Foro Penal señala que 927 venezolanos fueron imputados bajo ley contra el odio y seis siguen apresados

Caracas. – La ONG Foro Penal reveló este miércoles que, tras la aplicación de la «Ley Contra el Odio» en Venezuela, un total de 927 personas han sido imputadas por el delito de «Instigación al Odio» desde que entró en vigencia esa disposición legal y actualmente seis de los acusados de incitación al odio siguen injustamente detenidos.

El director y vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, detalló que, de acuerdo con la base de datos de la organización, actualmente 638 personas continúan sujetas a medidas cautelares sustitutivas de libertad dentro de estos procesos judiciales.

Según indicó Himiob, “la mayoría de las veces” el delito de incitar al odio fue imputado junto con otros como terrorismo y asociación. La Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, impulsada por el genocida dictador Nicolás Maduro como mecanismo de persecución y represión a contra quienes adversan a la Narcotiranía chavista, contemplaba la prisión de 10 a 20 años a quien presuntamente fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia y otro tipo de sanciones.

Ahora, la encargada del narcorégimen chavista luego del 3 de enero, Delcy Rodríguez, pidió esta semana al ilegítimo parlamento de la tiranía, reformar la citada Ley Constitucional Contra el Odio, la cual durante el período de Maduro en el poder, fue promovida justamente en ese momento por la propia Rodríguez, cuando presidía la írrita denominada Asamblea Nacional Constituyente.

Rodríguez planteó la reforma como parte de las medidas para abrir “nuevos espacios de reencuentro entre los venezolanos y promover la tolerancia a la diversidad”.

La propuesta supuestamente busca, de acuerdo con el planteamiento de la encargada del narcorégimen, corregir las supuestas desviaciones que se hayan producido en la aplicación de la legislación desde su entrada en vigencia.

Desde su promulgación, esta ley ha sido señalada por organizaciones y por la oposición como parte del marco legal represivo aplicado contra periodistas, defensores de derechos humanos y personas críticas al oficialismo.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) también exigió este miércoles en la red social X que sean “revisados y cerrados” los “procesos abiertos por la ley contra el odio” que, aseguró, “solo han servido para criminalizar la expresión”.

Migrante venezolano herido por el ICE fue acusado de presunta agresión

Caracas. – El migrante venezolano herido por agentes del ICE en EE. UU., Wilber Rafael Garcés Pérez, fue acusado este pasado martes por fiscales federales de Texas, EE. UU., por cargos de presunta agresión.

Cabe señalar que Garcés recibió un disparo en la espalda la semana pasada, cuando fue interceptado por funcionarios del citado organismo, al momento en el que hacía una entrega de su empleo como repartidor de comida.

La denuncia federal alega que Garcés, de 28 años, intentó escapar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, cuyos agentes le ordenaron detenerse después de que un juez emitiera una orden definitiva de expulsión, según Justin R. Simmons, fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas.

Según la acusación, el joven venezolano habría golpeado a un agente con el espejo retrovisor de su vehículo y luego habría intentado atropellar a otro con su automóvil. De ser declarado culpable, enfrenta una posible pena de hasta 20 años de prisión. Según el Departamento de Justicia, el venezolano tuvo su primera comparecencia este martes.

Según los informes, Garcés mostró su licencia de conducir, pero ignoró las peticiones de los agentes para que saliera del auto. Presuntamente, mantuvo una conversación en español con uno de los agentes federales sobre cómo mover y estacionar el vehículo, y los documentos judiciales indican que “el tono de la conversación fue agradable y no agresivo”.

Los mismos documentos judiciales también alegan que, aproximadamente un minuto después, el joven cerró la ventanilla bruscamente y se marchó. En el proceso, uno de los agentes fue golpeado en el torso con el espejo retrovisor del lado del conductor.

El corresponsal de Fox News, Bill Melugin, señaló que, según los documentos, tras huir del lugar, inició una persecución de aproximadamente ocho minutos en la que ICE lo persiguió usando luces y sirenas. El agente original de ICE con la cámara corporal perdió el rastro y se retiró, mencionó Melugin. Su compañero, el otro agente, lo llamó y le dijo que Garcés acababa de intentar embestirlo, por lo que le disparó. Según su versión, no tenía cámara corporal durante el tiroteo.

