Siete heridos, incluyendo dos «empresarios» del narcorégimen, al caer avioneta en Ciudad Bolívar

Caracas. – Siete personas, incluyendo dos empresarios vinculados al narcorégimen interino, resultaron lesionadas luego de que una avioneta se precipitara a tierra este pasado domingo, cuando se disponía a aterrizar en la pista del Aeropuerto Nacional General Tomás de Heres, en Ciudad Bolívar.

La caída de la avioneta Cessna de siglas YV2199, perteneciente a la empresa Inversiones Coipro, se registró en una zona de la pista de aterrizaje del aeropuerto Tomás de Heres de Ciudad Bolívar, capital del estado Bolívar, después de las 13:00 horas.

Tras el hecho, efectivos del comando de zona de la Guardia Nacional Bolivariana N° 62 (Czgnb-62), adscritos a la Zodi N° 62, acudieron de inmediato al sitio para resguardar la zona y brindar la atención correspondiente a los afectados.

La aeronave Partenavia —un avión ligero bimotor— estaba bajo el control del capitán Ernesto Maceda y el copiloto José González. Los pasajeros a bordo eran: Raúl Fragoza, Guillermo Amaro Chacón, Domingo Amaro Chacón, Michael Bradley y Sofía Komar.

Informaciones publicadas por el portal noticioso El Pitazo precisaron que Komar es una modelo ucraniana, mientras que Guillermo y Domingo Amaro Chacón son dos «empresarios» que figuran en las investigaciones judiciales abiertas en España en torno a la red de influencias y operaciones financieras vinculadas al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

Investigaciones periodísticas señalan a los Amaro dentro de tramas corporativas que abarcan transacciones en los sectores de petróleo, minería de oro y agroindustria, conectando sociedades en Caracas, Suiza, Francia, EE. UU., Panamá y Madrid.

Los siete ocupantes, aunque sobrevivieron al siniestro, presentaron lesiones y quemaduras tras la caída inesperada de la avioneta.

Organismos de aviación civil iniciaron los peritajes técnicos para determinar las fallas mecánicas o condiciones meteorológicas que provocaron el accidente de la aeronave, al momento del contacto con la pista en la capital bolivarense.

Las ganancias petroleras beneficiarán a los venezolanos y «eventualmente» serán administradas por un gobierno democrático

Caracas. – El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, prometió este martes, que las ganancias generadas por el acuerdo petrolero alcanzado entre Washington y Venezuela no solo beneficiarán directamente al pueblo venezolano, sino que, además, «eventualmente» serán administrados por un gobierno elegido democráticamente.

Durante una intervención ante periodistas, Rubio fue consultado sobre el mensaje que EE. UU. tiene para los latinoamericanos que podrían interpretar el acuerdo, como un intento de extraer los recursos venezolanos en beneficio de Washington.

Ante la pregunta, el secretario de Estado negó que la participación de Washington en el sector petrolero venezolano, tenga como propósito apropiarse de los recursos naturales del país, y defendió el acuerdo energético como oportunidad para reactivar la producción y generar ingresos para Venezuela.

En este sentido, se refirió al historial de participación de compañías vinculadas con China, Rusia e Irán en campos petroleros venezolanos, y aseguró que pese a esa presencia buena parte de esos activos no alcanzó niveles importantes de producción.

“Les diría a aquellos que están preocupados que EE. UU. le está haciendo algo negativo al hemisferio occidental en lo que concierne a energía que esos campos petroleros que antes eran dominados por China, Rusia e Irán, ya no lo están”, dijo.

A su juicio, Venezuela está “mejor estableciendo asociaciones con EE. UU. Se van a beneficiar considerablemente de ello. Estos campos estaban, en la mayoría de los casos, improductivos y las compañías chinas y rusas conservaron estos yacimientos, pero nunca los transformaron en nada”, explicó.

Asimismo, Rubio aseveró: «Los campos van a producir y generar regalías e ingresos para el pueblo venezolano; eventualmente serán administrados por un gobierno democráticamente electo».

Agregó que Washington espera que ese escenario pueda concretarse “más pronto que tarde” y aseguró que los ingresos deberían terminar beneficiando directamente a los venezolanos.

«Beneficiarán directamente al pueblo de Venezuela en lugar de ir a parar al bolsillo de algún funcionario gubernamental corrupto o a manos de adversarios estadounidenses y venezolanos”, afirmó.

