Militar retirado asesinó a una pareja y mantuvo como rehenes a dos niñas

Caracas. – Una situación de rehenes que se registró este miércoles en el estado Barinas y finalizó cuando el secuestrador, un militar retirado, se entregó a las autoridades liberando a dos niñas, una de 7 y otra de 13 años, luego de haber asesinado a tiros a los padres de las infantes.

El militar retirado fue identificado como Alexander Rodríguez, de 43 años, mientras que las víctimas respondían a los nombres de Karla Carolina Hernández y Wilfredo Serrano. El hecho se escenificó en el bloque 10 de la urbanización La Gran Villa, situada en el municipio Obispos de la entidad llanera.

De acuerdo con la información preliminar, Rodríguez mantenía junto a la pareja una serie de inversiones en las que, presuntamente, la participación era 50% por cada parte. Sin embargo, Rodríguez habría estado reclamando la entrega del dinero correspondiente a su parte y, según la información recabada, Karla Hernández y Wilfredo Serrano tenían aproximadamente cuatro meses sin mantener comunicación con él.

Este miércoles, Rodríguez se trasladó hasta el inmueble para exigir el pago del dinero, que, según reclamaba, le correspondía por esas inversiones. Sin embargo, una vez dentro de la vivienda habría intentado ubicar el efectivo, lo que generó una fuerte discusión y un forcejeo con la pareja.

En medio de esa situación violenta, Rodríguez optó por desenfundar un arma de fuego para disparar contra Hernández y Serrano, causándoles la muerte. Los vecinos, al escuchar las detonaciones, avisaron de inmediato a los cuerpos policiales.

El hombre permaneció dentro del apartamento junto a las dos hijas de la pareja, iniciándose una situación de rehenes que se prolongó durante varias horas. Comisiones del CICPC, PNB, SEBIN, DGCIM y otros organismos de seguridad acordonaron las inmediaciones del urbanismo, mientras funcionarios especializados iniciaban las negociaciones para así lograr que Rodríguez liberara a las menores y depusiera su actitud.

También, representantes del Ministerio Público también participaron en las labores de mediación. Durante las conversaciones, el militar retirado solicitó la presencia de un representante religioso, así como de un fiscal, como condición para concretar su entrega.

Finalmente, cerca de las 18 horas, el hombre depuso su actitud y se entregó a las autoridades. Ambas niñas fueron rescatadas a salvo, mientras que Rodríguez quedó bajo custodia de los organismos de seguridad.

Funcionarios del CICPC quedaron a cargo de las investigaciones y experticias correspondientes para determinar con precisión la secuencia de los hechos, esclarecer el móvil del doble homicidio y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

Asesinato de niño desató furia de vecinos en El Manteco

Caracas. – El asesinato de un niño de tres años, en la localidad de El Manteco, municipio Piar (Bolívar), ocurrido este pasado lunes generó una fuerte manifestación de la población enardecida frente al comando policial de esa zona, al punto de incendiar la instalación e intentar linchar al padre del infante, principal sospechoso del homicidio.

La versión aportada por las autoridades locales indicó, que la mamá del menor pidió al hombre que lo cuidara mientras ella se iba a trabajar. Ambos progenitores están separados. Mientras permanecía con su padre, el pequeño comenzó a llorar continuamente, aparentemente por hambre. Esto habría motivado al individuo a golpearlo sin cesar, lo que le causó la muerte.

Se pudo conocer a través de testigos que el presunto infanticida le habría llenado la boca de arena tras dejarlo sin vida, lo metió en un saco y lo dejó tirado en un terreno, al final de la pista de aterrizaje de El Manteco.

Posteriormente, transeúntes visualizaron el saco con los restos del niño, y avisaron a las autoridades. Al sitio del hallazgo llegó el CICPC, que levantó el cuerpo y lo trasladó hasta la morgue de la zona. Tras este atroz hecho, la comunidad comenzó a protestar en las calles de la localidad bolivarense, y oficiales de la Policía del estado Bolívar arrestaron al supuesto autor del crimen y lo pusieron bajo custodia en el comando policial.