El periodista agregó que, de acuerdo a los federales, el venezolano accedió a ser entrevistado sin un abogado después del tiroteo y admitió haber ignorado la orden de ICE de salir del vehículo y conducir lejos en su lugar.

La Fiscalía matizó que este caso se enmarca en la operación del Gobierno para «movilizar todos los recursos del Departamento de Justicia para frenar la invasión de la migración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos».

Delcy recula con Ley contra el Odio y admite que supuestamente «fue mal aplicada»

Caracas. – En un sorpresivo rechazo hacia uno de los mecanismos de represión más empleados por la Narcotiranía, la encargada del narcorégimen interino, Delcy Rodríguez, confesó este martes que la llamada Ley contra el Odio, supuestamente “fue mal aplicada” y “se hizo un uso abusivo” de la misma.

Durante un acto político escenificado en el estado Portuguesa, Rodríguez confesó “lamentablemente fue mal aplicada y se hizo un uso abusivo de esa ley”. Por ello, informó que envió una propuesta a la írrita AN chavista para reformar dicha ley, una de las más empleadas para encarcelar injustamente, sin evidencias ni pruebas, a quienes simplemente se expresaran en contra de la Narcotiranía chavista entonces dirigida por Nicolás Maduro, ahora preso en EE. UU.

“Hoy —martes 29— hemos mandado a la Asamblea Nacional una propuesta para reformar la Ley contra el Odio por la Convivencia Democrática y por la Tolerancia. Lamentablemente fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley. Pero yo creo en los principios de esa ley. El principio de la tolerancia, el principio del amor en el relacionamiento, que no se imponga el odio”, dijo, en declaraciones que fueron calificadas de sorprendentes por internautas, periodistas y analistas en redes sociales.

La presunta Ley Contra el Odio fue muy criticada por la oposición dentro y fuera del país, al señalarla como parte de un «marco legal represivo» y usada, según organizaciones no gubernamentales, para perseguir a periodistas y violar la libertad de expresión de ciudadanos en general.

La ley fue aprobada en noviembre de 2017 por la ilegal chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento —aún legal— mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país suramericano.

Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa de Maduro para acabar con los supuestos mensajes de «odio» que, según el chavismo, desataron la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año. Cabe recordar, que Rodríguez presidía justamente en 2017 esa ilegítima instancia nombrada por la Narcotiranía, por lo cual es directamente culpable de todos los demanes causados por la misma.

Finalmente, volvió nuevamente a vender la idea de reconciliación, un ardid empleado tanto por ella como por su hermano, Jorge Rodríguez, para intentar que la población supuestamente «olvide» los desmanes y crímenes cometidos por el narcochavismo, en pro de sumarse a una hipotética reconciliación nacional.

“Yo llamo al pueblo venezolano a sustituir el odio por el amor, la intolerancia por la convivencia (…) Pido la colaboración de las comunas para la convivencia democrática y la paz», dijo.

Marco Rubio asegura que trabajan con la ilegítima AN2015 por elecciones en Venezuela

Caracas. – El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, aseguró este martes que trabajan junto a los integrantes de la ilegítima Asamblea Nacional (AN) de 2015 para generar las condiciones necesarias que permitan celebrar un proceso electoral en Venezuela lo más pronto posible.

En entrevista con el canal Fox News, el funcionario estadounidense dijo que unas elecciones libres y justas son necesarias en Venezuela. Pero no mencionó una posible fecha. “Estamos trabajando arduamente con la Asamblea Nacional de 2015 para establecer las condiciones necesarias para celebrar elecciones libres y justas lo antes posible”, indicó el funcionario durante la transmisión.

Rubio reiteró que Washington hace todo lo posible para estabilizar la economía venezolana, y avanzar hacia un proceso comicial con el cual “Venezuela estará en el ascenso que se merece”. También relacionó la recuperación económica con la transición democrática. Afirmó que ambas son asuntos en los que trabaja su gobierno.

“En Venezuela dos cosas están sucediendo. Una, su economía necesita continuar recuperándose porque la gente de Venezuela ha sufrido tanto. Entiendan, estamos hablando de 25 o 30 años de corrupción y desgaste. Pero la otra cosa que tiene que suceder y que estamos enfocados es en la transición democrática”, añadió.

