Bruselas pide una UE «de defensa» para reducir su dependencia de EE. UU. y para «fortalecer la OTAN»

El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, ha hecho un llamamiento para la creación de una «Unión Europea (UE) de defensa» para reducir la dependencia de los Veintisiete del paraguas de seguridad que ofrece EE. UU. y a su vez para «fortalecer la OTAN», alegando que el hecho de que Bruselas sea «más responsable» con su defensa «no significa prescindir» de la alianza.

Así lo ha asegurado el comisario lituano este martes en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) en el marco de un debate sobre la construcción de una defensa europea más fuerte, en el que también ha defendido que la inversión en defensa mejorará la competitividad de la UE si se hace «de manera apropiada».

Kubilius ha iniciado su intervención recordando la inquietud que sienten una mayoría de ciudadanos europeos con el actual entorno internacional, y el deseo que tienen de que Europa «se más fuerte» en un contexto en el que Rusia mantiene su ofensiva contra Ucrania, y EE. UU. ya ha avisado a sus socios europeos que deben ser más responsables de su propia seguridad.

En este punto, ha indicado que «la responsabilidad europea no significa prescindir de la OTAN», ya que es «la base» de la defensa colectiva europea, y es «esencial» para garantizar la seguridad transatlántica. En su opinión, que la UE se haga más responsable de su defensa «significa fortalecer la OTAN reforzando la postura europea dentro» de la alianza.

«La responsabilidad europea en materia de defensa exige un marco institucional para nuestra cooperación, una UE de defensa», ha reivindicado el comisario, después de instar a los Estados miembro a sustituir los recursos estratégicos estadounidenses como datos de inteligencia espacial o reabastecimiento en vuelo «con sus propios recursos europeos».

«Esta debe ser nuestra prioridad estratégica. Y debemos estar preparados para sustituir otros recursos de defensa convencionales proporcionados por nuestros socios transatlánticos en el continente europeo», ha proseguido Kubilius durante el debate en la Eurocámara de este martes.

Con todo, ha precisado que para construir una defensa europea es necesario «aumentar la producción de defensa» con la «mayor urgencia» y «energía» posible, llevando a la industria europea a «estar a la altura de este desafío histórico» ampliando sus líneas de producción, y «producir, producir, producir».

Y aunque ha admitido que «a veces parece» que la industria de la UE «no está aún preparada para hacer frente al inminente aumento de la demanda», apoya «firmemente» el llamamiento del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a la industria para que «aumenten su potencial» y «su capacidad de producción».

Un tribunal de EE. UU. permite revocar las protecciones a 60.000 migrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua

Un tribunal federal de apelaciones de EE. UU. ha autorizado este lunes a la Administración de Donald Trump a proceder con la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) que amparaba hasta ahora a más de 60.000 migrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua de una posible deportación, unas protecciones que el Ejecutivo estadounidense ha buscado retirar a nacionales de múltiples países, incluidos Venezuela y Haití.

Un panel de tres jueces del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California), ha suspendido la orden de un tribunal inferior que anulaba la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de cancelar el TPS para migrantes procedentes de los tres citados países.

Según el fallo, los magistrados han alegado que el Gobierno podrá, «probablemente», demostrar argumentos como que el tribunal de distrito que detuvo la medida de Noem «carecía de jurisdicción», o que ésta «presentó razones aparentemente legítimas de por qué estaba justificado cancelar el TPS para cada país».

El panel; compuesto por los jueces Michael Hawkins, designado por el demócrata Bill Clinton; Consuelo Callahan, designada por el republicano George W. Bush, y Eric Miller, nombrado por el actual mandatario estadounidense; ha reconocido haberse visto influenciado por instancias precedentes en las que el Tribunal Supremo suspendió órdenes de órganos judiciales inferiores que impedían a la cartera de Noem la cancelación del TPS para nacionales de Venezuela.

«El Gobierno afirma que, de no obtener una suspensión, sufrirá perjuicios al no poder implementar su política migratoria preferida (…). Por otro lado, los demandantes afirman que la terminación de su estatus podría exponerlos al riesgo de deportación, pérdida de empleo o beneficios médicos, y separación familiar», han descrito los magistrados.

