El juez federal Sebastián Casanello decretó este lunes el sobreseimiento —fin de un proceso judicial, o pase de autoridad— de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por un caso de lavado de dinero.
Hace semanas el fiscal Guillermo Marijuán hizo esta solicitud a Casanello en la causa conocida como ‘La ruta del dinero K’, por la cual el empresario Lázaro Báez fue condenado a 10 años de prisión, acusado de haber lavado unos 65 millones de dólares a través de la financiera llamada ‘La Rosadita’.
«Báez y otras personas han lavado, pero no encuentro elemento de prueba para vincular a Cristina Fernández con eso», afirmó en su momento Marijuán.
En ese sentido actuó Casanello este jueves, el cual afirmó que «sin acusación no hay proceso penal posible».
Cabe decir que una vez que la Fiscalía pide un sobreseimiento, lo correspondiente es que el juzgado finalice el procedimiento penal por ausencia de imputación.
De hecho, tanto la Unidad de Información Financiera (UIF) como la agencia recaudadora AFIP, querellantes de la causa, coincidieron la semana pasada con el dictamen exculpatorio del fiscal.
Las estimaciones privadas sugieren que el déficit fiscal del Gobierno nacional superará el 5% del PBI para fin de año, mientras que solamente los intereses del Banco Central podrían superar el 7% del producto. El acuerdo con el FMI sigue en proceso de negociación, y las metas suspendidas.
La economía argentina opera sin ningún tipo de ancla. El acuerdo original con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se fue flexibilizando constantemente debido a los reiterados incumplimientos del Gobierno kirchnerista, hasta el punto en que todas las metas trimestrales para el déficit y la monetización del mismo fueron eliminadas hasta la negociación de un nuevo esquema.
Así, el Gobierno incumplió la primera meta fiscal del año 2023 y el déficit primario del Sector Público Nacional (SPN) escaló hasta el 2,26% del PBI en marzo. La meta propuesta para fin de año, en torno al 2,5% del PBI, tampoco podrá cumplirse. Las estimaciones privadas sugieren que más bien rondará entre el 3% y el 4% del producto en el acumulado de 12 meses hasta diciembre.
Asimismo, el déficit financiero (incluyendo el pago de intereses por la deuda pública) superó el 4,3% del PBI en marzo y alcanzó el valor más drástico de los últimos 7 meses. Pese al ajuste en materia de subsidios económicos (principalmente sobre las tarifas de energía y transporte), el gasto público no se moderó y la sequía impactó de lleno sobre los ingresos fiscales por retenciones.
Déficit consolidado del Sector Público Nacional (sin Provincias ni municipios) y Banco Central.
Sin lugar a dudas el dato más dramático para la estabilidad fiscal es el pago de intereses por los pasivos remunerados del Banco Central. Esta partida ya supera fácilmente el 4,5% del PBI y para fin de año podría llegar a superar el 7% del PBI.
Entre los distintos niveles del déficit fiscal, el Gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa podría dejar un desequilibrio consolidado total de más de 12 puntos del PBI para fin de año, algo que no se veía desde el año 1975 con el estallido del famoso Rodrigazo.
Se deja una auténtica bomba de tiempo, una combinación de la peor situación fiscal de los últimos 50 años y al mismo tiempo un desequilibrio en pasivos remunerados muy similar al que había en el primer trimestre de 1989 (la antesala de la peor hiperinflación de la historia argentina).
– El Gobierno tiene un déficit fiscal que supera los USD30.000 millones, al blue. – El BCRA tiene un déficit cuasifiscal de USD40.000 millones, al blue.
Todo financiado con maquinita mientras se pide una limosna a Brasil.
Se debe tener en cuenta que el acuerdo con el FMI solamente limita el déficit primario del Gobierno nacional, pero no establece ningún tipo de restricción sobre el resultado financiero o el déficit que surge por la acción del BCRA. Ambos elementos tienen rienda libre para el Gobierno.
Lo mismo ocurre con la propia monetización para financiar al fisco. El FMI sólo estableció restricciones para la aprobación de “adelantos transitorios” y “transferencia de utilidades” al Tesoro, y no dice absolutamente nada sobre la emisión monetaria para la compra de títulos públicos (una manera indirecta de monetizar el déficit) o la emisión para comprar divisas (por los sucesivos lanzamientos del dólar soja) o el propio pago de intereses por la deuda remunerada.
