ACNUR alerta de que podría dejar de dar ayuda a 8,3 millones de personas por los recortes de financiación

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha alertado este martes de que podría verse forzado a dejar de dar ayuda a 8,3 millones de personas a causa de los recortes de financiación internacional, incluidos impactos sobre programas esenciales de apoyo en algunas de las principales crisis de desplazamiento forzoso del mundo.

El organismo ha señalado en su informe ‘Protección erosionada: el coste humano de la falta de financiación’ que los fondos disponibles han caído de los USD$ 5.200 millones en 2024 a los USD$ 3.900 millones en 2025.

A finales de julio de este año, ACNUR había recibido solo el 32% de los USD$ 8.500 millones requeridos para este año, en un momento en el que la cifra de personas en necesidad de ayuda está en niveles históricamente altos.

«Cuando faltan los recursos para registrar y documentar a las personas refugiadas, cuando cierran los espacios seguros o desaparecen los servicios de protección para la infancia, aumentan los riesgos a los que vuelven a estar expuestas estas personas: violencia, explotación y abusos», ha señalado la directora de Relaciones Externas de ACNUR, Dominique Hyde.

«Las familias quedan así en una situación de mayor vulnerabilidad, algunas se ven obligadas a desplazarse de nuevo en busca de seguridad y otras pueden acabar siendo víctimas de redes de trata», ha dicho, antes de agregar que «la protección no puede recortarse de forma indefinida sin poner en riesgo el funcionamiento de los sistemas que la garantizan».

Así, ha argumentado que «a partir de un determinado nivel de financiación, los servicios no se limitan a llegar a menos personas: pueden dejar de funcionar por completo». «Cuando esto ocurre, son precisamente las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad quienes se quedan sin la protección que necesitan», ha subrayado Hyde.

EE. UU. confirma un nuevo bombardeo contra objetivos de Al Shabaab en el sur de Somalia

El Ejército de EE. UU. ha confirmado haber lanzado un nuevo bombardeo en Somalia contra supuestos objetivos de Al Shabaab, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, en esta ocasión en el sur del país africano, sin que por ahora haya información sobre víctimas.

El Mando África de EE. UU. (AFRICOM) ha indicado en un breve comunicado que el ataque, lanzado «en coordinación con el Gobierno federal de Somalia», fue lanzado el 24 de septiembre en los alrededores de Qumbi, una localidad situada unos 90 kilómetros al norte de Kismayo.

Así, ha resaltado que «AFRICOM, junto con el Gobierno de Somalia y las Fuerzas Armadas somalíes, continúa tomando medidas para reducir la capacidad de Al Shabaab de amenazar a las fuerzas estadounidenses y a nuestros ciudadanos en el extranjero», sin que Mogadiscio se haya pronunciado sobre este ataque.

El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, aseguró a principios de julio que el Ejército lanzará «una ofensiva final» para derrotar a Al Shabaab, antes de recalcar que estos planes están siendo ya preparados por las autoridades, mientras que las fuerzas estadounidenses han incrementado durante las últimas semanas los ataques confirmados contra el grupo en el país africano.

CNN, MS NOW y Politico piden a un tribunal que restaure su acceso a la Casa Blanca hasta un fallo definitivo

Los tres medios de comunicación de EE. UU. afectados por el veto impuesto por el presidente de EE. UU., Donald Trump, a su acceso a partes de la Casa Blanca han reclamado a un juez federal que extienda su orden restaurando temporalmente su acceso, hasta que haya un fallo definitivo sobre el caso.

CNN, MS NOW y Politico han descrito en su documento la prohibición como «un asalto ilegal contra las libertades más fundamentales de la Primera Enmienda» y han argumentado que las acciones de la Casa Blanca después de que un juez permitiera su acceso demuestran que «el motivo es castigar y silenciar el periodismo que no les gusta».

«Este tribunal debería emitir una medida cautelar que prohíba a los demandados, salvo al presidente, y a quienes actúen en connivencia con ellos tomar cualquier medida para hacer efectiva la prohibición de la Casa Blanca contra los demandantes», han sostenido en el escrito presentado al juez.

Así, han eclamado al juez que «ordene a los demandados conceder a los demandantes el mismo acceso a la Casa Blanca y al presidente del que disponían antes del 18 de septiembre de 2026, incluida la restitución de todas las credenciales permanentes revocadas en esa fecha o en torno a ella».

