La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, ha anunciado este lunes el despliegue de agentes por parte del Departamento de Justicia para proteger las instalaciones del Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE, en inglés), en el marco de una «Fuerza Especial de Protección» destinada a «arrestar a agitadores violentos» y facilitar su procesamiento legal con las imputaciones más graves posibles a nivel nacional.

«El Departamento de Justicia está desplegando agentes para proteger las instalaciones de ICE, arrestar a agitadores violentos in situ y presentar los cargos federales más fuertes posibles», ha declarado Bondi en una publicación en la red social X en la que ha prometido que «el Estado de derecho prevalecerá».

La fiscal ha añadido como muestra de ello un memorando remitido a los dirigentes del FBI, la DEA, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y los Marshals —la Policía federal de EE. UU.— «dejando claro que no se tolerará la violencia contra los agentes federales».

La circular, que comienza citando al presidente de EE. UU., Donald Trump, esboza «nueva era de violencia política extrema que es la culminación de sofisticadas campañas organizadas de intimidación selectiva, radicalización, amenazas y violencia diseñadas para silenciar discursos opuestos», así como «limitar la actividad política, cambiar o dirigir los resultados de las políticas e impedir el funcionamiento de una sociedad democrática».

«Los disturbios en Los Ángeles y Portland reflejan un aumento de más del 1000% en los ataques contra agentes del ICE desde el 21 de enero de 2025, en comparación con el mismo período del año pasado», ha citado Bondi en una lista de ejemplos que incluye ataques a coches y concesionarios de Tesla, el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk este septiembre y, anteriormente, los intentos contra Trump, aunque no otros más recientes como el atentado que mató a la congresista demócrata Melissa Hortman y su marido en junio.

La fiscal general ha denunciado que este fin de semana, mientras el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, vilipendiaban a los agentes de ICE, tildándolos de nazis y policías secretos, más de 200 alborotadores bloquearon el acceso a una de las puertas frente a un centro de procesamiento de ICE en el área de Chicago, coreando consignas como ‘Arresten al ICE, disparen al ICE’ e intentando invadir propiedad federal de forma forzosa e ilegal».

Ante ello, ha prometido que su cartera «se mantendrá firme cuando los agentes federales de las fuerzas del orden sean atacados o amenazados por cumplir con su deber», y ha ordenado a las agencias vinculadas al Departamento «que ordenen de inmediato a todos los oficiales y agentes necesarios que defiendan las instalaciones y al personal del ICE cuando y dondequiera que sean atacados, incluso en Portland y Chicago». Estos agentes, ha anunciado, conformarán una «Fuerza Especial de Protección del ICE».

Un tribunal federal de apelaciones en EE. UU. ha respaldado la decisión tomada por la Administración de Donald Trump de finalizar el estatus legal temporal de cientos de miles de migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, desestimando así un recurso presentado por organizaciones pro derechos de los inmigrantes.

El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito ha anulado así una resolución previa de la jueza de distrito Indira Talwani, que había cuestionado la autoridad de la actual secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para revocar la llamada «libertad condicional» migratoria que permitía la estancia temporal en el país de unos 430.000 extranjeros.

Talwani había sostenido que Noem actuó fuera de sus competencias, pero el panel de tres jueces del circuito —todos designados por presidentes demócratas— concluyó que los demandantes no lograron probar que la secretaria carecía de facultades legales bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad para eliminar de forma generalizada dichos permisos.

En su opinión, el magistrado Gustavo Gelpí reconoció que la revocación de esta figura migratoria coloca a los afectados ante un difícil escenario, al tener que decidir entre regresar a países con altos niveles de inseguridad o permanecer en EE. UU. en situación irregular, expuestos a detenciones y deportaciones. Sin embargo, subrayó que este impacto no invalida la autoridad legal de la secretaria para tomar dicha decisión.

Asimismo, ha descartado el argumento presentado por Talwani sobre que la medida de Noem fue adoptada de forma «arbitraria y caprichosa». «No estamos de acuerdo. Determinamos que los demandantes no han presentado pruebas firmes sobre que puedan tener éxito a la hora de demostrar que la acción de la secretaria fuera arbitraria y caprichosa, ya que dio una explicación razonada», ha dicho.

«Por las citadas razones, damos carpetazo a la orden del tribunal de distrito y remitimos el caso para que se realicen más procedimientos de conformidad con esta opinión. Así se ordena», zanja el documento publicado por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en la ciudad de Boston.

El Tribunal Supremo de EE. UU. ha respaldado este lunes la iniciativa del presidente del país, Donald Trump, de que las fuerzas de seguridad detengan a migrantes en California basándose en su idioma u ocupación, a pesar de que tribunales inferiores habían prohibido temporalmente esta orden alegando que se estaba violando la Constitución.

