publicó.