Caracas. – Este pasado domingo fue reportada la muerte del inspector jefe Carlos Olivares (46), comandante de la estación policial de Las Claritas, estado Bolívar. Según versiones preliminares, se habría quitado la vida dentro del comando policial tras dispararse con su arma de reglamento.
El hecho ocurre en el marco de las operaciones militares que se realizan en la zona, en medio de las cuales se produjo el ataque que dio muerte al líder del Tren de Aragua «Niño Guerrero». También, el hecho se da cuando varios funcionarios policiales estarían bajo investigación y habrían sido detenidos para averiguaciones.
Se están realizando allanamientos a diferentes comandos, tanto policiales como de la GNB, en Las Claritas, lo cual ha producido la huida misteriosa de varios uniformados destacados en esos puntos.
Olivares sufrió una lesión de extrema gravedad dentro del recinto policial. Sus compañeros intentaron trasladarlo de inmediato a la medicatura local, sin embargo, los médicos de guardia confirmaron su fallecimiento minutos después de su ingreso.
El funcionario estaba prestando servicio en la garita principal del despacho policial, cuando se escuchó el estallido de un disparo. Según versiones extraoficiales, tras las operaciones militares y la muerte del «Niño Guerrero», se habrían iniciado procedimientos de depuración e interrogatorios a funcionarios policiales, con el objetivo de determinar posibles redes de complicidad o filtración de información hacia grupos delictivos que operan en la zona minera.
También, las fuentes indican que un comando de la Guardia Nacional del KM88 en Bolívar fue intervenido, y varios funcionarios adscritos al comando al ver la comisión policial se fugaron. Se presume que, probablemente, van por los involucrados con actividades mineras ilegales.
Mientras tanto, los sectores de Tumeremo, El Dorado y Las Claritas permanecen bajo fuerte custodia militar, en medio de reportes de desplazamiento de mineros artesanales hacia otras localidades ante el temor de nuevas acciones de seguridad en la zona. Las autoridades mantienen el caso bajo investigación y no han ofrecido mayores detalles oficiales hasta el momento.
Caracas. – Una solicitud fue presentada este pasado lunes, por el Departamento de Justicia de EE. UU. ante el juez federal Alvin Hellerstein, en la cual se solicita diferir la audiencia programada para el 30 de junio, en el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, reprogramándola para el 22 de julio de 2026. La petición fue aceptada tanto por la fiscalía como por la defensa de los acusados.
En la solicitud se explica que la nueva fecha planteada es conveniente para el tribunal, y se pide que el período entre el 30 de junio y el 22 de julio de 2026, se excluya del cálculo de la pena para ambos acusados, en virtud de la Ley de Juicio Rápido conforme a lo establecido en el Código de los EE. UU.
Según la defensa, el aplazamiento de la fecha es «necesario para evitar problemas de programación y logística relacionados con el transporte seguro y la protección». El documento señala que la prórroga permitirá a la Fiscalía la consignación de pruebas, y facilitará a la defensa revisar y evaluar las mociones previas al juicio, que planean presentar para intentar que se desestimen los cargos.
El equipo legal de Maduro y Flores expresaron estar de acuerdo con la solicitud del aplazamiento. Analistas y observadores han interpretado el diferimiento de diversas formas: desde posibles implicaciones de seguridad derivadas de la magnitud del caso —incluyendo riesgos para los acusados—, hasta coincidencias con eventos de gran envergadura como el Mundial de Fútbol que se desarrolla en EE. UU.
Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación oficial más allá de la moción presentada.
Cabe recordar que el genocida dictador Nicolás Maduro está acusado de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington. Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal.
Caracas. – Francis Quiñonez, madre de un rehén político militar, presentó un dolor de pecho este pasado domingo, mientras mantenía vigilia en el campamento instalado a las afueras de la Embajada de EE. UU. en Caracas, por lo que debió ser trasladada de emergencia a un centro de salud.