El equipo económico sigue negociando una quinta revisión del acuerdo con el Fondo para disponer de otra flexibilización adicional. El Gobierno busca negociar un adelanto de los desembolsos correspondientes al segundo trimestre, pero no hay ninguna garantía de que el FMI vaya a dar el brazo a torcer (otra vez) en este aspecto en particular.
Es el autor de uno de los peores crímenes en Argentina, que introdujo un cambio en la legislación para que se hable de “grooming” en la justicia. Está detenido en Florencio Varela pero pide que lo cambien a una prisión femenina.
Se trata de Jonathan Luna, el homicida de Micaela Ortega, una niña de 12 años a la que engañó a través de un perfil falso de Facebook para que se vean. Luna se hizo pasar por una adolescente que quería conocerla, pero terminó asesinándola.
El hecho ocurrió el 23 de abril del 2016, y no fue hasta un poco más de un mes de la desaparición, el 28 de mayo, que Micaela fue encontrada con intentos de violación, estrangulada con una remera y golpeada en la cabeza en un descampado en las afueras de la ciudad de Bahía Blanca, en un lugar lleno de arbustos y pastizales localizado cerca de la ruta 3 y a pocos kilómetros de la localidad de General Daniel Cerri.
Luna era un viejo conocido de la Justicia y de heco, cometió el crimen de la menor mientras estaba prófugo, ya que se había escapado de la cárcel en 2014 durante una salida transitoria mientras se encontraba purgando una condena por robo calificado en la provincia de Río Negro.
Finalmente, el 19 de octubre de 2017 fue condenado a prisión perpetua gracias al trabajo del fiscal Rodolfo De Lucía, en un juicio histórico en el país, ya que se trató del primer caso donde se utilizó el tipo penal “grooming” (engañar a un niño a través de redes sociales para poder abusar de él), seguido de muerte.
A pesar de esta cumpliendo cadena perpetua, según confirma el portal LaBrujula24, Jonatha Luna se cambió el nombre a “Yoana Luna” y viene presentando sistemáticamente escritos formales, alegando que se auto-percibe mujer y que quiere ser trasladado a una cárcel de mujeres.
Además, en los reclamos expuestos por el defensor oficial, pide que le devuelvan el teléfono celular porque “la está pasando muy mal” y esto está afectando su psiquis como una persona trans.
Como si esto fuera poco, además de querer pasar el resto de sus días rodeado entre mujeres a pesar de ser un femicida (un tipo legal que existe en Argentina para identificar a los homicidas varones que asesinan a mujeres), en sus presentaciones legales también alega el crimen cometido no pudo haver sido un femicidio, si no un homicidio simple, ya que él es una mujer.
Si bien en otras circunstancias esto sería un pedido absurdo, gracias a la Ley 26.743 “Ley de Identidad de Género”, sancionada en 2012, el reo está en su derecho de hacer este pedido. Según el documento de la legislación, cualquier argentino “tiene derecho” a:
Modificar sus datos personales en el Registro. Puede cambiarse el nombre, la imagen y el sexo registrado.
Acceder a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas totales o parciales para adecuar su cuerpo a la identidad elegida.
Desarrollar su personalidad de acuerdo con la identidad elegida.
El candidato libertario prometió eliminar la brecha cambiaria y las retenciones. “El sector triplicaría sus ingresos”, manifestó ante los aplausos del auditorio compuesto por dirigentes y empresarios de la SRA.
En un año electoral donde Juntos por el Cambio, el kirchnerismo y los liberales se encuentran en un triple empate técnico para las presidenciales, hay un fuerte impulso para conseguir todos los apoyos posibles de las más principales organizaciones del campo.
En este contexto, el candidato libertario Javier Milei disertó ante la Sociedad Rural Argentina (SRA) este miércoles en un auditorio integrado por los máximos directivos de la institución, quienes aplaudieron de pie su agenda para el sector agro.
