Bolivia 2025: la azarosa experiencia de la transición, entre la esperanza de libertad y los problemas antiguos

Lourdes N. Romero L., líder y defensora de las libertades individuales, económicas y de los principios democráticos en Bolivia y Latinoamérica. Coordinadora local de SFL Bolivia, cofundadora de LOLA Bolivia y Líder Regional para LOLA LATAM. Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con formación especializada en democracia, liderazgo, libertad y comunicación política mediante programas acreditados por OEA, KAS y ACEP

(…) Los colectivos sociales y los medios de comunicación independientes constatan que el poder efectivamente no está sólo en el Gobierno, sino que se encuentra en la capacidad de la sociedad civil para controlar, exigir, pero también revertir retrocesos autoritarios, corrupciones, exclusiones.

Lourdes N. Romero L.

I. Un acceso histórico a la presidencia y a un gabinete técnico

Rodrigo Paz tomó posesión de la presidencia el 8 de noviembre, en un acto caracterizado por la aparatosidad de la forma y por un mensaje claro de ruptura. Después de dos décadas de cuota sectorial y de repartición de ministerios, Paz presentó un gabinete «meritocrático», constituido por técnicos y exautoridades que se comprometieron a trabajar 24/7 para afrontar la gravísima crisis económica y recomponer un Estado debilitado y quebrado.

La invocación de la «capitalización humana» y el registro de la cuota sectorial lograron seducir, por un lado, a los sectores medios y empresariales, y, por otro lado, esa misma estrategia disparó la crítica entre movimientos sociales, evistas y masistas, que se sintieron apartados del poder y marginados en el nuevo esquema.

En sus primeras manifestaciones, Paz afirmó que la «descentralización de recursos» (modelo 50/50) sería la solución al problema de la desigualdad territorial. Señaló tres ejes en su arranque: (i) apertura internacional, (ii) capitalismo para todos y (iii) el fin del «Estado tranca», sistema que impidió el funcionamiento de la gestión pública durante años.

II. Crisis económica: urgencia y cautela

La herencia que le toca asumir es de alta complejidad: “una crisis muy profunda” según refiere el equipo que nuevos asumen el gobierno. La falta de combustibles, de dólares y de empleo son la norma casi diaria y la gente tiembla ante un ajuste similar al aplicado en Argentina. Paz, sin embargo, deja de lado los recortes drásticos del gasto y no aplica ajustes fiscales a corto plazo. El objetivo que sostiene su equipo es la de abastecer el mercado, estabilizar las variables básicas y recuperar la confianza social a través de una gestión eficaz y sin corrupción. La gran incógnita, sin embargo, será la capacidad del Gobierno para sacrificar hacia el Congreso unificado y sin mayoría propia, y adelantar las reformas de primera ayuda antes de los cambios estructurales de su programa liberal.

III. Reformas judiciales y convocatoria a Cumbre de Justicia.

Uno de los anuncios más importantes ha sido la futura realización de una “Cumbre de Justicia” en Sucre sobre la agenda de la independencia judicial y para acabar con la cooptación política del sistema judicial boliviano.

Paz dice que su gestión no interferirá en el trabajo de los jueces y fiscales y que buscará el respaldo internacional para hacer la igualdad ante la ley, y acabar con la impunidad, pero sin persecuciones políticas en contra de los adversarios. Es un primer gesto hacia una distancia con la judicialización del anterior y hacia la recomposición institucional a través de acentos derivados de amplios consensos sociales y políticos. Es decir, recomposición institucional a través de amplios consensos sociales y políticos.

IV. Primeras reacciones de los sectores sociales y primera prueba

Las satisfacciones que tiene el nuevo gabinete de Paz y la línea liberal de éste son mixtas. Las organizaciones tradicionales del MAS, una parte de las cuales son los grupos indígenas como los sindicatos u organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, han empezado a hacer protestas, reivindicando la participación, el respeto a las conquistas laborales incluso reclamando la transparencia de los contratos de litio y de energía.

Las redes sociales hacen crecer las expectativas por la apertura diplomática —EE. UU. anunció hace un par de días el regreso de su embajador tras 17 años de ruptura—, en tanto que continúan también los temores por los recortes y por la pérdida de derechos.

El vicepresidente Edman Lara, en esta composición, mantiene un perfil más bajo, mientras que su «agenda dura» en seguridad hace nacer los debates en los círculos progresistas y académicos.

V. Sociedad de la vigilancia: tensión entre esperanzas y prudencias

No obstante, aun habiendo empezado con un elevado nivel de aprobación de la población, lo destacable es que la dificultad del escenario requerirá una continua vigilancia de la ciudadanía. Los colectivos sociales y los medios de comunicación independientes constatan que el poder efectivamente no está sólo en el Gobierno, sino que se encuentra en la capacidad de la sociedad civil para controlar, exigir, pero también revertir retrocesos autoritarios, corrupciones, exclusiones.

La democracia boliviana es, si bien frágil, resiliente. Pero necesitará del compromiso cotidiano de la ciudadanía para que el nuevo ciclo no se traduzca en la reiteración de viejas decepciones.

VI. Conclusión

Bolivia atraviesa sin duda alguna el periodo más transformador de los últimos veinte años, si bien es preciso establecer que se enfrenta a retos y expectativas desmesurados. Las próximas semanas se dibujan de manera especial para calibrar la resistencia del nuevo ecosistema y la fuerza de las reformas que se deben llevar a cabo y la resistencia de la propia sociedad civil.

La independencia judicial, la efectiva descentralización y el capitalismo para todos son retos que requieren de la atención de los procesos políticos, que, por otro lado, constituyen compromisos.

La pregunta del importante boliviano vuelve a resonar: ¿Podremos esta vez seguir exigiendo y defendiendo la transparencia, la inclusividad y la libertad sin caer en el tedio o hacia el autoritarismo?

Los Estados religiosos como formas de autoritarismos

Por Mauricio Hernández, coordinador local de EsLibertad Venezuela.

Los Estados religiosos o teocracias, cuyo origen podemos rastrear hasta la antigua civilización de Mesopotamia, son regímenes de gobierno cimentados en normas divinas, donde sacerdotes y príncipes detentan el poder. Estos sistemas se caracterizan por dos cosas: (i) las leyes se fundamentan en doctrinas de fe y la autoridad clerical se fusiona con la estatal en una misma jurisdicción y (ii) los gobernantes no son mandatarios seleccionados por la regla del hombre (el voto), porque se establece que son la representación de los dioses, o un puente de comunicación entre ellos, por lo cual se les otorga un estatus intocable e incuestionable en sus decisiones. Por ello, la naturaleza dogmática de las teocracias abre un amplio abanico de posibilidades para generar autoritarismos y, con ello, la vulneración de los derechos humanos y la libre expresión, pues, al ser un sistema que aplica una directriz total a la sociedad, mediante la toma de control absoluto de los poderes del Estado, provoca una falta de pluralidad en religiones e ideologías políticas y éticas, llegando a un punto en el que el gobierno se vuelve irrevocable por vías democráticas.

A lo largo de su historia, ninguna Teocracia se ha implantado de manera democrática o espontánea, sino que se han establecido en el mundo a través de la evolución de sistemas religiosos preexistentes y revoluciones que han instaurado gobiernos basados en la interpretación de textos sagrados. Desde sus inicios, han demostrado ser sistemas burdos que solo responden a los intereses y creencias de un grupo limitado de individuos. En 1979, por ejemplo, durante la Revolución Islámica de Irán, se convocaron manifestaciones para derrocar al monarca Mohammad Reza Pahlaví, pero no pasó mucho tiempo para que se instaurara un autoritarismo fundamentalista en la nación, dirigido por Jomeini, quien estableció un consejo de clérigos e impuso la Sharia como base del marco legal del país, llevando a cabo una fuerte ola represiva contra quienes manifestaban opiniones contrarias.

Además, las teocracias proclaman un supuesto mensaje de salvación para, más tarde, convertirse en un sistema que atenta directamente contra la democracia y los derechos fundamentales de los seres humanos. Bas De Gaay Fortman, en su artículo «Teocracia, Democracia y Secularización: ¿Hay espacio para el acuerdo?», define que la democracia se fundamenta en los principios de universalidad, dignidad humana, igualdad, debido proceso y la sacralidad de la vida humana. Sin embargo, estos son valores ausentes desde el primer momento en este tipo de regímenes. Sirva como ejemplo lo que el mismo Fortman relata sobre el parlamento holandés: la cámara del parlamento se estaba debatiendo cambiar la constitución holandesa por una islámica y la preocupación ante una amenaza teocrática por la introducción de la Sharia, y de entre más del 7% de los miembros de la cámara de origen islámico, ninguno abogó por el cambio. La conciencia democrática de esos miembros era suficiente para saber que si se implementaba, estarían en peligro inminente la libertad de su nación.