De acuerdo con el reporte, los médicos constataron que tenía la tensión arterial elevada y le ordenaron realizarse exámenes complementarios. Quiñonez cumple una semana en el campamento instalado por familiares de presos políticos y acumula 158 días de protesta, primero frente a El Helicoide y ahora en la sede diplomática, exigiendo la liberación de su hijo.
Fue trasladada por compañeros de la vigilia, hacia Salud Chacao donde recibió el tratamiento clínico necesario para estabilizar su estado de salud. «Mi cuadro de salud está viéndose afectado porque no son ocho días los que tenemos en las inmediaciones de la Embajada, son 158 días exigiendo la libertad de nuestros familiares y, como me dijo la doctora, el cuerpo manda señales», expresó Quiñonez al salir de la sala de urgencias del citado centro asistencial.
Igualmente, agregó que los médicos que la atendieron, constataron un cuadro de tensión alta y le ordenaron exámenes médicos. Quiñonez es madre del sargento Jonathan Franco Quiñonez, rehén político militar presuntamente vinculado a la «Operación Gedeón», y quien aún permanece injustamente tras las rejas.
#15Jun#Venezuela#PresosPolíticos#DDHH Francis Quiñonez, madre del preso político Jonathan Franco Quiñones, fue trasladada de urgencia a un centro de salud tras presentar dolor en el pecho durante una vigilia en Caracas. Familiares mantienen protestas para exigir la liberación… pic.twitter.com/T9YgLAo9C1
Caracas. – Los familiares de los secuestrados por motivos políticos cumplieron este lunes, más de 157 días de vigilia ininterrumpida frente a la cárcel El Rodeo I (Guatire, estado Miranda), donde se mantienen instalados desde el 8 de enero de 2026, exigiendo el cumplimiento de las excarcelaciones masivas prometidas por el narcochavismo interino, tras meses de encierro y denuncias de torturas.
El campamento establecido a las afueras del Rodeo I alcanzó el pasado sábado los 156 días de vigilia y pernocta continua. La jornada estuvo marcada por una carga emotiva, tras recibir la visita de Aranza Hernández, la joven que permaneció secuestrada durante varios meses tras ser detenida en noviembre de 2025, según informó la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) a través de sus canales oficiales.
En el campamento también permanece Ruth Molero, tía de Hernández, quien ha acompañado de manera constante las jornadas de protesta y espera frente al recinto carcelario. Desde allí mantiene su llamado por la excarcelación de sus familiares y del resto de los detenidos por motivos políticos.
Los manifestantes reiteraron que no abandonarán el lugar, calificando las afueras de El Rodeo I como un «bastión de resistencia» que se mantendrá firme, hasta que la totalidad de los considerados presos políticos sean puestos en libertad.
«A pesar de la espera y el sufrimiento, los familiares mantienen la esperanza de ver a sus seres queridos cruzar esa puerta y regresar a la libertad. No hay un día en que la esperanza no forme parte de la ecuación. El Rodeo I es un bastión de resistencia y continuará hasta que todos los presos políticos sean libres», indicó la ONG CLIPPVE en sus redes.
Caracas. – Familiares y organizaciones de la sociedad civil denunciaron este sábado la grave situación en la que se encuentra el rehén político Rolando Guevara, debido a las graves complicaciones de salud que padece.
Una de las alertas fue realizada por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve), que alertó sobre el delicado estado de salud de Guevara, quien fue condenado por el narcochavismo a 27 años y seis meses de cárcel.
La ONG denunció que su condición física se ha deteriorado progresivamente sin recibir atención médica adecuada. Guevara ha presentado mareos intermitentes durante tres semanas consecutivas, síntomas que, según indicó, persisten desde el pasado 23 de febrero.
No obstante, Clippve reclama que, pese a las reiteradas manifestaciones del detenido sobre su estado de salud, las autoridades “han hecho oídos sordos”, negándole una atención médica efectiva.