El juez Tim Kelly emitió la semana pasada una orden temporal requiriendo a la Casa Blanca que reactive los pases de prensa de los periodistas de estos tres medios, después de que fueran suspendidos días antes, evitando su acceso a la Casa Blanca, una medida defendida desde entonces por Trump.

Kelly, nombrado por Trump durante su primer mandato y criticado por el mandatario desde entonces por un fallo previo en su contra en un caso similar, rechazó así los argumentos de la Casa Blanca sobre motivos de seguridad nacional para dar este paso, si bien abrió la puerta a tener en cuenta pruebas adicionales que justifiquen la postura de la Presidencia.

A pesar de la decisión, la Casa Blanca impidió a periodistas de la CNN subir a bordo del Air Force One para cubrir el sábado el viaje del presidente al estado de Tennessee. La prohibición anunciada en un inicio por Trump, que criticó la cobertura que dan estos medios a sus actividades y políticas, llevó a las otras cuatro cadenas que generalmente se turnan de forma diaria para cubrir la información de la Casa Blanca —ABC, CBS, Fox News y NBC— a suspender sus respectivas coberturas en señal de apoyo a los medios vetados.

Muere tras las rejas exdirectora penitenciaria bajo custodia del narcoestado chavista

Caracas. – Por no recibir atención médica oportuna, este pasado domingo falleció la rehén política Eleiner Sánchez, quien era exdirectora del Centro Penitenciario para Procesados 26 de Julio, en San Juan de los Morros, estado Guárico, mientras permanecía bajo custodia del narcoestado chavista.

La mujer, de 55 años, pereció tras sufrir una obstrucción intestinal mientras se encontraba detenida en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, ubicado en Los Teques, estado Miranda.

Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Sánchez presentaba problemas de salud desde hacía varios días y había solicitado reiteradamente ser trasladada a un centro asistencial. Sus peticiones fueron ignoradas hasta que su estado se volvió crítico; solo entonces fue llevada al Hospital Victorino Santaella Ruiz de Los Teques, estado Miranda, donde requería una cirugía de emergencia.

Sánchez murió el domingo 27 de septiembre y permanecía privada de libertad desde diciembre de 2024, cuando fue detenida tras la intervención del centro penitenciario que dirigía. Sánchez fue funcionaria del Ministerio del Servicio Penitenciario. Su hijo, Eliezér Sáez, denunció en múltiples oportunidades que ella poseía evidencias sobre presuntas tramas de corrupción interna. Por esas circunstancias, fue detenida y no se le respetaron sus derechos.

En una carta, Sánchez señalaba que, al avanzar los días en la dirección de la cárcel, «me di cuenta de muchas cosas que estaban ocurriendo en el penal y ya venían transcurriendo mucho antes de que yo iniciara en el cargo”.

La versión oficial señala que Sánchez fue detenida entre el 6 y el 8 de diciembre de 2024, cuando era directora de la cárcel de San Juan de los Morros, durante la Operación Gran Cacique Guaicaipuro. El entonces fiscal general, Tarek William Saab, anunció que mantenía una relación sentimental con el recluso Wilfredo Sánchez, alias “Dinamita”, señalado como “pran” (cabecilla) del grupo delictivo Tren del Llano.

Tras su detención, Sánchez permaneció recluida en distintos centros de detención. Su caso avanzó hasta la etapa de juicio, aunque, según reportes periodísticos, durante meses no se registraron nuevas actuaciones judiciales.

La familia de Sánchez rechazó las acusaciones formuladas en su contra y cuestionó las condiciones en las que se desarrolló su proceso. Sus allegados también denunciaron presuntas irregularidades relacionadas con su detención y permanencia bajo custodia. El fallecimiento ocurrió mientras Sánchez esperaba que continuara el proceso judicial en su contra.

En Caracas marcharon para exigir liberación de rehenes políticos y el retorno de María Corina

Caracas. – Familiares de rehenes políticos se movilizaron este lunes en el centro de Caracas, acompañados principalmente por miembros de la Coalición Sindical, para reclamar la liberación de quienes están secuestrados por razones políticas, pero también para exigir mejoras salariales, la fijación de un cronograma electoral, y el regreso de la dirigente política María Corina Machado.

La marcha arrancó desde Plaza Venezuela, avanzó por la avenida Libertador con destino al municipio Chacao. Un despliegue de funcionarios policiales y la instalación de barricadas a la altura de la sede de Petróleos de Venezuela (PDVSA), en La Campiña, impidieron el paso hacia otras zonas de la ciudad.