Igualmente, el alto funcionario de la administración Trump habló sobre la transición. “La otra cosa que tiene que suceder y que estamos realmente enfocados en es la transición democrática. Necesitan tener elecciones libres y justas en ese país… Y luego Venezuela realmente estará en la mejora que merece estar”.

Mientras, la representante de la ya caducada AN 2015 y en las conversaciones con el narcorégimen chavista, Dinorah Figuera, agradeció el compromiso del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, para alcanzar elecciones en Venezuela.

“Hemos asumido el compromiso y la responsabilidad de llevar al país a una democracia plena, donde prevalezca la paz y el progreso en un esfuerzo conjunto. Sin dudas, vamos en camino a unas elecciones justas y transparentes”, describió Figuera en su cuenta de la red de X.

Revelan red de alianzas internacionales construida por Delcy Rodríguez con dinero venezolano

Caracas. – La estructura política que Delcy Rodríguez, actualmente encargada del narcochavismo interino, diseñó desde el rol que jugó en la Narcotiranía durante el período de Nicolás Maduro, no se limitó a labores de propaganda, sino al establecimiento de alianzas institucionales en el exterior financiadas con fondos públicos del «Estado», para legitimarse internacionalmente.

Así lo revela un documental difundido por la Fundación Disenso, un centro de pensamiento originario de España, que ha abordado el tema de la corrupción en su país, enfocándolo desde el punto de vista de las conexiones con el chavismo, específicamente con Rodríguez.

En un video, la fundación no solo hace un recuento de la vida política de la principal vocera del interinato, sino que descubre cómo, además de esculpir su imagen dentro del narcorégimen y ayudar en la distribución de propaganda política, también, de manera secreta, diseñó toda una estructura de alianzas internacionales, comprada con recursos pertenecientes a los venezolanos, para sostenerse y sobrevivir fuera del país.

«Recorrió el mundo defendiendo al régimen en organismos multilaterales, mientras Venezuela entraba en una de las peores crisis humanitarias de la historia contemporánea del continente. Durante esos años negó la existencia de presos políticos, negó la crisis migratoria, negó el colapso sanitario, negó el amor y acusó constantemente a gobiernos democráticos de participar en conspiraciones internacionales contra Venezuela», indica el material de Fundación Disenso.

A esto, añade: «Utilizando recursos del Estado venezolano, el chavismo financió durante años operadores políticos, consultores, empresas y redes de influencia en Iberoamérica y Europa. Parte de esta estructura internacional, sigue vigente hoy para legitimar a Delcy Rodríguez y normalizar al chavismo como un actor político. Mientras que en Venezuela Rodríguez no sólo ha ayudado a consolidar la oligarquía chavista, también ha ejercido fuertes chantajes sobre todo al empresariado para obligarlos a acatar las órdenes del régimen».

Lo expuesto en el audiovisual está documentado en investigaciones realizadas tanto por la ONG Transparencia Venezuela, como por importantes agencias de investigación de EE. UU.

En el caso de la ONG venezolana, las evidencias revelan que Rodríguez consolidó un amplio control en los sectores comercial, energético y diplomático de la nación. De acuerdo con la organización, este entramado le permitió tejer redes estratégicas con aliados internacionales —como Rusia y China— gestionando recursos públicos bajo una política institucional caracterizada por la opacidad y el secreto de Estado.

Mientras, organismos estadounidenses, principalmente la DEA, han expuesto que Delcy ha estado bajo escrutinio internacional debido a presuntos vínculos con tramas de lavado de dinero, adjudicación de contratos corruptos a empresarios aliados y el uso de redes financieras externas.

En este sentido, el documento expone «uno de los episodios más escandalosos de su trayectoria internacional ocurrió en enero del 2020, durante el llamado Delcy Gate. A pesar de tener prohibida la entrada a territorio europeo por las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE), Delcy Rodríguez aterrizó en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. La visita fue inicialmente ocultada y minimizada por el gobierno de Pedro Sánchez, pero pronto comenzaron a llegar las autoridades con las contradicciones».

Asimismo, el material denuncia que «bajo su gestión económica, permitió el crecimiento de oligarquías chavistas y el nacimiento de una nueva élite corrupta vinculada a la expoliación del país. En ese sentido, Delcy no puede dar confianza a los inversionistas, porque fue en gran parte la arquitecta del nuevo estado de corrupción sostenido en oligarquías y saqueo del Estado».