«Pareciera que la administración actual está ejecutando de forma pasiva la pena de muerte indirecta impuesta durante los mandatos de Chávez y Maduro. Todo indica que se pretende esperar a que su condición sea terminal para brindarle asistencia, o que el desenlace fatal es el objetivo real, tal como se ordenó en noviembre de 2004, algo que bien podrían dar testimonio los funcionarios policiales que investigaron el caso Anderson en aquella época», advirtió la ONG.
Hay que recordar, que en marzo de este año la ONG Un Mundo Sin Mordaza ya había denunciado, que Guevara padece dolores intensos en su pierna izquierda debido a una hernia discal crónica y discopatía diagnosticadas hace más de una década.
Mientras, Clippve vinculó este caso con denuncias previas sobre presuntas vulneraciones a los derechos humanos de personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela, incluyendo la falta de asistencia médica oportuna y condiciones de reclusión consideradas precarias.
En semanas recientes, esta misma ONG ha insistido en la necesidad de proteger la vida de los detenidos y garantizar el acceso a servicios de salud dentro del sistema penitenciario venezolano.
El caso de Rolando Guevara forma parte de uno de los expedientes más controvertidos vinculados al asesinato del fiscal Danilo Anderson, ocurrido el 18 de noviembre de 2004 en Caracas. Junto con su hermano Otoniel Guevara Pérez y su primo Juan Bautista Guevara Rodríguez, fue detenido días después del atentado.
El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha anunciado este viernes un paquete de reformas estructurales orientadas a liberalizar la economía de la isla, inspirado en los modelos de economía China y de Vietnam, con el objetivo de contrarrestar el impacto de las sanciones económicas y energéticas por la administración Trump.
El dictador cubano, en declaraciones a la prensa, ha presentado por sorpresa el denominado ‘Programa Económico y Social para el 2026’, un plan diseñado como respuesta estratégica a la «agresión multidimensional» por parte de la Casa Blanca.
El proyecto, que busca flexibilizar el actual sistema de economía planificada centralizada, contempla una mayor apertura al sector privado, la participación de las empresas públicas en el mercado cambiario, la autorización de inversiones a ciudadanos cubanos en el exterior y una reducción burocrática para estimular la producción nacional.
«Cada oportunidad en medio de una crisis hay que aprovecharla como un momento de despegue, como un momento de crecimiento. Entonces, nosotros hemos establecido un grupo de prioridades para enfrentar toda esta situación», ha asegurado el presidente cubano.
La reforma aún requiere la aprobación del Politburó del Partido Comunista y de la Asamblea Nacional de Cuba. Después, asegura dictador, comenzará un «proceso informativo» y «explicativo» a la población.
El programa «tiene que ver con el sistema de dirección de la economía. Hay todo un grupo de medidas o de acciones que se proponen que van a permitir resolver viejas contradicciones que tenemos entre el Plan, entre la planificación central y los estímulos, los incentivos», ha explicado Díaz-Canel desde La Habana.
De esta manera, las medidas presentadas por el líder cubano llegan después de la presión económica sobre Cuba en los últimos meses impulsada por la administración Trump, con el objetivo de forzar reformas políticas y económicas en la isla. Una presión que, según Díaz-Canel, «va teniendo un impacto que complejiza la vida cotidiana de los cubanos».
Cabe recordar que, recientemente, Washington ha sancionado al dictador de Cuba y a otras cuatro personas entre las que figura su predecesor, Raúl Castro. Todo ello en pleno recrudecimiento de las presiones contra la isla, especialmente desde comienzos de año, con el fin de arremeter en contra del régimen socialista que somete a toda la isla.
Julián Ramírez, asesor en Relaciones Internacionales y Geopolítica, politólogo e Internacionalista por la Universidad Sergio Arboleda, con formación de posgrado en Estrategia y Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra
“… el debate político colombiano sigue anclado en el siglo XX, mientras el crimen ya opera en el siglo XXI.”
Julián Ramírez
“En la guerra, lo más importante no son las armas, sino la estrategia; no el combate, sino el conocimiento del enemigo”. Esta máxima, atribuida al estratega chino Sun Tzu, resuena con una vigencia aterradora en el siglo XXI. Hoy, Colombia y el mundo enfrentan un adversario que ha comprendido las reglas de la globalización mejor que muchos Estados: una suerte de “multinacional del crimen”, un ecosistema híbrido y simbiótico donde narcotráfico, trata de personas, cibercrimen y corrupción estatal se entrelazan en una danza macabra que desafía las categorías tradicionales de seguridad nacional. Por ello, ya no estamos ante cárteles aislados ni mafias locales, más bien asistimos a la emergencia de una Internacional Criminal, una red de redes que opera con la frialdad de una corporación trasnacional y la letalidad de un ejército irregular.
La anatomía de la hidra: las tres capas del crimen global
Para comprender la magnitud del desafío, es preciso diseccionar al enemigo. Su estructura se organiza en tres capas interdependientes:
1. La capa operativa (visible)
Es el músculo: la punta del iceberg. Aquí residen los nombres que llenan los titulares: 1) los cárteles de Jalisco y Sinaloa en México; 2) el Clan del Golfo y las disidencias de las guerrillas en Colombia; 3) la ’Ndrangheta en Italia; 4) las tríadas chinas y 5) las mafias rusas. Todos ellos son los ejecutores de la violencia, los gestores del territorio y la mano de obra armada. Sin embargo, su poder sería efímero sin el sustento de las capas superiores.
2. La capa logístico-financiera (semivisible)
Este es el verdadero hub: el sistema circulatorio de la multinacional criminal. Acá maniobran: 1) los arquitectos del lavado de activos con base en Dubái, Panamá o las Islas Caimán; 2) los bufetes de abogados que diseñan estructuras offshore impenetrables; 3) los bancos permisivos que miran hacia otro lado; 4) los transportadores globales y 5) los brókeres de armas. Esta capa es la que conecta el crimen con la economía legítima, blanqueando sus ganancias y proporcionando los insumos para su operación. Sin esta sofisticada ingeniería financiera y logística, el crimen a gran escala sería imposible.
3. La capa de protección política y estatal (invisible)
La más peligrosa y esencial: es el escudo que permite la impunidad. Aquí nos encontramos con políticos financiados con dinero ilícito, funcionarios corruptos, agencias de seguridad infiltradas y élites económicas que, de manera consciente o negligente, participan en el lavado. Esta capa proporciona el “blindaje” necesario para operar a escala global. Sin la corrupción estatal, la Internacional Criminal colapsaría bajo el peso de su propia ilegalidad.
Las alianzas estratégicas: la geopolítica de las sombras
Lo que define a esta nueva era es la cooperación pragmática entre grupos que antaño eran rivales. Las fronteras ideológicas y territoriales se han difuminado, dando paso a alianzas estratégicas que funcionan como nodos de una red planetaria. Colombia, principal productor del 70 % de la cocaína mundial, es el epicentro de este nuevo orden criminal. He aquí sus principales ejes:
Mafias italianas + cárteles latinoamericanos: la ’Ndrangheta, hoy la mayor distribuidora de cocaína en Europa, coopera estrechamente con el Cártel de Sinaloa, el CJNG (México) y el Clan del Golfo (Colombia), controlando las rutas transatlánticas.
Mafias rusas + grupos balcánicos: controlan puertos clave en el Mar Negro, rutas de armas y heroína, y han fusionado su experiencia en cibercrimen con el lavado de capitales latinoamericanos.
Tríadas chinas + crimen latinoamericano: esta alianza se especializa en el tráfico de precursores químicos, el lavado a través del comercio exterior ficticio y la trata de personas, con operaciones confirmadas en México, Ecuador y Perú.
Cibercrimen global + lavado latinoamericano: el ransomware y los criptoactivos se han convertido en el puente digital perfecto para blanquear los réditos del narcotráfico, creando un sistema de pagos anónimo y de alcance transoceánico.
Esta multinacional no reconoce ideologías, coopera cuando conviene, tiene cadenas de suministro globales, se infiltra en Estados débiles, corroe democracias y posee una liquidez que supera el PIB de muchas naciones.
Frente a un enemigo de esta naturaleza, las respuestas fragmentadas y reactivas son un camino hacia el fracaso. Colombia requiere una estrategia de Estado, integral y de largo plazo. La herramienta geopolítica por excelencia para este fin es la elaboración de un Libro Blanco de Seguridad y Defensa.
Pero, ¿qué es un Libro Blanco? No es un simple documento de buenas intenciones. Es el documento rector de más alto nivel en el que un Estado define, con criterio soberano, transparencia y rigor, su diagnóstico acerca de las amenazas, sus objetivos nacionales de seguridad y la estrategia integral para alcanzarlos. Es la hoja de ruta que alinea los esfuerzos diplomáticos, militares, económicos, de inteligencia y sociales en una sola dirección: el plan maestro que trasciende los periodos de gobierno y se vuelve política de Estado.
¿Por qué Colombia carece de un Libro Blanco?
La ausencia de este documento fundamental en Colombia no es una omisión casual; es un síntoma de patologías políticas profundas:
1. Cortoplacismo político
La clase política colombiana está obsesionada con el ciclo electoral. Un Libro Blanco, que demanda visión a 15 o 20 años, choca con la lógica del cortoplacismo y la búsqueda de réditos inmediatos. Es más fácil anunciar una “política de choque” cada año, en lugar de construir un consenso nacional duradero.
2. Resistencia burocrática y opacidad
La existencia de un Libro Blanco exige transparencia en la asignación de recursos y la evaluación de resultados. Esto amenaza los feudos burocráticos y los circuitos opacos de poder dentro del propio Estado, donde la falta de rendición de cuentas ha sido, en muchos casos, la norma.
3. La verdad incómoda
Un diagnóstico honesto, similar al esbozado en esta columna, obligaría a señalar no solo a los actores armados, sino a las redes de corrupción en la política y las finanzas. Un Libro Blanco verdadero nombraría a los enemigos internos, y eso es un riesgo que muy pocos en la élite están dispuestos a tomar.
4. Dependencia estratégica
Por décadas, la estrategia de seguridad colombiana se ha subordinado a los designios de Washington, materializados en el Plan Colombia. Esto generó una cultura de dependencia que inhibió el desarrollo de un pensamiento estratégico autónomo.
La lucha contra la Internacional Criminal es la gran batalla geopolítica del siglo XXI. Para Colombia, no se trata solo de un desafío de seguridad: es una cuestión de supervivencia como Estado independiente. Continuar con un enfoque fragmentado, que combate al sicario pero ignora al lavador en Dubái y al político corrupto en Bogotá, es una receta para el fracaso.
La elaboración de un Libro Blanco es más que una tarea técnica: es un acto de soberanía. Es la declaración de que Colombia es capaz de diagnosticar sus amenazas y trazar su propio rumbo. Reclama un gran pacto nacional que movilice todos los instrumentos del poder del Estado: 1) la fuerza militar para enfrentar la capa operativa; 2) la inteligencia financiera y la cooperación judicial internacional para desmantelar la capa logística; y 3) una revolución en la transparencia y la rendición de cuentas para neutralizar la capa de protección política.
La amenaza que nadie quiere nombrar
Resulta profundamente preocupante —cuando no aterrador— que entre la pléyade de más de cien aspirantes que desfilaron por la carrera presidencial de 2026, y aun entre los dos candidatos que hoy disputan la segunda vuelta, ninguno haya incorporado en su discurso un diagnóstico serio, y mucho menos una propuesta coherente, frente a la realidad descrita de la multinacional del crimen. Este silencio no es inocente, y su interpretación nos deja ante dos escenarios igualmente graves: o no les importa, o lo desconocen. Ambas opciones son, en esencia, una confesión de ineptitud para gobernar una nación bajo asedio.
La primera posibilidad —la indiferencia— revela una frivolidad estratégica imperdonable. Sugiere que la agenda política sigue cautiva del cortoplacismo populista: de la discusión mezquina sobre prebendas y pequeñas ventajas, al tiempo que el país es desangrado por una red global que opera con la precisión de una corporación y la ferocidad de un ejército de ocupación. Que un candidato ignore este tema es como si el capitán del Titanic se preocupara por el menú de la cena a minutos de la colisión con el iceberg.