En esta situación, han indicado que tendrían «que evaluar y sopesar» el citado «posible perjuicio» que alega la Administración. Con todo, han defendido que las dos ocasiones en las que el Supremo suspendió órdenes de tribunales de distrito que bloqueaban la anulación del TPS para Venezuela por parte de la secretaria de Seguridad Nacional, incluían «alegaciones similares de perjuicio por parte de ambas partes», aun reconociendo que las decisiones «no contenían ningún razonamiento, por lo que no informan (su) análisis de las cuestiones jurídicas de este caso, y las cuestiones, en cualquier caso, no son idénticas».

«Por las razones expuestas, la orden del tribunal de distrito que anula el fin del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua queda suspendida en espera de la apelación», ha dictaminado el tribunal.

De este modo, los magistrados han inclinado la balanza en favor de la Administración Trump, que persigue el objetivo de retirar las protecciones a cerca de 50.000 hondureños, 7.000 nepalíes y 3.000 nicaragüenses y abrir así la puerta a nuevas deportaciones masivas.

El fallo supone un avance más en la agenda de Donald Trump tras su segunda llegada a la Casa Blanca, desde donde ha tomado medidas para excluir a más de un millón de personas de ocho países de un programa con décadas de antigüedad que ha permitido vivir y trabajar temporalmente en EE. UU. a centenares de miles de personas que habían hecho frente a conflictos armados, desastres naturales y otras catástrofes. Ante la continuidad de buena parte de este tipo de situaciones, las protecciones a estas personas habían sido renovadas durante años.

Transparencia Internacional alerta sobre el aumento de los niveles de corrupción en democracias

La organización Transparencia Internacional ha publicado este martes su último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), un informe donde advierte de un «preocupante empeoramiento» de los niveles de corrupción —con datos de 2025— en las democracias, en un mundo marcado por el «peligroso desprecio» al Derecho Internacional.

En el informe se califica a todos los países con notas desde el 0 al 100, y la media de todos los países del mundo se ubica en 42 puntos, uno menos que la del pasado año, evidenciando así la necesidad de adoptar medidas para «proteger el interés público» y mejorar la gobernanza y el liderazgo «responsable».

Más del 67% de todos los países del mundo evaluados en el informe (182) «no están logrando controlar la corrupción» y cuentan con una nota inferior 50 puntos, mientras que el número de países con una puntuación superior a 80 se ha reducido de 12 hace una década a solo cinco este año.

Dinamarca (89), Finlandia (88) y Singapur (84) repiten en lo más alto de la tabla, mientras que Venezuela (10), Somalia (9) y Sudán del Sur (9) lo hacen pero a la cola. En estos últimos casos y en la mayoría de las autocracias del mundo, como Azerbaiyán (30), la corrupción es «sistemática y se manifiesta en todos los niveles», recoge el informe.

La investigación también observa una creciente «interferencia politizada» en la actividad de las ONG en países como Georgia (50), Indonesia (34), Perú (30) o Túnez (39), donde los gobiernos han adoptado medidas para «limitar» el acceso a financiación y incluso para «desmantelar» aquellas que hacen labor de vigilancia de los poderes públicos.

«Estas leyes suelen ir acompañadas de campañas de desprestigio e intimidación. En estos contextos, es más difícil para los periodistas independientes, las organizaciones de la sociedad civil y los denunciantes denunciar la corrupción con libertad. También es más probable que los funcionarios corruptos continúen abusando de su poder», agrega la ONG.

Así, un centenar de países han mantenido su posición en el ránking, mientras que 50 cayeron puestos y 31 experimentaron mejoras respecto a los índices del año anterior, esto es, con datos de 2024.

Transparencia Internacional ha incidido en una tendencia «preocupante de empeoramiento» de los niveles de corrupción en países con sistemas democráticos, citando a EE. UU. (64), Canadá (75), Nueva Zelanda (81), Reino Unido (70), Francia (66) o Suecia (80). España, por su parte, se sitúa a mitad de tabla con 55 puntos, pierde uno de los 56 obtenidos en el anterior informe, y queda así por detrás de Granada, Arabia Saudí, Ruanda, Botsuana o Israel.