El candidato liberal tiene dos propuestas bien concretas para el campo: dejar de robarle a través de retenciones y dobles imposiciones tributarias y eliminar la brecha cambiaria que obliga a los exportadores a liquidar su producción con un dólar a veces 2 o 3 veces más bajo que el valor real.
“Con estas reformas el agro triplicaría sus ingresos”, advirtió el diputado y candidato presidencial, quien por otra parte le dedicó acusaciones explosivas tanto al kirchnerismo como al macrismo. “El Estado les robó un total de US$ 500.000 millones de dólares”, lanzó con dureza.
“En estos 20 años, al sector se le robó poco más de 170.000 millones de dólares con las retenciones”, afirmó el líder de La Libertad Avanza. “Pero si eso se ajusta con la brecha cambiaria, quiere decir que el Estado le robó US$ 500.000 millones”, explicó Milei en el predio de la Rural.
“Si se eliminara la brecha cambiaria y las retenciones”, expuso Milei, “el sector triplicaría sus ingresos. A partir de ahí les estarían sacando el pie de encima y podrían crecer y aportar muchísimo para la Argentina que hemos soñado”, detalló.
El renombrado economista también se refirió a su propuesta de eliminar el Banco Central y aseguró que a diferencia de Macri, él va a eliminar el cepo y va a eliminar las competencias del gobierno que permitirían volver a introducir un cepo, como ocurrió hacia el fin del mandato de Cambiemos. “Conmigo no habría más brecha, habría un solo precio para el dólar, el mercado estaría libre”, remató.
“Miren lo maravilloso que es el campo argentino, que le sacan la mitad de los ingresos, después les cobran retenciones y encima, después de todo eso, les cobran más de 20 impuestos, y aún así sobreviven”, destacó Milei.
“Es un milagro que sobrevivan. Por lo tanto, sin lugar a dudas, ustedes son el sector más eficiente del mundo y negar eso es negar el principal beneficio y ventaja que tienen”, concluyó Milei ante los productores y dirigentes de la Sociedad Rural Argentina.
Milei fue recibido por el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quien recientemente dijo en una entrevista radial que el sector todavía no decidió a qué candidato apoyar pero que a él personalmente le gustaban las propuestas del libertario más que las otras.
El evento de la SRA contó además con Horacio Rodríguez Larreta, Juan Schiaretti y Patricia Bullrich, los otros tres candidatos presidenciales confirmados hasta el momento. El kirchnerismo rechazó la invitación a exponer ante el sector.
El INDEC confirmó que la pobreza alcanzó al 29,6% de los hogares y hasta el 39,2% de las personas en el segundo semestre del año pasado. Escaló casi tres puntos porcentuales desde la última medición, reflejando el impacto de la recesión y el estallido inflacionario.
Los ingresos corren sistemáticamente por debajo de la escalada inflacionaria, mientras que la actividad económica atraviesa una incipiente fase recesiva desde septiembre del año pasado. El resultado fue el deterioro de los principales indicadores sociales del país.
El INDEC confirmó que la tasa de pobreza oficial alcanzó al 39,2% de las personas al término del segundo semestre del año pasado, y hasta el 29,9% de los hogares fueron pobres. Se acumuló una suba de 2,7 puntos porcentuales en comparación al dato del primer semestre de 2022, y un aumento de4,2 puntos con respecto al segundo semestre de 2019 (el último dato del Gobierno de Macri).
Asimismo, la tasa de indigencia representó el 8,1% de las personas en la encuesta EPH del INDEC, y el 6,2% de los hogares de referencia. Este indicador mide la cantidad de personas y hogares que no alcanzan a obtener ingresos mensuales suficientes como para comprar al menos una canasta básica alimentaria.
El resultado se encuentra en línea con lo esperado por estimaciones privadas como el Nowcast de pobreza del economista Martín González Rozada, que proyectaba alcanzar un 39,6% para diciembre de 2022.
Con la misma medición, y en base a los datos de IPC y canasta básica total publicados mensualmente por el INDEC, se estima que la pobreza habría continuado su tendencia alcista y ya representaría hasta el 42,2% hacia el segundo semestre finalizado en febrero de este año. La marginalidad habría vuelto a los niveles extremos observados durante el peor momento del shock provocado por la pandemia, pero esta vez en respuesta de la elevada inflación y la recesión.