La segunda opción —el desconocimiento— reviste una gravedad mayor. Implica que nuestra clase política vive en una burbuja de irrelevancia, ajena a las transformaciones sísmicas que han reconfigurado el crimen organizado a escala mundial. ¿Cómo pretender gobernar un país sin comprender que las reglas del juego han cambiado? Que ya no se trata de perseguir cultivos en Caquetá, sino de desarticular redes de lavado en Dubái; no de capturar a un “pez gordo” en Necoclí, sino de entender su alianza con la ‘Ndrangheta en Calabria; no de combatir la violencia callejera, sino de enfrentar una estructura que ha corrompido los cimientos mismos del Estado.
Tal vacío discursivo no es casual: es sintomático. Evidencia que el debate político colombiano sigue anclado en el siglo XX, mientras el crimen ya opera en el siglo XXI. Mientras los candidatos discuten ideologías desgastadas, la multinacional del crimen es posideológica; mientras prometen subsidios, el crimen mueve capitales que duplican el presupuesto nacional; mientras hablan de “paz”, el enemigo real —este ecosistema criminal— consolida su poder en las sombras.
La ausencia del tema en la contienda electoral es la más elocuente de las confesiones: confirma que nuestra clase política no está a la altura de los desafíos que encara la nación. O, peor todavía, que algunos tienen demasiado que perder si estos entramados salen a la luz. Porque un diagnóstico honesto de la multinacional del crimen inevitablemente señalaría no solo a los actores armados; señalaría además a sus cómplices en la política, las finanzas y la empresa privada.
La necesidad de un Libro Blanco es aún más urgente cuando quienes aspiran a gobernar ni siquiera parecen entender la naturaleza del problema. Un país que elige a sus líderes entre quienes ignoran o desdeñan la amenaza existencial que lo acecha es un país que camina sonámbulo hacia el precipicio. El historiador Edward Gibbon escribió en Historia de la decadencia y caída del imperio romano: “las grandes crisis sacan a la luz los secretos más profundos; en los momentos de peligro, los lazos de interés se rompen y el verdadero carácter de los hombres se revela”. La crisis de la multinacional del crimen ha desnudado el nuestro: fragmentado y reactivo. La elaboración de un Libro Blanco sería la prueba de que, finalmente, estamos dispuestos a actuar de manera coordinada, a pensar en el largo plazo y a reafirmar la primacía del Estado de derecho. La hora de la improvisación debe quedar atrás.
Caracas. – La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este pasado lunes que tras la muerte de un hombre recluido en un centro penitenciario en el estado Sucre, se eleva a 21 el número de personas fallecidas bajo custodia del narcoestado chavista, desde el pasado mes de abril.
A través de sus redes sociales, la ONG la ONG afirmó que cada fallecimiento “asociado a la falta de atención médica, a la demora en traslados hospitalarios o a condiciones incompatibles con la dignidad humana constituye una señal de alarma para los organismos nacionales e internacionales encargados de la protección de los derechos humanos”.
La organización identificó al fallecido como Víctor Alfonso Rivero, quien estaba recluido en el Centro de Formación Hombre Nuevo de Carúpano, en Sucre. En su cuenta de la red social X denunció: «¿Cuántas muertes más deben ocurrir para que se reconozca la emergencia humanitaria que existe dentro de cárceles y calabozos policiales?”.
“Es una situación que exige la actuación urgente de los órganos nacionales competentes y el seguimiento permanente de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos”, señaló el OVP.
Igualmente, afirmó que estos casos demuestran que las recomendaciones internacionales «continúan siendo ignoradas y que la protección de la vida dentro de los centros de detención sigue siendo una deuda pendiente».
Según la ONG, en Venezuela familiares asumen funciones que corresponden al narcorégimen chavista, como el suministro de alimentos, medicinas e insumos médicos, y que incluso gestionan «traslados hospitalarios para intentar salvar la vida de sus seres queridos».
