El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha afirmado que la guerra con Irán podría prolongarse dos semanas, o «quizás tres», y ha descartado que el tiempo sea un «factor crucial» para los intereses de Washington. «De una forma u otra, ganamos», ha afirmado.
«O cerramos el trato correcto o ganamos con mucha facilidad. Desde el punto de vista militar, ya hemos ganado», se ha repetido el presidente de EE. UU. en una entrevista para a ABC News, publicada este martes, tal y como él mismo ha apuntado. «Ya me han oído decirlo un millón de veces», ha reconocido.
Trump ha evitado, no obstante, pronunciarse acerca de si los ataques de Irán sobre Emiratos Árabes Unidos (EAU) han supuesto una violación de la tregua. «Ya veremos qué pasa», ha dicho. En un acto en la Casa Blanca el lunes minimizó el alcance de estos ataques afirmando que «no hubo daños importantes».
Asimismo, ha restado importancia a la posible duración de la guerra, ya que según él, en contraste con lo que apuntan las encuestas, existe una gran aceptación entre el público estadounidense hacia esta guerra. «El tiempo no es un factor crucial para nosotros», ha asegurado.
Por otro lado, el presidente de Estados Unidos ha afirmado que tienen el control del estrecho de Ormuz después de poner en marcha la operación ‘Proyecto Libertad’, una iniciativa «humanitaria», según dijo hace unos días, con la que pretender facilitar el tráfico marítimo de aquellos buques atrapados en el golfo Pérsico.
Con respecto a la reservas de uranio de Irán, principal argumento que han esgrimido EE. UU. e Israel para poner en marcha esta nueva ofensiva, Trump ha minimizado su alcance como consecuencia de los bombardeos lanzados en junio.
«Probablemente no se pueden usar», ha dicho el jefe de la Casa Blanca, aunque ha apuntado que le gustaría hacerse con ellas para evitar que las autoridades iraníes «caigan en la tentación» de insistir con sus aspiraciones nucleares.
Damelys Malave, líder de capítulo Ladies Of Liberty Alliance Aragua
“(…) el problema no es que el Estado ayude mal, sino que la naturaleza de la ayuda estatal tiende a generar distorsiones inevitables.”
Damelys Malave
Hay una idea profundamente arraigada en la política moderna sobre que el Estado está allí para ayudar; ayudar a los más vulnerables, ayudar a corregir desigualdades, ayudar a tomar decisiones “mejores”, ayudar a todos… y suena bien, de hecho, es una de las pocas premisas que rara vez se cuestionan.
Pero hay una pregunta incómoda que casi nunca se hace: ¿qué pasa cuando esa ayuda no solo falla, sino que empeora la situación? La historia muestra que cada vez que el Estado asume el rol de protector activo, termina acumulando poder, desplazando decisiones individuales y generando efectos que no estaban en el plan original. Esto es un patrón claro, no un accidente, y nos indica que cómo funcionan los incentivos del Estado, que llevan a lo antes descrito.
Tomemos el caso de la Unión Soviética (URSS): la premisa inicial era precisamente «ayudar», garantizar empleo, acceso a bienes, estabilidad. Para lograrlo, el Estado tuvo que intervenir en todo: producción, precios, distribución. Sin embargo, el resultado fue un sistema donde la escasez era permanente y las decisiones individuales prácticamente desaparecieron. Es decir, la ayuda no solo falló, sino que creó una estructura incapaz de sostenerse.
Pero el problema no es exclusivo de sistemas extremos. Aparece cada vez que se intenta sustituir decisiones individuales por decisiones centralizadas. Por ejemplo, cuando un gobierno fija precios “para ayudar”, lo que hace es distorsionar la señal que guía la producción; cuando regula comportamientos “para proteger”, reduce el margen de elección; cuando subsidia de forma permanente “para aliviar”, crea dependencia; y en cada uno de esos casos, el efecto acumulado es el mismo: menos autonomía, menos dinamismo, menos capacidad de adaptación.
