Francia acaba de aprobar la medida de vigilancia más peligrosa de su historia, facultando a la Policía a hackear los teléfonos y computadoras de los ciudadanos y prender micrófonos, cámaras y GPS.
El gobierno de Emmanuel Macron aprobó en el Senado de Francia este miércoles por la noche por 80 votos positivos contra 24 negativos y 1 abstención una ley que le permitirá instalar un Estado policial y vulnerar la privacidad de los ciudadanos franceses.
La Ley N°2141 permitirá entre el período de 2023 y 2027 que la Policía francesa espíe a los ciudadanos bajo sospecha criminal a través de sus teléfonos celulares. En el texto del proyecto, se describen los poderes extraordinarios que pasarán a tener los policías, quienes podrán activar de forma remota la cámara, el micrófono y el GPS de sus teléfonos y otros dispositivos.
La ley, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, fue resistida tanto por la derecha de Marine Le Pen como por la izquierda del comunista Jean-Luc Melénchon, pero tuvo un amplio apoyo de las fuerzas que apoyan al gobierno de Macron, entre ellos su propio partido de centro, Renaissance, el centroderechista Los Republicanos y el centroizquierdista Partido Socialista.
La medida, que abarca además de teléfonos, computadoras, laptops, automóviles y todos objetos que estén conectados, permitirá la geolocalización de sospechosos sin una orden judicial, como era la norma hasta ahora.
Los dispositivos también podrían activarse de forma remota sin avisar a los ciudadanos para grabar sonido e imágenes de personas sospechosas de delitos de terrorismo, así como delincuencia y el crimen organizado. El problema es que cualquier persona puede ser acusada de este tipo de delitos, e inmediatamente la policía francesa pasará a tener el poder de violar completamente sus derechos civiles.
Cualquier uso de la disposición tendrá una duración total de vigilancia que no puede exceder los seis meses sin una orden judicial. Además, se incluyó una enmienda de último momento para proteger “profesiones delicadas”, como médicos, periodistas, abogados, jueces y parlamentarios, que no serán objetivos legítimos sin orden judicial.
La legislación estaba trabada en el Congreso, pero varios senadores del partido de Le Pen y otros de bloques centristas anunciaron que prestarían su voto para que se apruebe en el Senado luego de la semana de protestas raciales que destrozaron París y otras importantes ciudades francesas.
Las disposiciones plantean “serias preocupaciones sobre las infracciones de las libertades fundamentales“, escribió el grupo de derechos digitales La Quadrature du Net en un reciente comunicado, donde citaron el “derecho a la seguridad, el derecho a la vida privada y a la correspondencia privada“.
“Estamos muy lejos del totalitarismo de 1984“, la novela de George Orwell sobre una sociedad socialista bajo vigilancia total, dijo el ministro de Justicia de Macron, Éric Dupond-Moretti, quien aseguró que “la vida de las personas será salvada por esta ley“.
La medida es un adendo a una ley más grande que busca reformar completamente el sistema judicial en Francia, redactada por el propio Dupond-Moretti, que ya fue aprobada por los miembros de la Assemblée Nationale el pasado 3 de mayo, catalogada como Ley N°569.
