OVP denuncia muerte de tres reclusos en 72 horas bajo custodia del narcoestado chavista

Caracas. – La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el fallecimiento de tres reclusos, en un lapso de 72 horas en centros penitenciarios de Venezuela, con lo cual la cifra de decesos asciende a 28 casos documentados entre abril y junio. El OVP alertó, que la gran mayoría de estas muertes ocurren bajo custodia del narcoestado chavista, a causa de desnutrición y desatención médica.

La muerte más reciente se registró este martes, y correspondió a José Gregorio Mendoza Guzmán, quien estaba recluido en el Centro Penitenciario de la Región Andina. La organización no gubernamental pudo confirmar que el recluso falleció a consecuencia de una hipoxia severa este mes de junio.

«En al menos 72 horas hemos conocido la muerte de tres personas privadas de libertad en Venezuela», escribió el OVP en su cuenta en X. De acuerdo con el registro que realiza esta ONG, en lo que va del mes de junio cinco internos han perdido la vida en los centros penitenciarios.

El pasado lunes se reportó el fallecimiento de Yonny José Bastidas Briceño, quien estaba recluido en el Centro Penitenciario de Occidente I Cipriano Castro, ubicado en Santa Ana, estado Táchira. Mientras, el domingo se conoció la muerte de Alberto Rafael Solarte Cabrera, detenido en el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado del estado Zulia.

A principios de este mes, el observatorio indicó que un total de 181 presos murieron en las cárceles y los calabozos de Venezuela durante 2025, la mayoría por falta de atención médica.

La ONG alertó entonces, durante la presentación de su informe anual, que esto representa un aumento de más de 50% de estos casos respecto al año anterior.El observatorio señaló, a partir de un registro del 85% de los centros de detención en el país, que 158 de las muertes ocurrieron en cárceles y 23 en calabozos policiales.

Asimismo, aseguró que 151 de los decesos se dieron por falta de atención médica. Entre las causas de los fallecimientos menciona las afecciones cardiovasculares, cardiorrespiratorias, respiratorias, fallo multiorgánica y shock hipovolémico.

El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a 19 a Koldo y a 4 a Aldama pero le libra de entrar por colaborar

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.

Así lo ha decidido por unanimidad el tribunal de la Sala de lo Penal en una sentencia, tras la celebración del juicio contra los tres acusados durante los meses de abril y mayo, que se extendió durante 14 jornadas.

Los magistrados declaran a Ábalos y Koldo culpables de los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, mientras que los absuelven de prevaricación, uso de información privilegiada y falsedad.

A Aldama lo condenan por los delitos de organización criminal y cohecho, pero le absuelven de inducción a la prevaricación, aprovechamiento de información privilegiada y falsedad que ha sido objeto de acusación.

Para el tribunal han quedado probados delitos en la adjudicación de 13 millones de mascarillas por parte de entidades de Transportes como Puertos del Estado y Adif a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama; la remuneración mensual de 10.000 euros para «gastos fijos» de Ábalos, y la contratación de dos mujeres relacionadas con el exministro en empresas públicas, Claudia Montes y Jéssica Rodríguez, a la que la trama pagó el alquiler de un piso.

También ven acreditado el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción (Cádiz) también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.

El tribunal impone a Ábalos 52.500 euros de multa, 45.750 a Koldo y 72.000 a Aldama, a la vez que ordena que el exministro y su exasesor indemnicen a las empresas públicas Ineco y Tragsatec en 34.450 euros y 9.500,54 euros, respectivamente, en concepto de responsabilidad civil, por la contratación a dedo de Rodríguez.

También acuerda decomisar a los tres condenados las ganancias provenientes del delito de cohecho por importe de 430.298 euros: 340.000 euros por los 10.000 mensuales satisfechos por Aldama durante 34 meses, 82.295 euros por la renta del alquiler del piso que disfrutó Rodríguez en la madrileña Plaza de España y 8.000 euros por la renta del chalé de ‘Villa Parra’ en Marbella (Málaga).

Advierten que Granko Arteaga intenta convertir la DGCIM en otro organismo

Caracas. – Una mutación total en la DGCIM, para convertirla en otro organismo y quizá, con ello, borrar parte de su macabro historial, estaría intentando Alexander Granko Arteaga, según lo revelan la abogada Tamara Suju y la periodista Maibort Petit.

En sendas publicaciones difundidas en sus cuentas de la plataforma X, tanto la directora del Instituto Casla como la comunicadora venezolana radicada en Washington, alertan del cambio que estaría preparando Granko Arteaga para posiblemente fusionarse con los cambios que el narcorégimen interino está aplicando por órdenes de la administración Trump.