Al final, el punto que debemos tener en cuenta al analizar las consecuencias de la intervención estatal es el siguiente: el Estado no opera en abstracto, más bien opera a través de sus propias reglas internas y esas reglas cambian el comportamiento de las personas en la sociedad. En este marco, si obtener beneficios depende de cumplir condiciones diseñadas por una burocracia, las personas ajustan su conducta a esas condiciones; si el riesgo es sistemáticamente reducido por intervención estatal, también se reduce el incentivo a innovar; y si las decisiones importantes son tomadas por otros, la capacidad de decidir se atrofia. Y esto no se trata de ideología, sino de hechos.
Incluso en contextos donde las políticas de ayuda han tenido efectos positivos en el corto plazo, el problema aparece en el largo plazo. Recordemos, por ejemplo, la Gran Sociedad impulsada por Lyndon B. Johnson logró ampliar el acceso a ciertos servicios, pero también dejó una discusión abierta sobre los efectos de dependencia generados por algunos de sus programas. No porque las personas “quieran depender”, sino porque el sistema está diseñado de esa forma. Entonces, el problema no es que el Estado ayude mal, sino que la naturaleza de la ayuda estatal tiende a generar distorsiones inevitables, porque, para ayudar, el Estado necesita decidir: (i) quién necesita ayuda, (ii) cuánta ayuda y (iii) en qué condiciones, y esas decisiones, por definición, sustituyen las decisiones individuales.
Frente a esto, muchas veces se propone “mejorar el diseño” de las políticas, con el fin de hacerlas más eficientes, más focalizadas, más inteligentes. Pero eso no resuelve el problema de fondo, a saber: sigue siendo una estructura donde alguien decide por otros.
Por consigiente, la alternativa no es la indiferencia, como suele caricaturizarse. Es otra forma de organización social donde la ayuda no pasa por el control centralizado, sino por mecanismos descentralizados: mercados, redes sociales, cooperación voluntaria, innovación, espacios donde las soluciones emergen desde abajo, no se imponen desde arriba.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania Occidental no reconstruyó su economía sobre la base de un Estado que decidiera todo, sino sobre reglas que permitieran a los individuos decidir. Esa diferencia —aparentemente técnica— fue determinante, porque, al final, la pregunta no es si ayudar es bueno o malo, sino quién decide, cómo decide y qué se pierde en el proceso. Y la respuesta, una y otra vez, es la misma: cuando el Estado asume el rol de quien ayuda, inevitablemente asume también el poder de controlar, y ese poder, una vez que aparece, rara vez retrocede.
El movimiento separatista de la provincia canadiense de Alberta, en el oeste del país y fronteriza con EE. UU., ha asegurado haber presentado ante las autoridades cerca de 302.000 firmas en pro de lograr la celebración de un referéndum sobre la independencia, tras haber superado el umbral de 177.732 firmas requerido para ello.
Las mismas han sido presentadas por el responsable de la organización independentista Stay Free Alberta, Mitch Sylvestre, quien ha llegado a la oficina de Elections Alberta, sita en Edmont, capital de la provincia, con varias cajas que albergaban las firmas que habrán de ser verificadas. Todo ello con la mirada puesta en el propósito de esta organización de que sea celebrada la referida consulta el 19 de octubre de este mismo año.
«No creo que (la primera ministra de Alberta) Danielle Smith pueda, políticamente hablando, ignorar a los cientos de miles de albertanos que hicieron cola, incluso en las oscuras noches de enero, para tener la oportunidad de votar sobre la independencia», ha considerado el abogado del movimiento, Jeffrey Rath, en declaraciones recogidas por Radio Canadá.
No obstante, Smith ya ha manifestado con anterioridad que convocará un referéndum provincial sobre la separación, si se alcanzan y verifican las firmas necesarias para la votación que Stay Free Alberta espera que tenga lugar el próximo octubre.
Cabe recordar que la cuestión secesionista sobre esta provincia rica en petróleo que alberga a una población de unos cinco millones de personas, de acuerdo con el portal Alberta Economic Dashboard, también ha captado la atención de la Casa Blanca hasta el punto de que a finales de enero el primer ministro de Canadá, Mark Carney, emplazó al mandatario estadounidense, Donald Trump, a respetar la «soberanía canadiense», después de que trascendiera un encuentro entre funcionarios de Washington y representantes separatistas de Alberta.
