Siete heridos, incluyendo dos «empresarios» del narcorégimen, al caer avioneta en Ciudad Bolívar

Caracas. – Siete personas, incluyendo dos empresarios vinculados al narcorégimen interino, resultaron lesionadas luego de que una avioneta se precipitara a tierra este pasado domingo, cuando se disponía a aterrizar en la pista del Aeropuerto Nacional General Tomás de Heres, en Ciudad Bolívar.

La caída de la avioneta Cessna de siglas YV2199, perteneciente a la empresa Inversiones Coipro, se registró en una zona de la pista de aterrizaje del aeropuerto Tomás de Heres de Ciudad Bolívar, capital del estado Bolívar, después de las 13:00 horas.

Tras el hecho, efectivos del comando de zona de la Guardia Nacional Bolivariana N° 62 (Czgnb-62), adscritos a la Zodi N° 62, acudieron de inmediato al sitio para resguardar la zona y brindar la atención correspondiente a los afectados.

La aeronave Partenavia —un avión ligero bimotor— estaba bajo el control del capitán Ernesto Maceda y el copiloto José González. Los pasajeros a bordo eran: Raúl Fragoza, Guillermo Amaro Chacón, Domingo Amaro Chacón, Michael Bradley y Sofía Komar.

Informaciones publicadas por el portal noticioso El Pitazo precisaron que Komar es una modelo ucraniana, mientras que Guillermo y Domingo Amaro Chacón son dos «empresarios» que figuran en las investigaciones judiciales abiertas en España en torno a la red de influencias y operaciones financieras vinculadas al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

Investigaciones periodísticas señalan a los Amaro dentro de tramas corporativas que abarcan transacciones en los sectores de petróleo, minería de oro y agroindustria, conectando sociedades en Caracas, Suiza, Francia, EE. UU., Panamá y Madrid.

Los siete ocupantes, aunque sobrevivieron al siniestro, presentaron lesiones y quemaduras tras la caída inesperada de la avioneta.

Organismos de aviación civil iniciaron los peritajes técnicos para determinar las fallas mecánicas o condiciones meteorológicas que provocaron el accidente de la aeronave, al momento del contacto con la pista en la capital bolivarense.

Las ganancias petroleras beneficiarán a los venezolanos y «eventualmente» serán administradas por un gobierno democrático

Caracas. – El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, prometió este martes, que las ganancias generadas por el acuerdo petrolero alcanzado entre Washington y Venezuela no solo beneficiarán directamente al pueblo venezolano, sino que, además, «eventualmente» serán administrados por un gobierno elegido democráticamente.

Durante una intervención ante periodistas, Rubio fue consultado sobre el mensaje que EE. UU. tiene para los latinoamericanos que podrían interpretar el acuerdo, como un intento de extraer los recursos venezolanos en beneficio de Washington.

Ante la pregunta, el secretario de Estado negó que la participación de Washington en el sector petrolero venezolano, tenga como propósito apropiarse de los recursos naturales del país, y defendió el acuerdo energético como oportunidad para reactivar la producción y generar ingresos para Venezuela.

En este sentido, se refirió al historial de participación de compañías vinculadas con China, Rusia e Irán en campos petroleros venezolanos, y aseguró que pese a esa presencia buena parte de esos activos no alcanzó niveles importantes de producción.

“Les diría a aquellos que están preocupados que EE. UU. le está haciendo algo negativo al hemisferio occidental en lo que concierne a energía que esos campos petroleros que antes eran dominados por China, Rusia e Irán, ya no lo están”, dijo.

A su juicio, Venezuela está “mejor estableciendo asociaciones con EE. UU. Se van a beneficiar considerablemente de ello. Estos campos estaban, en la mayoría de los casos, improductivos y las compañías chinas y rusas conservaron estos yacimientos, pero nunca los transformaron en nada”, explicó.

Asimismo, Rubio aseveró: «Los campos van a producir y generar regalías e ingresos para el pueblo venezolano; eventualmente serán administrados por un gobierno democráticamente electo».