Otro aspecto a considerar son los sistemas jurídicos en las teocracias. Al estar basados en los principios religiosos y las doctrinas de la fe dominante, abren la puerta a un sistema imbuido en una moral eclesiástica, la cual, si se aplica interpretando los textos sagrados de forma literal, termina por reprimir, censurar y controlar a los ciudadanos, sometiéndolos a un yugo dictatorial. Un ejemplo muy claro de un sistema así es el de Irán, donde la libertad de expresión está restringida por decisiones legislativas. Desde 1979, su constitución se ha mantenido, pero con muchos cambios, introduciendo la Sharia como base legal y el Consejo de Guardianes como un ente que la supervisa y protege su cumplimiento, llegando a ser el órgano gubernamental con más poder en Irán.

Asimismo, existen normas que restringen las libertades de asociación y la libre expresión, así como otras tan imprecisas que conducen a abusos. El código de procedimiento para tribunales se convierte en un medio clave para la violación de esos derechos. Como ejemplo, hay disposiciones legales que prohíben actividades relacionadas con el periodismo o el discurso público que no son reconocidas como delitos penales. Naturalmente, las leyes religiosas a menudo resultan discriminatorias e infringen las normas internacionales de los derechos humanos —es evidente que las leyes islámicas someten a las mujeres, rebajándolas a un estado de pertenencia—.

En este marco, tanto la fe cristiana como la islámica se autoproclaman como absolutas e infalibles, y atacan a quien esté dispuesto a refutarlas; ambas prohíben la manifestación de los ideales de libertad de todas las formas posibles; los evangélicos conservadores discriminan y agreden a las personas homosexuales, y en el Medio Oriente incluso son asesinadas. Por esta razón, no puede existir un Estado pacífico si la religión tiene una injerencia tan directa en él.

Una vez que se establecen en el gobierno, las teocracias manipulan la constitución y sobreponen su sistema de creencias y sus textos como base legal, y su la interpretación de estos textos sagrados es un factor de peligrosidad para una sociedad, ya que actúan como una guía absoluta de comportamientos que en su mayoría son discriminatorios e inhumanos, derivando en una dicotomía entre el bien y el mal, sin matices. Como ya expresé, esto desemboca en un control total del sistema judicial y procesal penal, abriendo la puerta a la toma de decisiones arbitrarias y a la violación de derechos fundamentales, como el derecho a la libertad, la libre expresión y la libre asociación, privando de seguridad y resguardo a los ciudadanos y propiciando una inestabilidad política y social en los Estados donde se orquestan.

Estos casos de abusos son numerosos en todos los países que pertenecen a este círculo. Por ejemplo, el 9 de enero de 2024, el tribunal penal especializado de Arabia Saudita condenó a Manahel al-Otaibi, una influencer fitness y activista a favor de los derechos de las mujeres, a 11 años de prisión por cargos relacionados con su vestimenta y opiniones expresadas en internet —como pedir el fin de las tutorías masculinas en Arabia Saudita—. La condena se hizo pública semanas después de haber sido dictada la sentencia —algo inaceptable en un sistema judicial justo—.

En resumen, la interpretación y aplicación de estas doctrinas en la política son un factor de riesgo para las sociedades y la democracia. El fundamentalismo busca imponer a la fuerza sus ideales mediante la opresión y la imposición de normas restrictivas a la libertad de expresión y los derechos naturales de los seres humanos. Se hacen con el poder de forma abrupta a través de revoluciones y, una vez establecidos y asegurados de que su revocación sea casi imposible, comienzan el proceso de sumisión de la sociedad y las reformas religiosas para convertir la estructura del Estado a la imagen y semejanza de sus respectivos textos sagrados.

Si entendemos que los grupos religiosos son comunidades cuyo conocimiento se basa únicamente en fundamentalismos incuestionables, entonces podemos asumir que la religión no debería tener incidencia en la política más allá de ser vista como un conjunto de individuos que se reúnen para llevar a cabo actividades recreativas. Caso contrario, al validar a estos entes como parte importante de la política de un país, no solo se está atribuyendo prioridad a un colectivo en específico, sino que también se estaría abriendo un debate sobre lo que se supone que está bien o mal, y estos juicios sólo estarán fundamentados en una moral imbuida en intransigencia.

Referencias bibliográficas

Bas De Gaay Fortman. 2008. Teocracia, Democracia y Secularización: ¿Hay espacio para el acuerdo?. Utrecht, Holanda. Publicado por la Universidad de Utrecht. Puede acceder presionando aquí.

GL-5: cómo la expiración de la licencia OFAC desmorona la Corte de Stark y abre la Puerta al Fondo (QSF) para las víctimas del holocausto petrolero

Por Leroy Garrett.

Visto sin precedentes en nuestra historia, tengo que seguir explicando mi estrategia judicial (triangular) para lograr la reivindicación del Holocausto Petrolero Venezolano.

I. El Reloj de Arena de la GL-5: 20 de diciembre de 2025

La Licencia General 5S (GL-5S) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) expira el 20 de diciembre de 2025. Desde enero de 2019, esta licencia ha sido el único salvavidas que permite transacciones limitadas con PDVSA y sus filiales estadounidenses (PDVH y CITGO). Sin ella, cualquier transferencia de acciones de PDVH —el activo central de la subasta de $28.000 millones en el caso Crystallex v. Venezuela (D. Del. 17-mc-151-LPS)— queda bloqueada por las Órdenes Ejecutivas (Gobierno USA) 13850 y 13884.

Entre los efectos de esta decisión de la administración Trump; Los bonistas 2020 ($2.300 millones) pueden “preservar” derechos, pero no ejecutar (votar acciones, embargar CITGO).

La venta dirigida por el Juez Stark, Sin renovación de licencia: Vuelta al bloqueo total. Cualquier cierre de subasta requiere licencia específica (60-90 días de trámite).

Efecto inmediato: La “certeza” de Amber ($5.800 millones) de apoderarse de Citgo se evapora. La recomendación del Maestro Especial Pincus queda sin efecto legal.

II. La Desaparición de Stark: Un Juez Atrapado en su Propia Telaraña.

El juez Leonard P. Stark ha insistido en que la “certeza” justifica ignorar la ley de Delaware (§ 324: “venta al postor más alto”). Su razonamiento: los bonistas 2020 podrían bloquear el cierre. (Nota: El autor ha intervenido el juicio de los bonistas en protección de las víctimas).

Stark no puede ordenar una venta que OFAC bloqueará. Cualquier orden suya post-expiración será írrita y no aplicable.

Nuestra moción de recusación (D.I. 2516 + suplemento 06/11) gana fuerza, porque: según 1- Flagrante Conflictode Interés (ex-Secretario de Stark en bufete WilmerHale, firma de Pincus)

2-Apariencia de favoritismo a los grandes acreedores(80 % de fallos a favor de Conoco/Elliott).

La expiración de la licencia OFAC GL-5 prueba la NEGLIGENCIA de Stark ante el colapso del proceso.

III. Ventana Marzo-Junio 2026: ¡Nuestro Fondo Fiduciario (QSF) Nace de las Cenizas!

La expiración de la OFAC GL-5S no congela la subasta; la reconfigura.

Asumamos que la oferta de Gold Reserve ($7.900 millones) se impone, estos serían sus resultados:

1- Pago a acreedores mayores (Desaparecida la GL-5S no requiere licencia para distribución de fondos)

2- la oferta Gold Reserve / Dalinar ofrece un excedente de $2 Billones para “otros acreedores” (Holocausto Petrolero, deuda laboral por alter ego, no corporativa)

Por virtud del escrutinio de la OFAC y resultados de nuestra lucha en las cortes se crearía el QSF (Fondo Calificado de Liquidación): que incluirá 5 % del excedente = $395 millones para las 23.000 víctimas. Adjudicados dentro de ventana Marzo-Junio 2026: Tiempo suficiente para: (1) aprobación de Licencia OFAC específica (60 días). (2) Audiencia QSF ante juez neutral (post-recusación de Stark) (3) Distribución fiduciaria (según jurisprudencia Vaca v. Sipes, 386 U.S. 171).

Nuestro litigio basado en la estrategia de Ataque Triangular lo hace posible: 

1- Recusación → logramos un Juez imparcial.