Sobre dicho encuentro se pronunció entonces Rath, quien tras asistir al mismo celebró, en declaraciones al ‘Financial Times’, que Estados Unidos estaba «sumamente entusiasmado con una Alberta libre e independiente».
También lo hizo la propia Smith, quien adoptando una línea similar a las palabras de Carney abogó por una Administración estadounidense que respete la soberanía canadiense limitando «el debate sobre el proceso democrático de Alberta a los albertanos y canadienses».
La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha manifestado este lunes su «preocupación» por las «amenazas» y «hostigamiento» contra autoridades electorales, periodistas y otros actores en Perú y han pedido finalizar el recuento de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
«La Misión enfatiza que la violencia y la confrontación no constituyen vías legítimas para la convivencia democrática», ha planteado en un comunicado frimado por el jefe de la misión, y exsecretario general del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Víctor Rico Frontaura.
«Los partidos políticos y candidatos tienen la responsabilidad de actuar de manera pacífica, evitando el uso de lenguaje de odio o cualquier forma de incitación a la violencia», ha recordado.
La misión de observadores que dirige Rico «toma nota» de las solicitudes de auditorías, diligencias e investigaciones orientadas a fortalecer la transparencia del proceso electoral 2026, pero subraya que «dichas acciones deben realizarse con el más alto rigor técnico, garantizando que no interfieran en el normal desarrollo del proceso electoral en curso».
Asimismo, la Misión considera fundamental que las autoridades concentren sus esfuerzos en «asegurar una segunda vuelta eficiente, en estricto cumplimiento del cronograma electoral vigente» y por ello «hace un llamado urgente a las autoridades electorales para que concluyan, con la mayor celeridad y pleno apego a la ley, el conteo definitivo de votos» para que se pueda realizar la declaración oficial de resultados y qué candidatos concurrirán a la segunda vuelta.
«La MOE/OEA continuará dando seguimiento cercano a todas las etapas del proceso electoral y desplegará una amplia presencia en el territorio nacional durante la segunda ronda, reafirmando su compromiso con la transparencia, la integridad y la confianza en el proceso democrático», ha concluido.
Con el 90% de las actas contabilizadas, poco más de 25.000 votos separan a Roberto Sánchez de Rafael López Aliga y de la posibilidad de disputar el 7 de junio la segunda vuelta de las elecciones con la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, la más votada en los comicios con poco más del 17 por ciento de apoyo.
El Gobierno ruso ha anunciado este lunes una tregua los días 8 y 9 de mayo coincidiendo con el aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial que se celebraba en la Unión Soviética (URSS) y ahora en Rusia como el Día de la Victoria, propuesta a la que ha respondido Ucrania con un alto el fuego más amplio, desde el 6 de mayo, como «gesto de buena voluntad».
«Conforme a la decisión del comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, Vladimir Vladimirovich Putin, se declarará un alto el fuego para los días 8 y 9 de mayo de 2026», recoge el comunicado del Ministerio de Defensa ruso.
Rusia celebra así «la victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patriótica», como denomina Moscú a la Segunda Guerra Mundial, prosigue el texto. Moscú ha manifestado su deseo de que tras este anuncio, Ucrania se sume también a la iniciativa, destaca el comunicado formal difundido este lunes.
En su respuesta, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, destaca que «no ha habido petición oficial» sobre el cese de hostilidades, aunque accede a un alto el fuego desde las 00.00 horas del 6 de mayo «porque creemos que la vida humana es mucho más valiosa que cualquier celebración de aniversario».
El Tribunal Supremo de EE. UU. ha restablecido temporalmente el acceso a la píldora abortiva mifepristona tras un fallo de un tribunal inferior que limitaba su acceso por correo y vía telemática y que ponía como principal requisito para obtenerla la prescripción a través de un médico de forma presencial.
El juez conservador Samuel Alito ha suspendido de forma provisional y durante una semana un fallo anterior después de que un grupo empresas farmacéuticas presentara un recurso ante el máximo tribunal tras una decisión de una corte de apelaciones que bloqueaba el acceso de la pastilla por correo y por servicios de telesalud.