Agregó que Washington espera que ese escenario pueda concretarse “más pronto que tarde” y aseguró que los ingresos deberían terminar beneficiando directamente a los venezolanos.

«Beneficiarán directamente al pueblo de Venezuela en lugar de ir a parar al bolsillo de algún funcionario gubernamental corrupto o a manos de adversarios estadounidenses y venezolanos”, afirmó.

María Corina y Carlos Giménez exigen libertad inmediata para Igbert Marín Chaparro

Caracas. – La dirigente política María Corina Machado y el congresista estadounidense Carlos Giménez exigieron en sus redes sociales la liberación inmediata del teniente coronel Igbert Marín Chaparro, a quien la Narcotiranía interina le inició, de manera ilegal y arbitraria, un segundo juicio pese a haber cumplido ya su condena.

Las alertas publicadas por Machado y Giménez destacan, en la campaña mediática que se ha desatado desde este pasado lunes, cuando se conociera el nuevo proceso judicial al que se sometió nuevamente al militar disidente, junto a otros 23 implicados en el caso Paramacay.

Varias ONG, actores políticos, periodistas y activistas por los Derechos Humanos, han expresado su rechazo al nuevo juicio exigiendo al mismo tiempo, la excarcelación inmediata del teniente coronel del Ejército.

En una publicación en su cuenta de la red X, Machado advirtió que el narcorégimen interino chavista estaría intentando abrir un nuevo caso contra el militar, para imponerle una pena de hasta 30 años de prisión. “El mundo debe conocer el brutal atropello que el régimen pretende cometer contra el teniente coronel Igbert Marín Chaparro”, expresó.

Asimismo, recordó que Marín Chaparro ya cumplió la totalidad de la condena que le había sido impuesta, pero que ahora las autoridades pretenden formular nuevas acusaciones en su contra. “Tras haber cumplido la totalidad de una condena absolutamente injusta, ahora intentan fabricar un nuevo caso para imponerle la pena máxima de 30 años”, afirmó.

Machado cuestionó además las circunstancias en las que se estarían sustentando las nuevas acusaciones. Según señaló, al militar se le atribuyen delitos que presuntamente habría supuestamente cometido, mientras ya se encontraba detenido e incomunicado.

Por su parte, el congresista republicano Carlos Giménez, el único político estadounidense en expresarse sobre este caso hasta los momentos, aparte de referirse a Delcy Rodríguez nuevamente como «sabandija», denunció que lo ocurrido actualmente con Marín Chaparro es «terrorismo de Estado».

«La dictadora interina, Delcy, la sabandija que no es ni respetada por su mismo régimen que la desprecia, sigue utilizando el terrorismo de estado. Desde el Congreso federal, exigimos la libertad incondicional del patriota Igbert Marín Chaparro», denunció en una primera publicación.

En su segundo post, titulado «No hay justicia cuando la condena nunca termina», advirtió que el militar es sometido a un nuevo juicio, a pesar de haber ya cumplido una injusta condena de siete años tras las rejas.

«Tras cumplir una condena injusta de 7 años, el régimen impone un nuevo juicio contra Igbert Marín Chaparro. Exigimos el fin del hostigamiento, el respeto a sus derechos humanos y su libertad inmediata. Su lucha también es la nuestra», señaló el representante por Florida.

El caso de Marín Chaparro, junto al del capitán Juan Carlos Caguaripano -a quien le permitieron su primera audiencia tras varios años encarcelado- se han convertido esta semana en los dos hechos más connotados, entre los que corresponden a los rehenes políticos militares.

La gravedad, el ensañamiento del narcochavismo y las injusticias evidentes en ambos procesos han captado la atención de medios, organismos y actores importantes a nivel nacional e internacional, que ahora se pronuncian a favor de las excarcelaciones de estos dos militares venezolanos.