La población de la pobreza es sin lugar a dudas el indicador más representativo del fracaso económico del Gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. De hecho, la mayor parte del aumento de la marginalidad social ocurrió durante la gestión del ministro Massa entre agosto y diciembre.
La incidencia de la pobreza del segundo semestre de 2022 fue de 39.2% con un intervalo de confianza al 95% que fue de 38.3% a 41% (datos INDEC) en línea con lo pronosticado por el Nowcast de pobreza hace un tiempo. pic.twitter.com/RjmwjESWi4
La distribución etaria de la tasa de pobreza implica un dramático resultado en la vista al futuro y la formación de capital humano necesario para sostener el crecimiento a largo plazo. La pobreza infantil (de 0 a 14 años) escaló al 54,2% en el segundo semestre de 2022 y se disparó 9 puntos en comparación con el 47% observado en el primer trimestre de ese año.
Cerca del 45% de la población entre 15 y 29 años cayó por debajo de la línea de la pobreza, especialmente por la gran incidencia de la desocupación en este segmento etario y por el accionar corrosivo de la inflación.
Sobre la población entre 30 y 64 años la tasa pobreza alcanzó el 35%, mientras que para el grupo etario más de 65 y más la tasa se moderó al 14,5%. Aún así, la disminución del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones (a pesar de la entrega temporal de bonos) provocó un aumento de la pobreza en jubilados en comparación al 12,1% registrado en el primer semestre de 2022.
El índice Merval se desplomó hasta un 5% en la jornada del día viernes, y los bonos en dólares sufrieron importantes caídas. El shock internacional llega al país en medio del colapso del programa de Sergio Massa y el fuerte estallido inflacionario.
Como si los problemas internos no fueran suficientes, el shock financiero internacional provocado por la caída del Silicon Valley Bank amenazan con bautizar otro capítulo más en la inestabilidad argentina.
Al riesgo por un incumplimiento local se le suma el propio riesgo que sufre el mercado financiero mundial. Por estas razones, el índice de Riesgo País que elabora JP Morgan se disparó hasta los 2.207 puntos básicos al cierre del 10 de marzo, obteniendo así un aumento del 3,1% en un día. Se trata del valor más importante desde diciembre del año pasado.
El índice bursátil S&P Merval sufrió una fuerte caída que llegó hasta el 2,87% en su peor momento del día viernes, y finalmente cerró la jornada al estabilizarse en los 240.621,910 puntos. Se sintió el mismo efecto que prácticamente sufrieron el grueso de las plazas bursátiles a nivel global. Las acciones bancarias fueron las más directamente afectadas por el shock internacional, y sufrieron caídas de hasta el 5,18%.
Como era de esperar, las acciones argentinas cotizando en la plaza de Wall Street también sufren una reversión importante. Los ADRs mostraron números rojos prácticamente sin ninguna excepción: Pampa Energía se desplomó un 5,35%, YPF cayó un 4,15% después de anotar buenos rendimientos en los últimos días, Edenor se desplomó un 3,14% y Transportadora del Gas del Sur cayó casi un 1%.
Los ADRs financieros también sufrieron importantes correcciones. El Grupo Financiero Galicia cayó un 2,7%, el Banco Macro un 2,3%, el BBVA hasta un 1,42%, el Grupo Supervielle retrocedió un 0,47%, y Mercado Libre cayó un 1,28%.
El shock no podría haber llegado en un peor momento. El Banco Central se encuentra en medio de una profunda sangría de reservas, en parte para hacer frente al pago de importaciones, para atender la creciente demanda de los mercados y para postergar una devaluación más acelerada sobre el cambio oficial.
Al mismo tiempo, la histórica sequía sobre el campo limita la entrada de divisas al país, así como también la recaudación tributaria vía retenciones correspondiente a los primeros meses del año.
El programa de Sergio Massa comenzó a dar indicios de agotamiento tan pronto como a principios del año, cuando quedó en evidencia que la meta inflacionaria para diciembre no podrá cumplirse de ninguna manera. La inflación alcanzó el 6% mensual en enero, volvería a registrar una variación similar en febrero, y las proyecciones para marzo superan el 7%.
El shock internacional solamente profundiza una tendencia negativa que ya se venía observando desde el segundo semestre del año pasado. La actividad económica se resintió, la inflación mensual no logró perforar el piso del 5% y la prima de Riesgo País ya se encontraba en alza desde la primera semana de febrero.
Después de criticar a Bolsonaro por designar a Sergio Moro en su gobierno, Lula ahora está intentando designar a Cristiano Zanin, el “Moro del PT”, como juez del STF.
El presidente de extrema izquierda Lula da Silva deberá nominar al menos dos jueces para el Supremo Tribunal Federal (STF) este año, debido a los retiros de Ricardo Lewandowski, en mayo, y Rosa Weber, en octubre, quienes cumplen 75 años y se deben jubilar obligatoriamente según la ley brasileña.
Estas nominaciones deben ser aprobadas por el Senado, que tiene mayoría opositora, por lo que muchos esperaban dos nombres consensuados con los partidos del Centrao, la agrupación de partidos centristas que dominan el Congreso.
Pero estas especulaciones fueron derrumbadas esta semana cuando el propio Lula aseguró que está intentando conseguir los votos para que le aprueben la eventual nominación de Cristiano Zanin, el abogado personal del mandatario, quien lo defendió durante la causa Lava-Jato, que terminó en su prisión efectiva y luego eventual liberación
Así lo dijo durante una entrevista con Rádio Band News, donde Lula afirmó que está pensando en su nombre y que “tendrá en cuenta el carácter” al hacer las nominaciones, y que si no termina siendo Zanin, definitivamente será alguien de su confianza.
A pesar de que lo ayudaron explícitamente a conseguir la presidencia en 2022, persiguiendo a los seguidores de Bolsonaro, encarcelando periodistas, diputados y empresarios de derecha, Lula mantiene que la Corte Suprema es la cabeza de un Poder Judicial corrupto que lo quiere ver preso.
Esto simplemente no es cierto. Fue la propia Corte Suprema la que lo dejó en libertad luego de que fuera condenado por un tribunal regional. Además, Lula ya ha nombrado 8 de los 11 jueces de la Corte durante sus anteriores gobiernos y los de Dilma.
Lula aún puede hacer una tercera nominación para el STF si se confirma el rumor de que se espera que el juez Luís Roberto Barroso se retire antes de tiempo. De ocurrir esto, Lula podrá alcanzar el hito histórico de haber hecho 11 nominaciones para la Corte Suprema que tiene 11 bancas, despejando cualquier duda que pueda quedar incluso en los militantes más duros del PT que la izquierda controla el Poder Judicial.
Quién es Cristiano Zanin
Zanin es un criminalista y abogado activo en derecho económico, empresarial y societario, que saltó a la fama cuando se convirtió en el abogado a cargo de la defensa de Lula en la causa Lava-Jato.
Graduado de la PUC-SP, el abogado fue el autor, en 2021, del recurso de hábeas corpus presentado en el Supremo Tribunal Federal (STF) que resultó en la anulación de las condenas de Lula, luego de que el Tribunal dictaminara que Sergio Moro pertenecía a una corte regional mientras que el entonces ex presidente debía ser juzgado por una corte federal.
La anulación de las sentencias restableció los derechos políticos de Lula, quien estuvo 580 días en prisión, lo que le permitió postularse a las elecciones de 2022, a pesar de que Brasil tiene una fuerte ley de Ficha Limpia.
El abogado es el principal asesor de Lula en cuestion legales, y muchos especulaban que iba a terminar siendo designado como Ministro de Justicia. Sin embargo, tuvo que ceder a las presiones de otros partidos de su coalición y finalmente fue Flávio Dino el designado, lo que abrió la puerta para que Zanin sea enviado a la Suprema Corte en su lugar.
Los datos preliminares para la inflación de febrero sugieren que el 2023 será incluso más inestable que el año pasado. El resultado fiscal del primer mes del año agrega incertidumbre por la evolución futura de los precios.
El gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa comenzó el año electoral con un fuerte aumento del gasto público durante el mes de enero, y más próximamente una ley de moratoria previsional que añade un déficit de $278.086 millones de pesos para la ANSES en 2023.
Con el pésimo desempeño de las finanzas públicas, las metas inflacionarias difícilmente podrán cumplirse. Las consultoras privadas sugieren que los precios minoristas aumentaron entre un 5,5% y hasta 6,4% en el mes de febrero, mientras que el INDEC ya confirmó una inflación mensual del 6% en el primer mes del año.
Si se cumple este pronóstico, con plena seguridad la tasa de inflación interanual alcanzará y superará el 100%,un hecho inédito para el peso actual y una suba que no se veía en una moneda en Argentina desde 1991. El programa de Massa carece de las herramientas necesarias para llevar a cabo una estabilización propiamente dicha.
Para C&T Asesores Económicos la inflación habría llegado al 6,2% mensual en febrero, y hasta 105% en el acumulado de los últimos 12 meses. Si el IPC que mide el INDEC observa un salto de estas magnitudes, entonces el nivel de inflación interanual ascendería al 101,7%.
La consultora LCG estima que los precios habrían aumentado incluso más, hasta un 6,8% en comparación con el período precedente. Entre otros factores importantes, se observaron fuertes aumentos en el precio de la carne (11,3%) y productos lácteos (8,2%) a lo largo de febrero. Este panorama involucraría una inflación interanual del 103% según la serie del INDEC.
La consultora Ecolatina pronostica una inflación mensual del 6,3%, en línea con los diagnósticos más habituales, y la variación interanual de los precios llegaría al 101,9%. Nuevamente, se trata de la cifra más importante desde octubre de 1991.
El sondeo de relevamientos de la consultora Orlando J. Ferreres (OJF & Asociados) proyecta un aumento de precios del orden del 6,4% para febrero, y un nivel de inflación interanual del 101,5%.
Ni el programa Precios Justos ni la desaceleración de la tasa de devaluación oficial pudieron ponerle un freno al ritmo de aumento de los precios. Para el exministro de Economía Domingo Cavallo, el riesgo fiscal implícito en el resultado de enero genera incertidumbre sobre el programa de Massa.
“El control del gasto público es la única herramienta que el gobierno tiene disponible para evitar que la tasa de inflación salte por arriba del 6% mensual. Aunque estuvo tentado de hacerlo durante diciembre y parte de enero, ya expliqué en informes anteriores que el gobierno no podrá atrasar más el tipo de cambio oficial”, explica Cavallo en su blog personal.
Sin ajuste fiscal, el Gobierno se queda sin alternativas para controlar la inflación. La posición de pasivos remunerados ya alcanza el nivel más peligroso desde el primer semestre de 1989, y atrasar el tipo de cambio oficial en estas circunstancias podría desencadenar un efecto similar al Rodrigazo de 1975.
En pleno año electoral y con la economía entrando en recesión, la idea de un ajuste fiscal y con la debida actualización del tipo de cambio oficial a la inflación, parece cada vez menos probable.
El Gobierno argentino se ha mostrado dispuesto este martes a otorgar la ciudadanía a los disidentes acusados por la Fiscalía de Nicaragua por un delito de «traición a la patria», entre los que se encuentra el escritor y vicepresidente nicaragüense Sergio Ramírez.
«Por supuesto (que) está la posibilidad de darle la ciudadanía argentina a Sergio Ramírez y a todos los que están padeciendo lo que está sucediendo en Nicaragua. Si la pide, se la damos», ha indicado el ministro de Exteriores argentino, Santiago Cafiero, en una entrevista con la emisora Radio con Vos.
Cafiero ha indicado que esta posibilidad ha sido consultada con el presidente Alberto Fernández. «(Argentina) siempre ha marcado la necesidad de que (Nicaragua) vuelva a respetar los Derechos Humanos», ha agregado, según ha recogido el diario ‘Clarín’.
Más tarde, la portavoz de la Presidencia argentina, Gabriela Cerruti, ha reiterado en su perfil oficial de Twitter que el Gobierno argentino «está dispuesto a otorgar la ciudadanía argentina a Ramírez y la escritora «Gioconda Belli», así como al resto de afectados.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, fue blanco de críticas tras acusar a los ciudadanos de ser los responsables de los altos índices inflacionarios que se viven en el país al asegurar que la inflación es algo autoconstruido.
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