2- Mandamus Nos hemos unidos al máximo postor Marginado Gold Reserve (3d Cir. 25-2519 + unión 25-2789) Buscamos → Orden de venta al postor más alto.

3- La Expiración GL-5 → Elimina el “riesgo bonista” y pone FIN a las jugadas de Stark – Pincus.

IV. Licencia OFAC: Mi Solicitud Está Favorita.

Como es de conocimiento de la opinión pública y el país en general, presentamos nuestra petición OFAC el 31 de octubre de 2025 (VENEZUELA-EO13850-2025-1395693-1) solicitando:

1.  Licencia específica para intervenir como acreedores en transferencia de activos PDVH (CITGO) a nuevo dueño.

2.  Carve-out (Apartado Monto Venta) humanitario para el fondo – QSF (23.000 víctimas).

Evidentes las Siguientes Ventajas:

•  Precedente: OFAC ha otorgado licencias para ventas judiciales (Crystallex 2023).

•  Política: Administración Trump 2.0 favorece máxima presión a Maduro — pero con reparación a víctimas.

•  GL-5 expirada: Urgencia humanitaria (Velásquez Rodríguez, CIDH) pesa más que “eficiencia” favoreciendo a acreedores poderosos.

V. Conclusión: De la Purga al Resarcimiento

Stark quiso un banquete para los poderosos. La GL-5, al expirar, rompe la mesa.

Mi lucha —recusación, mandamus, QSF— no depende de Stark, ni de las infamias del Contubernio, ni de la ambición devaluada del sindicalismo insepulto y rastacuero, ni el egoísmo de las élites políticas ni de bloqueos judiciales. 

Depende de ley federal (§ 324), sanciones (OFAC) y justicia transnacional (UDHR Art. 25).

A que apuntamos hacia Marzo-Junio 2026:•  $395 millones en manos de un consejo administrador fiduciario independiente.

•  23.000 familias resarcidas por el Holocausto Petrolero.

•  Precedente: Las víctimas débiles pueden vencer a los titanes.

¡No más cena para élites! La Familia Petrolera Recobra su Dignidad y Rol Activo para Venezuela!

¡QSF ya!

Marxismo: la ideología que destruyó el sistema educativo en Venezuela

Por Nathan Canario y Mauricio Hernández, coordinadores locales de EsLibertad Venezuela.

Bajo la copa de un árbol que la protege del sol abrasador de Maracaibo, una mujer de casi 60 años escribe con rotulador negro en una pizarra acrílica agrietada. Diez niños con uniforme blanco la escuchan sentados en sillas de plástico, algunos atentos y otros distraídos por la agitación urbana. Esta imagen, que bien podría describir una escena post-apocalíptica, se ha convertido en algo normal en comunidades de toda Venezuela – un país que en otro tiempo fue pionero en el acceso a la educación en Latinoamérica.

La educación venezolana se encuentra en estado de coma inducido. Los respiradores artificiales del discurso oficial mantienen la apariencia de vida, mientras la realidad palidece en las aulas sin techo, en los sueldos de hambre de los docentes y en la fuga masiva de cerebros hacia otros horizontes. Un paciente terminal al que se le inyecta ideología marxista y se le vende la épica bolivariana como placebo para el dolor de un sistema educativo que agoniza. Los maestros venezolanos han desarrollado una resiliencia casi sobrenatural. Cuando no están dando clases, muchos como Luisana Figuera se dedican a la pesca en la playa de Manzanillo, en Isla Margarita —un segundo trabajo habitual entre los maestros de la zona costera desesperados por llevar algo a la mesa—. El salario medio de un profesor es de unos 14,50 dólares al mes, pero algunos pueden ganar tan solo 4 dólares . Mientras, el coste de la canasta básica mensual ronda los 500 dólares.

Ante el relato de esta serie de hechos, cabe preguntarse: ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? ¿Qué ideas deben contaminar la mente de una sociedad para que ésta elija líderes que la guíen por tan mal camino? Pues, de entre todas ellas, resalta una muy conocida: el marxismo.

El marxismo llegó a Venezuela casi como un producto de importación. En 1926, Gustavo Machado y Salvador de la Plaza fundaron el Partido Revolucionario Venezolano. Su centro de inspiración giró en torno a la unidad de los venezolanos contra la autocracia interna, la unidad de América Latina contra la política imperialista de los Estados Unidos y a la organización y formación de las masas para que se gobernasen a sí mismas y se destruyeran las relaciones de explotación que la oligarquía imponía. La pedagogía marxista en Venezuela, surgida en la década de los treinta del siglo XX, fue impulsada por los sectores que demandaban cambios en el sistema político. Según sus defensores, el positivismo -que había dominado anteriormente- incidía de forma negativa en la conducta del venezolano, al cual debía «educársele» hasta alcanzar los valores y formas de vida que le hicieran ser, en términos generales, obediente y sumiso. Ironías del destino: se cambió una forma de sumisión por otra.

Podria pensarse que la introducción del marxismo en Venezuela fue un movimiento obrero, nada mas lejos de la realidad, ya que, dicho proyecto intelectual fue gestado por una élite ilustrada que, tras beber de las fuentes revolucionarias en el extranjero, decidió que el pueblo venezolano necesitaba una salvación que solo ellos podían diseñar. Gustavo Machado y Salvador de la Plaza pertenecían a familias de la burguesía criolla. Su activismo comenzó no en los barrios de Caracas, sino en el Café de la Rotonde de París, y se consolidó en La Habana y México, donde fundaron el Partido Revolucionario Venezolano (PRV) en 1926.  Su centro de inspiración, aunque antiimperialista y unitario, era un proyecto político que se cocinaba lejos de la olla popular. En el interior del país, el verdadero trabajo de siembra ideológica lo realizó Pío Tamayo, otro intelectual de clase media. Desde las bóvedas del Castillo Libertador de Puerto Cabello, donde estaba preso por la dictadura de Gómez, fundó «La Carpa Roja». Allí, el muy entendido maestro Pío se dedicó a formar en el marxismo-leninismo a un grupo de jóvenes universitarios de la Generación del 28, muchos de ellos también de origen acomodado, como Rodolfo Quintero, Miguel Otero Silva y Juan Bautista Fuenmayor. La imagen es poderosa: las bases del Partido Comunista de Venezuela (PCV), fundado en 1931, se gestaron en una cárcel, con un puñado de intelectuales educando a la siguiente generación de revolteros de clase alta.

Cuando la vía pacífica y electoral se cerró para la izquierda tras el Pacto de Punto Fijo, esta vanguardia ilustrada, frustrada por no poder conquistar el poder con votos, decidió imponerlo con fusiles. Fue el salto de la teoría a la acción armada, un salto que de nuevo evidenció la profunda desconexión con las masas. Influidos por el triunfo de la Revolución Cubana, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) adoptaron la lucha armada como estrategia en la década de 1960. Surgieron así el Frente «José Leonardo Chirinos» en Falcón y el Frente «Simón Bolívar» en Yaracuy, comandado por Argimiro Gabaldón, otro personaje de profundas raíces en la élite tradicional. El punto más álgido de esta ironía lo protagonizaron los estudiantes universitarios, particularmente de la UCV. Se ganaron el mote de las «guerrillas de fin de semana» por sus acciones en las ciudades: asaltos a bancos, secuestros de figuras como el futbolista Alfredo Di Stefano y el mercante «Anzoátegui», para luego hacer «tregua en fechas de examen». Era un revolutionary play, un activismo que podía encenderse y apagarse según el calendario académico, sin el inconveniente de la inmersión permanente en la lucha del campesinado o el proletariado al que decían emancipar.

La Universidad Central de Venezuela se erigió como el epicentro de esta efervescencia. Fue el lugar donde la teoría marxista, importada y sofisticada, se discutía en aulas y cafetines, lejos de la realidad material del venezolano común. La UCV no era solo un centro de estudio; era un laboratorio de revolución donde se formaban los cuadros que luego, por pura convicción ideológica, se lanzarían a «construir» un sujeto revolucionario que, en su forma genuina, aún no terminaba de cuajar en la sociedad venezolana. Este recorrido histórico deja al descubierto la profunda paradoja que ha marcado a una importante corriente de la izquierda venezolana: una vanguardia que se autoimpone la tarea de dirigir a una clase que no la eligió, un complejo de mesianismo secular que, desde la élite intelectual, ha pretendido hablar en nombre del pueblo, a veces incluso por encima del pueblo.

