Caracas. – Ricardo Ramírez Thiel, empresario zuliano y quien se encontraba preso desde 2018, falleció este pasado domingo bajo custodia del narcoestado chavista en el retén de Sabaneta (Zulia), debido a las precarias condiciones de salud en la cual se encontraba.
A pesar de no estar considerado como un rehén político, según sus allegados, durante su reclusión enfrentó malos tratos y restricciones en el ingreso de alimentos y medicamentos, lo que habría contribuido al deterioro de su salud en los últimos días sin que se le concedieran medidas humanitarias o beneficios procesales, pese a que su condición se había vuelto crítica.
Ramírez Thiel era propietario de una compañía aduanera con operaciones en Puerto Cabello, dedicada al transporte marítimo hacia Colombia. En 2018 fue señalado públicamente por el entonces fiscal general, Tareck William Saab, como presunto vinculado a un caso de contrabando de gasolina en Táchira.
Posteriormente, el 31 de agosto de 2018, el Juzgado 21 de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó orden de captura en su contra por los presuntos delitos de tráfico de materiales estratégicos, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
El suceso ha reavivado las demandas por esclarecimiento de las condiciones de reclusión y por una investigación independiente que arroje luz sobre las circunstancias de su muerte y posibles responsabilidades institucionales, mientras las autoridades chavistas aún no han ofrecido información oficial detallada.
El presidente de la Asamblea Nacional chavista de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha informado este sábado de que se han recibido 1.557 solicitudes de amnistía tras la aprobación de la Ley de Amnistía.
«Hasta ayer teníamos 405 solicitudes de personas privadas de libertad. Hoy se han recibido 1.152 solicitudes, en total 1.557 que se están atendiendo de inmediato», ha explicado el jerarca chavista durante un acto en Caracas recogido por medios oficiales.
Jorge ha explicado que «en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley». En este marco, La Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía está atendiendo la solicitud de otras 11.000 personas que se encontraban con régimen sustitutivo de privación de libertad.
«Tenemos y están contemplados en la ley 11.000 personas que recibieron por el sistema de justicia de Venezuela medidas sustitutivas de la privación de libertad, es decir, estaban privados de libertad, pero ahora están en un régimen de presentación o están en un régimen de casa por cárcel, y la ley contempla que se debaten esas medidas sustitutivas para que las personas puedan disfrutar de libertad», ha explicado.
Rodríguez ha reiterado el diálogo como medio para la construcción de la paz. «Es el aporte para una paz que ojalá sea duradera. Una paz donde todos nos respetemos entre todos. Una paz donde podamos discutir diferencias en todos los ámbitos sin recurrir al odio, a la polarización, al maltrato verbal alguno», ha argüido.
El jerarca chavista ha advertido de que desde la oposición están empezando a pervertir el alcance de la ley, «a mentir, a insultar, a utilizar el dinero para contratar influencers». «Eso no nos va a pesar. Ya lo conocemos. Ya sabemos cuáles son sus prácticas y esta ley es justamente para dejar atrás esas prácticas, dejar atrás esas intenciones aviesas de quienes llevaron al país a una de las más grandes tragedias que ha sufrido», ha planteado.
Cabe señalar, sin embargo, que aunque la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática fue aprobada el pasado 19 de febrero y ha sido publicada en Gaceta Oficial N° 6.990, muchas organizaciones y expertos han señalado que la misma no incluye a todos los presos que se encuentran en las mazmorras del chavismo, especialmente los militares patriotas que se opusieron a la dictadura.
Caracas. – Se espera que unos 379 rehenes políticos sean liberados durante este fin de semana, tal como lo anunció este pasado viernes el ilegítimo parlamentario del narcorégimen chavista, Jorge Arreaza.
Las 379 personas amnistiadas «deben ser excarceladas (…) entre la noche de hoy y la mañana de mañana (sábado)», anunció en una entrevista televisiva Arreaza, quien encabeza la ilegal comisión legislativa que redactó la ley, y sigue su supuesta aplicación.
Aunque la gestión de la encargada Delcy Rodríguez, otorgó libertad condicional a 448 opositores tras la captura de Maduro en una incursión estadounidense a inicios de enero, quedaban casi 650 presos políticos encarcelados antes de esta nueva tanda, según lo registra la ONG Foro Penal.