María Corina y Carlos Giménez exigen libertad inmediata para Igbert Marín Chaparro

Caracas. – La dirigente política María Corina Machado y el congresista estadounidense Carlos Giménez exigieron en sus redes sociales la liberación inmediata del teniente coronel Igbert Marín Chaparro, a quien la Narcotiranía interina le inició, de manera ilegal y arbitraria, un segundo juicio pese a haber cumplido ya su condena.

Las alertas publicadas por Machado y Giménez destacan, en la campaña mediática que se ha desatado desde este pasado lunes, cuando se conociera el nuevo proceso judicial al que se sometió nuevamente al militar disidente, junto a otros 23 implicados en el caso Paramacay.

Varias ONG, actores políticos, periodistas y activistas por los Derechos Humanos, han expresado su rechazo al nuevo juicio exigiendo al mismo tiempo, la excarcelación inmediata del teniente coronel del Ejército.

En una publicación en su cuenta de la red X, Machado advirtió que el narcorégimen interino chavista estaría intentando abrir un nuevo caso contra el militar, para imponerle una pena de hasta 30 años de prisión. “El mundo debe conocer el brutal atropello que el régimen pretende cometer contra el teniente coronel Igbert Marín Chaparro”, expresó.

Asimismo, recordó que Marín Chaparro ya cumplió la totalidad de la condena que le había sido impuesta, pero que ahora las autoridades pretenden formular nuevas acusaciones en su contra. “Tras haber cumplido la totalidad de una condena absolutamente injusta, ahora intentan fabricar un nuevo caso para imponerle la pena máxima de 30 años”, afirmó.

Machado cuestionó además las circunstancias en las que se estarían sustentando las nuevas acusaciones. Según señaló, al militar se le atribuyen delitos que presuntamente habría supuestamente cometido, mientras ya se encontraba detenido e incomunicado.

Por su parte, el congresista republicano Carlos Giménez, el único político estadounidense en expresarse sobre este caso hasta los momentos, aparte de referirse a Delcy Rodríguez nuevamente como «sabandija», denunció que lo ocurrido actualmente con Marín Chaparro es «terrorismo de Estado».

«La dictadora interina, Delcy, la sabandija que no es ni respetada por su mismo régimen que la desprecia, sigue utilizando el terrorismo de estado. Desde el Congreso federal, exigimos la libertad incondicional del patriota Igbert Marín Chaparro», denunció en una primera publicación.

En su segundo post, titulado «No hay justicia cuando la condena nunca termina», advirtió que el militar es sometido a un nuevo juicio, a pesar de haber ya cumplido una injusta condena de siete años tras las rejas.

«Tras cumplir una condena injusta de 7 años, el régimen impone un nuevo juicio contra Igbert Marín Chaparro. Exigimos el fin del hostigamiento, el respeto a sus derechos humanos y su libertad inmediata. Su lucha también es la nuestra», señaló el representante por Florida.

El caso de Marín Chaparro, junto al del capitán Juan Carlos Caguaripano -a quien le permitieron su primera audiencia tras varios años encarcelado- se han convertido esta semana en los dos hechos más connotados, entre los que corresponden a los rehenes políticos militares.

La gravedad, el ensañamiento del narcochavismo y las injusticias evidentes en ambos procesos han captado la atención de medios, organismos y actores importantes a nivel nacional e internacional, que ahora se pronuncian a favor de las excarcelaciones de estos dos militares venezolanos.

Contabilizan más de 200 dominios bloqueados en la internet por el narcochavismo

Caracas. – Unos 202 dominios en la web, principalmente pertenecientes a portales noticiosos de origen venezolano, permanecen cerrados y sin acceso al público por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (CONATEL), la entidad chavista que regula las comunicaciones, según reportó una investigación reciente de la ONG VE Sin Filtro.

El informe precisa que, de los 202 dominios censurados sin razones válidas, 92 corresponden a medios de comunicación. “Las operadoras utilizan técnicas de censura sobre DNS, http/https e IP para impedir el acceso, y las restricciones varían según el proveedor”, explicó la ONG, al tiempo que exigió que el “desbloqueo sea total, efectivo y verificable en todos los proveedores de internet”.

VE sin Filtro aseguró que para ponerle fin a la censura no hace falta una reforma legal, sino voluntad política, por lo que instó a CONATEL a dar la instrucción a los proveedores de internet para el cese de los bloqueos.

