Tamara Suju señala al narcorégimen de utilizar el «terror como política para anular a la disidencia»

Caracas. – El uso del «terror» como «política pública» para anular a la «disidencia» en Venezuela, por parte del narcorégimen chavista, fue denunciado este pasado jueves por la directora del Instituto Casla, Tamara Suju, ante la OEA.

La abogada y activista por los Derechos Humanos explicó durante la sesión celebrada en Washington las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la tortura son “sistemáticas” en Venezuela, debido a las prácticas recurrentes del régimen dirigido por Nicolás Maduro.

Suju alertó la existencia de «532 detenidos cuyas identidades se desconocen», ya que la tiranía chavista suele ejecutar secuestros sin rendir cuentas ni a familiares, y menos a organismos de cualquier naturaleza.

Explicó que «los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han sido utilizados de forma transversal, como herramienta de control político y social, ejecutándolos dentro y fuera del país. Todos los poderes tienen su responsabilidad en la planificación, inducción, omisión y ejecución de dichos crímenes».

En este sentido, agregó: «los crímenes de lesa humanidad no son eventos aislados o errores, sino componentes integrales vilmente planificados por un aparato de dominio que emplea la represión sistemática y la violencia para consolidar su poder y facilitar sus actividades ilícitas».

Por ello, denunció la existencia de un «‘Estado terrorista’, donde el terror es utilizado como política pública para anular la disidencia, silenciar opositores y mantener el poder a través del sometimiento».

“Hemos obtenido información confidencial sobre la existencia de más de 532 detenidos cuyas identidades se desconocen” en la sede de la DGCIM, confirmó la directora del Instituto Casla.

La exposición de Suju también reflejó la realidad de los rehenes políticos del chavismo, escenario en el cual muchos han fallecido bajo custodia del narcorégimen, y otros, en cambio, han optado por el suicidio, debido a que no soportaron las torturas, humillaciones y condiciones inhumanas a las que estaban sometidos.

Guyana denunció tres ataques por civiles armados desde Venezuela

Caracas. – El gobierno de Guyana denunció este pasado jueves que tropas de su Fuerza de Defensa (GDF) fueron atacadas en tres ocasiones por hombres vestidos de civil y armados desde territorio venezolano, que afortunadamente no reportaron heridos ni bajas.

«Hombres armados vestidos de civil en la costa venezolana a lo largo del río Cuyuni (…) llevaron a cabo tres ataques separados contra las tropas de la Fuerza de Defensa de Guyana que realizaban patrullajes fluviales», señaló un comunicado de las GDF.

«En cada ocasión, la Fuerza de Defensa de Guyana ejecutó una respuesta mesurada, y ningún oficial sufrió heridas», añadió la misiva.

También, de acuerdo con el comunicado, las agresiones se produjeron desde la ribera venezolana en menos de 24 horas, y las autoridades guyanesas consideran los hechos como un acto de provocación militar que pone en riesgo la estabilidad regional.

«La Fuerza continúa firme en su misión de proteger la integridad territorial de Guyana y asegurar la seguridad de sus habitantes. Además, seguirá respondiendo a cualquier ataque en la frontera entre Guyana y Venezuela y mantendrá su vigilancia en el río Cuyuni», sentenció el texto.

Cabe recordar que el pasado 17 de febrero Guyana también denunció un ataque por parte de una banda venezolana en el río Cuyuni que dejó seis soldados heridos. La denuncia fue tachada por el narcorégimen chavista como un «vil montaje», mientras que la fiscalía a la orden de la tiranía anunció una investigación.

Aparte de las tensiones existentes entre ambas naciones por la disputa de la zona en reclamación, este incidente se produce en momentos en los que el narcorégimen planea celebrar elecciones para elegir a autoridades sobre la región.

Ante esto, la Corte Internacional de Justicia ha pedido al chavismo «abstenerse de celebrar elecciones, o de prepararse para celebrarlas, en este territorio en disputa».

EE. UU. asegura que no deportaron a Marielkys Espinoza con su madre por trabajar para TdA

Caracas. – El Departamento de Estado de EE. UU. aseguró este pasado miércoles que la niña Marielkys Espinoza no fue entregada a su madre cuando esta fue deportada porque la joven se dedicaba a reclutar prostitutas para la organización terrorista «Tren de Aragua» (TdA).

El organismo estadounidense aclaró las razones por las cuales la niña de dos años no acompañó a Yorely Bernal, su madre, cuando la justicia de ese país decidió enviarla de nuevo con el narcorégimen chavista.

En un comunicado que publicó en la red social X, el Departamento de Estado alegó que se tomó la decisión de mantener a Marielkys bajo custodia, por razones de seguridad.