La empresa farmacéutica Danco Laboratories había defendido que el bloqueo de la medida —que restablecía nuevamente el requisito de solicitar la pastilla a través de la visita presencial a un médico— generaba «confusión» dentro de la industria, según ha recogido la cadena estadounidense CNN.
La suspensión, por tanto, está lejos de ser una decisión final y no representa la opinión del Supremo, que tendrá que revisar ahora la apelación presentada ante la corte. Este medicamento ha estado en el punto de mira desde que en 2022 se derogó la histórica sentencia Roe contra Wade, que consagraba el derecho al aborto en todo el país.
Caracas. – El dirigente Williams Dávila, que hasta hace algunas semanas fue preso político, denunció haber sido víctima de una persecución, por parte de esbirros del SEBIN, durante una reciente visita que hizo al estado Táchira.
Según lo señaló en una publicación de su cuenta en la plataforma X, el hecho ocurrió mientras se trasladaba desde Coloncito hacia La Grita, donde tenía previsto cumplir una promesa religiosa y reencontrarse con ciudadanos que, afirmó, han estado pendientes de su situación.
Allí fue perseguido por funcionarios del SEBIN que iban a bordo de dos vehículos: un Toyota Corolla blanco y una camioneta Toyota Tacoma gris. Dávila calificó lo ocurrido como un acto de hostigamiento político y sostuvo que su movilización fue monitoreada en distintos puntos del estado andino.
Pese a la situación, aseguró que continuará sus recorridos por el país y rechazó cualquier intento de intimidación. “El miedo no gobierna mi camino”, expresó en su mensaje, al reiterar que el derecho a la actividad política debe ser respetado.
También, el dirigente exigió al narcorégimen de Delcy Rodríguez el cese inmediato de la persecución. “Quienes hemos obtenido amnistía no tenemos por qué ser intimidados ni vigilados por funcionarios de seguridad del Estado”.
El Ejército de EE. UU. ha asegurado este lunes haber apoyado el tránsito de dos buques mercantes a través del estrecho de Ormuz, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una iniciativa «humanitaria» llamada ‘Proyecto Libertad’ para facilitar la salida de los barcos atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre de esta estratégica vía. Irán, sin embargo, asegura que ningún buque comercial ha cruzado el estrecho.
El Mando Central de EE. UU. (CENTCOM) ha indicado en un breve comunicado publicado a través de redes sociales que «dos buques mercantes con bandera estadounidense han transitado con éxito a través del estrecho de Ormuz y continúan su viaje de forma segura».
Así, ha subrayado que «destructores con misiles guiados de la Armada operan en el golfo Arábigo —en referencia al golfo Pérsico— tras transitar a través del estrecho de Ormuz en apoyo al ‘Proyecto Libertad'». «Las fuerzas estadounidenses están asistiendo activamente a los esfuerzos para restablecer el tránsito para el transporte comercial», ha zanjado.
La Guardia Revolucionaria, cuerpo militar e ideológico de élite iraní, ha negado más tarde este cruce. «Ningún buque comercial ni petrolero ha pasado a través del estrecho de Ormuz en las últimas horas», ha resaltado la Guardia Revolucionaria.
«Las afirmaciones de las autoridades estadounidenses son infundadas y completamente falsas. Los movimientos marítimos contrarios a los principios declarados por la Armada de la Guardia Revolucionaria tendrán que afrontar un grave peligro y los buques que los incumplan serán detenidos por la fuerza», ha advertido.
Poco antes, el CENTCOM ha negado que Irán haya alcanzado uno de sus buques en la zona, después de que el Ejército iraní asegurara que había impedido su paso en el estrecho de Ormuz. Fuentes citadas por la agencia iraní de noticias FARS apuntaron que las fuerzas de Irán lanzaron dos misiles contra el buque, alcanzándolo, sin más detalles.
El comandante del Mando Central de Jatam al Anbiya —el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes—, Alí Abdulahi, ha advertido este mismo lunes de que «cualquier fuerza armada extranjera» será atacada si «intenta acercarse al estrecho de Ormuz y entrar en él», en respuesta al citado anuncio de Trump sobre esta iniciativa en la zona.
Cabe recordar que las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que Trump afirmara en respuesta —tras aplaudir el gesto de Teherán— que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a la vía.