La UCV no solo enseñaba marxismo; lo respiraba, lo exhalaba y lo imponía como el único lente válido para interpretar la realidad. En las facultades de Ciencias Sociales, particularmente en Economía y Sociología, el marxismo dejó de ser una corriente de pensamiento entre muchas para convertirse en dogma. Los planes de estudio estaban diseñados de tal forma que Adam Smith era una curiosidad histórica, Keynes un reformista timorato, pero Marx, Lenin y Gramsci constituían el núcleo duro del conocimiento legítimo. Los estudiantes salían mejor entrenados en dialéctica materialista que en resolver problemas materiales. Los profesores de la UCV perfeccionaron una técnica sutil pero efectiva: presentar el marxismo no como una ideología, sino como la única herramienta «científica» para analizar la sociedad. Quien osara cuestionar sus postulados no era un interlocutor con argumentos diferentes, sino un «burgués», un «reaccionario» o, el pecado capital en la academia, «un estudiante poco crítico». Las citas de El Capital reemplazaron a los datos empíricos, la lucha de clases como explicación universal sustituyó al análisis riguroso, y la plusvalía se convirtió en el concepto fetiche para explicar desde la inflación hasta la falta de papel higiénico. Mientras otras universidades del mundo enseñaban a pensar, la UCV enseñaba qué pensar.

Y así, con ese cambio de un adoctrinamiento por otro, esas ideas marxistas importadas se quedaron hibernando, al menos en lo que respecta a la practica política, como una semilla esperando su momento. Pareciéndose a una broma de mal gusto, esa semilla encontró su terreno fértil mucho después. A principios del mandato del  presidente de la república Hugo Rafael Chávez Frías, se inculcó un discurso demagógico, populista y antiimperialista. La premisa era que la crisis que atravesaba el pueblo era culpa de los Estados Unidos, que nuestras riquezas estaban siendo robadas y que nuestra identidad como venezolanos desaparecía o se moldeaba a una norteamericana, subyugada a la oligarquía. Tomando en cuenta que “el pueblo» se constituye a través de elementos que apelan a la identidad y su memoria, la introducción de Simón Bolívar como representación de su discurso fue su herramienta de persuasión más importante. Utilizó al Libertador como máscara para impartir una dicotomía socialista en su revolución, exaltando su figura y tergiversando su pensamiento para que coincidiera con lo que él quería expresar. Esto llevó a que el sistema educativo implementara esa visión, usando ese supuesto nacionalismo como una tapadera.

El discurso carismático de Chávez, apoyado por circunstancias como la brecha de clases y los problemas con el petróleo, ayudó a implantar un resentimiento en las personas dirigido a un enemigo común. Así, nacionalizar la industria petrolera fue el primer paso para consolidar los ideales de su revolución y, a su vez, el punto de partida para incluirlos en el sistema educativo venezolano. Es por eso que hoy en día se enseña que defender ese recurso de forma radical es algo que se debe hacer, aunque hacerlo signifique la muerte, adoctrinando directamente a los jóvenes para que actúen si es necesario y, de manera insolente, divinizando a Chávez como precursor de ese pensamiento.

En relación con lo anterior, a partir de 2001 la revolución bolivariana señaló como enemigos directos a los medios de comunicación que discrepaban con el gobierno, moldeando la concepción de las personas y llevando a cabo una nacionalización absoluta de programas de televisión y canales como Venezolana de Televisión y Vive TV, y emisoras de radio como YVKE Mundial y Radio del Sur, entre otras, volviéndose un monopolio de opinión política polarizada. De esta manera no solo se limitó el acceso a la información veraz, sino que también se inició una ola de control sobre el contenido educativo que se podía dictar en las instituciones, mucha de esta narrativa moldeando la figura de Chávez como un segundo libertador. Esto ha afectado profundamente el desarrollo formativo de muchos jóvenes en su periodo educacional, porque capturar el aparato informativo para controlarlo afecta directamente al pensamiento crítico de las personas. Teniendo en cuenta que nos encontramos en el auge de la era digital, esto termina desembocando en una problemática severa, representando un peligro para quienes buscan expresarse o educarse sobre lo que verdaderamente acontece en el país. Añadido a este control mediático, se han aplicado leyes como la Ley Resorte y la Ley del Odio con el fin de censurar y reprimir opiniones. Esto no solo llevó a profesores y estudiantes a abstenerse de cuestionar por miedo, sino que también representa una violación de derechos humanos.

La nacionalización de los medios y la narrativa inculcada a los estudiantes no fue el único modelo de adoctrinamiento. A partir del segundo mandato del régimen, se ha buscado definir a la juventud de una forma burda y despectiva, tratando de hacer que asuman un estereotipo vulgar y banal como una clase de progreso cultural en la sociedad. Este estereotipo, incentivado por actividades y figuras coloquialmente conocidas como marginales, parece tener el objetivo de entorpecer mentes y crear un complejo de conformidad en muchos aspectos de los individuos, resaltando el económico y el cultural. «¡SER RICO ES MALO!», frase dicha por Hugo Chávez, representa este punto: la intencionalidad de una mentalidad conformista y de incitación al estancamiento del individuo se ha visto reflejada desde los inicios de la revolución, teniendo un papel importante en la narrativa que se transmite, obviamente, también impuesta de forma indirecta en las instituciones educativas.

El cantautor y rapero Canserbero (2010) en vida postuló la frase: «el subdesarrollo empieza en la mente de la sociedad». Hoy es una crítica a un porcentaje no solo de la juventud, sino también de la sociedad venezolana que se encuentra bajo los efectos de un sistema que ha adaptado el pensamiento de los individuos a sus intereses dictatoriales. Desde sus inicios, el régimen ha implantado una cultura de pobreza, más que social, individual, que incentivaba la conformidad con la situación económica de cada quien, satanizando el desarrollo individual e imbuyendo a las personas en una realidad artificial donde ser conformista es visto como un acto de solidaridad y unión colectiva por el progreso del país.

Al instaurar influencias vistas como marginales y de poco aporte intelectual, se han promovido actividades y deportes como los “moto piruetas”, buscando degradar al ciudadano a un punto donde se convierte en un ser grosero y sumamente ordinario, para poder llevar esa mentalidad a la vida ciudadana y, por ende, a sus decisiones y obligaciones. Lo cual hace formular una pregunta: ¿Qué calidad de país tendremos con esa calidad de individuos?

Para nadie es un misterio que esa cultura de marginalidad influye en las personas desde temprana edad, y más aún en niños y adolescentes de zonas populares, mismas donde la influencia del gobierno está más presente y la promoción de ese pensamiento consolida el futuro de muchos de ellos. Se realizan eventos comunales con artistas afiliados y exposiciones de esos grupos, al igual que la distribución de contenido de líderes de opinión que incentivan esas ideas junto a toda esa parafernalia embrutecedora. Para concluir,  durante estos años se ha establecido un sistema de adaptación para un porcentaje de la juventud venezolana, introduciendo figuras y actos de esencia vaga y con poco aporte intelectual o de valor, llevando a normalizarlos como un estereotipo de juventud y progresismo. A su vez, buscan adoctrinar a ese espacio de la sociedad para mantenerlo en un estado de razonamiento cero, donde el pensamiento crítico, las aspiraciones a algo más grande y los valores de ser ciudadanos íntegros desaparezcan, llevándolos a un punto donde controlarlos sea un acto sumamente sencillo, conllevando a que no puedan enfocar su vista en la pérdida de sus libertades.

¡Petróleo! La carta del régimen de Maduro

Por Leroy Garrett (@lerogarrett).

A estas alturas la presencia naval en el Caribe no nos puede llamar a confusión.

La misión oficial es clara y ha sido llevada a cabo con efectividad. No permitir el tráfico de drogas del Caribe hacia EE. UU.

La diplomacia, más la de este siglo, que se adentra a sus no convencionales rasgos, no todos novedosos y en buena parte retrógrados, nos invitan a especular en una línea de análisis simple; ¿Por qué una flota de guerra para solo bajarse bongos con droga?

He escrito antes del último forcejeo militar continental de envergadura, “la crisis de los misiles”. El entonces ministró de defensa McNamara dijo que la cuarentena impuesta por Kennedy prohibiendo el pase de barcos que venían de la Unión Soviética a Cuba, y viceversa, era “un nuevo lenguaje dentro de la tensión de la Guerra Fría creada por Kennedy y Kruschev”.

La fondeada naval América, más allá de su misión oficial, es un grito intenso la dictadura chavista por cambio. Pero de allí a la conclusión de la variopinta y corresponsable oposición de concluir en una  invasión para el reemplazo del régimen, no es un resultado matemáticamente correcto.