«Por su seguridad, no fue trasladada con su madre. La niña en cuestión fue repatriada a Venezuela en virtud de una orden judicial. El ICE se remite al gobierno venezolano para determinar si la niña está con su madre o bajo custodia del gobierno, pero al menos sabemos que no estará con su padre, miembro de la TdA, quien dirigía una casa de tortura y supervisaba homicidios, venta de drogas, secuestros, extorsión y tráfico sexual para la banda criminal», indicó el texto.

«Su madre, Yorely Escarleth Bernal Inciarte, supervisa el reclutamiento de mujeres jóvenes para el narcotráfico y la prostitución para el Tren de Aragua. Por su seguridad, no se le trasladó con su madre», añadió.

Hay que destacar que el organismo precisó que el envío de la niña se debió a una orden judicial, y no debido a una presunta gestión ejercida por Nicolás Maduro o la cúpula corrupta que lo secunda.

Asimismo, corrobora que, en definitiva, la infante no estará bajo cuidado de su padre, quien sí fue enviado a la prisión de máxima seguridad CECOT en El Salvador, precisamente por ser un operado confirmado del TdA.

Narcorégimen admite que acusó al abogado Eduardo Torres por terrorismo y conspiración

Caracas. – El Ministerio Público del narcorégimen aseguró este pasado martes que el abogado de la ONG Provea, Eduardo Torres, ha sido acusado—-sin evidencias fehacientes— de los cargos de terrorismo y conspiración.

Según lo anunció el propio fiscal chavista, Tarek William Saab, al profesional del derecho se le acusa de formar parte de un plan para desatar el caos durante las ilegítimas elecciones convocadas por el narcorégimen, para el próximo 25 de mayo.

Los familiares de Torres, miembro de Provea desde 2019, indicaron que lo vieron por última vez el viernes 9 de mayo en una zona central de Caracas, donde tenía previsto asistir a una reunión.

De acuerdo con la información que Saab difundió por las redes sociales. «Eduardo Torres a través de una estructura denominada Nodos de Formación Ciudadana, financiada por agentes extranjeros, usaba talleres de formación como fachada para organizar focos de violencia llamando a la destrucción de los centros electorales y propagando mensajes de odio y aniquilación hacia las autoridades del Estado legítimamente constituidas».

Saab también agregó que los supuestos mensajes enviados por Torres «eran difundidos (…), de forma pública a través de redes sociales. En dicha causa hay varias personas involucradas que ya han sido identificadas y se encuentran solicitadas por los tribunales competentes».

El fiscal general del narcorégimen aseguró que Torres ya fue presentado ante los tribunales, garantizándole sus derechos y el debido proceso, así como el acceso a defensores públicos.

No obstante, tanto Proveo como sus allegados denuncian que todavía no han podido establecer contacto con él, y desconocen tanto el supuesto tribunal ante el cual fue presentado, su sitio de reclusión y quiénes son los aparentes abogados públicos asignados a su caso.

La ONU advierte a narcorégimen que detenciones aisladas son crímenes de lesa humanidad

Caracas. – Las detenciones incomunicadas y los aislamientos de rehenes que ejecuta el narcorégimen chavista pueden ser considerados como crímenes de lesa humanidad, según lo advirtió este miércoles la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, de la ONU sobre Venezuela.

La presidente de la Misión, Marta Valiñas, alertó durante la sesión celebrada en la ONU, que «mantener a personas opositoras en condiciones de aislamiento e incomunicación es una práctica perversa e ilegal que puede constituir un crimen internacional».

Agregó que la tortura y la desaparición forzada de personas son crímenes de lesa humanidad cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Asimismo, indicó que organismos represivos como la GNB, DGCIM, SEBIN y la PNB son «son responsables de llevar a cabo esta práctica», siempre con el respaldo del Ministerio Público de la Narcotiranía.

También, Valiñas denunció que «la falta de funcionamiento eficaz de los mecanismos de protección legal es alarmante y confirma la ausencia de un verdadero Estado de derecho».

A juicio de la Misión, «esta ausencia de protección está ejemplificada por la ineficiencia de la institución del habeas corpus, un mecanismo de protección fundamental contra las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y el riesgo de torturas».

También, el experto de la Misión Francisco Cox precisó que tales situaciones están ocurriendo en Venezuela “como parte del crimen de lesa humanidad, de persecución fundada en motivos políticos”.

La Misión afirmó haber investigado y corroborado al menos 20 casos en los que los recursos de habeas corpus o no fueron recibidos, o fueron rechazados o no obtuvieron respuesta.

“La indiferencia, la resistencia o la negativa del aparato judicial a recibir y tramitar habeas corpus es un grave incumplimiento de los deberes de sus funcionarios y supone un acto de complicidad”, opinó por su parte Patricia Tappatá, experta y miembro de la misión.