Sin embargo, Fundación Disenso denuncia que la encargada del chavismo interino «continúa intentando vender una imagen internacional de estabilidad y normalidad democrática. Hoy, el chavismo intenta reinventarla. Las actuaciones recientes de Delcy Rodríguez demuestran que no existe en ella ninguna intención de garantizar confianza para inversionistas extranjeros ni de facilitar una transición democrática en Venezuela».

Congresista Carlos Giménez exige capturar y extraditar a Diosdado Cabello de inmediato

Caracas. – El representante republicano estadounidense, Carlos Giménez, hizo referencia nuevamente al narco al mando del Cartel de los Soles, Diosdado Cabello, exigiendo su captura y extradición, para que enfrente a la justicia en EE. UU.

Cabe señalar que el congresista lleva ya varios días haciendo referencia a la situación de Cabello a través de sus redes sociales. El pasado sábado se pronunció a través de su cuenta de X sobre el narco chavista, con la siguiente publicación:

“¿Y Diosdado pa’ cuándo? Este criminal asqueroso debe enfrentar la justicia por sus innumerables crímenes de lesa humanidad”. El diplomático también cargó contra Delcy Rodríguez: «¿la sabandija Delcy lo entregará como a Maduro?».

En lo que parece ser una campaña para acelerar su aprehensión, el domingo Giménez volvió a pedir la captura de Cabello, calificándolo de «matón»:

Ahora, este pasado lunes, el congresista advierte, una vez más, que las pruebas en contra del líder chavista, por cuya captura ofrecen una recompensa de 25.000.000 de dólares, se acumulan y acrecientan cada vez más. Publicó nuevamente en X:

El representante republicano es uno de los más convencidos, dentro de la administración Trump, que Cabello no puede formar parte ni siquiera de un gobierno interino, menos de una transición, y que a causa de los graves delitos, debe ser encarcelado de inmediato.

Bases Fundamentales para la Reconstrucción de Venezuela: Estado neutro, seguridad jurídica y devolución republicana en el Proyecto 5R

Por Hildemaro Ferrar.

Introducción: el Imperativo de la seguridad jurídica y el imperio de la Ley

Venezuela no podrá alcanzar sus metas de producción en sectores estratégicos, petróleo, energía, gas natural, petroquímica, siderúrgica, aluminio, hierro, bauxita, carbón, minerales estratégicos y tierras raras, si no abandona definitivamente el modelo estatista y centralista. El desarrollo integral de estas industrias exige la gestión de empresas privadas, respaldada por la garantía inquebrantable de los derechos de propiedad, la seguridad jurídica y la vigencia de un verdadero Estado de derecho.

La justicia debe constituirse en el eje de equilibrio y pulcritud de la nación. Para ello, es indispensable la imparcialidad, la autonomía, la separación y la absoluta independencia del Poder Judicial respecto a las presiones del poder político. Asimismo, la nación requiere con urgencia una infraestructura financiera apta para procesar y financiar grandes inversiones, respaldada por una red funcional de servicios públicos: capacidad eléctrica robusta, puertos, aeropuertos, vías férreas, tránsito terrestre y conectividad digital de alta velocidad.

I. Ética pública: inhabilidad por nepotismo y cadena perpetua a la corrupción

Bajo la supremacía de la ley, ningún ciudadano ostentará privilegios ni fueros especiales. La ética republicana se blindará mediante la tipificación del nepotismo como delito federal, sancionado con penas de cinco a siete años de prisión y la descalificación definitiva para el ejercicio de cualquier función pública.

Por su parte, los actos de corrupción administrativa serán penalizados con la máxima sanción: una cadena perpetua equivalente a treinta (30) años de prisión. El respeto absoluto a los contratos privados y la plena seguridad jurídica aplicarán por igual a empresas nacionales y extranjeras.

II. Disciplina fiscal y sanciones a los poderes públicos

En el orden económico, el Poder Ejecutivo estará constitucionalmente impedido de gastar más allá del presupuesto anual aprobado. La responsabilidad del equilibrio presupuestario será compartida entre el Presidente de la República y las comisiones de Economía, Administración y Finanzas del Congreso Nacional.