El bloqueo policial obligó a la marcha a modificar su recorrido. La multitud de personas llegó a la sede del legítimo Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, donde permanecieron para exigir respuestas sobre la situación de los detenidos.

Una comisión de familiares ingresó al citado organismo, mientras que el resto de los manifestantes permaneció en las inmediaciones de la institución. Entre las exigencias estuvo el esclarecimiento de la muerte de la presa política Eleiner Sánchez y la atención a las denuncias relacionadas con las condiciones de reclusión y el estado de salud de otros detenidos.

Madres, esposas y defensores de derechos humanos también denunciaron la demora en los procedimientos judiciales y reclamaron que los tribunales atiendan los casos de los presos políticos y evalúen medidas sustitutivas de libertad.

Durante la jornada también se registró una concentración de madres, esposas y defensores de derechos humanos en Plaza Venezuela, quienes denunciaron las condiciones de reclusión, el deterioro de la salud de varios detenidos y la dilación de los procesos judiciales. Exigieron la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos y la aplicación de medidas sustitutivas de libertad.

Dirigentes de la Coalición Sindical, como Carlos Salazar, señalaron que las demandas incluyen salarios y pensiones dignos (congelados desde hace años y sustituidos en gran medida por bonos), el pago de aguinaldos justos, el restablecimiento de servicios básicos y el cese de lo que consideran un veto al retorno de Machado.

Salazar anunció una nueva concentración para la próxima semana con el objetivo de llegar hasta el Palacio de Miraflores. La movilización forma parte de un ciclo de protestas laborales y políticas que se ha intensificado en septiembre, en un contexto de transición tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 y bajo el régimen de Delcy Rodríguez.

Trabajadores tomaron las calles en Bolívar, Zulia y Lara para reclamar salarios dignos

Caracas. – Trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y de otras empresas básicas de Guayana (Bolívar), pero también en los estados Zulia y Lara, protagonizaron este lunes trancas y protestas masivas, en una jornada nacional de movilizaciones impulsada por diversos sectores sindicales y sociales, para exigir tanto mejoras salariales como la definición de una ruta electoral para convocar elecciones.

Durante la protesta en Bolívar, los empleados obstaculizaron puntos clave de Ciudad Guayana por más de cuatro horas, afectando accesos como el portón I y IV de Sidor, el distribuidor de Alcasa, el peaje de Upata y las inmediaciones de CVG Carbonorca. Reclamaron la restitución de beneficios laborales y cuestionan las condiciones derivadas de la aplicación del Memorando-Circular 2792.

El documento, emitido por el Ministerio del Trabajo el 11 de octubre de 2018, estableció lineamientos para las negociaciones colectivas y creó una Comisión de Control y Seguimiento de las Convenciones Colectivas. Entre sus disposiciones se estableció que el salario mínimo sería el punto de partida de los tabuladores salariales, mientras que beneficios previamente acordados podían ser sometidos a revisión.

Organizaciones sindicales y trabajadores han cuestionado desde entonces los efectos de esas disposiciones sobre las convenciones colectivas y los beneficios laborales. En Guayana, los reclamos han incluido la defensa de las contrataciones colectivas y la recuperación de beneficios que los trabajadores consideran afectados.

A la protesta de Bolívar se sumaron movilizaciones en otras regiones. En el estado Zulia, trabajadores marcharon este lunes para exigir reivindicaciones salariales y mejoras en sus condiciones laborales. Jesús León, representante de la Unidad Laboral del Zulia, afirmó que los trabajadores mantendrán las acciones de protesta para exigir respuestas a sus demandas.

La marcha partió desde el Rectorado Nuevo de LUZ con dirección a la cabecera del Puente General Rafael Urdaneta. Los manifestantes utilizaron la consigna “salario digno ya” para exigir mejoras en sus ingresos y condiciones laborales.

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) obstaculizaron el avance de la movilización en la Circunvalación 1, a la altura del municipio San Francisco. También, en Lara hubo movilización este lunes, pero desde días recientes los trabajadores han estado protestando en esa entidad.

El pasado 24 de septiembre, trabajadores de distintos sectores se concentraron frente a la Inspectoría del Trabajo en Barquisimeto para reclamar mejoras salariales y respeto a los derechos laborales. Pero este lunes, la concentración fue en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) en Barquisimeto, donde representantes de docentes, administrativos y obreros alzaron su voz.