Finalmente, y tal como lo hizo la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, la Misión exigió a la tiranía chavista liberar, de inmediato, a todos los rehenes políticos que se encuentran en el país.

ONU exigió a Maduro liberar a rehenes políticos y detener secuestros de opositores

Caracas. – La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, exigió este pasado martes al narcorégimen chavista de Nicolás Maduro liberar a todos los presos políticos y cesar las desapariciones forzadas de opositores y críticos.

La exigencia fue dada a conocer por la portavoz de Türk, Liz Throssell, quien leyó un comunicado ante los medios, en el cual indicó que «la detención y desaparición forzada de críticos del gobierno venezolano continúa, alimentando un clima de miedo. El alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, insta a las autoridades a liberar inmediatamente a todos los detenidos arbitrariamente».

En este sentido, denunció que desde las elecciones presidenciales del 28 de julio se ha incrementado la intimidación y persecución de defensores de derechos humanos, periodistas y otros, limitando el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

Igualmente, aseguró que el despacho del Alto Comisionado para los Derechos Humanos continúa alarmado por la cantidad de secuestros realizados por la tiranía chavista, sin permitirle a los familiares de los afectados conocer el estado y el paradero de estos.

«Nuestra oficina sigue preocupada por las condiciones de detención, en particular la falta de acceso a alimentos adecuados y atención médica. Nuestra oficina ha verificado la muerte de al menos tres críticos del gobierno detenidos desde julio de 2024. Estos casos deben ser investigados de manera completa e independiente. El alto comisionado insta a las autoridades a proporcionar rápidamente detalles sobre el destino y paradero de los desaparecidos y detenidos a sus seres queridos, y a garantizar que se les conceda acceso a abogados de su elección», indicó Throssell.

Uno de los casos más recientes es el de Eduardo Torres, abogado del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), quien fue arrestado el 9 de mayo en Caracas. Sus familiares no han podido contactarlo y desconocen su paradero.

Alertan que presa política embarazada podría sufrir aborto inducido

Caracas. – Una rehén de la Narcotiranía chavista, Maykelis Jackeline Borges Ortuño (26), y quien fue raptada a pesar de estar embarazada, corre el riesgo de sufrir un aborto inducido tras las rejas, por las complicaciones de salud que está padeciendo sin que le permitan ser atendida.

La ONG Provea denunció, a través de sus redes sociales, la situación de la joven, quien está presentando derrames de sangre con casi seis meses de gestación. El caso de la joven está relacionado con la del teniente disidente Cristian Hernández, con quien está casada y, de hecho, es el padre del bebé que espera.

Hernández se encuentra en la clandestinidad, ya que es acusado por el narcorégimen de estar involucrado en conspiraciones. No obstante, el militar desvinculó totalmente a Borges de cualquier acusación, pidiendo que no se metieran con ella.

No obstante, la joven fue secuestrada el pasado 29 de enero, cuando salió en compañía de un motorizado amigo suyo, desde Los Jardines del Valle, donde reside hacia Altamira. Ninguno de los dos retornó ese día, y luego sus familiares se enteraron de que habían sido raptados por los organismos represivos.

Ahora, varias ONG han sido alertadas de los graves problemas de salud que enfrenta Maykelis tras las rejas, y en estado de embarazo.

“Maykelis se encuentra detenida en la sede del DGCIM y su embarazo ha avanzado a seis meses. Se han reportado preocupaciones sobre su salud y el riesgo de aborto debido a las condiciones de detención”, denunció también Foro Penal.

Hay que recordar que son varios los rehenes políticos que han fallecido bajo custodia del narcorégimen. El caso más reciente es el de Ariadna Pinto (20), quien pese a ser excarcelada sufrió severas complicaciones con una diabetes que padecía y que no fue atendida oportuna y eficientemente durante sus nueve meses de secuestro.

Denuncian presencia del coronel chavista Oscar Aponte en Estados Unidos

Caracas. – Viviendo en Florida, EE. UU., y rodeado de lujos, se encuentra el coronel de la GNB, Oscar Aponte Landaeta, quien fue represor de la Narcotiranía chavista y debió escapar de Venezuela por problemas de corrupción durante su paso por PDVSA.

Esta semana en las redes sociales, principalmente en X e Instagram, se denunció la presencia de Aponte, a quien se le ha visto específicamente en la ciudad de Doral, en el condado de Miami-Dade, donde se encuentra desde el año pasado.

Aponte se desempeñó como presidente de Aceites y Solventes Venezolanos (VASSA), empresa adscrita a PDVSA, cargo que aprovechó para desviar por contrabando —hacia el extranjero— materiales vitales como lubricantes, grasas y ácido sulfónico.