Cualquier infracción o desacato a esta norma acarreará la inhabilitación política permanente: el Presidente incurrente no podrá postularse a una reelección, y los legisladores responsables no podrán aspirar jamás a un escaño en el Poder Legislativo.

III. Sistema político de tres tarjetas y proscripción de ideologías totalitarias y mercantilistas

El sistema electoral se estructurará mediante candidaturas uninominales y sin suplentes para los cargos del Ejecutivo y Legislativo. Los aspirantes se presentarán exclusivamente bajo las tres únicas tarjetas o boletas electorales permitidas en la República:

  • Tarjeta de Izquierda Democrática: agrupará tendencias como la socialdemocracia, el socialcristianismo y el liberalismo de izquierda. Proscribirá taxativamente el comunismo, el fascismo, el nazismo, el colectivismo, el autocratismo, el ambientalismo radical, el indigenismo ideologizado y las agendas de diversidad de género.
  • Tarjeta de Derecha (fusionista): unificará doctrinariamente el liberalismo clásico, el conservadurismo político y el nacionalismo republicano. Proscribirá de sus filas el mercantilismo y el anarquismo.
  • Tarjeta de Centro (independiente): actuará de manera autónoma frente a ambas vertientes, nutriéndose de cuadros procedentes de las academias, gremios empresariales, profesionales y técnicos, y  organizaciones sindicales, entre otros. 

IV. La arquitectura institucional: estado neutro, limitado y descentralizado

El Proyecto 5R reconfigura la arquitectura del Estado republicano bajo una estructura neutra, estrictamente limitada a sus funciones esenciales de Seguridad, Justicia y Obras Públicas:

  • Tres Poderes Públicos Básicos: ejecutivo (limitado a su rol de magistratura administrativa y de servicio), Legislativo (Bicameral real: Cámara de Diputados y Senado Árbitro) y Judicial (garante de la propiedad y los contratos).
  • Tres Parapoderes de Control: órganos autónomos de fiscalización, certificación y arbitraje constitucional que previenen la concentración de la autoridad.
  • Tres Instituciones Públicas Esenciales: (Procuraduría, Dirección de Estadísticas Financieras y Caja de Conversión, y el Seniat): unidades enfocadas únicamente en la tutela de la seguridad nacional, la administración de las finanzas, justicia y el mantenimiento de la infraestructura estratégica.

V. Ordenamiento Territorial: las 9 regiones provinciales

Para erradicar el centralismo de Caracas y restaurar el espíritu de la Capitanía General de 1777 y la Constitución de 1811, la República se reorganizará en nueve (9) Regiones integradas cada una por dos o más Provincias.

  • Se eliminará el situado constitucional para dar paso a una autonomía e independencia tributaria real, donde las Provincias competirán éticamente entre sí para atraer talento, capital e inversión mediante marcos regulatorios atractivos y baja presión fiscal.
  • Se implementa la figura de las Cortes Electorales parroquiales en reemplazo del asfixiante e in escrupuloso CNE, para darle el poder al ciudadano residente de las parroquias urbanas y rurales, dada que ellas son a la sociedad donde están los individuo, dado que se conocen sus propios habitantes, y por tanto tienen el conocimiento cercano de sus conocimientos, aptitudes, actitudes, destrezas, habilidades, amor y querencia por sus terruños y de  ejercicios públicos y privados, entre otros, facilitando ellas ejercicio del voto  manual y no repetitivo de personas inescropulosas  y ventajistas. 

VI. Sistema Fiscal, Monetario y Fortalecimiento Republicano

El sistema económico reposará sobre dos pilares innegociables:

  • Régimen Fiscal (Flat Tax y Cero Déficit): establecimiento de un impuesto único, plano, bajo, transparente y la prohibición constitucional del endeudamiento público para financiar gasto corriente.
  • Soberanía Monetaria: un sistema monetario sano encabezado por el Peso Venezolano (PV), respaldado en reservas tangibles de oro a través de una Caja de Conversión o sistema de doble llave, erradicando la inflación como crimen monetario y expropiación silenciosa.
  • El impuesto será único, uniforme y universal se establecerá como impuesto a la venta final de productos, bienes y servicios y alcanzara el 7% el cual se fraccionara en 2% para cada uno de las tres instancias de gobierno: Federal, provincial y municipal, el 1% restante se enviara al fondo privado de los venezolanos; el impuesto sobre la renta será de 21% y solo lo pagaran las empresas privadas.
  • En cuanto a todas las empresas privadas que exploten, extraigan, produzcan y comercialicen, petroleo, energía, gas, minerales, tierras raras pagaran una regalía del 7% el cual se enviara también al Fondo privado de los venezolanos. Este se creará como un Fondo de inversiones privados parecidos al modelo noruego para garantizar la pulcritud del manejo del ahorro de todos los venezolanos, sin intervención política.