El Miami Herald reportó este semana la última oferta de Maduro, que es natural concluir que está siendo evaluada por el gobierno estadounidense, dada la naturaleza “transaccional” del presidente Trump. Recordemos que él es el autor del libro “el arte del acuerdo” (The Art of the Deal), y la sala situacional de La Habana conoce muy bien que el denominador de esta administración, su motor, no precisamente el idealismo.

La propuesta de Maduro es música para los oídos a un gobierno de comerciantes, apertura total a compañías petroleras, no restricción a concesiones, cancelación de envíos petroleros a Cuba y China, a cambio de supervivencia y levantamiento de sanciones, ¿Nada mal?

Mientras tanto la oposición celebra y cuenta los pollos antes de nacer, ya se deslizan los “proyectos “ , en Miami abundan los saraos con escocés y empanaditas, celebrando lo “inminente” en resumen, un “borrón y cuenta nueva”, “Tierra de Gracia”, aquí no hubo tragedias, atropellos, desaparecidos y dolor humano que reparar.

Hay que levantar la industria petrolera, pero de las 23,000 víctimas ni una palabra, ni los muertos en las marchas, ni los presos políticos, ni las reparaciones en general a los abusos y transgresiones de un cuarto de siglo de agravios. 

Es común lo que estas oposiciones (A buen decir del profesor Blanco Muñoz) provocan en el colectivo nacional una reacción contraria a la novedad. Aquellos que profesan el cambio político para mejorar las cosas, se revisten de un manto de predestinación, bondad, de frescura.

Esta oposición sin programa, sin destino, sin justicia, de acomodos e indiferencias, es cansona, no es nada creída y no se ve competente en sostener el poder por su congénita de desunión y carencia de ser realmente poder que acarrea desde las horas de Carmona, por esa eterna crisis en su naturaleza ética que íntimamente la asocian al desastre que dicen querer reparar. 

El fantasma de su propia inviabilidad nacional aún le hace muchísima sombra. Su incapacidad en sostener el poder es evidente.

Y eso lo sabe el Presidente Trump.

Propuesta de Fast Track Institucional

Por @lerogarrett 

En medio de las discusiones sobre el futuro político de Venezuela tras un hipotético fin del chavismo, este servidor presenta una propuesta de establecer un proceso escalonado de re-institucionalización diseñado para restaurar poner a funcionar, sin dilaciones, la maquinaria del Estado sin retardos ni deliberaciones atentatorias a la autoridad esperada en ejercicio, preservados aquellas prácticas institucionales que deben ser legado vigente donde la tradición siempre es abordada por el borrón y cuenta nueva.

  • EL PLAN:

La transición del poder va a ser de todo menos pacífica. Se restablecería la normalidad institucional de la manera siguiente;

1.  Acta Constitutiva del Gobierno de Transición: Ante el vacío de poder generado por la caída del régimen, se propone la inmediata creación de un acta constitutiva que establezca un gobierno interino. Este documento reactivaría provisionalmente la Constitución de 1961, considerada un pilar democrático pre-chavista. Paralelamente, se convocaría a elecciones para un Congreso Constituyente constituido, cuya misión principal sería revisar y enmendar dicha constitución, adaptándola a las realidades contemporáneas como la integración digital, derechos ambientales y equidad económica. Esta fase inicial garantizaría estabilidad inmediata mientras se construye un marco legal moderno vía enmiendas.

En paralelo a ello:

2.  Comisión de la Verdad: Para abordar las violaciones sistemáticas ocurridas bajo el chavismo, su oposición perfecta y otros actores colaboracionistas, se crearía una Comisión de la Verdad independiente, integrada por juristas, víctimas relevantes. Su objetivo sería investigar y determinar la responsabilidad civil y penal de funcionarios del régimen y sus colaboradores, documentando abusos como traicion, corrupción, represión y malversación de fondos. Esta entidad no solo recopilaría testimonios y evidencias, sino que también recomendaría reparaciones para las víctimas, fomentando la reconciliación nacional sin caer en vendettas políticas.

3.  Tribunal Especialísimo para Crímenes Contra la Nación: Un tribunal de alto nivel, dedicado exclusivamente a enjuiciar los delitos graves cometidos durante el chavismo –incluyendo crímenes contra la soberanía nacional, humanidad, tortura y desapariciones forzadas–, operaría con autonomía y recursos dedicados. Inspirado en modelos como los tribunales de Núremberg, Argentina, etc., este órgano aseguraría juicios justos y transparentes, priorizando la aplicación de leyes internacionales para evitar impunidad. Su creación respondería a la necesidad de justicia expedita, separada de los tribunales ordinarios para manejar la magnitud de los casos.

4.  Ratificación por el Congreso Constituyente: Tanto la Comisión de la Verdad como el Tribunal Especialísimo adquirirían rango constitucional una vez ratificados por el Congreso Constituyente recién electo. Tras la instalación de las cámaras legislativas, una ley especial formalizaría su estructura, financiamiento y procedimientos, asegurando su legitimidad democrática. Esta etapa final integraría estos mecanismos al nuevo orden constitucional, previniendo retrocesos y promoviendo un estado de derecho duradero.

En un plazo de tres años, sentadas las bases institucionales, aboliendo la impunidad y perfeccionando la libérrima Constitución Democrática del 61, el gobierno nacional para la transición podrá llamar a elecciones presidenciales. Previo a un indispensable pacto de gobernabilidad suscrito por todas las fuerzas políticas. Dicho pacto será explicado en otra nota.

El límite del poder: ¿Cuándo la mano del Estado asfixia al mercado? Caso: Venezuela (Parte I)

Por Keidy Bolet, economista, miembro de Cedice Joven y Coordinadora Local de EsLibertad Venezuela.

En toda sociedad democrática, la influencia del Estado en la economía es una realidad ineludible y necesaria. Su participación se extiende a múltiples ámbitos cruciales, desde la política monetaria y cambiaria, hasta la regulación de precios y la configuración de estructuras de costos. Es el agente que establece las reglas de juego y sienta las bases de la convivencia económica. Sin embargo, en el corazón del debate sobre el modelo económico late una pregunta fundamental, de consecuencias históricas: ¿Cuál es el límite aceptable de la intervención estatal en una economía de mercado?

Este interrogante trasciende la teoría económica; es una línea crítica que, una vez cruzada, transforma los mecanismos de promoción económica en herramientas de control y asfixia. Para comprender la magnitud de este dilema, es esencial primero delimitar el papel legítimo del Estado y, luego, examinar cómo un caso emblemático, el de Venezuela, ilustra la erosión gradual y sistemática de ese límite, cuyo origen se remonta a mucho antes de la llegada de las políticas radicales del nuevo milenio.

El Estado interviene en la economía por diversas y cruciales razones. Su primera función es definir los derechos económicos de los ciudadanos, promover la competencia leal, resolver disputas y establecer el marco normativo imprescindible para la existencia misma de las transacciones. Esta función reguladora no es opcional; es fundamental para garantizar la eficiencia y la equidad en el mercado.

Si bien, para responder a la interrogante sobre la intervención, es esencial comprender el papel de los mecanismos de mercado como las reglas que rigen el libre intercambio en las economías. A pesar de su importancia cardinal, los mecanismos de mercado no son autónomos. Por el contrario, requieren indispensablemente de un marco legal establecido por el Estado. En otras palabras, la intervención estatal no es contraria a los principios del mercado, sino que es una condición necesaria para su correcto funcionamiento y supervivencia.

La justificación para una participación más profunda del Estado reside en la corrección de las fallas del mercado y la incesante búsqueda de mayor equidad. La regulación económica y la administración prestacional son los instrumentos estatales diseñados para corregir estas disfunciones —como externalidades negativas o el poder de los monopolios— y promover la justicia social.

Sin embargo, la teoría económica moderna establece una contención crucial: el principio de subsidiariedad. Este principio dicta que el Estado debe intervenir solo cuando la sociedad civil, con sus mecanismos de mercado y organizaciones, sea incapaz de satisfacer las necesidades colectivas. En consecuencia, la intervención estatal en la economía no debe, bajo ninguna circunstancia, desvirtuar el funcionamiento de la economía de mercado, sino complementarlo y fortalecerlo, respetando siempre la soberanía del consumidor y los mecanismos libres de precio.

Este es el ideal democrático: un Estado árbitro, no dueño. A continuación, analizaremos el quiebre dramático de este principio en la práctica venezolana.