El propio Trump anunció posteriormente la extensión del alto el fuego temporal alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso diplomático, si bien insistió en que el bloqueo seguirá en pie.
El bloqueo y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.
El Ejército de EE. UU. ha confirmado este lunes la entrega a Pakistán de 22 miembros de la tripulación de un buque iraní interceptado en el estrecho de Ormuz de cara a su «repatriación» y ha afirmado que otros seis fueron trasladados la semana pasada a un país de Oriente Próximo con este mismo objetivo.
«Las fuerzas estadounidenses completaron el domingo el traslado de 22 miembros del ‘MV Touska’ a Pakistán para su repatriación», ha dicho el portavoz del Mando Central de EE. UU. (CENTCOM), Tim Hawkins.
Así, ha afirmado que «otros seis pasajeros fueron ya trasladados la semana pasada a un país regional para su repatriación», antes de apuntar que «la custodia del ‘Touska’ está siendo transferida a su propietario original, después de que el buque fuera interceptado e incautado cuando intentó violar el mes pasado el bloqueo naval estadounidense contra Irán».
Horas antes, el Ministerio de Exteriores de Pakistán desveló que el CENTCOM había entregado a estos 22 tripulantes y señaló que el buque será igualmente a aguas territoriales paquistaníes de cara a su posterior devolución a la empresa propietaria, en lo que describió como «una medida de generación de confianza» en el marco de la mediación de Islamabad en los contactos entre Washington y Teherán.
«Estos retornos están siendo coordinados con el apoyo de las partes iraní y estadounidense», esgrimió, al tiempo que reiteró que «seguirá facilitando el diálogo y la diplomacia» para impulsar «la paz y la seguridad en la región». Irán no se ha pronunciado por ahora sobre el proceso de repatriación de estas personas.
La interceptación tuvo lugar en medio del bloqueo impuesto por EE. UU. al tránsito en el estrecho de Ormuz, en respuesta a las restricciones impuestas por Irán en la zona tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra el país asiático. Si bien Teherán anunció el fin de las mismas el 17 de abril, Washington dijo que mantendría el bloqueo, por lo que Irán reimpuso las restricciones.
EE. UU. e Irán están sumidos en un proceso de diálogo para intentar alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego del 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.
Caracas. – Expertos de importantes trasnacionales eléctricas salieron con más dudas que certezas de las recientes reuniones con representantes del narcorégimen interino de Delcy Rodríguez, ya que no obtuvieron garantías serias en cuanto a los importantes pagos que demandarán para restablecer la deteriorada red eléctrica del país.
Según señalaron varias agencias de noticias internacionales este lunes, los ejecutivos salieron escépticos tras las reuniones. Explicaron que las necesidades son “casi infinitas” y que no hay claridad sobre cómo se les pagaría, lo que complica cualquier inversión.
La falta de garantías y el alto costo de recuperación apuntan a que los apagones podrían continuar por largo tiempo en el país. Representantes de gigantes como SIEMENS o GENERAL ELECTRIC temen que, una vez ejecutados los trabajos de reparación y suministro de equipos, no existan garantías reales para el retorno de su capital.
El panorama técnico presentado a las empresas extranjeras es alarmante. Actualmente, de los 36.000 megavatios (MW) de capacidad instalada que posee el país, apenas se encuentran operativos cerca de 13.000 MW. Esta operatividad, que no llega ni al 40%, explica la crisis de racionamientos y fluctuaciones que golpea con fuerza a estados productivos como Portuguesa.
El deterioro se hace más evidente en el parque termoeléctrico, que suma más de una década sin mantenimientos mayores adecuados. “Las necesidades son casi infinitas. Las plantas no han sido reparadas debidamente en 10 años, pero aún no tienen claro cómo nos pagarían”, reveló bajo anonimato un ejecutivo que asistió a las reuniones en la capital.
“Regresé muy escéptico de Venezuela. Las plantas eléctricas no han sido reparadas adecuadamente en 10 años, por lo que las necesidades son casi infinitas. Pero aún no tienen claro cómo nos pagarían”, confió a una de las agencias un ejecutivo de un proveedor de equipos, que ha trabajado con el gobierno y la estatal PDVSA, y quien además asistió a una de las reuniones en Caracas.
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