Exigieron un aumento salarial inmediato, argumentando que los ingresos actuales no cubren la canasta básica y que los salarios llevan años sin ajustes reales. Asimismo, denunciaron la precariedad de la seguridad social y la falta de pólizas de salud efectivas.

Valentín Santana advierte que «La Piedrita» combatirá al CICPC si intentan detenerlo

Caracas. – El líder del «Colectivo La Piedrita», Valentín Santana, difundió un audio en el cual amenaza al CICPC, al señalar que funcionarios de ese organismo tendrían ya varios días buscándolo, ante lo cual advirtió que los subversivos bajo su mando «darán la batalla» en caso de que los confronten.

En el audio no solo encara a los efectivos de la policía científica, sino que envía una advertencia directa al narcorégimen interino de Delcy Rodríguez sobre un eventual enfrentamiento.

Durante la grabación, el vocero de la organización con centro de operaciones en la parroquia 23 de Enero tildó a los miembros del organismo detectivesco de «mercenarios», y los instó a prepararse para un eventual enfrentamiento en la comunidad caraqueña. «Prepárense para combatir porque nosotros no nos vamos a rendir», amenazó.

Según Santana tiene ya “tres días asediado” por los efectivos del citado organismo, quienes al parecer, intentan precisar su ubicación. Cabe recordar que Santana figura en investigaciones judiciales vinculadas a un caso de homicidio. Por ello, existen antecedentes de operativos policiales para localizarlo, y de fuertes amenazas y acusaciones cruzadas entre el dirigente de «La Piedrita» y funcionarios del organismo de investigaciones.

Ahora Santana asegura que el cerco se mantiene desde hace tres días, abriendo un nuevo capítulo de confrontación entre organismos del Estado, y una estructura que durante años se identificó abiertamente con la llamada revolución bolivariana.

No obstante, desde hace varios meses en este año, y luego que Delcy Rodríguez tomara el control del interinato chavista tras la captura de Nicolás Maduro, Santana y sus colectivos se han declarado contrarios a la cúpula que ahora controlan los hermanos Rodríguez, siendo partidarios de posiciones radicales como las mantenidas por los chavistas Mario Silva, Iris Varela o Elías Jaua, entre otros.

Estas posturas atacan al interinato, y lo tildan de estar conformado por traidores que entregaron a Maduro a los EE. UU., y supuestamente han entregado el país a la administración Trump a cambio de perdón.

Continúan las protestas nocturnas contra los cortes eléctricos en varios estados

Caracas. – Nuevas protestas contra los continuos cortes de electricidad, se registraron durante la noche de este pasado domingo en varios estados del país, entre ellos Aragua, Cojedes, Portuguesa, Monagas y Barinas donde los habitantes reclamaron a las autoridades chavistas soluciones, ante la crisis eléctrica que se agrava en las regiones del interior del país.

Con cacerolazos, vecinos de la comunidad San Mateo, en Aragua, salieron a las calles para reclamar el restablecimiento del servicio. Uno de los habitantes denunció que la noche anterior cortaron el suministro eléctrico de 2:00 am a 6:00 am.

En el estado Portuguesa, residentes del sector Juan Pablo II y comunidades adyacentes de la ciudad de Guanare trancaron el paso por la autopista José Antonio Páez tras acumular más de 11 horas continuas sin suministro eléctrico.

Mientras tanto, en San Carlos, estado Cojedes, habitantes del sector El Retazo protagonizaron una manifestación la noche de este domingo para exigir la restitución del servicio. Con quema de cauchos, los vecinos bloquearon el tránsito vehicular en la avenida Rómulo Gallegos, lo que provocó la movilización de los cuerpos de seguridad a la zona.

En la ciudad de Maturín (Monagas), los ciudadanos se concentraron en la avenida Libertador para reclamar la restauración inmediata del servicio de energía. El mismo escenario se repitió en Barinas, donde se reportaron focos de concentración comunitaria y trancas en varias zonas residenciales en rechazo a la inestabilidad de la red eléctrica.

Los manifestantes en las citadas entidades coincidieron en señalar, que el principal motivo de las protestas —además de exigir mejoras y reparaciones inmediatas— es visibilizar a nivel nacional, el impacto de las interrupciones eléctricas que se prolongan hasta por 15 horas continuas.

Los prolongados cortes interrumpen no solo las actividades comerciales, que de por sí es una razón válida para protestar, sino que también afectan las actividades escolares. Muchos escolares y liceístas se ven obligados a perder muchos días de clases por semana, debido a que los planteles no están aptos para funcionar justamente por carecer de electricidad.