Por ello fue acusado de malversación, corrupción y tráfico de influencias entre otros cargos en 2020. Tras su repentina huida del país, fue localizado en Florida gracias a las imágenes que publicó en sus redes sociales.

Sin embargo, el militar chavista también fue jefe del Gabinete de Seguridad y Paz en el estado Mérida durante el apogeo de las protestas estudiantiles entre 2014 y 2017, es acusado de liderar la represión brutal contra estudiantes y manifestantes en esa región andina.

Testimonios recopilados por organizaciones como Foro Penal y posts en X lo señalan como artífice de privaciones ilegítimas de libertad que afectaron a miles de venezolanos, muchos de ellos jóvenes que enfrentaron detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas bajo su mando.

Pero, además, fuentes en redes sociales lo vinculan directamente con Tareck El Aissami, el exministro de Petróleo detenido en 2024 por el caso PDVSA-Cripto. Los comentarios indican que, como aliado cercano de El Aissami, habría facilitado operaciones ilícitas desde su posición en Mérida, una región estratégica por su cercanía a la frontera y su historial de resistencia política.

Su presencia en suelo estadounidense ha desatado indignación entre venezolanos exiliados, quienes exigen a las autoridades migratorias revisar su estatus, pues es considerado como «corrupto y torturador» en muchas publicaciones difundidas en su contra.

Revelan el nombre de la chavista que denunció a Ariadna Pinto para que la encarcelaran

Caracas. – Como Iris Roche fue identificada la chavista integrante de una UBCH en el estado Cojedes, quien delató a la joven Ariadna Pinto para que fuera secuestrada, sometimiento que provocó el empeoramiento de su salud y que la llevó, finalmente, a la muerte.

La precisión de la identidad de la mujer se logró en las redes sociales, siendo calificada como «sapa» por los internautas debido a lo que provocó su nefasta acción.

El fallecimiento de Pinto, quien padecía diabetes y cuyo estado de salud se complicó más durante el encierro, generó serias reacciones, sobre todo en redes sociales, cuyo resultado fue la exposición de los datos de Roche, quien ejerce el cargo en la población de Tinaquillo.

«El 1 de agosto de 2024, Ariadna fue detenida tras ser denunciada por una jefa de calle de la Unidad de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), quien la acusó de incitación al odio y terrorismo», denuncia una publicación del periodista César Moya en la red X.

Mientras, la cuenta @freddyzur denunció:

Otra de las denuncias difundidas en X fue:

Las petroleras evitan sanciones disfrazando el crudo venezolano como brasileño para enviarlo a China

Caracas. – Según revela un informe de la agencia de noticias Reuters, varias empresas petroleras están renombrando al petróleo extraído en Venezuela como si fuera brasileño para poder enviarlo a China, eludiendo las sanciones comerciales de EE. UU.

La agencia pudo comprobar,que los comerciantes han renombrado más de USD$ 1.000 millones de envíos de petróleo venezolano a China como crudo brasileño durante el último año.

Reuters consultó a dos empresas de seguimiento de buques tanque, documentos de la compañía y cuatro comerciantes, y corroboró que esta práctica ilegal ha ayudado a los compradores a reducir los costos logísticos y eludir las sanciones estadounidenses.

Cabe señalar que las refinerías independientes de China son los principales compradores de los cargamentos marítimos de petróleo procedentes de países sancionados por EE. UU., y las costas de Malasia sirven como un centro clave de transbordo para el crudo venezolano e iraní.

Sin embargo, desde julio de 2024, los comerciantes también han rebautizado el petróleo venezolano como procedente de Brasil. Esto ha permitido que los petroleros naveguen directamente de Venezuela a China, evitando la escala en aguas de Malasia y acortando el viaje en unos cuatro días.

También, según el informe, varios cargueros vinculados a la empresa intermediaria Hangzhou Energy alteraron de forma deliberada sus señales de geolocalización, simulando zarpar desde puertos brasileños mientras, en realidad, estaban cargando petróleo en Venezuela.

En este marco, entonces, muchos cargamentos de crudo que ingresan a China bajo la marca de betún brasileño en realidad contienen Merey de Venezuela, el crudo pesado insignia que las refinerías independientes de China suelen comprar a PDVSA a través de intermediarios, según fuentes comerciales, el rastreador de buques tanque Vortexa Analytics y documentos internos de la estatal venezolana revisados ​​por Reuters.

Estas medidas se toman en momentos en los que la administración de Donald Trump ha impuesto severas sanciones a aquellos países, que decidan comercializar crudo con el narcorégimen chavista, medidas que suponen el pago de hasta un 25% en aranceles.