«Granko quiere sustituir al CICPC para figurar ante EE. UU.», alertó Petit en un mensaje, en el cual asevera que «Granko Arteaga maniobra desde la DGCIM, creando una unidad contra el terrorismo y la delincuencia organizada para ser el protagonista de los requerimientos que pudiera tener EE. UU. en ese tema con Venezuela, al igual que Diosdado, buscando servir al imperio y que sus crímenes pasen debajo de la mesa».

La periodista se pregunta si el gobierno estadounidense permitirá que Granko Arteaga y sus secuaces, señalados de cometer crímenes de lesa humanidad, y de participar en homicidios de gran magnitud como la llamada «masacre del Junquito», tengan algún rol protagónico en el sistema de justicia que se quiere reconstruir en Venezuela.

Petit indica que este rol debe ser asumido por militares o funcionarios institucionales, y no por delincuentes: «¿Está en la voluntad de EE. UU. trabajar con estos delincuentes o exigir a Delcy Rodríguez la asignación de oficiales institucionales con valores y principios acordes a las agencias federales de EE. UU.?

El organismo contra la delincuencia organizada en Venezuela es el CICPC», señala al respecto.

Por su parte, Tamara Suju realiza la misma alerta, precisando que «ahora será ‘Dirección Contraterrorismo y Contra la Inteligencia Organizada’ (CIN3), dirigida por él mismo, pero sin barba y sin pintarse el pelo. El mismo musiú con diferente cachimbo».

La defensora de los Derechos Humanos, quien en reiteradas oportunidades ha denunciado a Granko Arteaga ante organismos internacionales como la CPI, dice que este intenta —en vano— eliminar el oscuro historial de la DGCIM chavista, convirtiéndola en otra institución policial/militar.

«Podrá mutar, podrá disfrazar a su Organzación Criminal y cambiarse las insignias, pero nada va a Borrar que esta Rama del DGCIM está implicada, documentada y acusada de Crímenes de Lesa Humanidad y que Granko es la cabeza, su Alto Responsable», sentencia Suju.

Asimismo, advierte, que la maniobra de Artega consiste en que «hoy día esta de ‘moda’ disfrazarse de santos con Alzheimer, sobre todo este tipo, malo, cruel, sádico y sus camaradas».

Trump no descarta operaciones en contra del régimen dictatorial socialista que somete a Cuba

El presidente de EE. UU., Donald Trump, no ha descartado este viernes una operación militar similar a las de Venezuela o Irán en Cuba, sugiriendo nuevamente una hipotética intervención militar en la isla caribeña tras firmar un memorando de entendimiento con Teherán para poner fin al conflicto en Oriente Próximo.

Durante una entrevista con un periodista del portal de noticias Axios, Trump ha comparado la situación en Cuba con las recientes intervenciones estadounidenses en Venezuela e Irán, destacando que la proximidad geográfica de la isla caribeña facilitaría una eventual incursión militar.

«Posiblemente. Es posible. Hay otra cuestión: estos lugares están cerca. En cambio, si miras Irán, es un viaje muy largo (…) Venezuela está relativamente cerca y Cuba está a un paso», ha dicho el presidente al ser preguntado por si una eventual operación en la isla se podría desarrollar de forma «similar» a los recientes operativos contra Caracas y Teherán.

Trump ha indicado que mantiene, por el momento, una «postura flexible» con respecto a Cuba y que el secretario de Estado, Marco Rubio, está «muy involucrado» en esta cuestión. «La diferencia es que Venezuela tiene petróleo, Cuba no. Cuba tiene buenas propiedades y una costa preciosa», ha señalado, agregando que las autoridades cubanas tienen «muchísimas ganas» de dialogar con Washington.

Cabe señalar que sus palabras se producen después de que el vicepresidente de EE. UU., JD Vance, haya afirmado que ya están abordando con Cuba nuevas prácticas para cambiar una situación económica que, ha apuntado, está «peor» que la de Irán tras la ofensiva desatada el pasado 28 de febrero, después de que La Habana presentara la semana pasada un paquete de reformas estructurales dirigido a liberalizar la economía de la isla.

Daniela Cabello: digna heredera de las destrezas corruptas de su padre Diosdado

A Daniela Cabello se le puede aplicar perfectamente el famoso refrán venezolano «hijo de gato caza ratón», ya que heredó las destrezas, costumbres y habilidades de su progenitor, Diosdado Cabello, para los manejos oscuros de las finanzas públicas y la malversación de fondos que pertenecen a todos los venezolanos.