Resultaría erróneo atribuir el inicio de la desestructuración de los mecanismos de mercado en Venezuela a un hecho puntual, como la implementación de controles en el año 2003. Este proceso, lento y corrosivo, fue mucho más gradual y se vio impulsado, fundamentalmente, por la creciente y asfixiante influencia del petróleo. El modelo rentista propició una expansión significativa de la intervención estatal en la economía. Con el Estado como el mayor propietario de capital y principal distribuidor de riqueza, la economía privada pasó a ser una mera extensión de la política fiscal.

Este proceso de erosión encontró un hito fundamental en la nacionalización de la industria petrolera. Al centralizar el motor económico del país y atarlo irremediablemente a la gestión pública, se socavó la percepción de la libertad económica como un derecho fundamental. Este derecho se redujo, en la práctica y en la retórica, a un conjunto de intereses moldeables a la discreción del Estado, según la coyuntura política. Esta interpretación fue respaldada, peligrosamente, tanto por la doctrina económica que justificaba el estatismo como por la jurisprudencia de la Corte de Justicia. El Estado se sintió legitimado para ser el actor dominante, no solo el regulador.

La marcada intervención estatal, financiada por la renta, contribuyó al inevitable deterioro del desempeño económico y a la intensificación de la crisis política y social a finales de la década de los ochenta. La dependencia de la renta, la corrupción estructural y la ineficiencia generaron un contexto de frustración masiva y declive institucional, creando el caldo de cultivo ideal para el ascenso al poder de Hugo Chávez en 1998, quien pudo capitalizar la desesperanza ciudadana. El nuevo gobierno heredó un Estado ya acostumbrado a la intromisión y un sistema debilitado por su dependencia crónica del petrodólar.

Tras la llegada de Chávez, y con particular énfasis durante su administración a partir del año 2003, se aceleró la aplicación de los controles centralizados, que pasarían a ser la marca distintiva del modelo económico. A partir de un riguroso arqueo bibliográfico se concluye que el auge, modificación y uso prolongado de estos controles puede atribuirse a una compleja interacción de factores:

  • El fortalecimiento del Poder Ejecutivo a costa de la debilitación sistemática de los otros poderes.
  • La adopción de una ideología de planificación económica centralizada vinculante.
  • La permanente dependencia del sector petrolero y la necesidad de proteger la economía de las fluctuaciones de dicho mercado.
  • La demanda social por acceso a bienes básicos.

El proceso constituyente de 1999 sentó las bases para la nueva era, al debilitar el Estado de derecho, concentrar el poder en la Presidencia y socavar la autonomía del Poder Judicial. Se estaba diseñando la arquitectura legal que permitiría el avance de los controles sin contrapeso.

Lo más dramático de la implementación de estos controles centralizados es que culminaron en un desconocimiento fáctico por parte del Estado de la economía de mercado, un sistema que estaba constitucionalmente reconocido en el artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta situación implicó una contradicción fundamental en el corazón del ordenamiento jurídico: el Estado no podía, legítimamente, socavar los mecanismos que estaba obligado a proteger.

Estos mecanismos de mercado se vieron debilitados o destruidos cuando se vulneraron derechos económicos cruciales, pilares de cualquier economía libre y segura: la libertad de empresa, la propiedad privada y la libertad de contratación.

Educación y libertad: por una educación con sentido, es decir, sin Estado

Oriana Aranguren estudia Ciencias Fiscales, mención Aduanas y Comercio Exterior, y es cofundadora del capítulo Ladies of liberty Alliance (LOLA) Caracas, desde donde se promueve el liderazgo femenino en el movimiento libertario. También, es Coordinadora Nacional de EsLibertad Venezuela.

La educación, en lugar de ser un espacio para el descubrimiento y la expresión genuina, se ha convertido en un molde que hace uniforme el pensamiento, en muchos casos yendo por el camino del adoctrinamiento, consciente o inconscientemente, porque presenta una visión unilateral del mundo, evitando el debate abierto sobre temas controvertidos o imponiendo una ideología particular

Oriana Aranguren

Vivimos en una época marcada por la transformación tecnológica y mucha complejidad al momento de abordar problemas sociales. Sin embargo, a mi juicio, la educación se erige como uno de los principales que se debe abordar, ya que repercute directamente en el desarrollo humano en libertad. El debate sobre su propósito y metodología es más pertinente que nunca, porque muchas veces es aprovechado por los poderosos, no para “cultivar el alma”, esa concepción sobre “educare” que se tenía de la educación, sino para instrumentalizar y adoctrinar a las personas, con el objetivo de que sean más fáciles de gobernar.

En este contexto, es bueno preguntarse: ¿Debe la educación limitarse a ser un mero instrumento de capacitación para el mercado laboral, o debe aspirar a algo más profundo, al cultivo integral del ser, a la nutrición del alma? En este ensayo defenderé la tesis de que sólo la libertad puede servir como cimiento para una educación auténtica, una que fomente el pensamiento crítico, desate la creatividad innata y permita el florecimiento del espíritu, en contraposición a un sistema educativo que, con demasiada frecuencia, instrumentaliza, coarta la originalidad y, en última instancia, deriva en el adoctrinamiento —orquestado por el Estado para su beneficio, como es de esperarse—.

La crisis de la educación contemporánea

El panorama educativo actual, en muchos contextos, parece haber extraviado su brújula humanista. La presión por resultados medibles, la estandarización de los currículos, y la visión de la educación primordialmente como una herramienta para la empleabilidad, han conducido a una creciente instrumentalización del proceso de aprendizaje, en cuanto se prioriza la adquisición de habilidades técnicas y conocimientos específicos, a menudo en detrimento del desarrollo del pensamiento profundo, la capacidad de reflexión y la exploración autónoma del saber. Como bien se intuye en las críticas a los sistemas tradicionales que impulsaron los movimientos de una “pedagogía libertaria” en el siglo XIX y XX[1], el modelo de “ordeno y mando” y la enseñanza enfocada en la mera transmisión de información generan autómatas en lugar de individuos pensantes.

Asimismo, deriva en una limitación de la creatividad muy peligrosa, porque el énfasis se pone en la respuesta correcta, en la memorización de datos y en la conformidad con métodos preestablecidos, sofocando la curiosidad natural de las personas, sobre todo de los niños, y su capacidad para explorar soluciones novedosas. Así, surge el “miedo al error”, que es inherente a los sistemas evaluativos rígidos que inhiben la experimentación y la asunción de riesgos intelectuales, componentes esenciales del acto creativo.

De este modo, la educación, en lugar de ser un espacio para el descubrimiento y la expresión genuina, se ha convertido en un molde que hace uniforme el pensamiento, en muchos casos yendo por el camino del adoctrinamiento, consciente o inconscientemente, porque presenta una visión unilateral del mundo, evitando el debate abierto sobre temas controvertidos o imponiendo una ideología particular. De hecho, me atrevo a decir que, muy probablemente, muchos de los problemas de las democracias actuales se deban a la sumisión acrítica al orden establecido y a la masificación que anula la persona, que son resultados de una educación que no cultiva el pensamiento crítico.

Un faro de esperanza basado en la Libertad: una pedagogía libertaria

Frente a este panorama, la pedagogía libertaria, aunque a menudo malinterpretada y asociada con el desorden, ofrece una alternativa radical y profundamente humanista, ya que su núcleo reside en una confianza inquebrantable en la naturaleza intrínsecamente curiosa y creativa de las personas —principalmente niños— y en la convicción de que el aprendizaje más significativo florece en un ambiente de libertad.

Partiendo de las experiencias concretas de algunos educadores, la historia de la pedagogía libertaria es un testimonio del poder de la libertad en la formación —fungiendo como un precedente para los diversos modelos educativos en libertad que hay hoy en día, por cierto—. En este sentido, podemos mencionar a los “maestros-compañeros” de Hamburgo en los años veinte, quienes llevaron esta idea a la práctica al permitir que la actividad escolar fuera regida por la voluntad de los alumnos, sin coacción alguna para aprender. Al principio, aunque se condujo a un “caos necesario” del que emergería algo nuevo, su objetivo era vivir fraternalmente con los niños, reconociéndolos como personas completas cuya personalidad debía desarrollarse respetando al máximo su libertad. Para ellos, el único programa era el propio niño, con sus intereses y su visión del mundo.

Alexander Sutherland Neill, con su célebre escuela Summerhill, representa quizás un equilibrio dentro de esta corriente. Aunque Neill no se definía como anarquista, su escuela se fundamentaba en la libertad y en la creencia en la bondad infantil. Con este pensamiento, en Summerhill las lecciones eran optativas y los niños podían elegir no asistir durante años si así lo deseaban, porque no existía una vigilancia opresiva: los niños se vestían como querían y se les permitía vivir sin la constante interferencia adulta que, según Neill, solo produce “una generación de autómatas”[2]. La clave estaba en la autorregulación: la disciplina no era impuesta por los profesores, sino elaborada y gestionada por la propia comunidad de alumnos y maestros.

Más tarde, este espíritu encontraría eco en el movimiento de las “escuelas libres” en Estados Unidos, que experimentó un crecimiento notable a finales de los años sesenta y principios de los setenta. En estas escuelas, a menudo fundadas por padres, profesores y alumnos con planteamientos liberales o radicales, buscaban una reforma educativa radical, apartándose de la disciplina tradicional, los horarios rígidos, los exámenes constantes y los planes de estudio inflexibles, desembocando en que, en algunas de estas escuelas, el poder llegara a estar en manos de los estudiantes, quienes contrataban profesores y formulaban la filosofía del centro, demostrando una confianza absoluta en la capacidad y el deseo de aprender de los jóvenes.

Figuras como Ellen Key llevaron la idea de la libertad infantil a sus consecuencias más extremas, llegando a afirmar que “el gran misterio de la educación consiste en no educar”. Más allá de si estamos o no de acuerdo con su postura —que puede parecer exagerada—, lo cierto es que subraya un profundo respeto por la autonomía del niño y su capacidad para auto-dirigir su desarrollo. En esta misma línea encontramos a Ferrer Guardia, en España, con su Escuela Moderna, quien intentó sustraer a los hijos del pueblo de una educación tradicional que generaba servidumbre, buscando la emancipación del niño a través del contacto con la naturaleza y el desarrollo espontáneo.

La Libertad como marco para cultivar el pensamiento crítico y la creatividad

Las experiencias de la pedagogía libertaria, con sus éxitos y con sus fracasos o desafíos, ilustran una verdad fundamental: no se trata de que libertad sea simplemente la ausencia de restricciones, sino en lo que esto se traduce, a saber, en la condición necesaria para el cultivo del alma. Cuando un niño se siente libre para explorar sus intereses, para cuestionar, para cometer errores sin temor al castigo, y para participar activamente en la construcción de su propio aprendizaje, se sientan las bases para un pensamiento verdaderamente profundo. No por nada, como ya mencioné antes, han surgido varios estilos de educación en distintas partes del mundo que han optado por este tipo de enseñanzas, aunque con metodología —fundamentada en la libertad, no limitándola—.

No es de extrañar que en un ambiente de libertad la curiosidad se convierta en el motor del aprendizaje, porque éstos no aprenden porque se les obliga, sino porque desean comprender el mundo que les rodea —son curiosos por fuerza natural, por eso viven preguntando cada momento: ¿Por qué?, ¿Y por qué?, ¿Y por qué?, y después le sigue otro ¿Por qué?—. Esta motivación intrínseca es mucho más poderosa y duradera que cualquier incentivo externo. Es decir, la libertad permite que el aprendizaje sea un acto de descubrimiento personal, donde el conocimiento se integra de manera significativa en la estructura cognitiva del individuo, en lugar de ser una colección de datos memorizados superficialmente —que luego se olvidan, porque no hay aprendizaje real, porque si lo hubiera, no se olvidara. En circunstancias normales, nadie aprende a manejar una bicicleta y luego lo olvida, por ejemplo.—. La creatividad, esa capacidad tan valorada pero tan a menudo reprimida, encuentra en la libertad su terreno más fértil.

Un niño que no está constreñido por la rigidez de un currículo único o por la expectativa de una única respuesta correcta, se atreve a imaginar, a experimentar con ideas divergentes, a combinar conceptos de formas novedosas. Si se elimina la presión de los exámenes estandarizados y las calificaciones constantes, se puede crear un espacio seguro para la exploración creativa, donde incluso el juego, la experimentación y la libre expresión artística y manual se conviertan en herramientas para el crecimiento.

Además, por si fuera poco, la educación en libertad fomenta la responsabilidad y la autonomía, ya que los niños participan en la toma de decisiones sobre su aprendizaje y la vida de su comunidad escolar, desarrollando un sentido de pertenencia y un compromiso activo. ¡Aprenden a gobernarse a sí mismos, a negociar, a resolver conflictos y a asumir las consecuencias de sus elecciones! Es más, esta es una preparación mucho más efectiva para una vida adulta plena y participativa que la sumisión pasiva a la autoridad.

Desafíos de una educación en libertad: quizá una utopía necesaria

Es innegable que la implementación de una pedagogía basada en la libertad presenta desafíos, pues requiere educadores profundamente comprometidos, con una gran confianza en los niños y una capacidad para guiar sin imponer; exige también un cambio de mentalidad en la sociedad y en los propios padres, muchos de los cuales han sido formados en sistemas autoritarios y pueden sentir desconfianza ante la ausencia de estructuras rígidas. Asimismo, las experiencias de Hamburgo, por ejemplo, enfrentaron dificultades económicas, falta de maestros competentes y errores pedagógicos, lo que sugiere que una revolución pedagógica quizás deba ir de la mano de una transformación social más amplia; y en la actualidad, recurrir a modelos educativos con metodologías requiere de un nivel de recursos que muchos no poseen.

Sin embargo, las dificultades no invalidan el ideal. Es posible que, si las personas se hacen conscientes de la necesidad de la libertad en el proceso educativo, en todos los niveles, pero principalmente en las primeras etapas de la vida humana, y se comience a exigir por ello, con el tiempo la libertad sea admitida en las aulas de clases —si es que siguen existiendo aulas—. Esa, sin duda, aunque pueda parecer lejana, es una meta necesaria si aspiramos a formar seres humanos completos, críticos y creativos, capaces de construir un futuro mejor, porque si no, la alternativa es perpetuar un sistema que lleva a la mutilación del espíritu del niño y a la formación de individuos sin pasión, sumisos, indiferentes y sin pensamiento crítico. El trabajo, entonces, no lo tiene el Estado, sino, principalmente, los padres, y los ciudadanos que nos interesamos por una sociedad mejor.


[1] Ver: Carlos Saura Garde. Una pedagogía libertaria. Puede acceder al texto en: https://www.academia.edu/37027300/UNA_PEDAGOG%C3%8DA_LIBERTARIA?sm=b (Consultado el 18 de mayo de 2025). Los ejemplos que se mencionan aquí, son brevemente recogidos en este texto.

[2] Ibidem.

Aung San Suu Kyi y María Corina Machado: el espejismo del poder en Myanmar y Venezuela

Por Leroy Garrett (@lerogarrett).

En el vasto tablero de la geopolítica latinoamericana y asiática, pocas figuras encarnan mejor la paradoja del contrapoder que Aung San Suu Kyi y María Corina Machado. 

Ambas mujeres, iconos de la resistencia no violenta contra regímenes autoritarios, han sido elevadas a laureadas del Nobel de la Paz: Suu Kyi en 1991 por su lucha contra la junta militar birmana, y Machado en 2025 por su desafío al chavismo en Venezuela. Ambas prometían ser faros de democracia, pero su ascenso al poder ha sido tan elusivo como un espejismo en el desierto. ¿Por qué, a pesar de victorias electorales abrumadoras y apoyo internacional, el mando real les ha sido negado? En el caso de Machado, esta elusión se entreteje con la presencia militar estadounidense en Venezuela —formalmente justificada por la “guerra contra las drogas”—, y con una percepción sutil, pero persistente en los círculos de poder de Washington, de que ella no está “preparada” para gobernar. Esta narrativa, tejida entre halagos y reservas, revela no solo las fragilidades de estas líderes, sino las dinámicas de un imperialismo que coquetea con la democracia solo cuando conviene.

Paralelismos en la Trayectoria: Del Icono al Exilio Interno

Aung San Suu Kyi y María Corina Machado comparten un guion casi idéntico: hijas de elites educadas en Occidente (Suu Kyi en Oxford, Machado en Yale), regresan a sus países para fundar movimientos cívicos que escalan a plataformas políticas. Suu Kyi, hija del héroe independentista birmano Aung San, fundó la Liga Nacional por la Democracia (LND) en 1988, ganando elecciones en 1990 que la junta ignoró, confinándola a 15 años de arresto domiciliario. 

Machado, ingeniero industrial de 58 años, inició con Súmate en 2002 para defender el voto, fue elegida diputada en 2011 con récord de sufragios, y expulsada en 2014 por denunciar corrupción chavista. En 2023, arrasó en primarias opositoras con el 92% de los votos, pero fue inhabilitada para las presidenciales de 2024, optando por un sustituto, Edmundo González, cuya victoria alegada fue robada por Maduro.