Sin embargo, la comunidad enardecida salió a las calles a clamar justicia, por lo que los funcionarios policiales tuvieron que actuar para resguardar al hombre y así garantizarle el debido proceso mientras desarrollan las investigaciones del caso.

Los pobladores rodearon el comando con piedras y palos, antes de rociar gasolina para encender las ventanas de la sede. La comisión policial intentó resguardar la instalación y al detenido. Videos difundidos en redes sociales registraron el ataque. Los manifestantes lograron sacar al acusado, golpearlo, pero fue nuevamente rescatado y resguardado por los uniformados.

Detienen a venezolano implicado en asesinato de candidata a gobernadora en Perú

Caracas. – Un ciudadano venezolano identificado como Luis Iván Obispo Díaz, de 32 años, sería el presunto autor material del asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte, conocida como “La China Polo”, ocurrido este pasado sábado en la ciudad de Caraz, Perú.

El hecho se registró alrededor de las 12:40 mientras Aponte Polo hacía una visita al mercado de Caraz, acompañada por otros miembros de su campaña. La mujer habría sido atacada por la espalda por el citado sicario, quien le disparó a la cabeza y causó heridas a otras personas presentes en el lugar, según reportan medios locales.

Las autoridades de esa entidad informaron, que Obispo Díaz fue reducido luego de un intercambio de disparos con el personal de seguridad que acompañaba a Aponte durante la actividad política que llevaba a cabo.

La Fiscalía de Perú confirmó que aparte de Aponte hay dos detenidos más en flagrancia como supuestos responsables del ataque cometido el sábado. Un segundo detenido fue identificado como Ronald José Toro Artila, de nacionalidad peruana, y de la tercera persona apresada aun no han sido revelados sus datos.

El fiscal General de Perú, Tomás Gálvez, declaró a los medios que «ya se tiene detenido al sicario, se ha detenido también a un supuesto financista (…), y también a otra persona que estaba transportando previamente al sicario». «Hasta el momento, son tres detenidos y se está esclareciendo el caso», manifestó.

Se conoció que la Fiscalía de ese país logró que se dicten 15 días de detención preliminar contra Obispo y Toro, investigados por el presunto delito de sicariato. La medida busca asegurar la presencia de ambos mientras continúan las diligencias del caso.

Dos fiscales, Raúl Godos y Sheyla Romero, dirigen las diligencias urgentes e inaplazables del caso como la toma de declaraciones de las víctimas que resultaron heridas con impacto de bala durante el suceso, señaló la fuente oficial.

Además, el pedido del registro de cámaras de vigilancia del hotel donde se habría hospedado uno de los presuntos atacantes el 15 de septiembre, la realización de la pericia de absorción atómica, practicar la necropsia de ley al cuerpo de la agraviada, entre otros.

Llegaron a Chile dos integrantes del Tren de Aragua implicados en asesinato de Ronald Ojeda

Caracas. – Dos integrantes de la organización terrorista del chavismo Tren de Aragua, Rafael Gámez Salas, alias “el Turko”, y Alfredo Carrillo Ortiz, conocido como el “Gocho”, llegaron este viernes a Chile extraditados desde EE. UU. y Colombia para enfrentar el juicio por el secuestro y asesinato, del militar venezolano disidente Ronald Ojeda.

Según informó el Ministerio Público de ese país, ambos imputados habrían participado del crimen del militar y refugiado político venezolano en calidad de miembros de la facción “Los Piratas del Tren de Aragua”, estructura criminal transnacional que opera hace cerca de una década en Chile.

La tesis de la Fiscalía chilena ha sido desde un principio que el crimen de Ojeda tuvo un “móvil político”. Se han confirmado gestiones para interrogar al narcotirano capturado Nicolás Maduro, prisionero en EE. UU.

Gámez trabajó dos meses en una procesadora de camarones de Venezuela, antes de transformarse en “El Turko”, uno de los líderes de Los Piratas de Aragua. En Chile, creó el grupo de WhatsApp donde se coordinó el crimen del teniente Ojeda, antes de huir a EE. UU.

Mientras, Carrillo está imputado como uno de quiénes enterró en Maipú al oficial disidente del chavismo. Tanto Gámez Salas como Carrillo Ortiz son señalados como integrantes del Tren de Aragua, el primero llegó desde EE. UU. y el segundo de Colombia, reseñaron medios chilenos. Están acusados de participar en el crimen de Ojeda, ocurrido el 21 de febrero de 2024.

Con estas dos extradiciones asciende a 27 el número de detenidos por la causa. De ellos, 26 están en Chile a la espera del juicio. La primera acusación relacionada con el crimen había cerrado a finales de 2025.

Encontraron muerta a joven modelo dentro de su casa en Maturín

Caracas. – Una joven modelo de 21 años, María Esperanza Luces, fue hallada sin vida este pasado martes dentro de su vivienda en el sector Tipuro, al norte de Maturín, en el estado Monagas.

Según los reportes de los cuerpos de seguridad, un familiar de la modelo fue quien descubrió el cadáver dentro del apartamento, por lo que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) acudieron al lugar para el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Fuentes policiales indicaron de manera preliminar que la causa de muerte sería asfixia mecánica por ahorcamiento.

Cabe señalar que Luces era ampliamente conocida en la región por su trayectoria en el ámbito del modelaje, especialmente tras su participación en el certamen de la Feria de San Simón en su edición de 2023, donde alcanzó la posición de cuarta finalista.

También era conocida por participar en pasarelas, campañas con marcas comerciales y proyectos con diseñadores de la entidad. El organismo detectivesco aún no ha filtrado ninguna hipótesis en relación a este suceso.

La multinacional del crimen: una estrategia para Colombia

Julián Ramírez, asesor en Relaciones Internacionales y Geopolítica, politólogo e Internacionalista por la Universidad Sergio Arboleda, con formación de posgrado en Estrategia y Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra

“… el debate político colombiano sigue anclado en el siglo XX, mientras el crimen ya opera en el siglo XXI.”

Julián Ramírez

“En la guerra, lo más importante no son las armas, sino la estrategia; no el combate, sino el conocimiento del enemigo”. Esta máxima, atribuida al estratega chino Sun Tzu, resuena con una vigencia aterradora en el siglo XXI. Hoy, Colombia y el mundo enfrentan un adversario que ha comprendido las reglas de la globalización mejor que muchos Estados: una suerte de “multinacional del crimen”, un ecosistema híbrido y simbiótico donde narcotráfico, trata de personas, cibercrimen y corrupción estatal se entrelazan en una danza macabra que desafía las categorías tradicionales de seguridad nacional. Por ello, ya no estamos ante cárteles aislados ni mafias locales, más bien asistimos a la emergencia de una Internacional Criminal, una red de redes que opera con la frialdad de una corporación trasnacional y la letalidad de un ejército irregular.

La anatomía de la hidra: las tres capas del crimen global

Para comprender la magnitud del desafío, es preciso diseccionar al enemigo. Su estructura se organiza en tres capas interdependientes:

1. La capa operativa (visible)

Es el músculo: la punta del iceberg. Aquí residen los nombres que llenan los titulares: 1) los cárteles de Jalisco y Sinaloa en México; 2) el Clan del Golfo y las disidencias de las guerrillas en Colombia; 3) la ’Ndrangheta en Italia; 4) las tríadas chinas y 5) las mafias rusas. Todos ellos son los ejecutores de la violencia, los gestores del territorio y la mano de obra armada. Sin embargo, su poder sería efímero sin el sustento de las capas superiores.

2. La capa logístico-financiera (semivisible)

Este es el verdadero hub: el sistema circulatorio de la multinacional criminal. Acá maniobran: 1) los arquitectos del lavado de activos con base en Dubái, Panamá o las Islas Caimán; 2) los bufetes de abogados que diseñan estructuras offshore impenetrables; 3) los bancos permisivos que miran hacia otro lado; 4) los transportadores globales y 5) los brókeres de armas. Esta capa es la que conecta el crimen con la economía legítima, blanqueando sus ganancias y proporcionando los insumos para su operación. Sin esta sofisticada ingeniería financiera y logística, el crimen a gran escala sería imposible.

3. La capa de protección política y estatal (invisible)

La más peligrosa y esencial: es el escudo que permite la impunidad. Aquí nos encontramos con políticos financiados con dinero ilícito, funcionarios corruptos, agencias de seguridad infiltradas y élites económicas que, de manera consciente o negligente, participan en el lavado. Esta capa proporciona el “blindaje” necesario para operar a escala global. Sin la corrupción estatal, la Internacional Criminal colapsaría bajo el peso de su propia ilegalidad.

Las alianzas estratégicas: la geopolítica de las sombras

Lo que define a esta nueva era es la cooperación pragmática entre grupos que antaño eran rivales. Las fronteras ideológicas y territoriales se han difuminado, dando paso a alianzas estratégicas que funcionan como nodos de una red planetaria. Colombia, principal productor del 70 % de la cocaína mundial, es el epicentro de este nuevo orden criminal. He aquí sus principales ejes:

  • Mafias italianas + cárteles latinoamericanos: la ’Ndrangheta, hoy la mayor distribuidora de cocaína en Europa, coopera estrechamente con el Cártel de Sinaloa, el CJNG (México) y el Clan del Golfo (Colombia), controlando las rutas transatlánticas.
  • Mafias rusas + grupos balcánicos: controlan puertos clave en el Mar Negro, rutas de armas y heroína, y han fusionado su experiencia en cibercrimen con el lavado de capitales latinoamericanos.
  • Tríadas chinas + crimen latinoamericano: esta alianza se especializa en el tráfico de precursores químicos, el lavado a través del comercio exterior ficticio y la trata de personas, con operaciones confirmadas en México, Ecuador y Perú.
  • Cibercrimen global + lavado latinoamericano: el ransomware y los criptoactivos se han convertido en el puente digital perfecto para blanquear los réditos del narcotráfico, creando un sistema de pagos anónimo y de alcance transoceánico.

Esta multinacional no reconoce ideologías, coopera cuando conviene, tiene cadenas de suministro globales, se infiltra en Estados débiles, corroe democracias y posee una liquidez que supera el PIB de muchas naciones.

Frente a un enemigo de esta naturaleza, las respuestas fragmentadas y reactivas son un camino hacia el fracaso. Colombia requiere una estrategia de Estado, integral y de largo plazo. La herramienta geopolítica por excelencia para este fin es la elaboración de un Libro Blanco de Seguridad y Defensa.

Pero, ¿qué es un Libro Blanco? No es un simple documento de buenas intenciones. Es el documento rector de más alto nivel en el que un Estado define, con criterio soberano, transparencia y rigor, su diagnóstico acerca de las amenazas, sus objetivos nacionales de seguridad y la estrategia integral para alcanzarlos. Es la hoja de ruta que alinea los esfuerzos diplomáticos, militares, económicos, de inteligencia y sociales en una sola dirección: el plan maestro que trasciende los periodos de gobierno y se vuelve política de Estado.

¿Por qué Colombia carece de un Libro Blanco?

La ausencia de este documento fundamental en Colombia no es una omisión casual; es un síntoma de patologías políticas profundas:

1. Cortoplacismo político

La clase política colombiana está obsesionada con el ciclo electoral. Un Libro Blanco, que demanda visión a 15 o 20 años, choca con la lógica del cortoplacismo y la búsqueda de réditos inmediatos. Es más fácil anunciar una “política de choque” cada año, en lugar de construir un consenso nacional duradero.

2. Resistencia burocrática y opacidad

La existencia de un Libro Blanco exige transparencia en la asignación de recursos y la evaluación de resultados. Esto amenaza los feudos burocráticos y los circuitos opacos de poder dentro del propio Estado, donde la falta de rendición de cuentas ha sido, en muchos casos, la norma.

3. La verdad incómoda

Un diagnóstico honesto, similar al esbozado en esta columna, obligaría a señalar no solo a los actores armados, sino a las redes de corrupción en la política y las finanzas. Un Libro Blanco verdadero nombraría a los enemigos internos, y eso es un riesgo que muy pocos en la élite están dispuestos a tomar.

4. Dependencia estratégica

Por décadas, la estrategia de seguridad colombiana se ha subordinado a los designios de Washington, materializados en el Plan Colombia. Esto generó una cultura de dependencia que inhibió el desarrollo de un pensamiento estratégico autónomo.

La lucha contra la Internacional Criminal es la gran batalla geopolítica del siglo XXI. Para Colombia, no se trata solo de un desafío de seguridad: es una cuestión de supervivencia como Estado independiente. Continuar con un enfoque fragmentado, que combate al sicario pero ignora al lavador en Dubái y al político corrupto en Bogotá, es una receta para el fracaso.

La elaboración de un Libro Blanco es más que una tarea técnica: es un acto de soberanía. Es la declaración de que Colombia es capaz de diagnosticar sus amenazas y trazar su propio rumbo. Reclama un gran pacto nacional que movilice todos los instrumentos del poder del Estado: 1) la fuerza militar para enfrentar la capa operativa; 2) la inteligencia financiera y la cooperación judicial internacional para desmantelar la capa logística; y 3) una revolución en la transparencia y la rendición de cuentas para neutralizar la capa de protección política.

La amenaza que nadie quiere nombrar

Resulta profundamente preocupante —cuando no aterrador— que entre la pléyade de más de cien aspirantes que desfilaron por la carrera presidencial de 2026, y aun entre los dos candidatos que hoy disputan la segunda vuelta, ninguno haya incorporado en su discurso un diagnóstico serio, y mucho menos una propuesta coherente, frente a la realidad descrita de la multinacional del crimen. Este silencio no es inocente, y su interpretación nos deja ante dos escenarios igualmente graves: o no les importa, o lo desconocen. Ambas opciones son, en esencia, una confesión de ineptitud para gobernar una nación bajo asedio.

La primera posibilidad —la indiferencia— revela una frivolidad estratégica imperdonable. Sugiere que la agenda política sigue cautiva del cortoplacismo populista: de la discusión mezquina sobre prebendas y pequeñas ventajas, al tiempo que el país es desangrado por una red global que opera con la precisión de una corporación y la ferocidad de un ejército de ocupación. Que un candidato ignore este tema es como si el capitán del Titanic se preocupara por el menú de la cena a minutos de la colisión con el iceberg.

La segunda opción —el desconocimiento— reviste una gravedad mayor. Implica que nuestra clase política vive en una burbuja de irrelevancia, ajena a las transformaciones sísmicas que han reconfigurado el crimen organizado a escala mundial. ¿Cómo pretender gobernar un país sin comprender que las reglas del juego han cambiado? Que ya no se trata de perseguir cultivos en Caquetá, sino de desarticular redes de lavado en Dubái; no de capturar a un “pez gordo” en Necoclí, sino de entender su alianza con la ‘Ndrangheta en Calabria; no de combatir la violencia callejera, sino de enfrentar una estructura que ha corrompido los cimientos mismos del Estado.

Tal vacío discursivo no es casual: es sintomático. Evidencia que el debate político colombiano sigue anclado en el siglo XX, mientras el crimen ya opera en el siglo XXI. Mientras los candidatos discuten ideologías desgastadas, la multinacional del crimen es posideológica; mientras prometen subsidios, el crimen mueve capitales que duplican el presupuesto nacional; mientras hablan de “paz”, el enemigo real —este ecosistema criminal— consolida su poder en las sombras.

La ausencia del tema en la contienda electoral es la más elocuente de las confesiones: confirma que nuestra clase política no está a la altura de los desafíos que encara la nación. O, peor todavía, que algunos tienen demasiado que perder si estos entramados salen a la luz. Porque un diagnóstico honesto de la multinacional del crimen inevitablemente señalaría no solo a los actores armados; señalaría además a sus cómplices en la política, las finanzas y la empresa privada.

La necesidad de un Libro Blanco es aún más urgente cuando quienes aspiran a gobernar ni siquiera parecen entender la naturaleza del problema. Un país que elige a sus líderes entre quienes ignoran o desdeñan la amenaza existencial que lo acecha es un país que camina sonámbulo hacia el precipicio. El historiador Edward Gibbon escribió en Historia de la decadencia y caída del imperio romano: “las grandes crisis sacan a la luz los secretos más profundos; en los momentos de peligro, los lazos de interés se rompen y el verdadero carácter de los hombres se revela”. La crisis de la multinacional del crimen ha desnudado el nuestro: fragmentado y reactivo. La elaboración de un Libro Blanco sería la prueba de que, finalmente, estamos dispuestos a actuar de manera coordinada, a pensar en el largo plazo y a reafirmar la primacía del Estado de derecho. La hora de la improvisación debe quedar atrás.

Rehén político en el Rodeo III es asesinado por el narcorrégimen chavista

Caracas. – Yosvet de Jesús Lozada Rojas, de 32 años, un rehén político del narcorégimen recluido en el Internado Judicial Rodeo III (Miranda), falleció este pasado martes bajo custodia del narcoestado chavista, debido a un fuerte cuadro de desnutrición que presentaba.

Sus familiares y la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunciaron que, pese a su condición delicada de salud, no recibió atención médica “oportuna y adecuada”. “El hombre de 32 años de edad presentaba un cuadro crítico de desnutrición, no lograba sostenerse en pie por sus propios medios y sufría una pérdida progresiva de la memoria, hasta el punto que le impedía reconocer a sus seres queridos”, señaló la ONG en redes sociales.

Según el OVP, su caso era conocido por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público y sus abogados habían solicitado una medida humanitaria ante el tribunal que llevaba su causa, sin obtener respuesta.

El abogado Eduardo Torres, defensor de derechos humanos, confirmó la muerte y acompañó a la familia del preso político en la morgue de Bello Monte, donde se prioriza la entrega del cuerpo. “No habrá declaraciones”, indicó Torres, quien además señaló que Lozada fue detenido en el marco de la “Operación Trueno” en Yaracuy y acusado sin pruebas sólidas.

“A pesar que los familiares notificaron formalmente la gravedad de la condición de Yosvet nunca recibieron una respuesta”, señaló el OVP al tiempo que recordó la responsabilidad del Estado venezolano como garante de la vida, salud e integridad de las personas privadas de libertad.

Yosvet Lozada fue arrestado el 22 de mayo de 2022 en el marco de la “Operación Trueno” en Yaracuy. Fue acusado de terrorismo, asociación para delinquir y tráfico ilícito de armas.

Junto a él, otros 22 jóvenes fueron apresados. Sus familiares han solicitado atención médica para todos y celeridad en el proceso judicial, pero aseguran que no han recibido una respuesta satisfactoria.

Desde el OVP señalaron, que con este caso se eleva a 22 el número de rehenes políticos fallecidos, documentados en los últimos meses, la mayoría vinculadas a la falta de atención médica oportuna. “La pena de muerte no está prevista en nuestra legislación, pero la indolencia institucional produce el mismo resultado”, indicó la ONG.

Liberadas varias personas tras ser tomadas como rehenes en un banco de California

La Policía local de EE. UU. ha confirmado este miércoles que varias personas que fueron tomadas como rehenes en un banco en el estado de California hace 15 horas han sido liberadas y que el sospechoso ha muerto tras un intercambio de disparos con agentes.

«El miércoles 3 de junio, aproximadamente a las 4:20, la situación que involucraba a rehenes ha concluido tras un tiroteo en el que participaron agentes del FBI», ha indicado el Departamento de Policía de la ciudad de Bakersfield en un comunicado.

Los rehenes han sido localizados «ilesos» y han recibido «atención médica». «El sospechoso involucrado en este incidente fue declarado fallecido en el lugar», ha indicado, agregando que la investigación sobre los hechos continúa y que una importante presencia policial permanecerá en la zona durante las próximas horas.

El sospechoso se atrincheró dentro de un edificio entre la avenida Chester y la calle 17 alrededor, lo que provocó una respuesta masiva de las fuerzas de seguridad en la que participaron también negociadores y agentes del FBI. La Policía había recibido una advertencia sobre la supuesta presencia de una bomba en el lugar de los hechos.

Un hombre se atrinchera con rehenes en un banco en California bajo amenaza de bomba

Un hombre se ha atrincherado con rehenes en un banco de la ciudad de Bakersfield, en el estado de California, donde además la Policía local ha informado de una «amenaza de bomba confirmada» en una situación en la que «algunas» de las personas detenidas han podido salir del edificio mientras la Policía rodea el recinto y los negociadores conversan con el sospechoso.

«Nos encontramos en el edificio del Chase Bank, en la esquina de Chester Avenue y la calle 17, debido a una amenaza de bomba confirmada», ha informado el Departamento de Policía de Bakersfield en un «aviso de seguridad pública» difundido en redes en el que ha instado a la población a «evitar el centro de la ciudad», señalando a este respecto que se ha cortado el tráfico en la zona, que permanecerá de este modo «hasta nuevo aviso».

La Policía ha acudido al banco tras recibir una llamada cerca de las 13:00 hora local, donde ha averiguado que «un hombre adulto se ha atrincherado dentro del edificio con varios vecinos», según ha señalado el cuerpo en un comunicado difundido poco después.

Una vez en el lugar de los hechos, los agentes han establecido un «un perímetro alrededor del edificio y los negocios aledaños para garantizar la seguridad pública», reza el comunicado, que subraya que «no se han registrado heridos» y que «algunos vecinos han podido evacuar» el banco.

«Al momento de este comunicado, los agentes y miembros de nuestro Equipo de Negociación de Crisis se mantienen en contacto telefónico con el sujeto. No se han realizado arrestos», precisa la nota, que agrega que «se publicará información adicional a medida que esté disponible».

Argentina tramita extradición desde España de excoronel venezolano implicado en asesinato durante protestas

Caracas. – La justicia argentina tramita la extradición del ex coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ephraín Enrique Verdú Torrelles, quien se encuentra en España, pero está implicado en crímenes de lesa humanidad y violación de Derechos Humanos, hechos que protagonizó durante las protestas ocurridas en Venezuela entre 2014 y 2017.

Según lo reveló la ONG Interjust, Verdú Torelles está acusado de asesinato durante las protestas. El caso se inició en junio de 2023 a partir de una denuncia penal presentada por el equipo de la ONG contra 14 oficiales de la GNB por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

Una de las víctimas representadas por InterJust es Rosa Orozco, madre de Geraldin Moreno Orozco, una estudiante y jugadora de fútbol sala de 23 años, asesinada por efectivos de la GNB en febrero de 2014 en el estado de Carabobo mientras participaba en una manifestación.

En un comunicado difundido por la ONG, se detalla que uno de los oficiales está en España. En febrero de 2026, tras recibir información de InterJust que indicaba que Verdú Torrelles se encontraba en España, un juez argentino dictó orden de extradición.

“Llevo más de 12 años luchando para que la muerte de Geraldin no quede impune”, declaró Orozco. “Cada avance legal, como este, es también un reconocimiento a su vida, a sus sueños y al derecho de las víctimas venezolanas a obtener justicia”, indicó.

El proceso se enmarca en la figura de jurisdicción universal, que habilita a los tribunales argentinos a investigar delitos graves cometidos fuera de sus fronteras, independientemente de la nacionalidad de las víctimas y los acusados. Rosa Orozco es una de las personas representadas por InterJust en ese expediente, que abarca a múltiples víctimas de la represión estatal de aquel año.

El coronel Verdú Torrelles era segundo comandante del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) de Tocuyito, estado Carabobo en 2014, y es uno de los imputados en esa causa.

El exfuncionario es muy activo en sus redes sociales, actualiza su información con frecuencia, y según su perfil en la plataforma de LinkedIn, actualmente está radicado en Vigo en la comunidad de Galicia, España, donde trabaja desde julio de 2025 en la empresa Grupo Eulen. Hasta 2021 estuvo en Venezuela y ejerció su último cargo como coronel del Regimiento Guardia del Pueblo del estado Aragua.