Pese a su juventud, Daniela ya ha sido objeto de señalamientos internacionales por presuntos vínculos con redes de corrupción y lavado de dinero. Informes periodísticos y analistas políticos han vinculado su nombre y su entorno familiar a rutas de lavado de dinero, mencionando su posición y el flujo de capitales en el país.

De hecho, para noviembre de 2024, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a 21 altos funcionarios de la Narcotiranía chavista de Nicolás Maduro, entre quienes figuró Daniela Cabello.

Estas medidas buscan congelar activos vinculados a operaciones financieras ilícitas y esquemas de corrupción estatal, sanciones a las cuales no pudo escapar la hija de Diosdado Cabello, quien está todavía solicitado por narcoterrorismo en EE. UU., y con una recompensa de USD$ 25 millones por su captura.

Pese a no contar con experiencia comprobada en administración pública o comercio exterior, se le ha otorgado el control de plataformas clave para la imagen y economía internacional del régimen. Está casada con el productor y cantante Omar Acedo y es madre de una hija.

Actualmente es presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela, además de haber dirigido anteriormente la marca País Venezuela. Como bien se sabe, debido a que forma parte de una las familias con mayor influencia dentro de la estructura política y criminal del chavismo, su entorno familiar ha estado bajo la lupa por polémicas empresariales.

En investigaciones periodísticas y procesos judiciales, se ha mencionado a la aerolínea española Plus Ultra y su relación con el narcorégimen chavista, un caso que involucra presunto blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

Pero, además, reportes de inteligencia y periodistas de investigación han destacado el caso de Alex Saab, principal testaferro de Nicolás Maduro, quien durante sus años en la cúpula chavista manejó miles de millones de dólares para la Narcotiranía.

Las investigaciones indican que Saab participó en reuniones de alto nivel con miembros de la cúpula, incluyendo a Daniela Cabello, con quien coordinó estrategias para rutas de lavado de dinero y evasión de sanciones internacionales.

Vance confirma contactos con Cuba para «cambiar» sus políticas económicas

El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, ha señalado este jueves que ya están abordando con Cuba nuevas prácticas para cambiar una situación económica que, ha apuntado, está «peor» que la de Irán tras la ofensiva desatada el pasado 28 de febrero, después de que La Habana presentara la semana pasada un paquete de reformas estructurales dirigido a liberalizar la economía de la isla.

«Lo de Cuba es un sistema que no ha funcionado. No pueden generar ingresos. Su economía probablemente esté en peor estado que la iraní. (…) Queremos que el pueblo cubano sea feliz y próspero. De hecho, estamos hablando con el Gobierno cubano sobre cómo podrían cambiar sus prácticas para cambiar esa situación», ha señalado en una rueda de prensa en la que ha presentado el preacuerdo alcanzado con Irán.

El ‘número dos’ de la Casa Blanca ha señalado que van «a ver qué hacen» las autoridades cubanas en este sentido. «Obviamente, si hacen algo, nosotros también haremos algo. Vamos a tener una relación mucho mejor con esa isla», ha dicho, sin dar más detalles.

Preguntado por las declaraciones del presidente de EE. UU., Donald Trump, sobre que Cuba sería el «siguiente» una vez derrocadas las autoridades de Irán, Vance se ha limitado a afirmar ante los periodistas que «tienen que preguntar a (el secretario de Estado, [Marco] Rubio sobre Cuba».

Cabe recordar que el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, presentó el pasado viernes un paquete de reformas estructurales dirigido a liberalizar la economía de la isla —abordando cuestiones como la gestión de los actores económicos, la modernización del sistema bancario y financiero o la inversión extranjera— con el objetivo de contrarrestar el impacto de las sanciones económicas y energéticas impuestas por la Administración Trump.

Informe de Cedice revela una inflación de 6,77% en mayo

Caracas. – Según el más reciente reporte del Observatorio de Gasto Público (OGP) de Cedice Libertad, la inflación en Venezuela registró en mayo una variación mensual de 6,77% en bolívares y una caída de 1,89% en dólares.

El informe revela, que la inflación en bolívares mostró una desaceleración importante con respecto al 18,4 % registrado en el mes de abril. Asimismo, la inflación interanual llegó a 676,35 % en bolívares, mientras que alcanzó el 52,96 % en divisas.

El informe del OGP detalló que una familia de tres personas en Caracas, Valencia o Maracaibo necesitó al menos 509.376 bolívares mensuales, equivalentes a aproximadamente 958,96 dólares, para adquirir una cesta básica de 61 bienes y servicios.

