Caracas. – Un venezolano de 25 años fue asesinado el pasado martes en el sector de La Jarilla, en Viña del Mar, región de Valparaíso, Chile. La víctima fue encontrada el pasado martes con las manos atadas y más de 20 impactos de bala en el cuerpo, en un caso que las autoridades de ese país investigan como una ejecución.
Tras el hallazgo, el fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Causas Complejas de la región de Valparaíso, José Antonio Uribe, indicó: “Este homicidio responde claramente a una ejecución: la persona estaba atada, inmovilizada y aproximadamente más de veinte impactos balísticos en su cuerpo, con distintas armas”.
Mientras, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, informó que el fallecido era de nacionalidad venezolana, tenía situación migratoria regular en Chile y residía en la comuna de Viña del Mar. Además, indicó que no registraba condenas en ese país.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación citados por BioBioChile, el homicidio habría ocurrido alrededor de las 12:30 de la madrugada del martes. La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía continúan las diligencias para identificar y localizar a los responsables del crimen. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la identidad de la víctima.
Caracas. – Las autoridades de Chile detuvieron el pasado jueves a siete ciudadanos venezolanos, quienes se encuentran implicados en el secuestro de un residente de ese país ocurrido el 30 de septiembre, en la comuna de La Florida.
Los connacionales apresados registran antecedentes penales por hechos cometidos tanto en La Florida, como en las comunas Independencia y San Ramón. Según las autoridades chilenas, el hecho se debe a disputas entre bandas, por el control del tráfico de drogas a pequeña escala.
Según medios locales, en los domicilios de los detenidos, ubicados en calle Crisantemos y Alonso de Ercilla, en la comuna de San Ramón se incautó una pistola adaptada para el disparo, con un cartucho en su cargador calibre 9 mm, además de $7.000.000 en dinero en efectivo y droga.
La versión de los organismos de seguridad chilenos indica, que el día del hecho, los implicados habrían secuestrado a una persona de nacionalidad chilena, cuya relación con los hechos habría surgido por las mencionadas disputas por este tipo de delitos.
las investigaciones iniciaron el pasado jueves cuando se solicitó la orden de detención para dos individuos relacionados y presentes en el sitio del suceso, además de coordinar el allanamiento de cuatro inmuebles en las comunas de La Florida, Independencia y San Ramón.
«Se detuvo a siete individuos, todos de nacionalidad venezolana, con antecedentes por distintos delitos, y se incautaron armas de fuego, munición y droga. En este caso, marihuana y cocaína, por un total aproximado de un kilo de estupefacientes», explicó el teniente coronel Fernando Bozo Martínez, jefe del Departamento OS9 de los Carabineros de Chile.
El fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Francisco Lanas, detalló el uso de herramientas de rastreo telefónico, revisión de imágenes de vigilancia e inspección de datos en plataformas digitales para ubicar a los primeros involucrados.
Tras concretar el rescate del afectado, las fuerzas de seguridad irrumpieron en las propiedades. El procedimiento derivó en la captura del resto de la agrupación por secuestro, tenencia ilegal de armamento y transgresión a la normativa de drogas.
Se espera que la imputación de los siete imputados ocurra este lunes cuando sean formalizados. Lanas agregó que los detenidos serán formalizados por distintos delitos, indicando que al menos se investigan tres secuestros, además de los ilícitos relacionados con armas y drogas.
Caracas. – Una niña venezolana de siete años identificada como Edimari Hernández Chacón fue asesinada este pasado sábado, luego de ser apuñalada en plena vía pública en el sur de Chicago, EE. UU.
La menor fue agredida por una mujer desconocida en las calles del vecindario Chatman, mientras caminaba con su mamá. El ataque ocurrió específicamente en South Cottage Grove Avenue, cerca de East 86th Street.
Edimari pertenecía a una familia proveniente del sector Villa Rosa de la isla de Margarita, la cual llegó a EE. UU. en busca de un futuro mejor.
La policía local informó que la menor caminaba por la zona en compañía de su madre cuando una mujer desconocida se acercó a ellas, mostró un objeto punzocortante y apuñaló a la niña por la espalda en varias oportunidades.
La menor fue trasladada de emergencia al Comer Children’s Hospital, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. Las personas que se encontraban en el lugar y presenciaron el ataque intervinieron para impedir que la mujer huyera. Los testigos entregaron a la atacante a los funcionarios policiales.
La agresora, identificada como Shavon Gayden, fue aprehendida por los agentes policiales y trasladada al hospital para recibir atención para unas heridas leves, que habría recibido durante su retención. Los organismos de seguridad mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer los motivos del ataque y proceder de esta forma con los cargos legales correspondientes.
Hasta ahora, se conoció que la mujer no mantenía ninguna relación con la familia afectada, incluso era totalmente desconocida para la pequeña y para su madre.
También, se conoció que Gayden ya tenía cuatro arrestos previos por violencia, pero en ninguno de los casos fue sentenciada a pasar tiempo tras las rejas. El hecho causó conmoción entre la población hispana en Chicago, tras lo cual se produjo una protesta en el lugar donde se escenificó el ataque.
Caracas. – Una situación de rehenes que se registró este miércoles en el estado Barinas y finalizó cuando el secuestrador, un militar retirado, se entregó a las autoridades liberando a dos niñas, una de 7 y otra de 13 años, luego de haber asesinado a tiros a los padres de las infantes.
El militar retirado fue identificado como Alexander Rodríguez, de 43 años, mientras que las víctimas respondían a los nombres de Karla Carolina Hernández y Wilfredo Serrano. El hecho se escenificó en el bloque 10 de la urbanización La Gran Villa, situada en el municipio Obispos de la entidad llanera.
De acuerdo con la información preliminar, Rodríguez mantenía junto a la pareja una serie de inversiones en las que, presuntamente, la participación era 50% por cada parte. Sin embargo, Rodríguez habría estado reclamando la entrega del dinero correspondiente a su parte y, según la información recabada, Karla Hernández y Wilfredo Serrano tenían aproximadamente cuatro meses sin mantener comunicación con él.
Este miércoles, Rodríguez se trasladó hasta el inmueble para exigir el pago del dinero, que, según reclamaba, le correspondía por esas inversiones. Sin embargo, una vez dentro de la vivienda habría intentado ubicar el efectivo, lo que generó una fuerte discusión y un forcejeo con la pareja.
En medio de esa situación violenta, Rodríguez optó por desenfundar un arma de fuego para disparar contra Hernández y Serrano, causándoles la muerte. Los vecinos, al escuchar las detonaciones, avisaron de inmediato a los cuerpos policiales.
El hombre permaneció dentro del apartamento junto a las dos hijas de la pareja, iniciándose una situación de rehenes que se prolongó durante varias horas. Comisiones del CICPC, PNB, SEBIN, DGCIM y otros organismos de seguridad acordonaron las inmediaciones del urbanismo, mientras funcionarios especializados iniciaban las negociaciones para así lograr que Rodríguez liberara a las menores y depusiera su actitud.
También, representantes del Ministerio Público también participaron en las labores de mediación. Durante las conversaciones, el militar retirado solicitó la presencia de un representante religioso, así como de un fiscal, como condición para concretar su entrega.
Finalmente, cerca de las 18 horas, el hombre depuso su actitud y se entregó a las autoridades. Ambas niñas fueron rescatadas a salvo, mientras que Rodríguez quedó bajo custodia de los organismos de seguridad.
Funcionarios del CICPC quedaron a cargo de las investigaciones y experticias correspondientes para determinar con precisión la secuencia de los hechos, esclarecer el móvil del doble homicidio y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
Caracas. – El asesinato de un niño de tres años, en la localidad de El Manteco, municipio Piar (Bolívar), ocurrido este pasado lunes generó una fuerte manifestación de la población enardecida frente al comando policial de esa zona, al punto de incendiar la instalación e intentar linchar al padre del infante, principal sospechoso del homicidio.
La versión aportada por las autoridades locales indicó, que la mamá del menor pidió al hombre que lo cuidara mientras ella se iba a trabajar. Ambos progenitores están separados. Mientras permanecía con su padre, el pequeño comenzó a llorar continuamente, aparentemente por hambre. Esto habría motivado al individuo a golpearlo sin cesar, lo que le causó la muerte.
Se pudo conocer a través de testigos que el presunto infanticida le habría llenado la boca de arena tras dejarlo sin vida, lo metió en un saco y lo dejó tirado en un terreno, al final de la pista de aterrizaje de El Manteco.
Posteriormente, transeúntes visualizaron el saco con los restos del niño, y avisaron a las autoridades. Al sitio del hallazgo llegó el CICPC, que levantó el cuerpo y lo trasladó hasta la morgue de la zona. Tras este atroz hecho, la comunidad comenzó a protestar en las calles de la localidad bolivarense, y oficiales de la Policía del estado Bolívar arrestaron al supuesto autor del crimen y lo pusieron bajo custodia en el comando policial.
Sin embargo, la comunidad enardecida salió a las calles a clamar justicia, por lo que los funcionarios policiales tuvieron que actuar para resguardar al hombre y así garantizarle el debido proceso mientras desarrollan las investigaciones del caso.
Los pobladores rodearon el comando con piedras y palos, antes de rociar gasolina para encender las ventanas de la sede. La comisión policial intentó resguardar la instalación y al detenido. Videos difundidos en redes sociales registraron el ataque. Los manifestantes lograron sacar al acusado, golpearlo, pero fue nuevamente rescatado y resguardado por los uniformados.
Fue sacado del comando por habitantes de el Manteco, Estado Bolívar 🇻🇪 el sujeto señalado de haber asesinad0 a un niño de 3 años.#Venezuelapic.twitter.com/RDRV1Byro1
Caracas. – Un ciudadano venezolano identificado como Luis Iván Obispo Díaz, de 32 años, sería el presunto autor material del asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte, conocida como “La China Polo”, ocurrido este pasado sábado en la ciudad de Caraz, Perú.
El hecho se registró alrededor de las 12:40 mientras Aponte Polo hacía una visita al mercado de Caraz, acompañada por otros miembros de su campaña. La mujer habría sido atacada por la espalda por el citado sicario, quien le disparó a la cabeza y causó heridas a otras personas presentes en el lugar, según reportan medios locales.
Las autoridades de esa entidad informaron, que Obispo Díaz fue reducido luego de un intercambio de disparos con el personal de seguridad que acompañaba a Aponte durante la actividad política que llevaba a cabo.
La Fiscalía de Perú confirmó que aparte de Aponte hay dos detenidos más en flagrancia como supuestos responsables del ataque cometido el sábado. Un segundo detenido fue identificado como Ronald José Toro Artila, de nacionalidad peruana, y de la tercera persona apresada aun no han sido revelados sus datos.
El fiscal General de Perú, Tomás Gálvez, declaró a los medios que «ya se tiene detenido al sicario, se ha detenido también a un supuesto financista (…), y también a otra persona que estaba transportando previamente al sicario». «Hasta el momento, son tres detenidos y se está esclareciendo el caso», manifestó.
Se conoció que la Fiscalía de ese país logró que se dicten 15 días de detención preliminar contra Obispo y Toro, investigados por el presunto delito de sicariato. La medida busca asegurar la presencia de ambos mientras continúan las diligencias del caso.
Dos fiscales, Raúl Godos y Sheyla Romero, dirigen las diligencias urgentes e inaplazables del caso como la toma de declaraciones de las víctimas que resultaron heridas con impacto de bala durante el suceso, señaló la fuente oficial.
Además, el pedido del registro de cámaras de vigilancia del hotel donde se habría hospedado uno de los presuntos atacantes el 15 de septiembre, la realización de la pericia de absorción atómica, practicar la necropsia de ley al cuerpo de la agraviada, entre otros.
Caracas. – Dos integrantes de la organización terrorista del chavismo Tren de Aragua, Rafael Gámez Salas, alias “el Turko”, y Alfredo Carrillo Ortiz, conocido como el “Gocho”, llegaron este viernes a Chile extraditados desde EE. UU. y Colombia para enfrentar el juicio por el secuestro y asesinato, del militar venezolano disidente Ronald Ojeda.
Según informó el Ministerio Público de ese país, ambos imputados habrían participado del crimen del militar y refugiado político venezolano en calidad de miembros de la facción “Los Piratas del Tren de Aragua”, estructura criminal transnacional que opera hace cerca de una década en Chile.
La tesis de la Fiscalía chilena ha sido desde un principio que el crimen de Ojeda tuvo un “móvil político”. Se han confirmado gestiones para interrogar al narcotirano capturado Nicolás Maduro, prisionero en EE. UU.
Gámez trabajó dos meses en una procesadora de camarones de Venezuela, antes de transformarse en “El Turko”, uno de los líderes de Los Piratas de Aragua. En Chile, creó el grupo de WhatsApp donde se coordinó el crimen del teniente Ojeda, antes de huir a EE. UU.
Mientras, Carrillo está imputado como uno de quiénes enterró en Maipú al oficial disidente del chavismo. Tanto Gámez Salas como Carrillo Ortiz son señalados como integrantes del Tren de Aragua, el primero llegó desde EE. UU. y el segundo de Colombia, reseñaron medios chilenos. Están acusados de participar en el crimen de Ojeda, ocurrido el 21 de febrero de 2024.
Con estas dos extradiciones asciende a 27 el número de detenidos por la causa. De ellos, 26 están en Chile a la espera del juicio. La primera acusación relacionada con el crimen había cerrado a finales de 2025.
Caracas. – Una joven modelo de 21 años, María Esperanza Luces, fue hallada sin vida este pasado martes dentro de su vivienda en el sector Tipuro, al norte de Maturín, en el estado Monagas.
Según los reportes de los cuerpos de seguridad, un familiar de la modelo fue quien descubrió el cadáver dentro del apartamento, por lo que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) acudieron al lugar para el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.
Fuentes policiales indicaron de manera preliminar que la causa de muerte sería asfixia mecánica por ahorcamiento.
Cabe señalar que Luces era ampliamente conocida en la región por su trayectoria en el ámbito del modelaje, especialmente tras su participación en el certamen de la Feria de San Simón en su edición de 2023, donde alcanzó la posición de cuarta finalista.
También era conocida por participar en pasarelas, campañas con marcas comerciales y proyectos con diseñadores de la entidad. El organismo detectivesco aún no ha filtrado ninguna hipótesis en relación a este suceso.
Julián Ramírez, asesor en Relaciones Internacionales y Geopolítica, politólogo e Internacionalista por la Universidad Sergio Arboleda, con formación de posgrado en Estrategia y Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra
“… el debate político colombiano sigue anclado en el siglo XX, mientras el crimen ya opera en el siglo XXI.”
Julián Ramírez
“En la guerra, lo más importante no son las armas, sino la estrategia; no el combate, sino el conocimiento del enemigo”. Esta máxima, atribuida al estratega chino Sun Tzu, resuena con una vigencia aterradora en el siglo XXI. Hoy, Colombia y el mundo enfrentan un adversario que ha comprendido las reglas de la globalización mejor que muchos Estados: una suerte de “multinacional del crimen”, un ecosistema híbrido y simbiótico donde narcotráfico, trata de personas, cibercrimen y corrupción estatal se entrelazan en una danza macabra que desafía las categorías tradicionales de seguridad nacional. Por ello, ya no estamos ante cárteles aislados ni mafias locales, más bien asistimos a la emergencia de una Internacional Criminal, una red de redes que opera con la frialdad de una corporación trasnacional y la letalidad de un ejército irregular.
La anatomía de la hidra: las tres capas del crimen global
Para comprender la magnitud del desafío, es preciso diseccionar al enemigo. Su estructura se organiza en tres capas interdependientes:
1. La capa operativa (visible)
Es el músculo: la punta del iceberg. Aquí residen los nombres que llenan los titulares: 1) los cárteles de Jalisco y Sinaloa en México; 2) el Clan del Golfo y las disidencias de las guerrillas en Colombia; 3) la ’Ndrangheta en Italia; 4) las tríadas chinas y 5) las mafias rusas. Todos ellos son los ejecutores de la violencia, los gestores del territorio y la mano de obra armada. Sin embargo, su poder sería efímero sin el sustento de las capas superiores.
2. La capa logístico-financiera (semivisible)
Este es el verdadero hub: el sistema circulatorio de la multinacional criminal. Acá maniobran: 1) los arquitectos del lavado de activos con base en Dubái, Panamá o las Islas Caimán; 2) los bufetes de abogados que diseñan estructuras offshore impenetrables; 3) los bancos permisivos que miran hacia otro lado; 4) los transportadores globales y 5) los brókeres de armas. Esta capa es la que conecta el crimen con la economía legítima, blanqueando sus ganancias y proporcionando los insumos para su operación. Sin esta sofisticada ingeniería financiera y logística, el crimen a gran escala sería imposible.
3. La capa de protección política y estatal (invisible)
La más peligrosa y esencial: es el escudo que permite la impunidad. Aquí nos encontramos con políticos financiados con dinero ilícito, funcionarios corruptos, agencias de seguridad infiltradas y élites económicas que, de manera consciente o negligente, participan en el lavado. Esta capa proporciona el “blindaje” necesario para operar a escala global. Sin la corrupción estatal, la Internacional Criminal colapsaría bajo el peso de su propia ilegalidad.
Las alianzas estratégicas: la geopolítica de las sombras
Lo que define a esta nueva era es la cooperación pragmática entre grupos que antaño eran rivales. Las fronteras ideológicas y territoriales se han difuminado, dando paso a alianzas estratégicas que funcionan como nodos de una red planetaria. Colombia, principal productor del 70 % de la cocaína mundial, es el epicentro de este nuevo orden criminal. He aquí sus principales ejes:
Mafias italianas + cárteles latinoamericanos: la ’Ndrangheta, hoy la mayor distribuidora de cocaína en Europa, coopera estrechamente con el Cártel de Sinaloa, el CJNG (México) y el Clan del Golfo (Colombia), controlando las rutas transatlánticas.
Mafias rusas + grupos balcánicos: controlan puertos clave en el Mar Negro, rutas de armas y heroína, y han fusionado su experiencia en cibercrimen con el lavado de capitales latinoamericanos.
Tríadas chinas + crimen latinoamericano: esta alianza se especializa en el tráfico de precursores químicos, el lavado a través del comercio exterior ficticio y la trata de personas, con operaciones confirmadas en México, Ecuador y Perú.
Cibercrimen global + lavado latinoamericano: el ransomware y los criptoactivos se han convertido en el puente digital perfecto para blanquear los réditos del narcotráfico, creando un sistema de pagos anónimo y de alcance transoceánico.
Esta multinacional no reconoce ideologías, coopera cuando conviene, tiene cadenas de suministro globales, se infiltra en Estados débiles, corroe democracias y posee una liquidez que supera el PIB de muchas naciones.
Frente a un enemigo de esta naturaleza, las respuestas fragmentadas y reactivas son un camino hacia el fracaso. Colombia requiere una estrategia de Estado, integral y de largo plazo. La herramienta geopolítica por excelencia para este fin es la elaboración de un Libro Blanco de Seguridad y Defensa.
Pero, ¿qué es un Libro Blanco? No es un simple documento de buenas intenciones. Es el documento rector de más alto nivel en el que un Estado define, con criterio soberano, transparencia y rigor, su diagnóstico acerca de las amenazas, sus objetivos nacionales de seguridad y la estrategia integral para alcanzarlos. Es la hoja de ruta que alinea los esfuerzos diplomáticos, militares, económicos, de inteligencia y sociales en una sola dirección: el plan maestro que trasciende los periodos de gobierno y se vuelve política de Estado.
¿Por qué Colombia carece de un Libro Blanco?
La ausencia de este documento fundamental en Colombia no es una omisión casual; es un síntoma de patologías políticas profundas:
1. Cortoplacismo político
La clase política colombiana está obsesionada con el ciclo electoral. Un Libro Blanco, que demanda visión a 15 o 20 años, choca con la lógica del cortoplacismo y la búsqueda de réditos inmediatos. Es más fácil anunciar una “política de choque” cada año, en lugar de construir un consenso nacional duradero.
2. Resistencia burocrática y opacidad
La existencia de un Libro Blanco exige transparencia en la asignación de recursos y la evaluación de resultados. Esto amenaza los feudos burocráticos y los circuitos opacos de poder dentro del propio Estado, donde la falta de rendición de cuentas ha sido, en muchos casos, la norma.
3. La verdad incómoda
Un diagnóstico honesto, similar al esbozado en esta columna, obligaría a señalar no solo a los actores armados, sino a las redes de corrupción en la política y las finanzas. Un Libro Blanco verdadero nombraría a los enemigos internos, y eso es un riesgo que muy pocos en la élite están dispuestos a tomar.
4. Dependencia estratégica
Por décadas, la estrategia de seguridad colombiana se ha subordinado a los designios de Washington, materializados en el Plan Colombia. Esto generó una cultura de dependencia que inhibió el desarrollo de un pensamiento estratégico autónomo.
La lucha contra la Internacional Criminal es la gran batalla geopolítica del siglo XXI. Para Colombia, no se trata solo de un desafío de seguridad: es una cuestión de supervivencia como Estado independiente. Continuar con un enfoque fragmentado, que combate al sicario pero ignora al lavador en Dubái y al político corrupto en Bogotá, es una receta para el fracaso.
La elaboración de un Libro Blanco es más que una tarea técnica: es un acto de soberanía. Es la declaración de que Colombia es capaz de diagnosticar sus amenazas y trazar su propio rumbo. Reclama un gran pacto nacional que movilice todos los instrumentos del poder del Estado: 1) la fuerza militar para enfrentar la capa operativa; 2) la inteligencia financiera y la cooperación judicial internacional para desmantelar la capa logística; y 3) una revolución en la transparencia y la rendición de cuentas para neutralizar la capa de protección política.
La amenaza que nadie quiere nombrar
Resulta profundamente preocupante —cuando no aterrador— que entre la pléyade de más de cien aspirantes que desfilaron por la carrera presidencial de 2026, y aun entre los dos candidatos que hoy disputan la segunda vuelta, ninguno haya incorporado en su discurso un diagnóstico serio, y mucho menos una propuesta coherente, frente a la realidad descrita de la multinacional del crimen. Este silencio no es inocente, y su interpretación nos deja ante dos escenarios igualmente graves: o no les importa, o lo desconocen. Ambas opciones son, en esencia, una confesión de ineptitud para gobernar una nación bajo asedio.
La primera posibilidad —la indiferencia— revela una frivolidad estratégica imperdonable. Sugiere que la agenda política sigue cautiva del cortoplacismo populista: de la discusión mezquina sobre prebendas y pequeñas ventajas, al tiempo que el país es desangrado por una red global que opera con la precisión de una corporación y la ferocidad de un ejército de ocupación. Que un candidato ignore este tema es como si el capitán del Titanic se preocupara por el menú de la cena a minutos de la colisión con el iceberg.
La segunda opción —el desconocimiento— reviste una gravedad mayor. Implica que nuestra clase política vive en una burbuja de irrelevancia, ajena a las transformaciones sísmicas que han reconfigurado el crimen organizado a escala mundial. ¿Cómo pretender gobernar un país sin comprender que las reglas del juego han cambiado? Que ya no se trata de perseguir cultivos en Caquetá, sino de desarticular redes de lavado en Dubái; no de capturar a un “pez gordo” en Necoclí, sino de entender su alianza con la ‘Ndrangheta en Calabria; no de combatir la violencia callejera, sino de enfrentar una estructura que ha corrompido los cimientos mismos del Estado.
Tal vacío discursivo no es casual: es sintomático. Evidencia que el debate político colombiano sigue anclado en el siglo XX, mientras el crimen ya opera en el siglo XXI. Mientras los candidatos discuten ideologías desgastadas, la multinacional del crimen es posideológica; mientras prometen subsidios, el crimen mueve capitales que duplican el presupuesto nacional; mientras hablan de “paz”, el enemigo real —este ecosistema criminal— consolida su poder en las sombras.
La ausencia del tema en la contienda electoral es la más elocuente de las confesiones: confirma que nuestra clase política no está a la altura de los desafíos que encara la nación. O, peor todavía, que algunos tienen demasiado que perder si estos entramados salen a la luz. Porque un diagnóstico honesto de la multinacional del crimen inevitablemente señalaría no solo a los actores armados; señalaría además a sus cómplices en la política, las finanzas y la empresa privada.
La necesidad de un Libro Blanco es aún más urgente cuando quienes aspiran a gobernar ni siquiera parecen entender la naturaleza del problema. Un país que elige a sus líderes entre quienes ignoran o desdeñan la amenaza existencial que lo acecha es un país que camina sonámbulo hacia el precipicio. El historiador Edward Gibbon escribió en Historia de la decadencia y caída del imperio romano: “las grandes crisis sacan a la luz los secretos más profundos; en los momentos de peligro, los lazos de interés se rompen y el verdadero carácter de los hombres se revela”. La crisis de la multinacional del crimen ha desnudado el nuestro: fragmentado y reactivo. La elaboración de un Libro Blanco sería la prueba de que, finalmente, estamos dispuestos a actuar de manera coordinada, a pensar en el largo plazo y a reafirmar la primacía del Estado de derecho. La hora de la improvisación debe quedar atrás.
Caracas. – Yosvet de Jesús Lozada Rojas, de 32 años, un rehén político del narcorégimen recluido en el Internado Judicial Rodeo III (Miranda), falleció este pasado martes bajo custodia del narcoestado chavista, debido a un fuerte cuadro de desnutrición que presentaba.
Sus familiares y la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunciaron que, pese a su condición delicada de salud, no recibió atención médica “oportuna y adecuada”. “El hombre de 32 años de edad presentaba un cuadro crítico de desnutrición, no lograba sostenerse en pie por sus propios medios y sufría una pérdida progresiva de la memoria, hasta el punto que le impedía reconocer a sus seres queridos”, señaló la ONG en redes sociales.
Según el OVP, su caso era conocido por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público y sus abogados habían solicitado una medida humanitaria ante el tribunal que llevaba su causa, sin obtener respuesta.
El abogado Eduardo Torres, defensor de derechos humanos, confirmó la muerte y acompañó a la familia del preso político en la morgue de Bello Monte, donde se prioriza la entrega del cuerpo. “No habrá declaraciones”, indicó Torres, quien además señaló que Lozada fue detenido en el marco de la “Operación Trueno” en Yaracuy y acusado sin pruebas sólidas.
“A pesar que los familiares notificaron formalmente la gravedad de la condición de Yosvet nunca recibieron una respuesta”, señaló el OVP al tiempo que recordó la responsabilidad del Estado venezolano como garante de la vida, salud e integridad de las personas privadas de libertad.
Yosvet Lozada fue arrestado el 22 de mayo de 2022 en el marco de la “Operación Trueno” en Yaracuy. Fue acusado de terrorismo, asociación para delinquir y tráfico ilícito de armas.
Junto a él, otros 22 jóvenes fueron apresados. Sus familiares han solicitado atención médica para todos y celeridad en el proceso judicial, pero aseguran que no han recibido una respuesta satisfactoria.
Desde el OVP señalaron, que con este caso se eleva a 22 el número de rehenes políticos fallecidos, documentados en los últimos meses, la mayoría vinculadas a la falta de atención médica oportuna. “La pena de muerte no está prevista en nuestra legislación, pero la indolencia institucional produce el mismo resultado”, indicó la ONG.
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