Un nuevo reporte que enumera la respuesta de los estados en referencia a la pandemia ha revelado que los estados liderados por republicanos se encuentran entre los que tuvieron un mejor desempeño, mientras que los demócratas se ubican al final de la lista.

El Comité para Desatar la Prosperidad (CUP por sus siglas en inglés) ha publicano un análisis de cómo, hasta la fecha, los estados de la nación norteamericana han manejado la crisis de la pandemia.

Este estudio se enfoca en tres áreas principales para concluir el buen o mal desempeño que han tenido las localidades: economía, educación, y mortalidad por el virus. Las interrogantes que busca contestar en estas áreas son: “¿Cómo hicieron los estados para equilibrar la salud de sus ciudadanos, permitiendo que sus economías permanecieran operacionales y manteniendo la pérdida de trabajos bajas, y manteniendo sus escuelas abiertas para que los niños no sufrieran de contratiempos educativos a largo plazo?”

A las tres secciones tomadas en consideración se les dio la mista importancia a efectos de la investigación. Los estados que sacaron una F, es decir, que tuvieron rendimiento paupérrimo fueron Nueva Jersey, Nueva York, California, Illinois y la Capital del país, Washington D. C; mientras que los mejores resultados fueron conseguidos por Utah, Nebraska, Vermont, Montana y Florida.

Sólo 18 estados recibieron una calificación de A o B, de los cuales 16 son gobernados por republicanos. Ningún estado demócrata forma parte de los primeros 5.

De acuerdo a la investigación, las áreas donde más fallaron fueron en el mantenimiento de una economía abierta y en la continuidad de una educación presencial.

El reporte completo puede conseguirse en la página oficial de la organización.

El Senado de los Estados Unidos aprobó la propuesta del Senador republicano, Rand Paul, para eliminar el uso obligatorio de mascarillas en transporte público y aviones.

La iniciativa contó con el apoyo de 57 parlamentarios y con el rechazo de otros 40. Ahora debe ser discutida en la Cámara baja del Congreso para que luego sea pasada a la Casa Blanca en donde debe ser firmado por el presidente de los Estados Unidos.

La medida fue altamente celebrada por los conservadores de la nación norteamericana que desde hace meses han estado impulsado proyectos que le garanticen a los ciudadanos la vuelta a la normalidad antes del inicio de la pandemia.

El Senador republicano por el estado e Texas, Ted Cruz, introdujo una enmienda este jueves para evitar que las escuelas y los centros de cuidados infantiles que exijan a los niños vacunación contra el COVID-19 reciban fondos federales.

Esta modificación se haría al presupuesto de $1,6 billones que continúa el financiamiento de las instituciones educativas a través del gobierno hasta el 11 de marzo del año en curso.

La información la dio a conocer el propio Senador a través de un comunicado en donde expresaba: “Ya es suficiente. Es tiempo de detener a los tiranozuelos que están imponiendo vacunas contra el COVID-19 a lo largo del país.”

Cruz enfatizó que este tipo de discriminación no puede existir en lugares públicos, “A ningún niño se le debería negar la educación por sus decisiones médicas personales. Las escuelas no deberían recibir dinero de los contribuyentes para pisotear nuestras libertades constitucionales. Es tiempo que todos fijemos una posición ¿Estás con los padres y los niños o con los políticos enfermos de poder?”

Esta enmienda incluiría también a las instituciones privadas o mixtas que caigan en las mismas prácticas y reciban fondos federales.

La iniciativa ya ha encontrado apoyo en algunos legisladores del mismo partido que Cruz y se han comprometido a impulsarla en la Cámara alta del Congreso.

Las medidas implementadas por el gobierno de Estados Unidos en las cuales se buscaba imposición la vacunación obligatoria siguen sufriendo reveses.

La Corte Suprema de los Estados Unidos ya había bloqueado recientemente el requerimiento a las grandes compañías de solicitar vacunación a sus empleados o realizar exámenes de COVID-19 semanales. El pasado viernes, la administración sufrió otra derrota judicial.

El juez federal, Jeffrey Brown, bloqueó en esta oportunidad la vacunación obligatoria contra los empleados públicos afirmando que el presidente carece de autoridad para “ordenar que todos los trabajadores federales aceptaran vacunarse contra el COVID-19 o perder sus empleos”.

Entre otras cosas, Brown argumenta que este caso se refiere a que el presidente no puede, sin el apoyo del Congreso, obligar a los millones de empleados públicos a someterse a procedimientos médicos de ningún tipo, y aclaró que esta medida no atiende a un llamado a no vacunarse.