Muere tras las rejas exdirectora penitenciaria bajo custodia del narcoestado chavista

Caracas. – Por no recibir atención médica oportuna, este pasado domingo falleció la rehén política Eleiner Sánchez, quien era exdirectora del Centro Penitenciario para Procesados 26 de Julio, en San Juan de los Morros, estado Guárico, mientras permanecía bajo custodia del narcoestado chavista.

La mujer, de 55 años, pereció tras sufrir una obstrucción intestinal mientras se encontraba detenida en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, ubicado en Los Teques, estado Miranda.

Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Sánchez presentaba problemas de salud desde hacía varios días y había solicitado reiteradamente ser trasladada a un centro asistencial. Sus peticiones fueron ignoradas hasta que su estado se volvió crítico; solo entonces fue llevada al Hospital Victorino Santaella Ruiz de Los Teques, estado Miranda, donde requería una cirugía de emergencia.

Sánchez murió el domingo 27 de septiembre y permanecía privada de libertad desde diciembre de 2024, cuando fue detenida tras la intervención del centro penitenciario que dirigía. Sánchez fue funcionaria del Ministerio del Servicio Penitenciario. Su hijo, Eliezér Sáez, denunció en múltiples oportunidades que ella poseía evidencias sobre presuntas tramas de corrupción interna. Por esas circunstancias, fue detenida y no se le respetaron sus derechos.

En una carta, Sánchez señalaba que, al avanzar los días en la dirección de la cárcel, «me di cuenta de muchas cosas que estaban ocurriendo en el penal y ya venían transcurriendo mucho antes de que yo iniciara en el cargo”.

La versión oficial señala que Sánchez fue detenida entre el 6 y el 8 de diciembre de 2024, cuando era directora de la cárcel de San Juan de los Morros, durante la Operación Gran Cacique Guaicaipuro. El entonces fiscal general, Tarek William Saab, anunció que mantenía una relación sentimental con el recluso Wilfredo Sánchez, alias “Dinamita”, señalado como “pran” (cabecilla) del grupo delictivo Tren del Llano.

Tras su detención, Sánchez permaneció recluida en distintos centros de detención. Su caso avanzó hasta la etapa de juicio, aunque, según reportes periodísticos, durante meses no se registraron nuevas actuaciones judiciales.

La familia de Sánchez rechazó las acusaciones formuladas en su contra y cuestionó las condiciones en las que se desarrolló su proceso. Sus allegados también denunciaron presuntas irregularidades relacionadas con su detención y permanencia bajo custodia. El fallecimiento ocurrió mientras Sánchez esperaba que continuara el proceso judicial en su contra.

En Caracas marcharon para exigir liberación de rehenes políticos y el retorno de María Corina

Caracas. – Familiares de rehenes políticos se movilizaron este lunes en el centro de Caracas, acompañados principalmente por miembros de la Coalición Sindical, para reclamar la liberación de quienes están secuestrados por razones políticas, pero también para exigir mejoras salariales, la fijación de un cronograma electoral, y el regreso de la dirigente política María Corina Machado.

La marcha arrancó desde Plaza Venezuela, avanzó por la avenida Libertador con destino al municipio Chacao. Un despliegue de funcionarios policiales y la instalación de barricadas a la altura de la sede de Petróleos de Venezuela (PDVSA), en La Campiña, impidieron el paso hacia otras zonas de la ciudad.

El bloqueo policial obligó a la marcha a modificar su recorrido. La multitud de personas llegó a la sede del legítimo Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, donde permanecieron para exigir respuestas sobre la situación de los detenidos.