La misma ONG prometió este sábado, hacer seguimiento a las liberaciones, que se esperan sean masivas. No obstante, hasta la tarde de este sábado solo se confirmaban entre dos y tres excarcelaciones llevadas a cabo el sábado.
Tras el otorgamiento de libertad plena a Juan Pablo Guanipa, muchos actores políticos, medios y analistas, confían en que finalmente el narcorégimen, bajo la tutela de Rodríguez, ceda y proceda a abrir las rejas en los principales penales del país, luego de aprobada la ley de amnistía. Y la presión ejercida por EE. UU. ha tenido que ver mucho en esto.
No obstante, expertos dudan del alcance de esta ley aprobada la noche del jueves en el Parlamento por consenso. Pues cientos de detenidos, especialmente militares supuestamente implicados en actividades «terroristas», pero que en realidad intentaron defender su patria de la genocida dictadura chavista, pueden quedar fuera.
“Muchos estamos conscientes de que la ley de amnistía no acobija a nuestros familiares”, dijo a una agencia internacional de noticias, Hiowanka Ávila, de 39 años. Su hermano Henryberth Rivas, de 30 años, fue detenido en 2018 acusado de participar en un presunto intento de magnicidio con drones contra Maduro.
Por su parte, Jorge Rodríguez expresó este sábado desde el ilegítimo parlamento que preside, que la ley de amnistía debe ser interpretada también como una «reconciliación» entre el narcorégimen y el pueblo oprimido, idea que desde ya sufre fuerte rechazo por parte de muchos sectores de la sociedad, que adversan a la Narcotiranía que encabezó en su momento Hugo Chávez, y luego Nicolás Maduro.
Caracas. – La coordinadora política del partido Vente Venezuela, Magalli Meda, denunció este viernes, que 16 esbirros armados irrumpieron violenta e ilegalmente durante la noche del jueves en su casa en Caracas, donde dejaron colocados carteles con los mensajes “Asegurado” e “Incautado”.
A través de su cuenta en X, Meda aseguró que los hombres llegaron en seis camionetas y entraron a la residencia para “destruir y llevarse o sembrar lo que les dé la gana”. Al parecer, el objetivo era sustraer pertenencias y tomar control del inmueble.
«¿Qué clase de amnistía es esta? ¿Para quiénes y bajo qué condiciones? (…) El mensaje real está claro: aquí no habrá amnistía, ni libertad, ni propiedad, ni prosperidad, ni derecho a enfrentar a los criminales mientras ellos pretendan administrar la ‘ley’ y el ‘perdón'», expuso Meda en su publicación, quien está considerada como la mano derecha de María Corina Machado.
Meda, quien se encuentra en el exilio tras permanecer asilada en la Embajada de Argentina, detalló que el grupo estuvo durante varias horas dentro de la vivienda. La dirigente «opositora» alertó sobre la naturaleza del procedimiento. Aseguró que los hombres entraron con el objetivo de destruir, robar o “sembrar” elementos que justifiquen acciones legales posteriores. Esta práctica es común en operativos contra figuras de la disidencia venezolana que actualmente residen fuera del país por razones de seguridad.
«Esto es lo que le pasará o le volverá a pasar, a todo el que no les obedezca, sean militares, policías, trabajadores, empresarios, políticos, periodistas, curas, o a quien sea… Basta con que seas venezolano para que ellos quieran someterte» advirtió finalmente.
¿Qué clase de amnistía es esta? ¿Para quiénes y bajo qué condiciones?
👇🏼👇🏼👇🏼 En este hilo describo lo que han hecho contra mí y mi familia, y contra todos los venezolanos.
Anoche, #19Feb, mientras aprobaban la llamada Ley de Amnistía, el régimen le ordenó a 16 hombres armados… pic.twitter.com/W72jSpxbrs
La huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral del Ejecutivo argentino ha arrancado en la madrugada de este jueves, horas antes de que la Cámara de Diputados aborde un proyecto que ya consiguió la semana pasada el apoyo del Senado.
El paro, que durará 24 horas, está secundado por el sector del transporte, empleados de la Administración, además de comerciantes, de un total de 13 sindicatos que ya han anunciado su respaldo en rechazo a la reforma laboral de Javier Milei, por lo que se espera que durante la jornada se vean afectados muchos de los servicios esenciales.