Ambas han sido “Santas laicas” para Occidente: Suu Kyi, la “Mandela birmana”, simbolizó la no violencia hasta su caída por defender al ejército en el genocidio rohinyá (2017), que le valió el descrédito global y un golpe en 2021 que la encarceló nuevamente.  Machado, comparada explícitamente con ella en medios como The Times of India y The Christian Science Monitor, recibe elogios por su “coraje moral” contra la “oscuridad creciente” de Maduro, pero con una advertencia: “Ser comparada con Suu Kyi es un cumplido y una alerta” ante riesgos de “absolutismo” y “compromisos morales”. En X, usuarios como @Franchuterias destacan cómo el Nobel de Machado, como el de Suu Kyi, envía un “mensaje a los demócratas”, pero ignora si podrá asistir, al igual que su predecesora en 1991. 

El poder les ha sido elusivo por mecanismos similares: militares todopoderosos (la Tatmadaw en Myanmar, las Fuerzas Armadas en Venezuela) que vetan transiciones. Suu Kyi gobernó de facto desde 2015, pero la constitución birmana le prohibía la presidencia por sus hijos extranjeros, y el ejército retuvo el 25% de escaños. Machado, inhabilitada por “corrupción” (acusaciones que ella desmiente como distracciones de la crisis económica), vive oculta desde enero de 2025, tras un secuestro y golpiza que la dejó herida visiblemente. Ambas victorias electorales —la LND en 2015 para Suu Kyi, González-Machado en 2024— fueron anuladas, dejando a estas mujeres como “líderes sin corona”.

¿En qué consiste la presencia de USA en Venezuela?

Aquí radica la gran diferencia: mientras Suu Kyi luchó contra una junta aislada, Machado opera en un contexto donde la “armada americana” —como las llama— orbita Venezuela bajo el pretexto de la guerra contra las drogas. Desde agosto de 2025, EE. UU. ha desplegado siete buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear y 6.500 tropas en el Caribe, hundiendo al menos cinco embarcaciones venezolanas con 27 muertos en strikes “antinarcos”. Trump justifica esto como “conflicto armado no internacional” con carteles como Tren de Aragua, designados “narco-terroristas”, y ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA en suelo venezolano.;Maduro denuncia “fake news” y moviliza milicias; analistas ven un “pretexto” para derrocarlo, sin aprobación del congreso. 

Machado apoya esto abiertamente: en entrevistas con BBC y Christiane Amanpour, celebra el “despliegue internacional” para cortar “ingresos ilícitos” al régimen, y coordina con asesores de Trump planes para las “primeras 100 horas” post-Maduro. Dedica su Nobel “en parte a Trump”, quien la nominó vía Marco Rubio. Pero esta alianza no garantiza el poder: EE. UU. la respalda como “símbolo”, pero la presencia militar —con strikes ilegales según la ONU— escalada la tensión sin derrocar a Maduro, dejando a Machado en un limbo de “espera estratégica”.

Percepciones en Washington: ¿Una Líder “No Preparada”?

En círculos de poder estadounidenses —el Departamento de Estado, Think Tanks como Chatham House, y asesores trumpistas—, Machado es alabada por su “valentía increíble” (David Smilde, Tulane), pero con reservas sobre su preparación para gobernar. Críticos la ven como “extremista de derecha”, promotora de privatizaciones petroleras que enriquecerían a firmas yankis, y aliada en el fallido “gobierno interino” de Guaidó (2019-2023), que dilapidó activos venezolanos. Como Suu Kyi, cuya “falta de habilidades” para reconciliar etnias la hizo fallar en gobernar, Machado es vista como “símbolo, no estadista”: valiente en protestas, pero inexperta en coaliciones amplias o políticas sociales. En The Guardian, se cuestiona si su “amenaza creíble de fuerza internacional” (2019) la descalifica para la paz.  EE. UU. la usa como “proxy”, pero teme que su “absolutismo” genere caos post-Maduro, similar al backlash contra Suu Kyi por los rohinyá.

Conclusión: Contrapoder en Jaque

Suu Kyi y Machado ilustran cómo el contrapoder femenino en dictaduras es celebrado globalmente, pero saboteado local e internacionalmente. El Nobel las inmortaliza como mártires, pero no las empodera: Suu Kyi languidece presa; Machado, oculta, depende de un Trump volátil, cuya “guerra contra drogas” es eufemismo para la hegemonía estadounidense. En Washington, la percepción de Machado como “no preparada” —extrema, dependiente de intervenciones— refleja una dualidad preocupante para los venezolanos: se aplaude su lucha, pero se reserva el timón para proxys más “gobernables”.

En este escenario, cabe resaltar que para la secuestrada asiática su reclusión domiciliaria no parece tener fin, para la venezolana, junto a un escenario opositor turbio, no disciplinado y cuestionable, pareciera que la flota militar en el Caribe no basta para encender el cambio. Pero, al final, solo la historia lo dirá.

Nuestra lucha: una estrategia triangular por la Justicia

Por el Dr. Leroy Garrett.

El grito de 23,000 almas

Nuestra lucha no es solo legal; es un clamor por la dignidad robada a 23,000 familias venezolanas, víctimas del Holocausto Petrolero. Entre 2002 y 2003, el régimen destruyó vidas, expropió sueños y desmanteló PDVSA, dejando a trabajadores y sus comunidades en la miseria. Como su abogado, he asumido el mandato de transformar este dolor en justicia. No luchamos solo por compensaciones, sino por un precedente que diga al mundo: en Venezuela, el pueblo no será silenciado. Esta batalla se libra en tres frentes —nuestra estrategia triangular—: las cortes internacionales, los organismos de derechos humanos y la presión financiera global, todas unidas para devolver lo que nos fue arrebatado.

La estrategia triangular: un cerco por la verdad

Mi estrategia triangular es un asedio jurídico contra la impunidad. En la Corte de Delaware, hemos desafiado la venta de Citgo, exigiendo que sus activos financien un fondo fiduciario para las víctimas, no solo para acreedores privilegiados. En el Tercer Circuito, apelamos decisiones que ignoran nuestro sufrimiento, documentando cada paso para futuras cortes, incluso el Supremo de EE. UU. Paralelamente, en la CIDH, nuestra petición (agosto 2025) busca medidas vinculantes que obliguen al régimen a rendir cuentas.

Finalmente, presionamos a la OFAC para desbloquear activos confiscados por el chavismo, asegurando que cada dólar recuperado sirva al pueblo. Esta tríada no solo protege nuestras demandas de ser desechadas por tecnicismos, sino que amplifica nuestra voz en un coro global por la justicia.

Acciones voncretas: de la retórica a los hechos

No basta con palabras; nuestra lucha se mide en acciones. En 2025, presenté mociones para intervenir en la venta de Citgo, proponiendo un Fondo de Compensación Calificado (QSF) que garantice pagos justos a las víctimas. Actualicé apelaciones en el Tercer Circuito para cuestionar la eficiencia judicial que prioriza a bonistas sobre personas. En la CIDH, nuestra audiencia marcó un hito: el mundo escuchó el testimonio de los despojados. Solicité una licencia a la OFAC (VENEZUELA-EO13850-2025-1395693-1) para perseguir activos del régimen, desde yates hasta cuentas offshore. Cada paso es un ladrillo en el muro de la justicia, construido con la resiliencia de quienes no se rinden.

El fondo fiduciario: un futuro digno

El corazón de nuestra lucha es el fondo fiduciario: un mecanismo para que los activos de Citgo y otros bienes robados por el chavismo reparen a las víctimas. Propongo un fondo que distribuya entre 30,000 y 50,000 dólares por familia, con la ambición de alcanzar 3.5 millones por víctima a través de cuotas anuales del sucesor de Citgo.

Este no es un sueño utópico, sino un plan basado en precedentes como Republic of Hungary v. Simon, donde se repararon daños históricos. No descansaré hasta que cada víctima reciba lo que le pertenece, no solo en dinero, sino en reconocimiento de su lucha. Juntos, convertiremos las ruinas del Holocausto Petrolero en un Venezuela donde florezcan las amapolas de la justicia.

Un llamado a la unidad

Esta no es mi lucha; es nuestra. A la diáspora, a los venezolanos que resisten dentro del país, a los aliados globales: únanse a nosotros. Compartan nuestra causa en redes, apoyen nuestras campañas en [enlace a plataforma], y exijan que los poderosos escuchen. La justicia no es un regalo; es una conquista. Con unidad, venceremos la impunidad y construiremos un futuro donde nadie sea expropiado.

#JusticiaParaVenezuela