Una comisión de familiares ingresó al citado organismo, mientras que el resto de los manifestantes permaneció en las inmediaciones de la institución. Entre las exigencias estuvo el esclarecimiento de la muerte de la presa política Eleiner Sánchez y la atención a las denuncias relacionadas con las condiciones de reclusión y el estado de salud de otros detenidos.

Madres, esposas y defensores de derechos humanos también denunciaron la demora en los procedimientos judiciales y reclamaron que los tribunales atiendan los casos de los presos políticos y evalúen medidas sustitutivas de libertad.

Durante la jornada también se registró una concentración de madres, esposas y defensores de derechos humanos en Plaza Venezuela, quienes denunciaron las condiciones de reclusión, el deterioro de la salud de varios detenidos y la dilación de los procesos judiciales. Exigieron la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos y la aplicación de medidas sustitutivas de libertad.

Dirigentes de la Coalición Sindical, como Carlos Salazar, señalaron que las demandas incluyen salarios y pensiones dignos (congelados desde hace años y sustituidos en gran medida por bonos), el pago de aguinaldos justos, el restablecimiento de servicios básicos y el cese de lo que consideran un veto al retorno de Machado.

Salazar anunció una nueva concentración para la próxima semana con el objetivo de llegar hasta el Palacio de Miraflores. La movilización forma parte de un ciclo de protestas laborales y políticas que se ha intensificado en septiembre, en un contexto de transición tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 y bajo el régimen de Delcy Rodríguez.

Trabajadores tomaron las calles en Bolívar, Zulia y Lara para reclamar salarios dignos

Caracas. – Trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y de otras empresas básicas de Guayana (Bolívar), pero también en los estados Zulia y Lara, protagonizaron este lunes trancas y protestas masivas, en una jornada nacional de movilizaciones impulsada por diversos sectores sindicales y sociales, para exigir tanto mejoras salariales como la definición de una ruta electoral para convocar elecciones.

Durante la protesta en Bolívar, los empleados obstaculizaron puntos clave de Ciudad Guayana por más de cuatro horas, afectando accesos como el portón I y IV de Sidor, el distribuidor de Alcasa, el peaje de Upata y las inmediaciones de CVG Carbonorca. Reclamaron la restitución de beneficios laborales y cuestionan las condiciones derivadas de la aplicación del Memorando-Circular 2792.

El documento, emitido por el Ministerio del Trabajo el 11 de octubre de 2018, estableció lineamientos para las negociaciones colectivas y creó una Comisión de Control y Seguimiento de las Convenciones Colectivas. Entre sus disposiciones se estableció que el salario mínimo sería el punto de partida de los tabuladores salariales, mientras que beneficios previamente acordados podían ser sometidos a revisión.

Organizaciones sindicales y trabajadores han cuestionado desde entonces los efectos de esas disposiciones sobre las convenciones colectivas y los beneficios laborales. En Guayana, los reclamos han incluido la defensa de las contrataciones colectivas y la recuperación de beneficios que los trabajadores consideran afectados.

A la protesta de Bolívar se sumaron movilizaciones en otras regiones. En el estado Zulia, trabajadores marcharon este lunes para exigir reivindicaciones salariales y mejoras en sus condiciones laborales. Jesús León, representante de la Unidad Laboral del Zulia, afirmó que los trabajadores mantendrán las acciones de protesta para exigir respuestas a sus demandas.

La marcha partió desde el Rectorado Nuevo de LUZ con dirección a la cabecera del Puente General Rafael Urdaneta. Los manifestantes utilizaron la consigna “salario digno ya” para exigir mejoras en sus ingresos y condiciones laborales.

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) obstaculizaron el avance de la movilización en la Circunvalación 1, a la altura del municipio San Francisco. También, en Lara hubo movilización este lunes, pero desde días recientes los trabajadores han estado protestando en esa entidad.

El pasado 24 de septiembre, trabajadores de distintos sectores se concentraron frente a la Inspectoría del Trabajo en Barquisimeto para reclamar mejoras salariales y respeto a los derechos laborales. Pero este lunes, la concentración fue en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) en Barquisimeto, donde representantes de docentes, administrativos y obreros alzaron su voz.

Exigieron un aumento salarial inmediato, argumentando que los ingresos actuales no cubren la canasta básica y que los salarios llevan años sin ajustes reales. Asimismo, denunciaron la precariedad de la seguridad social y la falta de pólizas de salud efectivas.