En este sentido, Aerolíneas Argentinas ha confirmado en declaraciones recogidas por el diario ‘La Nación’ la cancelación de 255 vuelos como consecuencia del paro, lo que afectará a más de 31.000 pasajeros y tendrá un impacto económico de alrededor de USD$ 3 millones.
La huelga, la cuarta celebrada contra las políticas del Ejecutivo de La Libertad Avanza, se produce en una jornada en la que está previsto que la Cámara de Diputados debata y vote una reforma laboral que introduce limitaciones a asambleas y huelgas, crea un banco de horas que permite compensar horas extra con tiempo libre y establece un «salario dinámico» que puede establecerse por tiempo o por rendimiento, incluyendo comisiones individuales o colectivas.
Ante las críticas de algunos legisladores aliados, el Gobierno de Milei ha modificado el artículo 44 de la reforma, que habría implicado una reducción del salario de las bajas médicas hasta el 50% si el trabajador sufriera un accidente o enfermedad no vinculada a sus tareas.
El Senado aprobó hace una semana la denominada Ley de Modernización Laboral, con 42 apoyos, 30 votos negativos y ninguna abstención, tras una maratoniana sesión parlamentaria de 13 horas que concluyó con una victoria del dirigente libertario.
Caracas. – Se reveló en redes sociales un audio en el cual se escucha al exjefe de inteligencia del narcochavismo, Hugo «el Pollo» Carvajal, confesar ante la Corte Penal Internacional (CPI) que fue Nicolás Maduro el responsable directo de ordenar la represión contra las protestas entre 2014 y 2017.
El exjefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) reveló su declaración ante la máxima corte internacional, mientras estaba detenido preventivamente en España. En ellas admitió que las órdenes de reprimir protestas como las de 2014 y 2017 provenían directamente de Nicolás Maduro, ahora capturado por EE. UU. bajo acusaciones de narcotráfico.
El audio fue dado a conocer inicialmente por el periodista David Placer, pero luego se viralizó su contenido en diversas plataformas digitales. De acuerdo con la confesión del «Pollo», el control de las protestas sociales en Venezuela «tiene dos variables: en primer lugar, está el control formal usando los organismos encargados de atender la situación de orden público según la ley; y, en segundo lugar, existe un control informal, operado al margen de la ley y ejecutado por organizaciones criminales paraestatales o paramilitares».
Cuando la CPI le pidió que señalara a las personas responsables o con mayor participación en los crímenes, Carvajal enumeró a «Nicolás Maduro, Tareck El Aissami, Néstor Reverol, Justo Noguera Pietri, Antonio Benavides Torres, Sergio Rivero Marcano, Gustavo González López, Iván Hernández Dala, y como integrantes del ‘comando antigolpe’, Diosdado Cabello, Pedro Carreño y Freddy Bernal. Además de los comandantes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del año 2014 y 2017, de los cuales no tengo los nombres a la mano».
“Más aún, en términos prácticos la estrategia en esa materia de orden público la decidió Maduro desde que llegó al poder y comunicó al ministro, públicamente, que cualquier protesta debía ser reprimida. Necesita demostrar que su poder y fuerza están por encima de cualquier intento político o civil para resolver reclamos de la sociedad, sin importar las consecuencias”, expresó Carvajal en su declaración.
También, el exjefe de Inteligencia chavista subrayó que tales políticas son un ataque generalizado y sistemático contra la población civil venezolana por motivos políticos. Nicolás Maduro tenía un solo objetivo: quedarse con el poder que perdió el 3 de enero; y la estrategia, según Carvajal, incluía poner al pueblo bajo sumisión con fraudes electorales, uso de la fuerza con el control de las protestas, forzando a la gente a migrar y persiguiendo a líderes políticos hasta lograr su encarcelación, su exilio, la sumisión a su proyecto político o su eliminación física.
¡URGENTE ! 🇻🇪🇺🇸
El general Hugo “El Pollo” Carvajal declara ante la Corte Penal Internacional (CPI) y señala directamente a los responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela:
– Nicolás Maduro – Diosdado Cabello – Tareck El Aissami – Néstor Reverol – Pedro Carreño -… pic.twitter.com/CHP21yfKu1
Omar Ramírez Rondón, estudiante de economía en la ULA y Coordinador Nacional de EsLibertad Venezuela
“… Los principales partidos que dirigieron el país el siglo pasado, eran apristas —una corriente de inspiración marxista (…)—, o socialcristianos (…). En la práctica, ambos partidos emborracharon al país de petrodólares y bajo el espejismo del «ta’ barato, dame dos», ocultaron una crisis que explotó en su rostro y que terminó con el ascenso del golpista..”
Omar Ramírez Rondón
La revolución bolivariana no es la única responsable de los problemas en Venezuela, y debemos dejar de fingir que es así.
La crisis estructural en Venezuela no apareció en el 99, si bien se agravó en estos últimos 27 años, problemas como la inflación, la pobreza, la corrupción, la debilidad institucional, el clientelismo y el «enchufe» no son de este siglo en Vzla. De hecho, resolver estos problemas fue bandera de la campaña de cierto comandante difunto del batallón de paracaidistas que en el largo plazo solo los terminó de agravar.
En línea con lo anterior, es necesario recordar que muchas personas que hoy recordamos como «adalides» de la democracia y que debieron defenderla, fueron precisamente copartícipes del ascenso del Comacate al poder. No pregunten a ningún fan de la clase política del siglo pasado quiénes lucharon por lograr y aplaudieron el sobreseimiento.
Las nacionalizaciones ‘a las patadas’, el financiamiento del déficit vía inflación/emisión monetaria, la traba a la iniciativa privada, el modelo mono-rentístico dependiente exclusivamente del petróleo y el constante aumento de deuda, no son inventos de este siglo.
Existen y se han aplicado en el país desde el siglo pasado. El socialismo del siglo XXI las profundizó y acompañó de un ánimo socialista más claro y de un carácter totalitario, pero no se las inventó.
Lo más cercano a un programa ‘liberal’ de gobierno que ha habido fue el gran viraje de CAP, programa que ciertos personajes aún dentro de su partido se esforzaron en sabotear, y que aunque hoy sea demonizado, cualquiera que abra un libro de texto de macroeconomía, entiende lo necesario que eran dichas reformas en el país, aunque se puede criticar cómo se manejó a nivel político, eran las medidas necesarias, y al hacer política económica, los sentimientos poco importan, importan los resultados y evitar la resaca de continuar cometiendo errores.
Los principales partidos que dirigieron el país el siglo pasado, eran apristas —una corriente de inspiración marxista, cuyas tesis las planteó Raúl Haya de la Torre—, o socialcristianos —a ver si dejamos de decir que en el siglo pasado gobernó la ultraderecha—. En la práctica, ambos partidos emborracharon al país de petrodólares y bajo el espejismo del «ta’ barato, dame dos», ocultaron una crisis que explotó en su rostro y que terminó con el ascenso del golpista.
Esto lo advirtieron voces como Renny Ottolina o Carlos Rangel, ambos marginados por el mainstream del momento pero cuyas advertencias hoy suenan más a profecías cumplidas.
No va sobre demonizar, ni tampoco de desconocer las cosas rescatables, ni sobre echar culpas o sobre vivir con odio, pero sí sobre no olvidar para evitar repetir errores, y de entender que si eso ya nos llevó a una crisis como la de este siglo, nos va a volver a llevar allá tarde o temprano.
Venezuela no será rica por tener petróleo, sino si sus instituciones y componente humano dan la talla. Podemos hacerlo mucho mejor que los últimos 70 años.
Caracas. – El grupo de familiares de los rehenes políticos del narcorégimen chavista, que se encuentran en el comando policial Zona 7 (Boleíta-Caracas), ya cumplió este martes con 72 horas de la huelga de hambre que realizan en protesta para exigir las liberaciones de todos los secuestrados.
Mientras, los rehenes políticos dentro del recinto ya superan las 90 horas de ayuno voluntario. De acuerdo con datos manejados por la ONG Comité por la Liberación de los Presos Políticos (CLIPPVE), los manifestantes denuncian que las «numerosas excarcelaciones» anunciadas por Jorge Rodríguez el 8 de enero y ratificadas el 6 de febrero, no se han materializado para el grueso de los detenidos en este centro, lo cual se traduce en promesas rotas por parte de la tiranía chavista.
También, la ONG reclama que tras casi 100 horas de huelga dentro de los calabozos, la integridad física de los detenidos es una incógnita, especialmente tras la negativa de las autoridades de permitir el ingreso de médicos independientes ayer lunes.
La huelga de hambre comenzó el sábado 14 de febrero. Ese día, diez mujeres se unieron a la medida extrema que los detenidos adoptaron un día antes, el viernes 13. CLIPPVE también denunció que la indiferencia pone en riesgo la vida de los manifestantes. En el ínterin, dos mujeres sufrieron desmayos y problemas de presión arterial el domingo 15 de febrero.
El comité denunció que policías impidieron este lunes el ingreso de sueros hidratantes para los detenidos en huelga de hambre, «sin ofrecer explicación alguna». «Esta prohibición de hidratación se suma a la negación de atención médica, lo que agrava gravemente el estado de salud de las personas detenidas», advirtió.
Caracas. – Al menos dos de las diez mujeres familiares de rehenes políticos, que desde el sábado se mantienen en huelga de hambre en el comando policial Zona 7 en Caracas, presentaron serios problemas de salud este domingo.
El grupo muestra signos de deterioro físico y una de las manifestantes se ha desmayado en dos ocasiones, mientras otra reporta cefaleas y alteraciones en la presión arterial.
La decena de mujeres comenzó la huelga el sábado a las 6:00 hora local (10:00 GMT) en las afueras del comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7, en la capital venezolana.
En la noche, esta última recibió suero por vía intravenosa en la colchoneta sobre la que se encuentra, y a varias le midieron la presión arterial. En general ya se percibe un desgaste en las manifestantes, quienes, también encadenadas, exigen la liberación de sus parientes.
El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), partido de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado, advirtió en la red social X que la salud de estas personas «está en grave riesgo».
No obstante, Petra Vera, paciente oncológica en remisión y familiar de un preso, explicó que las manifestantes “están dispuestas a continuar” a pesar del riesgo de crisis médicas por la prolongada abstinencia de alimentos.
Igualmente, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) confirmó que la huelga cumple ya más de 30 horas y que los problemas de salud empiezan a multiplicarse entre las participantes.
Carolina Carriso, una de las familiares, experimentó náuseas, vómitos, mareos, temblores y episodios de desvanecimiento, según reportó la ONG.
Además, durante la protesta, los familiares denunciaron obstáculos para el ingreso de insumos médicos. El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela reportó que una funcionaria policial impidió el acceso de sueros para los presos en huelga dentro de Zona 7.
Caracas. – Delcy Rodríguez, encargada del narcorégimen chavista, ordenó este pasado fin de semana el cierre de siete entes públicos, entre misiones y fundaciones de la tiranía, de las cuales cuatro fueron creadas por el genocida dictador Nicolás Maduro, ahora en manos de la justicia estadounidense.
La eliminación incluyó programas sociales, fundaciones y un organismo de coordinación de inteligencia y seguridad del Estado. La decisión quedó establecida en el Decreto N.º 5.248, que ordena la supresión y liquidación de entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.
De acuerdo con el documento oficial, la medida tiene como objetivo “reorganizar el funcionamiento del Ministerio para el Despacho de la Presidencia”, lo que implica una reducción abrupta de entes que durante años operaron bajo financiamiento público y con escasa o nula rendición de cuentas.
Entre los organismos eliminados figuran la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra; la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE); Propatria 2000; el Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez; y la Fundación José Félix Ribas.
La lista incluye también la eliminación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), un organismo que ejercía funciones de clasificación y censura de información considerada “sensible” para el gobierno.
Cabe señalar que la desaparición del Cesppa es considerada por observadores como el golpe más significativo del decreto, debido a la influencia que acumuló desde su creación como órgano de inteligencia estratégica de alto nivel.
La decisión formaliza una depuración administrativa que borra del organigrama estatal varias fundaciones emblemáticas del chavismo, muchas de ellas asociadas a programas de movilización política y asistencia directa.
En este marco, algunos analistas señalan que el decreto apunta a centralizar el manejo de recursos y estructuras bajo la Presidencia, en un contexto de ajuste fiscal y reconfiguración interna del aparato gubernamental.
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