El presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido que la guerra con Irán puede darse por concluida tras la entrada en vigor del alto el fuego, al tiempo que ha calificado de «totalmente inconstitucional» la regulación vigente sobre poderes bélicos, que pauta cómo ha de ser la autorización de los mismos, en un nuevo episodio de fricción con el Congreso sobre el alcance de la autoridad presidencial en conflictos en el exterior.
De acuerdo con una carta remitida este viernes a los líderes del Congreso, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley, la Administración Trump ha aseverado que «las hostilidades» iniciadas el 28 de febrero han terminado tras la tregua acordada entre Washington y Teherán.
«El 7 de abril de 2026, ordené un alto el fuego de dos semanas. Desde entonces, el alto el fuego se ha prorrogado. No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas de EE. UU. e Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han terminado», reza la misiva, a la que ha tenido acceso CNN y en la que el Gobierno asegura mantener informado al Congreso «de conformidad con la Resolución sobre los Poderes Bélicos».
No obstante, el propio Trump ha advertido de que la amenaza iraní «sigue siendo significativa», por lo que el Departamento de Defensa continuará ajustando su despliegue militar «según sea necesario y apropiado».
En paralelo, el mandatario ha dejado claro que no contempla una retirada precipitada de la región. «Irán no está avanzando con el tipo de acuerdo que necesitamos tener. Vamos a hacer que esto se resuelva correctamente. No nos vamos a ir temprano y luego tener el problema que surja en 3 años», ha argumentado.
Este debate legal se intensifica en un momento clave, ya que la Ley de Poderes de Guerra de 1973 fija un plazo de 60 días para que el presidente ponga fin a una intervención militar o solicite autorización expresa del Congreso. Sin embargo, los legisladores discrepan sobre cuándo se cumple ese límite y si el alto el fuego interrumpe su cómputo.
Mientras algunos consideran que el plazo ha expirado este viernes 1 de mayo —60 días después de la notificación formal del inicio de las operaciones—, hay quienes sostienen que la tregua paraliza la cuenta legal o incluso permite una prórroga adicional de 30 días.
Desde la Administración, un alto funcionario ha insistido en declaraciones al mismo medio en que «las hostilidades que comenzaron el sábado 28 de febrero han cesado», subrayando que no se han producido enfrentamientos desde el 7 de abril. En esta línea, el secretario de Defensa argumentó recientemente que, según su interpretación, «el plazo de 60 días se pausa o se detiene en un alto el fuego».
Estas tesis han encontrado resistencia tanto en demócratas como en algunos republicanos. El senador Thom Tillis cuestionó esta interpretación y defendió que el Congreso debe intervenir para autorizar o supervisar el conflicto. «Me pareció que la resolución sobre los poderes de guerra establece que en 60 días hay que tomar medidas», ha señalado.
Más contundente se ha mostrado el senador demócrata Adam Schiff, quien ha afirmado que «esta guerra fue ilegal desde el principio», al considerar que no existía una amenaza inminente que justificara la intervención sin aval parlamentario. «Incluso bajo la Ley de Poderes de Guerra, el presidente no dispone de 60 días para declarar la guerra sin la aprobación del Congreso en ausencia de cualquier tipo de amenaza inminente», ha apostillado.
El desacuerdo se ha trasladado también a las votaciones en el Senado, donde iniciativas para exigir autorización previa a nuevas acciones militares contra Irán han fracasado, aunque con apoyos puntuales de legisladores republicanos. «La Constitución otorga al Congreso un papel esencial en las decisiones sobre la guerra y la paz», ha incidido la senadora Susan Collins, al tiempo que ha exigido objetivos claros y una estrategia definida antes de cualquier nueva intervención.
En este contexto, varios senadores han advertido además de que el conflicto ha alcanzado un «punto de inflexión», mientras otros ironizan sobre la posibilidad de extender indefinidamente los plazos legales. «Luego serán 120 días, y después será para siempre», ha criticado el demócrata Tim Kaine.
A la espera de que el Congreso retome su actividad tras el receso, algunos legisladores han adelantado que impulsarán una autorización formal del uso de la fuerza si la Casa Blanca no presenta un «plan creíble» sobre el rumbo del conflicto, lo que anticipa nuevas tensiones institucionales en torno a la política exterior estadounidense.