Esto sugiere que se necesitó de al menos cuatro salarios integrales para cubrir la totalidad de la cesta.El Inflaciómetro de Cedice Libertad monitorea mensualmente el precio de los citados 61 bienes y servicios en Caracas, Valencia y Maracaibo. La cesta está organizada en seis rubros: alimentos, restaurantes, servicios, recreación y esparcimiento, perfumería y cuidado personal, y transporte.

El economista Oscar Torrealba, coordinador del Inflaciómetro, señaló que las variaciones de precios no afectan a todas las regiones con la misma intensidad. “En Caracas el gasto en alimentos ha disminuido, cayó 3,26% en bolívares, pero lo que aumenta en la capital es el precio de los servicios, que subió 17%. Y el otro rubro donde Caracas es significativamente costoso es el de restaurantes”, explicó.

Valencia registró la cesta más costosa en dólares (1.027,04 US$), seguida de Maracaibo (988,31 US$) y Caracas (861,54 US$).

En bolívares, el mayor gasto se observó en Maracaibo (533.702,44 Bs), seguida de Valencia (531.799,58 Bs) y Caracas (462.626,41 Bs).En cuanto a los rubros que más presionaron los precios en bolívares, estos fueron: servicios (+17,2%), transporte (+10,62%) y restaurantes (+6,24%).

Los alimentos apenas subieron 0,35%, mientras que perfumería y cuidado personal aumentó 1,83%.En dólares, el comportamiento fue distinto: Alimentos: -8,09%: Perfumería y cuidado personal: -7,22%: Recreación y esparcimiento: -3,06%: Restaurantes: -0,75%.

Los únicos rubros que subieron en moneda extranjera fueron servicios (+7,06%) y transporte (+2,54%).

Transparencia Venezuela rastreó USD$ 4.000 millones vinculados a redes corruptas del narcochavismo

Caracas. – La ONG Transparencia Venezuela presentó este martes los resultados del informe «Mapa de los Decomisos», que permitió identificar y rastrear la ubicación de 719 bienes vinculados a redes de corrupción vinculadas a la Narcotiranía chavista, los cuales están valorados en casi USD$ 4.000 millones.

Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, señaló que la organización ha logrado identificar 719 bienes en el exterior producto de las múltiples redes de corrupción venezolana, la mayoría de ellos ubicados en EE. UU. y sobre los cuales faltan procesos judiciales para transformarlos en activos líquidos que puedan ser usados como pagos de deuda, o reparaciones a víctimas de esa corrupción.

Estos 719 bienes representan alrededor de USD$ 4000 millones, explicó De Freitas durante el evento «Rastro del dinero venezolano decomisado a redes corruptas». Sin embargo, de esta cantidad solo están definitivamente decomisados 287, valorados en poco más de USD$ 1.300 millones, a 113 personas y empresas.

Durante el evento, especialistas analizaron los obstáculos que enfrenta el país para recuperar recursos que actualmente permanecen bajo control de autoridades extranjeras. Los activos identificados están distribuidos en 15 categorías distintas, entre ellas dinero en efectivo, inmuebles, vehículos, yates, aeronaves, acciones empresariales, joyas, obras de arte, relojes de lujo, caballos y reservas de oro.

Por su parte, María Alejandra Márquez, fundadora de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos (INRAV), señaló que EE. UU. es el país que más investigaciones ha impulsado sobre presuntas tramas de corrupción con origen en Venezuela.

La especialista explicó que la recuperación efectiva de esos activos enfrenta importantes obstáculos institucionales. “Necesitamos una serie de condiciones que Venezuela no tiene: separación de poderes, garantías anticorrupción y transparencia”, afirmó.

Márquez recordó que hace seis años apenas se conocían alrededor de 20 casos relacionados con activos presuntamente obtenidos mediante corrupción. «Ya tenemos 60. Creemos que en este 2026 tendremos por lo menos 15 adicionales, por lo que el monto de confiscación va a aumentar”, sostuvo.

También advirtió que “estamos tratando de presentar un mecanismo que permita que el proceso de recuperación sea automático y flexible, porque de lo contrario Venezuela, en democracia, tendría que pelear caso por caso”.

Otro experto, Guillermo Jorge, especializado en cumplimiento anticorrupción y prevención de lavado de activos, explicó que los procesos de recuperación de bienes son particularmente complejos y suelen extenderse durante años.

Según detalló, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción contempla la posibilidad de que los activos sean repatriados a los países afectados, pero exige la participación activa del Estado víctima durante todo el proceso.

Jorge explicó que existen dos mecanismos principales para intentar recuperar esos recursos. El primero consiste en que el país afectado investigue los hechos de corrupción y solicite cooperación internacional a las jurisdicciones donde presume que se encuentran los activos.

