La Comisión Europea presentará esta semana un paquete de medidas energéticas que busca reformar el mercado eléctrico, potenciar la industria ‘limpia’ y reducir la dependencia en suministros de terceros para posicionar a la Unión Europea (UE) como un digno competidor en la carrera ‘verde’.

Con este anuncio pretende informar sobre el contraataque a potencias como China o Estados Unidos, que pretenden desmarcarse con un ‘dopaje’ millonario a sus empresas.

Aunque la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, haya anunciado este viernes desde Washington un acuerdo sobre energía limpia con Estados Unidos y que ambas partes trabajarán en el acceso a materias primas críticas, estas medidas forman parte del plan de Bruselas para contrarrestar el impacto en la economía europea de las inyecciones de la Ley para la Reducción de la Inflación (IRA) estadounidense, con un paquete de 369.000 millones de dólares, y a las inversiones en tecnologías limpias anunciadas por China, que superan los 280.000 millones de dólares.

En un contexto en el que se prevé que el mercado mundial de las principales tecnologías de producción en serie con balance cero se triplique de aquí a 2030, con un valor anual de unos 600.000 millones de euros, la UE quiere aprovechar esta oportunidad como ya lo han hecho sus competidores a través de medidas ambiciosas para asegurarse ser parte de este nuevo mercado.

La ley de industria neta cero forma parte de las acciones anunciadas en ese contexto, con el objetivo de simplificar el marco regulador de la capacidad de producción de tecnologías que son clave para cumplir los objetivos de neutralidad climática de la Unión y garantizar la resiliencia de su sistema energético descarbonizado, pero actualmente depende de terceros países como China, que alcanza el 90% en determinados sectores de la cadena de valor.

A estas les seguirá el jueves la propuesta para una reforma del mercado eléctrico centrada en aumentar la presencia de renovables en detrimento de combustibles fósiles y facilitar los contratos a largo plazo para reducir la volatilidad en los precios para proteger a los consumidores, como ya defendía España en el planteamiento que presentó a la Comisión el pasado enero.