Contabilizan más de 200 dominios bloqueados en la internet por el narcochavismo

Caracas. – Unos 202 dominios en la web, principalmente pertenecientes a portales noticiosos de origen venezolano, permanecen cerrados y sin acceso al público por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (CONATEL), la entidad chavista que regula las comunicaciones, según reportó una investigación reciente de la ONG VE Sin Filtro.

El informe precisa que, de los 202 dominios censurados sin razones válidas, 92 corresponden a medios de comunicación. “Las operadoras utilizan técnicas de censura sobre DNS, http/https e IP para impedir el acceso, y las restricciones varían según el proveedor”, explicó la ONG, al tiempo que exigió que el “desbloqueo sea total, efectivo y verificable en todos los proveedores de internet”.

VE sin Filtro aseguró que para ponerle fin a la censura no hace falta una reforma legal, sino voluntad política, por lo que instó a CONATEL a dar la instrucción a los proveedores de internet para el cese de los bloqueos.

«Cualquier bloqueo debe ser excepcional, estar sujeto a control judicial y cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad», manifestó VE sin filtro, organización que se dedica a vigilar, medir y documentar la censura en Internet.

Cane recordar que, el martes de la semana pasada, un centenar de medios de comunicación, organizaciones y asociaciones pidió que se garantice la libertad de expresión en Venezuela, luego de más de 27 años de censura, persecución y restricciones al espacio cívico.

A través del ‘Manifiesto por la Libertad de Expresión en Venezuela’, 38 medios de comunicación y 63 organizaciones exigieron entonces derogar el marco legal que es utilizado para «criminalizar la disidencia», así como transformar a la CONATEL.

Venezuela ocupó el último lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según el informe difundido en marzo pasado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que analiza las condiciones para el ejercicio del periodismo en las A

OVP denuncia muerte de un tercer recluso en Uribana por falta de atención médica

Caracas. – La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó este lunes sobre la muerte de un preso recluido en el Centro Penitenciario David Viloria, conocido como cárcel de Uribana (Lara), por motivos de salud y bajo custodia del narcoestado chavista. La víctima fue identificada como Richard Álvarez, quien murió en el Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda, tras presentar complicaciones de salud que no fueron atendidas a tiempo.

El OVP señaló que este caso representa el tercer fallecimiento asociado a problemas de salud que la organización documenta en Uribana durante 2026. La ONG atribuye estas muertes a las dificultades que enfrentarían los privados de libertad para acceder oportunamente a atención médica, tratamientos y una alimentación adecuada.

El fallecimiento de Álvarez se suma a las de Henry Pastor Cristancho Becerra, de 53 años, y Rosqui Norberto Escalona, de 71, ocurridas en abril. En ambos casos, la ONG había alertado sobre el deterioro de su salud y las dificultades para acceder a atención médica dentro del penal.

«Este centro penitenciario permanece bajo medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ordena proteger la vida e integridad física, psíquica y moral de las personas privadas de libertad, además de adoptar medidas relacionadas con las condiciones de detención, el hacinamiento, la seguridad y la disponibilidad de personal suficiente”, expuso un comunicado en X del observatorio.

El OVP indicó que las constantes muertes asociadas a problemas de salud, obliga a revisar qué está fallando en el suministro de atención médica dentro de la cárcel de Uribana.

Según el informe del OVP correspondiente a 2025, la principal causa de muerte el año pasado fue la deficiente atención médica y las precarias condiciones de salud en los centros penitenciarios. La investigación indica que 151 personas privadas de libertad fallecieron por complicaciones de salud, lo que equivale al 95,57% del total de casos documentados.

De la misma forma se registraron cuatro muertes por hechos violentos (2,53%), un fallecimiento por presunto suicidio (0,63%) y dos muertes accidentales (1,27%).Entre las principales causas de muerte por salud se identificaron afecciones cardiovasculares (48 casos), causas respiratorias (39), falla multiorgánica (ocho) y shock hipovolémico (siete).

En 2025 hubo incremento en la cifra de fallecidos en comparación con 2024 (105) y con respecto a 2023 (61).