La deuda pública alcanzó oficialmente el techo legal dispuesto en los 31,4 billones de dólares, y deberá producirse una actualización para poder enfrentar las necesidades financieras pendientes. Se desata una tensa fricción entre el Gobierno demócrata y la oposición republicana.
El Gobierno del presidente Joe Biden hizo uso de todo el endeudamiento posible para lo cual fue facultado por el Congreso, y de esta manera se alcanzó el techo fijado en los US$ 31,4 billones en enero de 2023. Esto pone en jaque la sostenibilidad de las finanzas públicas (que mantienen un déficit superior al que había antes de la pandemia), y a la cancelación de obligaciones financieras de corto plazo.
Si no se encuentra una solución para aprobar un aumento del techo nominal de la deuda y reorganizar el Presupuesto anual, Estados Unidos podría atravesar una crisis fiscal con dramáticas consecuencias sobre la inflación, las tasas de interés, los bonos y las funciones básicas del Gobierno.
El Gobierno puede hacer uso de maniobras contables para extender, en los hechos, el eventual cierre de sus actividades por unos cuantos meses hacia adelante. La secretaria del Tesoro Janet Yellen ya anunció “medidas extraordinarias” precisamente en esta dirección, pero en este período se deberán entablar las negociaciones correspondientes entre oficialismo y oposición.
El presidente Biden exige una rápida actualización del techo de deuda, pero se niega a negociar con la oposición republicana en el Congreso de Representantes y el Senado. El portavoz Kevin McCarthy ofreció un diálogo constructivo con el Gobierno, y demanda la reducción del gasto público y el déficit fiscal a cambio de permitir el aval para la actualización del techo de la deuda.
En la misma línea, el representante de la bancada de senadores republicanos Mitch McConnell anunció que Estados Unidos jamás dejará de pagar su deuda, pero exige una rápida negociación con el presidente Biden para bajar el gasto público y moderar la postura radical del oficialismo (que hasta ahora fue reticente a cualquier cambio).
La administración Biden permanece en inacción, y desatendió todas y cada una de las llamadas a negociar por parte de la oposición. La falta de decisiones claras amenazan con producir consecuencias severas sobre la economía estadounidense.
Los mercados muestran preocupación ante la división casi irreconciliable entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Históricamente estos escenarios políticos condujeron a importantes incrementos del déficit fiscal por la falta de acuerdos para bajar el gasto público, o para subir y/o bajar impuestos, algo que por ejemplo ocurrió en los períodos 2001-2003, 1981-1985, 2007-2011 y 2015-2020.
En segundo término, cabe resaltar que la no determinación de la financiación de necesidades del Gobierno podría conducir a tres efectos negativos: el aumento negativo de la calificación crediticia del país (por ejemplo la de Standard & Poor’s), el aumento del costo de endeudamiento vía escalada de tasas y virtual cierre del Gobierno, desatendiendo funciones básicas como la defensa y la seguridad.
El efecto sobre el costo del endeudamiento es especialmente recesivo. Afectaría tanto la capacidad de las familias para adquirir hipotecas o financiar su consumo en cuotas, como para las empresas a la hora de suscribir créditos y emprender inversiones.
