Hace poco, militantes del partido Primero Justicia difundieron un video de en redes sociales donde aparecen bailando mientras hacen un llamado a los ciudadanos para unirse a su facción política, invocando directamente los nombres de María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa.
Este tipo de propaganda es una muestra fehaciente de la alarmante falta de cerebro e ideas para hacer política en la Venezuela actual. Y es inaceptable recurrir a estas dinámicas frívolas en medio de una situación tan crítica para la nación, la cual atraviesa una transición sumamente compleja e inédita que no figura en ningún manual.
De hecho, este comportamiento resulta ofensivo frente al panorama real del territorio, caracterizado por la dolorosa realidad de los presos políticos todavía encerrados y el agudo sufrimiento de la población debido a que el dinero no les alcanza para subsistir.
En este marco, se ha de advertir con preocupación que casi 30 años de proceso revolucionario no solo afectaron el juicio de los sectores oficialistas, sino que terminaron dejando sin cerebro a gran parte de la población y de la dirigencia partidista, y si esto es lo mejor que las organizaciones políticas pueden producir en medio de tanta incertidumbre y crisis, el porvenir del país se encuentra en un escenario verdaderamente grave.
Esta semana se analiza el impacto de las recientes declaraciones de Marshall Bringham, también referido como Willingham, exsubsecretario de financiación del terrorismo del Departamento del Tesoro durante la primera administración de Donald Trump. Bringham afirmó en redes sociales que Diosdado Cabello, calificado como el hombre operativo de la revolución y líder del cartel de los soles, será el próximo objetivo capturado por la justicia de EE. UU.
Aunque este comentario generó un enorme revuelo, José Antonio Colina manifestó su escepticismo debido a que considera que Cabello negoció previamente con el gobierno estadounidense, lo que frenaría su captura inmediata. Por su parte, Esteban Hernández aclaró que, si bien Bringham no es un funcionario activo y suele buscar la viralidad con un tono sensacionalista, sus palabras ganan cierta credibilidad debido a que en el pasado anticipó con precisión los hechos ocurridos con Nicolás Maduro.
En la sección dedicada al Borrego de la semana, se exhibe un material audiovisual de 15 segundos protagonizado por militantes del partido Primera Justicia. En la grabación se observa a integrantes de dicha organización bailando mientras hacen un llamado a la ciudadanía para unirse a su facción política, invocando los nombres de María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa. En este sentido, se critica severamente este enfoque de hacer política, tildándolo de absurdo y falto de lucidez ante la crisis real que padece la nación. Asimismo, se recalca la total inoportunidad de realizar este tipo de propaganda en un contexto de profunda incertidumbre, caracterizado por una transición inédita, la existencia de numerosos presos políticos tras las rejas y las graves penurias económicas de la población.
En la sección en polémica centró su atención en el fuerte debate surgido en plataformas digitales tras la difusión de una fotografía de María Corina Machado junto a Lilian Tintori en el marco del Oslo Freedom Forum, un evento de derechos humanos vinculado a Leopoldo López. En este marco, se defiende la legitimidad de las críticas ciudadanas argumentando que el electorado venezolano no olvida el historial de engaños asociados a Tintori. Asimismo, diferenció que no es igual una foto tomada entre 2013 y 2015 cuando López estaba encarcelado, a capturar una imagen actual en 2026, luego de los escándalos de corrupción en Monómeros y el cuestionado desempeño del gobierno interino.
Avanzando en la agenda, el segmento desmantelando a la izquierda se enfocó de manera prioritaria en la situación de los presos políticos en Venezuela. Se reportó detalladamente la manifestación ocurrida el pasado 5 de junio, donde familiares de mujeres encarceladas por motivos políticos protestaron públicamente para exigir su inmediata liberación. Durante la protesta, se denunciaron condiciones infrahumanas y una ausencia total de cuidados médicos básicos para la salud femenina, reportando dolores abdominales severos sin asistencia y la prohibición de insumos elementales para la higiene menstrual. De igual manera, se enfatizó la gravedad de los abusos físicos, psicológicos y las violaciones sexuales perpetradas contra las detenidas. Ante este panorama, los allegados acudieron a la Embajada de EE. UU. en Venezuela para solicitar una intermediación directa ante las autoridades, criticando que los procesos de amnistía ejecutados hasta el momento han sido incompletos, selectivos y con cifras de liberación que jamás alcanzan los compromisos pactados.
Finalmente, el bloque de el corrupto en la mira señaló de forma directa a Diosdado Cabello, reafirmando que sobre él pesan severas acusaciones internacionales de narcotráfico, lavado de dinero, corrupción y tráfico de influencias, además de una recompensa vigente de USD$ 25 millones emitida por la justicia estadounidense. Asimismo, se subraya una preocupación por su cuota de poder en Venezuela, a pesar de su prontuario criminal, y se destaca que no existe ninguna posibilidad de transición democrática real mientras dicho delincuente continúe ejerciendo control dentro de las estructuras del Estado.
Al cierre del análisis, Hernández apuntó que la constante rotación de Cabello y Nicolás Maduro por múltiples cargos públicos —como vicepresidencias, ministerios y la presidencia de la Asamblea Nacional— evidencia el carácter hermético del sistema chavista y la absoluta carencia de una generación de relevo con liderazgo real, comparando la situación actual con el modelo de la tiranía cubana. Se advierte, por lo tanto, sobre el grave peligro de aceptar transiciones falsas como el histórico «chamorrazo» de Nicaragua, insistiendo en que el régimen debe ser neutralizado por completo para evitar un retorno con mayor fuerza represiva en el futuro.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha anunciado que suspende los ataques programados para la noche de este jueves contra Irán tras llevar a cabo «conversaciones al más alto nivel» con funcionarios iraníes en las que todas las partes han aprobado los «puntos finales» del acuerdo para poner fin a la guerra desatada el pasado 28 de febrero.
«Dado que se han llevado a cabo conversaciones con Irán al más alto nivel del liderazgo iraní, yo, como presidente de EE. UU., he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche», ha señalado en un mensaje difundido en redes sociales.
Trump ha afirmado además que «los puntos finales» del acuerdo para poner fin al conflicto han sido alcanzados «tanto en concepto como en detalle» por todas las partes, incluyendo EE. UU., Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania y Egipto.
«El bloqueo naval permanecerá en plena vigencia hasta que se finalice esta transacción; la fecha y el lugar de la firma se anunciarán próximamente», ha dicho el mandatario estadounidense, sin dar más detalles al respecto.
Trump había anunciado previamente que las fuerzas estadounidenses volverían a atacar territorio iraní la noche de este jueves e incluso había aludido a que Washington, «en algún momento de un futuro no muy lejano, tomará» la estratégica isla de Jark y «otros puntos de la infraestructura petrolera» de Teherán.
«Asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, de forma muy similar a como lo hemos hecho con Venezuela, lo cual está funcionando de maravilla tanto para Venezuela como para EE. UU.», ha subrayado este jueves el jefe de la Casa Blanca.
Las amenazas se producen cuando, por segundo día consecutivo, Washington y Teherán han intercambiado ataques, después de que la Guardia Revolucionaria reivindicara el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo, en una acción que calificó de «represalia» por las agresiones perpetradas por EE. UU. contra diversos enclaves de la República Islámica.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha anunciado este jueves la imposición de sanciones contra la petrolera estatal cubana, en el marco de las presiones de la Administración Trump a las autoridades y del bloqueo al país caribeño.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense ha incluido en su lista de sancionados a la entidad Unión Cuba Petróleo, «alias ‘CUPET'», sin dar más detalles al respecto.
Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha anunciado en redes sociales que ha adoptado la misma medida contra «la empresa energética estatal cubana», alegando que «las élites comunistas de Cuba han convertido la energía en un arma para ejercer control social y obtener beneficios cleptocráticos».
«Durante décadas, el régimen ha robado y acaparado el combustible disponible, utilizándolo para el jet privado de los Castro, para las fuerzas de seguridad que reprimen al pueblo cubano, para mantener iluminados los hoteles turísticos vacíos y para trasladar a personas a protestas falsas y espectáculos políticos; todo ello mientras el pueblo cubano ha sufrido apagones y ha esperado semanas para repostar sus coches», ha asegurado.
Rubio ha indicado que las autoridades estadounidenses seguirán «actuando contra la capacidad del régimen comunista de aprovechar su comercio energético para promover su agenda corrupta y reprimir violentamente al pueblo cubano».
Cabe señalar que, recientemente, la Administración Trump ha sancionado al dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y a otras cuatro personas entre las que figura su predecesor, Raúl Castro. La cartera de Bessent emitió las medidas contra cinco entidades cubanas, incluyendo el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Desde comienzos de año, EE. UU. ha recrudecido sus presiones contra la isla a través de un bloqueo ‘de facto’ sobre el combustible, algo a lo que el presidente de Cuba se ha referido como un «castigo colectivo» que equivale, a su juicio, a un «acto de genocidio».
El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha anunciado este jueves próximos ataques contra Irán, en plena escalada de las tensiones en Oriente Próximo, avanzando además que el Ejército estadounidense tomará la isla de Jark «en un futuro no muy lejano» para controlar sus infraestructuras petroleras.
«EE. UU. va a golpear a Irán, (cuya Armada, Fuerza Aérea, radares, sistemas antiaéreos y todas sus demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desparecido), con mucha fuerza esta noche», ha afirmado el dirigente estadounidense en un mensaje en su red social.
Trump ha ido más allá en este comentario y ha puesto el foco en la estratégica isla de Jark, insistiendo que EE. UU. «en algún momento de un futuro no muy lejano, tomará la isla y otros puntos de infraestructura petrolera».
«Asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, de forma muy similar a como lo hemos hecho con Venezuela, lo cual está funcionando de maravilla tanto para Venezuela como para Estados Unidos», ha subrayado.
Cabe señalar que esto llega en un marco donde, por segundo día consecutivo, Washington y Teherán han intercambiado ataques, después de que la Guardia Revolucionaria reivindicara el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo, en una acción que calificó de «represalia» por las agresiones perpetradas por EE. UU. contra diversos enclaves de la República Islámica.
Caracas. – Por una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitida este miércoles, el narcorégimen interino deberá cerrar el Helicoide, el mayor centro de torturas empleado por ese sistema criminal. La medida fue tomada por el organismo, al emitir un fallo por el caso de la detención en ese lugar de un estudiante y condenar por ello al narcoestado chavista.
La CIDH determinó en su sentencia, que en ese sitio esbirros policiales torturaron a Jorge Riera Rojas, quien además fue ilegalmente detenido por su actividad política durante el período del fallecido Hugo Chávez en 2003.
Entre los derechos vulnerados a Rojas señaló la integridad física, la reunión pacífica, la libertad de pensamiento y de expresión, los derechos políticos y la libertad personal.
«La Corte estima pertinente ordenar al Estado que disponga, en un plazo de 18 meses a partir de la notificación de la presente sentencia, el cierre del centro de detención ‘El Helicoide'», indicó la medida.
La Corte argumentó que constató que varias instituciones y organismos internacionales que monitorean la situación de los derechos humanos en Venezuela han determinado que las personas privadas de libertad en El Helicoide han sido sujetas a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Además del cierre del Helicoide, la Corte ordenó a las autoridades venezolanas reabrir la investigación penal relacionada con los hechos denunciados, identificar a los responsables, adoptar medidas para prevenir nuevas violaciones y reparar los daños causados a las víctimas.
Cabe recordar que el Helicoide es una joya arquitectónica que pretendió ser un vanguardista centro comercial en la década de 1950, pero terminó convertido en una prisión cuyas paredes atestiguaron tortura y sufrimiento, especialmente de los presos políticos.
Caracas. – Las operaciones militares aéreas y terrestres que el narcorégimen chavista interino lleva a cabo en Las Claritas y el Kilómetro 88, poblaciones mineras al sur del estado Bolívar, continuaron este miércoles con el despliegue de un mayor número de efectivos en esas zonas.
Durante la tarde de este miércoles, se observó una intensa movilización de vehículos y efectivos militares con dirección al sur de ese estado, como parte de la continuidad de los operativos especiales ejecutados en las poblaciones mineras de esa entidad.
Habitantes de la zona dijeron a distintos medios, que la operación militar, que incluyó detonaciones y lo que parecían ser disparos, se ha concentrado en las áreas del antiguo proyecto Las Cristinas, impulsado por la transnacional Crystallex hasta su suspensión por parte del fallecido Hugo Chávez en 2008.
También, fuentes que prefirieron mantener sus nombres bajo reserva, aseveraron que las acciones militares se están realizando en las zonas donde “están las betas de oro y donde se van a implementar los proyectos auríferos de los inversionistas».
Asimismo, advirtieron que la situación ha generado incertidumbre entre los habitantes, comunidades indígenas y sindicatos que residen en el sur de Venezuela.
Entre los datos que se manejan en torno al mega operativo, se indica que este es coordinado y ejecutado por comisiones de organismos militares y de inteligencia provenientes, en su mayoría, de Caracas.
Igualmente, se dice que el objetivo estratégico es dar con el paradero de los principales cabecillas de la banda delictiva (conocida en la región como “sindicato”) que opera en el sector, entre ellos a los delincuentes alias Juancho, Petrica y Humbertico. Asimismo, las autoridades buscan a Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero.
Desde este pasado martes, las autoridades del municipio Caroní restringieron la salida de unidades de transporte público hacia el sur de la región. Pero, en Santa Elena de Uairén si reactivaron este martes, el traslado de pasajeros desde el terminal terrestre.
También se han producido protestas este miércoles, cuando habitantes de Las Claritas cerraron la entrada del pueblo (Troncal 10) para exigir el cese del operativo, atropellos y violación de DD. HH.
Hasta el momento, ninguna fuente oficial ha confirmado ni ofrecido un balance sobre posibles heridos o fallecidos durante los procedimientos, y desde el martes corre el “rumor” de tres fallecidos, entre ellos el líder del Tren de Aragua, alias el Niño Guerrero. No obstante, aún no hay confirmación oficial al respecto.
#URGENTE | Reportan un despliegue masivo de vehículos y efectivos militares hacia el sur del estado Bolívar, en medio de nuevos operativos en zonas mineras de la región.
El objetivo sería desalojar campamentos de minería ilegal y capturar a presuntos integrantes de grupos… pic.twitter.com/CBG2USk08B
Caracas. – Ephraín Verdú Torrelles, coronel de la GNB chavista implicado en el asesinato de la joven estudiante Geraldine Moreno durante las protestas en 2014, se niega a ser extraditado desde España hacia Argentina, donde la justicia lo reclama para que enfrente su causa por este crimen de lesa humanidad.
En una comparecencia por videoconferencia ante el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional española, Verdú Torrelles manifestó que no consiente su entrega a Argentina. Durante el acto judicial, el militar chavista fue notificado formalmente sobre el requerimiento de los tribunales federales de Argentina, que solicitan su extradición por su presunta implicación en el citado homicidio.
“Durante este acto judicial sin precedentes, el exoficial es notificado formalmente sobre el requerimiento de los tribunales federales de Argentina, instancia que solicita su extradición por su presunta implicación en crímenes de lesa humanidad”, informó la organización no gubernamental venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) en una publicación de X.
Ahora el caso pasará a la Sala de lo Penal de la Audiencia, que convocará una audiencia para estudiar la extradición, lo habitual en este tipo de procedimientos en España.La solicitud de extradición fue emitida por tribunales argentinos en febrero de 2024, tras confirmar que Verdú se encontraba en territorio español.
El proceso es parte de una causa penal emprendida en el año 2023 por la Justicia argentina en contra del gobierno de Nicolás Maduro, por presuntos crímenes de lesa humanidad. Las denuncias tomadas en cuenta para este caso fueron recogidas por el Foro Argentino de Defensa de la Democracia (FADD) y la Fundación Clooney para la Justicia.
El coronel retirado en uno de los acusados por el asesinato de la estudiante Geraldín Moreno, ocurrido en febrero de 2014 en Naguanagua, estado Carabobo, a manos de varios efectivos de la Guardia Nacional mientras participaba en una manifestación. Entonces, Verdú Torrelles era comandante del destacamento de Seguridad Urbana de Carabobo y estaba al frente del operativo policial por las protestas.
Caracas. – El narcorégimen interino chavista liberó, entre los pasados lunes y martes, a 54 rehenes políticos militares, vinculados con algunas presuntas conspiraciones contra la tiranía dirigida por Nicolás Maduro, especialmente una denominada «operación brazalete blanco».
Entre los liberados figuran tres mujeres, quienes salieron de las celdas que ocupaban en el INOF (MIranda). El resto de los 51 militares excarcelados salieron de la cárcel de Ramo Verde, también en Miranda, en un paso que según analistas y varias ONG, debe marcar el inicio definitivo de todos los uniformados secuestrados por motivos políticos.
Entre los liberados está el primer teniente Reinaldo Enrique Finol, detenido en 2020 por el caso ‘espía americano’, en el que también fue aprehendido el exmarine estadounidense Matthew John Heath, acusado por el Gobierno venezolano de realizar labores de espionaje en las refinerías de Amuay y Cardón, en el estado Falcón.
Mientras, la directora de la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Ana Leonor Acosta, indicó que hasta el momento no tienen confirmación de si la liberación es plena o con medidas cautelares, pero que los militares salieron de las cárceles tras una revisión de sus casos.
De acuerdo con esta organización, 213 militares siguen detenidos en el país por motivos políticos. Entre los liberados se encuentran también, el sargento José Sánchez Chacón, preso por enviar un audio por WhatsApp en el cual se quejaba del deterioro de las unidades militares; y Karen Gómez, teniente acusada de estar vinculada a sabotajes en el servicio eléctrico.
“Exigimos que la libertad llegue a todas las cárceles venezolanas. De manera especial recordamos a las mujeres que han sido separadas de sus hijos, de sus seres queridos”, afirmó Acosta.
Desde el domingo, un grupo de familiares de presos políticos en Venezuela permanece a las afueras de la Embajada de EE. UU. en Caracas a la espera de ser atendidos por el encargado de negocios de ese país, John Barrett, a quien planean pedir que interceda por la liberación de los que siguen detenidos.
En tanto, las excarcelaciones coinciden con un momento delicado para el interinato chavista de Delcy Rodríguez en materia de derechos humanos. En estas semanas se han sumado denuncias por abusos a los prisioneros y las duras condiciones carcelarias del régimen chavista, tanto para presos políticos como para presos comunes.
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