El Gobierno de EE. UU. ha ordenado este miércoles la imposición de un arancel del 25% a «la mayoría» de las importaciones brasileñas, arguyendo como detonante de esta decisión la falta de «buena fe» del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a la hora de negociar con Washington.
«El presidente (Donald) Trump ha ordenado al Representante de Comercio de EE. UU. (USTR, en inglés), Jamieson Greer, que imponga un arancel del 25% a la mayoría de las importaciones brasileñas», ha anunciado en redes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llamando a que «no haya ninguna duda sobre el motivo: el presidente Lula y su Gobierno no han negociado de buena fe con EE. UU.».
A renglón seguido, el alto funcionario norteamericano ha aseverado que las políticas económicas adoptadas por el jefe del Planalto «son perjudiciales tanto para los estadounidenses como para los brasileños». «Durante el último año, Lula ha antepuesto su propio ego a la consecución de un acuerdo que beneficie al pueblo brasileño, y estos aranceles son el precio que hay que pagar por ello», ha espetado.
Así lo ha confirmado también la propia oficina del representante comercial estadounidense en una nota en la que defiende la imposición del citado gravamen del 25% alegando que «ciertas medidas brasileñas relacionadas con el comercio digital y los servicios de pago electrónico, aranceles preferenciales injustos, injerencia en la lucha contra la corrupción, protección de la propiedad intelectual, acceso al mercado del etanol y deforestación ilegal son irrazonables y perjudican o restringen el comercio de agricultores, trabajadores, innovadores y exportadores estadounidenses».
Precisamente, el primer elemento enumerado ha sido uno de los puntos calientes de las tensiones entre ambos países, pues Washington sostiene que Brasil «ha perjudicado injustamente» a los proveedores estadounidenses al favorecer el servicio de pagos electrónicos Pix, impulsado por el Banco de Brasil, utilizado a diario por millones de brasileños y recientemente inscrito por el Gobierno brasileño como ‘marca de renombre’ ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) para que quede protegida si comercializa más productos o servicios para los que fue concebida originalmente.
Ante esta coyuntura, Greer ha argumentado que, «ya sea castigando a las empresas tecnológicas estadounidenses por negarse a censurar el discurso político, retrocediendo en la aplicación de la ley anticorrupción o permitiendo que los agricultores brasileños exploten tierras taladas ilegalmente para obtener ventaja sobre los agricultores estadounidenses, las prácticas comerciales desleales de Brasil han impedido que los trabajadores y productores estadounidenses accedan a este importante mercado».
En este sentido, ha defendido como «necesaria» la medida para «abordar estas prácticas comerciales desleales y garantizar que los trabajadores y las empresas estadounidenses puedan competir en igualdad de condiciones», al tiempo que ha lamentado que «las extensas negociaciones con Brasil durante el último año no hayan resuelto estos problemas», pese a mostrarse «abierto a continuar» haciéndolo.
Si bien la nota de prensa divulgada para oficializar el arancel no recoge fecha de entrada en vigor y adscribe su aplicación a «ciertos productos», el ‘aviso de acción’ publicado por la oficina de Greer sobre el arancel recoge que el arancel adicional se aplica a los productos que «se importan para consumo o se retiran del almacén para consumo a partir (…) del 22 de julio de 2026».
Asimismo, recoge una larga lista de bienes sancionados, entre los que se incluyen productos de uso farmacéutico; aeronaves y componentes de aeronaves civiles; vehículos de pasajeros y de transporte por carretera, y «materiales informativos» como películas, publicaciones impresas u obras de arte.
Este anuncio contrasta con los pasos dados a comienzos del presente mes de julio por ambas administraciones, en la medida en que el Ejecutivo brasileño parecía haber intensificado sus negociaciones con Washington en aras de cerrar un acuerdo para rebajar o eliminar los aranceles impuestos por Trump que originalmente decretó en represalia por el juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.