En este marco, ha lamentado que «con demasiada frecuencia asistimos al fracaso de la buena gobernanza y del liderazgo responsable» pese a que lo que necesita el mundo son dirigentes «con principios e instituciones fuertes e independientes que actúen con integridad para proteger el interés público».

Pese a ello, ha asegurado que «la corrupción no es inevitable» y en este sentido ha apuntado a aquellos países cuyos «líderes políticos y reguladores han realizado un esfuerzo continuado por implementar amplias reformas legales e institucionales.

«En un mundo interconectado, necesitamos tanto la acción nacional como la cooperación multilateral para proteger el interés público y abordar desafíos compartidos como la corrupción. En un momento en el que presenciamos un peligroso desprecio por las normas internacionales por parte de algunos Estados, necesitamos proteger un orden global basado en normas, cimentado en la transparencia, la rendición de cuentas a la ciudadanía y el respeto por los Derechos Humanos», ha declarado su presidente, François Valérian.

Por otra parte, en una sección dedicada a los medios de comunicación en tanto que contribuyen a la aplicación de la ley y la rendición de cuentas, la ONG denuncia el asesinato de 829 periodistas desde 2012 y en zonas sin conflicto, 150 de los cuales cubrían noticias relacionadas con casos de corrupción.

En 2025, murieron por este motivo cinco periodistas, incluidos Turki Al Jasser, ejecutado por las autoridades saudíes tras siete años de detención, y Gastón Medina, quien recibió un disparo frente a su domicilio en Perú. Más del 90% de estos asesinatos ocurrieron en países con un IPC menor de 50,5 como Brasil, India, México, Pakistán e Irak, que son especialmente peligrosos para los profesionales de la información.

EE. UU. interceptó petrolero ruso que transportaba crudo venezolano

Caracas. – El Departamento de Guerra de EE. UU. ejecutó la madrugada de este lunes, una operación de visita, interdicción marítima y abordaje del buque Aquila II, un petrolero de bandera rusa vinculado indirectamente con Venezuela.

Las fuerzas militares estadounidenses realizaron la maniobra tras detectar que la embarcación operaba en desafío a la cuarentena de buques sancionados en el Caribe, medida establecida por el presidente Donald Trump.

Según informó el Pentágono, a medida que Washington amplía su alcance geográfico en una ofensiva en curso contra una flota global en la sombra utilizada para exportar crudo sancionado desde Venezuela, y por órdenes del narcorégimen chavista.

El Aquila II había partido de la terminal de José (Puerto La Cruz-Anzoátegui), a principios de diciembre y parecía dirigirse a China, según los datos de seguimiento de buques recopilados por Bloomberg. Pero el buque fue interceptado cuando se dirigía al estrecho de Sunda, entre las islas indonesias de Java y Sumatra.

En un comunicado difundido por la plataforma X, el Departamento de Guerra explicó que las Fuerzas Armadas estadounidenses llevaron a cabo «una inspección, una interdicción marítima y el abordaje del Aquila II sin incidentes en el área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico de EE. UU. (Indopacom)».

Indicó en el mensaje que «el Aquila II operaba en desacato a los límites de la cuarentena impuesta por el presidente Trump a los buques sancionados en el Caribe».

«Intentó escapar, pero lo seguimos. El Departamento de Guerra rastreó y persiguió a este buque desde el Caribe hasta el océano Índico. Ninguna otra nación en el planeta tiene la capacidad de imponer su voluntad en cualquier ámbito. Por tierra, mar o aire, nuestras Fuerzas Armadas los encontrarán y les harán justicia. Se quedarán sin combustible mucho antes de que puedan escapar de nosotros», añade el comunicado.

Es el último barco vinculado a Venezuela que EE. UU. ha tomado bajo su control desde diciembre, y el más alejado de aguas caribeñas, lo que subraya hasta dónde está dispuesto a llegar Washington para hacer cumplir su cuarentena energética en todo el mundo.

Las anteriores incautaciones de petroleros por parte de EE.UU. se ejecutaron antes y después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al narcotirano Nicolás Maduro en una operación altamente coordinada que incluyó ataques aéreos sobre Caracas. El último de estos incidentes tuvo lugar a finales de enero, cuando el buque a motor Sagitta fue capturado en el mar Caribe.