Este lunes, minutos antes de que este lunes empezara la audiencia por fraude civil en su contra, el expresidente de EE. UU. Donald Trump ha declarado que este juicio es la «continuación de la mayor caza de brujas de todos los tiempos», añadiendo que se trata de «una estafa y una farsa».

Además, el exmandatario ha arremetido contra la fiscal general demócrata de Nueva York, Letitia James, quien el año pasado demandó al político y a la Organización Trump, acusándole de haber inflado su patrimonio neto hasta en 2.230 millones de dólares en los estados financieros anuales presentados a varias compañías.

Al hablar sobre James, el expresidente ha sostenido que la fiscal general de Nueva York usó el juicio en su contra «para postularse para gobernadora», sin embargo «fracasó en su intento».

«Prácticamente no tenía seguidores. Regresó y dijo: ‘Bueno, ahora voy a por Trump otra vez’. Y esto es lo que tenemos. Es una estafa y una farsa», ha aseverado el político.

Cane recordar que, este 27 de septiembre, el juez del tribunal estatal de Nueva York en Manhattan, Arthur Engoron, dictaminó Trump cometió fraude durante años mientras construía su imperio inmobiliario.

Concretamente, determinó que el exmandatario y su empresa engañaron a bancos, aseguradoras y otras entidades al sobrevalorar de manera masiva sus activos y exagerar su patrimonio neto en la documentación empleada para cerrar acuerdos y obtener financiación.

También indicó que, además de jactarse de sus riquezas, Trump, su empresa y sus principales ejecutivos mintieron de forma reiterada sobre ellas en sus estados financieros anuales, beneficiándose así de condiciones de préstamo favorables y primas de seguro más bajas.

El fiscal especial estadounidense Jack Smith ha pedido a la jueza de distrito, Tanya Chutkan, que emita una orden que imponga al expresidente Donald Trump límites «estrechos» a la hora de hacer declaraciones públicas sobre el caso de su intento de interferir en los resultados electorales de 2020.

Esta información se conoció despues de que la agencia CNN recogiera y publicara un expediente judicial del viernes.

«El acusado tiene una práctica establecida de emitir declaraciones públicas incendiarias dirigidas a individuos o instituciones que representan un obstáculo o un desafío para él», ha denunciado Smith en un documento presentado ante el Tribunal de Distrito.

Así, los fiscales buscan impedir que Trump se pronuncie sobre «la identidad, el testimonio o la credibilidad de posibles testigos» y restringir sus comentarios sobre «cualquier parte, testigo, abogado, personal del tribunal o posibles miembros del jurado que sean despectivos, provocadores o intimidantes».

El objetivo es, han defendido los fiscales, «proteger a los posibles jurados del miedo a las amenazas y el acoso que surgen de las declaraciones públicas despectivas e incendiarias» de Donald Trump.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se ha declarado no culpable de los cargos que se le imputan en el proceso que examina el supuesto complot para revertir los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia.

En un escrito recogido por la cadena CNN, ha expresado: «Entiendo completamente la naturaleza de los delitos imputados y mi derecho a comparecer durante la acusación. (…) Por la presente renuncio libre y voluntariamente a mi derecho a estar presente en la lectura de cargos».

Cabe resaltar que este proceso ya dejó la semana pasada una imagen inédita, a saber, una ficha policial de un antiguo inquilino de la Casa Blanca. No obstante, Trump ha utilizado su foto para volver a presentarse como víctima del sistema y cargar contra el supuesto uso partidista del sistema judicial en EE. UU.

Esto sin contar que lo ha usado para impulsar su imagen de cara a las elecciones. Así, tan solo un día después de acudir a una cárcel de Georgia, su campaña logró recaudar 4.18 millones de dólares, una cifra diaria inédita hasta la fecha.

Con esto, parece que el magnate se mantiene como favorito indiscutible en la carrera por hacerse con la candidatura del Partido Republicano para los comicios de 2024.

La jueza Tanya S. Chutkan, que instruye a nivel federal el caso contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump por intentar revocar el resultado de las elecciones de 2020, ha fijado para el 4 de marzo de 2024 el juicio contra el magnate.

Cabe destacar que, casualmente, esta fecha es justo un día antes del ‘supermartes’, clave para la elección de delegados durante las primarias republicanas.

Según fuentes de CNN, Chutkan ha rechazado las fechas propuestas tanto por el Departamento de Justicia como por el equipo legal de Trump, que habían solicitado el juicio para enero de 2024 y abril de 2026, respectivamente.

En este sentido, la jueza ha defendido que la propuesta realizada por el fiscal especial Jack Smith, que buscaba un juicio rápido, era «muy pronto», mientras que la de los abogados de Trump no era «razonable». «Ninguna de las dos es aceptable», ha aseverado.

Además, ha argumentado que el Trump tiene tiempo suficiente para preparar su defensa y que ya son bien conocidos los testigos que se presentarán durante el juicio, según ha informado la cadena NBC News.

Cane recordar que Trump se enfrenta a cuatro cargos por conspirar contra Estados Unidos; por impedir que el Congreso certifique los resultados recogidos en las urnas; por conspirar contra el derecho al voto, así como por su intento de obstruir la certificación de las papeletas.