El alto tribunal no ha ofrecido explicaciones sobre su decisión. Sin embargo, el juez Brett Kavanaugh, ha indicado que las circunstancias que los agentes estaban considerando «en conjunto pueden constituir al menos una sospecha razonable de presencia ilegal en EE. UU.».

«Es importante que una sospecha razonable solo significa que los agentes de inmigración pueden detener brevemente al individuo y preguntarle sobre su estatus migratorio», ha manifestado, antes de emprender una discusión más amplia sobre la migración, según ha informado CNN.

En un voto contrario, la jueza Sonia Sotomayor ha criticado la orden por permitir que el gobierno federal continúe arrestando a personas en función de su apariencia o trabajo.

«En lugar de quedarme de brazos cruzados mientras se pierden nuestras libertades constitucionales, discrepo», ha agregado. Las juezas liberales Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson también han firmado el texto.

Sotomayor también ha sostenido que la orden del Supremo «es preocupante por otra razón: carece totalmente de explicación». «En los últimos ocho meses, el deseo de este tribunal de eludir el proceso ordinario de apelación e intervenir en asuntos importantes ha crecido exponencialmente», ha lamentado.

La Administración Trump instó al tribunal a una intervención de emergencia, calificando la orden de un tribunal inferior de «camisa de fuerza» para los esfuerzos del Gobierno en el marco de su política migratoria.

La jueza federal de distrito Maame Ewusie Mensah Frimpong —designada por Joe Biden— impuso los límites en julio, después de que un grupo de personas detenidas presentaran una demanda por lo que denunciaron como «patrullas itinerantes» inconstitucionales en Los Ángeles.

La Administración de Donald Trump ha anunciado este jueves que ha demandado al alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, por sus políticas migratorias, que considera que están protegiendo a los migrantes y discriminando a las fuerzas de seguridad.

La fiscal general, Pam Bondi, ha informado de que el Departamento de Justicia está demandando a la ciudad de Nueva York y a su alcalde «por seguir obstruyendo la aplicación de la ley con políticas de ‘ciudad santuario’».

«Si los líderes de Nueva York no se esfuerzan por proteger a sus ciudadanos, nosotros lo haremos», ha dicho en su perfil de X.

Posteriormente, la cartera ministerial ha especificado que el caso se ha presentado en el distrito este de Nueva York con el objetivo de «combatir la obstrucción ilegal de la aplicación de las leyes federales migratorias».

Cabe señalar que, en los últimos meses, se han presentado demandas contra Los Ángeles, los estados de Nueva York, Colorado e Illinois, entre otros, por dicho motivo.

«Durante demasiado tiempo, la Ciudad de Nueva York ha estado a la vanguardia en la interferencia con la aplicación de nuestras leyes de inmigración. Sus esfuerzos por frustrar la aplicación de la ley federal de inmigración terminan ahora», ha agregado el fiscal general adjunto, Brett Shumate.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha ordenado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) que instruya a sus agentes para detener a cualquier persona que ataque un vehículo policial de este cuerpo y ha anunciado que tendrán «autorización» para efectuar estas detenciones «utilizando todos los medios necesarios».

«Autorizo plenamente al ICE a protegerse, al igual que protegen al público. ¡No quiero volver a ver un coche con un agente del orden público atacado!», ha sostenido el mandatario estadounidense en un mensaje desde su cuenta de Truth Social. «Autorización inmediata para arresto y encarcelamiento», ha añadido.

Trump ha asegurado que, mientras regresaba de su viaje al estado de Texas para evaluar los daños que han causado en esta zona las inundaciones de las últimas semanas, ha podido observar imágenes de estos ataques a los coches del cuerpo policial. «Estos vehículos nuevos sufrieron daños tremendos», ha indicado el presidente.

En este sentido, ha ordenado a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y a Tom Homan, que se encarguen del adiestramiento de los agentes para que puedan enfrentarse a los que ha denominado como «matones» e «inmundos».

Por su parte, Noem ha agradecido al Inquilino de la Casa Blanca su apoyo y ha defendido la actuación de los efectivos del ICE. «Nuestros oficiales del ICE arriesgan sus vidas todos los días para proteger a los estadounidenses», ha aseverado desde su cuenta de la red social X.

Cabe señalar que este anuncio se produce después de que el cuerpo fronterizo realizara una redada en un campo legal de cultivo de marihuana este jueves en el estado de California, en la que tuvieron lugar grandes enfrentamientos entre policías y manifestantes. La jornada se saldó con decenas de personas detenidas, incluidos nueve menores no acompañados.