De acuerdo con OVP, 181 presos han muerto en las cárceles y los calabozos de Venezuela durante 2025, un aumento del 50% respecto al año anterior, la gran parte de estos fallecimientos son por falta de atención médica.
Finalmente, un registro del 85% de los centros de detención; la organización calculo que 158 de las muertes ocurrieron en cárceles y 23 en calabozos policiales, con 151 decesos por negligencia médica.
🚨 #OVPDenuncia Víctor Alfonso Rivero murió bajo custodia del régimen venezolano en el Centro de Formación Hombre Nuevo de Carúpano, estado #Sucre. Con este nuevo fallecimiento, ya son 21 las personas privadas de libertad que han muerto tras las rejas desde abril de 2026.
Caracas. – La sede de la Asociación de Vecinos El Llanito, en el estado Miranda, fue objeto de una invasión ilegal el pasado sábado por personas vinculadas a comunas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) del narcochavismo.
La denuncia fue realizada por el periodista y exrehén político, Carlos Julio Rojas, quien alertó en sus redes sociales que se trató, de la toma ilegal de una propiedad privada situada en el citado sector adyacente a la parroquia Petare.
Según Rojas, Vecinos de la zona de El Llanito rechazaron de inmediato la acción y expresaron su temor ante lo que consideran el inicio de una nueva oleada de invasiones en la Gran Caracas.
“¡Muy grave! Miembros de comunas vinculados al Psuv invaden sede de la Asociación de Vecinos El Llanito, la cual es propiedad privada. Vecinos de El Llanito, municipio Sucre, rechazan esta acción y expresan su terror ante el inicio de una nueva oleada de invasiones en la gran Caracas”, alertó Rojas en una publicación donde adjunto una grabación al momento del ingreso arbitrario.
Ante los temores a causa de esta acción ilegítima y arbitraria, los vecinos solicitaron la actuación de las autoridades municipales y policiales para atender la situación. El incidente ha generado indignación entre los habitantes del sector y reactiva las denuncias sobre ocupaciones arbitrarias de propiedades privadas.
En días previos, la Asociación de Vecinos El Llanito ya había denunciado “el hostigamiento del que estamos siendo víctima por parte de grupos que, actuando al margen de la ley y avalados por autoridades locales, pretenden adueñarse de nuestra sede”.
Caracas. – En 567,68 bolívares amanecerá el valor del dólar oficial el próximo martes, 9 de junio, según lo informó el Banco Central de Venezuela (BCV) en los registros que actualiza siempre, en torno al valor de la divisa estadounidense.
El lunes 8 de junio será feriado bancario por la celebración del “Corpus Christi” y debido a ello el nuevo valor del dólar comenzará a regir el martes. El pasado viernes la divisa cerró sus operaciones en 563,28 bolívares, por lo que es un incremento de Bs. 4,3936 (+0,78%) con respecto a la jornada anterior.
La variación acumulada anual del tipo de cambio es de +269,5397 bolívares (+90,4062%). Con respecto al 9 de junio de 2025, el incremento es de +468,5912 bolívares (+472,8869%). Al mismo día del año pasado la variación acumulada anual había sido de +90,8011%.
Mientras, el BCV también indicó que el euro se plantó en 655,38 bolívares. Ambas monedas internacionales tuvieron un alza con respecto a la jornada de ayer. La moneda europea había cerrado el viernes en Bs. 654,86.
Así, el bolívar ha perdido en lo que va de año un 45% de su valor frente al dólar estadounidense en el mercado oficial, donde la divisa norteamericana se cambió el último viernes de mayo, último día hábil del mes, por 549,37 bolívares.
La cotización del dólar aumentó un 82,2% desde los Bs. 301,37 de principios de enero, según cifras del BCV. En mayo, la moneda estadounidense subió un 12,2%, desde 489,55 Bs., lo que significa una devaluación de un 10,8% de la venezolana en ese período.
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