«Cualquier bloqueo debe ser excepcional, estar sujeto a control judicial y cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad», manifestó VE sin filtro, organización que se dedica a vigilar, medir y documentar la censura en Internet.

Cane recordar que, el martes de la semana pasada, un centenar de medios de comunicación, organizaciones y asociaciones pidió que se garantice la libertad de expresión en Venezuela, luego de más de 27 años de censura, persecución y restricciones al espacio cívico.

A través del ‘Manifiesto por la Libertad de Expresión en Venezuela’, 38 medios de comunicación y 63 organizaciones exigieron entonces derogar el marco legal que es utilizado para «criminalizar la disidencia», así como transformar a la CONATEL.

Venezuela ocupó el último lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según el informe difundido en marzo pasado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que analiza las condiciones para el ejercicio del periodismo en las A

OVP denuncia muerte de un tercer recluso en Uribana por falta de atención médica

Caracas. – La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó este lunes sobre la muerte de un preso recluido en el Centro Penitenciario David Viloria, conocido como cárcel de Uribana (Lara), por motivos de salud y bajo custodia del narcoestado chavista. La víctima fue identificada como Richard Álvarez, quien murió en el Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda, tras presentar complicaciones de salud que no fueron atendidas a tiempo.

El OVP señaló que este caso representa el tercer fallecimiento asociado a problemas de salud que la organización documenta en Uribana durante 2026. La ONG atribuye estas muertes a las dificultades que enfrentarían los privados de libertad para acceder oportunamente a atención médica, tratamientos y una alimentación adecuada.

El fallecimiento de Álvarez se suma a las de Henry Pastor Cristancho Becerra, de 53 años, y Rosqui Norberto Escalona, de 71, ocurridas en abril. En ambos casos, la ONG había alertado sobre el deterioro de su salud y las dificultades para acceder a atención médica dentro del penal.

«Este centro penitenciario permanece bajo medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ordena proteger la vida e integridad física, psíquica y moral de las personas privadas de libertad, además de adoptar medidas relacionadas con las condiciones de detención, el hacinamiento, la seguridad y la disponibilidad de personal suficiente”, expuso un comunicado en X del observatorio.

El OVP indicó que las constantes muertes asociadas a problemas de salud, obliga a revisar qué está fallando en el suministro de atención médica dentro de la cárcel de Uribana.

Según el informe del OVP correspondiente a 2025, la principal causa de muerte el año pasado fue la deficiente atención médica y las precarias condiciones de salud en los centros penitenciarios. La investigación indica que 151 personas privadas de libertad fallecieron por complicaciones de salud, lo que equivale al 95,57% del total de casos documentados.

De la misma forma se registraron cuatro muertes por hechos violentos (2,53%), un fallecimiento por presunto suicidio (0,63%) y dos muertes accidentales (1,27%).Entre las principales causas de muerte por salud se identificaron afecciones cardiovasculares (48 casos), causas respiratorias (39), falla multiorgánica (ocho) y shock hipovolémico (siete).

En 2025 hubo incremento en la cifra de fallecidos en comparación con 2024 (105) y con respecto a 2023 (61).

Esposa de Caguaripano pide a Corte de Apelaciones pronunciarse ya y sin «esperar órdenes»

Caracas. – La esposa del capitán Juan Carlos Caguaripano, Irene Olazo, exhortó este lunes a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo a no agotar el lapso legal de diez días para emitir su pronunciamiento sobre el caso que involucra a su esposo y a otros 23 militares, además de solicitarles que el dictamen no obedezca órdenes del narcorégimen interino.

El capitán de la GNB enfrenta una posible condena de 30 años impuesta, así como el resto de los efectivos vinculados a la toma del Fuerte Paramacay. A través de un video que corrió por redes sociales este lunes, Olazo pidió que, aunque el plazo para el veredicto vence este próximo miércoles, los magistrados no deben prolongar «las torturas de estas familias y estos injustamente condenados».

«No esperen órdenes. No tienen por qué esperar hasta el último momento», les solicitó. Para Olazo, el pronunciamiento de la Corte representa una decisión que trasciende el caso de su esposo y de los otros procesados, pues considera que también será una señal sobre el funcionamiento de la justicia venezolana.

“Detrás de esos 24 condenados injustamente hay padres, madres, hijos, esposas, familias esperando esta respuesta”, afirmó. Las posibles decisiones de la Corte de Apelaciones son ratificar las condenas; negarlas; o eliminar delitos y dejar condenas que quizás puedan estar ya cubiertas por el plazo en el que han estado presos los implicados en la causa (nueve años).

El caso fue presentado ante la Corte de Apelaciones de Carabobo el 26 de agosto y el tribunal pidió un plazo de diez días para su decisión. Los condenados están apelando la decisión de diciembre del año pasado a la que fueron sometidos: 30 años de prisión por traición a la patria, rebelión militar y sustracción de armas a la FANB.

La esposa de Caguaripano también sostuvo que el país y la comunidad internacional están atentos al resultado del recurso de apelación. “Venezuela y los venezolanos regados por el mundo están esperando esta decisión para ver si realmente estamos en un periodo de transición y la justicia va a llegar a Venezuela”, expresó.

Caguaripano fue detenido el 11 de agosto de 2017, días después de la toma del Fuerte Paramacay, y posteriormente trasladado a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta.

Actualmente permanece recluido en el centro penitenciario El Rodeo I, según denuncias de sus familiares. Según denunció la ONG Foro Pena, el militar sufrió graves torturas físicas y psicológicas tras su captura.

Las denuncias recabadas por la organización detallan golpizas, descargas eléctricas, asfixia con gas pimienta y agresiones directas en los genitales que le provocaron una hemorragia severa, requiriendo una intervención quirúrgica de emergencia.

Inician nuevo juicio contra Igbert Marín Chaparro pese a cumplir condena de 7 años

Caracas. – El teniente coronel del Ejército Igbert Marín Chaparro enfrenta desde este lunes 7 de septiembre un nuevo juicio, ante un ilegítimo tribunal con competencia en delitos de terrorismo, pese a que el pasado 9 de septiembre de 2025 cumplió ya la condena de 7 años y 6 meses, que le había sido injustamente impuesta por presunta instigación a la rebelión.

La ONG Realidad Helicoide informó sobre el inicio del proceso y denunció que se trata de una nueva causa utilizada para impedir la excarcelación del militar venezolano.

“Inicia un nuevo juicio penal contra el teniente coronel Igbert Marín Chaparro. Una maniobra que denuncia su defensa para no liberarlo tras haber cumplido íntegramente su injusta condena original”, señaló la organización en una publicación difundida este lunes.

Enfrentará una segunda causa mientras permanece recluido en el Internado Judicial El Rodeo I, en condiciones que su familia y defensores de los derechos humanos describen como infrahumanas. La audiencia será telemática: él asistirá a su juicio desde prisión mientras su familia y abogados estarán presentes en sala en el Palacio de Justicia.

“Le imputan presuntos delitos de terrorismo alegando que, estando totalmente incomunicado y bajo custodia del Estado en la sede de la DGCIM en Boleíta, dibujó un plano desde su celda para capturar a altos funcionarios de la administración y atentar contra la sede del CNE”, sostuvo Realidad Helicoide. La familia considera contradictoria esta versión debido a las condiciones de aislamiento en las que se encontraba el militar.

Asimismo, la hermana del oficial, Ignell Marín Chaparro, ha denunciado que las autoridades abrieron la nueva causa cuando correspondía ejecutar su libertad. Las denuncias realizadas por sus familiares, indican que Marín fue llevado a una audiencia nocturna el 1 de febrero de 2024, sin contacto con sus abogados ni allegados, y los defensores del Foro Penal solo pudieron juramentarse formalmente en julio de 2026.

La ONG también alertó, que el nuevo proceso podría derivar en una condena de hasta 30 años de prisión para el teniente coronel. “Pretenden imponerle la pena máxima de 30 años de prisión mediante este nuevo proceso judicial”, afirmó Realidad Helicoide.

Ante el inicio del proceso, Realidad Helicoide exigió el respeto de las garantías judiciales y pidió que se permita al militar ejercer plenamente su derecho a la defensa. “Exigimos garantías de debido proceso, justicia y la libertad inmediata para el teniente coronel Igbert Marín Chaparro”, expresó la organización.

Informe de inteligencia revela que Maduro fue alertado sobre operación estadounidense, pero decidió ignorarla

Cracas. – Un informe de inteligencia conocido por el portal noticioso Infobae reveló que Nicolás Maduro habría sido advertido días antes de la operación militar de EE. UU. que terminó con su captura, pero el narcotirano decidió ignorar la alerta y desestimar el peligro en su contra.

La información revelada indica que, el 28 de diciembre del 2025, el entonces ilegítimo ministro de Defensa Vladimir Padrino López advirtió a Maduro de un posible ataque de EE. UU. y le propuso suspender los permisos navideños y elevar la operatividad militar, sin embargo, el narcoterrorista descartó la amenaza y aseveró que intermediarios le habían garantizado que EE. UU. no intervendría contra él ni contra su familia.

En la reunión para alertarlo participaron, según Infobae, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez Gómez, Vladimir Padrino López, Héctor Rodríguez, Domingo Hernández Lárez, José Luis Tremont Jiménez, comandantes de los componentes y Nicolás Maduro Guerra.

Según el informe, la reacción de Maduro fue de sorpresa, ya que funcionarios estadounidenses le habían asegurado que no se realizarían acciones militares contra instituciones del Estado ni contra él. Según el analista político Orlando Viera Blanco, «lo que revela es que (Maduro) se sentía todo poderoso y por eso subestimó la realidad de lo que estaba enfrentando, las advertencias y hasta las posibilidades de negociar con EE. UU. Que no haya hecho caso a la advertencia y creyera más en poder contrarrestar cualquier intento de captura sugiere el mundo de fantasía en el que vivía, pero la realidad demostró otra cosa”.

Cabe recordar que, días después, en la madrugada del 3 de enero de 2026, se puso en marcha la operación denominada ‘Resolución Absoluta’. Maduro se encontraba en Fuerte Tiuna cuando fue extraído por tropas estadounidenses junto con su esposa, Cilia Flores. Durante la operación, helicópteros sobrevolaron diferentes zonas de Venezuela y se registraron ataques. La captura generó una reacción internacional y, posteriormente, el presidente de EE. UU., Donald Trump, difundió una fotografía de Maduro a bordo del USS Iwo Jima.

Horas después, el exmandatario venezolano fue trasladado a Nueva York bajo custodia de agentes especializados de la DEA. Maduro se despidió de los funcionarios que lo recibieron con un “feliz año” antes de ser llevado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Alto mando militar colombiano denuncia que líderes del ELN y las FARC se ocultan en Venezuela

Caracas. – Altos funcionarios del gobierno colombiano, incluyendo Ejército, Ministerio de la Defensa y la Policía Nacional, denunciaron este pasado domingo, que los principales líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se ocultan en Venezuela.

En una entrevista ofrecida al medio de ese país, Semana, el general Erick Rodríguez, comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, con Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa colombiano, y con el general Jesús Alejandro Barrera, director de la Policía Nacional de Colombia, coincidieron en el tema.

El general Rodríguez señaló que entre los dirigentes del ELN que estarían en Venezuela figuran Pablito, Silvana Guerrero, Pablo Beltrán y Antonio García. También mencionó a Iván Márquez, vinculado a la Segunda Marquetalia.

Además, afirmó que estas organizaciones habrían extendido su presencia más allá de la frontera colombo-venezolana, con actividad hacia el estado Amazonas y zonas próximas a Guyana. «No solo están en la zona fronteriza con Colombia, han expandido su área de influencia delictiva a través del estado de Amazonas hacia el oriente y ya hay estructuras del ELN en Guyana», dijo.

Por su parte, el ministro de Defensa colombiano, Jorge Eduardo Mora, indicó que su Gobierno ha solicitado apoyo de EE. UU. para aumentar la presión sobre los grupos armados que operan desde territorio venezolano.

Las autoridades colombianas sostienen que cualquier eventual acción fuera de su territorio deberá ajustarse al derecho internacional. Mientras, Barrera no descartó la posibilidad de un bombardeo contra ELN en Venezuela por parte de EE. UU. Destacó que esto se define conforme al derecho internacional y que podrían hacerlo.

Mora recordó que la posibilidad de ataques existe. “A raíz de la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas, le pedimos al secretario de Guerra, Pete Hegseth, ejercer una presión a Venezuela para que hagan el debido control y ataquen los campamentos que se encuentran en dicho territorio. Le pedimos a EE. UU. que nos ayude y que de una u otra manera replique lo que hizo contra el Tren de Aragua. De nada sirve que empecemos a hacer la recuperación del territorio colombiano y que ellos tengan la libertad en esa frontera porosa para estar moviéndose sin ningún problema”, sentenció.

El alto mando militar confirmó que el régimen madurista, a cargo de Delcy Rodríguez, continúa proporcionando refugio a los principales cabecillas del ELN.

La comunión con los Talibanes

Por Leroy Garrett (@LeroGarrett).

Opinadores, opositores y algunos chavistas se han volcado en críticas y condenas al acuerdo petrolero. A este cronista le hubiera encantado que un debate de tal rigor se hubiera suscitado con respecto a la invasión cubana, el arreglo chino y ruso, incluyendo la destrucción total de Venezuela y su industria petrolera, cuando Chávez y Maduro estaban en apogeo de sus desmanes.

Al contrario, el debate político en casi tres décadas jamás tocó la invasión cubana, la presencia guerrera colombiana o la actividad del terrorismo musulmán. Todos artificiosamente enceguecidos, portando masivamente unos lentes de “cuero de cochino” —con los pelos pa’ dentro— de las fuerzas invasoras bienvenidas por el chavismo. Nadie hablaba. ¿Ahora sí?

Hemos comentado antes y debemos insistir en hacerlo, porque la clarificación demanda insistencia.

1. Legitimidad. Después del 3 de enero, la legitimidad la posee quien ejerce la fuerza. La Constitución chavista —madre de todas nuestras desgracias—, defendida a ultranza más por opositores que por chavistas, anulable de origen, ha dejado de facto de existir. Estados Unidos legitima los actos con su poder.

La fuerza hace el derecho. Ante el limbo de nuestra condición presente, una acción de corte ante la jurisdicción americana, en interpretación del estatuto y reglamentos donde se basaría nuestro tutelaje: ejemplos y precedentes sobran.

Este cronista interpuso esta pregunta en los foros que me tocó defender al holocausto petrolero. Tenemos registro. Ni el gobierno provisional del triunvirato títere, ni las acciones que comprometen la gobernabilidad y los recursos de la nación se rigen por el absurdo andamio legal chavista.

2. ¿Por qué esta comunión con los talibanes? Lo dijo claro el presidente Trump: “no queremos otro Irak”. ¿Qué pasó en Irak? El régimen de Saddam Hussein fue barrido de la faz de la tierra. Se pretendió imponer un régimen encabezado por el político exiliado Ahmed Chalabi, elemento crucial en persuadir y convencer al Departamento de Estado y al presidente Bush de invadir Irak y desmantelar el régimen de raíz. La misión se cumplió y Estados Unidos declaró victoria. El hipotético régimen de Chalabi no cuajó; la cacareada victoria era solo el principio de la etapa más sangrienta de la guerra.

Igual ocurrió en Afganistán: se pretendió erradicar a los talibanes con un gobierno impopular (Hamid Karzai) que solo hizo —después de cientos de soldados americanos muertos y casi dos décadas de ocupación— retardar el regreso de los mismos talibanes que quisieron erradicar.

Estados Unidos vivió en Latinoamérica el trauma de apoyar el débil liderazgo de Violeta Chamorro en Nicaragua, antesala a la etapa más espantosa del sandinismo.

Estados Unidos, durante los sesenta —trauma colectivo no superado—, apoyó al presidente de Vietnam del Sur, Ngô Đình Diệm, y a su hermano Ngô Đình Nhu, gobierno débil y corrupto, quienes murieron asesinados durante un golpe de Estado en 1963, el preámbulo de la toma total del Vietnam del Norte comunista, que condenó a la muerte a decenas de miles de jóvenes soldados norteamericanos.

Los objetivos de esas intervenciones no fueron cumplidos. Ellos quieren otro resultado para Venezuela: el proveedor seguro de petróleo no se puede perder. Las heridas en la experiencia de pasados desastres en ocupación de países por parte de los Estados Unidos les impone una política totalmente maquiavélica: “si no puedes con tus enemigos, únete a ellos”.

3. ¿Esto qué significa? Que, aun cuando el triunvirato, y sus empresarios y estructuras de poder, siguen operando bajo consentimiento del tutor, paradójicamente ellos siguen imputados por sus crímenes y, aun con todo y promesas de inmunidad por parte de la potencia de ocupación, esos crímenes pueden ser re-imputados y los acusados arrestados en cualquier momento. Ellos lo saben. Actúan sintiendo la brisa que resopla en el cuello desnudo ante la inminente guillotina.

¿Por qué aquellos opositores que se creen legítimos no gobiernan y parece que no podrán hacerlo en un buen tiempo? Estados Unidos, en respuesta a sus recientes y remotos traumas internacionales, compara con mucha razón a nuestros opositores —colaboracionistas o no— con los hermanos Đình, con los Chalabi y con los Karzai. Lección aprendida.