También, poco antes, el tribunal superior del condado de Fulton, en Georgia, ha informado que el próximo 6 de septiembre se realizará la lectura de cargos contra Trump y otros 18 acusados en el proceso que examina en el estado el supuesto complot criminal para revertir los resultados de las elecciones de 2020.

Este jueves, se presentó ante un tribunal federal de Florida una impugnación contra el expresidente Donald Trump en la que se argumentó que él no puede postularse como candidato en las elecciones presidenciales de EE. UU. del próximo año.

La razón de la impugnación, según el abogado demandante Lawrence Caplan, responde al hecho de la probable participación de Trump en los disturbios en el Capitolio en enero de 2021.

Caplan, alegó que en una cláusula de la 14.ª Enmienda de la Constitución de EE. UU. se establece que las personas que hayan participado en una insurrección o rebelión contra el Gobierno no pueden ocupar ningún cargo en el mismo.

En este sentido, expuso que, en caso de «que el registro público hasta la fecha sea exacto, y no tengamos pruebas de lo contrario, Trump ya no es elegible para postularse para el cargo de presidente de los Estados Unidos, ni de ningún otro estado de la Unión».

Sin embargo, el profesor de la Universidad Atlántica de Florida, Kevin Wagner, mencionó que podría haber importantes obstáculos legales, constitucionales y políticos al invocar la «cláusula de descalificación» para tratar de impedir que Trump participe en la carrera presidencial.

Así, indicó que estima que ese «es un proceso más difícil de lo que la gente piensa y al final del día hay que encontrar a alguien que esté dispuesto a hacerlo cumplir».

No obstante, Caplan sostuvo que las acusaciones presentadas por los jurados de Washington D.C. y Georgia, que investigan los esfuerzos de Trump por permanecer en el poder después de perder las elecciones en 2020, hacen que su descalificación para ocupar un cargo público sea automática.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha confirmado que planea entregarse este jueves en una cárcel del condado de Fulton, en Georgia, tras ser acusado de orquestar un entramado para subvertir los resultados electorales de 2020 en el mencionado estado.

Trump ha realizado el anuncio a través de su canal en su propia red social, Truth Social, días después de que los medios estadounidenses informaran de ello por informaciones de fuentes familiarizadas con el plan.

«¿Ustedes lo pueden creer? Iré a Atlanta, Georgia, este jueves para ser arrestado por una fiscal que es de izquierda radical, Fani Willis», ha señalado el expresidente, que ha considerado que la magistrada está «haciendo campaña y recaudando dinero para esta caza de brujas».

Así, Trump ha manifestado que, en su opinión, este caso «se está realizando en estricta coordinación con el Departamento de Justicia del corrupto Joe Biden» por lo que «se trata de interferencia electoral».

Cabe destacar que las declaraciones de Trump tienen lugar horas después de que su equipo legal haya pactado las condiciones que le permitirán seguir en libertad una vez se entregue en Georgia, lo que incluirá previsiblemente el pago de una fianza de 200.000 dólares, entre otras cosas.

Cabe recordar también que Trump no solo tiene que hacer frente a las acusaciones de intentar manipular los resultados de las últimas presidenciales, sino a casi cien cargo repartidos en un total de cuatro casos.

Donald Trump ha sido imputado por cuarta vez en toda su lucha legal. En esta ocasión, ha sido la Fiscalía del estado de Georgia quien lo ha hecho. El motivo del procesamiento es similar al de otro de los casos que afronta el presidente, por el que fue imputado hace dos semanas, a saber, su intento de robar las elecciones de 2020.

En esta ocasión, la acusación ha presentado 41 cargos contra Trump, incluyendo el de asociación de malhechores, que en inglés, «racketeering», es una palabra que trae a la mente solo una cosa: la mafia.

Además de Trump, otras 18 personas han sido imputadas, incluyendo a su jefe de gabinete, Mark Meadows, y el ex alcalde de Nueva York y excandidato a la presidencia en 2008, Rudy Giuliani, que también ha sido procesado en otro de los casos contra Trump.

Cabe destacar que, con este procesamiento, Trump afronta nada menos que 119 cargos penales en su contra. En este sentido, tan solo los 78 cargos de los tres casos previos a éste acarrean unas penas máximas combinadas de 199 años de cárcel.

Estos tres procesos son uno en el estado de Nueva York por falsedad documental para violar la legislación de las campañas electorales, y dos más, del Estado federal, por la retención de secretos de Estado después de dejar la Casa Blanca y por su intento de robar las elecciones.

Ahora bien, Georgia le ha imputado por esa misma razón, aunque este proceso se limita a exclusivamente a sus acciones en ese estado, incluyendo la famosa llamada telefónica en la que el entonces presidente pidió a las autoridades locales que buscaran los 11.770 votos necesarios para que pudiera ganar unos comicios que, casualmente, había perdido por 11.769 papeletas.

Además, los presuntos delitos incluyen intimidación a funcionarios y robo e intento de manipulación de datos informáticos.