La segunda vía implica que el país perjudicado litigue directamente en las jurisdicciones donde están ubicados los bienes. Como ejemplo, señaló que si existe una cuenta bancaria en Suiza vinculada a fondos obtenidos mediante corrupción, Venezuela tendría que presentarse ante las autoridades de ese país como potencial víctima del delito.

De acuerdo con la investigación de Transparencia Venezuela, la persona con más bienes decomisados es el extesorero de la nación Alejandro Andrade Cedeño, con 87 propiedades en EE. UU.

En la categoría de bienes sujetos a decomiso la persona que más acumula propiedades u objetos de valor es María Lila Bravo con 116 bienes. Es esposa del empresario zuliano Roberto Rincón Fernández, quien en 2016 se declaró culpable por su papel en una trama para asegurar contratos de la empresa Petróleos de Venezuela. En 2023 un juez federal en Texas lo sentenció a 18 meses de prisión.

Investigan muerte de un inspector jefe dentro de comando policial en Las Claritas

Caracas. – Este pasado domingo fue reportada la muerte del inspector jefe Carlos Olivares (46), comandante de la estación policial de Las Claritas, estado Bolívar. Según versiones preliminares, se habría quitado la vida dentro del comando policial tras dispararse con su arma de reglamento.

El hecho ocurre en el marco de las operaciones militares que se realizan en la zona, en medio de las cuales se produjo el ataque que dio muerte al líder del Tren de Aragua «Niño Guerrero». También, el hecho se da cuando varios funcionarios policiales estarían bajo investigación y habrían sido detenidos para averiguaciones.

Se están realizando allanamientos a diferentes comandos, tanto policiales como de la GNB, en Las Claritas, lo cual ha producido la huida misteriosa de varios uniformados destacados en esos puntos.

Olivares sufrió una lesión de extrema gravedad dentro del recinto policial. Sus compañeros intentaron trasladarlo de inmediato a la medicatura local, sin embargo, los médicos de guardia confirmaron su fallecimiento minutos después de su ingreso.

El funcionario estaba prestando servicio en la garita principal del despacho policial, cuando se escuchó el estallido de un disparo. Según versiones extraoficiales, tras las operaciones militares y la muerte del «Niño Guerrero», se habrían iniciado procedimientos de depuración e interrogatorios a funcionarios policiales, con el objetivo de determinar posibles redes de complicidad o filtración de información hacia grupos delictivos que operan en la zona minera.

También, las fuentes indican que un comando de la Guardia Nacional del KM88 en Bolívar fue intervenido, y varios funcionarios adscritos al comando al ver la comisión policial se fugaron. Se presume que, probablemente, van por los involucrados con actividades mineras ilegales.

Mientras tanto, los sectores de Tumeremo, El Dorado y Las Claritas permanecen bajo fuerte custodia militar, en medio de reportes de desplazamiento de mineros artesanales hacia otras localidades ante el temor de nuevas acciones de seguridad en la zona. Las autoridades mantienen el caso bajo investigación y no han ofrecido mayores detalles oficiales hasta el momento.

Solicitaron diferir próxima audiencia de Maduro y Cilia para el 22 de julio

Caracas. – Una solicitud fue presentada este pasado lunes, por el Departamento de Justicia de EE. UU. ante el juez federal Alvin Hellerstein, en la cual se solicita diferir la audiencia programada para el 30 de junio, en el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, reprogramándola para el 22 de julio de 2026. La petición fue aceptada tanto por la fiscalía como por la defensa de los acusados.

En la solicitud se explica que la nueva fecha planteada es conveniente para el tribunal, y se pide que el período entre el 30 de junio y el 22 de julio de 2026, se excluya del cálculo de la pena para ambos acusados, ​​en virtud de la Ley de Juicio Rápido conforme a lo establecido en el Código de los EE. UU.

Según la defensa, el aplazamiento de la fecha es «necesario para evitar problemas de programación y logística relacionados con el transporte seguro y la protección». El documento señala que la prórroga permitirá a la Fiscalía la consignación de pruebas, y facilitará a la defensa revisar y evaluar las mociones previas al juicio, que planean presentar para intentar que se desestimen los cargos.

El equipo legal de Maduro y Flores expresaron estar de acuerdo con la solicitud del aplazamiento. Analistas y observadores han interpretado el diferimiento de diversas formas: desde posibles implicaciones de seguridad derivadas de la magnitud del caso —incluyendo riesgos para los acusados—, hasta coincidencias con eventos de gran envergadura como el Mundial de Fútbol que se desarrolla en EE. UU.

Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación oficial más allá de la moción presentada.

Cabe recordar que el genocida dictador Nicolás Maduro está acusado de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington. Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal.