El abogado Rudy Giuliani, el que fuera representante legal del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, ha sido condenado este viernes a pagar un total de 148 millones de dólares en daños y perjuicios a dos trabajadoras a las que acusó de amañar los resultados electorales en el estado de Georgia en 2020.

Las dos demandantes, Ruby Freeman y Shaye Moss, ambas madre e hija, presentaron una demanda contra Giuliani después de que el exalcalde de Nueva York las acusara de amañar los resultados electorales para favorecer al ahora presidente, Joe Biden.

Así, el magnate tendrá que pagar a cada una de las trabajadoras 20 millones por «estrés emocional», mientras que las dos recibirán 75 millones en total por «daños punitivos».

También, Freeman recibirá 16,1 millones en concepto de difamación mientras que Giuliani tendrá que pagar a Moss casi 16,9 millones por lo mismo.

Cabe resaltar que ambas afectadas han explicado ante un tribunal de Washington D.C. cómo les impactaron en su vida las amenazas de muerte tras las acusaciones que realizó el exabogado.

«Las tomé como si realmente me fueran a despedazar, meterme en bolsas de basura y sacarlas a mi calle», resaltó Freeman durante el juicio, refiriéndose a un mensaje en el que le advertían que iban a «sacarla a la calle en bolsas», según ha recogido la cadena CNN.

La juez del Tribunal del 2º Distrito Judicial del estado de Colorado, Sarah Wallace, dictaminó este viernes que el expresidente de EE. UU., Donald Trump, participó en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, pero rechazó prohibirle participar en las elecciones presidenciales, según informa AP.

La demanda contra el exmandatario fue presentada por el grupo Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, que alegó que Trump no puede ocupar el cargo de presidente porque participó en una «insurrección o rebelión» contra la Constitución, lo que viola la Sección 3 de la 14ª Enmienda.

Sin embargo, a pesar reconocer que el magnate «participó en la insurrección», Wallace declaró que renuncia a dar «una interpretación [de la Sección 3] que descalificaría a un candidato presidencial sin una indicación clara e inequívoca de que esa es la intención de la Sección 3».

La 14ª Enmienda a la Constitución estadounidense fue aprobada después de la Guerra Civil para impedir que los exconfederados tomaran el control del Gobierno, no obstante, la Sección 3 prohíbe a los que participaron en una «insurrección o rebelión» contra la Constitución ocupar cargos estatales o federales, pero no se refiere específicamente a la Presidencia de EE. UU.

En este sentido, Wallace estuvo de acuerdo con los abogados de Trump en que hay «escasa evidencia directa» de que la medida pretendía aplicarse a la Presidencia.

«El registro demuestra una apreciable cantidad de tensión entre las interpretaciones opuestas, y una falta de orientación definitiva en el texto o en las fuentes históricas», escribió la juez en el fallo de 102 páginas.

Este lunes, minutos antes de que este lunes empezara la audiencia por fraude civil en su contra, el expresidente de EE. UU. Donald Trump ha declarado que este juicio es la «continuación de la mayor caza de brujas de todos los tiempos», añadiendo que se trata de «una estafa y una farsa».

Además, el exmandatario ha arremetido contra la fiscal general demócrata de Nueva York, Letitia James, quien el año pasado demandó al político y a la Organización Trump, acusándole de haber inflado su patrimonio neto hasta en 2.230 millones de dólares en los estados financieros anuales presentados a varias compañías.

Al hablar sobre James, el expresidente ha sostenido que la fiscal general de Nueva York usó el juicio en su contra «para postularse para gobernadora», sin embargo «fracasó en su intento».

«Prácticamente no tenía seguidores. Regresó y dijo: ‘Bueno, ahora voy a por Trump otra vez’. Y esto es lo que tenemos. Es una estafa y una farsa», ha aseverado el político.

Cane recordar que, este 27 de septiembre, el juez del tribunal estatal de Nueva York en Manhattan, Arthur Engoron, dictaminó Trump cometió fraude durante años mientras construía su imperio inmobiliario.

Concretamente, determinó que el exmandatario y su empresa engañaron a bancos, aseguradoras y otras entidades al sobrevalorar de manera masiva sus activos y exagerar su patrimonio neto en la documentación empleada para cerrar acuerdos y obtener financiación.

También indicó que, además de jactarse de sus riquezas, Trump, su empresa y sus principales ejecutivos mintieron de forma reiterada sobre ellas en sus estados financieros anuales, beneficiándose así de condiciones de préstamo favorables y primas de seguro más bajas.

El fiscal especial estadounidense Jack Smith ha pedido a la jueza de distrito, Tanya Chutkan, que emita una orden que imponga al expresidente Donald Trump límites «estrechos» a la hora de hacer declaraciones públicas sobre el caso de su intento de interferir en los resultados electorales de 2020.

Esta información se conoció despues de que la agencia CNN recogiera y publicara un expediente judicial del viernes.

«El acusado tiene una práctica establecida de emitir declaraciones públicas incendiarias dirigidas a individuos o instituciones que representan un obstáculo o un desafío para él», ha denunciado Smith en un documento presentado ante el Tribunal de Distrito.

Así, los fiscales buscan impedir que Trump se pronuncie sobre «la identidad, el testimonio o la credibilidad de posibles testigos» y restringir sus comentarios sobre «cualquier parte, testigo, abogado, personal del tribunal o posibles miembros del jurado que sean despectivos, provocadores o intimidantes».

El objetivo es, han defendido los fiscales, «proteger a los posibles jurados del miedo a las amenazas y el acoso que surgen de las declaraciones públicas despectivas e incendiarias» de Donald Trump.